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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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17 Mayo 2019 04:08:00
Parece que este tampoco
Como es de todos sabido, el pasado día 1º de mayo de 2019, se publicaron en el en el díario Oficial de la Federación, las últimas reformas aplicadas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal de Defensoría Pública y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la del Seguro Social. Con estas modificaciones se dio la tan anunciada reforma laboral 2019.

Así pues, y con esta reforma, ya materializada y estilo 4T, se terminan con las aspiraciones mexicanas de encontrar en la tan prometida reforma laboral, mayores prestaciones para la clase trabajadora o verdaderas propuestas revolucionarias que le reivindicaran frente al mundo globalizado, lo que por desgracia no sucedió.

Sin duda otra vez, no se tomaron en cuenta las condiciones en las que se desenvuelve el sector obrero en nuestro país y que son de lo más precarias, esto, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por tal motivo, se esperaría que el nuevo régimen que nos gobierna y que se ostenta como muy cercano a la ciudadanía y con un gran sentido social, aprovechara esta oportunidad, para generar una verdadera legislación de trabajo, capaz de mejorar sustancialmente las condiciones de vida del sector trabajador.

Aspectos como Vivienda, Salud, Condiciones de seguridad e higiene, acoso laboral y hasta jornada de trabajo, pedían y por lo visto seguirán pidiendo, una verdadera modificación en bien del obrero. Para quien dude de mi aseveración, le invito a revisar el informe rendido en noviembre del año 2017, por la OCDE, en el cual se reveló que los trabajadores mexicanos, en los últimos 10 años, han visto una grave disminución en sus prestaciones laborales y en sus condiciones de vida, ya que, los ingresos reales de los mismos, experimentaron muy poca mejoría, en total discordancia con el índice inflacionario. Por consecuencia, los trabajadores actuales sufren lo indecible para pagar educación, alimentos y habitación para sus familias.

Asimismo el resultado de este estudio sostiene que la inseguridad del mercado laboral se elevó notablemente desde el 2009 y hasta esa fecha, y que desde entonces ha permanecido sin mejora. Mientras tanto, el empleo a largo plazo ha permanecido bajo, ya que la probabilidad de perder el trabajo sigue a la alza y es una de las más altas en la OCDE.

Por si lo anterior fuera poco motivo para considerar que se ha dejado pasar una preciosa oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo en México, debo mencionar que ese mismo estudio ha descubierto que los trabajadores mexicanos a diferencia de los del resto del mundo que habitan en países con los mismos o con mayores índices de crecimiento económico, trabajan en promedio más de 50 horas por semana, es decir que México tuvo la segunda tasa más alta de empleados que trabajan más tiempo por semana y con un salario bastante bajo, del total de los países que pertenecen a este organismo.

En resumen, la oportunidad pasó y los trabajadores mexicanos seguiremos teniendo una ley que poco protege y poco procura el desarrollo de quienes integran el sector productivo. El nuevo régimen, igual que el anterior, prefirió cumplir con los compromisos contraídos con los mercados (T-MEC). O lo que es lo mismo, “parece que este tampoco”.
10 Mayo 2019 04:00:00
Más partidos
El pasado viernes 26 de abril, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) tuvo a bien otorgar el registro a dos nuevos partidos políticos. En la sesión respectiva, el IEC dio el registro como partido político local a la asociación denominada Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, A.C, la cual será encabezado por Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. También obtuvo su registro el Partido de la Revolución Coahuilense, al cumplir con los requisitos necesarios.

Así pues, y más allá de que ambos partidos nuevos en el estado, encuentren como principal coincidencia una mala referencia de quienes los integraron y de los motivos por los que fueron creados, creo que también ambas agrupaciones se caracterizan por llegar en el peor momento, es decir, en un tiempo en el cual pareciera que los partidos políticos son como nunca innecesarios y hasta casi obsoletos.

Hasta hace algunos años, preguntarse por la necesidad de los partidos políticos en un estado democrático se hubiera considerado una pregunta ociosa. Y es que, en aquel tiempo, no se podía coincidir a una democracia sin partidos políticos, pensarlo así, era tanto como creer que en un estado libre se podía prescindir de elecciones periódicas para elegir a sus representantes y gobernantes, o que podría considerarse democráticamente ético evitar el voto libre y secreto.

Antes, en un cambio de poder, los partidos políticos significaban la pluralidad política, la única que podía asegurar una elección con real competencia de propuestas y valores. Sin embargo, en la actualidad la tecnología y las nuevas figuras jurídicas como las candidaturas independientes, la iniciativa popular y hasta las encuestas en las redes sociales han traído una pérdida en el equilibrio entre poderes públicos y los mercados, que está generando una significativa crisis de legitimidad de las instituciones representativas. Y entre esas instituciones están los partidos políticos.

Los partidos eran necesarios cuando luchaban por la democratización del estado, cuando era peligroso emitir un punto de vista distinto al de la clase política dominante, entonces, no quedaba otra que crear partidos de masas, que fueran capaces de inquietar al gobernante, entonces sí, esos partidos fueron necesarios para pugnar por la ampliación del derecho al voto, para modificar las relaciones de fuerzas claramente favorable a los intereses de los poderosos, lo que por nada sucede ahora.

Por desgracia, los mismos partidos políticos vinieron haciéndose prescindibles al dejar de representar a los intereses ciudadanos y enloquecer por el poder. Los partidos políticos desistieron de cumplir su función y se dedicaron a vivir de las prerrogativas que les da el estado.

En su aletargamiento ni cuenta se dieron que perdieron la concesión más importante que la ley le otorgaba y que lo era, la de ser el único canal por el cual se podía acceder a un puesto de elección popular, a través de una candidatura.

Así pues, la ciudadanía entendió, a base de decepciones, que la solución a los problemas sociales no estaba en los partidos políticos, sino en la capacidad colectiva de afrontarlos como ciudadanos.

Al final, los partidos han sido incapaces de entender muchas cosas, entre las cuales está el darse cuenta que tendrán más futuro cuanto menos partidos sean.
03 Mayo 2019 03:59:00
¿Quién le dijo al Presidente?
El miércoles pasado, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el inicio de los trabajos para el rescate de los 63 cuerpos de mineros que fallecieron hace poco más de 13 años, en la mina de Pasta de Conchos en el municipio de Nueva Rosita, en nuestro estado.

Debo reconocer que el tema de la tragedia no es nada nuevo para el Mandatario, y que desde su penúltima campaña viene prometiendo el rescate de estos cuerpos, los cuales, por absurdo que parezca, siguen atrapados en el lugar de la tragedia.

Así pues, el Presidente anunció que el Gobierno federal está listo para el rescate, y que considera que este acto es necesario, ya que él mismo ayudará a la reconciliación entre los deudos de los muertos y la empresa propietaria de la mina.

Antes de entrar en materia, es necesario definir, quién o quiénes son los propietarios de esta tristemente famosa mina, y si en verdad les preocupa el sentir de los ofendidos, ya que del discurso de AMLO se puede desprender que la empresa busca reconciliarse con los familiares de los obreros que perdieron la vida en aquella terrible jornada, para dilucidar esta incógnita remitámonos a los antecedentes históricos.

La mina de carbón de Pasta de Conchos es propiedad de Industria Minera México, bastante famosa por cierto, dado que operaba en condiciones laborales de higiene y seguridad industrial deplorables.

Muestra de ello es el propio accidente del 19 de febrero de 2006, el cual sepultó a estos 65 mineros (en los meses siguientes a la tragedia, fueron recuperados los cadáveres de dos de las víctimas), en consecuencia de un derrumbe en el túnel principal a causa de la falta de cimentación necesaria de los pilares que sostienen las entradas, también llamado ademe de protección.

Por si lo anterior fuera poca causa para creer que a la empresa poco le importa el sentir de los parientes de los deudos y de los coahuilenses, también debemos recordar que, en aquel tiempo la misma minera determinó unilateralmente, suspender los trabajos de rescate de los mineros que entonces se decía, aun podían ser salvados, dado que no existía razón suficiente para considerar que los mismos habían muerto.

Así pues y en resumen: las condiciones en las que se trabajaba la mina de la empresa Grupo México, cuyo propietario es Germán Larrea, fueron la causa inequívoca del fatal acontecimiento, y los dueños desde entonces han contado con el encubrimiento de la autoridad federal, la cual no ha sido capaz de castigarlos penalmente por la conducta delictiva que sin duda les resulta.

Es decir, la empresa propiedad de esta mina, ha tenido todo el tiempo el apoyo de las administraciones, desde la del gobierno de Fox que intervino, para encubrir esta responsabilidad del Grupo México, con la ayuda del entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, el cual jamás reconoció que tenía conocimiento previo de la falta de instalaciones y equipo para proteger a los mineros, mismos que carecían hasta de mascarillas y tanques de oxígeno.

Así que, es mejor que el Presidente no se ofrezca para mediar entre los responsables de la tragedia de pasta de conchos y los sobrevivientes de los trabajadores asesinados, los cuales sin duda, aún conservan la indignación por la manera en que se les ha venido protegiendo, además, ¿quién le dijo al Presidente que los dueños de la mina anhelan una reconciliación?
26 Abril 2019 03:23:00
Culminación anticipada
La experiencia internacional nos dice que un grupo político que jamás ha estado en el poder, y que de pronto obtiene la administración de una nación o un estado, ineludiblemente tendrá que pasar por un periodo de aprendizaje, y no solo en el funcionamiento del modelo burocrático que estrenará en su administración, sino que principalmente deberán aprender a reconocer cuáles son los poderes reales que se encuentran establecidos en aquel lugar, y que, por consecuencia, tendrá que enfrentar.

Lo anterior viene al caso, dado que hasta hace algunas semanas, quienes seguimos la andanza de esta Cuarta Transformación, pensábamos que el Presidente y su agenda parecían imparables. Y es que al parecer todo marchaba sobre ruedas para él, lo que se proponía lo venía logrando sin mayor esfuerzo por no haber quién se opusiera a sus planes o propuestas.

Sin embargo, en los últimos días las cosas han venido cambiando de manera significativa, tal parece que lo que ahora se opone a los planes del Presidente es mucho más grande que el propio poder que él mismo ostenta, y mucho más difícil de ignorar que lo hubiera imaginado desde que por primera vez se postuló para presidente, y que lo es, la terrible realidad en la que se encuentra nuestro país, el cual sin duda ha sido secuestrado por estos poderes reales a los que me refería en el párrafo primero.

Es decir, que ante este entorno o estado real de México, ahora el gobierno de Andrés Manuel no solo se está viendo obligado a frenarse en sus aspiraciones transformadoras, sino que ahora lo vemos hasta retroceder en cuestiones tan significativas para él como lo son las reformas en materia educativa, revocación de mandato, y hasta en lo relativo a la seguridad que debe o no brindarse a los expresidentes.

Sin duda, la falta de previsión del equipo del Mandatario le ha hecho olvidar que dentro del aprendizaje que se debe tener al imponer un nuevo modelo de gobierno, se encuentra la necesidad de lidiar con los poderes reales que se han constituido en nuestra sociedad, y que no se encuentran precisamente regulados por la ley, pero que gozan de un gran peso, al punto de poder hacer fracasar a cualquier gobierno.

¿Pero, cuáles son esos poderes reales constituidos en nuestra sociedad que empiezan a hacer trastabillar al proyecto del Presidente? La respuesta es, que aunque Usted no lo crea, esos poderes son los mismos que han hecho tropezar a los anteriores gobiernos y que fueron causa de esta alternancia política, y que lo son, los creados por los sindicatos, como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); o el creado por la misma Elba Esther Gordillo; o bien, el poder que representa el Gobierno de los Estados Unidos; pero sobre todo, el poder que impone la delincuencia organizada en nuestro país y que sigue desgraciadamente rigiéndolo.

Entonces, tal parece que a nuestro Presidente lo ha alcanzado la realidad, y a casi 130 días de mandato, su administración empieza a enfrentar las verdaderas vicisitudes que le imponen los factores reales de poder que dominan a nuestro país, y que ahora lo obligan a retraerse en sus decisiones, y que de no ser dominados por la nueva administración federal representan una amenaza real de la culminación anticipada de lo que pudo haber sido, una verdadera Cuarta Transformación.
19 Abril 2019 03:00:00
Nuevo sindicalismo: más de lo mismo
Aunque usted no lo crea, la democratización sindical, fue el principal argumento que utilizaron los legisladores, para aprobar en días pasados, la nueva Reforma Laboral, lo anterior en materia sindical; Sin embargo, para quien esto escribe, esta ley poco aporta en su articulado que nos pueda llevar a concluir que efectivamente podrá lograrse tal objetivo.

Y es que de entrada, esta nueva ley obliga a la creación de un órgano único federal de conciliación y registro de sindicatos, según se establece en su Artículo 590, con el que se declara al Ejecutivo federal, como el único facultado para autorizar, registrar y controlar a los sindicatos del país.

Es decir, que con esta nueva Ley Laboral, se termina con la posibilidad, de que dentro de las juntas de conciliación y arbitraje, según su ámbito de competencia federal o local, haya una unidad encargada del registro de contratos colectivos y de asociaciones sindicales independiente, o por lo menos diferenciada de los niveles de Gobierno.

Con lo anterior, se puede concluir, que al concentrarse en un organismo dependiente del Ejecutivo federal este registro de sindicatos, se corre el riesgo de que vuelva el sindicalismo corporativo, del que tanto echó mano el régimen priista de antaño y que sirvió como instrumento de poder político para lograr apoyos económicos, votos y hasta mano de obra gratuita en las campañas políticas. Quien dude de lo anterior, que se remita a la historia de nuestro país.

Aunado a lo anterior, en la citada reforma laboral también se contempla la posibilidad de que sea el Estado quien sancione o apruebe los contratos colectivos de trabajo, esto en contravención a los acuerdos internacionales de libertad sindical, que buscan sacar las manos del Estado en las negociaciones obrero patronales, puesto que puede incidirse en dichas negociaciones para implementar objetivos gubernamentales.

Asímismo, en esta nueva Ley Laboral, se deja de contemplar la posibilidad de que en la valoración de un Contrato Colectivo de Trabajo, se puedan escuchar las voces de los representantes sindicales y de los patrones, es decir que ahora será solo menester del Estado el aprobar o no las condiciones laborales de los trabajadores, esto sin conocer el punto de vista del sector obrero y del patrón.

Por último y por si lo anterior fuera poca causa de depresión por desilusión, me permito manifestar que en esta nueva ley laboral, no encontré un articulado específico que me permitiera confirmar que con la misma, efectivamente los trabajadores de México podrán terminar con líderes vitalicios encumbrados gracias al poder político y a sus ligas con partidos.

Entonces y sin duda, lo anterior descrito, es la causa principal por la cual, hasta el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, consideró oportuna esta reforma.

La advertencia está dada, por lo que a los coahuilense solo nos resta esperar que en próximos días, líderes sindicales locales vitalicios, por lo menos de la CROC y CTM, salgan a defender esta supuesta reforma garantista y libertadora de la que tanto ha presumido nuestra nueva clase política y que sin duda solo viene a darnos, más de lo mismo.


12 Abril 2019 03:12:00
¡Otra oportunidad!
En menos de un mes, los coahuilenses estaremos conociendo sobre la resolución final que emita el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en relación con la procedencia de los registros como partidos políticos, de las asociaciones que iniciaron su proceso de constitución, en enero del año pasado. Así pues y de darse el caso, a partir de junio de este mismo año, nuestro estado estará contando con cinco partidos políticos locales más, los cuales se estrenarían en el proceso eleccionario que inicia en noviembre próximo y que culmina el primer domingo de julio del año 2021, en el cual se renovará nuestro poder legislativo.

La Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 15 y 16, establecen que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el organismo público local competente la solicitud de registro. Una vez recibida dicha solicitud, el Instituto verificará el cumplimiento de los requisitos y del mismo procedimiento establecido en esa ley, y formulará entonces el proyecto de dictamen correspondiente, en un término no mayor a 60 días hábiles, los que en el caso concluirá a finales de este mes de abril.

Entonces, tenemos que son cinco las asociaciones políticas que pudieran obtener su registro como partido político local en próximos días. Esto a pesar de que tres de ellas ya lo tenían y lo perdieron por falta de votos en la última elección de diputados realizada en nuestro estado. Sin embargo y por desgracia, la ley en ninguno de sus capítulos contempla la prohibición de que estas mismas asociaciones puedan intentar, cuantas veces lo pretendan, buscar su registro como partido político.

En consecuencia y aunque Usted no lo crea, en la fila de espera para la repartición de los nombramientos como partido político y por ende de sus correspondientes prerrogativas, tenemos otra vez a dirigentes de probada tenacidad, como lo son: José Luis López, quien cuenta con su misma gente, pero con un nuevo proyecto de partido al cual ha bautizado con el nombre de: Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto; así mismo al exdiputado, Samuel Acevedo, quien en una muestra de ingenio sin igual, ha decidido hacer pasar a su antiguo partido Sí Coahuila, como Por Coahuila Sí, esto para despistar a la ciudadanía. En igual condición se encuentra al dirigente Abundio Ramírez, quien busca otra oportunidad con un membrete denominado Coahuila Incluyente.

Así pues, y por si lo anterior fuera poco desalentador, como nuevos proyectos de dirigencia y partido, aparecen los nombres de Rubén Humberto Moreira, con un posible partido al cual llamará Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, y al ciudadano Max Antonio Estrada, con uno de nombre Asociación Popular Coahuilense A.C.

Como es de verse, nuestro estado está a pocos días de saber si a su escenario político se suben estos “nuevos partidos”, lo anterior a pesar de la mala experiencia que nos ha dejado el multipartidismo local, el cual lejos de representar a un mayor número de ciudadanos, termina más bien representando, lo que es la terquedad de quienes sueñan con vivir eternamente del presupuesto.

29 Marzo 2019 03:42:00
¿Y por qué no?
En un acto de patriotismo puro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en días pasados, solicitó al rey Felipe de España y al papa Francisco que pidan perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista de nuestro país, sucedida exactamente hace 500 años.

“Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los derechos humanos”, dijo el Presidente.

“Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz”, agregó el mismo, en su cuenta de Facebook.

Ahí también el Mandatario adelantó que pedirá perdón a indios mayas y yaquis, lo anterior por la conducta irracional y represiva del gobierno de Porfirio Díaz, en los años 1872 a 1910, la cual ocasionó la muerte de más de 20 mil Yaquis Sonorenses. “Tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica”, remató el Mandatario.

Por alguna extraña causa, muchos mexicanos fueron quienes más se opusieron a la petición de disculpas que el Presidente de México propuso, los cuales se volcaron en las redes sociales y en las columnas políticas para minimizar la propuesta y hasta para buscar ridiculizarla.

Aquellos que sueñan con convertirse en una real oposición al régimen actual, de inmediato hicieron lo propio a fin de lograr que la solicitud del que nos representa fuera considerada como una estupidez o una inequívoca señal de su falta de lucidez, al punto de pretender que dicha postura se considerara causal suficiente para pedirle su renuncia como primer ministro.

Sin duda el planteamiento del Presidente López Obrador, hasta hace unas semanas era impensable, esto a pesar de que a la fecha, quienes amamos nuestra patria, sentimos incomodidad cuando, por necesidad, debemos remitirnos a los pasajes de la conquista, y es que al hacerlo, invariablemente encontramos monstruosas escenas de barbarie ejecutadas por los conquistadores en nuestros antepasados, lo cual hacían con el único de someterlos y defraudarlos, y sin otro ánimo que hacerles entender que ellos eran superiores a nosotros, conducta que por desgracia ahora mismo y por este tema ha renacido en muchos políticos españoles.

Es precisamente por lo anterior, que la idea de que la corona española pida disculpas a la historia de nuestro país, deba considerarse como estupenda y suficientemente fundada, por lo que quien se oponga a la misma o la considere absurda, debe preguntarse la causa de su negativa, estoy seguro que si asume con sinceridad este planteamiento, llegará a descubrir que se siente poca cosa para motivar, que quien le agravió tan violentamente reconsidere su actuación; o lo peor, quizá esté tan dañado, que piense que lo sucedido a nuestro pueblo original fue lo mejor que nos pudo pasar.

De ser así, entonces déjeme decirle, que el daño que le ha causado el conquistador y el régimen que nos impuso, es mucho más profundo de lo que todos hemos imaginado.

Entonces, claro está que merecemos una disculpa de todo aquel que nos ha agraviado, en cualquier tiempo, y ninguna medida que busque la dignificación de nuestra historia puede considerarse exagerada. O lo que es lo mismo, ¿y por qué no?




22 Marzo 2019 03:16:00
Si Juárez no hubiera muerto
“Si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría”, así lo consigna un danzón originalmente dedicado a José Martí, en Cuba; el cual luego le fue adjudicado al Chiapaneco Esteban Alfonso, al punto de dejarlo con una dudosa autoría.

Así pues, y en el mismo tema, el día de ayer 21 de marzo, cumpliría don Benito Pablo Juárez García, 213 años de haber nacido en el poblado de Noche honda o San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca.

Don Benito Juárez pasó a la posteridad como uno de los personajes más importantes y significativos de la Historia mexicana, lo anterior gracias a las reformas constitucionales que impulsó durante su etapa como presidente de la nación, esto durante 14 años, por cierto.

Dichas reformas fundamentalmente decretaban la separación de los bienes públicos y del Clero y con las cuales terminó con muchos abusos y sacrificios que la Iglesia católica imponía al pueblo mexicano.

Sin duda esta fecha, la del natalicio del don Benito Juárez, seguirá siendo recordada por mucho tiempo más, aunque probablemente ya no con la fuerza y el fervor que se venía haciendo, por lo menos en los últimos años, y es que hasta el año pasado Juárez había sido recordado y añorado como nunca por los mexicanos, los cuales veíamos que en México las cosas iban de mal en peor y que difícilmente alguien podría sacar al abusivo, del poder.

Y cómo no. Si principalmente en el último sexenio encabezado por el tristemente célebre Enrique Peña Nieto, hasta Donald Trump decidió demostrarle su desprecio, y con amenazas, venganzas, imposiciones, majaderías y otros abusos extremos, intentó sobajar a los mexicanos frente a la comunidad internacional, lo que logró hasta dejarnos casi sin identidad, por lo que sin duda no es para menos la fecha ni el recordatorio.

Quizá sea por lo anterior, que el día de ayer, el aniversario del natalicio de don Benito Juárez fue distinto. Esta vez, como pocas, un presidente de México con autoridad moral visitó San Pablo Guelatao cuna de Juárez, para conmemorar la fecha.

Y es que esa autoridad se la ganó Andrés Manuel, desde el momento de que postuló los ideales del Benemérito de las Américas, desde su campaña.

Durante este evento, AMLO destacó que Benito Juárez aún gobierna, ya que gracias a su legado y su ejemplo sigue siendo un referente, un ideal, es lo que debe de inspirar siempre a un buen gobierno.

No intento decir que López Obrador sea idéntico a Juárez, pero sí, que igual que aquel, el actual Presidente llegó al poder al parejo que lo hizo Juárez, en un momento crucial y penoso para nuestro país, en el que quienes lo dirigían se distinguían por su ambición, por su inmoralidad, y por la brutal infusión de temor social y sometimiento a través de la pobreza.

No pasa desapercibido, lo que decía el gran historiador y abogado michoacano, don Luis González y González, a los hombres hay que analizarlos en sus propios términos, es decir, en sus circunstancias y condiciones históricas, ya que aplicar criterios actuales a hechos del pasado, puede confundirnos y hacernos caer en un error de comprensión.

Sin embargo, de no haber llegado el nuevo régimen a México, a los mexicanos no nos quedaría de otra que seguir sufriendo y lacerándonos con la pregunta ¿qué pasaría si Juárez no hubiera muerto?
15 Marzo 2019 03:46:00
Aborto versus progresismo
La legalización del aborto en México es, sin duda, el tema del momento. Y es que desde el mes de diciembre pasado, el partido Morena presentó un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación, proyecto que sigue avanzando en ambas cámaras.

Así igual en nuestro estado, la diputada local, Claudia Isela Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, desde octubre, ya había presentado una iniciativa igual en la que pide modificar el Código Penal local para despenalizar la interrupción del embarazo, en idénticos términos que la propuesta nacional.

Ambas iniciativas se dice, encuentran su mayor fundamento en la ideología progresista de los partidos que las impulsan. Es evidente que los legisladores que se dicen progresistas, desconocen y por mucho, que el progresismo significa principalmente, la posibilidad de que la capacidad del individuo sea la única circunstancia que determine el límite de sus aspiraciones, y no la condición social en la que le tocó nacer.

Es decir, que un gobierno progresista debe limitarse a generar las condiciones ideales de igualdad, que logren que sea el esfuerzo humano la única variable que establezca la diferencia social y nada más.

En palabras formales, el progresismo se define como la tendencia al pragmatismo político que abarca ideologías de la centro-izquierda y centro-derecha, así como doctrinas filosóficas, éticas y económicas que buscan el progreso integral del individuo en un ambiente de igualdad, libertad y justicia.

En resumen, los progresistas persiguen el “progreso indefinido” en lo social, económico, político e institucional, en lo que al estado se refiere y nada más.

Por tal motivo, es absurdo que los legisladores morenistas y perredistas que se dicen progresistas, interpreten a esta ideología como la concesión desmedida para los gobernados de las más amplias libertades, incluso en el área sexual, al punto de pensar que el progresismo concibe el acto sexual como un juego placentero sin complicación ni consecuencias, cayendo incluso en el absurdo de pensar que si la mujer queda embarazada sin haberlo previsto, la única solución es la de liquidar la vida humana que existe en su seno como madre, como si el progresismo pudiese destruir los factores, sentimentales y emocionales por oponerse a la concepción progresista de la sexualidad.

Como esta, muchas otras consecuencias puede traernos esta desatinada concepción de estos disque progresistas, los cuales con su extraño raciocinio pueden llegar incluso a confundir al ciudadano y frenar con ello el verdadero progresismo que afortunadamente viene avanzando en México y Latinoamérica.

Y es que no debe existir otra idea distinta del progresismo a aquella que nos lleve a pensar que lo que el Gobierno debe siempre buscar, es el bienestar del ciudadano, a aquella que se traduce únicamente en la lucha por el progreso, una lucha por la evolución positiva para hombres y mujeres en sus aspectos individuales y sociales, desde una perspectiva humanista.

Es decir, que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades, pero sobre todo dirigidas hacia la transformación social que lo beneficie y lo dignifique, y nunca como factor para que lo pierda o lo envilezca. Eso jamás será progreso.
08 Marzo 2019 03:36:00
¡Adios Ople!
En próximos días, la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, presentará a través de su diputado Sergio Carlos Gutiérrez, un proyecto de decreto por medio del cual se buscará reformar los artículos 40, 41, 99, 116, 122 Y 134 de la Constitución política de México, lo anterior a fin de dar continuidad a la tan proclamada política de austeridad, solo que ahora dirigida al rubro de lo
electoral.

En la parte de la exposición de motivos de dicha iniciativa, quienes la proponen afirman que es posible tener procedimientos e instituciones electorales menos costosas, y que a la vez puedan seguir siendo, efectivas y confiables.

Así pues y en la justificación de la proposición, o lo que es lo mismo, en la parte del porqué, el texto de la propuesta se limita a responder con un simple, “porque la tendencia se dirige hacia que el gasto público debe ser lo más sobrio posible”.

Con tal respuesta y en la búsqueda del cómo lograrlo, es decir, la manera en que pudiera disminuirse la inversión tan grande que se hace en las instituciones encargadas de garantizar procesos electorales, pero sin menguar la calidad de la democracia, en la iniciativa se encuentra que tal cuestionamiento se salva con la intención de suprimir o desaparecer a los Organismos Públicos Locales, también conocidos como Oples, lo que incluye por supuesto, a nuestro celebre IEC o también conocido como Instituto Electoral de Coahuila.

