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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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23 Mayo 2019 04:00:00
El orden del paraíso
La renuncia de Germán Martínez al Seguro Social reveló las entrañas de la Cuarta Transformación y más: 1) Si alguien se atraviesa en los proyectos personales y prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, se convierte en desechable. 2) Los verdugos de la Secretaría de Hacienda son intocables; el secretario, Carlos Urzúa, tiene clara la encomienda que los recursos que necesite el Presidente, tienen que salir de donde sea, a costa de lo que sea. 3) Ninguna disposición legal lo va a frenar; si un funcionario como Martínez considera que podría violarse la ley, se le expulsa, porque vendrá otro, como el soldado que ocupaba la Subsecretaría de Gobernación, Zoé Robledo, que lo sustituirá sin importar su desconocimiento técnico o financiero. Lealtad, es el factor clave para entrar en el alma de López Obrador.

Las secuelas de la renuncia de Martínez son el cianotipo del estilo de gobernar de López Obrador. La descalificación personal del exdirector del Seguro Social, la sugerencia de que obedeció a intereses aviesos, el aislamiento gubernamental. La maquinaria funciona. El modelo también. El poder vertical es un diseño que requiere obediencia, y con incondicionales dispuestos a hacer todo lo necesario, suicidarse incluso, para cumplir los programas, deseos y ocurrencias del Presidente. No es algo nuevo en López Obrador. El Presidente tiene clonado el modelo de operación del Palacio del Ayuntamiento, que trasladó a Palacio Nacional. Favor y gracia a los suyos. Y quienes abandonan el rebaño se vuelven desechables.

Una síntesis apretada del estilo es empezar a trabajar alrededor de las 5:45 de la mañana, presidir la junta con el gabinete de seguridad convertidas muchas veces en reuniones tumultuarias, donde acuden secretarios y secretarias por ser la única oportunidad que tienen para plantearle algo, desayuna, revisa temas electorales, toma su siesta de 45 minutos, y de manera mucho menos frecuente que antaño, se va a macanear un poco al estadio de beisbol de Ciudad Universitaria.

Como lo hacía antes, delega de manera selectiva los asuntos de Estado. En Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia y secretario de Gobernación de facto, recaen los temas políticos del Presidente, a excepción de los legislativos, que encarga a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Al gabinete de seguridad le da toda su confianza, aunque al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, le carga cada vez más un mayor número de responsabilidades, algunas tan estrambóticas como prepararse a ocupar áreas en el SAT. Los temas electorales, su verdadera prioridad, los ve con Gabriel García Hernández, coordinador de los superdelegados. 

En un siguiente nivel, opera con los segundos de a bordo. En Gobernación, utilizaba más, hasta ayer, Robledo, por encima de la secretaria Olga Sánchez Cordero. En Educación, la persona de confianza es el subsecretario Luciano Concheiro, relegando al secretario Esteban Moctezuma. En Economía, la relación con los empresarios depende de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, no de la secretaria Graciela Márquez. La manera como establece sus líneas de mando lleva a un desconcierto general.

Antes de sus conferencias mañaneras, tiene reuniones multitudinarias con el gabinete legal, ampliado, subsecretarios, directores de empresas desconcentradas e invitados. En esas reuniones recibe los reportes de algunas de las áreas donde mostró interés en la víspera, y recibe información de su staff, aunque, como se quejan algunos funcionarios, es irrelevante el trabajo que hacen porque el Presidente difunde los números que él piensa que son los correctos, en lo que comúnmente se conoce como el momento de “yo tengo otros datos”.

El estilo híper centralizado de la toma de decisiones es, a la vez, un modelo que deja muchos vacíos y cabos sueltos que tratan de impedir y atar muchos de sus colaboradores de manera coyuntural y emergente. El propio Urzúa padeció las formas del presidente, cuando ante una pregunta de Bloomberg y Reuters en la mañanera, ofreció darles al día siguiente el plan financiero para Pemex, obligando a Hacienda a hacer un copy paste de documentos previamente trabajados, que provocó decepción y preocupación en los mercados internacionales. 

El Presidente, cuyo ejercicio de mando es inflexible, también aplica una rigidez en el proceso, que ocasiona por un lado, que sus colaboradores no lo apoyen en las tareas de gobierno, sino que estén a la deriva –porque son marginados–, en espera de qué instrucción les da en las mañaneras. También, por la forma como aplasta a sus colaboradores en las reuniones de madrugada en Palacio Nacional, ha optado por callar y no dar su opinión, porque si discrepa de la de él, serán cuestionados, maltratados y alejados del núcleo de poder. El silencio del equipo impide que le llegue información oportuna sobre lo que sucede en el para bellum de la Cuarta Transformación, donde para alcanzar su paz presupuestal, se preparan para la guerra contra Hacienda, los enemigos de todos.

Esto es lo que permite entender qué sucedió con Martínez, quien cayó derrotado. Buscó el respaldo del Presidente para reducir los recortes draconianos en su presupuesto, pero sólo encontró su espalda. Es lo que pasa con otros miembros del gabinete a quienes López Obrador ignora.

Hay cansancio en el equipo de gobierno, pero también miedo. Martínez rompió con el Presidente, aunque no lo hizo objeto de sus críticas, porque estaba harto de lo que sucedía. Su realidad es la de muchos. La pregunta es cuánto más tardarán en separarse del Gobierno o lucharán internamente para sobrevivir; es decir, tendrán que matar para no fracasar. En ambos casos, lo que ha provocado López Obrador con su estilo, no es nada promisorio. La carta de renuncia anticipa nubarrones.
22 Mayo 2019 04:00:00
Una renuncia,  una crisis en la 4T
La vida política de Germán Martínez dentro del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó difícil y se puso peor. Aceptó ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social después, incluso, de que los síntomas neoliberales en el cuerpo de la Cuarta Transformación emergieran en la arena pública. Martínez había escuchado poco de los recortes draconianos que se pensaban hacer tan pronto López Obrador asumiera la Presidencia, y las recomendaciones, casi instrucciones, que se estaba haciendo al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto durante la transición. Por ejemplo, que dejaran de comprar medicinas porque iban a revisar todos los contratos. Todo el discurso del despido masivo de funcionarios y burócratas, de recortes presupuestales y disminución de servicios, se había dado bajo el mismo discurso: austeridad y erradicación de los abusos del pasado. Esa visión finalmente se estrelló contra la realidad con la renuncia de Martínez al frente del Seguro Social.

El cronograma del choque con la realidad se lee en la carta de renuncia de 11 páginas al Consejo Técnico, que integran además del director del Instituto, los titulares de las secretarías de Hacienda, Salud y Trabajo. Pero la carta no es una simple renuncia. Es más bien una denuncia contra el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y la oficial mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, a quienes califica de burócratas, neoliberales y llega a sugerir también que son “insensibles” frente a las enfermedades e incluso ante la muerte de pacientes. Martínez no es un político que se quede callado y ha hecho de la difusión pública de su decisión un ejercicio ético que, dentro del gabinete de López Obrador, tres de sus secretarios de Estado y colaboradores cercanos han sido incapaces de sostener.

Con toda certeza se puede afirmar que la indignación de Martínez es compartida por muchos de sus compañeros en el Gobierno de López Obrador, que se han topado con los muros infranqueables de Buenrostro, quien tiene la encomienda de utilizar machetes, tijeras y bisturí para recortar el gasto público y poder acomodar recursos a los programas prioritarios presidenciales.

La acusación es insólita por sus términos, que no dan margen a la confusión. Martínez quiso evitar la personalización al mencionar que son “algunos funcionarios” hacendarios quienes “tienen una injerencia perniciosa” en el Instituto, queriendo quitar la carga de la denuncia sobre Urzúa y enfocándola, aunque no la menciona por nombre, en Buenrostro, pupila del secretario y a quien colocó en la Oficialía Mayor con el diseño de controlar todas las compras del Gobierno. La centralización de las compras del Gobierno federal, con el argumento totalitario de evitar la corrupción, es lo que ha generado conflictos dentro del Gobierno, tensiones y fricciones que van desde la Oficina de la Presidencia y la Consejería Jurídica, hasta el Gabinete legal y el ampliado.

Un párrafo de su carta revela parte del conflicto con Hacienda y dice: “La Cuarta Transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural (…) Algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde (…) se pretende reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

Detrás de de ese párrafo se encuentra uno de los conflictos más serios con Hacienda, que le provocó una reciente fricción con el Presidente que, de acuerdo con funcionarios federales, lo maltrató y llevó a considerar su renuncia. López Obrador apoyó en ese momento a Urzúa, quien le había anticipado que habría un nuevo recorte presupuestal que afectaría a las delegaciones. El argumento de Martínez de que tendría un impacto directo sobre los servicios de salud y los derechohabientes fue ignorado. La falta de apoyo del Presidente no era nueva. López Obrador quería cancelar el Seguro Popular, y Martínez le presentó un modelo para hacer la prestación de servicios de salud a través de él. Cuando preparaba su presentación, sin que nadie le consultara, el Presidente anunció su remplazo, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

La insatisfacción de Martínez se venía acumulando desde hace meses por las reducciones presupuestales y los ajustes que sobre la marcha hacía Hacienda para acomodar las prioridades de López Obrador o deshidratar al Gobierno para darle capacidad fiscal y financiera a Pemex, a fin de que no le bajen el grado de inversión. Urzúa, que difícilmente objeta decisiones del Presidente, y Buenrostro es quien cuida las llaves del dinero y lo distribuye a cuentagotas. La carta de renuncia refleja su derrota completa ante Hacienda, y su indisposición a hacer las maromas que practican excompañeros de gabinete con menos arrestos, sabedor de que era una batalla perdida.

No tardó mucho en comprobarlo. El Presidente dijo que no compartía las razones de su renuncia, y era imposible que coincidiera. Como esboza Martínez, la política hacendaria tiene un corte neoliberal salvaje, que tanto denuncia el Presidente; es excluyente, contrario a la narrativa oficial, y afecta más a quienes menos tienen, contrasentido del discurso de López Obrador. La realidad alterna de la propaganda contra la realidad terrenal, tan víctima en esta ocasión como lo fue Martínez. Esta renuncia es de alcance mayor, porque muestra la crisis que se vive dentro del Gobierno por las irracionalidad de una política de austeridad a rajatabla, porque socializa enfrentamientos que sólo se veían en la prensa política, y porque desnuda las contradicciones de un régimen que se dice del cambio.
21 Mayo 2019 04:00:00
Donde morir es redundante
En Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cambio de prioridad. El dinero de la venta de vehículos decomisados a criminales, dijo, ya no sería para financiar la Guardia Nacional, sino serían destinados al apoyo de Cochoapa, cuyo nombre, para millones de mexicanos, debe haber sido una sorpresa, o la primera vez que oían hablar de esa comunidad. Cochoapa se encuentra en la región de la Montaña Alta de Guerrero, y es el municipio más pobre del país. La marginación ha llegado a ser tan aguda, que hasta las cosechas de amapola se acabaron. Abandonados por todos, finalmente un presidente volteó a ver esa comunidad de 18 mil 458 personas donde sólo 319 no viven en pobreza.

Un reportaje publicado en Eje Central en marzo pasado tomó la primera fotografía de esa comunidad. “Aquí, morir es redundante”, comenzaba el texto. “En esta comunidad de la Montaña Alta de Guerrero se encuentra el corazón de la nada. No hay drenaje, ni calles, ni clínicas, ni escuelas, ni dinero para sembrar la tierra, ni mucho qué comer. Los profesores y médicos se aparecen un par de días cada cuatro o cinco meses, a veces más, a veces ni eso. En Cochoapa se vive entre tierra sin caminos, entre la diabetes y la tuberculosis, entre el olvido y la burla, entre el coraje y la desesperación.

“Este es el México más profundo, el más pobre, el de hombres y mujeres de piel agrietada y oscura, partida por el sol y el caminar; de niños que no estudian y de autoridades ausentes, a donde todavía ni siquiera llega el censo para acceder a los nuevos programas sociales. Pero también es el mismo lugar que los candidatos, de todos los partidos políticos, han utilizado como escenografía para arrancar sus campañas, como muestra de su compromiso para abatir la pobreza y prometer obras, recursos e inversiones millonarias que no han cumplido. Lo han hecho Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Pero hasta ahora ninguno de ellos subió más arriba que la cabecera municipal, nunca pisaron la Montaña Alta de Guerrero”.

Cochoapa es la síntesis que da cuerpo al discurso de López Obrador sobre marginación, desigualdad y corrupción. “Aquí la corrupción ha fracturado el desarrollo”, decía el reportaje. “Un puente que oficialmente fue construido, pero que de él en realidad sólo existe un muro con varillas sueltas que impide cruzar el río; o una carretera que debía ser de cinco kilómetros de pavimento, pero terminó de apenas unos metros y un apelmazado de arena; o escuelas que los programas de la SEP reportan como remozadas, pero que ahora se deslavan”.

Ese municipio que apenas sobrevive, se encuentra en un estado con pobreza endémica y centenaria. Pero aún así, sobresale por sus carencias. Si la población en pobreza en el estado toca a 6.1 personas de cada 10, en Coahocapa es de 9.3 de cada 10. O sea, prácticamente todos. Casi 6.3 de cada 10 tienen salario mínimo y 10.5 dos salarios, aunque la gran mayoría vive en la informalidad sin servicios médicos ni protección social. “Aunque las tierras son productivas, sembrar en alguna de las 152 comunidades que integran el municipio de Cochoapa es una proeza, no sólo por lo agreste de la zona montañosa, sino por los extremos de clima, porque hay poco dinero y casi no hay jóvenes para trabajar, sólo niños, mujeres y adultos ya mayores, que se mantienen de las remesas”, narraba el reportaje.

La población sólo se alimenta de tortillas hechas a mano y salsa de molcajetes. En ocasiones les alcanza para juntar 15 pesos a la semana y comprar una cola o cerveza tibia, porque no hay refrigeradores ni hielos. Para bajar a la cabecera municipal, desde alguna de sus comunidades de la parte más profunda de la Montaña Alta de Guerrero, subrayaba el reportaje, los pobladores tenían que caminar tres días por una ruta terregosa, de una tierra fina que se mete en los ojos, en la boca y llega hasta los pulmones. “Si tienen 150 o 200 pesos, podrán caminar de tres a cinco horas, esperar a la pasajera–una camioneta de redilas–, y entonces la ruta será de entre cuatro y seis horas más”, describieron los reporteros José Antonio Rivera y Jonathan Nácar.

Cochoapa es la metáfora de la simulación. Les ofrecieron educación para sus hijos, pero la escuela está abandonada porque los maestros iban solamente una o dos veces por semana. Les garantizaron que tendrían servicios médicos, pero la gente se muere de diabetes y tuberculosis. Si tienen una emergencia, la clínica que construyeron los pobladores para ese fin, está cerrada porque nunca iba el doctor, por lo que si entra alguien en crisis, tiene que desplazarse en vehículo entre cinco y ocho horas, hasta bajar a Tlapa y encontrar asistencia. Apenas hace siete años llegó la electricidad a la comunidad, y hace menos de una década, la primera carretera de terracería.

López Obrador visitó Cochoapa el 8 de julio de 2008, donde agradeció que en las elecciones de 2006 hubieran votado por él. En aquel entonces les dijo que no los traicionaría. “No voy a dejar de luchar por la gente humilde y por la gente pobre”, les prometió. “No es nada más llegar al cargo público. Lo más importante, lo que realmente vale la pena, es luchar por el bienestar del pueblo, por la gente que está olvidada, marginada”. Nueve años después su mente regresó a Cochoapa para ayudar a esa comunidad, ejemplo vivo de una desigualdad que debería causarnos vergüenza colectiva y reflexión de hasta dónde hemos llegado.
20 Mayo 2019 03:30:00
Los disparates de la estrategia
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un ejemplo refinado que en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gimnasia y la magnesia son lo mismo. Por escrito y con seriedad, el gobierno hizo análogos a los cárteles de las drogas y las guerrillas, que dio como resultado una solución de susto en términos conceptuales, al fenómeno de la violencia y la inseguridad. La estrategia, que se trabajó por casi tres años, cuando el entonces aspirante a la candidatura presidencial le dio la encomienda al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, introdujo una serie de objetivos que se antojan irrealizables y tan descabellados como exigir en una rosticería una carne tártara.

La estrategia, cuyo decretofue publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles pasado, planteó que para “emprender la construcción de la paz”, es necesario un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala el decreto. Entonces, ¿la lucha contra el narcotráfico es en realidad una guerra civil? Debe aclararse sobre qué base equiparan la lucha contra el narcotráfico con conflictos armados.

De acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado no internacional es uno que surja entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales.“No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general se requiere un grado de intensidad en la violencia interna”, explica la Oficina para Refugiados de la ONU.

“Un elemento que suele ser importante es el uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben estar organizados de forma militar, con una estructura de mando, ejercer un control territorial y llevar a cabo operaciones militares… sostenidas y concertadas”.

Al establecer el parangón, el gobierno reconoce que los cárteles de la droga sí controlan territorios –una de las variables del Estado fallido–, y que hablar en esos términos es otorgarles beligerancia, por lo cual haría a las bandas criminales grupos protegidos por el Derecho Internacional, cobijados por la Convención de Ginebra. Esto es un disparate, sin sustento ni explicación en el decreto.

Por otra parte, la estrategia propone que los criminales entren a una ruta de desmovilización, desarme y reinserción, cuya utilización de términos en el caso de narcotraficantes es inverosímil, porque ese camino sólo se emplea con movimientos armados y guerrilleros cuando se dan procesos de negociación, para que colectiva o individualmente se reincoporaren a la vida legal. Esto se da mediante una amnistía, una palabra que no se menciona en la estrategia, pero que fue propuesta por López Obrador en la campaña presidencial, para los narcotraficantes. El decreto plantea implícitamente la amnistía para criminales, y la sugiere como el camino a “la construcción de la paz”.

Este es uno de los puntos más ominosos de la estrategia, porque muestra que ni el Presidente ni el Gabinete de Seguridad entienden de lo que están hablando, o que quienes sí saben callaron ante López Obrador, o que en curso viene una negociación con los cárteles. Los movimientos armados surgen de causas políticas, económicas y sociales, que optan por la vía de las armas como la última opción para provocar un cambio de régimen, que no pudieron alcanzar mediante la vía pacífica.

De ahí que se puedan dar los procesos de desmovilización y reinserción como resultado de una amnistía y una negociación en donde no hay ganadores ni perdedores. Un proceso exitoso de esa naturaleza fue El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil; uno en vías de fracasar, el de Colombia con las FARC.

El narcotráfico no es motivado ni se mantiene por una causa para cambiar al régimen. Jamás pretenden un cambio de gobierno o de régimen, sino corromper a sus personeros, porque no luchan por un ideal, sino por lucro. Los cárteles de la droga operan en mercados delictivos cuya motivación es el dinero. No es ideológico sino mercantil. Tampoco pretende el cambio para todos, sino el enriquecimiento de sus jefes y los recursos para sostener el negocio de la producción, distribución y comercialización de las drogas. Los cárteles no confrontan militarmente al Estado sino tratan de corromperlo y que sean su primera línea de fuego contra sus adversarios, para tener el control de ese sistema económico paralelo y supuestamente clandestino.

El gobierno no entiende la dinámica de los mercados ilícitos, o simula su incomprensión, ni la integración de los cárteles de la droga mexicanos, o finge desconocimiento. Los cárteles mexicanos son trasnacionales y participan en un negocio que les deja entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. La estrategia para disminuir la violencia y la inseguridad, como está planteada en el decreto, no va a resolver nada. Al contrario. Le abrirá posibilidades al crimen organizado, si se cumple con lo que planea el Gobierno, para operar en mercados legales sin dejar los ilegales, aprovechando los hoyos que deja el modelo lópezobradorista que tiene, como el más notable, que no los
combatirá.

En la columna publicada el viernes, se planteó que la estrategia apunta a que preferiría pactar con los cárteles de la droga impunidad para su negocio –salvo en el rubro del lavado de dinero–, a cambio que regresen la tranquilidad a las calles. La Pax Narcadel viejo régimen, ratificada por el Presidente cuando la semana pasada deslizó no descartar llegar a un acuerdo de paz con todos aquellos involucrados en el narcotráfico. Urgen clarificaciones sobre este tema.


17 Mayo 2019 04:05:00
La estrategia de la sinrazón
El 14 de mayo fue la mañana que trajo la sorpresa de mayo en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó sus prioridades en el combate al narcotráfico. Primero, atender las causas, que ha dicho son socioeconómicas. Luego, tener la Guardia Nacional, que es una fuerza de reacción rápida, como un equipo SWAT. Después una campaña dirigida a los jóvenes, que concientice sobre los males de las adicciones. Tras ello “acuerdos con Estados Unidos”, que no está claro qué significa, y modificar el enfoque policial del combate a las drogas, para ubicarlo como un tema de salud, que tiene que ver con la prevención y las campañas para que no se consuman estupefacientes. Finalmente, la bomba. “No descarto la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz”, dijo el Presidente. La prensa le pidió inmediata clarificación. “¿Con el narco?”, se le preguntó. “Con todos”, respondió. “Todos a portarnos bien”.

Ya no se volvió a hablar más del tema. Pero este jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que mencionó el Presidente. Fue la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que tiene ocho objetivos que busca la regeneración ética de los criminales y asesinos para que dejen de delinquir, abriéndoles la posibilidad para que encabecen negocios legales y regulares. Con ello, se estableció, se quiere “emprender la construcción de la paz”, y que se dé un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala la estrategia. Reeducándolos e inyectándoles valores éticos, sueña, verán la posibilidad de aumentar su esperanza de vida, que lleven una vida tranquila sin preocupaciones e, incluso, que alcancen la respetabilidad social.

Si el documento no es una broma de mal gusto para los mexicanos, la Estrategia de marras es una mezcla de ingenuidad, ignorancia, confusión o, quizás, tramposa perversidad. Un botón de muestra es cuando en su alegato de la reconstrucción de la vida moral de los criminales, afirma que es la manera con la que actuó el Gobierno de Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado, “para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades. De ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión”. El periodo al que se refiere es el fin de la Prohibición del consumo y producción de alcohol, durante la Presidencia de Franklin Delano Roosevelt –a quien admira y en quien se inspira López Obrador–, pero la conclusión de la Estrategia es superficial y equivocada.

La era de la prohibición fue capitalizada por las mafias en Estados Unidos, cierto, pero no detonó la violencia –que es la creencia popular expandida incluso en el seno de la Cuarta Transformación–, como argumentó el profesor de Harvard, Mark Moore, en un influyente artículo que publicó en The New York Times en 1989. La violencia subió en algunos estados de la mano del cambio de una población rural y agrícola a una manufacturera en la urbanización de Estados Unidos. En aquellos estados altamente urbanos y ciudades como Nueva York y Chicago, los niveles de violencia se mantuvieron estables.

Hablar de la bonanza de las ciudades como resultado de la legalización del alcohol, es un tanto rupestre. Atlantic City, a 200 kilómetros al sur de Nueva York, era un destino de descanso de los ricos, y sólo fue hasta finales de los 70, con la apertura de casinos, que emergió como un lugar boyante. Las Vegas nació en 1947, producto del sueño de Benjamín Siegel, quien abrió en medio del desierto el Hotel y casino Flamingo. “Bugsy” Siegel era uno de los sicarios de Charles “Lucky” Luciano, y tuvo la visión de levantar un oasis de juego con el apoyo y el dinero de la mafia. Su nacimiento fue un subproducto del negocio criminal, no como éxito del fin de la Prohibición. El Miami en el que deben haber pensado cuando escribieron la estrategia debe ser el actual, cuyo centro es espectacular y crece cada año, después de haber sido un hoyo de pordioseros y drogadictos. Pero su resplandor comenzó en los 80, pero con el dinero de los narcotraficantes colombianos, en especial Carlos Lehder y Pablo Escobar.

La analogía con las secuelas de la Prohibición no es lo único fallido de la Estrategia. También está la mezcolanza que hace la Estrategia entre lo que es un cártel de las drogas, con todo el negocio ilegal en los mercados criminales que crean, alimentan y reproducen, y los movimientos armados, al estar planteando alternativas de negociación con las guerrillas. Esta confusión es mucho más grave que el de la prohibición, porque si bien en esta última solo muestran ignorancia, en las opciones para la “construcción de la paz” se encuentran los detalles del Diablo.