Así pues, con dicha reforma, se propone trasladar en su totalidad la función del organismo estatal al nacional, o sea que, lo que los organismos electorales locales hacían como lo era la organización de los comicios estatales y municipales, ahora lo deberá hacer el Instituto Nacional Electoral, a través de un consejo local conformado por personas escogidas desde el Congreso de la Unión; lo anterior con el fin de no trastocar el federalismo en la función electoral, según se allí se dice.

otra de las ventajas que esta propuesta ve, lo es que estos consejos locales desaparecerán y aparecerán según el calendario de elecciones, es decir, que solo cuando haya elecciones en el estado se conformaran estos consejos locales electorales, dado que según advierten, el actual consejo del Instituto Electoral de Coahuila, pasa por tiempos de descanso muy costosos para la nación.

Y es que los de Morena dicen que desde la reforma política electoral del año 2014, los Oples han erogado una cantidad mayor a lo que gastaban los institutos electorales locales, esto a pesar de haberse reducido considerablemente sus funciones.

Hasta aquí todo parece entendible y aceptable, sin embargo lo que “los del poder” olvidan, o bien, ya poco les interesa es que, ya existe en comisiones, otra iniciativa ingresada desde diciembre por el diputado Pablo Gómez, en la cual se propuso una reducción importante de personal y de presupuesto al Instituto Nacional Electoral, además de obligarle a fusionar direcciones y vocalías de organización y capacitación en absolutamente toda su
estructura.

En resumen, el riesgo es inminente, y es que de darse ambas reformas, la carga de trabajo que se le impondría a un solo Instituto haría de su operación una verdadera misión imposible, y desde luego, la afectación a su eficacia seria innegable. O lo que es lo mismo, la democracia cara aún se sigue necesitando en México. O ¿quién piensa distinto?
01 Marzo 2019 03:47:00
‘Justicia cara’
Por lo visto, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, antes de recuperar la credibilidad de algunos de sus jueces, le urge recobrar los cerca de 127 millones de pesos, que su antecesor el magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, indebidamente apostó y jamás recuperó. Y es que debemos recordar, que en el año 2015, el Poder Judicial Local, perdió esa cantidad que formaba parte de un fondo de mejoramiento para la administración de la justicia, gravamen que hasta hoy sigue pesando en poder judicial de nuestro estado.

Y es que desde aquella fecha, la justicia en nuestro estado cada día más observa terribles deficiencias en su funcionamiento, y cómo no, si dicho fondo, además de tener como objetivo la capacitación constante del personal y la mejora continua de su infraestructura, también era utilizado para la compra de material consumible necesario para el diario funcionamiento de este poder.

Lo grave de este asunto, es que lo que ahora intenta hacer su titular para recuperar lo perdido, no es ni por poco el imponer castigos a los culpables, si no que, con políticas recaudatorias, la magistrada presidenta

busca recapitalizar a este órgano judicial por medio de la imposición de cuotas y cobros por los servicios prestados por los juzgados y otras dependencias a su cargo, servicios que en todos los casos debieran ser gratuititos y accesibles para el ciudadano.

Por si lo anterior fuera poco lamentable, debemos recordar, que el siniestrado fondo de mejoramiento para la administración de la justicia, se constituye principalmente con los recursos provenientes de multas, fianzas y garantías que imponen los jueces a las partes en juicios de todos tipos y por diversas causas, por lo que sin duda, estos son recursos públicos, así pues y a pesar de ello, el anterior presidente del Tribunal superior de Justicia de Coahuila, sin derecho alguno, decidió invertirlo en una sociedad de ahorro.

En aquel 2014, este fondo tenía acumulada la cifra de 126 millones 938 mil 787 pesos con 40 centavos, los cuales inexplicablemente fueron tomados por el titular para ser desviados de su finalidad y jugados en una caja de ahorros de reciente creación, que funcionaba como Sociedad

Financiera Popular (Sofipo) llamada Ficrea S.A. de C.V., SFP. Así pues y por si lo anterior fuera poca desgracia, meses después la comisión nación bancaria y de valores CNBV. Anunció que intervendría a esta financiera, por sospechas de lavado de dinero, declarando su liquidación en el año 2015, fecha desde la cual el recurso desapareció y se le necesita hoy como nunca en nuestro sistema de justicia.

Así fue como iniciaron las carencias en el poder judicial, las cuales se hacen cada vez más evidentes al punto de poner en riesgo la operatividad del sistema de justicia, sin embargo en un afán de compensar dicha situación, quienes manejan a dicho poder independiente, han decidido hacer de la justicia en Coahuila, una fuente de ingresos, a pesar de que por mandato constitucional debiera ser totalmente gratuita, pero ante la carestía heredada, ahora los justiciables, deben pagar hasta por revisar sus expedientes.

Así pues, la carencia económica y de valores de algunos de los juzgadores, declarada por la presidenta en su informe, hace de la justicia coahuilense una de las más cuestionadas e ineficaces de toda la república.
22 Febrero 2019 03:41:00
`Por lo más delgado´
En un acto sin precedentes, hace siete días, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, rindió su Tercer Informe de trabajo al frente del máximo Tribunal local, lo anterior, ante el pleno del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, organismos ambos, que la misma funcionaria preside.

Y digo sin precedentes, dado que por primera vez la encargada del Tribunal del estado reconoció la profunda crisis de honestidad que actualmente vive la impartición de justicia en nuestro estado.

La magistrada presidenta, abrió su discurso diciendo: “El Poder Judicial culminó el año 2018 inmerso en una situación inédita ante el inicio simultáneo de procedimientos disciplinarios contra 6 jueces y 12 secretarios de acuerdo y trámite, a quienes se les impuso como medida cautelar la suspensión en sus funciones, al menos por el tiempo que duren dichos procedimientos disciplinarios”, lo anterior se dio, porque los juzgadores, probablemente incurrieron en faltas administrativas consideradas por la ley como muy graves y graves, en la tramitación de diversos juicios promovidos por el Infonavit.

Además, aclaró que los procedimientos administrativos que se tramitan en el Consejo de la Judicatura contra esos funcionarios judiciales “siguen su cauce legal y que de acreditarse las faltas graves que se les imputan, culminarán con la imposición de las sanciones correspondientes”.

Incluso, la magistrada aseguró que de inmediato se dio parte a las autoridades investigadoras de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por los funcionarios públicos, por los evidentes actos de corrupción, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, determinen si las conductas de las y los funcionarios públicos judiciales implicados, significan la comisión de algún delito.

Llama la atención que la magistrada presidenta, de entrada reconozca como inédito el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia, ahora sí, intente sancionar a los funcionarios judiciales que cayeron en actos de corrupción al momento de desempeñar sus funciones, lo que por desgracia, es por bastante cierto.

Y es que, para quien dude de lo anterior, lo invito a que haga un exhaustivo ejercicio de memoria y trate de recordar si en algún momento el anterior presidente del Tribunal Superior, Gregorio Pérez Mata, dio alguna vez cualquier explicación sobre los ilegales movimientos financieros que se realizaron en su gestión para beneficiarse con los intereses de 125 millones 600 mil pesos depositados en una cuenta de Ficrea, empresa que quebró dejando sin sus ahorros a miles de personas y al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila sin esa enorme cifra de dinero, que al final es propiedad de los coahuilenses.

Ojalá que lo que actualmente sucede en el Tribunal de nuestro estado sea realmente parte de un proceso de depuración de malos hábitos, los cuales son muchos y bastante vigentes, y no una estrategia oculta para lograr las acciones realizadas en administraciones pasadas, como lo sucedido con Ficrea, queden en el olvido y sin castigo para los infractores, ya que de ser así, estaríamos ante la indudable materialización de aquel refrán mexicano que reza: “Siempre se rompe la soga por lo más delgado”.
15 Febrero 2019 03:57:00
¡Circo, maroma y teatro!
En menos de 15 días los mexicanos y en especial los coahuilenses hemos conocido del rigor de la justicia mexicana, lo anterior dado que, el pasado día 3 de febrero, Guillermo Padrés abandonó la prisión y sólo tendrá que presentarse ante una autoridad cada 15 días; de igual forma, el 5 de febrero, supimos de la detención, por parte de la Fiscalía General de la Republica, en Puerto Vallarta, Jalisco, del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, a quien le cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición, dictada por un juez federal, en auxilio de labores en favor de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por el presunto delito de lavado de dinero.

Asimismo, apenas hace algunos días se dictó la esperada sentencia en el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también en Estados Unidos. Lo anterior, luego de casi dos semanas en las que el jurado desahogó todas las pruebas presentadas por las partes. “El Chapo” fue encontrado culpable de los 10 cargos que se le imputaban, por lo que recayó sobre él, una condena que lo obligará a pasar el resto de su vida en prisión.

En los tres casos, los familiares de los delincuentes siguen disfrutando de las fortunas que estos hicieron delinquiendo y al amparo de la impunidad, por lo que debemos aceptar que dichas noticias dejaron de ser el escenario ideal en el cual se reivindicaría la idea de impartición de justicia, aquella que entendíamos como que el que infringe la ley tarde o temprano termina castigado, o que quien la hace la paga.

Por desgracia el resultado del análisis de estas capturas es por demás adverso y complejo, ya que la realidad es que a pesar de que los culpables han sido sometidos por la justicia y la ley, también cierto es que, en el mejor de los casos, ha sido un país distinto al nuestro el que ha tenido la iniciativa real de hacerlo, por lo que en nada nos veremos beneficiados, y en el peor, de nada ha servido que la justicia mexicana atrape a quienes se han corrompido para hincharse de dinero.

Es decir que a los ciudadanos, poco o nula gracia nos hace ya la idea de que el Gobierno atrape y castigue a quienes se han servido del pueblo a través de la delincuencia, dado que como ha venido sucediendo, los delincuentes a lo sumo son sometidos al escarnio público, lo que de nada sirve, y es que con las últimas actuaciones del Gobierno mexicano, la idea de justicia ya nada tiene que ver con el resarcimiento de los daños ocasionados por el infractor al pueblo, puesto que jamás se les ha obligado a entregar sus riquezas.

Entonces la gran pregunta es si atrapar y meter a la cárcel a los delincuentes y corruptos realmente es tan necesario como parece ser. La realidad apunta en una dirección distinta, ya que de seguir este esquema, de captura sin castigo, seguirá habiendo personas dispuestas a delinquir, a sabiendas que una vez que compurgue su condena seguirá disfrutando del fruto de sus tropelías, y esto sucederá hasta no darse un verdadero esquema de restricción legal que deje de generar el enorme incentivo económico para la existencia de iguales personajes. O lo que es lo mismo, mientras no se obligue a los condenados a devolver al pueblo lo que le han quitado, la justicia en México nunca pasara de ser circo, maroma y teatro.
08 Febrero 2019 03:51:00
¡Escupiendo al cielo!
Es cada vez más fuerte el rumor entre los funcionarios federales respecto a una inminente renuncia de la secretaria de Gobernación, la exministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, de quien ahora dicen, en esta última semana, nuevamente presentó su renuncia a AMLO.

Incluso, hay quienes dicen que, esta es la tercera vez que Sánchez Cordero intenta separarse de su cargo, argumentando como causal principal el desgaste de su salud como consecuencia de tener que estar de madrugada todos los días en Palacio Nacional para asistir a las presentaciones matutinas.

Dichas renuncias supuestamente han sido rechazadas por el Presidente, disuadiéndole de tal acción para convencerle de que permanezca en el cargo.

De ser cierta la intención de la funcionaria Sánchez Cordero de retirarse del cargo, considero que su renuncia va más allá de un malestar físico traído por las desmañadas que sufre diariamente para asistir a las conferencias matutinas del Presidente, y más bien, obedece a la incomodidad de la funcionaria con las políticas públicas que esta Administración ha venido imponiendo.

Y es que no hay asunto que se anuncie en una conferencia matutina en el cual no le rebote una indirecta a la primera mujer notaria pública en la Ciudad de México, la cual parece carecer de autoridad moral para abanderar las causas que Andrés Manuel con su política busca materializar.

Desde el comienzo de la presente Administración federal, la secretaria de Gobernación, tuvo que tragar saliva y hacerse la disimulada cuando el Presidente emprendió una batalla mediática en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a los altos sueldos que estos mismos se imponían y a los cuales no estaban dispuestos a renunciar, a los que llamó “rancia burguesía neoliberal”; sin reparar que su segunda de abordo fue parte de ese selecto grupo desde enero de 1995 y hasta noviembre de 2015, periodo en que se desempeñó como ministra de ese tribunal.

Igual situación parece sucederle a Sánchez Cordero en el tema del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya que la perversión de la finalidad de esta dependencia obedece en gran parte a la insensibilidad de la misma exministra, quien era miembro de la Segunda Sala de la SCJN, cuando esta, el 11 de agosto de 2010, emitió una jurisprudencia que obligaba a considerar que el Infonavit, sí otorgaba “créditos baratos” y que cumplía a cabalidad con lo ordenado en la fracción XII del apartado A, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de ser a todas luces falso.

De igual forma le resulta culpabilidad a nuestra secretaria en la resolución respecto al tema, emitida por la misma Corte en el año 2015, cuando con su ayuda emitió una sentencia con la que se dejó sin efecto la determinación de un tribunal en Nuevo León que consideraba que el crédito social del Infonavit era por demás gravoso para el trabajador y contrario a su finalidad de ser un crédito barato y accesible.

Sin duda la incomodidad de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero tiene su fundamento, por lo que no dudemos que en próximos días se separe de su puesto y es que no debe ser fácil

aguantar las consecuencias de haber pasado una vida, ¡escupiendo al cielo!
01 Febrero 2019 03:53:00
¡Ya estamos completos!
A diferencia de lo que sucede en el escenario nacional, en donde por lo menos 52 agrupaciones políticas presentaron este enero su carta de intención para constituirse como un partido político nacional, en Coahuila, al día de hoy, el Instituto Electoral a través de su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en sesión extraordinaria, dará cuenta ya del número de solicitudes de registro definitivo presentadas por organizaciones de ciudadanos que están a punto de concluir el trámite para constituirse como partidos políticos locales.

Y es que la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 15 y 16, establecen que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el organismo público local competente, la solicitud de registro y una vez recibida dicha solicitud, el Instituto verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esa ley, y formulará el proyecto de dictamen correspondiente.

Como es de verse, nuestro estado está a pocos días de saber si a su escenario político se suben otros cuantos partidos locales, lo que sin duda causará el enojo de la ciudadanía, lo anterior dado a que por la experiencia vivida, al coahuilense muy mal sabor de boca le ha dejado el multipartidismo local, que recién empezaba a disminuirse.

Y es que a la lista de desventajas que tiene el pluripartidismo coahuilense, ahora mismo debemos sumarle una más: la de lo innecesario que resulta, dados los resultados de la última elección, en la cual además de elegir al Presidente, se disputaron 3 mil 400 cargos a nivel nacional y que se desarrolló en un ambiente de franca democracia, según los resultados.

Así pues, y en atención a lo anterior, debemos entender que hasta antes de esa elección de 2018, el pluripartidismo era necesario si en verdad se quería construir un estado democrático, dado que hasta entonces, a nuestra nación siempre la habían gobernado las corrientes de derecha materializadas a través de los partidos mayoritarios, que invariablemente seguían y mantenían una misma línea de política económica y social, a pesar de presentarse como alternativas distintas. Lo que traía como consecuencia que las corrientes de izquierda, se quedaran sin representación y sin más alternativa que intentar conformar o adherirse a nuevas opciones políticas, en busca de un verdadero cambio, lo que ahora es totalmente innecesario.

Es decir que con la llegada de este otro nuevo régimen de verdadera izquierda al gobierno de México, es evidente que en la palestra política hoy como nunca, todos los sectores de la sociedad pueden sentirse identificados con las alternativas ya existentes, por lo que la creación de otros partidos, además de ser ociosa e infundada, pudiera ahora hasta tornarse peligrosa, ya que pone en riesgo la evolución de la naciente democracia, por agregarle ingredientes superfluos. O lo que es lo mismo, en materia de alternativas políticas, ahora sí, ¡ya estamos completos!
25 Enero 2019 03:55:00
¡Ah! Con Venezuela sí te metes, ¿no?
¿Debería México opinar respecto a la situación política en Venezuela?

En honor a la congruencia y respecto a este tema, debo recoger lo mencionado por mí, en la columna de fecha 11 de agosto del año 2017 (
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/en-camisa-de-11-varas) cuando me dediqué a advertir sobre los riesgos que el gabinete del Presidente en turno corría por haber tomado partido en el conflicto venezolano, recordemos que fue en julio del 2017 cuando la Cancillería mexicana anunció su intervención decidida en este mismo conflicto.

En aquel tiempo, la funcionaria Vanessa Rubio, quien fungía como subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que entregaría al Gobierno de los Estados Unidos toda la información fiscal y financiera de los funcionarios venezolanos en nuestro país, a fin de permitirle a este detectar y perseguir cualquier ilícito. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores en esa misma fecha, emitió un comunicado en el cual manifestaba que el Gobierno de México desconocía el resultado de la elección de los miembros de una Asamblea Constituyente, celebrada en Venezuela.

Como resultado de tal intromisión, el presidente Maduro llamó “cobarde” a Peña Nieto, sobre quién dijo sentir “vergüenza” y le acusó de comportarse como “un empleado maltratado” de Trump. “Da vergüenza Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado, por su jefe Donald Trump. Así lo veo yo. ¡Ah! Con Venezuela sí te metes, ¿no? Peña Nieto, con Venezuela sí te metes, pero a Donald Trump no eres capaz ni de alzarle ni un pétalo de una rosa”, dijo en aquel tiempo Maduro.

Hasta hoy, sigo pensando que esa fue una más, del montón de malas decisiones que caracterizaron al gobierno de Enrique Peña Nieto y no sólo porque carecía de autoridad moral para meterse en las cuestiones propias y relativas a la democracia de un país ajeno, dada su falta de legitimidad en el nuestro, sino que también con dicha acción, rompía con nuestra política de no intervención frente a las decisiones internas del resto de las naciones del mundo, implementada por los gobiernos mexicanos desde el año 1930.

Y es que si algo ha aportado México al mundo, lo es precisamente esta doctrina que lleva por nombre Doctrina Estrada, en honor a su autor; la cual fue utilizada por el Gobierno mexicano en el rubro de política exterior y llegó a considerarse como una valiosa aportación de nuestra parte al derecho internacional, dicha actitud trajo a México bastante prestigio y respeto por parte de la comunidad internacional, al punto de considerarlo mediador óptimo en algunos conflictos internacionales.

Además, la no intervención es un principio contenido en el derecho internacional público, el cual establece la obligación de respetar la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Sin duda, la mejor postura frente a este tema, es precisamente la que ha tomado el presidente López Obrador, ya que no sólo ha declarado que México no desconocerá a Nicolás Maduro, sino que también, ha prometido acompañar a la ONU en su postura, ofreciendo a México como un mediador en la búsqueda del diálogo y la paz en Venezuela.
18 Enero 2019 03:57:00
‘Apoyar sin chistar’
Es evidente que si hay algo que Andrés Manuel López Obrador conoce, es precisamente el quehacer político, y es que hasta el día de hoy, los mexicanos hemos visto con sobrada tolerancia cómo el Presidente declaró y sostiene una férrea batalla contra los que viven de hacer transas con el petróleo mexicano, en la cual, gran parte de la sociedad es la que más ha batallado, pero sin restarle un céntimo de respaldo a su maniobra, y por el contrario, el macuspanense no deja de ganar popularidad y el apoyo del pueblo, lo que pudiera resumirse ya en un triunfo político por parte del Gobierno federal.

Quien dude lo anterior, le invito a que se remita a lo sucedido el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, fecha en la que se aprobó la propuesta morenista relativa a la institución de la Guardia Nacional, la cual pasó por mayoría calificada con 362 votos, esto con la venia de los gobernadores y diputados priistas que decidieron apoyar al Presidente y darle los 42 votos de sus diputados.

Y es que no dejo de pensar que las conferencias que el Presidente da en las madrugadas, cada día dejan de ser más informativas, para tornarse más bien como una certera advertencia o amenaza en contra de quienes intenten cuestionar sus decisiones, las cuales a decir verdad no tendrían fruto si no fuera porque a muchos de nuestro políticos les nace una tremenda cola susceptible de ser pisada para acallar sus ansias de protagonismo.

Como muestra de lo anterior, me permito recoger la oración lanzada al aire por Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el lunes pasado, en la conferencia matutina cuando con dedo de fuego aseveró: “Un extrabajador de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal, están relacionados con la venta de gasolina y la comercialización de huachicol”. Para rematar diciendo: “empresarios gasolineros han logrado blanquear más de 10 mil millones de pesos al sistema bancario mexicano”.

Al escuchar dicha aseveración, pensé en Montemayor y Rosendo Villarreal, pero luego recordé a muchos más y me asaltó esta pregunta: ¿Quién relacionado con el petróleo mexicano y con la política nacional podrá estar en condiciones de meterse en controversia o de objetar las decisiones del Presidente en cuanto a la problemática gasolinera? Me atrevo a contestar, ¡Nadie! Sin duda, más de un político y/o empresario gasolinero tragaron saliva y empezaron con súplicas y rezos al creador, pidiendo su cobertura y protección.

Por si la anterior amenaza fuera insuficiente, el mismo funcionario refirió en diversas ocasiones, que ya existen cinco casos que han sido entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) con la idea de que se judicialicen en el corto plazo. Además dijo que, gracias a tareas de inteligencia, se han podido localizar más de 14 mil operaciones inusuales en las 32 entidades de la República, en su mayoría depósitos en efectivo que muestran inconsistencias con los recursos de las empresas.

Con esto último hasta yo me he dedicado a revisar mis tickets de consumo de gasolina, no vaya a ser la de malas y en alguna de esas me hayan implicado en algún ilícito, así que para mayor tranquilidad, seguiré el ejemplo de la oposición, es decir ¡Apoyaré sin chistar las decisiones y propuestas del Señor Presidente!
11 Enero 2019 04:00:00
¡Guarden sus fuerzas!
Para quienes se desbordan en sus críticas y llaman hasta “apocalíptico” lo que está sucediendo al Presidente por intentar cumplir la promesa de campaña relativa a erradicar el robo de combustible, déjeme adelantarle que lo mejor que pueden hacer es dosificar sus fuerzas ya que en este cambio de régimen faltan muchas cosas por ver, las cuales le representarán, sin duda, un sinnúmero de oportunidades para que usted desde su perspectiva, desahogue su lado analítico.

Y es que al modo de Andrés Manuel, no me queda duda que intentará, también de un plumazo, cumplir con muchas otras de sus promesas de campaña, lo cual será para muchos lo mejor y para otros tantos, lo peor.

Por ejemplo, en pocos días veremos cómo le hará el Presidente para lograr que durante su Gobierno no haya rechazados en las universidades, lo cual de ninguna manera se suple con la entrega de las 300 mil becas a los alumnos de nivel superior.

Debemos recordar que este posicionamiento de López Obrador, tuvo lugar en una entrevista realizada tras su encuentro con Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual dijo: “Nadie se va a quedar sin la oportunidad de estudiar, ese es un propósito y es un compromiso que hemos hecho”, asegurando que desde ese momento estaba en acuerdo con universidades públicas y privadas de toda la República para que sus puertas fueran abiertas a todos los jóvenes que aspiraran formar parte de su alumnado. Ahí mismo, AMLO señaló que se tendrá una cobertura al ciento por ciento en el nivel medio y superior.

El tema del rechazo en las universidades, con el que dice terminará el nuevo Presidente, viene a colación dado que el próximo martes 15 de enero, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos, publicará la convocatoria 2019, para que quienes lo deseen puedan participar en el examen de admisión para alumnos de nuevo ingreso a los niveles de bachillerato y licenciatura para el semestre escolar agosto-diciembre 2019.

Cabe mencionar que en cifras del año pasado, de 29 mil alumnos que presentaron examen de admisión para ingresar a bachilleratos y licenciaturas en nuestra universidad, sólo 10 mil 200 pudieron ingresar, en cantidades de 4 mil 445 en nivel medio y cerca de 5 mil 700 en nivel profesional, lo que sin duda aumentará en esta nueva jornada y alejará aún más a nuestra universidad del propósito y promesa del Presidente.

Ante dicha situación, es evidente que a menos de que el Mandatario abandone esta promesa, las cosas se vislumbran complicadas, al menos para el personal de la universidad, dado que al nuevo estilo del Gobierno federal, es probable que para cumplir esta promesa, en próximas fechas veremos adecuaciones y acciones que a más de uno molestarán.

Es por esto que desde ahora invito a los detractores del sistema, a no desgastarse de más en el actual problema del abastecimiento de gasolina en los centros de distribución, ya que el mismo sin duda, en próximas fechas se resolverá y será entonces una nimiedad como tema de debate, ante la llegada de este otro que promete ser de mayores magnitudes y de mucha más importancia.

O lo que es lo mismo: ¡Guarden sus fuerzas!
04 Enero 2019 03:50:00
¡Ni tan súper, los delegados…!
Desde noviembre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la nueva figura que fungirá como vínculo entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales: los llamados superdelegados. Según la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se eliminaron las delegaciones federales en las entidades de la República y se crearon las “coordinaciones generales para el desarrollo de programas”.

Así pues, a estos superdelegados se les atribuyó la función de coordinar e implementar los planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.

Aunque esta representación del Gobierno federal en los estados, no es totalmente nueva, su creación y atribuciones han generado ataques de legisladores y de gobernadores de oposición. Ya desde la presentación de esta figura, los gobernantes opositores los consideraron, más bien, como vigilantes enemigos o supervisores indiscretos.

Lo anterior dado a que estos personajes serán los encargados de evitar los excesos de los gobiernos estatales sobre el destino de los recursos federales, ya que en muchos estados, estos dineros son utilizados para otros temas, muchos de estos políticos; y ejemplos de esto hay muchos.

A decir verdad, la idea parecía ser buena. Y es que el saber que una persona cercana al Presidente estuviese atenta al uso adecuado de los recursos federales en los estados, y que además le mantuviera informado de manera constante al Primer Mandatario de las conductas de los gobernadores y sus políticas públicas era casi un sueño; sin embargo, a los primeros días de mandato, López Obrador reculó y declaró que no serían superdelegados, ya que no podrían inmiscuirse en temas de seguridad, para no violentar la soberanía de los estados, y que tampoco en el tema del presupuesto podrían opinar, ya que consideró que era mejor que este rubro se tratara directamente entre los gobernadores y los titulares de las secretarías, disminuyendo con esto las atribuciones extraordinarias que inicialmente les habían concedido.

Al final de cuentas, resultó que lo único indispensable del trabajo de los superdelegados hasta hoy lo es la realización del bendito “censo del bienestar”, este registro, ordenado por el Gobierno federal en los estados, para ubicar a los posibles beneficiarios de los programas sociales y que es levantado casa por casa por voluntarios denominados Servidores de la Nación.

Entonces, estos menoscabos a su investidura sean quizás la causa por la que el representante del Ejecutivo federal en Coahuila, el abogado Reyes Flores Hurtado, hasta hoy haya sido tibio en sus declaraciones y omiso en sus acciones, ya que hasta el momento nos ha mantenido en la expectativa constante respecto a su línea de trabajo, dedicándose sólo a dar entrevistas con respuestas vagas y carentes de compromiso, postergando día a día su actuar concreto; trayendo como consecuencia que los aún mandamases de algunas delegaciones en nuestro estado, como la SCT e IMSS, sigan decidiendo y acomodando las cosas a beneficio propio, por no decir, que aprovechando esta dilación para acomodar y maquillar el estado real que guardan sus delegaciones. O lo que es lo mismo, ¡ni tan súper, los delegados…!
28 Diciembre 2018 04:04:00
¡Con la venia del juzgador!
Quien esto escribe ya había advertido en otra columna, Léase http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/cuanta-razon-tenias-rousseau, sobre el extraño comportamiento que algunos jueces civiles y mercantiles de primera instancia tienen respecto a las demandas promovidas por los despachos que de manera habitual y desmedida adquieren cartera vencida de diversas instituciones dedicadas a la colocación de créditos con garantías hipotecarias, o dedicadas a la administración y recuperación de cartera vencida y al corriente de otras instituciones crediticias.

Y es que aunque no lo parezca, diariamente en los locales que ocupan los juzgados pertenecientes al Poder Judicial del Estado, se celebran remates de viviendas con atrasos en sus pagos. En dichas audiencias, invariablemente quien promueve el juicio logra adjudicarse o quedarse con la finca, lo anterior como pago de la deuda que reclama, la cual comúnmente es inferior al valor real de la vivienda, es decir, que se adjudican bienes con mayor valor al de la deuda. Por desgracia en dichos juicios los avalúos correctos o apegados a la realidad no existen, como tampoco existen en estos juicios, acciones encaminadas a procurar las garantías del deudor por parte de la autoridad, esto entre otras incongruencias.

Por acciones como estas, en días pasados, el Consejo de la Judicatura del estado suspendió de sus funciones a varios jueces y secretarios de Acuerdo y Trámite, a quienes acusó de actuar en complicidad con abogados y empleados del Infonavit, por validar procedimientos judiciales para lograr despojar a los derechohabientes de sus viviendas en procedimientos totalmente arbitrarios y amañados.

Y es que, en el 2017, diversos apoderados, gestores de cobranza o cesionarios de derechos litigiosos, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lograron adjudicarse ilegalmente cientos de viviendas de derechohabientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, a los cuales un juez civil del municipio de torreón les notificó ilegalmente las demandas a través de un edicto publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que evitó que pudieran defenderse e inevitablemente perdieron su patrimonio.

Sin duda, bastante buena es la acción emprendida por el órgano encargado de preservar la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales en nuestro estado.

Aunque a decir verdad, también sería bueno que su titular, quien además es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, se siguiera de largo revisando otros tantos expedientes, que se ventilan en estos juzgados civiles y mercantiles de la entidad, en la misma vía hipotecaria, y por las mismas causas, sólo que con distintos demandantes, como lo son las administradoras de cartera de nombres: “Sólida Banorte”, “Pendulum” y otras tantas que operan en la entidad, las cuales bastante en común tienen con el Infonavit, ya que al igual que este, negocian con la cartera de clientes, y se adjudican diariamente viviendas de coahuilenses en desgracia, al punto de vender los litigios desde antes de iniciarlos y a cualquier postor, lo que extrañamente ofrecen con la garantía de que serán recibidos y concluidos de manera satisfactoria, en juicios muy sumarios; desde luego todo esto, con la venia del juzgador.
21 Diciembre 2018 04:04:00
Depresión coahuilense
A pocos días de celebrar las fiestas decembrinas, nuestra entidad ha sido cimbrada por dos terribles eventos: los asesinatos arteros de dos personajes de la política local a manos de personas comunes, que con motivo de perder los estribos en discusiones fútiles, se convirtieron en asesinos casi involuntarios, y es que en ambos casos los homicidas en nada remediaron sus conflictos y por el contrario, perturbaron su existencia en tal extremo que uno de ellos prefirió quitarse la vida antes de enfrentar las consecuencias de su acción a todas luces impensada.

Acciones como estas nos llevan a pensar que el camino que nuestra sociedad está tomando no es precisamente el adecuado, y es que además de estos dos asesinatos, la Fiscalía General del Estado, ha reconocido con sus últimas declaraciones que Coahuila crece de manera exponencial en el número de suicidios.

Es decir, que la población coahuilense es quien más está sufriendo de depresión severa a nivel nacional.

Por desgracia, y desde el año 2016, el récord de suicidios en el estado sobrepasaba la media nacional y de ahí a la fecha ha venido incrementándose año tras año. Hasta hace pocos días, el número de suicidios registrados en Coahuila sumaban más de 239, contra los 214 que hubo en todo el año 2017.

Estos números hacen que nuestro estado se sitúe arriba de entidades con poblaciones mucho más altas como lo son la Ciudad de México y el estado de Nuevo León, lo que nos debe llevar a concluir que existe en los coahuilenses algún factor extraordinario que nos pone en situación de vulnerabilidad frente a este fenómeno tan lacerante.

Debo reconocer, que según cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS), los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo y que en México, estos padecimientos ocupan el cuarto lugar en la lista de enfermedades públicas comunes.

Es decir, que la depresión es una de las enfermedades más frecuentes y que se ha posicionado como la primera causa de suicidio y la cuarta de discapacidad laboral.

Estas cifras son mucho más preocupantes, si consideramos que esta enfermedad se ha convertido ya, en la primera causa de deterioro en la calidad de vida en mujeres y la novena causa en los hombres.

Sin embargo, no debemos perder de vista que, en Coahuila las cifras de diagnóstico de depresión han alcanzado a cerca del 10% de la población, y los trastornos mentales representan un 30% de la carga de enfermedades no mortales de los coahuilenses, cifras que siguen en aumento, según el número de casos de suicidios en la localidad.

Lo que nos lleva a concluir que ha sido la desatención de los gobiernos anteriores la causa de este incremento.

Es evidente que las políticas públicas en materia de salud mental, implementadas en nuestro estado desde el 2016, no han sido eficaces y en nada han atenuado este flagelo social, por lo que urge que el actual Gobierno diseñe y aplique a la brevedad una verdadera estrategia integral que involucre a todas las instituciones que componen a este gobierno, a fin de contrarrestar a toda costa el número de casos.

Es decir, no hay duda de que la salud mental pública debe ser el principal reto que deberá enfrentar este Gobierno estatal, incluso sobre cualquier otro, ya que de nada servirá tener un estado próspero, con una población enferma.
14 Diciembre 2018 04:03:00
La cosecha de la Corte
De pronóstico reservado será el desenlace del enfrentamiento que ahora viven los poderes de la Federación Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, dado que en el mismo se mezclan circunstancias legales, políticas y mediáticas, las cuales hacen tambalear para un lado y para el otro, el conflicto relativo a la austeridad, que tanto detestan los ministros de la Corte.

Y es que, existe la posibilidad de que, las bancadas aliadas izquierdistas, en el Congreso de la Unión, en colusión con el Presidente de la República sometan al poder Judicial y le obliguen a disminuir sus sueldos.

Sin embargo, también es cierto, que los propios ministros serán juez y parte en la decisión de disminuir sus sueldos, ya ellos mismos resolverán la impugnación que los senadores de Morena interpusieron, ante la misma Corte, en contra de la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación de la ley de salarios máximos.

Es decir que en materia política y legal, las cosas quedan empatadas.

Entonces, el área que resta es la mediática, consistente en las opiniones que se vierten por todo mundo sobre este tema, por lo que quizá sea esta, la que termine decidiendo si los ministros aceptan la reducción obligatoria o lo hacen por propia iniciativa, dependiendo de la presión que se les ejerza.

De ser así, es evidente que la gran desventaja en el área de opinión pública, la tiene el poder judicial, ya que al haberse dedicado todo el tiempo en agrandar sus prestaciones, lo jueces de la corte desestimaron siempre el sentir del gobernado, lo cual es por demás entendible, dado que un ministro ni se imagina las odiseas que vive el ciudadano común para lograr sobrevivir en este país lleno de
desigualdades.

Es decir, que al olvidarse de los justiciables, los integrantes del máximo tribunal del país, nada bueno pueden esperar de la opinión pública, ya que pudiera ser esta la oportunidad para que el pueblo les cobre los agravios causados con tantas resoluciones adversas, y ejemplos hay muchos: La sentencia dictada en plena crisis del año 1998, cuando declararon legal, el anatocismo, que no es otra cosa que la capitalización de los intereses, de modo que sumándose tales intereses al capital originario pasa a redituar nuevos intereses.

Dicho en palabras simples, permitió entonces que los bancos cobraran intereses sobre intereses generados, esto a pesar de que la mayoría de las legislaciones del mundo lo prohíben.

El principal argumento utilizado por el pleno de la autoridad, era que el deudor desde la firma del contrato aceptaba someterse a tal vejación económica.

Así mismo, las cuestionadas resoluciones dictadas sobre asuntos como, la caída del sistema, Amigos de Fox, Hildebrando, Monexgate, Lydia Cacho, Guardería ABC, el vergonzoso asunto de la francesa Florence Cassez y la última, relativa a permitir que el Infonavit pueda cobrar réditos altísimos a los trabajadores, evitando con esto el cumplimiento del derecho a una vivienda digna y accesible.

En resumen, los integrantes de la SCJN, no deben esperar apoyo del pueblo, ya que ellos mismos con sus actuaciones han logrado alejar cada vez más al ciudadano de la justicia y conceder siempre más canonjías a la clase política, la cual ahora, poco les puede ayudar. O lo que es lo mismo: “Cosechar lo que se siembra”.

07 Diciembre 2018 04:04:00
Sociedad en extinción (última parte)
El 13 de noviembre pasado, el Congreso del Estado aprobó una Ley del Registro Civil con la que brinda a los ciudadanos la posibilidad de cambiar en sus registros de nacimiento el género y el nombre, sin mayor requisito que el deseo de hacerlo.

El motivo más pronunciado por los legisladores fue el nuevo derecho humano denominado “libre desarrollo de la personalidad”. Este criterio se define como el reconocimiento a la facultad natural de todo individuo a ser como quiere ser, sin coacciones, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. Es decir, este consiste en permitir a la persona la realización y cumplimiento de sus propias metas, las cuales se ha fijado de manera autónoma, de acuerdo con su temperamento y carácter y sin mayor limitación que la de no violentar el orden público.

Como es de verse, nuestros equivocados legisladores conciben el derecho al libre desarrollo de la personalidad como un valor con mayor peso que el compromiso que la persona tiene con la sociedad civil y con el estado. Ya que, según dicen, debe ser el Estado, el obligado a no interferir por ningún motivo, con el ciudadano para permitirle dar rienda suelta a todas sus libertades, como la de pensamiento y la de expresión verbal o corporal; su forma de vestir, su cabello, su estética, sus preferencias sexuales y hasta sus retorcidos instintos, puesto que piensan que la forma de vida de cada quien sólo depende de sus gustos individuales y del estilo de vida que quiera escoger, a pesar del medio social en que el individuo se desarrolle.

Es evidente qué peligrosa y errónea resulta la interpretación que los diputados dan a este derecho, ya que olvidan que la libertad en una sociedad debe protegerse en un sentido positivo. O dicho de otra forma, el desarrollo de cada de una de las personas dentro de una sociedad debe ser permitido, siempre y cuando el mismo sea para bien o de beneficio para el ciudadano y por ende para su comunidad, ya que sólo de esta manera se podrán engendrar sociedades aptas para desarrollarse.

Lo anterior puede verse en pueblos con doctrinas perfeccionistas, que invitan a las personas a optar siempre por el bien para sí y para los demás, con la finalidad de lograr el respeto de los ciudadanos entre sí como valor fundamental. Es decir, que el ciudadano en sociedad deberá decidir siempre por no atentar contra su sobrevivencia, su dignidad, su moral, su salud física o mental, ya que entender la libertad en contrario, o la simple omisión del Estado para procurar estos aspectos hacen incompatibles cualquier otra libertad dentro de una sociedad que se digne llamarse educada o civilizada.

Entonces, a nuestros diputados les hace falta conocer que la doctrina del Derecho describe al ciudadano común como un ente constituido de derechos y obligaciones y que sólo bajo esta concepción se puede lograr la finalidad del Estado, que es la de procurar la armonía en una sociedad, por lo que al confrontar estas absurdas leyes recién creadas contra las verdaderas necesidades del pueblo inevitablemente debemos concluir que las mismas agravian de manera evidente al bienestar común, el cual día con día se ha ido mermando por los constantes ataques a sus valores fundamentales, lo que llevarán, sin duda, a nuestra sociedad a su propia extinción.
23 Noviembre 2018 04:00:00
Sociedad en Extinción (parte 2)
El pasado martes 13 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó una nueva ley del Registro Civil, en la cual se consigna la posibilidad de que los ciudadanos que así lo anhelen, puedan cambiar en sus registros de nacimiento, tanto el sexo como el nombre por otro con el que se sientan más identificados, o bien por cualquier otro interés.

En el cúmulo de argumentos utilizados por los ocurrentes legisladores, encontré que los diputados cual disco rayado, en todo momento apelaron a la idea de que esta nueva libertad de elección, era parte de las prestaciones del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. De igual forma y para afianzar su escuálido fundamento a voz en pecho, se dijeron satisfechos por la aprobación de esta absurda ley, al señalar que con la misma se beneficiaba a más de 2 mil 500 personas.

Ante tal afirmación nos surgieron dos dudas, ¿en que podrá beneficiarles a estas personas, el poder cambiar el sexo y nombre en su acta de nacimiento?; ¿En que ayudan estas medidas a nuestra sociedad actual? Los anteriores cuestionamientos nacen de la premisa de que, todo proyecto legislativo debe pasar siempre del individual beneficio, al beneficio de la sociedad y este último, siempre debe considerarse más importante que el primero; es decir, de la protección de un derecho particular, a la orientación de conductas; del derecho subjetivo para el caso concreto, a la política pública, todo esto con el fin de armonizar la vida en sociedad.

Es evidente que la tarea legislativa en nuestro estado carece de sentido común, ya que por la falta de oficio, nuestros diputados se dejan llevar por inercias o presiones individualistas que buscan a cualquier precio el bienestar personal como fin primordial, al punto de perder y pasar por encima de todos los valores y principios éticos, sociales y políticos que habían estado constituidos durante mucho tiempo, los cuales funcionaban a la perfección y engendraban ciudadanos de bien, por estar fundados en la regulación del comportamiento humano para convivir en sociedad.

Es decir, que la equivocada dirección que ahora dan los gobernantes a las políticas públicas se funda en la satisfacción del ciudadano desde una perspectiva individualista, la cual se encamina a la liquidación de una vida en sociedad, y es que nada tendría de malo que el hombre tuviera como propósito primordial el ser feliz y dar rienda suelta a sus emociones y ocurrencias, si este se encontrara viviendo en la soledad de una montaña o en cualquier lugar en el cual no existiera interactuación con otros individuos.

Pero la realidad es otra, ya que el individuo se constituye en sociedad por naturaleza, a partir de la relación que tiene con otros, es decir, a partir del examen de los demás el ser humano se va formando en ciudadano y por lo tanto su equilibrio también, el cual va a representar todo el conocimiento que es producido por las experiencias en una sociedad. La ecuanimidad es la cualidad del ser sujeto en sociedad y se construye conjuntamente con nuestra realidad, historia y necesidades, a partir de las experiencias y costumbres de la sociedad en que nos desarrollamos.

Entonces, ¿cuál es la razón, por la que se está cambiando el objetivo de la política, que siempre había sido y debería seguir siendo, utilizar los cargos y dignidades públicas para beneficio común de la sociedad? Continuará…
16 Noviembre 2018 04:00:00
Sociedad en extinción
Primera parte

El pasado martes 13, el Congreso del Estado aprobó una innecesaria nueva Ley del Registro Civil que establece que la “identidad de género” será por convicción personal. Esta ley contempla que deberá entenderse por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia, según el texto oficial.

Ante tal aberración, intentaré hacer una apreciación crítica a estas reformas y leyes, mismas que una vez publicadas en el Periódico Oficial Estatal, permitirán a toda persona cambiar de nombre y de sexo en su acta de nacimiento, llamado cambio de identidad de género.

Y es que lo más lamentable, a mi parecer, es que dicha ley observa desde su presentación una serie de inconsistencias en su estructura argumentativa. A mi juicio, la libre elección de género en el acta de nacimiento de un ciudadano poco tiene que ver con los derechos o las libertades de una persona y mucho menos, si se considera que esta es la mejor forma de protegerlas.

De acuerdo con lo aprobado por los diputados locales, en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para que la autoridad acceda en reconocer la identidad de género, es decir que sin importar cuál género se encuentre consignado en su acta de nacimiento, el ciudadano ahora podrá cambiarlo si es que se siente mejor identificado con el sexo contrario, pudiendo además cambiar su nombre a fin de que haga juego con el nuevo sexo elegido.

En una vaga formulación de los argumentos de los legisladores, el proyecto considera que esta prestación debe entenderse como una expresión del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. A partir de lo anterior, es necesario analizar si esta oficiosidad legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida y, en caso de ser así, analicemos entonces si la medida aprueba un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Lo anterior dado que bajo este mismo esquema, dicen los que consideran acertada esta medida, incluyendo a los diputados que fueron capaces de aprobarla, esta medida beneficiará a más de 2 mil 500 personas en la entidad. A lo que yo me pregunto: ¿en qué podrá beneficiarles a estas personas el poder cambiar el sexo en su acta de nacimiento? Pero, además, ¿en qué ayudan estas medidas a nuestra sociedad actual?

Y es que es evidente que a nuestro Congreso se le olvida que los coahuilenses vivimos en sociedad. Lo anterior dado que uno de los efectos de obligar a la autoridad administrativa, en este caso Registro Civil, a otorgar una autorización no regulada, implica transitar de la protección de un derecho, atendiendo a una lógica de rechazo a las restricciones, al otorgamiento de una autorización que supone una lógica constructivista de relaciones sociales.

Dicho en otros términos, el proyecto legislativo siempre debe pasar del beneficio del individuo al beneficio a la sociedad y este último siempre deberá considerarse mucho más importante que el primero; de la protección de un derecho particular, a la orientación de conductas; del derecho subjetivo para el caso concreto, a la política pública. Vivimos en sociedad y es delicado aprobar leyes sin mediar una profunda reflexión. Continuará…
09 Noviembre 2018 04:00:00
Hordas de invasores
Como todos sabemos, por nuestro país, ahora mismo cruza una caravana con miles de migrantes centroamericanos que vienen de avanzar de Honduras a Guatemala y después a México, la cual, gracias al éxito que parece ha alcanzado, sigue incitando a otros migrantes a que se organicen para viajar igual en grupos numerosos.

Esta dinámica de migración viene a modificar la forma establecida, que consistía en ingresar a Estados Unidos de una manera silenciosa e indetectable, por la de viajar en grupos, para exigir a los gobiernos permisivos la seguridad y los derechos que en sus propios países no encuentran.

Sin ánimo de justificar, debo mencionar que entiendo por qué la nueva manera de viajar genera profundos sentimientos antiinmigrantes en Estados Unidos, mayormente, si tomamos en cuenta que ese país enfrenta épocas electorales, lo cual me parece no es casualidad, como tampoco lo es que Trump haya calificado a estas caravanas como “hordas de invasores” y que envíe militares a la frontera con México, para tomar acciones urgentes como cerrar el paso, incluso a aquellos que buscan asilo.

Y es que quien esto escribe no puede dejar de relacionar estos éxodos iniciados en octubre pasado con lo ocurrido en la caída del Imperio romano, la cual se dio por consecuencia de una invasión en gran escala de diversos pueblos bárbaros en el año 386, tiempo en que Roma vivía momentos de disidencias internas entre sus políticos.

En ese tiempo, estos pueblos pobres e inseguros, sabedores de las contiendas políticas al interior del régimen romano, iniciaron una estrategia consistente en aproximarse a las fronteras romanas, para luego establecerse en ellas y desde ahí presionar de forma permanente hasta conseguir la entrada.

Así pues y a pesar de que al igual que ahora, las legiones romanas intentaron contener todos los intentos realizados, los bárbaros al final, lograron penetrar lentamente entre los siglos I y IV, para establecerse en el interior, hasta que, finalmente, empujados por otros pueblos, lo hicieron en forma violenta y definitiva.

Una vez dentro del territorio romano, los pueblos invasores se dividieron en numerosas entidades políticas sucesoras y arrebataron a los romanos la autoridad de ejercer su dominio, iniciando el período de declive del imperio de Occidente, hasta la pérdida de su vasto territorio y de la fuerza para levantarse de nuevo.

Es por ello que ahora los estadunidenses, conscientes de que el destino de Roma cada día se asemeja más al de ellos, en un grito desesperado amenazan a todo aquel que permita el paso de estos nuevos invasores.

Por tal motivo los mexicanos debemos estar atentos a las acciones que nuestro gobernantes toman respecto a este fenómeno, ya que de equivocarnos y brindar apoyo a quien no debamos, las consecuencias podrán ser mucho más graves de las que cualquiera de nosotros pudiéramos imaginar.

Es decir, el ser permisivos con estos grupos no solo pone en riesgo la seguridad actual de nuestro país, sino que el futuro integral de nuestro Estado mexicano depende sin duda de las decisiones que tomemos respecto al fenómeno de la migración. O lo que es lo mismo, en esta caravana se juega mucho más que el protagonismo de los curas religiosos Alejandro Solalinde y Pedro Pantoja Arreola.
02 Noviembre 2018 04:00:00
Entre advertencias
Bastantes han sido los cambios de los últimos días en el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Apenas el miércoles pasado, las consejeras electorales, Larissa Ruth Pineda Díaz, María de los Ángeles López Martínez y el consejero Electoral René de la Garza Giacomán, rindieron su último informe de actividades, para luego declarar concluido su periodo de tres años de labores.

Debo mencionar, que el trabajo de los consejeros salientes fue bastante bueno, los tres se desenvolvieron sin mayor problema y alejados siempre de escándalos o polémicas que pusieran en entredicho su actuar en ese organismo electoral. Diligentes y preocupados, los consejeros que ahora concluyen, emitieron invariablemente una opinión razonada y acorde al sentir de la ciudadanía, todo esto, sin caer en falsos protagonismo, y a pesar de enfrentarse a la limitante que impone el dirimir cada decisión y criterio, con el del resto de los integrantes de un cuerpo colegiado.

Incluso, la misma consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, al tiempo que les entregaba un reconocimiento por su labor y aportación democrática en los procesos en que participaron, aceptó que no siempre fue fácil tomar decisiones con ellos, dado que al ser un cuerpo colegiado, las opiniones son variadas y homogeneizarlas no es por mucho una tarea fácil.

Lo dicho por la presidenta, respecto a la dificultad que enfrentan los consejeros electorales para conservar su autonomía y libertad de criterio no es una manifestación sencilla, y, por el contrario, representa el mayor de los retos que enfrentarán los consejeros que ocuparán las vacantes que quedaron, incluso de los que permanecen en el puesto, y es que para nadie ha sido oculto que uno de los principales problemas que ha tenido este consejo lo es la de la imposición de criterios o líneas al momento de resolver cualquier controversia, de lo anterior han dado cuenta varios acuerdos que con votos particulares han sido aprobados por este órgano de dirección.

Así pues, y ante la inminente salida de estos consejeros, el día de mañana el mismo órgano electoral, en sesión solemne, tomará protesta a los recién nombrados nuevos consejeros: Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, Juan Carlos Cisneros Ruiz y Juan Antonio Silva Espinoza, quienes desempeñarán estos cargos, sólo que ahora por un periodo de 7 años.

En tal virtud, es evidente que estos consejeros recién llegados poco sencilla la tienen, lo anterior dado que deberán decidir, en primer término, si toman en cuenta la primera advertencia que en forma de opinión ha externado la presidenta del IEC, la cual se traduce en la necesidad que se tiene de abandonar en ocasiones la autonomía y libertad de decisión, ya que en muchas de las ocasiones ésta choca con las sentencias que debe emitir el Consejo General, por aquello de cuidar el no pisar callos. O bien, prefieran atender la otra, la que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, también les lanzó, y que es la de contribuir a la imparcialidad en la aplicación de la ley, para favorecer la defensa de la autonomía institucional del órgano electoral con la realización de elecciones libres y transparentes, y de no hacerlo ser expulsados por el Consejo General, el cual estará siempre vigilante de su desempeño.
26 Octubre 2018 04:04:00
¡Legitiman consulta, no el Aeropuerto…!
Lo que en realidad le importa al presidente electo no es el futuro del NAIM. No, el verdadero interés de López Obrador es legitimar el sistema de consulta popular.

Es decir, que detrás de la escandalera entre quienes defienden el nuevo aeropuerto y los que dicen estar dispuestos a tirar la mayor obra de América Latina, no estaría el futuro de una urgente terminal aérea para México.

No, lo que busca el futuro presidente es consolidar su peculiar estilo de consulta a los ciudadanos; opinión obtenida de manera ilegal, alejada de la norma constitucional, sin la regulación elemental y cuyos resultados serán a contentillo; buscaría legitimar la farsa, en pocas palabras.

La hipótesis anterior es de curso corriente en comederos políticos, entre especialistas serios, políticos reputados y analistas acuciosos.

Y si bien es una teoría que parece descabellada, por esa razón supone que la consulta arrojará un resultado igual de sorprendente y que sería aplaudido por todos los que hoy cuestionan con severidad al naciente gobierno de Obrador.

Es decir, que según la hipótesis de que lo importante para AMLO sería legitimar la consulta, antes que el aeropuerto, el próximo lunes veremos que –luego del recuento de votos–, habría ganado la alternativa de continuar con la construcción del NAIM en Texcoco.

¿Y…? ¿Entonces qué ganarían López Obrador y su gobierno luego del escándalo sin freno por la consulta del NAIM? ¿Cómo acallaría el presidente electo la escandalera por una consulta que hace agua por todas partes? ¿Cómo impedirá la risa loca por una consulta en la que periodistas maldosos votaron hasta cuatro ocasiones?

La respuesta a las anteriores interrogantes está en el resultado que arroje la encuesta. ¿Por qué? Porque si se cumple la hipótesis aquí planteada; de que la consulta se hizo sí y sólo sí, para que ganara la pregunta de continuar con el aeropuerto de Texcoco, entonces se habría legitimado el sistema de consultas cuchareadas, a modo con los deseos del nuevo gobierno y sería vista como parte de la normalidad esa manera de preguntar a la sociedad.

¿Y para qué legitimar las consultas tramposas, ilegales y hasta inconstitucionales como la del NAIM?

La respuesta ya la adelantó el propio López Obrador, cuando dijo que “cada tres años” consultará a los ciudadanos para conocer la ratificación y/o la revocación del mandato.

Y, en efecto, pareció haber cometido un tropiezo discursivo cuando dijo que consultará al pueblo “cada tres años” para ratificar y/o revocar su mandato. ¿Por qué? Porque en rigor, sólo tiene tiempo para consular una sola ocasión a los ciudadanos; en 2021.

Pero no, políticos de colmillo largo y analistas acuciosos creen que, en realidad, lo que quiso decir López Obrador es que ya está pensando en la reelección presidencial para 2024. De esa manera, y una vez legitimada la consulta a través de un potente sinodal como es el NAIM, Obrador podrá consultar sin problemas si continúa en el cargo, en 2021, en 2024 y… Va por la reelección.

Al tiempo.
26 Octubre 2018 04:00:00
El derecho de abortar (parte final)
En las dos últimas semanas, a raíz de la propuesta de despenalizar el aborto, que se vertiera en el Congreso del Estado, se han dejado escuchar voces a favor y en contra respecto al tema, por tal motivo y en aras de crearnos un criterio más cercano a la realidad jurídica de esta propuesta, desde la semana pasada he intentado recabar las opiniones legales, que a mi parecer son merecedoras de atención.

Así pues y de entrada la autora de la iniciativa presentada, fundó su moción en la consideración de que la interrupción legal del embarazo va más allá de ideas morales o religiosas y que el mismo es más bien un asunto relacionado con los derechos humanos, ya que al criminalizar a la mujer por tomar decisiones sobre su cuerpo, violenta sus derechos sexuales y reproductivos. Presumiendo entonces que este derecho de la mujer puede sobreponerse al derecho que el embrión tiene.