Plantar, como lo hace la Estrategia, que la guerra contra el narcotráfico es igual a una guerra civil, simplemente es no entender ni la esencia ni las dinámicas de un movimiento armado, ni los resortes y motivaciones de un negocio criminal. O, también, entenderlo muy bien y engañar con la verdad. En el próximo texto se abordará este ángulo de la Estrategia, cuyo objetivo es diáfano: legalizar las drogas para replicar el fin a la prohibición, perseguir a los capos del narcotráfico solo financieramente, y acomodarse con ellos a dejarlos en su negocio a cambio de que regrese la paz y la tranquilidad a las calles mexicanas. Es decir, el regreso a la Pax Narca del viejo régimen.
16 Mayo 2019 04:09:00
Día de campo para el cártel
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está desatado. A través de su comunicación en mantas sigue amenazando a autoridades judiciales y municipales en varias partes del país, y abrió la temporada de reclutamiento de policías federales. Las expectativas que había para la captura de su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se han evaporado, y la persecución de sus cuadros criminales está prácticamente suspendida.

La organización criminal, junto con Los Zetas, es la más violenta del país, y está operando sin aparentes obstáculos, mostrando su músculo financiero y su capacidad de fuego. En estos tiempos, goza de un día de campo nacional. Y por eso salió de pesca.

En los últimos días ha circulado en algunos chats de WhatsApp la fotografía de un joven con gorra y playera negra, que al calce tiene las siglas “CJNG”, donde aparece este mensaje dirigido a los policías federales: “Compañero PF si te llegan a dar de baja no te preocupes aquí te reclutamos, el CJNG invita a todos los expolicías federales que fueron despedidos injustificadamente a unirse con nosotros; ya tienes entrenamiento no lo pienses más, ven aquí si te pagamos”.

El mensaje, que ha sido verificado por personas con conocimiento del modus operandi del CJNG está firmado: “atte. M-1”. Esta numeración, supuestamente corresponde al comandante Isidro Lara, que es como se identifica a uno de los presuntos líderes de la organización criminal en el Estado de México. El nombre apareció hace cuatro años en Oaxaca, de una persona presuntamente miembro de Los Zetas, sin saber si se trata de un homónimo o de quien cambió de bando. El cártel debe querer aprovechar los vacíos que existen actualmente en la estrategia de seguridad y los niveles de impunidad con el que se manejan las grandes organizaciones criminales.

El vacío institucional existente, por diseño gubernamental no por omisión, se inscribe también en el contexto de las salidas masivas de elementos de la Policía Federal. Hasta febrero pasado, se estimaba que entre 3 mil y 5 mil policías federales –de una fuerza de 37 mil– habían iniciado sus trámites para darse de baja de la corporación ante la política de austeridad del Gobierno y la cancelación de prestaciones como el seguro médico de gastos médicos mayores y los bonos de riesgo.

Esas prestaciones nunca fueron consideradas como privilegios dentro de la Policía Federal, sino como apoyos y estímulos para sus miembros, constantemente en enfrentamientos con criminales. Esos ingresos indirectos complementaban el salario de aproximadamente 17 mil pesos mensuales que percibían. El CJNG ofrece 16 mil pesos mensuales a sus reclutas sin experiencia alguna, a los que tienen que capacitar, por lo que pudiera recibir un federal debe ser significativamente superior.

La austeridad republicana del Gobierno federal abrió la ventana de oportunidad a ese cártel para captar mano de obra entrenada y calificada, repitiendo el fenómeno que se vivió hace casi 20 años con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, cuando empezaron a reclutar militares de las fuerzas especiales que ganaban 7 mil pesos al mes, que fue el origen de Los Zetas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no tiene problemas de liquidez, y era considerado por las autoridades federales en el Gobierno anterior, como el más rico de todas las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas.

De acuerdo con la última evaluación de amenazas de la DEA dada a conocer en noviembre pasado, opera en 22 de las 32 entidades del país como una organización que trabaja múltiples drogas, fabricando y distribuyendo cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo en los grandes mercados de consumidores de droga en Los Angeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, además de tener operaciones en Europa, Asia y Australia.

Es considerada por las autoridades estadunidenses como una organización con un comando y control disciplinado, técnicas sofisticadas para el lavado de dinero, rutas de transportación eficaces y extrema violencia.

Una muestra de su capacidad financiera y de persuasión se encuentra en los avances de investigación en el Poder Judicial reveladas este martes en la prensa de la Ciudad de México. Según lo revelado, las autoridades tienen como el principal investigado al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, que ordenó en 2018 la liberación de Francisco Aguilar Santana, “Juan Pistolas”, una de las personas más cercanas a “El Mencho” Oseguera, según las autoridades. De acuerdo con la investigación, el magistrado recibió entre 2010 y 2016, un total de 18 millones de pesos.

El CJNG ha llevado a sus límites más altos la máxima criminal contra las autoridades de plata o plomo, que está presente en todas sus mantas amenazantes. La última apareció este martes en Miahuatlán, al sur de Oaxaca capital, donde amenazaron a todos los funcionarios de la prisión federal que se localiza en la pequeña comunidad de Mengolí, y donde está recluido José Bernabé Brizuela Meraz, “La Vaca”, que era el jefe de asesinos de Rubén Oseguera, “El Menchito”.

Lo que llama la atención de esta y otras mantas de la organización jalisciense contra funcionarios en las cárceles, sin embargo, es que coinciden con la investigación sobre presuntos actos de corrupción que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre todo el Órgano Administrativo Desconcentrado, responsable de las prisiones, que comprende la segunda parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La forma como está operando el Cártel Jalisco Nueva Generación proyecta un velo de impunidad. “¿Por qué no habría de serlo?”, dijo una persona que ha seguido su evolución por años. “Tienen impunidad institucional garantizada”. La imputación es fuerte, pero hay razones objetivas para hacerlo, que se analizarán más adelante.
15 Mayo 2019 04:00:00
Castigo a los pobres
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una mujer con un enorme conocimiento científico y técnico y, se puede presumir, con las mejores intenciones para lograr una mejor vida para quienes menos tienen.

Después de todo, ese es el objetivo ulterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la está preparando para que sea su sucesora en 2024, y bajo cuya guía ella se ciñe como su mejor pupila. Funcionaria honesta sin duda, ha inyectado fuertes dosis de integridad y control a su joven administración, entrando en la contradicción de la vida política real.

Uno de los muros con los que está chocando, sin visos de que vaya a corregir, es en el sector de los desarrollos inmobiliarios, que tiene detenidos por dos razones. La primera es para verificar si el anterior gobierno autorizó las obras conforme a ley –han encontrado irregularidades en 17 de ellos–, y la segunda, derivada de su visión personal, es que la capital federal no necesita más edificios de ese tipo. En ambos casos, las cosas está saliendo contraproducentes, afectando a quienes menos tienen.

Como se planteó en la columna del martes, Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y a la economía de la capital, que representa el 18% del total nacional. No hay todavía un cálculo de la afectación económica que esto provocará, pero de acuerdo con personas vinculadas al sector de la construcción, las ventas en esta industria han bajado de manera considerable. Sólo en Cemex, agregaron las personas, se calcula que las ventas en la capital cayeron 35% en el primer trimestre, estimando porcentajes similares en varilla, tubos e instalaciones eléctricas, al impactar la industria de la construcción en una treintena de sectores más.

En término de empleo, los números no son alentadores. De sí, la desaceleración de la economía, que se arrastra desde el último trimestre de 2018, que en su mayoría le correspondió al gobierno anterior al de Sheinbaum, provocó que al primero de mayo, de acuerdo con la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón, existieran 227 mil 775 personas sin empleo. De acuerdo con personas con acceso al sector de la construcción, unas 150 mil de esas personas perdieron su trabajo por la cancelación de los desarrollos inmobiliarios y obras como el nuevo aeropuerto en Texcoco, que mandó a la calle a 45 mil personas.

En febrero, reportó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el número de trabajadores de sus afiliados inscritos al Seguro Social se contrajo a menos 0.1%, comparado con el mismo periodo en 2018, que fue la tasa más baja desde octubre de 2013, tras la aprobación de la Reforma Fiscal.

La política de la jefa de Gobierno en materia de construcción no se ha limitado únicamente a la suspensión de los permisos de obra. De acuerdo con abogados, se han clausurado más de 100 obras durante el primer trimestre del año de manera que calificaron de “arbitraria”, y violando el debido proceso. Un número no precisado de acciones de juicios de amparo se han presentado en el Tribunal de Justicia Administrativa, así como también cuando menos una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Se abre también la posibilidad de que las acciones del gobierno capitalino hayan violado la Constitución de la Ciudad de México, que en su Capítulo 7 denominado Ciudad Democrática, establece un novedoso concepto, el “derecho a la buena administración pública”, donde se establece que “toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

El desempleo, que seguirá en aumento ante la parálisis inducida en la industria de la construcción, tiene externalidades. Una es la que planteó recientemente Federico Pérez Cruz, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, al hablar de una baja en las ventas del 10 de mayo. Explicó que una de las razones fueron el desempleo y los despidos que se han dado en la capital, que no se han frenado. “A mayor desempleo y más despidos, menor consumo”, declaró a la prensa.

Pérez Cruz mencionó que la inseguridad también impactó en la baja de ventas. El creciente desempleo coincide con la creciente violencia en la capital. De acuerdo con un reporte de David Saúl Vela en El Financiero este martes, el robo violento en el transporte público de la capital se incrementó 197% durante los primeros cuatro meses de gobierno de Sheinbaum, con relación al mismo periodo anterior, y sin violencia se elevó 237%. Los robos a transeúntes se elevaron 157% en el primer trimestre, el robo con violencia a negocios subió 54%, y los homicidios dolosos 133 por ciento.

La inseguridad en la Ciudad de México es bastante democrática. Sin importar códigos postales, la incidencia delictiva ha crecido en las alcaldías más pobladas, y se nota un creciente número de incidentes donde para robar se está asesinando a las víctimas. Pero en el caso de la construcción, los más afectados son quienes menos tienen, y a quienes más se desea proteger.

La jefa de Gobierno tiene que atender lo que está sucediendo en el sector, que es un indicador de crecimiento y empleo y que, en este momento, es todo lo contrario.

14 Mayo 2019 04:01:00
La crisis que no se ve,  pero se siente
El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los desarrolladores inmobiliarios Abraham y Elías Cababie. La reunión pasó desapercibida, pero de acuerdo con los antecedentes sobre lo que está pasando en el sector de la construcción en la Ciudad de México, hay que prestar atención. Los Cababie encabezan el Grupo GICSA, que ha sido responsable de algunos de los desarrollos sobresalientes en la capital, como Paseo Arcos Bosques, el corporativo de HSBC o el Forum Buenavista, y su encuentro con López Obrador se inscribe en las crecientes críticas que le han hecho llegar al Presidente los constructores sobre el actual gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital federal.

La queja, cada vez más insistente, es que Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y, como consecuencia, a la economía de la ciudad, que representa el 18% del total nacional. El planteamiento es que esta política tendrá consecuencias en la política económica federal, al provocar una desaceleración que impactará negativamente las tasas de crecimiento y empleo. Como botón de muestra, sólo en el corredor inmobiliario en Cuajimalpa, ya hay 6 mil albañiles sin trabajo por esta razón.

El atorón inmobiliario tiene como origen la creencia de Sheinbaum que hubo corrupción en el sector durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y su convicción de que la Ciudad de México ya tiene demasiados desarrollos inmobiliarios. Al hacer una evaluación de sus primeros días de gobierno en marzo, dijo que “estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario”, y que se habían revisado los 174 polígonos de atención autorizados. Un polígono de atención a una superficie delimitada de suelo que integran uno o más predios para realizar proyectos urbanos, que tienen que ser autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local.

Sheinbaum detalló en su informe que 48 de ellos tenían “irregularidades graves” y la construcción en 17 había sido suspendida, pero la forma como maneja los números y emplea los argumentos ha sido inconstante y, en algunos casos, de manera muy preliminar. Un mes antes de su informe de los 100 días, dijo que se habían suspendido las actividades en 12 obras inmobiliarias, a fin de atender los reportes de la ciudadanía ante anomalías detectadas en la autorización de los 174 polígonos de actuación. En este caso, habló de irregularidades en todos los polígonos, que en febrero ya no resultaron todos los que mostraron anomalías, sino únicamente en el 25% de ellos. Las obras restantes, sin embargo, no se reanudaron en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez, donde se concentran las obras.

Sheinbaum ha dicho que se abusó de los polígonos de actuación durante 2017 y 2018, al autorizar obras sin fundamento legal con base en los programas de desarrollo urbano, como permitir una mayor cantidad de niveles de construcción, la ampliación de la superficie de desplante y la relocalización de usos entre las demarcaciones. Daniel Narváez, director de mercadotecnia del portal especializado Lamudi, dijo en marzo en una entrevista de prensa, que además de los 17 proyectos suspendidos, había otros 29 cuya construcción creía también sería detenida. Eso no sucedió, ni se ha vuelto a hablar del tema. No obstante, se golpeó al sector inmobiliario al suspenderse las obras, no por iniciativa de los desarrolladores sino, como señalan algunos afectados, porque las alcaldías dejaron de autorizar permisos para la construcción.

Las políticas de vivienda del Gobierno central han permeado en las alcaldías, mayoritariamente gobernadas por Morena, el partido en el poder, lo que ha acentuado la crisis del sector. Desde junio del año pasado, antes de las elecciones presidenciales, se estimaba que las ventas en el sector se iban a ralentizar en este año, dada la experiencia que en cada cambio de Gobierno federal caen entre 15 y 20%. Eugenio Towle, socio de la consultoría inmobiliaria Softec, dijo durante un foro en junio que la disrupción de los procesos llega a tomar seis meses de curva de aprendizaje antes de que se normalice el sector. En esta ocasión, sin embargo, eso no sucedió y todo se congeló.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, durante el primer bimestre de este año, la actividad productiva de la industria permaneció prácticamente estancada, con un crecimiento marginal de 0.1% con respecto al mismo periodo de 2018, lo que afectó en la generación de empleos. Por ejemplo, Susana Miranda, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, dijo a la prensa que durante ese bimestre, alrededor de 300 de sus afiliados estaban sin trabajo desde el cambio de gobierno, y anticipaba que podría detonarse una crisis si las alcaldías seguían negando permisos de construcción.

Aquellos síntomas se volvieron una enfermedad, y el sector privado –aún quienes no están dentro de la industria–, están sonando las alarmas en el Gobierno federal. No tuvieron interlocución en el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que el problema le llegó a López Obrador. No hay una claridad aún sobre qué decisión tomará el Presidente, ni qué tanto ha sido convencido que tiene que actuar para reactivar al sector inmobiliario y de la construcción, que va en beneficio no sólo de estos y de trabajadores, sino de su propia política económica y laboral.

Nota: En la columna del lunes, se identificó erróneamente a la responsable del proyectos de las universidades públicas “Benito Juárez”, como Bertha Luján. La responsable es Raquel Sosa.
13 Mayo 2019 04:01:00
Gabinete a revisión
Desde hace poco más de dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene revisando y discutiendo internamente sobre las fortalezas y debilidades de su gabinete. En el horizonte se encuentra un primer ajuste al primer nivel del equipo de Gobierno, aunque el momento no está decidido. Personas que conocen de las conversaciones del Presidente con diferentes interlocutores, dicen que se había pensado el reacomodo en mayo, pero que se pospuso cuando menos para finales de junio o principios de julio, una vez que se tengan los indicadores económicos del segundo trimestre y que se tenga conocimiento sobre cómo saldrán los grados de inversión de la deuda de Pemex y la soberana.

La calificación sobre el grado de inversión en Pemex y su repercusión sobre la deuda soberana de México, ha sido minimizada públicamente por el Gobierno, pero es una de sus dos principales preocupaciones. Colaboradores del Presidente señalan el daño que causó el recorte de dos escalones que hizo Fitch Ratings en enero pasado, cuando colocó las notas de bonos de Pemex en perspectiva negativa, en los límites de ser considerados bonos basura, y en el umbral de perder el grado de inversión. Esa baja fue un mensaje a los inversionistas que en número importante decidió suspender todo con México en espera de claridad sobre la política económica del Gobierno tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco. La decisión de Fitch fue días después de que Pemex y la Secretaría de Hacienda presentaron un plan para aligerar la carga fiscal de la empresa petrolera, que lejos de generar confianza, exacerbó la incertidumbre.

En las últimas semanas el Gobierno ha anunciado una serie de medidas para aliviar esa carga fiscal y dotar de recursos a Pemex para enfrentar sus problemas, que incluyen recortes draconianos al gasto y las nóminas de la administración pública. De acuerdo con los analistas mexicanos y extranjeros, no es suficiente lo que se ha hecho, subrayando el pesimismo de los mercados sobre las acciones tomadas. No se sabe, sin embargo, cómo vendrán los reportes sobre la calificación de la deuda de Pemex en verano, pero coincidirá con otro plazo determinante, la ratificación del acuerdo comercial norteamericano en el Congreso antes del receso de verano, porque si es después coincidirá con el inicio del proceso electoral, lo que haría mucho más difícil lograr el voto. La ratificación depende de la implementación de la reforma laboral y de la nueva política migratoria restrictiva, que marchan en la dirección que quiere Washington.

Las discusiones sobre el ajuste al gabinete se dan en un marco general, que tiene que ver con esos presupuestos en donde la solución parte de México, aunque con un fuerte componente en el extranjero, y con el rendimiento que ha tenido el gabinete. El equipo ha sido de claroscuros, y se ha recargado sobre muy pocas personas, algunas de ellas en el staff presidencial. Esta forma de operar no es extraña en López Obrador, quien cuando fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal hacía lo mismo: delegaba el trabajo en dos o tres personas, varias de ellas fuera del gabinete local. Varias veces se ha señalado ante el Presidente la inexperiencia de diversos funcionarios y los problemas que ello ha generado, a lo que siempre responde que prefiere una larga curva de aprendizaje que “el bandidaje”. El estado de cosas, sin embargo, se ha ido modificando.

Los supuestos sobre lo que se ha venido hablando, según quienes saben de las discusiones, versan sobre la manera como la incapacidad abierta de algunos y los conflictos dentro del equipo de gobierno, afectan el funcionamiento de la administración y provocan percepciones hacia fuera del Gobierno de desorden y falta de control. Hay algunos conflictos muy públicos, como el del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Hay otros menos visibles, pero muy fuertes, como el del fiscal Alejandro Gertz Manero con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Pero no son los únicos.

En la Secretaría del Bienestar se vive uno de los choques más violentos, entre la titular María Luisa Albores, y la subsecretaria Adriana Montiel, la responsable de los programas sociales. Otro, que tiene incidencia directa sobre la educación superior, es el que sostienen los viejos aliados y amigos del Presidente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y responsable de la creación de un nuevo sistema de universidades “Benito Juárez”, que es lo único que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación superior. A la baja se encuentra la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

Dos casos de aislamiento dentro del gabinete y con mala imagen en la opinión pública son los de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aunque a su favor se encuentra su responsabilidad sobre dos de los principales proyectos de infraestructura del Gobierno, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto en Santa Lucía. Un caso de debilidad interna es el de Olga Sánchez Cordero, disminuida como secretaria de Gobernación, donde la operación política la lleva el subsecretario Zoe Robledo, y muchas funciones de la Gobernación se las encarga el presidente a su consejero jurídico, Julio Scherer.

El futuro del gabinete es incierto en estos momentos, pero la coincidencia es que tendrá que haber un ajuste bajo cualquier escenario. Se verá si es un equipo para reforzar al Presidente, o para enfrentar una emergencia económica.
10 Mayo 2019 04:05:00
El desastre de Cuauhtémoc
La vida en Morelos no vale nada. Por 5 mil pesos, un joven mató a dos personas, a plena luz del día, a un costado del Palacio de Gobierno en el centro de Cuernavaca. Era una apuesta –la muerte o la cárcel como alternativas opuestas– que jugó con la esperanza de huir. Fracasó en este intento, pero tuvo éxito para subrayar las condiciones de inseguridad en ese estado, donde el ecosistema de impunidad es parte del paisaje local. El gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró estar muy enojado, en una reacción emocional.

Tampoco hay que sorprenderse. Blanco llegó a la Gubernatura no por su talento político, sino como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder, aprovechando la popularidad del exfutbolista por quien se volcaron en las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.

Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte del corredor del narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín disputado por organizaciones criminales. Las autoridades estatales han identificado células de cuando menos cinco grupos delincuenciales, de presencia nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca –un negocio de 300 millones de pesos anuales–. También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros Unidos –que tiene una estructura y niveles de operación que permiten considerarlo como un cártel–, y La Familia Michoacana.

Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente, dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la Gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.

Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto, crecieron 36% en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 se elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental. Morelos es el sexto estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05) y Jalisco 45.57. La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de estos crímenes cada hora.

La alta incidencia delictiva supera los máximos alcanzados en el Gobierno de Graco Ramírez, que desató protestas y marchas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. Según el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de confianza en las autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es el principal factor al que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad, aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de fondo, sino su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde que era alcalde de Cuernavaca.

Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, al anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el Gobierno del Estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no tiene buena relación con él, a quien considera cercano al exgobernador Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión en enero, cerró la Presidencia Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.

Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el resto de su gestión y del combate a problemas como el de la inseguridad, se extienden dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques más significativos es con el fiscal –que asumió en el Gobierno de Ramírez–, Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar su salida con el Congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado con otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con quien se peleó públicamente.

Blanco, es uno de los gobernadores más incompetentes, con problemas de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal culpable del desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo hizo su candidato –reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de 7 millones de pesos– para alcanzar el poder. Tras ganar la Alcaldía se pelearon y Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su conflicto con Ramírez, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también lo respaldó.

Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar salida a los problemas. La inseguridad los devora, la ingobernabilidad crece, y los responsables de que sea gobernador guardan irresponsablemente silencio, mientras Morelos, que no parece importarle a nadie en la clase política fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.
09 Mayo 2019 03:36:00
Resentimientos
México es un país con una sociedad desigual, clasista y racista. La inequidad se amplió con el modelo económico que arrancó a finales de los 70 en el Reino Unido ante la múltiple esclerosis del viejo sistema de la posguerra. Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” británica, fue implacable con los sindicatos, provocó la depresión económica en Manchester y Liverpool, las puertas de la Revolución Industrial, y acabó con generaciones de obreros. Ronald Reagan siguió en las zonas obreras del norte de Estados Unidos y luego, la izquierda en Francia y España hicieron la reingeniería de su economía. En México arribó en 1985 el modelo llamado neoliberal, donde el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, construyó su escalera a la Presidencia.

La desigualdad se acrecentó. El modelo neoliberal resolvió los problemas macroeconómicos y le dio viabilidad financiera a las naciones, pero ensanchó la brecha entre ricos y pobres, generando muchos más pobres que ricos y provocando una distribución deforme de la riqueza. Varias naciones iniciaron correcciones desde hace una década, sin alcanzar todavía el objetivo buscado, mientras otras, como México, permanecieron insensibles a ello. La victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales y el apoyo social masivo que obtuvo, mostró quién entendió esa realidad y quién la soslayó.

López Obrador llegó a la presidencia con su viejo lema, “por el bien de todos, primero los pobres”, y su llegada a Palacio Nacional los empoderó. Aún no se ven las reformas fiscales que puedan de manera sólida y duradera atacar la desigualdad, pero una externalidad sí se ha instalado con rapidez: el resentimiento social, que está tomando cuerpo activo, hostil y agresivo, alimentado por un discurso político reivindicatorio, de polarización de clase y estigmatización: todo el pasado fue corrupto y lleno de privilegios; hay que erradicarlo.

Las consecuencias abandonaron el mundo virtual y crean nuevos fenómenos sociológicos. Un botón de muestra lo aportó la periodista Carolina Rocha en su cuenta de Twitter, al narrar una reciente experiencia en la Ciudad de México. Escribió:

“Iba rumbo a TV Azteca. Me pasé por distraída y ensimismada. Tomé por ello el retorno de periférico Ajusco y volví en U. Vi un chico que dudó en cruzar frente al coche delante de mí. Bajé la velocidad. Lo voltee a ver y justo ahí me aventó un vaso con agua en la cara. No supe qué hacer. Sólo alcancé a gritar (ofrezco una disculpa por escribirlo) ‘hijo de puta’. Enojada y asustada. No sabía si regresar y lanzarle insultos. Pensé que quizás era un líquido peligroso. Intentaba captar olores. Tocarme el rostro…

“Sentir si estaba caliente o con alguna alergia. Nada. Quise llorar. Pero seguí el camino. Ya en el canal me quité el chal que traía y olí que eran orines. De verdad me pregunto qué motiva a alguien a hacer algo así. Pues lastima y llena de rabia e impotencia al atacado. JODER. Así de sencillo. Pero ahora que escribo pienso que no importa que quiso ese muchacho que no se veía drogado o enfermo. Pienso que la vida me lanzó un despierta. Abre los ojos. Una cubetada en días en que justamente he estado encerrada en sí misma. Despierto, pues”.

Carolina Rocha es rubia, educada en escuelas privadas y trilingüe. Pero también, desde hace más de una década ha hecho un periodismo con alto contenido social y crítico del priismo y el panismo. Ha viajado por todo el país dándole voz a quienes no tienen, y visibilidad a los más marginados. Pocos periodistas en este país han sido tan consistentes y comprometidos con ese tipo de cobertura periodística. El joven que la atacó muy probablemente no sabe quién era, ni qué hacia. Simplemente la agredió por lo que pareció que representaba, de acuerdo con los estereotipos del discurso de la Cuarta Transformación. Una situación similar vivió poco antes Danielle Dithurbide, conductora en Televisa, a quien tras darle el paso a otro joven transeúnte, le tiró una cubetada de lodo al automóvil.

Si uno se detiene a pensar un momento, ambos jóvenes realizaron sus agresiones con premeditación. ¿Qué lleva a estos extremos? Hace poco más de dos años apareció un libro del indio Pankaj Mishra, llamado La Edad del Rencor: Una Historia del Presente, donde argumenta la crisis universal ocasionada por la privación de millones de personas a los avances económicos, sociales y políticos de esa era, marginados por el inescrupuloso capitalismo global. La solidaridad social, agrega, se ha roto, con lo cual se han creado masas de individuos atomizados cuyos resentimientos se expresan en repudio de ese orden aquí identificado como el viejo régimen.

Mishra sostiene que se vive una violencia “endémica e incontrolable” alimentada por los odios. Es claro el diagnóstico. El fenómeno es universal. Ni México representa un nuevo fenómeno, ni el presidente López Obrador es único. Es una figura que se ha sumado a la revolución que vive el mundo. El contexto y el discurso, como en cada nación en particular, añade variables. Aquí, se podría argumentar, está sacando lo peor de todos. No lo quisimos ver a tiempo para corregir. Hace muchos años, Pedro Vargas, un gran cantante mexicano, bromeaba con crudeza, que para que no lo discriminaran en Sanborn’s tendría que bañarse en leche para hacerse más blanco. La humillación, constante histórica en el resentimiento social.


No hay receta en el libro para enfrentar el fenómeno, que tampoco es optimista. Pero sus descripciones, información y análisis nos lleva a reflexionar sobre lo que podemos hacer. Cada uno, en lo individual y colectivamente, para evitar que esta ola de rencor global nos continúe arrasando de manera creciente, como hasta ahora, sin darnos la oportunidad para transformar lo que ya no sirve.


08 Mayo 2019 03:44:00
La renuncia de Romo (2ª. Parte)
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, realizó una operación de control de daños urgente en medios electrónicos. Le urgía, después de que terminó la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, desmentir que había presentado su renuncia al cargo –que no le aceptaron–, como se apuntó en esta columna. Inició la operación mediática en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde dijo además que el Presidente no lo ha maltratado, que está trabajando mucho y que de haber presentado la renuncia el pasado 2 de mayo, la habría sostenido. Su equipo fue pidiendo espacio en los programas de radio matinales y en los vespertinos para repetir el argumento e impedir que la especie sobre su renuncia creciera.

Romo hizo lo que políticamente debía hacer para evitar, precisamente, infligir el daño al Presidente que habría causado su renuncia. Si no fue irrevocable y aceptó la negativa del Presidente a aceptarla, también tuvo que asumir el costo de dar la cara y decir cosas que, fuera del escrutinio público es totalmente contrario a lo declarado, su inconformidad por el poco espacio que tiene para incidir e influir en Palacio Nacional. Romo, incluso, no cuenta con una oficina cercana al Presidente, sino despacha en el edificio inteligente que se construyó en Los Pinos durante el gobierno de Felipe Calderón, a 9 kilómetros en línea recta de Palacio Nacional, lo que lo hace el primer jefe de Oficina de la Presidencia que despacha lejos del Presidente, y el primero cuyo peso político dentro del gabinete y el Gobierno es prácticamente nulo. Como anécdota de fondo y forma, está tan alejado del imaginario del entorno presidencial, que en la Feria Aeroespacial en Santa Lucía en abril, se les olvidó reservarle una silla en el presidium.

Los motivos de la renuncia de Romo y su deseo de dejar el Gobierno, están directamente relacionados con el maltrato del Presidente que optó por respaldar al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por encima de él, con quien se ha enfrentado desde los meses de la transición, en una lucha por espacios y poder donde ha fracasado. Romo quiso poner al secretario de Hacienda, pero el Presidente nombró a Urzúa. También buscó a uno de los suyos en la cartera de Economía, pero López Obrador le aplicó la misma receta.

Logró colocar a leales en organismos descentralizados, pero Urzúa los fue anulando, como sucedió con Eugenio Nájera, vinculado al sector empresarial regiomontano, que trabajó con Romo en la coordinación del gabinete propuesto por López Obrador durante la campaña, y a quien llevó a la dirección de Nacional Financiera. En su primer Consejo de Administración, Urzúa lo anuló y le hizo ver que ese organismo dependía de él, no de Romo.

Los choques entre los dos comenzaron de manera abierta temprano en la transición. El primer roce fue en septiembre, cuando Urzúa reforzó una declaración de López Obrador sobre el costo de las gasolinas, y dijo que sólo subirían la tasa de inflación, y que no habría gasolinazos. Romo declaró, sin embargo, que no habría control en los precios de gasolina, que no iba a haber subsidios y que no se haría nada que no fuera regido por el mercado; es decir, dejó abierta la puerta a gasolinazos. 

Un segundo choque fue durante la discusión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Aunque los dos favorecían su construcción, Romo afirmó a los inversionistas del aeropuerto que la construcción seguiría y que no había de qué preocuparse por la consulta ciudadana que se iba a organizar. Urzúa siguió las instrucciones del entonces presidente electo, y a diferencia del jefe de la Oficina presidencial, no perdió credibilidad ni interlocución ante los inversionistas. Romo no ha dejado de entrometerse en el terreno de Urzúa, como cuando adelantó en público que se realizarían nuevos recortes en la Administración Pública, que tuvo que ser desmentido por el secretario de Hacienda. En todos los casos, López Obrador ha respaldado a Urzúa, en perjuicio de Romo.

Romo está muy disminuido dentro del Gobierno, sin equipo ni recursos. El Presidente le prohibió utilizar su avión privado para viajar los fines de semana a Monterrey, donde está su familia, y su equipo no dispone de viáticos para hacer lo mismo, teniendo que subsidiar al Gobierno por trabajar en él para poder regresar a Monterrey los días de descanso. En sus diferentes apariciones en los medios este martes, dijo que estaba organizando grupos empresariales en todo el país. En realidad, de acuerdo con miembros de las cúpulas del sector privado, no tiene nada concretado, y quiere colgarse y arroparse en las nuevas organizaciones que se están construyendo dentro del Consejo Coordinador Empresarial.

El espacio de maniobra de Romo es muy reducido y está acotado. El choque con Urzúa lo ha ido desgastando aún más que al secretario de Hacienda, a quien el Presidente le ha encargado el rescate económico del país, ignorando por completo lo que pueda hacer su jefe de Oficina. Esa realidad ha hecho de Romo un token, un anglicismo que se utiliza para describir a quienes sólo son utilizados como símbolo, sin ningún peso para quien los emplea de esa manera, y él está consciente de que perdió la batalla con Urzúa y que el Presidente no ha tenido dudas en quién apoyarse.

La salida de Romo del equipo presidencial se contuvo por ahora, pero salvo que todo lo que ha sucedido en los últimos siete meses se modifique, será inevitable. ¿Cuándo? Para el Presidente es un asunto de tiempos y oportunidades, de lo cual se hablará en un siguiente texto.
07 Mayo 2019 03:56:00
La renuncia de Romo
El maltrato del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores no había hecho crisis hasta hace unos días, cuando el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, presentó su renuncia. No se la aceptó, pero la herida quedó abierta. Este episodio grita el estado de ánimo que se está viviendo en Palacio Nacional –aunque Romo despacha en un edificio inteligente en Los Pinos–, y las dificultades internas que tiene el equipo presidencial para ayudar a gobernar a López Obrador. El rechazo a aceptar la renuncia sofocó lo que habría sido el principio de una crisis profunda, pero está lejos de haberse resuelto la tensión que se vive en los corredores palaciegos. A los problemas naturales del ejercicio del Gobierno se están acumulando los agravios del Presidente contra su propio equipo.

Romo ha acompañado a López Obrador desde la campaña presidencial de 2006, esforzándose en explicar al sector privado lo que significan sus palabras y su proyecto de nación, y tratando de minimizar los costos de sus constantes choques con los empresarios. Siempre lo había respaldado, como cuando en la campaña de 2018, el Grupo Monterrey le dijo que establecerían un diálogo regular con él, pero que cambiara a Romo como su enlace. El entonces candidato se negó y forzó a los empresarios a tener a su coterráneo como el puente con él. Parecía tener, en ese momento, toda la confianza de quien apuntaba para ser presidente.

Como lo ha sido desde hace casi tres lustros, Romo es su cara ante el sector privado, nacional e internacional, y lo llevó a su equipo cercano en Palacio Nacional aún cuando el deseo del empresario regiomontano era quedar fuera del gobierno. El Presidente insistió y comenzó a trabajar muy cerca de Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia, a quien los une una vieja amistad común, la de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, consultor y empresario exitoso. La cercanía con López Obrador, se fueron dando cuenta los inversionistas, no significaba realmente mucho.

El episodio público más claro fue cuando las deliberaciones sobre si se cancelaba o continuaba la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde dos semanas antes de una consulta ciudadana a finales de octubre, con López Obrador en calidad de presidente electo, Romo les dio todas las garantías a los inversionistas que la decisión final, sin importar los datos de esa medición, sería continuar la construcción. Para sorpresa de Romo y varios en el círculo cercano de López Obrador, la decisión fue que cancelaría la obra, y forzó a su consejero a sentarse junto al él en una conferencia de prensa donde dio a conocer el rumbo que seguiría.

En menos de 24 horas, Romo perdió credibilidad ante inversionistas y el sector privado. No representaba a López Obrador, ni estaba enterado de lo que iba a decidir, fue la conclusión. El consejero aguantó la humillación, pero el maltrato, de acuerdo con personas cercanas a él, no ha cesado. No es algo personal, habría que atajar, sino parte del estilo del Presidente. Por ejemplo, no ha intervenido en el creciente conflicto de Romo con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa -que también ya ha dado muestras de desgaste por razones similares-, generado por el propio presidente al no establecer con claridad las líneas de responsabilidad y mando, donde los dos se han venido cruzando y enfrentando. La decisión que muestra López Obrador en público al transmitir todas las mañanas que está al mando, se vuelven vacíos de autoridad y silencios cuando de ordenar a su equipo de trata.

El maltrato con Romo no es personal, en abono al Presidente. A veces parece hasta inopinada la forma como ni siquiera se da cuenta del daño que le hace a sus colaboradores, al Gobierno y a sí mismo. Públicamente ha desautorizado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle; al de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú y, de manera sonora, en dos ocasiones muy importantes, porque se trata de inversionistas a quienes envía mensajes contradictorios, al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien desmintió que se pospondría la cancelación de la refinería en Dos Bocas, y que se estaba evaluando imponer la tenencia a nivel federal.

Ninguno de ellos ha reaccionado. Herrera ya conoce de los descolones de López Obrador desde que trabajó con él en el Gobierno de la Ciudad de México, y parece no importarle su prestigio. Nahle nunca hubiera llegado a donde se encuentra, si la mano de López Obrador no la cuida y la impulsa hasta la cartera de Energía, donde por su incompetencia y falta de conocimiento, no habría habido ningún otro gobierno que le delegara tanta responsabilidad. Jiménez Espriú ha figurado en los gabinetes de López Obrador desde el primero que anunció en 2006, recuperado del retiro para servir como fusible y pararrayos, con el convencimiento total de que será incapaz de llevarle la contra a su jefe. Romo no está hecho del mismo material.

No se revelaron los detalles que llevaron a la decisión de renunciar, ni los argumentos del Presidente para rechazársela. El entorno económico, sin embargo, no es favorable al Gobierno, aunque López Obrador insista que la economía se encuentra saludable. Internamente, el Presidente sabe que el panorama económico está muy complicado, que se pondrá más difícil si se baja la calificación de Pemex, y que lo agrava el mal clima de inversión actual. La salida de Romo en este momento equivaldría a un mensaje que las fuerzas moderadas perdieron la batalla, y que el radicalismo en el equipo presidencial, ganó una partida que llevaría probablemente a una crisis económica.
06 Mayo 2019 04:00:00
Degradación social
La violencia contra políticos ha aumentado de manera dramática: 46% subió en el primer trimestre de 2019. El dato ha dejado de ser relevante. Hay tanta violencia y asesinatos todos los días que no importa uno más. Ya no son nombres, son números o, en el peor de los casos, apodos. Sólo cuando hay menores entre las víctimas se asoma la indignación y se reacciona.

Lo paradójico de estos datos compilados y analizados por la consultoría Etellekt, es que a diferencia del proceso electoral del año pasado, donde la variable del crimen organizado aparecía detrás de la mayoría de los asesinatos de los políticos, en el primer trimestre éste no es el factor, sino la lucha entre partidos y por los recursos presupuestales en los municipios más pobres. Es decir, estamos peor.

La degradación de la vida pública es lo que refleja el último estudio de Etellekt, cuyos datos fríos de sí, hablan de un país rumbo a la anomia. Los homicidios dolosos, que ha sido indebidamente tomados como referente del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno, bajaron en el caso de los políticos 14% en relación con el primer trimestre de 2018, de 38% a 24%, pero la privación ilegal de la libertad o el secuestro (que no son lo mismo; por el segundo se pide rescate, por el primero no), subió 450%, y las intimidaciones y las amenazas, 192%. Dato importante también, el incremento en la violencia este año se focalizó en las mujeres, de 21 agresiones en el primer trimestre del año pasado, a 79 en este, que significa un crecimiento de 276%.

No hay un diagnóstico claro y concluyente sobre el cambio de fenómeno de violencia contra los políticos entre el proceso electoral del año pasado, donde no sólo el primero sino el segundo semestre tuvieron un crecimiento espiral en los indicadores de muertes, y lo que está sucediendo en este primer trimestre. El año pasado Etellekt registró que las entidades con mayor violencia política eran aquellas con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, relacionadas en gran parte con acciones de la delincuencia organizada. Pero en el primer trimestre de 2019, la violencia está concentrada en estados con altos índices de pobreza y que tuvieron elecciones muy cerradas.

Estos datos sugieren la lucha no tanto por el control político de los municipios, sino de sus recursos presupuestales. Etellekt registró que el 62% de las 180 agresiones contra políticos se concentraron en Oaxaca (27), Veracruz (22), Puebla (14), San Luis Potosí (12), estado de México (15), Guerrero (12) y Guanajuato (11), quienes rebasaron la media nacional de agresiones por seis. La mayoría de los incidentes de violencia (47%) se dieron en contra de militantes de Morena, seguido lejanamente por militantes del PAN (14%), lo que se explica por el tsunami electoral producido por el candidato Andrés Manuel López Obrador, que llevó a cientos de sus simpatizantes a puestos de elección popular, rompiendo no sólo viejos controles territoriales y poderes caciquiles, sino generando envidias patológicas.

En el primer trimestre de 2018, recuerda Etellekt, el 17% de los políticos agredidos en el país eran de Morena, por lo que los datos del mismo periodo este año reflejan un incremento de 405% en la violencia contra morenistas, mientras que la que afectaba a priistas decreció 55%. Sin embargo, resaltó la consultoría, la tercera parte de las agresiones contra los morenistas fueron realizadas por militantes de Morena, lo que confirma una vieja premisa en la política, donde los conflictos internos en un partido se empiezan a acentuar y a agravar cuando las posibilidades de acceso al poder son reales. No obstante, de ese 62% mencionado, los incidentes se registraron en cinco de las siete entidades de mayor violencia, y el abanico de ataques se extendió de 10 entidades en el primer trimestre de 2018, a 22 en 2019.

El cambio en la demografía política del país aparece como una variable directamente asociada a esta reorientación de los objetivos de la violencia política, como se puede argumentar en el caso de las mujeres afectadas por el fenómeno. Aunque no hay suficiente información aún para descartar feminicidios, la violencia contra mujeres parece responder al avance en la paridad de género como resultado de las reformas electorales de 2013 y 2014, que llevó en números sin precedentes a mujeres a congresos estatales y cabildos. Esta inclusión igualitaria.

Resalta Etellekt, “ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales”.

La radiografía que proporciona la consultora, que se ha especializado en la medición de la violencia política, muestra un cuerpo enfermo y en algunos casos comenzando a apestar por la putrefacción. El 82% de los políticos asesinados en el primer trimestre eran opositores a los gobiernos estatales, y el 85% de las amenazas e intimidaciones fueron contra autoridades electas, particularmente y en orden de número de agresiones, alcaldes, regidores y diputados locales.

Una vez más se demuestra que la parte más vulnerable para la contención y el combate a la inseguridad, está a nivel municipal. Si no hay una estrategia que refuerce ese tercer nivel de autoridad, la anomia se va a convertir en una realidad extendida en el país. La otra variable, que no es nueva pero persiste de manera indómita, es la impunidad, que como ha sido en otros años, sigue siendo el puente comunicante con todo tipo de violencia, acentuado hoy por ambición de poder y de dinero. Pero sobre todo, por la falta de un sistema de procuración y administración de justicia. En síntesis, por la ausencia de un país de leyes.
03 Mayo 2019 03:55:00
El teflón se le acabó
La alineación de las estrellas cambió para el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas dos semanas, aunque todas las mañanas, de manera inexorable, sale a dar la batalla contra todos. El viraje se dio con la matanza del 19 de abril en Minatitlán, donde su indiferencia inicial ante un evento de alto impacto en la opinión pública –un menor de un año fue una de las víctimas–, le generó una fuerte crítica que marcó una inflexión en términos de opinión pública, que hasta hace muy poco manejaba de manera positiva. Ese asesinato colectivo se sumó a las persistentes críticas por el aumento a la gasolina y la cancelación de las estancias infantiles, que ha transformado el ánimo de la gente que antes lo recibía efusivamente en donde llegara, a expresiones de molestia y reclamos que han hecho mella en el Presidente, mostrándolo cada vez más irritable ante las críticas.

La matanza de Minatitlán generó una intensa actividad en las redes sociales desde el día en que se supo de ella, pero el Presidente sólo se refirió a ella 48 horas después. El Índice GLAC registró entre el 19 y el 22 de abril 259 mil 86 menciones en las redes sociales y los medios de comunicación digitales, donde el 64% hacían responsable del asesinato a López Obrador, descalificando su respuesta ante la inseguridad y recriminándole no ofrecer el pésame a los familiares de las víctimas. La mañana del 20 de abril comenzó a aparecer el hashtag #AMLORENUNCIA, que fue tema de conversación durante más de cuatro horas, hasta que fue neutralizado por #AMLOElPuebloTeApoya. El primero contra el Presidente fue alimentado por 25% de bots -que es estándar-, pero el segundo tuvo que recurrir a 37% de bots, lo que habla de cuánto tuvieron que invertir en recursos los defensores del Presidente para acallar las críticas.

Las redes sociales son un pulso del ánimo de la gente, pero sus tendencias fueron gradualmente confirmadas por otros estudios. La encuesta de GEA-ISAde marzo sobre su gestión de gobierno, puso a la seguridad como el tema de mayor preocupación de los mexicanos (46%). La segunda de mayor interés fue el de la economía (35%), que al sumarse mostraron que dos de cada 10 mexicanos están enfocados únicamente en esos dos temas. Los indicadores de ambos muestran un deterioro agudo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende del Gobierno federal y toma sus datos de todas las procuradurías y fiscalías del país, reportó que el primer trimestre de 2019 fue el más violento en la historia de México, desde que se tienen estadísticas -en 1996-, y fue 9% superior al primer trimestre de 2018. Esto da un promedio de 95 homicidios diarios, superior a lo que se ha registrado en Venezuela, que está sumido en el caos y la violencia, en el mismo periodo. El presidente López Obrador, sin embargo, niega los datos de su propio gobierno. En su conferencia de prensa de este jueves, dijo que los índices de violencia venían a la baja.

No hay ninguna evidencia de que esto sea cierto, salvo que juegue con las estadísticas. Por ejemplo, en marzo se registró una ligera baja en el índice de homicidios dolosos, pero con respecto al mes anterior, puesto que en el comparativo con el mismo periodo de 2018, seguía al alza. El manejo de las cifras puede ser engañoso, aunque se diga la verdad, como es este caso. López Obrador lo hizo previamente cuando semanas antes aseguró que la violencia se había contenido, al utilizar datos preliminares que después mostraron ser parciales. El manoseo de la estadística y la participación de funcionarios en diferentes oficinas ha llevado a fuertes contradicciones dentro del Gobierno. La peor, por evidente, en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se contradicen las cifras de incidencia delictiva. Ciertamente, el juego con los números y las frases no es algo inusual en el Presidente.

El comportamiento de la economía es otro de los fantasmas que combate prácticamente todos los días. Sin importar qué institución hable de un crecimiento a la baja, López Obrador la descalifica mediante el calificativo de “conservador” y de señalar a quien da a conocer su expectativa de crecimiento como parte de sus “adversarios” que quieren que le vaya “muy mal a su gobierno”. También minimiza con retórica pura. Por ejemplo, tras informar el Inegi el miércoles que el primer trimestrede este año había sido el peor desde la crisis financiera global de 2009 -de la que Europa aún no termina de salir-, dijo que la economía iba “requetebién”. Al comentar el reporte de El Financiero del subejercicioen el arranque de su gobierno, sobre la base de los datos de Hacienda, dijo que no era subejercicio, sino ahorros.

A menos que el presidente López Obrador sepa lo que nadie conoce en el mundo, las dos variables seguirán en caída afectando su gestión y su aprobación. La encuesta de GEA-ISA refleja un creciente rechazo al Presidente y dudas sobre su eficiencia. El 60% no lo creen capaz de gobernar y el 63% considera que no será capaz de resolver los problemas. Su aprobación general está en 64%, que sigue siendo muy alta, pero ya viene cayendo.

El teflón de López Obrador, que construyó desde hace unos 15 años cuando el presidente Vicente Fox lo quiso meter a la cárcel por una falta administrativa menor, se ha deteriorado rápidamente. Los síntomas en el país no pintan bien para su gobierno, y sus reflejos políticos, de fuga eterna hacia delante, no anticipan nada bueno para muchos. El verano y el otoño, se puede decir, lucen borrascosos.
02 Mayo 2019 03:28:00
El Cártel de los Soles
Detrás de la crisis venezolana y la sublevación que no obtuvo el objetivo inmediato que buscaban, porque recularon los principales altos mandos militares que aparentemente habían aceptado traicionar al presidente Nicolás Maduro a cambio que le garantizaran a él y a sus cercanos una salida honrosa, hay un factor que ayuda a entender por qué no se dio, cuando menos hasta ahora, la fractura esperada: el Cártel de los Soles. Así se llama a todos los militares y funcionarios del gobierno de Venezuela implicados en el narcotráfico, y se puede plantear como hipótesis de trabajo, que el entramado criminal dentro del aparato de Gobierno de Maduro, llevó a considerar a varios de sus leales que en las condiciones actuales, era mejor seguir cohesionados que divididos. Difícilmente una salida “con honor”, como se había planteado, podría darse con tantos leales a Maduro, denunciados y perseguidos por la justicia en Estados Unidos.

La variable criminal en Venezuela hace más difícil la solución negociada a la crisis que se vive, porque es un factor donde no hay concesiones. El Cártel de los Soles fue un término utilizado por primera vez en 1993, al darse a conocer que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén, jefe la Unidad Antidrogas, financiada por la CIA, y su sucesor Orlando Hernández, eran investigados por tráfico de cocaína a Estados Unidos. Esta organización no es propiamente un cártel, porque no controla los medios de producción, distribución, comercialización, ni los precios de las drogas, sino que transportaba la cocaína de las FARC colombianas de Venezuela a Honduras y México, para ser transportada a Estados Unidos por el cártel del Pacífico, y a República Dominicana y Surinam, para ser enviada a Europa y África.

La estructura de mandos del Cártel de los Soles, explicó Brenda Fiegel, analista de inteligencia en la Oficina de Estudios Militares en el Fuerte Leavenworth, Kansas, en un artículo en Small Wars Journal, fundado por exinfantes de Marina de Estados Unidos, sólo comprende altos mandos militares y del Gobierno, en un modelo jerárquico híbrido, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos, que tienen una estructura piramidal con un líder, jefes de plaza y lugartenientes, que tienen que invertir fuertes sumas de dinero y utilizar sus conexiones gubernamentales para evitar que los capturen. El Cártel de los Soles, agregó, son los militares y los funcionarios quienes manejan la organización, determinan las detenciones y crean leyes que los beneficien.