Esta postura se sostiene en dos premisas principales. La primera, los derechos de las mujeres. Se ocupa principalmente en el hecho de considerar que la mujer, en un embarazo indeseado, es utilizada como un medio en provecho de la moralidad, ideología o creencias religiosas de otros. La segunda premisa de este argumento es que los detractores del aborto confunden las ideas de “vida” y “persona”. Lo que en gran parte tienen razón, dado que comúnmente los principios a los que solemos apelar sobre el tema, son por ejemplo, que “las personas son libres e iguales” o “nacen libres e iguales”. Por lo que en todo caso, tendemos a hablar de sujetos “nacidos” y de “personas” antes y no solo de “seres vivos”. Estas distinciones, como sabemos, resultan cruciales en esta discusión: no es lo mismo un ente “vivo” que una “persona”, y cuando hablamos de “igualdad”, lo hacemos pensando en personas nacidas.

Ahora bien y si Usted pensaba que el pro-aborto con este alegato estaban ganando el debate, debo decirle que no es así, ya que el que condena al mismo, funda su defensa en la siguiente premisa: El aborto “pulveriza el derecho a la vida de la persona por nacer”. Este argumento nos remite al principio de que los derechos de las personas no nacidas también son inviolables y no pueden sacrificarse por las meras pretensiones en contrario de una mayoría ocasional. Es decir la idea de preservar derechos frente a cualquier demanda mayoritaria; la noción de los derechos como formando parte de la esfera de sus derechos, pero en una esfera ajena y a salvo de las presiones de la política mundial.

Como es de verse, no existe argumento legal lo suficientemente firme como para considerar que de autorizarse o no el aborto se haga lo correcto; Lo que nos obliga a remitirnos a la idea de que la ley no puede dar solución a todo, mucho menos en casos como estos, en los que no hablamos de reglas fijas, sino de estándares abiertos, –autonomía, igualdad, daños– que se traducen en que, entre todos, decidamos.

Y es que, en casos como el del aborto, caracterizados por un profundo desacuerdo moral que nos lacera, la decisión depende de los acuerdos a los que lleguemos, de una forma abierta, inclusiva y franca. Por ello mismo, definir hoy lo que deberá decir el derecho en materia de aborto, exige que discutamos como hasta hoy no lo hemos hecho, es decir, escuchando con especial atención a todas las manifestaciones que hasta hoy hemos aquietado, y me refiero a todas.
19 Octubre 2018 04:00:00
El derecho de abortar (primera parte)
Hace dos días la legisladora del PRD en Coahuila presentó en el Congreso local, la ya anunciada reforma o modificación de ley, que busca despenalizar el aborto. Con esta propuesta pretende la no imputabilidad de la interrupción intencional del embarazo, antes de la semana 12 de gestación y por cualquier causa, siempre y cuando sea por decisión de la embarazada.

Además, esta iniciativa busca que el Gobierno del Estado cubra los costos de tal práctica, ya que intenta que el aborto sea parte de los servicios que se brindan en las instituciones de salud pública; a decir verdad y sin ánimo de expiar culpas, es necesario mencionar que dicha iniciativa ha sido presentada por el mismo partido a nivel nacional y no es un capricho de la legisladora.

Así pues y por consecuencia o virtud, se abrió el debate por el aborto, por lo que se escucharon desde los más sentidos, hasta los más simples comentarios de todo aquel que se atrevía a opinar sobre el mismo, –la punibilidad o no del aborto– y es que, el tema para los coahuilenses parecía muy lejano, ya que hasta hace pocos meses era tabú y reservado para las voces más extremas de nuestra sociedad.

Pero, a pesar de las diversas posturas y argumentos que se dejaron escuchar, es evidente que para los legisladores las únicas que se deben acatar, son aquellas que tienen que ver con el respecto a los derechos de los involucrados, es decir lo relativo a lo que la ley establece, lo anterior dado que el proceso que ahora enfrenta el tema es inminentemente jurídico, por lo que el respeto a la ley deberá ser el único fiel de balanza para la decisión final.

Ante tal premisa, me permitiré emitir algunos puntos de vista que encontré, los cuales no necesariamente son en contra o a favor, pero sí necesarios de considerar, si es que se quiere tomar una postura informada:

Primero: Quienes defienden el aborto a partir del derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo, lo hacen asumiendo que dicho derecho da a la ciudadana una autonomía desmedida para el ejercicio del mismo sobre sí, pero olvidan que todo derecho establece un límite impasable: El “daño a terceros”, es decir ningún modo permite que nuestras acciones puedan afectar a terceros; por lo que toda acción que perjudique a un tercero debe resultar prohibida o penada.

Segundo: El derecho confronta y resuelve situaciones de conflicto de derechos, pero los arreglos resultan comúnmente fatales, dado que dicha solución implica remover o eliminar uno de los derechos en conflicto, y que por ser un derecho es bastante peligroso prescindirlo.

En el caso del aborto, nadie debe tomar a la ligera lo que implicará desechar por decisión unilateral a un embrión, dado que ese embrión, por derecho natural, ya goza de un derecho, que es precisamente el derecho a la vida del embrión, el cual ante esta disyuntiva, ahora entra en conflicto serio con otro derecho que también es tutelado por el Estado, y que es el derecho de la mujer a su salud física y psíquica. Es allí donde se presenta la necesidad de tomar una elección deplorable, ya que el Estado deberá determinar cuál derecho merece prevalecer, si el de la vida del embrión o el de la mujer.

La operación resulta difícil, en particular, cuando hablamos de que la misma no está vinculada con principios morales, sino con reglas escritas y estrictas, de derecho puro. Continuará…
12 Octubre 2018 04:00:00
A cien días del cambio
A 100 días del triunfo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su caminar con esta nueva denominación no ha sido de lo más afortunado, y es que en los últimos días su estrategia de gobierno ha enfrentado las primeras pruebas de funcionamiento y por desgracia los primeros sinsabores o fracasos.

Sin duda y de la manera más amarga, el presidente AMLO, en vísperas de tomar el poder, ha empezado a entender que deberá cambiar su estrategia de gobierno basada en la consulta directa a la población, (la cual para mí es más, una maniobra de salvar la cara, que de conocer el sentir de la ciudadanía) para empezar a comportarse como un verdadero mandatario, obligado a tomar decisiones unilaterales.

Para quien dude de esta premisa, debo mencionar que del total de foros realizados por el equipo del nuevo presidente de México, nada bueno ha salido y como muestra están los primeros cuatro foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional realizados en Ciudad Juárez, Torreón, Morelia y La Huacana, Michoacán, convocados por López Obrador para delinear su supuesta estrategia de pacificación, con base en consultas con las víctimas de la violencia y con otros sectores de la sociedad, los cuales según los propios participantes han sido la gran decepción.

Incluso, el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció este domingo que los próximos foros de pacificación serán suspendidos hasta nuevo aviso porque quieren compatibilizar y volver a redactar las propuestas presentadas en estos. Es decir, no habrá más foros por lo pronto, así que los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas deberán esperar a ser escuchados hasta nuevo aviso.

Algo similar sucedió en Guerrero, cuando integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), impidieron la realización del Foro sobre Educación; El evento fue convocado por el Gobierno de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y estaba programado para iniciar a las 10 de la mañana en el Centro Internacional Acapulco, sin embargo, a las 11 de la mañana, el coordinador del Foro y representante de Esteban Moctezuma, Javier Villalpando, informó: “He sido comunicado que este Foro va a ser pospuesto, las condiciones no fueron pactadas para realizar el foro, buscaremos otra fecha para organizarlo, con las fuerzas que representan este estado, yo les pediría su tolerancia y me reuniré con sus líderes para reorganizar y acordar una fecha”, dijo, el representante de Esteban Moctezuma, quien supuestamente será el próximo secretario de Educación.

A pesar de lo anterior, en próximos días se llevará a cabo la consulta relativa a la construcción del aeropuerto, misma que ha sido ya definida y de la cual seguramente poco bueno se sacará, ya que en nada cambiará el resultado el destino de la misma, pero sí seguirá dividiendo a la opinión de los mexicanos, lo cual no era necesario, ya que lo único verdadero es que ya tiene por demás definido el continuar con la construcción del mismo en Texcoco.

Es por todo lo anterior, que el tabasqueño deberá considerar, si es que en verdad le preocupa, dejar de poner a debate todas sus iniciativas, dado que lo único que ha conseguido al hacerlo, es ponerlas en riesgo, lo anterior a pesar de decir que las considera verdaderas posibilidades de solución a los problemas de México. 

05 Octubre 2018 04:00:00
Obispos pecadores
El pasado jueves 27 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, en Piedras Negras, Coahuila, declaró como culpable al aún sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el padre Meño, por la comisión de los delitos de violación calificada y violación en grado de tentativa con abuso de autoridad y confianza, delito que se asemeja al de pederastia, pero que por alguna razón extraña nuestros diputados se niegan a adoptar, todo esto dentro del expediente que se le sigue desde el año 2017, al declarado cura pederasta.

Por consecuencia, de lo anterior, ayer el mismo juzgado decidió imponer al inculpado una pena de 15 años de prisión sin beneficio alguno, en castigo del agravio causado a la sociedad y a la víctima. Cabe mencionar que la Fiscalía solicitó al juzgador que se le impusiera una pena de por lo menos 23 años, mientras que la parte defensora solicitó una condena baja y la posibilidad de enfrentarla en libertad condicional.

Aunque cuestionable la penalidad impuesta, este hecho representa para los coahuilenses el inicio de una nueva etapa en el tratamiento de las conductas inapropiadas que sin duda más de un integrante del clero en Coahuila ha observado en el mal desempeño de sus funciones, es decir, que de seguir con esta disposición de la autoridad de procurar justicia para las víctimas de pederastia, nuestro estado estaría en la ruta correcta para frenar estas conductas que hasta hoy eran encubiertas por la Iglesia católica en complacencia con el Estado.

Entonces, y de ser así, la Fiscalía General del Estado deberá continuar motu proprio las investigaciones que ha dejado pendientes y dar con todos los responsables de estos incalificables hechos. Debemos recordar que el fiscal ministerial Norberto Ontiveros reconoció en marzo del presente año que desde entonces existían ya cuatro denuncias en el estado por abusos cometidos por 11 curas contra menores, todos ellos en seminarios e iglesias católicas de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.

De igual forma y en el mismo tiempo, el activista contra la pederastia clerical Ignacio Martínez Pacheco reveló que tiene 18 nombres de presuntos curas pederastas que han oficiado misas dentro de la Iglesia católica de Coahuila, entre los cuales se encontraban el de Adolfo Villanueva, párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la calle Leona Vicario del Centro de la ciudad, y el de Jorge Alonso Campos Rodríguez, el cual oficiaba misas en las iglesias de las colonias Teresitas y Guayulera de esta ciudad.

Por desgracia, varios de los curas señalados fueron transferidos a otras localidades por la misma Iglesia con el fin de ayudarles a sustraerse de la acción de la justicia, esta acción obliga ahora a la autoridad a encargarse no solo de sacar adelante el trabajo que tiene pendiente en materia de castigo a pederastas, sino también de responsabilizar a los obispos que ocultan a los curas abusadores.

Y es que para nadie es oculto que si de algo se ha ocupado la Iglesia católica ha sido crear una estructura que fomenta ese encubrimiento sistemático que tanto daño ha hecho a sus víctimas y de la cual sin duda alguna forman parte la mayoría de los obispos de Coahuila y algunos cuantos funcionarios estatales.
28 Septiembre 2018 04:00:00
¡Lo menos que esperamos!
El pasado 13 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral publicó una lista de 24 aspirantes que lograron pasar a la penúltima o cuarta etapa del proceso de selección de los nuevos consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.

Recordemos que en este año, en noviembre, terminan su periodo en el Instituto Electoral tres consejeros que fueron elegidos para desempeñar este papel por un periodo de 3 años solamente, por tal motivo el INE lanzó la respectiva convocatoria para sustituirlos.

Para quien no sabía, debo decir que los consejeros electorales desempeñan una función de carácter público, forman parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, el cual es un organismo público autónomo, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos-electorales, velando en todo momento por la autenticidad y efectividad del voto.

Así pues y una vez concluido este proceso de selección, estaremos los coahuilenses en condiciones de conocer a los nuevos tres consejeros electorales que formarán parte de esta nueva etapa del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al cual hasta hoy y desde su constitución en el 2015 le ha ido un tanto regular en la organización de las elecciones que conjuntamente con el INE ha realizado.

Con altas y bajas, aciertos y errores, este nuevo instituto electoral ha enfrentado los últimos procesos eleccionarios en nuestro estado. Es precisamente este instituto el que sancionó la elección gubernamental estatal del año pasado, la cual estuvo a punto de repetirse ante algunas conductas que mostraron los candidatos punteros al momento de la valoración total de ese proceso electoral, así como de algunos cuestionamientos que inicialmente se le imputaron al IEC y que tardó luego en aclarar.

De igual forma, este instituto hasta hoy sigue lidiando con impugnaciones presentadas por algunos actores políticos que se niegan a aceptar los resultados de la elección de este año, y otros que se quejan del manejo de la elección por parte de esta autoridad electoral, situación que mantiene vigente el proceso electoral local 2018 de renovación de ayuntamientos, quedándose muy atrás del federal, que ya ha concluido.

Así pues, en vísperas de la selección de estos nuevos consejeros, a los cuales, dicho sea de paso, se les asignará un salario mensual bruto de $133,456.79 pesos, se hace necesaria la pregunta de si deba o no cambiar de criterios el INE para elegirlos, y lograr con esto mejorar los resultados en la conducción de las elecciones póstumas.

Lo anterior dado que hasta hoy los coahuilenses seguimos añorando una autoridad electoral que luche con el pueblo de manera conjunta para lograr elecciones con justicia, sin favoritismos, y permitiendo que la política sea el único instrumento que recubra la acción de todos los partidos políticos, situación que hasta hoy no la hemos vivido.

Falta mucho por hacer en materia electoral en nuestro estado, por lo que estos nuevos consejeros tienen la obligación de dejar de ser solo una carga burocrática, para convertir al IEC en una autoridad eficiente, que guíe todas y cada una de sus acciones conforme a la ley. Lo que es lo mismo, ¡es lo menos que esperamos!
21 Septiembre 2018 04:00:00
¡Cuánta razón tenías, Rousseau!
Jean-Jacques Rousseau eminente escritor e intelectual del periodo de la Ilustración, sostenía en un tratado de su autoría, que lleva por nombre Emilio, o de la Educación, publicado en 1762, que el hombre es bueno por naturaleza y que es culpa de la sociedad que se corrompa.

Esta aseveración parece que cobra vida en los senadores y diputados de la actual Legislatura federal, la cual se ha distinguido por que los nuevos legisladores se han dedicado a lanzar propuestas y pronunciamientos cargados de un alto sentido social y una evidente buena voluntad. Atrás quedaron ya las constantes iniciativas cargadas de malevolencia e insensibilidad, que invariablemente buscaban poner contra la pared al gobernado.

Ahora, por alguna extraña razón, todos los diputados y senadores son buenos y han creado un ambiente de paz y armonía. En lo que va de la Legislatura no ha habido un solo parlamentario que ocupe la tribuna para proponer un nuevo impuesto o una ley restrictiva de los derechos de los ciudadanos, como era su costumbre.

Incluso, el diputado federal y exgobernador de nuestro estado, el priista Rubén Ignacio Moreira Valdez, manifestó hace días que retomará su propuesta de modificar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la cual intenta prohibir que este organismo ceda, enajene o transfiera a personas físicas o morales los créditos otorgados a trabajadores, aun cuando se encuentren vencidos.

“Es fundamental que no desvirtúe el objetivo con el que fue creado, toda vez que esta institución no fue concebida como un negocio, sino como un derecho de toda persona”. Además, dijo que uno de los principales problemas que trae la enajenación de la cartera en mora de Infonavit es que las empresas que la compran utilizan mecanismos para la cobranza que ponen en riesgo no solo el patrimonio, sino la dignidad de los trabajadores, a través de prácticas fuera de la ley que implican simulación de actos jurídicos, por medio de falsas o ilegales notificaciones de embargo.

Bastante de cierto tienen las aseveraciones que el diputado coahuilense vierte sobre ese instituto federal, el cual, a raíz de una modificación a sus principios, misión y visión realizada en el año 2001, época de Vicente Fox, dejó de ser una institución con sentido social y sin fines de lucro, para convertirse en la más voraz generadora de deudas impagables para los trabajadores y devoradora del salario.

Es extraño que hasta hoy nazca el interés por acabar con los abusos del Infonavit, pero más extraño resulta que quien propone frenar los mismos sea el exgobernador del estado de Coahuila, en donde el año pasado el Poder Judicial del Estado destinó bastantes recursos para dar fluidez a los procedimientos legales promovidos por esta dependencia.

Incluso, fue aquí en donde se permitió que en el 2017 la dependencia se adjudicara ilegalmente las viviendas de cientos de derechohabientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, a los cuales un juez civil del municipio de Torreón les notificó ilegalmente las demandas, a través de un edicto publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que evitó que pudieran defenderse e inevitablemente perdieron su patrimonio. Ojalá Rousseau tenga razón y estas milagrosas transformaciones se sigan dando, por virtud del cambio en las políticas.
14 Septiembre 2018 04:00:00
La independencia de los saltillenses
En vísperas de las fiestas patrias, en las cuales se conmemoran las acciones que pusieron fin a los abusos de los españoles; el presidente del Senado, Martí Batres, el jueves pasado, presentó una iniciativa de reforma constitucional, para prohibir de manera absoluta la privatización del agua en México en cualquiera de sus modalidades. La gestión del agua debe ser pública y sin fines de lucro, señaló el senador en su iniciativa.

Esta iniciativa tiene como principal propósito: prohibir a los estados y municipios celebrar contratos con particulares, otorgar concesiones totales o parciales a estos mismos, para que puedan operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados al agua.

De igual forma, impide otorgar concesiones o contratos a empresas de la iniciativa privada, para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica, o para prestar los servicios asociados a ésta y mucho menos permitir a particulares inmiscuirse en la administración y comercialización del agua potable, es decir, con esta iniciativa se busca evitar toda forma de privatización de la gestión del agua.

De aprobarse la citada propuesta, los saltillenses estaremos en reales posibilidades de recuperar el agua que de manera furtiva entregaron a la empresa Aguas de Barcelona en agosto del 2001, los priistas Óscar Pimentel González, quien se desempeñaba como alcalde de Saltillo, y Enrique Martínez y Martínez, mismo que ocupaba el cargo de gobernador del Estado.

En aquel tiempo, y valiéndose de una serie de argucias y mentiras, el cabildo de Saltillo aprobó la semiprivatización del agua de los saltillenses a favor de la empresa Agbar, permitiéndole adquirir el 49% de las acciones del sistema municipal de agua, llamado en aquel tiempo Simas, en la ínfima cantidad de 8 millones de dólares, lo anterior, a pesar de que el valor de la infraestructura de dicha empresa, según los mismo libros contables, se elevaba a la cifra de 45 millones de dólares aproximadamente.

Cabe mencionar que precisamente el valor de la empresa que se remataba, había aumentado en los dos últimos años anteriores a su venta, esto gracias a que los gobiernos estatal y municipal y la Comisión Nacional del Agua invirtieron en ella una cantidad muy superior a la que los españoles desembolsaron para comprar casi la mitad de las acciones.

Así pues, y por si lo anterior fuese poco extraño, ya una vez en funciones, el municipio de Saltillo otorgó a la empresa accionista minoritaria el control total administrativo y técnico del organismo, permitiéndole hacer de la necesidad del recurso natural un gran negocio.

Desde entonces, y gracias a estos políticos, los saltillenses sufrimos las de Caín lidiando día a día con los abusos y mentiras por parte de la empresa española, la cual no se tienta el corazón al aplicar aumentos constantes a las tarifas de agua y drenaje, y mucho menos para cobrar altos costos por conexión y reconexión a este servicio, el cual para muchas familias es inalcanzable.

Así pues, con esta reforma, el fin de la empresa Agsal se antoja cercano, y con él 17 años de abusos y violaciones constantes a nuestro derecho constitucional de libre acceso al agua. O lo que es lo mismo: ¿quién empieza el grito?
07 Septiembre 2018 04:00:00
Entre corridas y otros delitos
En la apertura del Segundo Periodo Ordinario del Congreso local, la legisladora de Morena propuso una modificación a la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila. Con dicha propuesta intenta que Coahuila vuelva a permitir las corridas de toros, el Congreso tuvo una sesión bastante larga y debatida.

Por otro lado, en el juicio que se le sigue al sacerdote Juan Manuel Riojas, conocido como “El Padre Meño”, y que inició en 2017, se ordenó que el mismo se destrabara y siguiera su curso, por tal motivo se ha señalado el próximo lunes 10 de septiembre como la fecha en que deberá celebrarse la audiencia de juicio oral. De darse los elementos necesarios para el desahogo del total de las pruebas ofrecidas por las partes, probablemente ese mismo día sabremos sobre la culpabilidad o inocencia del exrector del seminario de Piedras Negras, a quien se le acusa de diversos delitos sexuales en contra de por lo menos dos menores de edad.

De igual forma, el próximo 20 de septiembre, en un Juzgado penal de Saltillo, se decidirá si Enrique Busquets Casanova, homicida del niño Carlos Armando Muñoz Valdés, de 11 años, en enero del 99, en Torreón, alcanza o no el beneficio de la liberación anticipada por virtud de su buen comportamiento en prisión, lo anterior, luego de haber purgado sólo 13 de los 20 años de encierro a los que fue condenado.

Debemos recordar que Enrique Busquets fue acusado también de distribuir pornografía infantil, así como de pedofilia. Además, se pudo establecer desde aquel tiempo, que el delincuente sostenía relaciones con otros pederastas y que por medio de él se conectaba a Coahuila con una red nacional dedicada a la trata de niños.

Aunado a lo anterior, en febrero pasado, el mismo fiscal ministerial, Norberto Ontiveros Leza, anunció sobre la existencia de cuatro denuncias formales en contra de 11 sacerdotes de Coahuila. En aquella ocasión dijo que en dichas denuncias, los quejosos revelaron que hay por lo menos otras 11 personas que corrieron con la misma mala suerte a manos de curas católicos y que según los acusadores, los delitos se habrían cometido en el seminario.

El funcionario también dijo, que la dependencia estaba dando seguimiento a la carpeta de investigación de forma oportuna y que, incluso, se tenían las pruebas suficientes para solicitar medidas cautelares a un juez, para que mantuviera controlados o en prisión a los inculpados; sin embargo, desde entonces ya nada se ha dicho de estos casos, por lo que en consecuencia y gracias a la inacción de la autoridad, días después se supo que cinco de estos 11 curas indagados por esa fiscalía habían huido del estado, y que otros tres aún se encuentran oficiando misas.

Es evidente que Coahuila no escapa de esta horrible práctica, y que los niños coahuilenses se encuentran expósitos a sufrir un atentado de este tipo, ya sea en la iglesia, en la escuela o en la calle, lo que se agrava si tomamos en cuenta que hasta hoy Coahuila forma parte de un grupo de 25 estados del país que se resisten a homologar su código penal local con el ordenamiento federal en la materia, concretamente a los delitos sexuales contra menores.

Absurdo se está viendo nuestro Congreso local, que se dedica a discutir cuestiones tan frívolas como las corridas de toros, a pesar de la urgencia de realizar estas adecuaciones.
31 Agosto 2018 04:00:00
Sentencias extrañas
En el panorama político de nuestro estado se avizora una nueva sobrepoblación de partidos políticos estatales, lo anterior dado que hoy existen seis grupos de supuestos ciudadanos demócratas que a pesar de haber tenido registro como partidos políticos, y de haberlo perdido por consecuencia de su nula representación social y su escaso trabajo en favor de la ciudadanía que supuestamente representan, ahora intentan recuperarlo con otro nombre, fingiendo ser genuinas agrupaciones ciudadanas con aspiraciones políticas legitimas.

Por si lo anterior fuera poco lamentable, esta vez el tribunal electoral del estado de Coahuila en un afán por rescatar a toda costa lo más posible, de los restos del sistema político social que va saliendo, con sus últimas resoluciones, se ha hecho de la vista gorda no solo de las omisiones e infracciones que estas seis agrupaciones políticas y sus dirigentes han observado en el proceso de recuperación del registro como partidos políticos estatales, sino que también, ahora dice desconocer las deudas pecuniarias que las mismas asociaciones ya tienen con el estado y que ascienden a por lo menos 26 millones de peso, por lo que sin duda les aplicaran el borrón y cuenta nueva.

Es decir, estas agrupaciones cuentan ahora con el aval incondicional del tribunal electoral local, el cual con extrañas resoluciones, ha ordenado que a ultranza, se les permita concretar sus trámites de registros, aunque carezcan de requisitos elementales, como lo son el allegar la papelería necesaria que debió anexarse en su primer trámite.

Así pues y bajo esta óptica, el pasado 25 de agosto, el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Coahuila tuvo que acatar seis sentencias emitidas por el Tribunal Electoral local, las cuales además de ser confusas, fueron generadas en paquete y en el mismo sentido: obligar al organismo electoral local a que permita que seis organizaciones políticas continúen con su proceso de constitución y obtención de registro como partidos políticos estatales, esto a pesar de que los mismos no cumplieron con los requisitos básico e iniciales para emprender este proceso de registro.

Esto, poco le importó al Tribunal Electoral de Coahuila, así que con fecha del día 2 de agosto, dictó sentencias en las cuales consideró que las omisiones y trasgresiones a la ley electoral vigente, así como al reglamento para la constitución y registro de partidos políticos locales de ese instituto, no eran causal suficiente como para frenar las “inocentes” aspiraciones de estas agrupaciones políticas en la búsqueda de sus nuevos registros como partidos.

Y por el contrario, amagó al órgano electoral local para que no pusiera más piedras en el camino a estos grupos, allanándoles desde ahora, todas las exigencias legales; fundando dichas resoluciones en supuestas interpretaciones garantistas, democráticas y benévolas de la ley electoral, como sí los solicitantes necesitaran más ayuda que la que ya tienen con la tibieza de ley aplicable.

Es evidente que el Tribunal Electoral estatal a alguien busca beneficiar con estas extrañas sentencias, las cuales, de resultar firmes, permitirán la constitución de partidos políticos estatales, los cuales como todos sabemos, siempre son utilizados a contentillo de unos cuantos en las campañas electorales, para influir en el resultado de las votaciones, ¿a quién será?.
24 Agosto 2018 04:00:00
Justicia elemental
Como todos sabemos, el pasado 7 de agosto, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, obtuvo su libertad. Lo anterior, a consecuencia de que las pruebas ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR) para inculpar a la maestra fueran consideradas como insuficientes, según lo dijo el mismo titular del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, al cual no le quedó otra que declarar procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso a favor de Gordillo Morales.

Ya en libertad, la presidenta vitalicia del SNTE, además de sentenciar de muerte a la reforma educativa, declaró en conferencia de prensa que su arresto fue parte de una persecución política. “Aquí tienen la imagen que ha predominado durante 5 años respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente”, aseguró.

Es necesario recordar que Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca acusada de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Elba Esther estuvo al frente del SNTE durante 24 años y formó parte del grupo más importante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando fue elegida secretaria general en 2002, cargo que ostentó hasta 2005.

Por virtud o consecuencia, según se quiera ver, de estos acontecimientos han corrido ríos de tinta y saliva en los principales medios de comunicación, en los cuales se han vertido las consideraciones de quienes piensan tener el mejor punto de vista sobre el caso, pero basando su dicho en la mayoría de los casos, en consideraciones políticas más que legales.

Sin embargo, poco se ha dicho de la única realidad histórica y legal comprobable, la cual nos debe lleva a pensar ineludiblemente, que el proceso judicial en contra de Elba Esther Gordillo, efectivamente, no fue otra cosa más que una persecución política, sin mayor motivación más que el apetito de venganza del Gobierno federal, el cual, en franca represalia por oponerse a la privatización de la enseñanza, tuvo cautiva injustamente a una ciudadana.