Fiegel señaló que el líder histórico de la organización es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque su poder es repartido de manera horizontal, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos. Cabello, hombre cercanísimo a Maduro, es sólo la punta de la madeja. Una investigación de tres años realizada por la fundación InSight Crime, con sede en Washington, que fue dada a conocer el año pasado, encontró a 123 personas relacionadas con el Cártel de los Soles, de las cuales identificó a un puñado que incluía, además de Cabello, por asociación a la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuyo hijo, Walter Jacobo Gavidia, y dos sobrinos están involucrados en el narcotráfico; Tareck El Aissami, vicepresidente para el Área Económica; el mayor general Nestor Reverol, actual ministro de Justicia; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y de Justicia; y Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo y exjefe del Comando Estratégico del Ejército, entre otros.

Los nexos criminales abarcan al sector empresarial. La investigación de InSight Crime recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicó el Acta Kingping a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para sancionar a siete personas, la mayoría empresarios, encabezados por el presidente de Globovisión, Raúl Antonio Gorrín, por su presunta vinculación con una red de corrupción en el que participó la extesorera, Claudia Díaz Guillén, donde le daban dólares a un tipo de cambio preferencial que generó ganancias legales por 2 mil 400 millones de dólares.

InSight Crime reveló que el narcotráfico se encontraba en cuando menos 12 instituciones, incluida la Vicepresidencia, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Petróleos de Venezuela –hoy controlada por militares–, y siete ministerios. “El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos, quizás calculando que si el régimen cae ellos serán los que más tengan que perder y por consiguiente harán lo máximo posible para preservar al régimen, y a su cabeza”, afirmó InSight Crime. “Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma del narcotráfico en diversos grados”.

La crisis venezolana, en el segundo día de sublevación, estaba caracterizada por dos facetas. La primera, que comenzó con la asonada militar llamada Operación Libertad, tiene que ver con la narrativa de la victoria entre Maduro y el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidí. La otra, la de las negociaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, y con Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que no han sido señalados de vínculos con el narcotráfico.

Elliott Abrams, un halcón en política exterior y encargado especial de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, confirmó a la agencia EFE que habían negociado romper con Maduro, pero que cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo. En ese momento de definiciones, quienes le iban a dar la espalda a Maduro reevaluaron sus costos y pérdidas, y cerraron filas, cuando menos por ahora, con el Cártel de los Soles.

29 Abril 2019 03:23:00
Lo que sigue con Odebrecht
El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir al caso Odebrecht y la corrupción en México. Dijo el sábado que se “metió hasta la cocina” en gobiernos anteriores y que incluso llegó a tener una sesión de su consejo de administración en Los Pinos. Uno supone que debe tener información sólida, como el que tenga en sus manos la agenda de actos y eventos en Los Pinos, que prueben su dicho, aunque a veces parece que la tiene sólo parcial, como al afirmar que se inhabilitaría al conglomerado brasileño de tener contratos con el Gobierno, lo que es un dato obsoleto, porque desde el Gobierno anterior hay 12 sanciones de inhabilitación, multas por más de 500 millones de pesos, y 10 procesos contra exfuncionarios y empresarios. El tema de Odebrecht, sin embargo, no salió de la nada ni fue un distractor.

En Minatitlán, donde abordó el tema, saben mucho de ello, al participar Odebrecht en trabajos dentro de la refinería llenos de irregularidades, que incluye un sobrecargo de alrededor de mil millones de pesos adicionales a lo que se había proyectado. El estilo de López Obrador no es directo y toma los caminos más largos para establecer un punto, o incorpora tantos enunciados y deja tantos cabos sueltos que a sus declaraciones hay que aplicarle una técnica de arqueología para conocer para dónde y el alcance de lo que afirma.

Por ejemplo, dijo: “Esas empresas corruptas del extranjero no van a tener posibilidades de participar en licitaciones. Ya saben ustedes que hasta gobiernos extranjeros intervenían a favor de esas empresas”. Su afirmación, aunque puede ser imprecisa, definitivamente tiene puntos de contacto con la tierra. En diciembre de 2016, días después de darse a conocer la corrupción de Odebrecht en 11 países, se publicó en este espacio: “Por años, los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país, y a través de la intermediación de Luis Inazio Lula da Silva, el expresidente que recibía sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, obtuvieron citas al más alto nivel en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

La relación de Odebrecht con Peña Nieto ya era vieja. En 2010 viajó el entonces gobernador Peña Nieto a Sao Paulo para reunirse con el propietario de la empresa, Marcelo Odebrecht, y en octubre de 2011, como precandidato presidencial, platicaron en Toluca. A dos semanas de asumir la Presidencia se volvió a encontrar con él en Querétaro. Documentos de la fiscalía brasileña sobre la investigación de corrupción incluyen las minutas de un encuentro del director de Odebrecht Carlos Fadigas en 2012 –hoy testigo contra su vieja empresa–, donde afirmó: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI y del actual presidente Peña Nieto”. Fadigas habló con Peña Nieto ya instalado en la Presidencia, pero no se sabe aún si ese encuentro es del que habló López Obrador.

El acompañamiento de la campaña de Peña Nieto se diio por parte de la filial de Odebrecht, Braskem, que ganó la licitación para hacer trabajos en la refinería de Coatzacoalcos, cercana a Minatitlán y donde trabajaba la secretaria de Energía, Rocío Nahle y su esposo, y cuyo fundador es el suegro del actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y de la cual es consejera –como él lo fue en algún tiempo–, su esposa. En la reconfiguración de la refinería en Minatitlán estuvo directamente Odebrecht, con otras tres empresas, y desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades. Entre ellas, un retraso de cinco años de la entrega de la obra y un incremento en sus costos de 66%. Una de las empresas que participaron en la obra fue Arendal, fundada en 1997, con sede en Monterrey, y su nombre no hay que olvidarlo.

Cuando inició el gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, director de Pemex, ratificó en su cargo como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy llamado Pemex Transformación Industrial), a Alejandro Ramírez Sibaja, quien recibió la instrucción de su jefe, de acuerdo con exfuncionarios de Pemex y documentos de la fiscalía brasileña, de atender a los ejecutivos de Odebrecht. Ramírez Sibaja recomendó Arendal, junto con Odebrecht –a través de su filial TAG Pipelines– y la argentina Technit –seleccionada por el Gobierno de López Obrador para participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas–, para que participaran en la construcción del tramo Los Ramones II Norte.

Al cese de Lozoya de Pemex, el nuevo director de la empresa, José Antonio González Anaya, realizó el primer despido de esa administración, el de Martínez Sibaja –oficialmente se manejó como jubilación adelantada–, quien poco tiempo después entró a trabajar en Arendal, hasta que salió de la empresa en 2016. Martínez Sibaja había sustituido en Pemex a Jordy Herrera, cuando el presidente Felipe Calderón lo nombró secretario de Energía. Herrera, como publicó Eje Central en junio de 2016, formaba parte del cártel del Gasen Pemex, al igual que Martínez Sibaja, una red de relaciones familiares y empresariales para controlar ese producto, donde las empresas vinculadas a Odebrecht jugaron un papel importante. Nunca se investigó en el gobierno de Peña Nieto los alcances de ese grupo, ni se determinó si actuaron dentro de la ley o incurrieron en iregularidades.

Odebrecht es un caso abierto en el cual puede comenzar a demostrar que de acusaciones no sólo se llena la boca, sino las cárceles.
 
Nota: El candidato al Gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, en réplica a la columna publicada el viernes pasado sobre su salud, rechazó que su campaña sea de gabinete, como se mencionó, y aseguró que realiza mítines multitudinarios con decenas de miles de asistentes. También negó que haya hecho declaraciones “indignas” sobre la muerte de la gobernadora Martha Éricka Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, y que por el contrario, pidió guardar luto.
26 Abril 2019 03:07:00
La salud de Barbosa
El 2 de junio, los poblanos votarán por un nuevo gobernador en una elección extraordinaria. Miguel Barbosa, que contendió contra la panista Martha Érika Alonso el año pasado y perdió, se volvió a presentar como candidato tras tener palabras indignas cuando al morir junto con su esposo Rafael Moreno Valle en un incidente de helicóptero el 24 de diciembre, en lugar de dar el pésame a sus familiares como dicta la civilidad republicana, celebró sus muertes como si fuera justicia divina contra la corrupción.

En medio de críticas por su actitud, su segunda candidatura enfrentó una dura oposición interna y externa. Finalmente la venció, y la tozudez de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, para que así fuera, sólo se explica por la gratitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con aquellos que lo apoyaron contra las adversidades, como hizo Barbosa en el Senado, cuando representaba al PRD.

Barbosa tiene allanado el camino legal para la Gubernatura, y la fuerza de López Obrador lo ubica en todas las encuestas como el probable ganador de la elección extraordinaria, con una ventaja cómoda de más de un dígito de diferencia. La campaña de Barbosa, como ha sido la del resto de los candidatos, ha carecido de mítines y eventos masivos, sustituidos por campañas de gabinete donde lucha sus batallas en los medios de comunicación. Esta peculiar forma de hacer campañas le ha beneficiado a Barbosa quien, si fuera un político honesto, no debería de estar compitiendo, por razones diferentes a su comportamiento político. Pero no puede ser gobernador, como apuntan las evidencias en la opinión pública, y jamás debería haberlo respaldado López Obrador por un problema serio de salud.

No hay honestidad pública, y lo impulsa la ambición. El neomorenista asegura que está en plenitud de salud, aunque cada vez que lo dice su voz refleja todo lo contrario. Concluir sobre algo tan subjetivo como la voz de una persona en un diagnóstico empírico de su salud es absurdo. Sin embargo, su salud es precaria. En 2013, por desatender su diabetes, estuvo en el umbral de la muerte. No le costó la vida, y su pérdida se redujo en ese momento al pie derecho, que le amputaron. Pero esa enfermedad sigue haciendo estragos en su salud. 

Esta situación lleva a considerar la viabilidad de Barbosa de cara a sus electores. ¿Es honesto que un político quiera un puesto de elección popular cuando su estado de salud probablemente le impedirá estar con sus facultades plenas para cumplir con el mandato de las urnas? En este espacio se ha tocado regularmente el estado de salud de los políticos. Durante la pasada campaña presidencial se habló de la salud de López Obrador como una variable a considerar por los electores, en el entendido de que nada de lo que tenía afectaría sus capacidades plenas para gobernar. 

Años antes se mencionó la salud del presidente Enrique Peña Nieto, de la maestra Elba Esther Gordillo, en sus años de gloria sindical, y de su adversaria, Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación. En 2003, en este espacio se reveló que el presidente Vicente Fox tomaba el antidepresivo Prozac. Y cada vez que escribí sobre el tema, las reacciones fueron negativas. Pero la tesis central del porqué es un tema de interés público, se mantiene. En 2016, dentro de ese alegato recurrente, ejemplifiqué:

“El problema de ocultar una enfermedad a los electores puede llevar a situaciones como las que se vivieron en Rusia, cuando Boris Yeltsin buscó –con éxito– un segundo mandato y controló a la prensa para ocultar que tenía cáncer. Yeltsin, afecto también al alcohol, tuvo momentos difíciles por su comportamiento como jefe de Estado. Por ejemplo, durante una visita a Suecia, en 1997, tomó una copa de champaña que le generó un efecto secundario que lo llevó a comparar la cara del tenista Björn Borg con albóndigas. Por salud, Yeltsin tuvo que renunciar y dejó el cargo en manos de su primer ministro, Vladimir Putin, por quien no habían votado los rusos”. Este es el problema de fondo; llegan al poder quienes no fueron electos.

Dos años después de publicarse el Prozac de Fox, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública determinó que el expediente médico de un candidato o un gobernante debía mantenerse en privado y no era de interés público. A raíz de una solicitud de acceso a la información de Proceso en 2009 sobre el expediente médico del presidente Felipe Calderón tras fracturarse el hombro al caer de una bicicleta en 2008, la entonces comisionada presidente, Jacqueline Peschard, afirmó que los servidores públicos estaban protegidos en todos sus niveles.

En una entrevista con el semanario, agregó que “informar a la población sobre la salud del presidente podría ser importante, siempre y cuando lo permitan las normas. Si se hiciera de otra manera, advirtió, privilegiando el interés público sobre el marco legal, estaríamos invadiendo el terreno del derecho privado”.

Este criterio tiene que ser revisado, pero es cierto que es un terreno gris donde se cruza lo público con lo privado. Una forma de avanzar y madurar como sociedad sería que la divulgación de los expedientes médicos fueran de manera voluntaria, como un ejercicio de transparencia y responsabilidad ética y política. Siempre ha sido un tema difícil en sociedades políticas maduras, y será más complejo que avance en México. El caso de Barbosa, el más extremo en los tiempos de la transición y la democracia mexicana, es el mejor ejemplo del atraso que tenemos en la materia. Pero no podemos dejar de luchar contra la opacidad política, cuya deshonestidad afecta a los electores.
25 Abril 2019 03:27:00
La acusación de Trump
Donald Trump tiene en la mira a Andrés Manuel López Obrador, pero el Presidente mexicano dice que no caerá en la provocación. Es un insulto abierto del Presidente de Estados Unidos al especular venenosamente que el Ejército mexicano protege a los cárteles de la droga, pero López Obrador sigue con temor a enfrentarse a Trump, y trasladó su precaución a la frontera de lo pusilánime.

Las palabras del jefe de la Casa Blanca caen en un momento donde crecen las sospechas de que el Gobierno tiene un pacto no escrito con el cártel del Pacífico y su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación, lo que brincó a la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional cuando le preguntaron ayer si negociaría con criminales para lograr la pacificación del país.

“Nosotros no vamos a negociar con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos”, respondió López Obrador. “Se va a actuar con rectitud, con integridad. No va a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y la autoridad. No va a haber mescolanza, no va a haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra, como se llegó a hacer”. Este ping pong retórico no es gratuito. El lunes se reveló en este espacio que dentro del equipo de López Obrador han sugerido regresar al status quo de principio de los 80, donde un cártel domine el país y coadyuve en la pacificación.

Hay razones para conjeturar que, formal o informalmente, eso está sucediendo. A mediados de enero pasado, se publicó en este espacio que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, jefe de Los Zetas y preso desde julio de 2013, aprovechó la oferta de amnistía a narcotraficantes que propuso en campaña López Obrador para enviarle un mensaje: reduciría en 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, si al llegar a la Presidencia no lo extraditaba a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada porque el 19 de julio salió de México extraditado. Durante la campaña, López Obrador fue detenido en dos retenes en el norte del país controlados por Los Zetas, pero lo dejaron pasar cuando lo identificaron.

Lo más notorio, sin embargo, es que en la cruzada contra el huachicol en Guanajuato, sólo se está persiguiendo al cártel de Santa Rosa de Lima, y nadie aparentemente de sus rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los golpes a huachicoleros son en zonas controladas por Los Zetas o donde están enfrentados al cártel del Pacífico y su brazo armado. Coincidentalmente en este miércoles aciago para López Obrador en el tema del narcotráfico –cuyo combate renunció públicamente a hacer hace varias semanas–, apareció en Naucalpan una nueva narcomanta atribuida al jefe de los sinaloenses, Ismael “El Mayo” Zambada, que insiste sobre lo que se ha venido anunciando en todo el país por esa vía: “Comienza la limpia en el país regresa la vieja escuela”.

No hay ninguna evidencia que permita afirmar de la existencia de un pacto entre el gobierno de López Obrador con los cárteles de la droga, pero todas sus acciones y decisiones en materia de seguridad pública, los ha excluido del combate y sus líderes están exentos, por declaración presidencial, de persecución. La percepción popular de que existe tal vinculación, lo llevó este miércoles a negar que exista un pacto con las organizaciones criminales. La declaración se dio después de que apareciera tuit de Trump a las siete de la mañana, donde escribió: “Los soldados mexicanos recientemente sacaron sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica distractora para los narcotraficantes en nuestra frontera. ¡Mejor que no suceda otra vez! Estamos enviando soldados armados a la frontera”.

Trump ha hablado despectivamente del Ejército en varias ocasiones, aunque en el pasado los presidentes mexicanos respondieron a Trump o a otros funcionarios estadunidenses. No había sido tan contundente, sin embargo, acusándolo de proteger a narcotraficantes y ser parte de su estrategia. El tuit de Trump mezcló su molestia por las caravanas de inmigrantes y la insuficiencia que ve en su contención por parte del Gobierno mexicano, y a propósito de un incidente el 13 de abril, cuando soldados mexicanos detuvieron a punta de pistola a dos soldados estadunidenses en el Condado de El Paso, que fue interpretado por el Pentágono como una confusión.

El Presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablaron ayer sobre el tema, pero sin tocar lo dicho por Trump sobre el Ejército mexicano. “Lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador. “Queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo, y que así como nos hemos venido entendiendo en estos meses, vamos a seguir actuando para mantener relaciones cordiales y de buena vecindad.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno, que vamos a analizar este incidente. Vamos a tomar en cuenta lo que está señalando y se va a actuar de conformidad con la ley, en el marco de nuestra soberanía”.

La acusación de Trump queda y la sospecha de un pacto con criminales se ha socializado. Al Presidente le urge más claridad en su deslinde de los cárteles, no sólo retórico. Combatir a los cárteles, no otorgándoles una carta de impunidad, como hasta ahora, es el camino.
24 Abril 2019 03:47:00
La medición incorrecta
Desde hace dos gobiernos, la definición de la victoria del combate al narcotráfico se ha regido por el número de homicidios dolosos. Si subían, se consideraba una derrota; si bajaban, una victoria. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue al extremo de presionar y forzar el despido de periodistas de medios que contaban los muertos de la lucha contra la delincuencia, porque así, pensaban, se reducirían el temor y la angustia social. Esa política de comunicación estalló, al demostrarse que esconder los muertos o manipular las cifras de homicidios dolosos no modificaba la realidad. Hoy, sin llegar a la censura de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador está cayendo en un error similar: evaluar la estrategia de seguridad a partir del número de homicidios dolosos. Es un referente reduccionista y de valoración inversa: si baja la tasa en plazos cortos, es porque la lucha contra la delincuencia se perdió.

La suma de homicidios dolosos encuadrado en el contexto del combate al crimen crea percepciones equivocadas. México es considerado por muchos como una de las naciones más peligrosas del mundo, con cifras de muertos que rebasan los mínimos internacionales para determinar si una nación se encuentra en guerra civil. La realidad es que si bien los índices muestran una tendencia al alza –aunque en marzo el total de homicidios dolosos tuvo un mínimo decremento–, México no se encuentra en el rango de las naciones de alto riesgo, como son Afganistán y Siria. De hecho, se si ve el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, México se encuentra en el séptimo lugar latinoamericano, según la fundación InSight Crime, con 25.8 delitos de este tipo por cada 100 mil habitantes, en el mismo rango de Brasil y Colombia, pero muy debajo de Venezuela, que encabeza la lista, con una tasa de 81.4 por 100 mil habitantes.

Todo esto no significa que se magnifique el problema de seguridad, o que no sea un asunto delicado que se tiene que resolver. Es muy serio, cuesta miles de millones de pesos al año, y afecta a la población, en distinto grado y de manera creciente, lo que impacta a un conjunto de políticas públicas, en materia de salud e inversión, por ejemplo. Es el principal tema de preocupación de los mexicanos y el de mayor prioridad para López Obrador. Pero el interés en resolverlo no debe llevarlo a la trampa de cómo medir el éxito de su estrategia. Si de homicidios dolosos se trata, como se planteó ayer, de antemano se puede prever que el resultado será negativo.

La tasa de homicidios dolosos es un referente, pero no es el todo. En el gobierno de Peña Nieto, la presión sobre los medios ocultó ese indicador de la opinión pública hasta que cuando bajó la tasa, lo presumió. Pero en ese periodo de aproximadamente dos años, ¿qué sucedió? Se dejó de combatir a los cárteles, con lo que se fortaleció y expandió el Cártel del Pacífico, y creció su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación. Los Zetas, que se habían quedado sin drogas, se diversificaron en el negocio criminal y restablecieron sus rutas de narcotráfico.

Al igual que ellos, los cárteles del Golfo y de Juárez volvieron a tener control territorial y reconstruyeron sus redes de protección institucional, lo que propició una vez más un estado fallido, si no nacional, sí regionalmente. En ese desorden conceptual sobre la estrategia de seguridad, ese gobierno armó a grupos paramilitares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para liquidara Los Caballeros Templarios, abriendo la posibilidad de que lo juzguen en tribunales internacionales por genocidio. También aplazó los exámenes de control de confianza, con lo que policías municipales vinculados al narcotráfico, como los de Iguala y de otros seis municipios relacionados a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pudieron operar bajo el manto criminal.

El éxito de una estrategia de seguridad no depende de la tasa de homicidios dolosos, ni tampoco, en el corto y mediano plazo, de la implementación de programas sociales o de tener más militares en las calles. Es mucho más que eso. Una estrategia necesita, y no es verdad de Perogrullo, una estrategia contra los delincuentes y un método para romper el ciclo de incidencia criminal que incluya la afectación de la producción, el financiamiento y la logística, de donde salen los recursos para comprar autoridades y jueces, reclutar periodistas o pagar para que los asesinen.

Una forma medible y comprobable de evaluar una estrategia incluye todos los indicadores de incidencia delictiva, pero también el número de hectáreas de cultivos de drogas erradicados, los volúmenes de exportación de drogas, el total de decomisos (por número y toneladas), el total de detenciones, o de sentencias condenatorias, por mencionar indicadores básicos para comparar resultados con otros periodos y conocer, con información y datos concretos, sobre los avances, retrocesos o empantanamiento. Si una estrategia real fracasa, seguirán subiendo los índices delictivos, como en la actualidad ante la ausencia de lucha al crimen, y las evaluaciones comparativas serán negativas. Si la violencia y los homicidios dolosos disminuyen sin haber estrategia, peor aún. Significará que por omisión o comisión, el Gobierno permitió que el cártel más poderoso aniquile a sus enemigos y aplique la Pax Narca, creando un narcoestado paralelo al Estado Mexicano.

Hay que cambiar la definición de la victoria. De esa forma ni el gobierno de López Obrador pagará por lo que no debe, ni engañará con el bálsamo existencial del “cochinero”, como afirma, le heredaron sus antecesores, ni sorprenderá con soluciones pragmáticas sugeridas en el pasado, negociar con un cártel la coadyuvancia en la pacificación.
23 Abril 2019 03:55:00
Los discursos no vencen criminales
Siempre, como líder social, candidato presidencial, presidente electo y presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha hecho el mismo diagnóstico sobre las razones que llevaron a la violencia. Una semana antes de asumir la Presidencia, afirmó ante las Fuerzas Armadas en el Campo Militar No. 1, que la inseguridad es producto de una “política económica antipopular y entreguista”, que repitió textualmente el domingo en Veracruz, a propósito de la matanza en Minatitlán. Igualmente ha reiterado la receta para acabar la violencia, atacando sus causas con programas de empleo y educación para los jóvenes, y tener en la Guardia Nacional la llave de la puerta de la pacificación del país.

Con los programas sociales, aclaró en su conferencia de prensa mañanera este lunes desde Veracruz, se permitirá “alejar a los jóvenes del mal camino. Con su atención se garantiza que no sean jalados por bandas del crimen organizado”. La Guardia Nacional, dijo, “permitirá tener un mayor control de las regiones donde se concentren y garantizarán la estabilización de la seguridad”. Todo esto arropado en que “ya no existe colusión entre gobiernos y grupos de delincuencia”. Está por verse, en el plazo de seis meses que él mismo estableció para que se empiecen a notar los resultados de su estrategia de seguridad.

¿Porqué está obsesionado con fijar plazos en temas tan volátiles como la seguridad? Sobre todo, ante su falta de claridad al respecto. En enero de 2018, López Obrador dijo que de llegar a la Presidencia, disminuiría la delincuencia “en muy poco tiempo”, dependiendo del crecimiento económico, la creación de empleos y la aplicación de los programas de desarrollo social. En diciembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los primeros resultados positivos se darían en los primeros 180 días del Gobierno. En febrero matizó. Ya no sería en los primeros tres meses, sino en los primeros seis, donde habría “un punto de inflexión en la tendencia creciente”. En marzo se fue al otro extremo. Para terminar con la ola de inseguridad, dijo, se necesitarían 360 mil policías y un plazo de 100 años. El Presidente ya estableció una nueva fecha: no será en febrero, ni en mayo, como prometía Durazo, sino en octubre, 10 meses después de iniciado su gobierno.

De antemano, sobre la base de las experiencias, se puede adelantar que eso no sucederá, y que las variables señaladas por López Obrador no se cumplirán. En octubre pasado dijo que el 70% de la estrategia radicaba en atender las causas económicas, pero las expectativas de crecimiento no son promisorias y el empleo formal ha disminuido. Pero aún si esto, para efectos de argumentación, fuera superado, hay otros factores que sugieren que fracasará en sus tiempos. Uno es la estacionalidad. En muchos países los índices delincuenciales se elevan en verano por razones tan subjetivas, incluso, como el calor. Un factor objetivo es cómo bajar los índices si la estrategia no toca al crimen de manera reactiva, si no se concentra en la parte preventiva.

Esto es correcto, siempre y cuando también se modifiquen los incentivos contra delinquir. Se necesitaría que el ingreso de un empleo formal superara al ingreso que deja el negocio de las drogas, lo que se antoja imposible: un joven recluta de los zetas, empieza ganando casi 10 mil pesos por mes por el cobro de piso o de extorsiones. Si lo hace bien, lo entrenan dos meses y le dan una esquina para que venda droga y lo proveen de armas, con lo cual, si es exitoso, puede triplicar sus ganancias en seis meses. Visto económicamente, no hay forma de competir con un empleo formal.

Una manera de orillarlos a la legalidad es eliminar los incentivos de la vida criminal, que se daría atacando la impunidad. Sin embargo, la racional de López Obrador es que no se debe criminalizar a quienes menos tienen, por tanto, un narcomenudista no será perseguido. Bajo su lógica, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que ha declarado ante el Ministerio Público ser agricultor, sería un hombre libre en México. Para el Presidente, ser pobre o percibirse pobre es salvoconducto para cualquier conducta criminal.

De cualquier forma, combatir la delincuencia per se, no es importante en su estrategia. López Obrador dijo en octubre que el 30% restante del modelo tenía que ver con lo coercitivo, “para que se actúe con eficacia”, lo que significa, si se le entiende bien, luchar contra la corrupción. Entonces, si un funcionario no es corrupto, como dice de quienes forman parte de la Cuarta Transformación, eso ya no existe. Ergo, la estrategia funcionará.

Los discursos de López Obrador se inscriben en una realidad que no comparten muchos de sus gobernados. Las principales diferencias estriban en la tensión de argumentos cristianos del alma buena de los criminales, frente a quienes pensamos que los discursos no persuaden ni doblegan delincuentes. El Presidente descalifica las visiones discordantes, pero pocas veces reflexiona sobre las críticas, y prácticamente nunca rectifica.

López Obrador está inmerso en el problema planteado por el filósofo David Hume en el Siglo XVIII sobre el ser y el deber, que lleva a una “falacia naturalista”, al confundir descripción con prescripción. Por ejemplo, la descripción es la violencia y la inseguridad, mientras que la prescripción es que con alternativas económicas los criminales debendejarán de delinquir; o es un nuevo régimen, por lo que ya no debeexistir colusión del Gobierno con delincuentes. Esta confusión, escribió Hume, es parte de la naturaleza humana, pero cuando se trata de la vida de las personas, una revisión objetiva del rumbo escogido, bien vale la pena.
22 Abril 2019 03:46:00
Matanza en Minatitlán
La polarización política llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 14 personas en un bar de Minatitlán –incluido un niño de un año– el Viernes Santo, y la arena pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del crimen sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él. Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el fin del combate al crimen organizado como vía de la pacificación nacional.

Hace tiempo se perdió el control en Minatitlán, que quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna. Y desde hace unos cinco años, los asesinatos en las cantinas de Minati-tlán, Coatzacoalcos y municipios en esa zona, son comunes. Las autoridades federales trabajan las principales líneas de investigación, que atraviesan los dos factores señalados.

La principal hipótesis detrás de la matanza es el huachicol. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la carretera Coatzacoalcos-Cosoloacaque, que pasa junto a Minatitlán, que son desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto que es donde se encuentran los depósitos clandestinos huachicoleros.

Las autoridades federales están investigando la probable acción de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos tiempos antiguos asesinos de los Zetas, con los que hoy se enfrentan en Veracruz. Pero el fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la plaza en sí mismo significan. La diáspora criminal y el realineamiento de los cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto.

Un diagnóstico federal subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las condiciones para que Joaquín “El Chapo” Guzmán escapara de El Altiplano en 2015. Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado para Prevención y Readaptación Social, que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del cártel de Guadalajara, antecesor del cártel de Sinaloa, en 2013.

Las autoridades federales han encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de miembros de ese cártel llamado hoy del Pacífico, y de su brazo armado, el cártel Jalisco Nueva Generación, y de los Zetas, se dio a través de un entramado de despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el Gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial, por lo que las autoridades revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de Acuerdos en los Circuitos de Jalisco, estado de México y Tamaulipas.

Lo que se han venido encontrando es el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia federal, que benefició en Veracruz al cártel Jalisco Nueva Generación y a zetas que estaban presos, cuya liberación y posterior incorporación a cártel del Pacífico hizo que la violencia se intensificara en ese estado. Varias declaraciones del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y actos de impunidad, tienen en esos hallazgos su razón de ser. Pero sus declaraciones en este sentido son amagos sin acciones concretas. En otro sentido, han sido un bálsamo para los criminales, y un perdón implícito para los responsables de la negligencia.

La explicación es que López Obrador está en una lógica que no es combatir a los cárteles. Desde diciembre de 2017, antes de la campaña presidencial anunció una amnistía para narcotraficantes, y aunque la promesa la ha ido matizando, los cárteles reaccionaron, incluso, buscando el Cártel Jalisco Nueva Generación un acuerdo con él, del que no se sabe qué curso tomó. En todo caso, ya como presidente, López Obrador proclamó desde Palacio Nacional en febrero el fin de la guerra contra el narcotráfico y que cesaría la persecución a los jefes de los cárteles. Es decir, una amnistía disfrazada porque, razona, los criminales no son malos del alma, sino que las condiciones económicas los empujaron a ello.

Las cifras históricas de homicidios dolosos en su Gobierno son la respuesta a lo que aparenta ser una ingenuidad política. La pregunta es si realmente es inocencia o, como sugieren en su equipo, pretende regresar al estatus quo de principios de los 80, donde un cártel domine el país y coadyuve a la pacificación. No obstante, las condiciones son radicalmente distintas en cuanto a la naturaleza del mercado de las drogas y la composición de las organizaciones criminales trasnacionales.

Pactar de facto con el cártel del Pacífico para que el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas limpien el país de narcomenudistas, secuestradores, extorsionadores y asesinos en las esquinas, no será nunca la solución.

Regresar el país a los 80 en materia de seguridad es un disparate, y Minatitlán es un recordatorio que su propuesta, impunidad a los responsables directos del desastre y una política con los cárteles de dejar hacer y dejar pasar, es inviable y fallido por donde se vea –como se está viendo.
12 Abril 2019 03:57:00
Los secretos del general brigadier
El general brigadier Luis Rodríguez Bucio, contemporáneo del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió dos noticias de su viejo amigo. La mala es que no llegaría a general divisionario, y su carrera militar acabaría después de 45 años en las Fuerzas Armadas, al iniciar su proceso de retiro. La buena es que se haría cargo de la comandancia suprema de la Guardia Nacional, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de una nueva policía civil nacional, con la que espera vencer la inseguridad y derrotar a la delincuencia, así como ser la fundación del principio del fin del Ejército, siguiendo el modelo latinoamericano de Costa Rica. El Presidente nombró al recomendado del general Sandoval, que ha establecido una relación de profunda cercanía profesional con López Obrador, y ungió a un hombre educado en la Escuela de Las Américas, de nefasta memoria.

El general brigadier Rodríguez Bucio tenía siete años de haber ingresado al Ejército cuando en 1980, el entonces teniente del 2º Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, parte del extinto Estado Mayor Presidencial, que era el responsable directo de la seguridad del Presidente, de Los Pinos y de todas las instalaciones estratégicas que rodeaban la vieja residencia oficial, fue despachado a Panamá. Fue a capacitarse a Fort Gullick, donde originalmente había estado el muy desconocido 8vo. Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que realizaba intervenciones en América Latina, y que albergó y entrenó a la unidad militar boliviana que cazó y mató a Ernesto Che Guevara en 1967.

Cuando llegó a Fort Gullick el teniente Rodríguez Bucio, ese grupo de Fuerzas Especiales ya había sido desactivado, y sus instalaciones –hoy convertidas en un Hotel Melía–, albergaban al 3er. Batallón Aerotransportado del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, y a la Escuela de Las Américas, por donde pasaron 11 dictadores de América Latina, entre los que figuraron Jorge Rafael Videla, el jefe de la junta militar que desapareció a 35 mil argentinos, el guatemalteco Efraín Gómez Montt, clasificado como “genocida” por una comisión de la ONU, y el panameño Manuel Antonio Noriega, que trabajaba con el Cártel de Medellín y la CIA, así como Manuel Contreras, el jefe de Inteligencia de los primeros años del régimen de Augusto Pinochet, el jefe de los escuadrones de la muerte salvadoreños, Roberto  D’Abuissson, y Vladimiro Montesinos, el asesor criminal del presidente peruano Alberto Fujimori. Esa escuela estaba especializada en operaciones de contra inteligencia y técnicas de tortura.

Su paso por la Escuela de Las Américas no se encuentra mencionada en el currículum que difundió la Presidencia del general brigadier, pero no es la única omisión. Hay lagunas en su carrera militar, admitidas como momentos no relevantes, pero sí hay otros puntos en su hoja de servicios difundida, que tiene imprecisiones o, definitivamente, ocultamientos. Una imprecisión es que donde la Presidencia señala que fue director del área de Operaciones Especiales de la Policía Federal de 1990 a 2000, pero este cuerpo no existió hasta 2009. En realidad, como dice la hoja de servicios sin precisar fechas, de 1994 a 1999 coordinó los grupos interinstitucionales del CISEN. Sin embargo, la Presidencia dice que el cargo era en el ámbito de la seguridad pública, cuando en realidad era de seguridad nacional.

Rodríguez Bucio se especializó en grupos armados –legado de sus enseñanzas en Fort Gullick–, y narcotráfico. Antes de llegar al CISEN fue subjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Marte, que combatía el narcotráfico y erradicaba plantíos de enervantes en el Triángulo Dorado –donde se juntan Sinaloa, Durango y Chihuahua–, cuyos detalles se mantienen secretos porque la Secretaría de la Defensa se ha negado a darlos a conocer pese a la instrucción del INAI que entregue información sobre la estrategia de combate al narcotráfico en esa zona desde 1967.

Ese mismo tipo de tareas realizó en la 4ª. Región Militar, con sede en Monterrey, de 2001 a 2013, donde estaba a cargo de operaciones contra el narcotráfico en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En esos años rompió el cártel del Golfo y Los Zetas, que se extendieron hacia el sur de Tamaulipas y San Luis Potosí, y los hermanos Beltrán Leyva, primero como parte del cártel del Pacífico y luego como una organización independiente, controlaban Monterrey. Años después, en esa región militar también estuvo comisionado el actual secretario de la Defensa, el general Sandoval.

Durante ese periodo, como sucedió antes con el CISEN, el general brigadier tuvo otras tareas no aclaradas en el currículum de la Presidencia. De agosto de 2003 a septiembre de 2004 fue comandante del 2º Batallón de Fuerzas Especiales al mando de las operaciones contra el narcotráfico en el Triángulo Dorado, y en 2006 fue trasladado al Estado Mayor de la Defensa Nacional como jefe fundador del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico, que sustituyó al Centro de Inteligencia Antinarcóticos, al desaparcerlo por la infiltración del narcotráfico. Ahí reemplazó al general brigadier Roberto Aguilera Olivera, quien solicitó su retiro tras una investigación interna –nunca judicializada– donde presumían vínculos con el cártel del Pacífico, luego de que una serie de fugas de información impidieron la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Sierra de Durango. 

Rodríguez Bucio tenía una carrera que lo llevaba al cargo de secretario, que su amigo el general Sandoval cortó. Pero le entregó al presidente López Obrador un militar experimentado, con mando de tropa, y entrenado para cualquier eventualidad, como los fantasmas y puntos negros en su hoja de servicios lo demuestran.
11 Abril 2019 03:31:00
Qué difícil jefe
Debe ser muy difícil ser miembro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todas las mañanas coloca a todo su equipo en una tensa situación donde saben que en cualquier momento tendrán que improvisar para seguirle el paso. Sus comparecencias matutinas y sus conferencias de prensa en Palacio Nacional son entre un circo romano y una montaña rusa. Para muchos fuera del Gobierno, se han convertido en eventos morbosos para ver a quién difama o denuncia; para su gabinete son un martirio porque todo puede pasar y cambiar, y todo puede esperarse. Todas las mañanas es como entrar en un túnel oscuro donde no sabe la mayoría qué va a encontrar.

Varios miembros del gabinete dedican personal a monitorear esas apariciones, para saber si hay alguna indicación que haya sobre su sector, algún nuevo programa que se le ocurrió al Presidente y que no les había dicho, o algún tema contencioso sobre el cual les preguntará más adelante. Algunos han recibido instrucciones públicas sobre temas que nunca antes habían platicado con el Presidente. Otros van a Palacio Nacional para participar en las reuniones de preparación de las mañaneras, donde a veces se juntan más de 100 funcionarios que aprovechan algún momento previo, para poder arreglar asuntos de su dependencia, ya que nunca los recibe.

López Obrador utiliza ese espacio para hacer lo que quiera. Una de las peculiaridades es cómo destroza la credibilidad de su propio equipo. Por ejemplo, el martes le tocó al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, al desmentirlo de la evaluación para restablecer la tenencia en el país. El miércoles al de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dijo que el nuevo aeropuerto de Texcoco no fue cancelado por corrupción, como originalmente se afirmó. En otra ocasión le dio instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para rasurar la reforma educativa, que estaba en el Congreso, para que los maestros no dijeran que era como la del presidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador es un jefe sumamente complicado, en buena parte, porque le interesan muy poco la mayor parte de los temas de su competencia. Su rutina de trabajo empieza alrededor de las 5:40 de la mañana, cuando su gabinete de Seguridad le da un reporte sobre la incidencia delictiva y se ponen de acuerdo sobre las cifras que darán a conocer. Siempre buscan dar números a la baja, aunque haya discrepancias hasta en un 20% con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como sucedió en el primer bimestre del año.

Terminando se abre el mercado de funcionarios queriendo plantearle al Presidente algún tema, salvo aquellos que previamente fueron notificados que esa mañana tendrían sus 15 minutos de fama. Así le sucedió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a mediados de febrero, cuando le notificaron que tenía que presentar el plan para el sector eléctrico. Bartlett llegó con su presentación, pero minutos antes de entrar al Salón de la Tesorería, le dijeron que su documento sería para después y le entregaron uno que se había hecho en las áreas de propaganda de Palacio Nacional, que era la que tenía que enseñar a la prensa. En ella estaba el top tende presuntos empresarios empapados en complicidades y conflictos de interés en el sector, que Bartlett, mostrándose como un ignorante, denunció sin poder sustentar sus dichos y acusó a exfuncionarios que ni siquiera estaban vinculados con el sector.

Al Presidente no le interesa su gabinete. Para López Obrador, según funcionarios, los únicos con quienes tiene interlocución diaria y frecuente son los que se sientan permanentemente en la mesa de seguridad: el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Tiene contacto, sin ser estrecho, con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de manera coyuntural con quienes encabezan sus programas sociales. Hay miembros de su gabinete que incluso piensan que quiere despedirlos porque nunca les hace caso.

Lo conocen poco. En el Gobierno de la Ciudad de México hacía lo mismo: reunión con el gabinete de seguridad, mañanera y desayuno de trabajo. Después se iba a jugar un rato beisbol, a tomar una siesta, y caminaba por el Centro Histórico repartiendo dinero. Ahora ha tenido que reducir sus prácticas de beisbol y recortar sus siestas. Ya no reparte dinero en las calles y por razones naturales de su mayor responsabilidad, a veces tiene eventos al mediodía. Pero en general, todo lo resuelve en la mañanera: informe de acciones de Gobierno, conferencia de prensa y, como sucedió con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un evento formal y protocolar.

Después de eso, cada quien atiende lo que le ordenó directamente o a través de Scherer, principalmente. López Obrador es el poder todas las mañanas y delega la gestoría a través de un puñado personas específicas. Para él no hay líneas de mando, y se recarga en quienes tienen su confianza y es eficiente. A quien le delega ese poder, lo empodera para los asuntos de gobierno. Lo único que atiende directamente además de la seguridad, es lo que tiene que ver con la política electoral, con un staff encabezado por el coordinador de delegados federales, Gabriel García Hernández, responsable de fortalecer el andamiaje para la consolidación del proyecto mediante las urnas, que es su mayor prioridad.
10 Abril 2019 03:48:00
¿Y si rectifica Presidente?
La anomalía que veían los economistas se disolvió. Se preguntaban, ¿cómo es posible que baje el consumo en todos los rubros, haya inflación y desempleo creciente y la confianza del consumidor sea positiva? El Inegi respondió al dar a conocer el Índice de Confianza del Consumidor de febrero, donde los niveles son los más bajos del nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los peores desde enero de 2017. Hay incertidumbre por la inseguridad, y desconfianza en la política económica. La percepción ciudadana se está alienando con la de inversionistas, analistas, bancos privados, nacionales y extranjeros, instituciones multilaterales y organismos internacionales, que suman a esos factores dudas por las señales contradictorias de López Obrador. La más grande, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco.

Cancelar el proyecto como resultado de una consulta concentrada en en los municipios pobres en el sur del país, tuvo consecuencias económicas inmediatas, pero sobre todo lanzó una señal de alerta al mundo. Al Gobierno de López Obrador lo empezaron a ver con cuidado. Las inversiones se frenaron, y la economía se contrajo. La Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento para 2019 y 2020, pero el Presidente insistió que crecería en 2% y que para finales del sexenio el crecimiento estaría en 4 por ciento. El Fondo Monetario Internacional lo desmintió ayer al dar a conocer sus expectativas de crecimientoen el mundo. Las señales emitidas por el nuevo Gobierno, llenas de incertidumbre política, produjeron un nuevo ajuste a la baja para estos dos años.

Frente a las noticias negativas, López Obrador siempre acelera el paso. Aún no reacciona sobre el nuevo balde de agua fría que le tiró el FMI, pero en situaciones similares en el pasado, disfraza los malos números con acusaciones a políticos, empresarios, órganos autónomos y prensa.

López Obrador no entiende de economía, y a sus colaboradores les cuesta mucho trabajo explicarle las cosas porque tampoco razona. La subordina a sus objetivos políticos, olvidando que acciones similares llevaron a la ruina al país. Él mismo lucha contra sus creencias y se mete en contradicciones. Las evidencias de que lo economía del país estaba mucho más grave de la que se imaginaba, lo ha hecho enfurecer en algunas ocasiones y molestarse con propios y extraños.

Tuvo que aceptar el recorte presupuestal que le propuso el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, cuyo tufo neoliberal es superior a los que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el que tanto se compara, al demostrarle que el dinero en las arcas del tesoro simplemente no alcanzaría, con todos los indicadores en contra, más la caída en la recaudación y en el empleo. El subsecretario Arturo Herrera dijo que para aumentar la recaudación contemplaban restablecer la tenencia de automóviles en el país, y horas después el Presidente lo desmintió por completo. Este choque con la realidad evoca un dicho tabasqueño: lo mejor de todo, es lo peor que se va a poner.

Pero para López Obrador, esto puede significar el final anticipado de su sueño transformador. ¿Qué puede hacer sin cometer un suicidio financiero? Enviar una señal a los inversionistas de que entendió que lo que quería hacer, como lo quería hacer, no funcionó, y es capaz de rectificar. ¿De qué escala tendría que ser esa rectificación? La respuesta sería tirar la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y reanudar la construcción en Texcoco. El mero planteamiento, dada la necedad del Presidente, parece descabellado. Sin embargo, una consideración que podría, hacerse, es que la disyuntiva está entre restablecer un proyecto y encontrar la forma de tener el menor costo político posible, o pagar costos económicos, políticos y sociales de mayor envergadura en el largo plazo.

Santa Lucía es un aeropuerto que sí puede construirse, pero que de acuerdo con los estudios de aeronavegabilidad, no puede operar en forma simultánea con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Construirlo sería como añadir una pista más en la Ciudad de México sin ampliar el tráfico aéreo. No sólo organismos internacionales han concluido en ello, sino que un estudio de la Fuerza Aérea Mexicana dice lo mismo. Empeñarse en Santa Lucía, visto logísticamente, provocará una disrupción en las operaciones de las aerolíneas. Y en términos de seguridad, existe la certeza de la cancelación de vuelos internacionales.

El Presidente no sabe de estos temas y los responsables de él, tampoco. Pero dentro del Gobierno hay personas con conocimiento técnico y financiero de lo que significa entercarse en Santa Lucía. López Obrador tiene una oportunidad, aunque en un principio parezca una locura política. Una pista más en Santa Lucía, disfrazada de nuevo aeropuerto, no provocará el crecimiento de Texcoco, aunque el Gobierno diga lo contrario. Texcoco no era la mejor opción; era la única posible. Una de las empresas a las que se recurrió por su opinión, que así lo determinó, es Aeropuertos de París, a quien le comisionaron el Plan Maestro de Santa Lucía. Al paso que va, ni siquiera estaría lista su primera fase antes de terminar el gobierno. El nuevo aeropuerto de Estambul, como espejo, arrancó este fin de semana su primera fase operacional, tras casi cinco años de construcción sin problemas.

López Obrador puede intentar el rescate de la confianza de los inversionistas y quitarles la idea de que es un aventurero como Jefe de Estado y que sí es capaz de corregir una decisión equivocada. Para ello, sin embargo, se requiere que cuando menos crea los números que le presentan los no radicales, y que se aleje de quienes empapan todo en demagogia, retórica y, sobre todo, embustes. .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
09 Abril 2019 03:59:00
La víctima de López Obrador
Kirstjen Nielsen renunció a la Secretaría de Seguridad Pública Territorial, y el impacto por su salida del Gabinete del presidente Donald Trump no tardaremos en verlo. Perdió la parte moderada del Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y perdió México.

Apenas la semana pasada, funcionarios mexicanos mencionaban que los problemas migratorios de Trump no eran sólo con México, sino que se encontraban sobre todo dentro de su Gabinete, donde el choque más fuerte era con Nielsen. Les preocupaba su salida, que finalmente se dio, ante la eventual llegada de halcones y radicales en políticas de migración. Paradójicamente, quien parece haberle dado inadvertidamente la puntilla a Nielsen fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es cierto que Nielsen llevaba una relación tortuosa con Trump prácticamente desde que relevó hace casi año y medio a su mentor, John Kelly, que fue nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca –y tiempo después removido–. Fue la responsable de la política migratoria de “tolerancia cero”, que afectó a árabes, mexicanos y centroamericanos. Sobrevivió en medio de aguas turbulentas hasta la crisis de migrantes centroamericanos que inició en octubre de 2018, pero ya no pudo neutralizar los cambios en las políticas migratorias del nuevo Gobierno federal.

La clave sobre el papel que jugó el presidente López Obrador en el desenlace final de la secretaria la dio Kevin McAleenan, quien será su sustituto a partir del miércoles y que el pasado 7 de marzo compareció ante el Comité Judicial del Senado, como jefe de la Patrulla Fronteriza. En esa comparecencia McAleenan afirmó que las organizaciones criminales trasnacionales estaban “ganando tremendamente” gracias a los problemas de los migrantes centroamericanos, que estaban buscando llegar a EU a través de México en números atípicamente crecientes. Los datos de Washington para este año eran utilidades en los dos primeros meses del año de 5 mil millones de dólares, con un crecimiento de aprehensiones de 360 mil personas, superior al total de capturas que se dieron durante todo 2017. “Los contrabandistas de humanos escogen el momento y el lugar para que esos grupos crucen estratégicamente, a fin de dislocar los esfuerzos de seguridad fronteriza, crear una distracción del narcotráfico y permitir que individuos evadan ser capturados e intenten inmigrar”, agregó. “Peor aún, esos contrabandistas cometen una violencia horrible, asaltos sexuales y extorsión en algunas de las personas más vulnerables de nuestro hemisferio”.

McAleenan dijo a los senadores que una parte de la responsabilidad del incremento masivo de inmigrantes centroamericanos era del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus políticas de regularización de migrantes y la laxitud en la aplicación de las leyes para repatriarlos, como había sido con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto con la primera de varias caravanas

en octubre.

En esa convicción estaba la molestia de Trump, quien amenazó con cerrar la frontera con México si eso no se revertía. Nielsen fue apoyada por el Gobierno mexicano, que no sabía que su final se acercaba, cuando le dieron victorias pírricas para entregar a Trump: aceptar en mediano plazo hasta 9 mil deportados por mes, para tener tiempo de asimilarlos de manera definitiva en territorio mexicano e incrementar las deportaciones de inmigrantes centroamericanos. Trabajarían conjuntamente para capturar a líderes de redes de tráfico humano en Chiapas y Veracruz y romper sus redes financieras. Obvio, no fue suficiente.