El asunto no es para menos, y va más allá de la reforma educativa, ya que es alarmantemente vergonzoso que ante nuestros ojos se haya descubierto que el Gobierno de Peña Nieto, sin un sólo argumento de investigación se permitiera intentar someter la conciencia de la líder sindical a través de la tortura, al privarla de su libertad por largos 5 años. Todo esto en una franca violación a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro estado mexicano.

Y es que la libertad de la maestra pone contra la pared a sus acusadores y evidencia la violación de casi todas las garantías constitucionales, como la de presunción de inocencia, la de igualdad, de legalidad, y del debido proceso e injusta reclusión, amén de los rasgos de violencia de género.

Por lo que no debemos quedarnos satisfechos con lo ocurrido y por salud social, y antes de olvidar el asunto, debemos exigir que los inculpadores (cuatro procuradores generales y un presidente, por lo menos) comparezcan ante tribunales internacionales de derechos humanos para responder por sus indignidades. O lo que es lo mismo, justicia elemental.
17 Agosto 2018 04:00:00
El conveniente Derecho Adquirido
¿A quién no le ha pasado que algún amigo, vecino, pariente o hasta un desconocido, obtiene de ti favores comúnmente, y que el día en que deja de hacerlo el malo eres tú?

Pues bien, este tipo de comportamiento tan común en nuestra sociedad, es conocido como “síndrome del derecho ganado”, el cual implica que cuando las personas reciben de manera constante algún favor o alguna prestación, de parte de quien sea, empiezan a considerar que dicha ayuda, es ahora un derecho ganado, por lo que su cumplimiento puede ser exigible en cualquier vía.

En nuestra ley, esto también sucede y se le ha denominado como: el Derecho Adquirido, el cual se puede definir como el acto realizado que introduce o que gana un provecho, un bien o una facultad al patrimonio de una persona, por causa de la costumbre, benevolencia o del error de otro, por lo que ese hecho luego no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.

Así pues, y por increíble que parezca, este derecho adquirido es ahora el principal fundamento utilizado por los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no reducir sus salarios, los cuales son por demás injustos y escandalosos, ya que rondan entre los 600 y 700 mil pesos mensuales, entre otras prestaciones que ahora dicen se han ganado conforme a esta figura jurídica.

Este alegato de los juzgadores, no es más que la evidencia misma de que para ellos la ley es solo una cuestión de mera utilidad, ya que en los últimos años se han dedicado a alejar del derecho a la justicia, esto con sus resoluciones a modo que han llevado a legitimar los abusos del Infonavit, de los agiotistas, de las hipotecarias, de los gobiernos corruptos y hasta de los miembros de la delincuencia, tal como sucedió con aquella ilustre resolución que puso en libertad a la secuestradora Florence Cassez.

Pero, no vayamos tan lejos en materia de conveniencia en la interpretación de la ley de estos ministros tan abusados, ya que hace algunos meses sancionaron los nuevos estatutos que regirán las relaciones colectivas de los maestros, electricistas y petroleros, en los cuales no dieron ningún valor al ahora proclamado Derecho Adquirido y declararon como válida la cláusula fulminante que dichos estatutos contemplan y que a la letra dice: “el convenio colectivo que sucede a uno anterior, puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquél. En dicho supuesto se aplicará íntegramente lo regulado en el nuevo convenio”.

Es decir, para ellos, en la sucesión de convenios no hay base legal para respetar necesariamente lo pactado en el contrato colectivo anterior. En principio, porque el último convenio deroga en su integridad el anterior y la consecuencia de ello es que no hay derechos adquiridos o condiciones más beneficiosas. Y ni siquiera es obstáculo para ello que la Constitución garantice “la irretroactividad de las disposiciones… restrictivas de derechos individuales”, pues esta regla, según el Tribunal Constitucional, concierne sólo a las leyes sancionadoras no favorables es decir, penales, y a las restrictivas de derechos individuales.

Así pues esa supuesta irreductibilidad legal de sus salarios no existe y lo único que la sostiene es el carecer de la solvencia moral, la cual evidentemente, es lo único que no han adquirido.
10 Agosto 2018 04:00:00
La viga en ojo verdea
En días pasados, Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta sobre los posibles riesgos del fracking o fracturación hidráulica en el suelo mexicano, a lo cual dijo: “No vamos a usar ese método ya para extraer petróleo”. Dijo además, que pondrá fin a la utilización de esta técnica nociva para extraer gas y petróleo, la cual recién ha comenzado a emplearse en algunas zonas del norte del país.

Lo sentenciado por el señor presidente AMLO respecto a la no utilización de la técnica de fracking en el territorio nacional, caló como patada de mula al exgobernador coahuilense Rogelio Montemayor Seguy, quien extrañamente ahora detenta el puesto de presidente del Clúster de Energía de Coahuila.

Este Clúster de Energía Coahuila, A.C., que preside Montemayor, es una Asociación Civil, constituida precisamente en marzo de 2014. Fecha en que se anunció la llegada del fracking a Coahuila, por lo que se dice fue ideada para responder a los desafíos de la Reforma Energética y tiene como finalidad proveer de capital humano y especializado y de gestionar las licencias a los inversionistas para extraer energéticos.

Así pues, el presidente de esta A.C. visiblemente molesto pidió prudencia para interpretar el alcance de las declaraciones del presidente López Obrador. Además hizo un reclamo duro al advertir que este es un país de leyes y que las mismas deben cumplirse, ya que de querer romper los convenios firmados por el estado mexicano con las empresas extranjeras que su asociación civil representa, traería el riesgo de que las partes afectadas demanden al Gobierno Mexicano en tribunales internacionales, y que México tenga que pagar millonarias sumas en concepto de indemnización a sus agremiados.

Tal parece que el exgobernador olvida que no es bueno ver la paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en el suyo (por verde que este sea), ya que las leyes que ahora invoca, no son precisamente sus amigas, y es que en 2002, fue acusado de peculado, principalmente por el supuesto desvío de recursos públicos, en lo que fue conocido como Pemexgate y ahora mismo, se le señala como operador clandestino de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores, y que dicha operación la realiza a través de una lavadora de carbón que presuntamente le pertenece.

Entonces, de ser ciertos o no los señalamientos que persiguen al exmandatario coahuilense, los mismos son razón suficiente para considerarlo como inelegible para el puesto de presidente de esa extraña asociación civil de nombre Clúster de Energía Coahuila, A.C., lo anterior, dado que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 24 exige la mayor honorabilidad a las personas que constituyen personas morales, que trabajen de manera conjunta con el estado, tal como sucede con esta Asociación.

Así mismo el artículo 25 de este mismo ordenamiento establece que la integridad de las personas morales que trabajen para el estado, se presumirá sólo si cuentan con una política de integridad y con políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.

Aunado a la exigencia de la implementación de mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Requisitos todos que evidentemente incumple esta extraña asociación civil.
27 Julio 2018 04:00:00
Desfalcado y sin dignidad
Hace días, otro grupo de abogados protestó en el despacho de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y es que sin duda el desfalco realizado desde el año 2014 al Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia del Poder Judicial de Coahuila sigue siendo la causa de las deficiencias en su funcionamiento y, por consecuencia, de las molestias. Este fondo tiene como objetivo principal la capacitación constante del personal y la mejora continua de su infraestructura.

Para quien no lo sabía, el citado fondo en el 2014 tenía acumulada la cantidad de 126 millones 938 mil 787 pesos con 40 centavos, según la información dada por la Auditoría Superior del Estado, recurso que inexplicablemente fue desviado de su finalidad e invertido en una caja de ahorros que funcionaba como sociedad financiera popular (Sofipo) llamada Ficrea.

Sí, así como lo leyó. El recurso de este fondo de mejoramiento que se constituye principalmente con el producto de multas, fianzas y garantías que imponen los jueces a los gobernados en procesos penales y civiles, que es público y que es manejado por una entidad pública, fue sustraído de su fin en el año 2014 he invertido en una sociedad de ahorro, sin que a la fecha se haya esclarecido con puntualidad quiénes autorizaron dicha operación.

Por si lo anterior fuera poco absurdo o poco lamentable para la justicia coahuilense, meses después de haberse realizado esta ilegal transacción, en el mismo 2014, la CNBV anunció que intervendría a esta financiera Ficrea por sospechas del delito de lavado de dinero, lo que confirmó en 2015 y ordenó su liquidación; ante esto, sus accionistas decidieron desaparecer junto con el recurso de nuestro fondo para el mejoramiento de la justicia y con el recurso de muchos otros incautos, que al igual que nuestra justicia coahuilense, siguen echando de menos ese dinero.

Así pues, y desde entonces, las carencias en el sistema de justicia estatal son cada día más evidentes. Los problemas en los juzgados son muchos y de todo tipo, las audiencias en los juicios orales familiares y mercantiles se celebran en salas inadecuadas, muchas de ellas jamás fueron acondicionadas para esta nueva modalidad de juicios orales; pocos funcionarios atienden los procedimientos familiares y lidian día a día con una exagerada carga de trabajo; los acuerdos que no deben demorar más de 5 días, según la ley, llegan a tardar hasta dos meses en ser dictados, violentando con esto el principio de expeditez en la administración de justicia consagrado en el Artículo 17 constitucional.

Así mismo, la falta de capacitación al personal de los juzgados empieza a hacer mella en su desempeño. Los ciudadanos encuentran todos los días acuerdos faltos de compromiso y sensibilidad dictados por personal que carece de capacitación continua y que, sin embargo, conserva la obligación de resolver los problemas legales que afectan el patrimonio, la estabilidad emocional y familiar de los ciudadanos.

Sin duda, a la presidenta del Tribunal le urge recobrar la confianza de los ciudadanos y litigantes, aunque más urgente debiera ser el recuperar la dignidad del Poder Judicial de nuestro estado, ya que presidir un poder dedicado a impartir justicia, pero que lleva el estigma de haber sido descaradamente defraudado y sin responsables a la fecha, sin duda debe pesar más que los mismos millones de pesos faltantes.
20 Julio 2018 04:00:00
Todo es para bien
Aún no se alcanza a evaluar lo perdido en la elección pasada por los partidos que hasta ahora han gobernado a nuestra nación y sus estados, como tampoco se ha cuantificado lo ganado por los ciudadanos con ese resultado tan abrumador. El revés electoral sufrido tanto por el PRI como por el PAN es mucho más grave de lo que a simple vista se pudo descifrar el día de la jornada electoral y mucho más benéfico de lo que lo ciudadanos hemos llegado a imaginar.

Diecinueve de los 32 gobernadores del país perdieron en esta elección el control de sus congresos locales para entregarlos a los candidatos postulados por la coalición integrada por Morena, PT y Encuentro Social, quienes tendrán mayoría en esos 19 congresos estatales, lo que, dicho sea de paso, pone a Andrés Manuel en la franca posibilidad de hacer prosperar cualquier reforma constitucional que desee, ya que con estos números tiene un poco más de los que se necesitan para aprobar cambios constitucionales en coordinación con el Congreso
federal.

Aunado a lo anterior, debemos saber que este despojo de poder que sufrirán los gobernadores estatales era por demás necesario, ya que a partir del próximo año, los poderes legislativos estatales serán factor verdadero de equilibrio de estos ejecutivos, y con esto se estará en la posibilidad real de amarrar las manos de los mandatarios estatales para quitarles el control de las finanzas públicas y evitar las tragedias económicas que provocaban las voraces actuaciones de gobernantes priistas y panistas en las entidades que gobernaban.

De igual forma, consideremos que, a partir de ahora, los gobernadores actuales que estén abusando del erario público, que lo hayan hecho o que pensaban hacerlo encontrarán en el futuro un enclenque apoyo de sus bancadas dentro del Congreso de la Unión para contener las investigaciones sobre sus desvíos como había sucedido hasta hoy, por lo que desde ahora deberán conducirse con el oprobio necesario en el manejo de las finanzas estatales, como jamás lo habíamos visto.

Así pues, hace algunos días el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que utilizará la figura de “coordinadores estatales del Gobierno federal” en todas y cada una de las entidades que conforman el territorio nacional para evitar, en primer término, que las dependencias federales gasten cantidades exorbitantes de dinero en sus delegaciones estatales, que se dupliquen sus funciones, que sean dichos cargos premios políticos y que se desvíen recursos o que se ejerzan con
favoritismos.

Este esquema alentaba la corrupción e imposibilitaba la rendición de cuentas, ya que, a pesar de que todo el dinero que usaban las delegaciones federales en los estados era de Hacienda, extrañamente, eran el gobernador y su Congreso local quienes supervisaban el gasto de ese dinero, alentando sin duda la colusión de los delegados con los gobiernos estatales (Dragón Rojo).

Es evidente que los motivos de esta reestructuración de estado: ahorro, corrupción, eficientar la administración pública, podrán ser lo que determinen que las propuestas del nuevo Mandatario prosperen o no, pero lo que sí es que, como nunca, este país está luchando por cambiar las cosas para bien, porque, hasta hoy, todo indica que así será.
13 Julio 2018 04:00:00
Predicciones 2024
El pasado martes 10 de julio venció el plazo para que quienes se consideraran con derecho o con razón de impugnar la elección presidencial lo hicieran de manera formal,ante los órganos electorales, y tal parece que nadie se atrevió a cuestionar o a poner en duda la legalidad de la elección vivida en México el pasado día primero.

Lo anterior nos lleva a concluir que la constancia de mayoría que convertirá a Andrés Manuel López Obrador en el presidente legítimo para el periodo 2018-2024, le podría ser entregada antes del 6 de septiembre, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin mayor contratiempo.

Así pues, y de seguir las cosas como hasta ahora, las primeras predicciones de la mayoría de los mexicanos se han cumplido a cabalidad, ya que desde el inicio de esta elección presidencial, una gran parte de los ciudadanos tuvimos la certeza de que el triunfo de Andrés Manuel seria aplastante y que a partir del próximo primero de diciembre de 2018, la izquierda seria la que gobierne al segundo país más grande de América Latina por primera vez en décadas.

Y es que, no era necesario ser un gran profeta para suponer que la corrupción y la violencia habían tocado el límite de la paciencia de los mexicanos, y que por consecuencia o virtud, según se quiera ver, los electores se volcarían hacia López Obrador, el cual nuevamente aprovecharía el ser un rostro muy reconocido gracias a sus pasadas dos candidaturas a presidente.

Así que,dejemos de llamarnos sorprendidos o de seguir jugando a las predicciones, ya que desde el arranque de esta campaña que está por concluir el futuro de México estaba más que claro y lo sigue estando, ya que ahora tenemos como pocas veces a un presidente electo de manera legítima, con propuestas e ideología bastante claras, como nunca.

Debemos saber que gracias al apoyo de los ciudadanos, a los candidatos a diputados y senadores de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador se podrá convertir en uno de los presidentes más poderosos que haya visto México en mucho tiempo, por lo que tendrá la plena posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro país con solo plantearlo,

Ya el miércoles pasado, el candidato ganador de la elección presidencial dio a conocer las primeras reformas que se impulsarán durante su próxima gestión, entre las cuales se encuentran: las de crear una Ley Reglamentaria sobre salarios máximos; la abolición de fueros y privilegios, hacer como delitos graves los actos de corrupción, robo de combustibles y el fraude electoral; revocar decretos sobre privatización del agua; revocar Leyes de la reforma educativa; Incorporar al artículo 3 constitucional el derecho a la educación superior; la revocación de Mandato y ajustar la administración pública federal al plan de austeridad, sin despidos de trabajadores de base, entre otras muchas, todas en función de su proyecto de nación.

Así que, no es necesario ver la bola mágica para saber que a partir de ahora y por lo menos hasta el año 2024, los mexicanos veremos una transformación integral en las políticas públicas de nuestra nación, las promesas de campaña del candidato ganador de la elección presidencial mexicana se cumplirán en lo substancial, más allá de la venta del avión presidencial y de convertir la residencia de los pinos en un parque público, que es lo que menos importa a los mexicanos.
06 Julio 2018 04:00:00
No somos agachones
En el 2013 una ciudadana de nombre María de la Luz Sánchez Treviño, de 86 años, irrumpió en YouTube y en un video que pronto se viralizó dirigió un discurso a los mexicanos (Transcribo sólo una parte de su mensaje de 13 minutos con 46 segundos) en el que decía:

“Yo traigo una cosa muy adentro que quiero platicar con ustedes, mis queridos compatriotas”. Y se soltó.

“Quiero notificarles mi sentir de lo que nos está pasando con estos gobernantes, que no son más que unos rateros disfrazados, disfrazaditos nada más, pero que no dejan de ser rateros. Robar. Es lo único que saben. Yo creo que para eso estudiaron: para robar. Para amolar al pueblo. Al fin que son indios, al fin que están acostumbrados a comer frijoles. ¿Y ustedes qué? ¿Qué se creen?”

“Los mexicanos somos muy tontos. Perdonen la palabra, la expresión. Somos agachones. No sabemos defendernos de esta bola, de esta lacra de sinvergüenzas que no podemos quitarlos. Suben la leche, suben el huevo, suben todo. ¿Y qué? ¿A fin que a ellos qué les preocupa? La pobre gente, esa es la que sufre; no tiene qué comer”.

Y es que el discurso de doña María de la Luz, obedecía al informe que en ese mismo año rindió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el cual se reveló, que la pobreza en México había aumentado de 52.8 a 53.3 millones en el periodo 2010 a 2012; Como respuesta a tal información, el actual Gobierno federal organizó dos conferencias casi al mismo tiempo. En una, Rosario Robles y Luis Videgaray, titulares de Sedesol y Hacienda respectivamente, se dieron a la tarea de matizar este informe. En la segunda, como una franca cortina de humo o distractor, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que tres acusados de asesinar a un subteniente de Marina en Michoacán eran Caballeros Templarios confesos. Gracias a la “caja china” la nota de la pobreza fue sepultada con el anuncio policiaco y en los días posteriores la clase política, poco tocó el tema de los datos del Coneval.

Angustiado, José Woldenberg escribió: “Somos como sociedad y como sociedad política insensibles. No existen la voluntad, ni las políticas de gobierno para acabar con la pobreza. Lo cierto es que la medición de la evolución de la pobreza por parte del Coneval no produce los ecos permanentes que debería. Quizá la razón más profunda sea que la desigualdad es ancestral. No se inventó ayer ni antier. Las décadas y los siglos pasan y parece inconmovible. Y por supuesto nos hemos acostumbrado. No conmueve, no indigna, no moviliza”.

Así pues, respecto a estas sentencias, alguien dígale a doña María, que el pasado 1 de julio, los mexicanos despertamos para dar un tremendo ejemplo al mundo de que no somos tontos, que tenemos dignidad y que de agachón como ella lo identificó, no tenemos nada, ya que con un plumazo, los mexicanos espantaron al PRI de Peña Nieto y al PAN de Fox y Calderón, los cuales rondaban amenazantes y escudados en falsas campañas y amenazas, mismas que poco importaron.

Y de la insensibilidad de los políticos a la que se refería Woldenberg, también ya se han encargado estos mismos mexicanos que acudieron el domingo pasado masivamente a las urnas dando con esto el mensaje de que el poder nunca fue de la clase política y menos de aquella insensible y mal agradecida de la confianza que en el pasado se le depositó.
29 Junio 2018 04:00:00
Elecciones de Dios
A partir del primer minuto de ayer jueves 28 de junio y con el propósito de que la ciudadanía haga un verdadero ejercicio de reflexión democrática, previo a los comicios del próximo domingo, los partidos políticos deberán abstenerse de realizar cualquier acto de proselitismo o propaganda electoral. Para lograrlo, debemos analizar todo lo que hemos escuchado o sabido sobre el proceso electoral, los mensajes de los candidatos, la opinión de las personas profesionales del periodismo y de las que no lo son.

Y dado que poco hemos oído respecto a la postura de las iglesias sobre este importante acontecimiento, quizá por motivo de la veda que la ley les impone, o también porque varias de ellas consideran que esta cuestión electoral es un asunto meramente mundano y que por ser así, poco les incumbe, intentaré hacer un breve resumen de lo que encontré bajo la instrucción de mi pastor respecto a lo que la Biblia dice en relación con las elecciones, dado que no debe haber un ejercicio reflexivo sin la perspectiva de todos los sectores, tanto de la Tierra como del Cielo, ya que, a mi juicio, sería una meditación incompleta.

De entrada, he de decir que el libro sagrado, en su Salmo 24, versículo 1, dice con claridad: “Del Señor es la Tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan”. De igual forma, en 2 de Crónicas, versículos del 7 al 14, Dios dice: “y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra”.

De lo anterior debemos entender que es Dios quien permite que el pueblo elija a sus autoridades y que si se equivoca en su elección, sólo con la ayuda de un buen clamor nos quitará semejante castigo.

La Biblia también toca a los corruptos en Isaías 10, versículos del 1 al 3, al decir: “¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!”.

En Lucas, capítulo 12, versículo 48, se establece: “A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él; y al que mucho le han confiado, más le exigirán”. Es decir que el corrupto tarde o temprano pagará, así que no se frustre cuando los vea tan campantes.

Y si usted piensa que nada dice la Biblia respecto al abstencionismo, déjeme aclararle que en Ester capítulo 4, versículos 13 y 14, la Biblia claramente dice: “No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis”.

En resumen, la Biblia dice que somos responsables de bendecir a nuestro pueblo a través de nuestra oración, lo que podemos traducir en buen comportamiento y participación; dicha instrucción debe llevarnos a entender que sea quien sea el próximo Presidente de nuestra nación, los mexicanos debemos apoyarle con nuestro compromiso, participación directa y buenas acciones, de lo contrario será imposible que por sí solo desempeñe un buen papel como gobernante.

Lo que es lo mismo: ¡no pida sin involucrarse y participar!
22 Junio 2018 04:00:00
¿Por qué participar?
Estamos a menos de 10 días de las elecciones, tiempo suficiente para comparar y conocer más las propuestas de los candidatos, ya que sólo así podremos llegar a la urna y emitir un voto libre e informado.

De igual forma, es ahora el tiempo justo para reconocer que sólo con nuestra participación reflexiva y comprometida lograremos que este proceso eleccionario represente un verdadero paso para la construcción de un estado democrático, el cual, por desgracia, jamás ha podido construirse sólidamente por causa de la poca cooperación de los ciudadanos.

Debemos entender que la participación ciudadana es el corazón de la democracia y sólo así puede concebirse dicha palabra, es decir, no puede haber democracia sin la presencia de los ciudadanos en la política.

No debemos permitirnos el pensar que no pasa nada si no nos implicamos en los asuntos públicos y seguir quejándonos luego de que la sociedad mexicana no tiene poder en el entablado político. Desde hoy debemos imponernos como meta el participar cada día más en las decisiones de estado, pero además transmitir la importancia de nuestra participación política, ya que el único tipo de democracia que puede existir es el que nace continuamente del pueblo.

Así pues, bajo las anteriores premisas, no nos queda otra que reconocer que el futuro de nuestro país está en nuestras manos y que dependerá enteramente de nosotros el dejar atrás procesos electorales cuestionados por su falta de legitimidad, para pasar a procesos electorales transparentes, equitativos y sobre todo socialmente legitimados con nuestra participación, que es la parte más importante.

Sólo con nuestra intervención lograremos que las autoridades electorales entiendan que nosotros ya no nos conformamos sólo con el cumplimiento de la Ley Electoral, sino que ahora y después de tan triste y lamentable desempeño de nuestros actuales gobernantes y representantes en todos los niveles de gobierno y legislativos, exigimos actores políticos verdaderamente comprometidos; autoridades electorales competentes y justas, pero sobre todo gobiernos que no se entrometan en las decisiones que sólo a la sociedad le corresponde tomar.

Es ahora, justo cuando estamos en una coyuntura delicada, ante una profunda crisis de valores en nuestros políticos, una administración pública plagada de corrupción que sólo ofrece una extrema inseguridad pública y social, que nos tiene pisado el fondo, por lo que no nos queda más que convertir este escenario en un escenario de oportunidades.

Los mexicanos tenemos décadas luchando contra la corrupción que se ha establecido en todas las instituciones públicas, por lo que no debemos dejar pasar esta valiosa oportunidad para obligar con nuestros votos tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales que luchen con nosotros.

Si participamos decididamente en esta elección, el próximo 1 de julio será importante y crucial para los mexicanos, pero mucho más importantes serán los días siguientes al mismo, en los cuales habrán de conformarse las nuevas fuerzas políticas del estado, ahora sí, legitimadas por la ciudadanía. De ser así, el despertar del mañana tendrá una nueva mayoría, la del poder del pueblo, por lo que deberemos estar listos para asumirla, empezando por obligar a los electos a obedecer fielmente nuestro mandato.
15 Junio 2018 04:00:00
La alternancia que se ve venir
Hasta antes del tercer debate presidencial, quien esto escribe pensó que sería este el mejor de los tres; ilusamente, me asaltó la idea de que en esta oportunidad alguno de los debatientes tendría algo impactante reservado, es decir, algo suficientemente importante como para cambiar el rumbo de las tendencias hasta hoy más que definidas.

El tercer debate presidencial concluyó y sin duda fue una gran decepción para los antilopezobradoristas, y no porque yo considere que fue AMLO quien mejor figuró en el mismo, sino que, no ocurrió el milagro que este sector esperaba. El debate fue completamente intrascendente y el resultado se resume en la sentencia vertida por el español Antonio Solá: “La contienda presidencial está saldada en favor de López Obrador”.

Y creo que tiene razón, hasta hoy no ha habido poder humano que logre bajar a López Obrador en las encuestas y yo creo que ya no lo habrá en lo que resta de tiempo para la jornada electoral. Hasta los enemigos de López Obrador reconocen en su análisis postdebate que este arroz ya se coció, o como dijo el hermano de Margarita Zavala “esto ya valió madres”.

Bajo esta perspectiva, es evidente que el tercer debate no cambió en nada las cosas, entonces, y por consecuencia o virtud, según usted lo vea, debemos reconocer que quien más se benefició del mismo lo es sin duda el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el cual, hoy más que nunca, debe sentirse satisfecho y seguro de su triunfo en esta elección que concluye el 1 de julio.

De confirmarse la anterior hipótesis y de sostenerse la tendencia tan marcada en el ánimo de los electores, debemos, entonces, reconocer que estamos ante la inminente llegada de una verdadera transición política a nuestro país, de una real alternancia en el régimen de gobierno, de un importantísimo momento histórico para nuestra nación, el cual, sin duda, cambiará el rumbo de nuestra patria y nos debe llenar de esperanza y regocijo.

Y es que si bien es cierto que será difícil que México de la noche a la mañana supere las casi permanentes crisis económicas y sociales, lo que sí veremos con la llegada de una nueva forma de Gobierno legítimamente constituida y electa es la culminación de una arraigada crisis política sin liderazgos en el Gobierno y sin una oposición suficiente, la que nos tenía sin alternativa clara de salida.

Con la llegada del nuevo régimen decidido por la mayoría, los mexicanos estaremos en la ruta correcta para encontrar las respuestas a nuestros problemas, pero ahora sí desde una perspectiva clara y no desde el entorno falso en el que aparentemente todo está bien a pesar de no ser cierto; y es que si hay algo que les ha salido bien a los gobernantes ha sido el perfeccionar un sistema político de simulación, en el que todo parece estar bien, aunque poco funcione en la realidad.

La alternancia política que se ve venir, ahora sí deberá ser responsabilidad de todos y deberá significar para nosotros una nueva oportunidad de reestructurar el poder, pero de manera conjunta con los actores políticos. Es casi inevitable que el próximo 1 de julio México cambie el rumbo de su historia y este cambio nos pertenece y nos obliga a todos, ya que será la primera señal de que los mexicanos habremos recuperado el poder que habíamos cedido.
08 Junio 2018 04:00:00
Echando leña al fuego
No es mi intención el echar más leña al fuego y mucho menos en este momento en que un voraz incendio forestal en la sierra de Arteaga está a punto de romper récord de hectáreas devastadas, lo que ya se ha vuelto una tradición en nuestro estado. Pero sin duda, es necesario advertir que existe poco interés de los gobernantes para aplicar verdaderas políticas públicas y estrategias para prevenir y combatir incendios forestales, lo anterior a pesar de que en los últimos años Coahuila ha sido un mal ejemplo nacional en materia de conservación del medio ambiente.

Lejos se ve la intención de nuestros gobernantes de poner mayor atención a esta problemática. Incluso, no recuerdo haber visto en alguna plataforma política o propuesta de Gobierno de ningún candidato o partido político, la intención de implementar estrategias públicas para prevenir y reducir riesgos de incendios forestales, al menos no en los últimos seis procesos electorales locales o en el actual.

Y para muestra un botón: hace algunas horas, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Coahuila, dijo que aunque aparentemente el incendio de la sierra de Arteaga fue ocasionado por un cortocircuito en un poste ubicado en la comunidad montañosa de Las Copetonas, no se ha contemplado un castigo para la compañía que lo pudo ocasionar.

Al cuestionarle sobre si las autoridades buscan algún castigo para los causantes, la titular ecológica del Estado, respondió: “Pues no, es un accidente, nadie quiere que sucedan estas cosas. La recomendación es mantener en buenas condiciones las instalaciones eléctricas”.

Es evidente que para la funcionaria estatal Eglantina Canales, el siniestro, que ha consumido ya aproximadamente 600 hectáreas de flora y fauna, entre los que se encuentra el tan emblemático pino, no es más que una eventualidad, por lo que poco importan las causas que lo ocasionaron. Ella misma ha adelantado que dicho desastre natural se reduce a un accidente, por lo que debemos abandonar la idea de que se pueda castigar a un posible culpable.

Sin duda la titular de la SMADU parece desconocer que es el estado quien debe evitar y controlar este tipo de incendios, no sólo con campañas de recomendaciones para la población o con el endurecimiento de penas para los ciudadanos que por descuido o de manera deliberada causen un incendio forestal, ya que estas alternativas, al menos en Coahuila, de nada han servido en la prevención y mucho menos en lo relativo a la reparación del daño ocasionado.

Entonces si tomamos en cuenta que los gobiernos en turno saben con precisión cuáles son las zonas caracterizadas por sus frecuentes incendios forestales, y a pesar de ello no han adoptado medidas eficaces para el manejo de estos siniestros, como la implementación de Cortafuegos, la adquisición de equipo pesado (vehículos contraincendios, camiones equipados con cisternas de agua, perfiladoras niveladoras a motor, redes de radio) la construcción de puntos de recolección de agua y bases técnicas bien distribuidas, o por lo menos el adiestramiento constante de comités locales de lucha contra incendios, no nos queda otra que advertir a la titular de Medio Ambiente en nuestra entidad que: al parecer, los culpables sí existen.
01 Junio 2018 04:00:00
Veladas amenazas
Ante la proximidad de la elección presidencial en México, el nerviosismo de algunos empresarios se empieza a manifestar, y más ahora, cuando las encuestas dan como probable triunfador al candidato de la alianza Juntos Haremos Historia conformada por el PT, Morena y Partido Encuentro Social.

Por tal motivo, en días pasados un grupo de empresarios en su mayoría mexicanos, no dudó en arrancar sendas campañas negras al interior de sus empresas, en la cuales “invitan” a sus trabajadores a no votar por un gobierno populista, advirtiéndoles de un inminente despido, como consecuencias de la implementación de dicho régimen y lo que es lo mismo, por desatender dicha recomendación.

Así pues, en el pasado mes de mayo, las compañías Grupo Herdez, Vasconia, FEMSA y Finsa, advirtieron a sus trabajadores que deben prepararse ante una posible crisis económica en el país, derivado de las elecciones presidenciales, difundieron videos en redes sociales en los que se invitó a los empleados a ejercer el voto de manera razonada, pero se les habló sobre las consecuencias que pagarán por el triunfo de un Gobierno de izquierda; en otros casos, presidentes de estas firmas comerciales criticaron las medidas populistas de gobiernos pasados que llevaron a México hacia crisis económicas alarmantes, por lo que insistieron a sus empleados en razonar su voto.

Por su parte la firma Palacio de Hierro, del empresario Alberto Bailléres, quien es el segundo hombre más rico de México, llamó a votar por el candidato que tenga mayor probabilidad de vencer a AMLO y la cadena comercial Chedraui puso en las áreas de descanso de sus empleados carteles con las preguntas: ¿Qué es la democracia? y ¿Qué es el populismo? Al mismo tiempo, la empresa señala en dichos anuncios que Cuba y Venezuela son los únicos países de la región que no tienen elecciones libres y democráticas.

A decir verdad, nada malo tendría que estos empresarios externaran sin temor sus preferencias políticas, ya que si bien es cierto, uno de los derechos fundamentales que mayor tutela el estado, lo es el derecho a la libre expresión de ideas, por tal motivo estas manifestaciones públicas respecto a su personal inclinación partidaria o ideológica deberán considerarse como el ejercicio de un derecho inalienable.

Sin embargo, el problema surge cuando estas manifestaciones se convierten en amenazas veladas patronales, las cuales son lanzadas con el propósito de someter la conciencia de sus trabajadores en franco agravio al derecho humano de ejercer el voto de una manera libre y sin presiones de cualquier tipo.

A pesar de lo anterior, hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado respecto a las medidas que emprenderán para evitar que se sigan reproduciendo estas conductas delictivas y lacerantes en contra tanto del sector obrero, como de la democracia mexicana y del voto libre como derecho humano.

Por consecuencia de lo anterior, la flagrante violación a la ley electoral y a la Constitución por parte de estos empresarios, aunada a la pasividad de nuestras autoridades, nos darán a pensar que algo tiene de razón el candidato izquierdista cuando dice que el sector empresarial se encuentra coludido con el Gobierno federal, ya que no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. O lo que es lo mismo “se sienten los dueños de México”, como también ha dicho.
25 Mayo 2018 04:00:00
Crónica de un debate fallido
Todo parecía fluir sin complicaciones, la fecha prevista se había vencido, los candidatos llegaron al segundo debate presidencial organizado por el INE con poca preparación y con nada nuevo, en ceros, con las ventajas y desventajas que las encuestas les concedían, conscientes todos de que ganar un debate no implica ganar una elección e incluso que perder un debate puede no ser una gran derrota si con ello no pierden la ventaja.

Esa fue, sin duda, la dinámica del pasado domingo en el debate que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Pareciera que a los candidatos poco les importaron las encuestas al momento de preparar y planear sus intervenciones o quizá sus equipos no les advirtieron de que no debe ser la misma estrategia cuando vas adelante, en segundo o en último lugar.

Aunque, a decir verdad, es muy difícil que un ciudadano termine decepcionado de su candidato a menos que cometa algún error fuerte o que abandone deliberada y abiertamente su ideología o alguna postura que lo haya convencido a seguirlo.

Así pues, el debate fue plano, ninguno de los contrincantes observó algún comportamiento extraordinario, espectacular que no se esperaba, es decir, que diera la gran sorpresa.

Muy cuidados todos, demostrando el terror que tienen de cometer un error grave, ya sea de ignorancia o de postura ante un tema, para no dar la oportunidad al otro de aprovecharse o que el ciudadano lo castigue.

Ninguno reveló alguna información nueva, dura, escandalosa suficiente para cambiar el rumbo de la conversación de la campaña a favor o en contra de un candidato.

Esta es la real crónica del segundo debate presidencial, el cual dejó las cosas relativamente igual, el cual nada nuevo trajo y siguió dejando los cambios del marcador al desarrollo de la campaña misma.

Así pues, sólo nos resta esperar el tercer y último debate, ya que, a decir verdad, en este los únicos personajes que ganaron espacio, aunque en forma negativa, fueron Trump, Josefina Vázquez Mota y Nestora Salgado, los cuales muy a su pesar fueron mencionados en reiteradas ocasiones tanto en el debate como en el posdebate.

Sin duda, el formato sigue siendo bueno, pero no suficiente como para hacer lucir a nuestros políticos, los cuales no brillan aunque les pongan público presente ni una bonita escenografía.

En resumen: ninguno superó las expectativas, ninguno se desenvolvió mejor, por lo que el único beneficiado, aunque a muchos les duela, fue AMLO, porque supera un nuevo obstáculo sin muchos problemas y si no pierde muchos apoyos, aumenta la probabilidad de su triunfo.
18 Mayo 2018 04:00:00
Nos lastima Margarita
Aunque muchos se dicen sorprendidos ante la renuncia de la única candidata independiente, para mí, su declinación era sólo cuestión de tiempo, y es que dicha dimisión se da en un momento por demás significativo en la insípida campaña de la exprimera dama Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, y es que precisamente fue un día después de que la encuestadora Consulta Mitofsky revelara que Zavala cuenta con el 2.9% de las preferencias, es decir, casi un punto menos respecto al sondeo de abril.

Así pues, desde el martes pasado, Margarita Zavala anunció su renuncia durante la grabación de un programa televisivo, sin embargo, su confesión se dio a conocer antes de la transmisión del mismo; en dicho programa, la candidata independiente dijo fundar su decisión en un supuesto principio de congruencia y honestidad política, lo que a todas luces resulta falso y contradictorio, ya que ella misma, el pasado 26 de abril, descartó cualquier posibilidad de renunciar o declinar a favor de otro candidato y aseguró que haría toda la campaña.

“Yo haré toda la campaña y quienes deciden son los ciudadanos”, dijo.

Aunado a lo anterior, debemos tomar en cuenta que este anuncio de la independiente se da también, un día después de que el candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, anunciara que buscaría a la expanista para que declinara a su favor y con ello “consolidar un proyecto ganador” rumbo a las elecciones del 1 de julio próximo.

Ante tal panorama, es evidente que tanto la candidatura como la renuncia de Zavala, son actos previamente concertados por las cúpulas de los partidos mayoritarios y los operadores políticos del Gobierno en turno, por lo que, sin duda, las postulaciones de los independientes fueron instituidas con el único fin de buscar la dispersión del voto genuino.

Sin embargo, ante el crecimiento permanente e inesperado del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, esta dispersión se comenzó a concentrar en las propuestas emanadas de un mismo régimen, es decir, que la dispersión del voto que en elecciones pasadas tanto les ayudó, ahora les resultaba nociva, por lo que no tuvieron otro remedio más que el de cambiar de estrategia y olvidar esta dispersión, para buscar ahora la unificación de todos los votos de los simpatizantes del actual sistema de Gobierno. Así pues, respecto a la renuncia de doña Margarita, nada nuevo hay en las estrategias de campaña en esta sucesión presidencial; es evidente que la dimisión de la candidata independiente siempre estuvo considerada por su equipo, sino cómo explicar el poco dinamismo de su campaña, la prematura renuncia a los recursos públicos, sus discursos apresurados y los nulos compromisos de la candidata con los sectores específicos de nuestra sociedad.

Aceptémoslo, la candidatura de Margarita fue un gran engaño para la sociedad mexicana, al igual que su independiente aspiración, alejada del sistema de complicidad, corrupción, violencia e impunidad que tanto daño ha hecho a nuestras instituciones públicas y su renuncia la más cínica farsa para apoyar al régimen gobernante que aplasta el dinamismo social y sofoca la democracia mexicana. Qué lástima, Margarita, que seas tú quien ahora nos lastima.
11 Mayo 2018 04:00:00
La elección en los tiempos de las redes sociales (Parte final)
Nuestro país afronta una importante etapa electoral, poco ordinaria por distintas cuestiones, entre las que destacan la excesiva información que sobre la misma y respecto a los candidatos se ventila en las redes sociales, tan es así, que diversos analistas han llegado a vaticinar que esta elección será la primera en la que dichas redes tendrán una incidencia importante en el resultado de la misma, sobre todo porque su uso se ha masificado de manera extraordinaria y porque los candidatos son bastante activos en ellas, conscientes sin duda, de que es una herramienta portentosa que ayuda como pocas al posicionamiento de su imagen.

Así pues, y ante tal presagio, nos damos cuenta que si bien es cierto la influencia de lo que circula en internet beneficia a cualquier candidato y a la difusión de sus propuestas, también lo es que dicha herramienta puede convertirse en el peor enemigo de la democracia si no se usa con responsabilidad. “Las noticias falsas, por ejemplo, pueden acabar con unas campañas más que con otras. Hay personalidades más preparadas para nave-gar en esas aguas, montar pequeños titulares con más efectividad y apalancar mentiras a medias para construir verdades parciales”, dice Juan Fernando Giraldo, gerente de estrategia y cofundador de la agencia de medi-ción y evaluación de comunicaciones Búho.

Bajo ese esquema y por consecuencia del uso malintencionado de la información pública que se difunde por los medios electrónicos vemos ahora, que lo que fue una fortuna para “El Bronco” en la elección gubernamental en Nuevo León, hoy para muchos de los candidatos que aspiran a llegar a un puesto de elección popular puede representar su ruina política, lo anterior dado que son pocos los postulantes conscientes de la necesidad tanto de conformar equipos que se dediquen al manejo de las redes sociales, como de enfrentar con altura la guerra de información falsa que se avecina.

Un ejemplo de la consecuencia de manipular a los cibernautas con mentiras, lo fue la elección pasada en Estados Unidos, en la cual quedó demostrada, la gran influencia de Facebook frente a los grandes medios que se inclinaron abiertamente a favor de la candidata demócrata, lo que trajo como consecuencia que los simpatizantes de esta se confiaran al considerar ganada la elección, para dejar de luchar y asegurar el triunfo. Lo ocurrido es historia y Trump cumplió recientemente el primer año de mandato desde la Casa Blanca. No obstante, los conocedores del asunto en México no están seguros si vamos a tener un resultado similar al de EU, pero lo que sí saben, es que en esta elección veremos campañas muy afectadas por estar plagadas de noticias falsas.

Así pues, sin duda la guerra sucia propiciada por el estado y varios actores políticos enemigos de la información veraz, ha logrado restar eficacia y credibilidad a la información que se maneja en las redes sociales, al punto que ya no debemos confiarnos y pensar que por medio del internet lograremos abatir los altos índices de abstencionismo, lo anterior nos obliga a regresar y hacer política en los mismos escenarios que antes, es decir, la plaza pública, los medios tradicionales o los foros y solo añadir las redes sociales, Twitter o Facebook, como un mero complemento, ya que sin duda y gracias a lo corrompido de estas, en esta elección mexicana las redes lo único que moverán serán opiniones y no votos.
04 Mayo 2018 04:00:00
La elección en los tiempos de las redes sociales
El triunfo del candidato Jaime Rodríguez Calderón, en la campaña electoral gubernamental del estado de Nuevo León en junio del 2015, demostró que las redes sociales, bien utilizadas, conseguían ser determinantes en la política mexicana. En aquel tiempo, “El Bronco” repudió a los medios tradicionales de comunicación desde mucho tiempo antes del inicio del proceso electoral local, cuando anunció que haría una campaña para ganar la Gubernatura de Nuevo León sólo en redes sociales.

“Si no le tengo miedo al diablo, mucho menos a la maquinaria electoral”, dijo el candidato independiente cuando se le cuestionó sobre su forma de hacer campaña ante la evidente desventaja de recursos económicos de los independientes frente a los candidatos de los partidos políticos con registro en esa entidad federativa, a los cuales el Estado les otorgó como prerrogativa pública la cantidad de 5 mil 356 millones de pesos para gastar desde las precampañas, mientras que a los llamados independientes sólo les dio financiamiento público y tiempo en medios hasta que aprobó su registro.

Contra todo pronóstico, el resultado en la elección estatal 2015 en Nuevo León demostró que una campaña política en redes sociales fue mucho más eficaz que la basada en la utilización de spots en televisión. Así pues, en aquella elección, al candidato ganador Jaime Rodríguez Calderón cada voto le costó 8.72 pesos, mientras que a los perdedores, Ivonne Álvarez del PRI, 84.86 pesos, y al abanderado del PAN, Felipe de Jesús Cantú, 84.54 pesos. Estos dos últimos con recursos millonarios de parte de sus partidos y con los tiempos oficiales en medios para promocionar sus candidaturas.

Al día siguiente de aquella histórica elección, los sabios, como es común, trataban de explicar aquel acontecimiento buscando culpables, nadie quería aceptar que el apoyo casi viral en redes sociales se convirtió en los votos que necesitaba el candidato independiente para llegar al Palacio de Gobierno.

Pero no todo era regocijo, ya que la fantasía hecha realidad de un independiente se convirtió en la más grande amenaza para los medios televisivos de comunicación, lo anterior dado que “El Bronco” prometió que, de llegar a la Gubernatura, el derroche de recursos para promocionar su imagen como gobernante se acabaría. En honor a la verdad, debo reconocer que dicha amenaza siempre estuvo presente en el discurso de “El Bronco”, incluso fue una de su principales propuestas de campaña, sin embargo para las televisoras era poco importante tal advertencia, ya que ni siquiera prestaban atención a la modesta campaña electoral del candidato independiente.

Sin duda, el triunfo de “El Bronco” significó la derrota de los medios televisivos, es por eso que a raíz de dicho evento, los dueños de estos medios masivos de comunicación, mismos que son dueños del poder en México y en el mundo, han echado a andar una estrategia compleja para restar eficacia e importancia a las redes sociales, intensificándola en los últimos días. Esta estrategia tiene por finalidad demostrar que las redes sociales son sólo un espejismo y que jamás podrán ser el medio idóneo para llegar a los electores. Para lograr dicho fin, las televisoras, con el respaldo del Estado, han iniciado una guerra de información falsa en las redes informáticas, con lo cual lograrán afectar la conciencia de los electores, por no saber enfrentar el mundo de las noticias falsas.
27 Abril 2018 04:00:00
Lo que nos dejó el debate
A pesar de que el tema del debate a estas alturas de la semana causa hartazgo, no puedo evitar el referirme al mismo por las siguientes causas: en primer lugar, el del domingo pasado, fue el primer debate presidencial realizado bajo una coyuntura comicial histórica y no sólo por el enorme número de cargos de elección popular que se disputarán el próximo 1 de julio, sino también lo es dado que hoy, como nunca, la moneda está realmente en el aire, es decir, ni siquiera los mismos candidatos saben sobre su real posibilidad de llegar a la silla presidencial.

Aunado a lo anterior, debemos reconocer que el debate del domingo cumplió con todas las expectativas de los ciudadanos, ya que, contrario a lo que muchos analistas consideran respecto a que los candidatos deben en estos ejercicios destapar sus principales propuestas, defenderlas y explicar con detenimiento su aplicación, para mí, estos debates tienen que ver más con la personalidad política de los participantes, sus capacidades, personalidad y posturas personales cuando discuten asuntos públicos. Además, debemos reconocer que el formato que por fortuna ahora empleó el INE lo hizo infinitamente más dinámico y mucho más entretenido, como nunca antes habían sido los debates presidenciales México, por lo que pretender que en tan poco tiempo cada candidato deba darnos una cátedra pormenorizada de política pública avanzada es una desbordada exigencia. No es que yo crea que las propuestas no son importantes; sin duda alguna lo son, pero para eso están las plataformas y documentos básicos de los candidatos o los libros que han escrito.

De igual forma, considero que el buen desempeño en un debate no se traduce en un ganador directo, ya que jamás encontraremos una percepción uniforme sobre quién ganó; y mucho menos podremos decir que un debate define las preferencias rumbo a una elección o el resultado de la misma.

Para quien esto escribe, el debate del domingo pasado se resume en lo siguiente: Margarita Zavala no tuvo controversia en el debate, es decir, nadie la tomó en cuenta. Meade y Anaya utilizaron exactamente la misma estrategia: argumentos generales y vagos, datos ficticios, diagnósticos inventados, propuestas inconclusas y ataques sin razón, tanto entre ellos como en contra del candidato puntero. López Obrador mantuvo su típica y perezosa estrategia de evasivas, cuidando en todo momento no decepcionar al electorado que lo apoya. La lectura que muchos analistas dieron al debate, según su percepción, fue diametralmente opuesta a la reflejada en las encuestas más serias posteriores al debate, ya que mientras los primeros aseguraban que no existía un ganador, las encuestas reflejaron que para los encuestados, Andrés Manuel y Ricardo Anaya tuvieron el mejor desempeño, así como que a Meade le faltó persuasión, por lo que desperdició una oportunidad valiosísima.

Así pues, para mí, el objetivo del debate se cumplió; para otros, los candidatos quedaron a deber. Sin embargo, lo más importante es que la ciudadanía los conoció y sin duda sabrá identificar quién hablaba con la verdad y quién de ellos mentía, al menos en el tema de la honestidad, ya que todos demostraron ser bastante cínicos, puesto que pretenden gobernarnos a pesar de que lo único que se demostró es que ninguno está completamente limpio.
20 Abril 2018 04:00:00
¿Para qué sirven los partidos políticos?
En días pasados, al intentar responder a una rampante pregunta lanzada por un inocente ciudadano a un servidor, a través de la cual me cuestionaba sobre la utilidad de los partidos políticos en nuestro sistema democrático actual, caí en cuenta que pocos eran los argumentos que quedaban para sostener la idea de que los partidos políticos son necesarios en nuestro sistema político electoral.

Debo reconocer que dicha pregunta caló tan profundo en mi ser, que inevitablemente me hizo recordar que en próximos días el Tribunal Electoral de Coahuila resolverá las controversias presentadas por la mayoría de las agrupaciones políticas que en enero pasado intentaron constituirse como partidos políticos locales. Y es que en aquellos días 14 agrupaciones políticas iniciaron su proceso de registro como partidos políticos ante el Instituto Electoral de Coahuila.

Como respuesta a dichas solicitudes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEC propuso desechar la solicitud de esas 14 organizaciones de ciudadanos que pretendían constituirse como partidos políticos locales, lo anterior dado que a dichas organizaciones se les detectó el ocultamiento de información relacionada con el origen, monto y destino de los recursos empleados en su constitución, además de que no cumplieron con los requerimientos previstos en la legislación electoral vigente. Por tal motivo en los primeros días del mes de marzo pasado, en sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el organismo público local negó dichas solicitudes.

Acto continuo, y como era de esperarse, en posteriores días ocho de las 14 organizaciones políticas que fueron rechazadas por el IEC abrieron un proceso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado, y por si lo anterior fuera poco preocupante, a mi consideración es bastante probable que varias de esas agrupaciones logren una resolución favorable de nuestro tribunal local, aunque eso no significa que tengan en el bolsillo el registro como partido político, sino que dicha resolución sólo les permitirá seguir con los trámites para buscar el registro.

Si bien es cierto que el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) indica que estos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, también lo es, que a partir de la reforma política del año 2012, el sistema político electoral de nuestro país ha dado entrada a las candidaturas ciudadanas independientes, por lo que ya no es necesario que los ciudadanos deban postularse a través de los partidos políticos.

Entonces, es urgente que alguien advierta a estas organizaciones que sus esfuerzos son ociosos, ya no es necesaria su constitución, por lo que deben renunciar y dejar de preocuparse, lo anterior dado que los partidos políticos ya no tienen la principal función de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, y lo mejor es que, si desisten, ya no tendrán la necesidad de contestar la pregunta ¿para qué sirven los partidos políticos?


13 Abril 2018 04:00:00
Si Madero viviera…
Desde el pasado 11 y hasta el próximo día 15 de abril, se llevarán a cabo en cada uno de los comités municipales del Instituto Electoral de Coahuila, el registro de los candidatos aspirantes a ocupar las presidencias municipales de los ayuntamientos que conforman nuestra entidad, dichos candidatos competirán, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

Es en esta elección, que inauguraremos la posibilidad de reelegir a los presidentes municipales que recién ocuparon sus puestos en los primeros días de este mismo año, es decir que los alcaldes que ahora se encuentran en funciones pueden competir nuevamente en esta elección que culmina el próximo 1 de julio, para lograr con esto permanecer en el cargo cuando menos otro periodo más.

Es evidente que la posibilidad de la reelección en cualquiera de sus presentaciones, representa un grave atentado a los postulados de nuestro héroe nacional Francisco I. Madero, fundador en 1909 del Partido Antirreeleccionista y precursor del movimiento revolucionario mexicano, que motivó poco después de concluido, la “No reelección” la cual se materializó a partir del asesinato de Álvaro Obregón en 1928, último político mexicano que postuló su reelección presidencial y que murió en el intento.

Ahora bien, en honor a la verdad, debo reconocer que el lema de “sufragio efectivo, no reelección” de Madero, se refería de manera clara, exclusiva y única a la reelección para el cargo de presidente y de gobernadores; es decir, de los poderes ejecutivos y no de los legisladores y ayuntamientos.

Sin embargo para quien esto escribe, la reelección en los ayuntamientos es aún más delicada y nociva que la de mismos poderes legislativos y ejecutivos, tanto federales como estatales; Lo anterior dado que según mi criterio, son los ayuntamientos los que se encuentran más cercanos a la población gobernada, por lo que tienen un mayor y directo control sobre las necesidades inmediatas de los pueblos, por ejemplo: el agua potable, el drenaje, la recolección de basura, el equipamiento en calles y el de la Policía Municipal. Lo que nos debe llevar a concluir que un alcalde puede condicionar a los ciudadanos esta clase de servicios públicos, a cambio del voto.

Así mismo, y por si lo anterior fuera poca afrenta a Madero; ahora y gracias a las ocurrencias de los ministros de la Corte, el alcalde puede ser funcionario y candidato al mismo tiempo, es decir, que podrá gobernar haciendo campaña, lo que inevitablemente provocará que se gobierne favoreciendo medidas a corto plazo que le reditúen al funcionario electoralmente en lo inmediato y en un franco detrimento de un gobierno planificado y con políticas de largo aliento.

Es decir, la no reelección refuerza la noción de que lo conveniente es seguir planes de gobierno a largo plazo, pensando en el país y no en periodos cortos. Se llega al poder a medio camino y se entrega a medio camino porque es un viaje que no puede o debe llegar a ninguna parte. Es una obra continua en la que el presidente es sólo un factor transitorio limitado por la ley.

Sin duda, si don Francisco viviera, estaría bastante arrepentido de haber dejado fuera a los ayuntamientos de la no reelección, y es qué, ni él ni nadie podrían imaginarse que los jueces y legisladores algún día legitimarían acciones que agravian los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la competencia electoral.
06 Abril 2018 04:00:00
Regidores reeleccionistas
Gran problema tendrán los miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila cuando en días próximos decidan sobre la procedencia de las candidaturas de regidores y síndicos municipales que, estando en funciones, intenten sorprender a la autoridad para alcanzar una postulación a un puesto distinto al que ocupan, tratando de hacerla pasar como reelección.

Y es que, como todos sabemos, en meses pasados, la Suprema Corte de Justicia decidió considerar como no obligatoria la separación del cargo para quienes pretendan reelegirse; en consecuencia, declaró como optativa la separación para aquellos que buscan un cargo de elección popular por la vía de la reelección. Ahora resulta que para la Corte, el separarse o no de un cargo público y postularse para otro es una cuestión que sólo compete a los interesados, por lo que el imponerles reglas como la separación a su puesto viola su derecho de ejercer el cargo para el cual fueron elegidos.

Como del cielo cayó dicha resolución a los muchos alcaldes de nuestra entidad, incluido el de Saltillo, que intentan reelegirse, los cuales al conocer esto, no han dudado en hacer una permanente campaña de promoción de su imagen disfrazada de anuncios de supuestos logros de sus gobiernos, aprovechándose de su cargo y con el inequívoco propósito de sacar una amplia ventaja a los candidatos nuevos que busquen tumbarles del puesto.