La salida de Nielsen concluyó una creciente frustración de Trump y su principal asesor político en materia migratoria, el extremista Stephen Miller, quienes consideraban que la secretaria no había dado resultados convincentes en una negociación exitosa con México. Nielsen era dura, pero no halcón.

Días antes, Trump retiró el nombramiento de Ronald Vitiello, apoyado por ella, para dirigir la Oficina de Aduanas y de Inmigración del Departamento de Seguridad Territorial, porque el Presidente había cambiado de opinión y buscaría implementar una política “más dura” en ese campo.

No está claro si McAleenan será ratificado, como adelantó el domingo la cadena de televisión CBS. Este es el problema que ven los moderados en EU y algunos funcionarios mexicanos con la salida de Nielsen, porque redefinirá la política migratoria y abre el camino al nombramiento de un radical en el cargo.

McAleenan no dio esa impresión al dirigir la Patrulla Fronteriza, pero tiene experiencia en el combate al terrorismo, como director de la Oficina Contraterrorista del FBI ,que participó en la guerra contra Osama

Bin-Laden, los talibanes y Saddam Hussein.

De manera coincidente o no, Trump ha coqueteado en las últimas semanas con reclasificar a los cárteles de la droga de organizaciones criminales trasnacionales, a terroristas, con lo que elevaría el nivel de lucha y las atribuciones de su Gobierno. Pero su nombramiento, aunque sea como refresco de la gestión de Nielsen y de Kelly, que reconocían perfectamente el problema de la seguridad como un fenómeno regional, no tiene el perfil de ser una persona que podría tener largo kilometraje en la Administración Trump.

El temor en las áreas más sensibles del Gobierno federal mexicano es quién moverá realmente los hilos de la política migratoria. Las noticias son ominosas. Quien ganó la batalla en la Casa Blanca fue Miller, que expandió su influencia en la Casa Blanca y se convirtió, de facto, en el zar migratorio.

En un correo electrónico al portal conservador Daily Caller hace una semana, Miller adelantó que habría “un agresivo esfuerzo para utilizar a cada autoridad para reducir la migración indocumentada”. Ya revisó, y la purga comenzó. También el endurecimiento de la política migratoria de Trump, resultado no deseado de la política migratoria romántica y de visión estrecha del Gobierno mexicano, causantes

colaterales de esta radicalización.
08 Abril 2019 03:17:00
Las culpas de Ebrard
La polémica sobre la petición de disculpas al rey Felipe VI parecía haber pasado a un segundo plano en la opinión pública, lo que era bueno para que los gobiernos de México y España trabajaran, como quedaron Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, cuando se reunieron en enero. Las dos habían tenido un encontronazo en ese acercamiento, donde la señora Gutiérrez Müller le anticipó que vendría el exhorto y que irían preparando un catálogo de crímenes españoles durante la Conquista para ser discutido.

Aquello se dio durante la visita de trabajo del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que no terminó bien. En la despedida, tras las difíciles conversaciones, la señora Gutiérrez Müller se le acercó a su esposo y algo le dijo al oído. Entonces, López Obrador reiteró a Sánchez que la petición de disculpas, era algo que no soltarían.

Gutiérrez Müller y Delgado establecieron una relación intensa a través de WhatsApp, que topó con baches cuando se filtró la carta que envió López Obrador al monarca español. Sánchez dijo que no habría disculpas, pero lamentó sobre todo la filtración. Este es el gran tema. Tan importante, que Sánchez volvió a referirse a ello en una entrevista publicada el jueves en El Universal. En respuesta, López Obrador dijo: “Yo no di a conocer la carta. Fue una filtración. No sé si fue el Gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores. Hay las dos posibilidades, pero sí se equivocaron”.

Esta es la cuarta versión del Presidente sobre la filtración. Primero fue, tras la respuesta del Gobierno español que lamentaban la difusión de la carta, cuando López Obrador dijo que había sido en España. Al día siguiente reconoció que había sido una filtración de su propio Gobierno. Al siguiente, señaló que se trataba de espionaje. Iba de mal en peor. La carta no salió de España, como asegura, porque como él mismo dijo, era un borrador que no estaba firmado. Adjudicar al espionaje, sería un escándalo, pero muchas cosas que dice el Presidente pasan desapercibidas ante la creciente imprecisión y trivialización de su palabra. 

Esta última versión anulaba la posibilidad de una filtración dentro de su gobierno, lo cual volvió a corregir la semana pasada cuando regresó a que una indiscreción de la cancillería hubiera sido la fuente de origen.

El impacto que tuvo la filtración, y que alteró y entorpeció la negociación que habían iniciado Gutiérrez Müller y Delgado, ha sido abordado en este espacio como lo más importante de todo ese diferendo diplomático, en donde quedaba la duda de quién había sido el o la responsable de esa traición por el daño causado al Presidente, en imagen –el semanario británico The Economist lo critica en su edición actual llamándolo un “historiador amateur”–, y en la reducción de los espacios que tenía para poder ir negociando con la Corona española la tercera disculpa –la primera fue en el siglo 19 y la segunda afínales del 20–.

La filtración ha sido manejada con mucha especulación por parte de López Obrador pero, a la vez, con gran hermetismo ante la opinión pública. Sin embargo, funcionarios mexicanos dijeron que en Palacio Nacional tienen identificada una persona como la responsable de haber filtrado extractos de la carta al diario madrileño El País, que dio la primicia. Esa persona es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Colaboradores cercanos a Ebrard afirman que es absolutamente falso y que se trata de rumores con el único propósito de dañarlo.

Ebrard acompañó a la señora Gutiérrez Müller a la reunión con la ministro Delgado en enero, y estuvo al tanto de todos los señalamientos y del anuncio que iban a enviar una carta al rey. La cancillería no ha negado ni desmentido que esa reunión se dio o que Ebrard participó en ella, pero en la prensa se ha sugerido en varias columnas la inocencia del canciller, incluso, subrayando que desconocía la carta.

En los círculos de la casa presidencial, el sentir contra el canciller es negativo, adjudicando de manera subjetiva, pero concreta en cuanto a las relaciones de poder palaciegas, su enemistad con la esposa del Presidente.

El canciller no la lleva bien con la familia. Entre quienes operan políticamente, consideran a Ebrard como un traidor, mientras que la señora Gutiérrez Müller y su entorno, tienen un problema de empatía con él que vienen arrastrando. Lo más evidente, dentro de los muros de Palacio, es el choque que tiene con Martha Bárcena, la embajadora de México ante la Casa Blanca, y tía política de la esposa del Presidente, a quien Ebrard considera una imposición.

Para neutralizarla, el secretario planeó abrir una oficina en Washington, encabezada por la hermana de Javier López Casarín, un empresario muy cercano a Ebrard, a quien le encarga asuntos delicados en la cancillería. Por esto, Bárcena, una diplomática muy respetada en el Servicio Exterior, lo confrontó en diciembre, y le dijo que la representante de México ante el Gobierno de Estados Unidos era ella. Ebrard negó que hubiera una oficina y, hasta donde se sabe, canceló los planes.

No ha sido un arranque de gobierno terso para Ebrard, aunque parezca lo contrario, y ahora enfrenta las imputaciones de filtrador. ¿Fue él? El significado político de fondo es el choque en los corrillos palaciegos, donde Ebrard está en desventaja y no tiene posibilidades de ganar. El desgaste ha tenido en las últimas semanas es grande, así como su imagen pública como un político sofisticado.

Los señalamientos que le hacen son fuertes –enormes en este momento, cuando menos, para sus aspiraciones presidenciales.
05 Abril 2019 03:08:00
El entuerto de Trump
La disminución de la sonoridad de las críticas de la Casa Blanca contra México esta semana, fueron el preámbulo de que en un intercambio informal con periodistas en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostenía una reunión de trabajo con el gabinete, anunciara que la frontera no se cerraría y que abriría un plazo de un año para que redujera significativamente el tráfico de personas y de drogas hacia Estados Unidos.

El aplazamiento fue el primer resultado de una batalla política de casi tres meses y medio entre los dos países, donde superaron momentos de crisis en las negociaciones, a punto de rupturas incluso, donde fueron moviendo posiciones para encontrar, si no la mejor solución a la crisis migratoria, cuando menos la posible.

La tensión con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó desde los primeros días de la administración, cuando en Washington empezaron a tener dificultades con dos discursos mexicanos que se confrontaban e incluso se contradecían. Por un lado, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el otro el de la de Gobernación. El canciller Marcelo Ebrard aceptaba que México fuera un tercer país seguro, donde le haría el trabajo sucio a Estados Unidos y mantendría en territorio mexicano a los inmigrantes que pedían asilo en aquella nación, mientras la secretaria Olga Sánchez Cordero, decía que eso era inaceptable.

Las posiciones antagónicas fueron una de las razones por las que el consejero especial de Trump, su yerno Jared Kushner, buscó una reunión con López Obrador, que llevó al Presidente mexicano a hablar con ambos, exigirles que no se pelearan y que se coordinaran. A Ebrard le encargó coordinar todos los esfuerzos mexicanos, incluidos los migratorios en Washington, con el secretario de Estado Mike Pompeo, y a Cordero la responsabilizó de la política migratoria sin quitarle el control –en este espacio se reportó el miércoles que así había sido– del Instituto Mexicano de Inmigración. Su relación sería con Kirstjen Nielsen, la secretaría de Seguridad Territorial, la responsable en Estados Unidos de combatir la inmigración indocumentada.

El problema con Nielsen, sin embargo, se venía arrastrando desde tiempo atrás, cuando en diciembre, recién iniciado el gobierno lopezobradorista, buscaron que Cordero viajara a Washington para reunirse con ella. La respuesta fue negativa. Propusieron enero, igual; febrero, tampoco. ¿Finales de febrero? Las quejas se estaban acumulando en la Ciudad de México. A cambio del no encuentro entre las secretarias, Gobernación propuso un grupo de trabajo que encabezaban el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Seguridad Territorial para Estrategia, Política y Planeación, James McCament.

La primera de cinco reuniones se dio el 19 de enero, donde McCament no habló del concepto del tercer país seguro, sino del Acta de Inmigración y Nacionalidad 235, sobre la deportación inmediata de indocumentados “inadmisibles”. McCament planteó que México debía recibir a todos los inmigrantes indocumentados en todas las garitas, porque habían detectado un incremento de la migración derivada de la política de López Obrador de abrir sus fronteras, y que estaban llegando con visas mexicanas. La respuesta de los mexicanos fue de rechazo a la pretensión original, y llegaron a un primer acuerdo que sólo admitirían 20 inmigrantes por día, que tuvieran ese tipo de visas, y únicamente en Tijuana. Sin estar felices, aceptaron los estadunidenses. En Washington subía la frustración y molestia de Nielsen, que había planeado la instrumentación de la 235 con Pompeo, y se la habían ofrecido a Trump como una solución de largo plazo. Pompeo le pidió a Ebrard que Sánchez Cordero se entrevistara con Nielsen.

A finales de febrero, López Obrador le ordenó a la secretaria de Gobernación viajar a Washington. Se reunió con Nielsen el 28 de febrero, quien le dijo que la migración estaba dislocada y calculaban cerrar febrero con más de 70 mil aprehensiones, aunque en marzo estimaban más de 100 mil. Si no hacen nada, advirtió Nielsen, el presidente Trump va a cerrar la frontera. Fue la primera amenaza, aunque la secretaria afirmó que era un mero un aviso de lo que vendría. Sánchez Cordero le dijo que el problema no era con mexicanos sino con centroamericanos, y que tenía que verlo con esas naciones. De cualquier forma, acordaron que México ampliaría la recepción de deportados, a Mexicali y Ciudad Juárez, pero la misma cantidad en cada una, pero sólo centroamericanos con visas humanitarias que hubieran entrado por los puertos fronterizos, y con niños acompañados por sus padres.

La presión en Estados Unidos crecía. Nielsen le pidió a Sánchez Cordero verla en Miami, camino a Tegucigalpa. El 17 de marzo se reunieron en el aeropuerto, y Nielsen le dijo que, como previó, las deportaciones rebasaban las 100 mil y que tenía que hacer algo en sus fronteras. Fue una plática muy tensa, donde Nielsen estuvo a punto de pararse de la mesa. Sánchez Cordero ofreció mantener las condiciones para recibir inmigrantes, pero con cuotas diferentes: 20 el primer día, y si cumplían, 30 el segundo, 40 el tercero y así sucesivamente. Serían 9 mil deportados que aceptaría mensualmente México. Además, habría contención en la frontera, como querían.

Sánchez Cordero le dijo a López Obrador que tenían que incrementar el número de deportaciones. López Obrador aceptó, y se registraron 13 mil deportaciones en las tres últimas semanas, que Trump vio como un paso positivo y canceló el cierre fronterizo. No será lo único. Los dos gobiernos están preparando medidas adicionales, no sólo migratorias, sino policiales y financieras, para atacar conjuntamente el fenómeno en la región.
04 Abril 2019 03:29:00
El #MeToo,  o el derecho a denunciar
La noticia provocó una conmoción nacional: el bajista fundador de la banda de rock Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, se suicidó el lunes luego que una mujer lo denunció de acoso sexual hace dos lustros a través del colectivo #MeTooMusicosMexicanos. Las reacciones fueron de luto y lamento, de escarnio y odio. Los apoyos y las críticas fluyeron, en buena parte enfocadas al anonimato tras el que se escondió la mujer.

Una denuncia sin dar la cara, se puede argumentar, carece de valor civil. Quien se oculta, ¿cómo sustenta su denuncia más allá del dicho? Pero al mismo tiempo, como dijo una colega periodista, “creo que es un proceso necesario, que así como en el anonimato hay denuncias, también hay un reconocimiento privado y personal de violencia. Eso es un granito de arena para que las sociedades cambien”.

El hashtag #MeToo fue fundado por la activista estadunidense Tarana Burke en 2006, luego de que tuvo una conversación con una jovencita de 13 años que abrió su experiencia de abuso sexual por parte del novio de su madre, narró en 2017 el periódico The New York Times. El fenómeno explotó en octubre de 2017, cuando la actriz Alyssa Milano escribió en Twitter: “Si han sido acosadas sexualmente o atacadas, escribe ‘yo también’ y replica este tuit”.

Milano no conocía a Burke ni que había acuñado ese hashtag –tan pronto como se enteró le dio el crédito–, pero recibió más de 66 mil réplicas de usuarios en la red. Ese mismo mes, Javier Poza entrevistó a la actriz mexicana Karla Souza en Radio Fórmula, y le dijo que se había ido de México porque había sido víctima de acoso sexual por parte de productores y directores mexicanos. Su denuncia pública no tuvo consecuencias inmediatas porque no quiso identificar al acosador, hasta después fue ubicado independientemente y perdió su trabajo.

El suicidio de Vega Gil, por su prominencia y fama pública, disparó el debate y se enfocó en el recurso del anonimato. La denuncia se hizo a través del colectivo, del que se desconocen su demografía y fundadoras/fundadores. Esta variable parece importante resaltarla. Una revisión empírica de las respuestas por la muerte de Vega Gil sugiere un conflicto intergeneracional, predominante en las millenial, que están de acuerdo en el anonimato, mientras que generaciones mayores, o voces masculinas, critican que no den la cara y que la denuncia se quede en las redes sociales.

“Dicen que las denuncias en redes no sirven para nada”, agregó la colega periodista. “¿Las denuncias formales sí? El país del 97% de impunidad ¿está defendiendo eso?... (En) los chats de mujeres (hay un) nivel de miedo y hartazgo. El tema no distingue países, edades, dineros. Es en un momento en el que estamos reconociendo mucha violencia innecesaria por todos lados, hacia los animales y el medio ambiente en general y entre nosotros. En medio de todo eso, estamos reconociendo poco a poco las situaciones de privilegio, y entendiendo que lo tenemos normalizado.

“Me parece que los ‘MeToo’ original vienen de pechos doblemente cansados. Si ser mujeres es complicado, ser mujer negra debe ser un infierno y, como siempre, se los han apropiado quienes tienen más reflectores, o las víctimas atípicas porque ellas antes no se quejaban. Por un lado, está bien desmitificar que en las clases altas y blancas no hay violencia, y por otro, pienso que le quitamos voz a quienes con trabajo extra la alzaron. Ha sido a través de redes sociales porque son el espacio más horizontal. Quizá diga obviedades, pero los sistemas de justicia mundiales son súper misóginos. No creo que sea culpa de nadie, así lo aprendimos y aquí hay un espacio donde en segundos tienes apoyo de miles de que se sienten igual”.

Otra colega, de diferente generación, opinó: “Para mí, el ‘MeToo’ es otra modalidad de linchamiento. En el #MeToo original la víctima tenía cara y nombre e iniciaba un proceso igual. Lo de México es una locura. Cualquier persona, en especial figuras públicas, están expuestas a quedar marcadas de pederastas y violadores. Es un tema muy sensible el de los abusos, pero también el linchamiento. En el linchamiento físico matan y queman a las víctimas. Ahora desprestigian y marcan a los indiciados en una oscura Nueva Inquisición, donde el acusador es anónimo”.

La colega millenial retomó: “Me parece que es el primer paso para otras cosas, que va a ser un relajo y va a tener errores, como todo movimiento, pero que era necesario. Así como la desigualdad ya es insostenible, tener a la mitad de la población sometida sicológica o físicamente, también. Es necesario en esta primera etapa. Hasta que no se garantice la seguridad de la denunciante y el alto a la impunidad, yo no le veo sentido a que las mujeres se expongan doblemente, a las redes sociales, que ya vimos cómo reaccionaron; la reacción más violenta (fue contra) la persona que denunció”.

El movimiento #MeToo, dicen en su página Web, nació para apoyar a quienes sobrevivieron la violencia sexual, empoderándolas a través de la empatía y la acción comunitaria. #MeToo le dio voz a la gente, y la animó a denunciar sus experiencias. La expresión de los múltiples #MeToo surgidos en México parecen radicales para unos y reivindicativos para otros. Pero necesitábamos este sacudimiento, tras ver la indierencia de muchos. Solo entre 2014 y 2017 en la Ciudad de México, las denuncias se incrementaron en 433%, y no había pasado nada.

La sociedad se está moviendo. Ahora requerimos de inteligencia, filtros para las denuncias y verificación, para que este despertar no nos lleve de regreso a las tinieblas.
03 Abril 2019 03:36:00
El golpe de Olga a Jared
El presidente Donald Trump mandó un mensaje de paz al presidente Andrés Manuel López Obrador en la voz de su vocera, Sarah Sanders, quien en una entrevista para la cadena Fox News afirmó que el Gobierno mexicano estaba siendo más responsable con la inmigración indocumentada. En 24 horas cambió el tono y la forma. Pero si dejan de hacerlo, agregó Sanders, “nos veremos obligados a tomar medidas drásticas, como cerrar los puertos de entrada en nuestra frontera”. La amenaza de sellar la frontera esta semana parece cancelada, al menos por ahora, ante las alentadoras señales recibidas desde la Ciudad de México, que significaron degradar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del manejo de los temas migratorios y desautorizar su posición en Miami.

El martes de la semana pasada se reunió en esa ciudad con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirstjen Nielsen, donde discutieron la forma como los dos países podrían trabajar juntos para enfrentar la migración irregular a Estados Unidos y México, combatir el tráfico humano, el contrabando, y fortalecer la iniciativa del tercer país seguro. No hubo mucho más oficial de ese encuentro, pero el viernes, explotó Nielsen: “Enfrentamos una crisis en cascada en nuestra frontera sur. El sistema está en caída libre. La Secretaría de Seguridad Territorial está haciendo todo lo posible para responder a la creciente catástrofe humanitaria mientras garantiza la seguridad en nuestras fronteras”. Ese mismo día, Trump reinició sus ataques contra México.

La molestia de Trump obedeció a lo sucedido en Miami, donde Nielsen pensaba instrumentar los acuerdos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el asesor especial de Trump, su yerno Jared Kushner, delineados una semana antes en la Ciudad de México. En esa reunión, López Obrador ofreció contener a los migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al Gobierno de Estados Unidos para identificar posibles criminales y terroristas, así como evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que quie-ren hacer del fenómeno migratorio un tema electoral.

Información desde Washington permite entender que la indignación de Trump obedeció a que la secretaria de Gobernación desconoció los acuerdos del presidente y Kushner. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Kushner quedó expuesto ante su suegro, el Presidente, porque sus esfuerzos diplomáticos discretos –no pensaba dar a conocer su cena con López Obrador, que fue quien la socializó–, habían fracasado. Asimismo, en la dinámica de las luchas palaciegas en la Casa Blanca, Kushner quedó disminuido frente a la dureza de Nielsen, que se convirtió en la voz cantante de las acciones punitivas de Trump.

Sánchez Cordero probablemente no se ha dado cuenta del daño que hizo al desconocer los acuerdos, al lastimar la puerta que abrió Kushner en México ante la pérdida de interlocución de alto nivel con el presidente de México, y las dificultades por encontrar funcionarios que tuvieran el respaldo absoluto de López Obrador. Desde la transición, Kushner, a quien Trump le encargó la relación directa con México e Israel, no simpatizó con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien tampoco le abrió la puerta de la Oficina Oval. Su enlace en Washington es el secretario de Estado, Mike Pompeo.

La reunión con López Obrador, buscada por Kushner, era para reestablecer el nivel de relación que había con el presidente Enrique Peña Nieto, donde tenían claro que hablar con el canciller Luis Videgaray era hablar con el jefe de Los Pinos. En el caso de López Obrador, la conclusión fue que nadie podía hablar por López Obrador porque nadie lo representaba.

De acuerdo con la información que ha trascendido de la Casa Blanca, Kushner convenció a Trump de que era importante el encuentro con López Obrador, como lo había tenido que hacer en 2016, cuando le dijo que hablaría con Videgaray. En el gobierno de Peña Nieto tuvieron una relación ejecutiva, donde los compromisos adquiridos se respetaron. Eso pensaba Kushner del nuevo gobierno, según lo que sale de Washington, pero la posición de Sánchez Cordero en Miami les mostró que no era así.

El desacuerdo público de Trump con México –quien ha cuidado no tocar directamente a López Obrador–, obligó a hacer más claro que el presidente de México iba a honrar los compromisos con Kushner, y se comunicó a Washington que Sánchez Cor-dero había sido relevada del manejo de los temas migratorios y que Ebrard la sucedería. El cambio se había dado desde la semana pasada, pero a nadie en Estados Unidos ni en México le quedó suficientemente claro. En esa línea, Ebrard comenzó a aparecer en espacios públicos desde el lunes para hablar sobre el tema migratorio, mientras que a Sánchez Cordero, la guardaron.

La sutil degradación de la secretaria de Gobernación tuvo un acuse de recibo con la declaración de la señora Sanders en Fox News, y tendieron un puente para que juntos, los dos países resuelvan el fenómeno de la migración. López Obrador tiene que enviar señales claras a Washington, si quiere evitar que Trump vuelva a arremeter contra México.

La laxitud de su política migratoria ya permeó en las élites, reflejadas en The New York Times, que publicó que la aglome-ración de migrantes en México, adjudicada a las restricciones del gobierno de Trump al proceso de asilo, “también parece ser res-ponsabilidad, en parte, del Presidente mexicano”. Aunque López Obrador ha elegido en algunos aspectos ayudar a Estados Unidos en su agenda migratoria, el mensaje que ha enviado es que “ahora son más bienvenidos que nunca en México”. La comunicación a la Casa Blanca es que eso ya cambió. Por lo menos, por ahora, a decir de ambos gobiernos.
02 Abril 2019 03:39:00
Amor y paz no bastan
El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue esquivando un choque con el presidente Donald Trump por el tema migratorio. Visto pragmáticamente, es una decisión inteligente, y no habría razones por la indignación de Trump, salvo que considere, como parece ser, que los compromisos con su yerno y asesor Jared Kushner en la Ciudad de México, los incumplió.

Ofreció contener a los migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al Gobierno de Estados Unidos para identificar posibles criminales y terroristas, y evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que quieren hacer del tema migratorio un tema electoral. A cambio, se fortalecería la posición de Trump para cabildear la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Kushner fue muy específico, según minutas del encuentro. Si México resuelve los problemas de la migración desde Centroamérica, Estados Unidos estará dispuesto a ayudar a López Obrador con sus problemas económicos, pero si no los resuelve y con ello contribuye indirectamente a la presión de los demócratas para acotarlo, no habrá ratificación del acuerdo y el Presidente se retirará del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No creo que eso le convenga a México, dijo Kushner, pues entraría en recesión.