Por si lo anterior fuera poco verosímil, en posteriores días veremos cómo a esta parvada de “modernos reeleccionistas” se les unirá una cantidad considerable de regidores y síndicos, que al igual que los primeros intentarán postergarse en el poder, sólo que estos irán más allá, dado que ya se vislumbran algunos regidores, pretendiendo “reelegirse”, pero para alcaldes, por lo que intentarán adecuar por cualquier medio la palabra reelección a sus pretensiones.

Para mejor referencia, debemos conocer que reelección se describe como el acto mediante el cual una persona que ejerce un cargo político elegible puede presentarse luego de terminado tiempo a una reelección, buscando permanecer en el mismo puesto. Entonces, al no ser un mismo puesto el que estos regidores buscan, no se actualiza el supuesto de la reelección, sin embargo y a pesar de esto, sin duda lo intentarán, ya lo veremos.

Ahora bien, lo que no contemplan estos tesoneros y audaces representantes populares es que la Corte, al resolver la citada acción de inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas, ratificó la validez del Artículo 10, párrafo 1, inciso e), del Código Electoral local, que a la letra dice: “Son requisitos para ser Gobernador, diputado al Congreso del Estado o integrante de Ayuntamiento, además de los que señalan respectivamente los artículos 36 y 76 de la Constitución y el artículo 43 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los siguientes: …e) No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justicia del Estado, Magistrado del Poder Judicial, Presidente Municipal, Síndico o Regidor, Legislador federal o local, Consejero o integrante del órgano de dirección de los organismos públicos autónomos, titulares de los organismos descentralizados, salvo que se separen de su encargo cuando menos quince días antes del inicio de la precampaña que corresponda”. Obligación que, igual que muchas otras, no cumplieron.
30 Marzo 2018 04:00:00
‘Firmas falsas’
En todas casas cuecen habas; y en la mía, a calderadas (El Quijote II 13).

Este refrán se emplea en México para señalar que en todos lados hay problemas, pero que en nuestro ámbito los problemas son aún mayores. Dado que las habas constituían un alimento de personas humildes y también de animales. Esta frase proverbial es bastante empleada con la adición: y en la nuestra a calderadas, pero para mayor adecuación el día de hoy la adicionaremos con: y en Coahuila a calderadas.

Sin duda es ahora oportuno citar dicha frase en lo sucedido en nuestro estado, dado que el miércoles pasado, en sesión ordinaria, el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que la mayoría de los aspirantes a competir como candidato independiente en diversos municipios del estado presentaron firmas de apoyo falsas, duplicadas, con datos falsos, con identidades o domicilios que no existen, personas que purgan una condena y hasta de personas muertas, con la única intención de allanar el requisito de ley para simular contar con un respaldo ciudadano y alcanzar una candidatura.

Debemos recordar que a nivel nacional, al igual que en nuestro estado, el Instituto Nacional Electoral hace poco menos de dos semanas anunció que, de los tres aspirantes independientes a la Presidencia de la República solo una alcanzará su registro como tal, lo anterior dado a que se encontraron miles de firmas falsas en sus sistemas de recolección de apoyos.

De igual forma, el mismo instituto nacional el 12 de enero pasado hizo públicas las irregularidades detectadas dentro del proceso de verificación de los apoyos que presentaron algunos aspirantes a diputados federales, por lo que les negó en consecuencia el registro a 23 aspirantes que buscaban la candidatura independiente, por haber obtenido firmas ciudadanas de manera fraudulenta.

En nuestra nación, la figura de las candidaturas independientes se contempló claramente con la reforma política de 2012, la cual dio paso a que en agosto de ese mismo año se aprobara la adecuación del Artículo 35 constitucional, para dar el derecho a los ciudadanos de ser registrados de manera independiente, creando con esto la base normativa para la existencia de esta figura. Una vez establecida empezó a ser regulada en mayo del 2014, fecha en qué fue publicada la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ya cristalizada la posibilidad de los candidatos independientes, a los mexicanos nos llenó de esperanza la premisa de que esta figura realmente fortalecería nuestra frustrada democracia, ya que ahora sí, cualquier ciudadano alcanzaría incidir en los asuntos públicos, accediendo a los puestos claves de la administración, sin compromisos y con el único animo de servir a la ciudadanía.

Con lo anterior, se hace evidente que esa idea romántica de que ciudadanos comunes y corrientes alejados de los vicios de los partidos políticos ocuparan cargos de elección popular es por demás lejana; y es que el atrevimiento de presentar firmas falsas de apoyo, por parte de estos precandidatos independientes locales y nacionales, rebasaron por mucho los vicios de los partidos políticos y evidenciaron su desmedida voracidad.

Lo peor para los ciudadanos no fue la nueva decepción, sino darnos cuenta de que en materia de mejoramiento de la democracia, ya no hay muchas alternativas sin explorar.
23 Marzo 2018 04:00:00
Pederastia, Estado y voluntad
Poca gracia nos ha hecho a los coahuilenses enterarnos de que la Fiscalía General del Estado de Coahuila tiene bajo investigación cuatro denuncias de personas que aseguran fueron víctimas de abusos sexuales en la modalidad de pederastia, ya que aseguran que fueron sometidos sexualmente por 11 curas católicos cuando tenían entre 12 y 16 años, precisando, además, que dichos ilícitos se cometieron tanto en el interior de las instalaciones de seminarios como en iglesias de la entidad.

Esta mala noticia nos llega precisamente en el marco de la celebración del natalicio del más grande independentista de México, Benemérito de las Américas, presidente Benito P. Juárez García, reconocido por lograr que su gobierno itinerante, en 1859, desde Veracruz, expidiera las Leyes de Reforma, que establecían la independencia del Estado, poniendo en su lugar a la Iglesia católica.

Aunado a esta significativa fecha, ahora mismo en nuestra nación se vive el ambiente de víspera de los festejos de la Semana Santa, que tanto promueve la misma Iglesia.

Por desgracia, esta no es la primera vez que la grey católica se ve involucrada en actos tan detestables contra menores indefensos, ya que desde antes de la época de Juan Pablo II se conocieron actos escandalosos que luego fueron encubiertos por los gobiernos que comúnmente les protegen sus conductas punitivas.

Coahuila es ahora foco de atención por ser el escenario de varios de estos escándalos sexuales, por lo que inevitablemente, en días pasados, el fiscal ministerial, Norberto Ontiveros Leza, reconoció que existen cuatro víctimas de pederastia que han presentado formal denuncia, contra 11 sacerdotes de Coahuila. En estas denuncias, los quejosos revelaron que hay, por lo menos, otras 11 personas que corrieron con la misma mala suerte a manos de curas católicos. El funcionario dijo que la dependencia ha dado seguimiento a la carpeta de investigación de forma oportuna. A pesar de lo anterior, al cuestionar al titular de la Fiscalía Ministerial del Estado sobre el delito a perseguir, el funcionario tuvo que realizar un sinfín de malabares con los términos legales y jurídicos para encuadrar con dificultad un delito claro y definitivo ante la conducta antijurídica de los ofensores, lo anterior ante la desgracia de que en la legislación penal de Coahuila ni siquiera se define con claridad el delito de pederastia.

“De acuerdo al dicho muy específico y muy circunstanciado de las víctimas, en nuestro concepto, se acredita el delito. Se puede dar el delito de violación con carácter de prepotente, violación equiparada, en otros casos atentados al pudor, en algunos casos con violencia y en otros casos simple”, vaciló al intentar explicar el funcionario.

Ante tales declaraciones, es evidente que para el titular de la Fiscalía Ministerial de Coahuila y para estas víctimas el primer objetivo para castigar a los responsables del delito de pederastia será encuadrar la conducta en un delito determinado a la luz de nuestra legislación penal local.

Ante tales circunstancias, a los coahuilenses sólo nos resta exigir, que, como en el tiempo de don Benito Juárez, el Estado y sus gobernantes se desmarquen de la Iglesia, suplan con la voluntad las deficiencias de la ley y terminen castigando de manera ejemplar a estos delincuentes.
16 Marzo 2018 04:00:00
¡Que viva la izquierda!
La semana pasada fui testigo presencial del XXII Seminario Internacional denominado Los Partidos y una Nueva Sociedad, llevado a cabo en la Ciudad de México, los días 8, 9 y 10 del presente mes, evento organizado año con año por el Partido del Trabajo de México.

En la citada reunión de partidos de la izquierda mundial, se escuchó un sinnúmero de posicionamientos de las más representativas organizaciones comunistas y socialistas del mundo, entre las cuales destacaron las expuestas por los representantes de los partidos comunista de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Rusia, Libia, Moravia y Bohemia, Nicaragua, Paraguay, Partido Perú, Uruguay, Palestina, País Vasco, Puerto Rico, Vietnam, Venezuela y, desde luego, México, a través del dirigente nacional del Partido del Trabajo de México, quien fungió como anfitrión.

Muy en armonía con sus ideales comunistas, los asistentes a dicho evento reiteraron su apoyo a la lucha del pueblo palestino y al de la República Árabe Sarahui; pugnaron por el restablecimiento de los derechos sociales y democráticos violados por los gobiernos derechistas de Honduras, Brasil y Argentina y rechazaron la suscripción del Tratado Transpacífico.

De igual forma, ratificaron la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, reconociendo la importancia que tienen estos, en los momentos actuales, en la que aseguran existe una ofensiva contrarrevolucionaria contra los pueblos de la región, la cual pone en riesgo el proceso de paz que se vive en Colombia.

Sin temor alguno, aprobaron una resolución de apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro, y objetaron la posición del Gobierno de Perú de impedir la presencia del Presidente venezolano en la próxima Cumbre de las Américas, al punto de asumir como propia la Declaración Final de la XV Cumbre del ALBA -TCP celebrada el pasado 5 de marzo en Caracas.

Al final, este resquicio de comunistas del mundo, que parecieran haber salido de sus tumbas, manifestaron su respaldo a la supuesta lucha del pueblo boricua por su independencia, para rematar convocando al mundo para la conformación de un tribunal antiimperialista el próximo octubre tanto en Washington como al frente de todas las embajadas norteamericanas del mundo, para reclamar los derechos de Puerto Rico.

Careciendo de toda difusión, esta cumbre de expresiones de la izquierda comunista y socialista del mundo se desarrolló en un marco de desaliento ante la ineludible aceptación de que los ideales revolucionarios están en franca agonía, al menos para los periodistas internacionales, los cuales se empecinan en denostar y sepultar de manera anticipada a la izquierda política mundial.

Así pues, y sea o no cierta la muerte de la izquierda en el mundo, lo cierto es que hablar de la extinción de la misma nos debe conducir directamente también a considerar el enorme daño que se ocasionará a la política mundial a la cual quitaríamos su único contrapeso, por lo que al sepultar los ideales de la izquierda, sufriremos sin duda, otra muerte de mayor envergadura: la muerte de la política misma. Mejor: ¡Que viva la izquierda!, y que con ella vivan los ideales revolucionarios que tanta falta hacen a nuestros políticos actuales.
09 Marzo 2018 04:00:00
Observadores electorales
El que se quema con leche, hasta al requesón le sopla, solía decir el antiguo refrán que describía que las personas que han sufrido por alguna causa se muestran temerosas cuando la circunstancia parece repetirse.

Sin duda, dicho proverbio es aplicable ante la inminente llegada de los comicios electorales federales y locales,​ que se llevarán a cabo el domingo 1 de julio de este 2018, los cuales serán organizados tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por el Instituto Electoral de Coahuila, lo anterior dado que, a nivel federal y local, se renovarán más de 3 mil 400 cargos, entre los que destaca el del Presidente de la República.

En Coahuila, la elección y reelección de alcaldes, incluso la de Presidente y representantes legislativos federales, se desarrollarán, sin duda, en un ambiente de máxima desconfianza, dada la cuestionada reciente elección en nuestro estado que, de acuerdo con las denuncias entre partidos y candidatos, incluso con las averiguaciones de las autoridades electorales, fue contaminada con compra, coacción de votos y rebase en los topes de gastos de campaña.

Bajo este ambiente de escasa fe, resultará insuficiente el absurdo juego que elección tras elección juegan los institutos electorales y los partidos políticos, en el cual se presume que la autoridad electoral vigila el desempeño de los partidos y estos vigilan a su vez el ejercicio de la autoridad electoral, por medio de sus representantes ante las casillas electorales el día de la jornada, lo que coloca a nuestro país en el único lugar en el que la autoridad debe ser vigilada para que no se desvíe.

Así pues, y ante la poca seriedad de los protagonistas de nuestro sistema democrático, a los ciudadanos nos corresponde vigilar de cerca el funcionamiento de todas las entidades públicas que intervienen en este proceso eleccionario, situación que se presiente imposible, a no ser que se realice a través de la figura de “observador electoral”, la cual se ha normado por el paso del tiempo y la desconfianza del electorado, haciéndose presente por primera vez en la legislación electoral en el año 1988, después del cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre el candidato perredista, Cuauhtémoc Cárdenas; es entonces que nace dicha figura, la cual, según su concepción, sirve principalmente para evitar fraudes en las elecciones.

Desde entonces, pueden ser observadores todos aquellos ciudadanos mexicanos que buscan la construcción de una sociedad democrática, convencidos de que un proceso electoral totalmente trasparente y verificable debe estar abierto no sólo al escrutinio de los participantes en él, sino también de los grupos de interés involucrados en los temas de gobernabilidad.

Aún queda tiempo para buscar la acreditación tanto de ciudadanos como organizaciones de la sociedad civil para actuar como observadores electorales, los cuales ahora también estarán facultados para presentar informes de observación después de la jornada electoral.

Así que pongamos nuestra esperanza en estos observadores electorales, a los cuales se les impone aclarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que recibieron para postularse, colocándolos como una de las figuras electorales más transparentes y decididas. Son quienes, de manera voluntaria, han decidido echarse encima la complicada tarea de revertir el déficit de confianza del votante en nuestro país y nuestro estado.
02 Marzo 2018 04:00:00
La izquierda no tiene líder
Después de disolver a la izquierda, hoy López Obrador, ha empezado a juntarse con los malos, con los de la mafia, ellos y él ahora se rascan entre sí, mientras se esfuman las fuerzas, los objetivos, los planes y el sueño de contar con un nuevo Gobierno eficiente y sin mancha.

Esta conducta, evidentemente desatinada del permanente líder de la izquierda mexicana, lleva al electorado al desánimo y a la confusión y a quienes creemos en el proyecto de izquierda, a una profunda depresión emocional.

Sin embargo, no todo está mal, ya que el irregular liderazgo de quien se supone nos mostraría mejores sistemas de gobierno, será motivo para darnos cuenta de que el progresismo que enarbola la izquierda y que tanto necesita nuestra nación no puede recaer solamente en una persona, y mucho menos en un incierto líder desgastado, sino que la izquierda mexicana existe ahora y como nunca en el ánimo de un gran sector de nuestra sociedad, por lo que con o sin Andrés Manuel, quienes queremos un cambio verdadero en el sistema de gobierno tendremos que votar por la alternativa que lo ofrezca, aunque en esta sólo sea él, quien formalmente lo propone.

Además, el candidato de Morena se equivoca también al no percatarse de que la izquierda es ahora una corriente política con vida propia, con demandas y exigencias reales, un sentir ciudadano que empieza a marcar una gran distancia frente a las demás fuerzas políticas de la misma sociedad, por lo que si se hace presente con la fuerza que se presiente en la elección 2018, sin duda se fortalecerá a tal grado de quedar en aptitud de decidir el futuro de México y castigar a los insensibles malos gobernantes, incluyéndolo a él.

La corriente ideológica de izquierda verdadera que ahora vive México jamás fue cultivada por Andrés Manuel López, es por eso que cada día se parece menos a la izquierda que refiere en sus discursos y que anuncia con sus acciones.

Es evidente que AMLO dejó de reconocer los valores a los cuales la izquierda real debe servir: la defensa de los desiguales, la soberanía nacional; un modelo educativo que favorezca a los trabajadores y a los explotados; la cultura nacional que dé identidad; los derechos humanos en general.

Así que por ahora esto es lo que hay, por lo que estamos obligados a tomarlo y transitar primero por esta izquierda sinuosa, dedicada a la obtención de puestos de representación, de canonjías estatales y al uso de la política para la satisfacción de intereses facciosos o personales, y sólo así llegar después fortalecidos a la otra izquierda, la verdadera, la democrática, la comprometida con el derecho y la justicia y, ante todo, con el avance y el progreso de la sociedad y de su pueblo trabajador; una izquierda que en verdad represente a la clase que vive de su trabajo, una izquierda enemiga de toda forma de simulación democrática y de toda exclusión y discriminación; una izquierda solidaria con todos los pueblos del mundo que al igual que el nuestro, luchen por su liberación y por la igualdad de sus ciudadanos.

Entonces, no podemos los mexicanos postergar más el arribo de un distinto sistema de gobierno, aunque eso signifique que oportunistas se mareen en la idea de sentirse dueños de este logro, desconociendo que la necesidad de un gobierno distinto nos la han dado décadas de dilapidación y sufrimiento.
23 Febrero 2018 04:00:00
La izquierda no tiene líder
PRIMERA PARTE

El régimen de jerarquías o sistema vertical de mandos, en donde un dirigente o guía es quien asume el control de las masas, ha funcionado de manera efectiva tanto en instituciones religiosas como en la administración pública y privada, incluso en la delincuencia organizada y en su contraparte, el ejército nacional o cualquier corporación policiaca; sin embargo, este sistema de líderes parece que no funciona en la política. La historia del mundo nos muestra cómo los líderes políticos tarde o temprano exponen su lado humano falible.

El liderazgo efectivo, como tal, es bastante difícil de sostener, mayormente cuando el líder lleva un buen tiempo soportando ese lugar, el cual implica mantenerse permanentemente afín, rígido, estable, comprometido, agudo e íntegro. Porque, lo queramos o no, cualquier persona que permanece largo tiempo en el escrutinio público, recibiendo porrazos a diario y retirado de las graderías, acaba perdiendo sensibilidad, por lo que deja de escuchar al pueblo, incluso a quienes tiene como los más próximos, por lo que termina pareciendo soberbio o socarrón.

Cuando lo anterior sucede, principia la inevitable ruina del líder, ya que, entonces, empieza a equivocar sus decisiones, lo que para quienes habían creído en él es imperdonable y termina siendo descalificado en todo, incluso en todas las otras labores que pudo haber desempeñado sin falla. Sin embargo, es necesario mencionar que el desgaste del líder es una consecuencia natural, ya que la cabeza de un líder es muy fácil de golpear y por muy desarrollado o prominente que esté su equilibrio, como el de un mástil, resulta inestable.

Ahora mismo en México, el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha erigido como paladín de esta corriente por más de 18 años, creyéndose suficiente todo este tiempo para concentrar en su persona el conocimiento y la visión práctica de izquierda necesaria para atender todos los problemas de un estado, responder todas las preguntas y tener siempre la última palabra, empieza a fallar.

Y es que en los últimos meses, el líder de Morena empieza a asquear con sus decisiones, las cuales nos hacen pensar que AMLO no tiene otro objetivo más que el de acumular el poder. Es evidente que las postreras decisiones de Andrés Manuel han sido motivadas sólo por su insaciable deseo de dominio.

López Obrador después de desunir a los partidos de izquierda, ahora ha empezado a juntarse con los malos, con los de la mafia, ellos y él, ahora se rascan entre sí, mientras se esfuman las fuerzas, los objetivos, los planes y el sueño de contar con un nuevo gobierno eficiente y sin mancha.

Esta conducta, evidentemente desatinada del permanente líder de la izquierda mexicana, trae sin duda al electorado mexicano el desánimo y la confusión y llevan a quienes creemos en el proyecto de izquierda a una profunda depresión emocional; sin embargo, no todo está mal, ya que, por fortuna, el irregular liderazgo de quien se supone nos mostraría mejores sistemas de gobierno nos debe servir para darnos cuenta de que el progresismo que enarbola la izquierda, que tanto necesita nuestra nación, no es solamente un candidato y mucho menos lo es un desgastado líder soñador que funda su discurso en un ambiguo punto en el futuro con cara de merolico motivador, sino que… (continuará).
16 Febrero 2018 04:00:00
Tan malo el pinto como el colorado
El pasado 11 de febrero culminó el periodo de precampañas presidenciales, el cual se desarrolló durante 60 días a partir del 14 de diciembre de 2017, sin embargo y, aunque usted no lo crea, el periodo formal contemplado por la ley electoral para el inicio de las campañas iniciará hasta el próximo 30 de marzo, y digo que es poco creíble que hasta entonces inicie formalmente la campaña electoral, ya que lo que vivimos y vimos de los supuestos precandidatos Ricardo Anaya, del PAN, José Antonio Meade, del PRI, y Andrés Manuel López Obrador, de Morena, no fue otra cosa más que descaradas campañas anticipadas.

La Ley Electoral define las precampañas, como el método partidista que sirve para seleccionar a sus candidatos. Es decir, son procesos internos donde los militantes de un partido, o bien la misma ciudadanía, decide quién será el candidato de tal partido, claro, de entre dos o más aspirantes.

Lo extraño viene cuando con la anuencia de la autoridad electoral, candidatos sin rival inician sendas precampañas de proselitismo electoral, a sabiendas de que en sus partidos ni habrá contiendas internas que los definan como sus candidatos, ni sus mensajes ni propaganda fueron exclusivos para los militantes de esos partidos, es decir, si no hay contienda interna en el partido político, simplemente no puede haber precampaña.

Ahora bien, por si lo anterior fuera poca muestra de deshonestidad por parte de los supuestos precandidatos, dos de ellos, cobijados por convenios de coalición, fingieron ser también precandidatos de los partidos que las integran, es por eso que vimos a Ricardo Anaya en tiempos del PRD y Movimiento Ciudadano, a pesar de ser sólo precandidato registrado en el PAN, o bien a José Antonio Meade, quien es del PRI, utilizando de manera ilegal los tiempos de radio y televisión del Partido Verde y del Panal, y, por supuesto a Morena, aliados y a su candidato Andrés Manuel utilizando la frase “estaríamos mejor con ya sabes quién” en los tiempos asignados a los partidos coaligados.

Con acciones como estas y la permisibilidad de la autoridad electoral, es claro que la reforma electoral 2007-2008 que pretendió controlar las campañas adelantadas ha quedado sin fruto, lo cual ha sido provocado por las absurdas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual, de manera decidida, ha dejado de observar sus propios criterios, como el de aquella famosa jurisprudencia identificada bajo el estadístico 2/2016, en la cual establecía que es acto anticipado de campaña toda aquella propaganda difundida durante precampaña cuando esta no es dirigida sólo a los militantes de un partido, o cuando avaló la ley del estado de Baja California que condicionaba a los partidos políticos a la realización de precampañas siempre y cuando hubiera más de dos
precandidatos.

En fin, no sé a quién busca beneficiar el máximo tribunal electoral al institucionalizar la ilegalidad y permitir la promoción de candidatos desde la etapa de precampañas, pero lo que sí sé es que ninguno de los candidatos principales pudo aguantar la tentación de aprovecharse de esta arbitrariedad. Sin duda, las precampañas nos dejaron un amplio conocimiento de los supuestos precandidatos, el cual se resume en saber que, de los tres, tan malo es el pinto como el colorado.




09 Febrero 2018 04:00:00
Pluripartidismo coahuilense
El pasado 31 de enero venció la fecha fatal, para que las agrupaciones políticas o ciudadanas presentaran una carta de intención al Instituto Electoral de Coahuila, a fin de anunciar el propósito de constituir un nuevo partido político en nuestro estado. Así pues, y una vez concluido dicho plazo, el IEC informó que había recibido 14 cartas de intención de un igual número de agrupaciones interesadas en lograr su registro como partidos políticos estatales.

Es necesario considerar que en la elección local pasada se contó con la participación de 15 partidos políticos, de los cuales sólo nueve son nacionales y seis lo eran estatales; sin embargo, al término de aquella elección, del cúmulo de partidos estatales, sólo logró sobrevivir uno, dado que fue el único que alcanzó el número de votos suficiente para conservar su registro, por lo que el resto de ellos debió liquidarse y retirarles el registro, por no conseguir el porcentaje mínimo de la votación emitida en el estado (3%).

Posterior a la jornada electoral pasada, el instituto electoral estatal reconoció que estos cinco fallidos partidos estatales, no sólo se ganaron su cancelación por consecuencia de la poca e insuficiente representación que tuvieron en dicha elección, sino que el mismo Instituto les tuvo que imponer, además, multas de fiscalización por 26 millones 884 mil 202 pesos, a consecuencia de las diversas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos que les fueron asignados, multas que por supuesto no alcanzaron a pagar dada su desaparición en el escenario político del estado.

Pues bien, a pesar de lo anterior, el día de ayer se supo que de las 14 solicitudes o cartas de intención para constituir nuevos partidos estatales, cinco de ellas fueron signadas por los dirigentes de estos partidos recién cancelados y ahora prófugos, los cuales pretenden conformar, otra vez, partidos políticos locales al cobijo de los relajados requisitos que exige la legislación electoral actual y de la posibilidad de aplicar el borrón y cuenta nueva de sus débitos con el estado.

Para quien esto escribe, una real democracia es aquella que logra que en una sociedad todas las facciones se encuentren representadas en los órganos de gobierno, por lo que si la única vía de acceso a la administración pública lo es un partido político, entonces deberá haber tanto partido político como sectores en una sociedad, sin embargo, en nuestro estado, la última intención que tienen quienes buscan una y otra vez el registro como partido político, lo es el de representar dignamente a un sector determinado de nuestra sociedad, ya que de haber sido así, en la elección pasada, la misma ciudadanía a estos partidos locales les habría dado los votos suficientes para conservar su registro por sentirse representada por ellos y si no fue así, es porque dichos partidos jamás cumplieron con su cometido.

Así pues, y de darse el registro de estos 14 solicitantes, el próximo año en Coahuila habrá 15 partidos políticos estatales, más los nueve nacionales, que harán que nuestra entidad cuente con un sistema político electoral, “poli partidista”, “nada representativo” y por demás “inservible”.
02 Febrero 2018 04:00:00
Los enemigos de Andrés Manuel
Después de dos derrotas electorales consecutivas, pareciera que ahora sí, Andrés Manuel López Obrador podrá cumplir su anhelo de gobernar México, y es que hasta hoy, la mayoría de las encuestas serias lo colocan como el favorito del electorado.

Como ejemplo: las últimas dos encuestas, publicadas por El Heraldo de México y El Economista, las cuales en su análisis afirman que hasta estos días, ni José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal), ni Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC, han podido desbancar del primer lugar al candidato de la coalición (Morena-PT-PES), según lo muestran sus resultados.

Sin duda, mucho ayudan a las deducciones que arrojan las encuestas la mala reputación del actual Gobierno mexicano, su equivocado actuar en los últimos 5 años y los escasos resultados que han dado a los ciudadanos, esto por parte del PRI; por el PAN, el imperdonable desperdicio de una oportunidad histórica –la de la transición democrática– al gobernar “igual o peor” que el PRI: sin proyecto, con la misma corrupción, sin rumbo.

Así pues, la candidatura de AMLO, parece ir con viento en popa como para llevarlo a la meta sin mayor dificultad.

Sin embargo, debemos recordar que este mismo escenario observábamos en las dos últimas elecciones presidenciales, en las cuales, por estas mismas fechas, Andrés Manuel, lideraba encuestas que, luego de sus desaciertos, comenzaron a abandonarlo.

No omito reconocer que ahora politólogos e historiadores aseguran que en esta ocasión, las cosas son distintas, y que “El Peje” no es el mismo de antes; como tampoco lo es la estructura política que lo apoya, por lo que se debe abandonar la idea de que el candidato repita errores que lo lleven a perder la ventaja que ahora mantiene.

Ante tales aseveraciones, a los ciudadanos nos asalta una duda enorme: ¿qué podría vencer a AMLO?

Para quien esto escribe, al candidato Andrés Manuel sólo lo podrán vencer dos cosas: la enorme cantidad de recursos, tanto económicos, como en estructura burocrática, que comúnmente el partido en el poder pone a disposición del candidato oficial, tanto a nivel federal como estatal, incluidas las de las autoridades electorales, las cuales evidentemente no han sido nada imparciales, en sus últimas resoluciones.

Y la segunda: su equipo de campaña, el cual se conforma por operadores con poco tiento en la mayor parte de los estados, los cuales se erigen como dueños prematuros del poder, decididos a acaparar todos los escaños que significa la Administración federal, incluyendo los puestos de elección popular, los cuales ya se reparten a discreción, negando con esto la oportunidad a todo aquel que decida no servir de rodillas a sus intereses personales.

Y es que la postura tirana de quienes se dicen operadores del candidato en estados como Coahuila, Baja California Sur, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa y algunos municipios en Querétaro ha hecho vacilar la permanencia de la coalición Juntos Haremos Historia, la cual, aunque poco apreciada por estos voraces operadores, servirá de mucho para el triunfo del tabasqueño, dado que si bien es cierto que ahora ocupa el primer lugar en las encuestas, también lo es que su popularidad ha llegado al techo, por lo que sólo esta estrategia de alianza podrá alimentar su candidatura con votos frescos, por representar la apertura a otras corrientes políticas con ideologías diversas.
26 Enero 2018 04:00:00
Coaliciones coahuilenses
El pasado 3 de enero venció el plazo para que los partidos políticos que buscan participar en la elección local de Coahuila 2017-2018 bajo la modalidad de coalición presentaran sus convenios para someterlos al escrutinio de la autoridad local electoral.

En tiempo, se lograron registrar tres convenios de coalición, el primero que llegó lo fue el denominado Juntos Haremos Historia, en el cual participan los partidos políticos nacionales Morena, PT y Encuentro Social. El segundo fue el encabezado por el PAN y los partidos Movimiento Ciudadano y la UDC, al que pusieron por nombre Por Coahuila al Frente, y el tercero, aún sin nombre, conformado por los partidos PRI, PVEM y Nueva Alianza. Debo mencionar que días más tarde, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó por unanimidad los tres convenios, por considerar que los mismos cumplían a cabalidad con los requisitos de ley.

Ante tal situación, y con el único fin de lograr identificar o encasillar a estas uniones tan discordantes en una corriente ideológica, haré un esfuerzo sobrenatural por encontrar coincidencias entre estos partidos, más allá de la simple explicación de que los partidos grandes se unen a partidos con menos representatividad con el único fin de sumar votos, aunque sus ideologías sean distintas.

Así pues, la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional, de derecha, el cual a pesar de no tener marcadas coincidencias con la filosofía de los dirigentes de los partidos Unidad Democrática de Coahuila y Movimiento Ciudadano deciden coaligarse y formar un frente al cual identificaré como la coalición con ideología de centro, es decir, ni de derecha, ni de izquierda, por lo distinto de los estatutos de cada uno de ellos.

La coalición innominada conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, los cuales profesan doctrinas un tanto dispares, se han unido, para formar una coalición de derecha capitalista y neoliberal, muy al estilo del sistema de Gobierno actual, lo anterior a pesar de que dichos partidos, en ocasiones intentan presentarse como partidos convencionales de izquierda.

Por último, la coalición denominada Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social. Esta coalición llama inevitablemente la atención de quienes aseguran que tanto el Partido del Trabajo como Morena se han ostentado siempre como partidos de izquierda progresista, a diferencia del Partido Encuentro Social, el cual se ha distinguido, desde su creación, por oponerse a las políticas públicas de autonomía del ciudadano, para permitir su libre desarrollo de personalidad, incluyendo sus libertades sexuales, al punto de legalizarlas, lo que para muchos se opone a una política puramente progresista, consideraciones estas últimas con las que no coincido, por lo que la identificaré como la coalición de izquierda.

Así las cosas y bajo la inminente posibilidad de que estas tres coaliciones colocarán a los próximos 38 alcaldes de nuestro estado, a los ciudadanos sólo nos queda revisar a profundidad la personalidad de cada uno de los candidatos y su trayectoria, ya que será difícil encontrar a uno que pueda obedecer a cabalidad las ideologías de cada uno de los partidos que conformen su coalición, a menos que a quien postulen sea al bipolar monstruo de Frankenstein.
19 Enero 2018 04:00:00
La inexcusable obligación de votar
Por alguna extraña razón, ni las autoridades electorales, ni los órganos encargados de la organización de las elecciones, se han decidido plantear con firmeza la real posibilidad constitucional, de castigar a quienes de manera deliberada omiten acudir a las urnas para ejercer su voto en cualquier proceso electoral.

Lo anterior, a pesar de ser estas mismas autoridades, las responsables de consolidar con sus acciones la democracia en el Estado mexicano. Los órganos electorales son insensibles ante las terribles consecuencias que ha traído el abstencionismo electoral a nuestro país, el cual afecta la legitimidad de quienes resultan electos, perturbando aspectos básicos en el ejercicio del poder como lo son: la gobernabilidad y la representatividad.

No podemos decir que nuestro sistema electoral es auténticamente democrático, si la participación ciudadana es tan pobre, además la escasa participación en las contiendas electorales es ampliamente aprovechada por quienes con un voto duro de una minoría logran estruendosos triunfos carentes de legitimación, pero suficientes para acceder al poder.

Es inadmisible entonces que a sabiendas de dichas consecuencias las autoridades electorales no hayan decidido echar mano de la posibilidad legal de inhabilitar los derechos políticos de los ciudadanos, que sin justificación alguna deciden incumplir con su obligación civil de elegir a sus gobernantes mediante el sufragio, lo anterior a pesar de que dicha posibilidad se contempla con precisión en la ley.

No es una ocurrencia de quien esto escribe, que a quienes no acudan a votar se le deba suspender del ejercicio de sus derechos políticos, al menos por un año, de entrada, que a quien deje de votar se le cancele su credencial del INE, entre otras cosas, que implica este derecho.

Y es que, si bien es cierto, los derechos político-electorales del ciudadano encuentran su fundamento en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la posibilidad de suspenderlos por la abstención deliberada de salir a votar, se observa en los artículos 36 y 38, de la misma Carta Magna.

Los derechos político-electorales son aquellos derechos fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en las actividades relacionadas con el Estado y el ejercicio de la función política, cuya acción implica la participación directa del ciudadano para decidir el sistema de gobierno; elegir a sus representantes políticos, ser electo y ejercer cargos de representación, así como, definir y elaborar normas y políticas públicas y controlar el ejercicio en la función pública de sus representantes.

Así pues, los ciudadanos debemos enterarnos, que el voto dejó de ser sólo un derecho, para convertirse en una verdadera obligación, y que no se puede distinguir uno del otro a la luz de la Constitución, la cual como derecho, concede al ciudadano la posibilidad de expresar su voluntad para elegir a sus representantes y como obligación al señalarla como tal en el Artículo 36, fracción III, en el cual ordena una ejemplar sanción por su incumplimiento, y que lo es, la suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano por un año, según se lee en el Artículo 38, fracción I de dicha Constitución.

Entonces, ante la conveniente omisión de las autoridades electorales para obligarnos a votar, debemos ser los ciudadanos los que ejerzamos por la fuerza de la ley ese mandamiento.
12 Enero 2018 04:00:00
‘Gobernar y hacer campaña’
Es evidente que el recién electo alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y quienes le apoyan, están dispuestos a cumplir con la mayoría de las promesas de Gobierno realizadas en campaña, las cuales fueron bastantes en número, lo que hacía que varias de ellas se pensaran de imposible realización, lo anterior, si se toma en cuenta que su Administración municipal sólo durará un año.

Con lo que no contábamos era con que el PRI estatal echaría toda la carne al asador para apoyar la gestión municipal saltillense, la cual deberá ser exitosa, principal requisito para lograr la reelección del munícipe este mismo año, lo que seguramente lograrán y en muy corto tiempo.

A pregunta expresa al alcalde en turno, se refirió a la posibilidad de su reelección para la Alcaldía, no sin antes decirse concentrado en cumplir con lo prometido en campaña, pero sin descartar dicha posibilidad de proponerse como candidato a la misma Alcaldía, “ya en su momento estaremos pensando en esa otra posibilidad”, explicó.

Es evidente que Manolo, en lo personal, en realidad no ha tenido la necesidad de pensar siquiera en la posibilidad de reelegirse, porque en él no caben las dudas y sabe que de decidirse así, sin titubeos, sus manejadores lo lograrán, tal cual ha sucedido con el cargo que ahora ocupa, mismo que seguramente, jamás añoró, por lo que hoy sólo se dedica a vivirlo como un regalo de la vida.

Manolo forma parte de una generación de políticos que con poca lucha y nulo desgaste alcanzan los cuernos de la luna en el ámbito político, sin necesidad de meter las manos o demostrar que son suficientes para conquistarlo. Quien dude de lo anterior, debería explicarnos por qué, en tan poco tiempo, Manolo Jiménez Salinas, en su carrera política ha sido legislador local, presidente del Comité Municipal del PRI, regidor y ahora Alcalde de Saltillo.

Así pues, lo menos que podemos hacer es creer desde ahora que la reelección de Manolo en el mismo puesto está dada, por lo que no dudará en aprovechar las ocurrencias de la autoridad electoral, que por medio de una resolución definitiva, permite que el alcalde en turno pueda sin mayor problema realizar a la par de su gobierno una escandalosa campaña política electoral.

Entonces, he ahí la causa de que el alcalde Manolo, se dé tiempo todos los días para ofrecer sendas entrevistas en cuanto medio de comunicación se le atraviese, anunciando los logros diarios de su Gobierno, el cual apenas inicia y ya ha acumulado acciones reales en tiempo récord.

Así pues, esperemos, entonces, que la Administración de Manolo, sea casi de ensueño y que sin duda, como nunca, se cumplirán ahora sí casi todas las promesas de Gobierno vertidas en su campaña.

Y digo casi todas, puesto que, de reelegirse, estará incumpliendo la más importante y la que más popular lo hizo y que fue precisamente la que anunció en compañía de la presidenta estatal del PRI, aquel 1 de noviembre de 2016, fecha en que al tiempo que destapó su candidatura hizo el compromiso con la ciudadanía, al igual que sus compañeros de partido, en no buscar la reelección y mantenerse en su cargo todo el año para dedicarse a gobernar.

A nosotros sólo nos resta esperar y rezar para que no se cumpla aquella sentencia decretada por el exgobernador Rubén Moreira, quien al referirse a lo que ahora hace Manolo no dudó en exclamar: “puede gobernar y hacer campaña, pero no se puede gobernar haciendo campaña, que es distinto”.
05 Enero 2018 04:01:00
¡Terrible panorama!
Terrible, el panorama en este 2018, lo anterior respecto a la elección local en nuestra entidad, ya que, precisamente es Coahuila en donde de manera extraordinaria los alcaldes recién elegidos en el 2017 gobernarán sólo un año, lo que coloca en una misión imposible a quienes buscan ser reconocidos por la ciudadanía que los eligió.

Y es que en la próxima elección de alcaldes en nuestro estado existirá la posibilidad de que quien ha sido electo como presidente municipal para la Administración 2018 pueda reelegirse en el proceso electoral local del mismo año, para postergarse en el cargo, por lo menos otros 3 años; de ahí que se hace necesario el reconocimiento a su labor.

Además, debo mencionar que en esta elección local para la renovación de las 38 alcaldías de nuestro estado, los alcaldes en funciones podrán, desde su silla, hacer campaña política electoral y buscar reelegirse para el mismo puesto y por el mismo partido que los postuló y llevó a tal compromiso público.

Ante este loco panorama, plagado de excesos y disparates, todos ellos provocados tanto por los legisladores locales como por los federales, así como por las autoridades jurisdiccionales electorales (TEPJF y TEPJE), los coahuilenses habremos de salir, otra vez, a votar el próximo domingo 3 de junio de 2018, en lo que respecta a la elección local, para elegir 38 ayuntamientos.

Así pues, y en un afán de salvar lo insalvable, el Instituto Electoral de Coahuila, en sesión de fecha 24 de diciembre pasado, aprobó un manual al cual denominó como: “Lineamientos que regulan a las y los funcionarios públicos o presidentes municipales que no se separen de su cargo y que busquen ser reelectos (as) para la integración de los ayuntamientos del estado de Coahuila de Zaragoza, para la precampaña y campaña, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018”

Dicho reglamento cuenta con cuatro grandes apartados, numerales o artículos, que a la letra dicen:

“1.- No podrán realizar actos de precampaña y campaña en días y horas laborables, en atención a lo que establezca cada ayuntamiento. 2.- No podrán utilizar recursos públicos, ya sea humanos, materiales o económicos que sean del ayuntamiento. 3.- No podrán disponer del personal que se encuentre dado de alta en la nómina del ayuntamiento, del cual ejerce su administración, para realizar actos de precampaña y campaña en horas laborables, ni de aquel otro que sea pagado por el ayuntamiento (sic). 4.- Deberán observar lo dispuesto en la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos, la local del estado de Coahuila de Zaragoza, el código municipal del estado y la demás legislación, reglamentación y normatividad aplicable”.

Preceptos todos inaplicables, o por lo menos inobservables, ya que lo que no dice el Instituto Electoral es que ninguno de estos obvios mandamientos está dentro de sus facultades reguladoras, ya que, según la ley, este instituto carece de facultades para fiscalizar a quienes de manera deliberada hagan campaña en horarios laborables, dispongan de los recursos del erario para sus campañas o que desvíen las funciones del personal del ayuntamiento.

Es evidente que dichas circunstancias nos ponen a merced sólo de la buena voluntad de los acaldes-candidatos y sus partidos para que no caigan en tentación, o lo que es lo mismo: ¡terrible panorama!

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) | @Ricardo Torres_1
29 Diciembre 2017 04:04:00
Descrédito
Fue en el pasado mes de octubre que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó un acuerdo del INE, que pretendía regular la entrega de programas sociales durante un proceso electoral, esto a pesar de que se les advirtió que existe el riesgo de que los gobiernos condicionen o utilicen la entrega de dichos programas sociales como medio de pago en la compra de votos.

Con dicha acción el Tribunal Electoral empezaba a mostrar su verdadera cara, la cual desde entonces, y hasta hoy, no ha sido otra más que la de ser permisivos e impulsores de todo tipo de excesos en la próxima elección federal 2018, ya que este Tribunal insiste en liberar de cualquier normativa, tanto el límite, la procedencia y destino de los recursos económicos que se manejen en dicho proceso electoral.

Pero no sólo en materia de recursos económicos el máximo tribunal electoral es irresponsable, ya que en la misma fecha en que se permitió desestimar el uso de programas sociales como medio de coacción del voto también derogó otros dos reglamentos producidos en el seno del consejo general del INE, con los cuales los consejeros buscaban garantizar la equidad en la contienda electoral 2018, ya que prohibían actuaciones ilegales de funcionarios públicos en favor de un partido político en época electoral, así como la imposición de límites a la difusión de los informes de labores de los mismos en periodo electoral, para evitar con esto que los gobernantes, bajo el pretexto de rendir su informe de gobierno, hagan propaganda en favor de su partido para influir en la decisión del votante.

Es evidente que al Tribunal Electoral poco le importó que estos reglamentos emitidos por el INE fueran la consecuencia de la insensata omisión de los legisladores federales, para normar con precisión el Artículo 134 de la Constitución, el cual trata el uso de recursos económicos federales, de manera muy general, limitándose a ordenar que dichos recursos deberán administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, pero sin precisar la forma en que deberán vigilarse.

Así las cosas y en esa misma inercia antidemocrática, los magistrados del TEPJF, el miércoles pasado, eliminaron del reglamento de fiscalización, una prohibición que impide a candidatos y partidos políticos el reparto de tarjetas monedero durante la campaña electoral de 2018.

En la misma resolución, los magistrados legalizaron el uso de las tarjetas “rosas” por parte del PRI en Coahuila y el Estado de México, durante las elecciones de este año, pese a que el INE insistió en incluir esta prohibición; pero esta y otras normas en el reglamento de fiscalización, fueron impugnadas por el mencionado partido político y sus aliados.

Con este último fallo y con la evidente falta de voluntad para evitar contiendas inequitativas, el Tribunal Electoral federal anunció de manera tácita que el proceso electoral más grande y costoso de la historia de nuestro país, con 3 mil 416 cargos en juego, se desarrollará en un contexto de crisis política, de descrédito, no sólo de los partidos políticos, sino que también de las autoridades electorales, y que, para desgracia de los mexicanos, serán estas mismas autoridades las que se encargarán de validarlas.
22 Diciembre 2017 04:00:00
Valor o Descaro
El miércoles pasado, el Instituto Electoral de Coahuila llevó a cabo un ejercicio de discusión, al cual identificaron como conversatorio, denominado Reelección: Retos Para el Proceso Electoral 2018, en dicho evento, intervinieron la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela Eugenia del Valle Pérez; Jorge Sánchez Morales, magistrado en la misma Sala Regional Guadalajara, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el coordinador general de asesores de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marco Antonio Zavala Arredondo.

En dicho evento, la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez consideró que la reelección no es un nuevo derecho, sino que la reforma político –electoral de 2014– más bien levantó una restricción para que los servidores públicos en funciones puedan participar en los procesos electorales en igualdad de circunstancias; Más o menos en el mismo sentido el magistrado Jorge Sánchez Morales hizo un recorrido histórico de las reelecciones en México, para concluir que la reelección nada tiene de malo.

Finalmente, Marco Antonio Zavala trató de hacer entender, que la prohibición a la reelección no debe considerarse como una violación a un derecho humano, ya que hasta hoy ningún ordenamiento constitucional o internacional la reconoce como tal; incluso consideró que la no reelección es un mecanismo necesario para mantener un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder.

Dignos representantes del Tribunal Electoral Federal resultaron los magistrados participantes en el mentado conversatorio, ya que las opiniones vertidas por los mismos, llevaron sin duda implícitos los criterios incongruentes con los que ahora el citado tribunal resuelve las controversias que les son sometidas a discusión.

Y como muestra la resolución dictada por dicha autoridad respecto a la posibilidad legal de que en Coahuila un alcalde, en la próxima elección 2018, haga campaña sin la necesidad de desprenderse de su cargo, esto, a pesar del inminente riesgo de que el funcionario disponga de los recursos públicos del municipio, para desviarlos a su campaña política–electoral, lo que traerá como consecuencia una elección por demás desigual e ilegal. “No hay conflicto de intereses porque la ley lo permite. Habría que ver caso por caso y ser muy cuidadoso de lo que se puede y lo que no se puede hacer, se establecerían las reglas y tendrán que seguirlas. Obviamente si alguien no está de acuerdo, presentará la denuncia respectiva y será analizada”, aseveró la magistrada.

Pareciera que desconocen que quien sancionará el proceso electoral local en el cual se renovaran los 38 municipios, con candidatos alcaldes en funciones, lo es el Instituto Electoral de Coahuila, y que el mismo carece de facultades para auditar o fiscalizar los gastos de campaña, por ser esta una labor reservada al Consejo General de INE, aunque a decir verdad, es evidente que también desconocen que ellos mismos coartaron al mismo INE en el ejercicio de esa labor fiscalizadora, lo que trajo tantos conflictos a Coahuila en la elección de Gobernador.

En fin, ciertamente hay algo que debemos reconocer a los magistrados visitantes y lo es el gran valor o descaro de venir a una entidad a la cual bastante han lastimado con sus ocurrentes resoluciones.
15 Diciembre 2017 04:00:00
Adiós Isidro
Isidro López Villarreal rindió su Cuarto Informe de resultados el pasado 13 de diciembre. “Nos vemos el próximo año”, señaló el todavía Alcalde, al concluir el mensaje que ofreció tras la presentación del mismo. Chilo aclaró que le será difícil dejar su encargo, dado que él está muy enamorado de la Alcaldía, por lo que sin duda buscará ser candidato para el cargo en los comicios electorales del próximo año.

Para Isidro volver a postularse para la Alcaldía en el proceso electoral del 2018, no significará la reelección continua en el cargo, dado que entre la culminación de esta administración municipal y el inicio de la nueva administración, se encuentra la administración que encabezará el priista Manolo Jiménez.

Volviendo al punto: ¿qué le hace pensar al indolente alcalde Isidro López que existe la remota posibilidad de que los saltillenses le volvamos a elegir como nuestro alcalde?

Es evidente que para Isidro los cuatro años de su tortuosa administración no fueron suficientes, como para que los ciudadanos lamentáramos el haberlo elegido; para nadie es oculto que la administración municipal saliente dedicó su tiempo en implementar acciones meramente recaudatorias, el programa excesivo, ilegal e inquisitorio de las fotomultas –como primera acción sobresaliente del Alcalde– fue sólo el anuncio de la principal característica del actual Ayuntamiento, ya que como compensación ante la imposibilidad de seguirlas cobrando, el alcalde permitió todo tipo de excesos por parte de la Policía Municipal, la cual se encargó en todo tiempo de atiborrar las cárceles municipales todos los fines de semana, arrestando sin motivo suficiente a cuanto ciudadano se cruzaba en su camino, con el único propósito de sacarles el pago de elevadas multas por cualesquier causa.

Como empresario, Isidro hizo que todos los servicios que se brindaron a la ciudadanía, se convirtieran en jugosos negocios, por lo que, taxistas, comerciantes ambulantes, comerciantes establecidos, los locatarios del mercado Juárez y todo aquel ciudadano que necesitara realizar algún trámite, sintieron la voracidad del Munícipe y sus directores, mismos que jamás vacilaron en cobrar peso a peso por cualquier servicios brindado en nombre del Ayuntamiento, como tampoco lo hicieron al momento de imponer sanciones a quien opusiera resistencia al cooperar con la causa.

Así que, la aseveración del Alcalde cuando en 2013 decía: “Vamos a liberarnos de los gobiernos corruptos, nosotros somos el cambio”, se convirtió en su primera promesa de campaña incumplida, ya que, casos como el del director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) de Saltillo, Jorge Salcido Urroz, el del extesorero Adrián Ortiz y hasta el de la sustracción de los documentos de las finanzas del municipio en últimos días, marcaron desde el inicio la imagen de su regencia.

Poco o nada bueno, pudo informar el Alcalde como resultado de su gestión, la cual a todas luces podrá ser calificada –en el mejor de los casos– como igual de mala que las pasadas, aunque a decir verdad en esta, la voracidad de los funcionarios municipales no tuvo comparación.

Adiós Isidro, los saltillenses te deseamos la mejor de la suerte en tus negocios y que logres olvidar esta mala etapa de político en tu vida… la cual, los saltillenses, bastante sufrimos.
01 Diciembre 2017 04:00:00
Como en Venezuela
El miércoles pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguraron las instalaciones de la Onceava Brigada de la Policía Militar, cuartel y unidad habitacional, en San Pedro, lugar que albergará a 3 mil 200 soldados.

Peña Nieto reconoció que la presencia de militares en nuestro estado creció de mil 800 a más de 6 mil efectivos. “Hace falta un marco jurídico adecuado, que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos, en tareas de seguridad pública”, dijo el Presidente, por lo que pidió al Congreso de la Unión la inmediata aprobación de la Ley de Seguridad Interior, para regular el apoyo de las Fuerzas Armadas a las entidades y municipios.

Algo está pasando en las cúpulas de los principales partidos políticos de nuestra nación, ya que en los últimos 2 años, los legisladores federales han discutido diversas iniciativas de reforma constitucional, que plantean darle facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en las actividades policiales, sin ningún control civil de por medio, una de ellas presentada por el senador del PAN Roberto Gil Zuarth y otra presentada por el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, denominada Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada ayer.

En todas estas iniciativas de ley, tanto las del PRI como la del PAN, se estableció la necesidad de otorgarles más facultades a los militares como garantes de la seguridad interna del país. Ambas propuestas parecen olvidar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que tanto han denunciado los propios ciudadanos y las comisiones encargadas de representarlos. Pareciera que a los legisladores poco les importan los innumerables cuestionamientos acerca de cómo se han utilizado las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, sin ningún tipo de control.

Así pues, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior, la cual permite la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, otorgando al Ejército la posibilidad de realizar labores de vigilancia y control social por cualquier método, por lo que podrán intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin distinción, así como arremeter contra manifestantes que decidan tomar una carretera o incluso una calle, como forma de protesta, entre otras muchas potestades; todo esto sin mediar control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.

Es evidente que nuestros gobernantes, en su desmedido anhelo de controlarnos como sociedad, han emprendido una campaña legislativa sin fundamento, otorgándole facultades extraordinarias al Ejército en tareas que sólo competen a la sociedad civil, al punto de poner en riesgo nuestra identidad como república civil, para pasar a un régimen militar. Lo anterior representa una verdadera amenaza, ya que con estas acciones se han venido generando poco a poco condiciones suficientes para la instauración de un régimen dictatorial, exactamente igual al régimen de Venezuela.
24 Noviembre 2017 04:00:00
Inimaginables consecuencias
Seis días restan a la actual Administración estatal y la incertidumbre y zozobra arrecian. Hasta hoy nadie sabe lo que pasará el próximo 1 de diciembre, momento en que debe tomar posesión el nuevo Gobernador de Coahuila. Y es que, virtualmente existe un ganador según el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, sin embargo, la validez de la elección se encuentra en suspenso, dada la impugnación presentada por diversos actores políticos, que intentan repetir dicho proceso eleccionario.

Sin duda la elección de Coahuila es ahora la más amplia muestra de la falta de criterio y compromiso por parte de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales, de manera deliberada, han decidido tomarse el tiempo más extenso posible, antes de sentarse a decidir sobre la procedencia de las impugnaciones vertidas sobre la citada elección. Esta situación ha sido aprovechada al máximo por los mismos, para coquetear y alentar a cuanto actor político llega a sus elegantes oficinas y ha dado pie a la invención de todo tipo de rumores, hipótesis, chismes y leyendas, por parte de quienes dicen saber del tema.

La única verdad es que hasta hoy nada hay en concreto respecto a si se anula o no la elección de gobernador en nuestro estado, y menos si consideramos que las últimas resoluciones del máximo tribunal electoral en el país han sido bastante confusas y carentes de toda lógica y sentido democrático.

No existe, en las recientes actuaciones del citado tribunal, un criterio definido por parte de los ciudadanos magistrados integrantes de la sala superior de dicho órgano electoral, ya que las últimas sentencias emitidas y consensadas por ellos parecen provenir más de un desajuste hormonal de los mismos, que de una decidida intención de ministrar justicia electoral.

Las últimas ejecutorias dictadas por la autoridad han llegado al absurdo de permitir que alcaldes en funciones puedan aleatoriamente participar en campañas electorales, buscando su reelección; otras, han invalidado lineamientos reguladores de propaganda oficial y hasta se ha decretado como lícito el reparto de programas sociales con fines electorales.

En un desplante de arrogancia, esta Sala Superior echó abajo lineamientos de fiscalización aprobados por el INE, tendientes a garantizar la equidad de la contienda; en otra ocasión decretó como válida la promoción personalizada de los funcionarios, así como la contratación de propaganda con dinero público.

Incluso, en últimos días, la misma autoridad ha invalidado criterios que el INE ya había aplicado en elecciones pasadas, con el consentimiento expreso del propio tribunal, como lo son los lineamientos para el uso imparcial de recursos públicos y la contabilización de propaganda en internet como gasto de campaña.

Sin duda, todas estas resoluciones se traducen en un mal presagio, y que lo es, que estamos ante la inminente llegada de una elección federal (de 2018) que se desarrollará en un ambiente de absoluta impunidad, por consecuencia de la absurda interpretación que el tribunal federal electoral da a la Ley de manera deliberada. Es decir, desde hoy tenemos identificado al culpable de una desgracia futura, conocida en el derecho como: una mente criminal dispuesta para causar daños de inimaginables consecuencias.

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