La preocupación de la Casa Blanca, como se ha mencionado en este espacio, es un problema de seguridad nacional porque dentro de las caravanas viajan sirios, iraquíes y pakistaníes, que ingresaron a México sin que el gobierno de López Obrador se percatara de ello. Abrir la frontera sin controles –aunque insisten los mexicanos que realizaron censos–, explica porqué Trump declaró una crisis en la frontera, desplazó más fuerzas federales al sur de su país, y elevó la presión a México.

López Obrador pareció entenderlo. Despachó a Miami a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para una reunión de casi dos horas con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen, en la cual, dicen funcionarios, hubo 15 minutos donde la estadunidense enfureció tanto –por razones no reveladas–, que incluso se le puso la cara colorada.

A su regreso, Sánchez Cordero anunció que controles migratorio en el istmo de Tehuantepec –un viejo sueño de Washington para establecer un dique en ese cuello de 200 kilómetros de largo–, se acabarían las visas humanitarias –el cambio de la política de puertas abiertas por una de contención–, serían un tercer país seguro para albergar a quienes pidieran asilo político en Estados Unidos, y que las agencias de inteligencia de ese país contribuirían con la identificación de posibles criminales y terroristas. Es decir, les entregaron todo lo que ningún Gobierno mexicano antes había aceptado.

Pero aún así, Trump enfureció. ¿Qué sucedió? La impresión, puede argumentarse, es que la Casa Blanca concluyó que no hubo reacción de parte de López Obrador. El 27 de marzo, abrió fuego el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAllenan, quien dijo en El Paso que la situación fronteriza estaba en un “punto de quiebre”.

En los dos días anteriores, reveló, se detuvieron más de 12 mil inmigrantes en la frontera con México, tres veces más de lo que se considera una cifra “alta” y lo doble de un nivel de “crisis”. Sólo el lunes de la semana pasada se capturó a 4 mil personas, el número más alto de aprehensiones en un solo día en la historia de Estados Unidos.

Dos días después, el 29 de marzo, Trump escribió en Twitter: “México debe evitar que los ilegales entren a Estados Unidos a través de su país y por la frontera sur. Por muchos años México ha hecho una fortuna de ello, mucho más grande que los costos fronterizos. Si México no detiene inmediatamente toda la inmigración ilegal… cerraré la frontera o amplios segmentos de ella la próxima semana”. Algo está en disonancia. Si el presidente López Obrador cedió en todo, ¿qué pasó? Aquí, tres claves de ello:

1.- Ante las quejas de Trump, López Obrador respondió que sí están haciendo cosas, y creando opciones de trabajo para los mexicanos; pero no entendió. La migración mexicana –que ha decrecido en los ultimos años– no es el problema, sino la que viene de Centroamérica. Hablar de mexicanos es darle la vuelta al problema que abordó Kushner e incumplir lo que acordó.

2.- López Obrador dijo que revisarían si hay criminales dentro de las caravanas. El problema es que el instrumento que tenían para ello, Plataforma México, fue desmantelado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y no ha sido restituido. Estados Unidos, que financió el equipamiento tecnológico, no lo sabe. El gobierno de López Obrador tampoco, porque tienen un diagnóstico equivocado de lo que era la plataforma. El gobierno peñista les dijo que era “un proyecto de Slim” y lo creyeron, por lo que han desestimado la mayor base de datos criminal en América Latina. Por eso no saben con certeza, de forma instantánea, quiénes entran a México como inmigrantes.

3.- El Instituto Nacional de Migración anunció el domingo la reinstalación de las visas humanitarias, contrario a lo ofrecido por Sánchez Cordero.

López Obrador no ha cambiado su visión sobre cómo manejar la relación con Trump, a quien genuinamente le tiene miedo por lo que puede ocasionarle a su gobierno. Es peor lo que está sucediendo. Al ser tan locuaz para declarar sin acotar sus palabras, transmite ideas equivocadas.

Al tener colaboradores incapaces, carece de información de calidad para responder a las exigencias. Tener un mensaje de gobierno diseñado como propaganda, comunica fallidamente. Es el peor de los mundos. Se entregó a Trump, y la Casa Blanca no entendió que se subordinó.
01 Abril 2019 03:41:00
Andrés Manuel como Trump
La relación de los medios de comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es cada vez más difícil. Se esperaba que sus conferencias de prensa mañaneras iban a ser un instrumento útil, donde transmitiría un mensaje sin intermediarios a sus gobernados y, al alimón, respondería las dudas de quienes procesan, ordenan, contextualizan y jerarquizan sus declaraciones, los medios de comunicación. Las cosas no han salido como se esperaba, quizás más frustrante y decepcionante para los medios que para él –quien finalmente cumple el objetivo de ocupar la mayoría de los espacios la mayoría del tiempo–, aunque en la última semana el Presidente mostró señales de molestia con periodistas y subió el tono de sus insultos.

Varios periodistas lo han confrontado por la forma como estigmatiza y polariza a los medios, utilizando como peyorativo el calificativo de “fifís” y “conservadores”, y cada vez los medios le exigen respuestas a sus preguntas, no evasivas ni ataques. Las cosas apuntan a que empeorarán. Las advertencias sobre la polarización que crea el discurso del Presidente contra medios y periodistas –algunos de los cuales identifica por nombre–, reflejo de su mecha corta y su carácter excluyente contra quien no esté incondicionalmente con él, van creciendo. Él se defiende: es su derecho de réplica.

La semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva, abrió un debate en Radio Fórmula, donde varios abogados hablaron sobre este derecho. Dos posiciones reflejan la complejidad del tema. Por un lado, Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, dijo que el Presidente sí tiene derecho a la libertad de expresión, como reclama López Obrador, pero en momentos y espacios donde sea ciudadano y no en un marco institucional –como las mañaneras–, aunque en ningún espacio está facultado para dañar la moral de terceros. Daniel Cabeza de Vaca, exprocurador general, afirmó que el presidente tiene la obligación moral de hacerlo “en este nueva dinámica” que vive nuestra sociedad.

Una tercera visión que cabe, a partir de un concepto asimilado en el mundo pero poco debatido en México –de ahí la falta de bibliografía sobre el tema–, es que el Presidente no tiene los mismos derechos que un ciudadano, en donde entran por definición los periodistas, más allá de la función social que realizan. 

Robert Sharp, un activista por la libertad de expresión en el capítulo inglés de PEN, una organización internacional de escritores, escribió en diciembre de 2016 sobre el presidente Donald Trump, que si bien la protección de la Primera Enmienda lo ampara, las restricciones sobre la libertad de expresión para un presidente son distintas a la de los ciudadanos.

Un caso básico es sobre los límites de la libertad. Si un ciudadano sin cargo público incita a la violencia, lo que es un delito, puede ser detenido y llevado ante la justicia, pero la policía no puede aprehender al Presidente, ni un juez procesarlo. “La libertad de expresión del Presidente está constreñida a las realidades de la política”, apuntó Sharp. “La mayoría de los políticos están constreñidos por la cortesía y por aquellas políticas que se consideren aceptables por el electorado”.

Esta línea, ciertamente, es muy tenue por la subjetividad que implica, y por el tipo de formación del político. El presidente Barack Obama, recordó Sharp, se contuvo varias veces de hablar lo que pensaba para no ofender a un grupo de ciudadanos, lo que Trump, que no es político y que busca la controversia para elevar la atención en el tema que le interesa, no está acotado por esta consideración política. López Obrador se encuentra en esta categoría.

Es un Presidente al que los parámetros de la Presidencia, el Gobierno y las instituciones le estorban para gobernar, y su interacción con los medios y periodistas, cuando no se trata de utilizarlos como vehículos de propaganda, se convierten en un obstáculo enfadoso. Trump ha sido consistente en su hostilidad hacia los medios. En un artículo publicado en el portal del Poynter Institute en enero de 2018, Indira A.R. Laksmanan, recordó que ningún presidente disfruta la mirada crítica de los medios.

“Pero ningún presidente antes de Trump se había enfrascado en una guerra con la prensa como esta, refiriéndose despectivamente de los periodistas como ‘mentirosos’, ‘vendedores de falsedades’ y ‘enemigos del pueblo’”. 

Trump no ha argumentado, como López Obrador, el derecho de réplica. En una sociedad madura, el jefe de la Casa Blanca sería severamente criticado y puesto en la frontera de violaciones constitucionales. En México es distinto. El derecho de réplica del presidente, sea López Obrador o no, se puede dar dentro de los límites de la ley cuando un medio o un periodista dañen su reputación y fama pública como individuo, por ejemplo, con difamaciones o calumnias, o se entrometan en su vida privada. Pero cuando la crítica es sobre acciones y decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, sobre los abusos y excesos de poder, ese derecho –que no lo limita a responder con datos y argumentos– queda limitado al no ser equitativo.

Todas las mañanas tiene un atril para lanzar infundios contra los medios y periodistas, con una exposición nacional que amplifica la forma como los mancilla con impunidad porque nadie más tiene el mismo espacio para replicarlo. La libertad de expresión del Presidente no contempla la provisión para denigrar a los medios, ni estimular con sus palabras linchamientos.

Se puede argumentar que está en los linderos de violar la Constitución, que señala que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas”, y de manera indirecta, por intimidación, rompe la línea de la legalidad al empujar la previa censura. El achicamiento de las libertades es real.
29 Marzo 2019 03:32:00
La carta filtrada
Por una razón de cultura tropical más que por conocimiento, las filtraciones periodísticas en México tienen una connotación negativa. Es cierto que durante más de dos décadas, las principales filtraciones han estado circunscritas a temas de violencia y narcotráfico, y que la mayoría de ellas han sido violatorias de la ley y servido para dañar injusta e irreparablemente, famas públicas. Las filtraciones, sin embargo, son un subproducto de las democracias y los sistemas abiertos, al reflejar las tensiones dentro de un sistema de gobierno en donde existen individuos y grupos que impulsan sus agendas o tratan de cambiar el destino de las políticas y su formulación mediante la ventilación de temas polémicos.

Las filtraciones permiten airear diseños de políticas para medir la opinión pública, como los llamados trial balloons, o han servido para desviar la atención de crisis, como el caso de Valerie Plameen el marco de la invasión a Irak. También han sido empleadas para golpear políticamente a adversarios, como la publicación de un estudio obsoleto sobre impuestos patrimoniales, para descarrilar la candidatura presidencial de José López Portillo, o para vanagloria de los gobernantes, como cuando se filtró que había rechazado el regalo de una mansión ofrecida por el gobernador mexiquense Carlos Hank González.

En los últimos días se abrió una acalorada discusión internacional por la revelación del exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador a España y El Vaticano para que ofrecieran disculpas por el avasallamiento de los pueblos originarios durante la Conquista de la Nueva España, donde la narrativa pública y política se le arrebató al maestro de la narrativa mexicana debido a una filtración. De acuerdo con una reconstrucción periodística, Javier Lafuente, corresponsal en México del diario madrileño El País, obtuvo la información de la carta el lunes temprano, y hacia las ocho de la mañana local, buscaron confirmar su veracidad en España, a través de Lucía Abellán, que cubre el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para el mediodía, se tenía la confirmación de Madrid, pero no de Palacio Nacional. Ese mismo día se preparaba en Tabasco un evento en Centla, donde hace 500 años se dio la primera batalla de los pueblos originarios contra la fuerza invasora de Hernán Cortés, pero no había ninguna señal que se daría a conocer el envío de las cartas. El País decidió jugársela con la sola confirmación de España, y a las 13:05 horas en la Ciudad de México, publicó en Twitter su exclusiva.

El metabolismo político cambió rápidamente. López Obrador iba a presidir una ceremonia de condecoración de marinos, y como había un tiempo muerto antes de ese evento, grabó un video en la zona arqueológica de Comalcalco, en Tabasco, cerca de Centla, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. El Presidente suspendió su gira, dejó plantados a los marinos, incluido al jefe de la Armada, y pospuso la ceremonia para abril. No se informó la razón de ello –la prensa que lo acompaña ya se encontraba en Frontera, donde iba a ser la ceremonia–, pero el contexto fue la bomba mediática-política que había explotado y un escándalo que estaba creciendo.

El Gobierno español rechazó ofrecer disculpas y lamentó que una comunicación privada se hubiera hecho pública. El presidente López Obrador dijo el martes que la filtración no había salido de su gobierno, pero el miércoles admitió que la carta publicada por Reforma sí había sido entregada por una persona en su equipo de trabajo. No dio más detalles y nadie le pidió ahondar en esto, pero aquí se encuentra la clave de todo. El contenido de la carta tenía su propio espacio y tiempo para análisis y valoración en el Gobierno español, pero darla a conocer fue el verdadero problema porque no daba cabida a la negociación, ni a encontrar los puntos de contacto para empatar los intereses binacionales.

La forma como se fue tropezando el presidente López Obrador en las explicaciones sobre la carta, permiten conjeturar razonablemente que no fue una filtración que haya autorizado o supiera de ella. Rectificar en 24 horas sobre el origen de la filtración subraya la asimilación de lo que sucedió hacia el interior de su equipo y deja entrever que hubo una investigación interna que, o encontró la fuente original de la indiscreción que provocó un diferendo diplomático, o las huellas que dejó el autor intelectual de la entrega de esta información, las tiene claras.

La filtración, deliberada o involuntaria, tuvo un impacto negativo en el Presidente, a nivel nacional e internacional, y en lo privado, su esposa fue la depositaria de ese golpe por ser, dijeron personas que conocen los orígenes de la carta, la autora intelectual y promotora de la reivindicación indigenista. La señora Gutiérrez Müller, dicen quienes han visto su interacción con López Obrador, tiene todo el respeto del Presidente y la escucha. Pocas veces tiene voto, agregan, pero en esta ocasión su influencia iba acompañada por los intereses personales del Presidente.

El estar cerca de él, ser una persona con influencia e inherentemente poder, genera anticuerpos dentro del propio equipo presidencial, que como en todos los equipos de gobierno, lucha por espacios de poder. La pregunta entonces es a quién beneficia la filtración en el supuesto que fue intencionada. La respuesta tendrá que enmarcarse en quién tenía acceso a ese documento y se sentía con la fuerza suficiente para dársela a un medio, o pensó que podía salir con la suya. Si el Presidente admitió que hubo esa filtración que desafía su autoridad, habrá que esperar para ver quién se desvanece de su círculo interno, es mandado al ostracismo, o es perdonado.
28 Marzo 2019 03:50:00
Las cartas de Beatriz
Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador se metió a sacar los fierros de la lumbre, pero mostró que la cohesión dentro de su Gobierno no es lo suficientemente rígida para ocultar las fisuras. López Obrador ser refirió a la carta al rey Felipe VI de España, que publicó el periódico Reforma el martes, donde le pedía que ofreciera disculpas a los pueblos originarios en México por los crímenes y atropellos durante la Conquista. Lo difundido no era la carta original, que abarca cuatro páginas, sino un borrador de dos, explicó. En la víspera, Beatriz Gutiérrez Müller, criticó su publicación. “Qué mal gusto”, escribió en su cuenta de Twitter, “filtrar una carta sin firma… y además, mutilada”. Una vez más la historiadora, esposa del presidente López Obrador, se colocó en medio del debate. ¿Por qué?

En la columna del miércoles se mencionó que su protagonismo sólo se explicaría por el papel que jugó como la verdadera impulsora de la iniciativa reivindicatoria. El texto citó una breve noticia que informó que en enero, durante la visita del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a México, la señora Gutiérrez Müller se reunió con la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, a quien le habló del interés del Gobierno para solicitar las disculpas del Estado español por los agravios registrados durante la Conquista. Ninguna fuente diplomática de los dos países confirmó o negó la reunión, pero horas después del cierre de este espacio, la esposa del Presidente dijo que era falso.

Gutiérrez Müller, que se doctoró en literatura con un trabajo sobre la conquista de la Nueva España narrada por Bernal Díaz del Castillo, no podía haber dicho otra cosa. Hacerlo sería admitir que intervino en asuntos de Estado y de Gobierno que están fuera de su competencia. Sin embargo, está confirmado que se dio esa reunión, y que no sólo se habló de lo que refiere esa nota periodística, sino que partes de la carta, cuyo borrador fue publicado, incluye caracterizaciones similares a las que le planteó a la ministra Delgado. La carta señala que el tipo de incursión de Hernán Cortés fue “tremendamente violento, doloroso y transgresor”, y que la conquista se realizó “mediante innombrables crímenes y atropellos”.

La esposa del Presidente ha estudiado por años los enfrentamientos de las tropas de Cortés con los pueblos originarios, e irá recorriendo los campos de batalla de la Conquista, enumerando los principales actos de violencia español. La carta que envió López Obrador a Felipe VI recoge meticulosamente su pensamiento, y no será la única que salga rumbo a Europa. Tres nuevas cartas se encuentran –o se encontraban hasta antes de este episodio– en preparación. Una irá dirigida al presidente de Francia, Emmanuel Macron, otra al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y la restante al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque no se conoce el contenido, en el contexto de las reivindicaciones que están planteando López Obrador y Gutiérrez Müller, se puede asumir que serán por agravios en el siglo 19.

En el caso de Macron y Van der Bellen se trataría que ofrezcan disculpas al pueblo de México por las vejaciones cometidas durante la intervención francesa derivada de la guerra de Reforma, que dejó al Gobierno del presidente Benito Juárez sin dinero para pagar su deuda externa. Aquello comenzó cuando los terratenientes pidieron ayuda a Europa. De los gobiernos que inicialmente respaldaron la petición –Inglaterra y España–, sólo Francia mantuvo el respaldo, al ver Napoleón III la posibilidad de tener un ariete contra Estados Unidos, que en ese momento sufría su guerra civil.

En 1862 Francia invadió México y restauró el Imperio, donde se seleccionó al austriaco Maximiliano de Hasburgo, casado con la princesa Carlota de Bélgica. Maximiliano fue abandonado por los franceses, que no vieron en él su representante, la debilidad que aprovechó el presidente Juárez para enfrentar y derrotar el régimen imperial.

En el caso de Trump, dentro de la lógica de la reivindicación del pasado, se puede alegar que la petición de disculpas sería por la anexión de Texas, una provincia de Coahuila en 1845, y más adelante la pérdida de casi el 50% del territorio en la guerra de intervención de 1846 a 1848, que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo donde México cedió California, Nevada, Nuevo México, Utah, y partes de Arizona, Colorado, Kansas, Oklahoma, Oregon y Wyoming.

No se sabe si esas cartas saldrán a sus destinatarios más adelante, pero las dos relacionadas con la Conquista, a Felipe VI y al papa Francisco, llegaron a sus destinatarios, donde se obtuvo como respuesta el rechazo. El presidente López Obrador esperaba una respuesta diferente del Palacio de la Zarzuela, pero no se dio.

Las consecuencias fueron un choque con el Gobierno español, la mayoría de sus partidos y la academia, que elimina la posibilidad, por lo menos durante algún tiempo, que la embajadora Roberta Lajous pudiera ser relevada, como era la intención, por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Lázaro Cárdenas, que abrió las puertas a los españoles refugiados.

España quería ubicar su relación con México en el contexto de la generosidad mexicana con su asilo, y las enormes aportaciones a la vida pública e intelectual del exilio español, pero la forma como se procesó públicamente la carta modificó el encuadre deseado, donde las relaciones, sin estar en riesgo, quedaron lastimadas. La doctora Gutiérrez Müller, detrás de estas reivindicaciones, ha quedado políticamente herida en el núcleo del Presidente por las filtraciones, lo que lleva a la pregunta de quién gana o pierde con este episodio. De esto se hablará en otro texto.
27 Marzo 2019 03:50:00
¿Quién manda aquí?
El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a meter en un pantano al exhortar a la monarquía española y al Vaticano a ofrecer disculpas por los atropellos y el avasallamiento durante la Conquista. Levantó una polvareda en España, donde este martes todos los partidos, salvo Podemos, cuestionaron o se burlaron de la petición de López Obrador, que corrió la misma suerte en México, donde las redes sociales que tanto ha bendecido se voltearon furiosamente contra él desde el lunes. El gobierno español rechazó que La Zarzuela vaya a ofrecer esas disculpas y lamentó que se hayan dado a conocer extractos de la carta que envió hace 15 días a Madrid. Al preguntarle la prensa al Presidente sobre la filtración de la carta, negó que él o alguien en su Gobierno lo hubieran hecho, aunque horas después difundió un video grabado en la zona arqueológica en Comalcalco, Tabasco.

En el video, donde socializa la petición a los dos estados europeos, aparece con su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, quien tras subrayar la primera defensa contra las tropas de Hernán Cortés hace 500 años, en la cercana Centla, dijo que “recordar es imprescindible para comprender el pasado y prever para el futuro”.

La presencia de Gutiérrez Müller era lo que voceros oficiosos de López Obrador hacían notar como lo más importante del evento que debió de haber sido mucho más que eso, pues el Presidente dejó plantados a los más altos mandos de la Marina en Acapulco, donde iba a otorgar reconocimientos a varios de ellos, incluido el secretario, el almirante José Rafael Ojeda. El protagonismo de la esposa del Presidente sólo se explica por su papel como la verdadera impulsora de la iniciativa reivindicatoria.

La señora Gutiérrez Müller fue nombrada en noviembre pasado como la cabeza del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria, que no tiene funciones ejecutivas, pero ayudaría con sus recomendaciones a formular y diseñar políticas. En las funciones que mencionó López Obrador se incluía recuperación de acervos culturales y transparencia de documentación, pero no se hablaba en ninguna parte de iniciativas reivindicatorias.

Sin embargo, sus atribuciones parecerían exceder las propias de ese Consejo. En el sector diplomático la señalan como la autora intelectual detrás del exhorto que lanzó el Presidente.

Una breve noticia que apareció este martes en la prensa de la Ciudad de México, señala que en enero pasado, en el marco de la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a México, la señora Gutiérrez Müller se reunió con la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, a quien le habló del interés del Gobierno para solicitar las disculpas del Estado español por los agravios registrados durante la Conquista, a lo cual se llegara de común acuerdo a lo largo de una serie de encuentros que culminaran en 2021, en el 500 aniversario de la Conquista de la Nueva España. Este encuentro no fue confirmado de manera independiente, pero tampoco fue desmentido.

En todo caso, el papel de la señora Gutiérrez Müller, cuya tesis de maestría en Literatura es sobre La Historia Verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, no puede ser soslayado. Ella puede tener todos los méritos posibles –es doctora en Literatura-, pero no tiene el mandato constitucional de su esposo. López Obrador fue electo con más de 30 millones de votos, que le dan la fuerza política y moral para hacer muchas cosas, pero no para compartir la Presidencia. El cargo no es bicéfalo, y ya tuvimos la experiencia durante el gobierno de Vicente Fox, donde Marta Sahagún tenía una intervención ejecutiva –irregular e ilegal– en los asuntos públicos, que la llevó a convertirse en una eficaz intermediaria y gestora de temas delicados –pero en forma metaconstitucional.

Las esposas de los presidentes no están sujetas a controles ni a mecanismos de rendición de cuentas. Tampoco representan la voluntad popular de nadie. Su papel puede ser decorativo, o puede contribuir con trabajo voluntario a la gestión del Presidente.

Los excesos no han sido buenos, como sucedió con Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, quien al cederle tantos espacios de gestión, protagonismo y frivolidad, lo llevó a situaciones de presunta corrupción –que tendrán que investigarse en la familia de la señora– y de escándalo que arrastra pesadamente. Margarita Zavala fue discreta en público, sin usurpar funciones de Gobierno, pero no dejó de hacer política partidista mientras su esposo, Felipe Calderón,

gobernaba.

Gutiérrez Müller no tiene la personalidad de ninguna de ellas, pero va más rápido a jugar el papel de influencia de Sahagún, entrometiéndose en temas sensibles, como el caso del exhorto, que lo había ido posponiendo el Presidente hasta que cedió.

López Obrador asumió su posición de Jefe de Estado para cumplir los deseos, se puede argumentar, de la doctora Gutiérrez Müller. En el fondo él lo cree importante, pero los tiempos políticos, por las consecuencias, no eran los mismos que los de su esposa.

Al final, el costo político y el desgaste público no se los llevó ella, sino el Presidente, cuya acción desconcertó a muchos y le causó desde burlas e insultos, hasta descalificaciones y críticas. Son muchos los frentes que está abriendo, algunos de trascendencia para los mexicanos y su Gobierno que requieren inteligencia y dirección.

Introducir un tema que generaría conflicto, que ni es urgente ni cambiará la vida de los mexicanos para satisfacer a su esposa, no es propio de un jefe de Estado. Menos de él, que hace mucho tiempo deja claro que quien manda es él, y que el poder no lo divide, al menos, hasta este episodio.
26 Marzo 2019 03:33:00
Las incongruencias del Presidente
Una vez más, Andrés Manuel López Obrador ha engañado con la verdad. La primera señal que traía una espina clavada contra España se dio durante los preparativos para la toma de posesión en San Lázaro. Alejandro Esquer, secretario particular del entonces presidente electo, revisaba los lugares de los invitados especiales y cuando llegó al de los reyes de España dijo que no habría dos asientos para ellos sino uno. La reina Leticia tendría que sentarse separada de su esposo. Todas las objeciones diplomáticas fueron rechazadas. Finalmente, la reina no viajó a México. La segunda fue en el discurso de los 100 días de Gobierno, donde López Obrador anticipó todo en 40 palabras: “Inició el Programa de Rescate del Patrimonio Cultural y de la Memoria Histórica. Este año está dedicado a conmemorar el asesinato de Emiliano Zapata Salazar, así como los 500 años de la primera gran resistencia indígena frente al invasor español”.

No habría que sorprenderse entonces que este lunes, 14 días después de cumplirse 500 años de la Batalla de Centla, donde los chontales –de su tierra Tabasco– se enfrentaron y perdieron ante las tropas del conquistador Hernán Cortés, diera a conocer el contenido de dos cartas, una dirigida al rey Felipe VI y la otra al Papa Francisco, donde los exhorta a que ofrezcan perdón por los “agravios” cometidos contra los pueblos originarios, conocidos ahora como violaciones a los derechos humanos, durante la conquista española. Si alguien quiere burlarse, no lo haga. López Obrador sí cree lo que dice. Su problema no es la honestidad, sino la incongruencia.

Frente a la corona española y El Vaticano, que den disculpas, porque “todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas”. El problema, que tampoco puede ocultarse, es que se compara con Estados Unidos. Más de 156 intervenciones en México, en el recuento del historiador Gastón García Cantú, forman parte de las heridas inflingidas. Incluye la pérdida del 50% del territorio en la guerra de 1846-48, la ocupación de Veracruz en 1914 para evitar la llegada de armas en apoyo a Venustiano Carranza, y la expedición punitiva contra Francisco Villa en territorio mexicano en 1916, luego de que el jefe revolucionario atacara Columbus, en Nuevo México.

El espejo estadunidense se coloca frente a la reciente visita de Jared Kushner, yerno del presidente Trump y asesor especial a cargo de las relaciones con Israel y con México, con el presidente López Obrador. El encuentro fue intenso pero respetuoso, donde Kushner entregó –y lo dijo textualmente, explicaron funcionarios federales–, el mensaje de Trump: está en total desacuerdo con la política migratoria de México, porque en lugar de contener a los inmigrantes los deja pasar. Esa política está contaminando la discusión con los demócratas en Washington, explicó Kushner, y pone en riesgo la ratificación del acuerdo comercial norteamericano. Si el Gobierno mantiene esa política, quedó claro, no habrá acuerdo y Trump repudiará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

López Obrador se dio cuenta que la relación con Estados Unidos está en problemas. Tras el cambio de Gobierno, fueron degradadas en la Casa Blanca y la ventanilla se envió al Departamento de Estado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no es recibido en la Casa Blanca y Kushner tiene un contacto mínimo con él. El secretario de Estado, Mike Pompeo, lleva la relación con él, pero sus prioridades se encuentran en Venezuela –donde la Casa Blanca aún no se siente afectada por la posición neutral de México–, Irán y Corea del Norte. La reapertura de una ventanilla directa entre López Obrador y Kuchner, fue buena para la relación bilateral, aunque los mensajes recibidos fueran ominosos.

En el encuentro de tres horas con López Obrador, dijo un funcionario mexicano, Kushner expuso que el problema no era con la inmigración hondureña en general, sino con los criminales y los paquistaníes y sirios que, afirman, han aumentado su tránsito por México. El asunto es de seguridad nacional. López Obrador no había visto la dimensión del problema ni lo había atajado en las discusiones de gabinete donde se han confrontado dos visiones antagónicas.

Por un lado, la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, principal promotora de dejar entrar a los inmigrantes, que se ha enfrentado con la posición de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con una visión pragmática del fenómeno. Los argumentos de Ebrard fácilmente desmontan los de Sánchez Cordero, pero el respaldo que le da el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había inclinado hasta ahora la balanza hacia el paso libre de migrantes, protegidos por la Policía Federal. El Presidente, hasta la reunión con Kushner, los había respaldado.

Sin embargo, de acuerdo con los detalles de la conversación, esto se acabó. López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación para que comenzara a contener a los migrantes en la frontera sur. En paralelo, Sánchez Cordero viajó a Washington, donde este martes se reunirá con la secretaria de Seguridad Territorial, Kristej Nielsen, para hablar sobre este tema. López Obrador no quiere tener problemas con Trump, pues sabe –ha dicho varias veces en privado–, que el único que puede descarrillar a su Gobierno y afectar su proyecto es el jefe de la Casa Blanca. España y El Vaticano no le importan.

Pedir que ofrezcan disculpas no le afecta en nada por ahora, aunque los analistas internacionales lo coloquen en la trinchera de los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, y Evo Morales de Bolivia. Felipe VI y Francisco puede hacer sus reivindicaciones de los pueblos originarios y detonar un conflicto diplomático de la nada, pero con el norte, respeto y subordinación tácita, como nunca nadie se imaginó que lo haría.
25 Marzo 2019 03:24:00
Colosio, el origen de la conspiración
Primero fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que él no creía en la teoría del “asesino solitario” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Luego el presidente Andrés Manuel López Obrador añadió a la especulación. Se dice –dijo el Presidente–, que cuando se trata de “crímenes de Estado” siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar e insistir para que el crimen no quede impune. Legalmente no quedó impune. El 31 de octubre de 1994, un juez condenó a Mario Aburto de homicidio con premeditación y alevosía.

La investigación no cesó hasta el año 2000, cuando el último fiscal del caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, entregó su informe final. Aburto sí había actuado solo y sí había disparado mortalmente contra Colosio, concluyó.

González Pérez fue el último fiscal del caso Colosio, y su investigación incluyó una auditoría sobre lo que habían realizado sus antecesores. Todos llegaron a la misma conclusión. No fue un “crimen de Estado”, ni tampoco hubo políticos involucrados. No participó el narcotráfico, ni fue la “nomenclatura”, como el presidente Carlos Salinas deslizó meses después del crimen. “Yo no sé si había uno o muchos políticos que querían matarlo, pero si fue así, se les adelantó Aburto”, le comentó al reportero Miguel Montes, el primer fiscal.

La investigación de González Pérez incluyó la revisión de alrededor de 5 mil fotografías de Lomas Taurinas, antes del crimen, durante la confusión por el asesinato y después de él. Se declaró a las cerca de 200 personas que fueron identificadas cerca de Colosio en el momento de los disparos y se les investigó ampliamente. Igual se revisó el patrimonio y depósitos de Aburto y su familia, que vivía en San Pedro, California, antes y mucho tiempo después del asesinato, sin encontrar anomalía alguna salvo una creciente pobreza. Hasta ese momento, con toda la información al alcance, y mientras no hubiera más evidencia de lo contrario, la teoría del “asesino solitario” se mantenía, dijo González Pérez.

Una amplia mayoría de mexicanos, como el propio Salinas en agosto de 1994 reconoció en una charla en Los Pinos, no lo creía. “Hay demasiadas coincidencias para que sean coincidencias, y en la política no hay coincidencias”, dijo.

¿Evidencia? Ninguna, respondió. Varios factores contribuyeron a la duda. Primero El Universal, que tituló en su titular principal que Colosio había sido “víctima de un complot”, a partir de la declaración que recogieron sus corresponsales de una priista en Tijuana.

Después, los mismos corresponsales reportaron que el Aburto de Lomas Taurinas, donde se dio el crimen, había sido cambiado, con el apoyo de dos fotografías de Aburto en la primera plana de El Universal. En una tenía una especie de lunar en el cachete y en la otra estaba limpio. La primera, tomada poco después del asesinato, mostraba esa mancha que era de sangre; en la segunda, ya lo habían limpiado. Finalmente, para cimentar la teoría del complot, los primeros peritos locales que revisaron la escena del crimen, se equivocaron de puntos cardinales en la ubicación del cuerpo, por lo cual no se entendía cómo le podría haber disparado dos veces Aburto.

En el imaginario colectivo no había cabida para un asesino solitario. El crimen se había dado en medio de una crisis en la campaña de Colosio, incapaz de organizar una estrategia que lo posicionara, y frente al protagonismo de Manuel Camacho, que se había ofrecido como negociador para la paz en Chiapas con el EZLN, que le había arrebatado la atención de la opinión pública. Pero nada había logrado cuajar judicialmente hasta que llegó Pablo Chapa Bezanilla, quien asumió la fiscalía del caso Colosio el 16 de diciembre de 1994.

Chapa Bezanilla le dijo días antes de asumir al reportero: “Voy a meter a la cárcel a Carlos Salinas y a José Córdoba”. ¿Al expresidente y su poderoso coordinador de asesores? “Se oye bien”, le comentó el reportero. “¿Hay pruebas?”. El fiscal respondió: “No, pero las obtendré”.

Chapa Bezanilla no pensó en la conspiración por generación espontánea. Quien le incubó la idea fue Alfonso Durazo, apestado políticamente en ese momento, y que había sido secretario particular de Colosio cuando fue titular de Desarrollo Social, y en la campaña. Durazo estaba convencido de que Colosio había sido asesinado por órdenes de Salinas.

En esa misma línea de pensamiento, este sábado en su cuenta de Twitter, el hoy alto funcionario federal escribió: “El asesinato de Luis Donaldo no puede entenderse al margen de la tensión entre renovación y continuidad que caracterizó, desde el poder, a la disputa por la sucesión presidencial de 1994”.

Esa declaración evoca el conflicto entre Colosio y Camacho –a quien cuando acudió a la funeraria, Durazo le negó la entrada–, y sugirió que el asesinato obedeció a que el candidato asesinado representaba la renovación, que sin decirlo deja entrever que Salinas estaba arrepentido de candidato, y Camacho era la “continuidad”.

Sin especificarlo, Durazo afirma que el asesinato de Colosio fue un “crimen de Estado”, a lo cual se sumó el presidente López Obrador. Camacho, que luchó del brazo de López Obrador durante una década, está muerto. Salinas vive en Londres y ya se verá si le da rango de interlocutor y le responde.

Pero la verdad siempre la escriben los vencedores, sin importar los hechos, y dictan para la historia lo que es importante, lo que es real, y lo que va a pasar. ¿Qué viene? Una nueva investigación sobre el caso Colosio, bañada en política y vestida con el traje que le hizo Durazo a Chapa Bezanilla hace 25 años.
22 Marzo 2019 03:26:00
El ajedrez de Andrés
En el ajedrez, los jugadores tienen que combinar jugadas. En la partida más famosa de la historia, el ruso Gary Kasparov derrotó al búlgaro Vaselin Topalov en 1999, con una estrategia donde visualizó 15 movimientos consecutivos, de un total de 44, para ganar.

En esa partida, calificada como “inmortal”, Kasparov ejecutó una de las combinaciones más espectaculares que se habían jugado hasta entonces, para ir acotando y encerrando a Topalov. El ajedrez es un juego de estrategias, donde la inteligencia y la paciencia trabajan coordinadamente, y este jueves, el presidente López Obrador mostró sus dotes intuitivas de ajedrecista.

En la víspera, la Coordinadora, la beligerante e insaciable disidencia magisterial, bloqueó los accesos a la Cámara de Diputados, donde se iba a discutir y eventualmente a aprobar en comisiones el dictamen de la reforma educativa, para sabotear la sesión. Los diputados se movieron al Senado para realizar su trabajo, pero los maestros volvieron a tomar sus instalaciones para impedirlo. Los diputados tuvieron que aplazar la discusión mientras los maestros, instalados con sus tiendas de campaña afuera de los recintos, se preparaban para su larga protesta. Desde el miércoles por la noche los diputados temían que no se pudiera sesionar ante todo lo que se preparaba. López Obrador también se preparó.

Al iniciar su comparecencia pública en Palacio Nacional, rechazó la acusación de la Coordinadora de que su reforma educativa fuera una simulación y mantuviera la esencia de la reforma promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

“No hay razón para sostener que estamos incumpliendo con nuestra palabra y compromiso”, dijo López Obrador al urgir que se debatiera de manera abierta, al interior del movimiento disidente y de todos los trabajadores de la educación, para definir su postura con claridad, y provocar a los líderes magisteriales. Suele pasar que grupos que en apariencia son radicales, demuestran más (con sus actitudes) su adhesión al conservadurismo”, los desafió. “Este es otro de los casos”.

López Obrador estaba en movimiento. Primero confrontó su liderazgo, pero no tratando de persuadirlos, sino llevándolos a debatir la iniciativa entre los jefes de la disidencia y de todos los interesados, con lo cual les arrebató el papel de interlocutores únicos y los empujó a que lo discutieran con sus pares en el sector. El resultado no sería una respuesta común a su iniciativa, sino propuestas para incorporarlas. Es decir, en lugar de chocar con ellos, desvió su embestida y los obligó a ser constructivos, algo que no hacen. Acusarlos de conservadores no fue un señalamiento a partir de un cliché –si se analiza cuidadosamente–, sino para estigmatizarlos y forzarlos a dialogar para evitar que les quedara la mancha de intransigencia, y de paso, que escucharan su iniciativa. Encaró y acotó, como en el ajedrez.

El segundo movimiento fue político y moral. En primera instancia, dudó de la autenticidad de su protesta –“no sé qué motiva este movimiento”, dijo–, pero sin condicionar nada, aseguró que no utilizaría la fuerza para romper el bloqueo. Su Gobierno no era autoritario ni los reprimiría, señaló López Obrador para dejar abierta la posibilidad de que si se mantenían los maestros en las calles, violentando las libertades constitucionales de movimiento de la gente, serían ellos los responsables, sin darles justificación para alimentar su protesta.

Como demostración de su interés para que la protesta no escalara, López Obrador sugirió al Congreso suspender la sesión reprogramada para el jueves. En minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que se pospondría la sesión. López Obrador se mostró como conciliador y Presidente pacífico. De esta forma establecía un contraste con Peña Nieto. ¿Después de estas frases, podrían seguir los maestros bloqueando las calles del Centro de la ciudad? El costo de hacerlo subió de manera significativa tras el posicionamiento presidencial.

Pero López Obrador no se quedó en ello. El tercer movimiento fue astuto. En la comparecencia apareció acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del titular de Educación, Esteban Moctezuma, quien mostró las comparaciones entre las reformas de Peña Nieto y la de López Obrador. Tras ello, el Presidente se dijo abierto al diálogo y que instalaría hoy mismo una mesa para el diálogo con los maestros disidentes. Minutos después, ya tenía la respuesta. La dirigencia disidente se sentaría con Sánchez Cordero y Moctezuma. No les dejó espacio.

Al reconocerlos como interlocutores, los comprometió públicamente. Al mismo tiempo, desactivó su demanda de verlo personalmente para discutir la Reforma y los dirigió con su Gabinete. Peña Nieto nunca los reconoció como interlocutores y su Gabinete estaba dividido: la Segob hablaba con la Coordinadora, y la de Educación con el SNTE. Entre las dos siempre hubo

conflicto y mala articulación estratégica.

En 24 horas, López Obrador había desactivado un conflicto. Sus reflejos políticos fueron claros para no perder tiempo ignorando al movimiento disidente, ni regalarles espacios o reflectores para moverse públicamente. Le llevó menos de 120 minutos desarrollar su combinación de jugadas para llevar a la CNTE a la mesa de diálogo, no para que negociaran dinero, plazas y cotos de poder, como exigieron y obtuvieron del Gobierno de Peña Nieto, sino para discutir los puntos controvertidos de la reforma educativa.

En esta primera partida de ajedrez, los doblegó. ¿Cómo explicarlo? Una primera aproximación es que la disidencia magisterial, como muchos actores políticos, agentes económicos y periodistas, lidian con López Obrador con categorías de análisis obsoletas. Así no podrán ser interlocutores o adversarios eficaces y útiles. Tampoco quitarle una sola pluma al ganso.

Urge cambiarlas.
21 Marzo 2019 03:58:00
La batalla (ratonera) final
El dictamen de la Cámara de Diputados sobre la revocación de mandato deberá ser rechazado por mal hecho, tendencioso y antidemocrático. Prevé solicitarlo con el 3% de firmas del padrón –el estándar en las naciones es 20%– con un umbral de participación del 25%, el respaldo del 33% del Congreso y el Senado, o una solicitud del Ejecutivo. Establece que sea un referéndum concurrente con las elecciones intermedias, cuando lo normal es después del medio término, para eliminar el factor de la popularidad del gobernante. Es decir, prepararon un manjar para el paladar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Senado, donde querían debatirlo y aprobarlo este mismo jueves, no se va a poder. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, admite que no hay consenso y que se tendrá que discutir de manera más amplia. La oposición afirma que el dictamen es inaceptable, pero su argumento es que no quieren que la fotografía de López Obrador esté en la boleta electoral porque haría campaña por candidatas y candidatos de Morena. Se puede argumentar que tienen razón. Si eso sucediera, es probable que Morena los barra en las elecciones y que algunos partidos como el PRI y el PRD caminen a su desaparición.

Con una visión de corto plazo, la oposición quiere legislar una reforma de gran calado. Intelectuales y políticos han identificado otro riesgo, abrir la puerta a López Obrador para que busque la reelección presidencial en 2024, a lo que el Presidente respondió con la firma de un compromiso donde garantiza que su mandato termina como lo manda la Constitución, en este caso, el Artículo décimo quinto transitorio de la reforma de 2014, el 30 de septiembre de ese año. El debate de la revocación del mandato está atrapado en la coyuntura política.

López Obrador realizó dos referéndums sobre la revocación de mandato cuando gobernaba la Ciudad de México, en 2002 –a los dos años de haber iniciado– y en 2004, pero no en 2003, cuando se realizaron elecciones intermedias. Aduce que el cambio de año es por razones de costo –papelería y capacitación de funcionarios de casilla, por ejemplo–, lo que parece baladí frente a decisiones costosas en materia presupuestal, pero altamente redituables para su narrativa de cambio, como la venta del avión presidencial que, hasta la fecha, sólo ha costado su hospedaje en Estados Unidos y su mantenimiento, o el despilfarro de 100 mil 300 millones de pesos porque 700 mil personas, muchas de ellas en zonas Indígenas y rurales en Chiapas, Tabasco y Veracruz, votaron contra la construcción del aeropuerto en Texcoco.

El Presidente, un animal político en el más puro sentido aristotélico, muy consistente en su repudio maderista de la reelección, quiere mantener el poder, pero no para él sino para Morena, a fin de consolidar su proyecto de nación. Esto no se le puede criticar. Lo ilógico y absurdo sería que no quisiera hacerlo. El poder se ejerce y se procura extender para poder consolidar todo aquello que comenzó. López Obrador es un enamorado de la democracia participativa, donde el referéndum es una parte vital de su metabolismo. Por ello acompaña el dictamen con consultas ciudadanas, para que queden plasmadas dentro de la Constitución. Sin embargo, la revocación de mandato no es un recurso que necesariamente fortalezca la democracia, sino que, de acuerdo con una línea de pensamiento amplia, la limita. En América Latina, los únicos países que tienen este recurso a nivel presidencial son Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela. En Estados Unidos la discusión se dio desde los Papeles Federalistas en el Siglo 18, y hasta hoy no se aplica a nivel presidencial.

Una de las razones que se aducen sobre la fragilidad del recurso en una democracia, es cómo puede ser utilizado por grupos de interés para dañar a un funcionario electo. Es el caso que se dio en 2003 en California, donde se revocó el mandato al gobernador Gray Davis –el último de ese nivel que haya perdido el cargo por un referéndum–, como resultado de una campaña financiada por un diputado federal que deseaba sustituirlo, grupos de interés de derecha y extrema derecha, y por una crisis energética exógena al estado. Pero hay otros factores más importantes.

Uno de ellos tiene que ver sobre la certidumbre política. En países donde los mandatos son fijos, el sistema crea certidumbres para la gobernanza. Plantear la revocación de mandato a la mitad del término, reduce el periodo de planeación gubernamental a tres años, insuficientes para el desarrollo de cualquier proyecto de largo plazo, para la implementación de políticas públicas, para el entorno de inversiones y para la estabilidad política. En países donde existe la revocación de mandato, se llegan a dar paralizaciones de los funcionarios electos para evitar las malas evaluaciones de los electores. El otro es el impacto en la legitimidad, donde al ganarse una elección, el mandato es para cumplir con el plazo establecido, por lo cual, al incorporar el recurso a medio término, altera esa legitimidad y daña el orden de la sociedad, a la que se pretendía dotar de un instrumento democrático para empoderarla.

El ideal político sería tirar a la basura la iniciativa de López Obrador y legislar sobre una ley que contribuya constructivamente a la propuesta: regresar a periodos de cuatro años de gobierno –como hubo hasta Lázaro Cárdenas–, pero con reelección. De esta manera, el presidente tendría cuatro años para poner en marcha su gobierno y entraría, si así lo desea, en un proceso de reelección, que en la práctica es un referéndum sobre la gestión del Gobierno. Esto sería lo mismo, pero mucho mejor.
20 Marzo 2019 03:49:00
Detrás de la Operación Berlín
Se ha publicado y documentado que desde una casona en Coyoacán, tres empresarios financiaron la elaboración de materiales para desacreditar a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por la Presidencia.
Los empresarios contrataron a profesionales multidisciplinarios para ese trabajo, que comenzó con el respaldo de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la Gubernatura del Estado de México, y se prolongó con el apoyo del candidato frentista Ricardo Anaya. El grupo lo encabezó Fernando García Ramírez, compañero de páginas en El Financiero, y que durante largo tiempo fue editor de la revista Letras Libres que fundó y dirige el historiador Enrique Krauze.

La semana pasada, Eje Central –de donde quien esto escribe es socio– publicó un reportaje titulado Operación Berlín: Conjura AntiAMLO, que daba cuenta del trabajo realizado, que provocó reacciones de la diputada Tatiana Clouthier, excoordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, que en un libro de próxima aparición, citado en el reportaje, aporta datos generales, algunos de los que coinciden con el trabajo periodístico. El reportaje no era una denuncia, ni reveló nada ilegal en esas acciones. Buscaba aportar elementos de información para entender cómo opera nuestro sistema político y sus fenómenos mediáticos.

El reportaje coincidió con una dinámica que traía su propia velocidad dentro de la Presidencia, y tomó rutas perniciosas. El día que apareció Operación Berlín, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló en la comparecencia mañanera en Palacio Nacional que estaban investigando a varias empresas por presuntos delitos electorales, como el financiamiento de campañas negras contra el candidato López Obrador, y eventualmente lavado de dinero.

Nieto hizo pública una red de vínculos de empresas e individuos para anticipar que se procedería legalmente contra los responsables de esa campaña, citando a los empresarios que había identificado el reportaje como quienes financiaron el trabajo periodístico y de propaganda contra López Obrador. Nieto replicó de lo que había hecho un mes antes contra el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, donde en respuesta a comentarios sobre las ternas presidenciales sobre nuevos consejeros en el órgano autónomo, lo acusó de conflictos de interés y a sus familiares de lavado de dinero.

En ambos casos se puede argumentar que Nieto violó el secreto bancario y la presunción de inocencia, al revelar detalles de transacciones bancarias que transgredieron la secrecía financiera que exigen las instituciones internacionales.

Darlas a conocer, junto con la identificación de las personas a las cuales está investigando, rompe con el debido proceso y, en un país de leyes, tendría no solo que anularse cualquier juicio que se emprenda contra individuos y empresas por esa causa, sino que debería fincársele un proceso legal en la Fiscalía por infringir la ley.

Nieto se escudó en la eventual violación de las leyes electorales para defenderse de que lo que está buscando el Gobierno que representa. Es una censura o, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, una previa censura de la libertad de expresión.

Esta línea de pensamiento se liga con lo que sucedió con la secuela de Operación Berlín. El énfasis en la crítica y denuncia –en algunos casos– no fue contra quienes pagaron las campañas o quienes la desarrollaron, sino contra Krauze. Su principal acusador es Ricardo Sevilla, uno de los principales manufactureros de la propaganda contra López Obrador, la fuente principal del reportaje que se mantuvo anónimo hasta que él reveló su identidad en un texto que entregó al portal Aristegui Noticias, donde colocó a Krauze en el centro de la conjura.

El historiador, que ha sido el único objeto de crítica y denuesto, considera que es víctima de un linchamiento mediático, lo que si se revisa el comportamiento de las consecuencias de las revelaciones, tiene sentido.

Nieto no lo consideró relevante en su investigación, donde Krauze no aparece por ningún lado, pero es la figura central de todo este episodio. Todo esto huele a podrido. El tema brincó a la mañanera en Palacio Nacional, donde al responder una pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo: “Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No vamos a utilizar, mucho menos, al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”. Sus palabras podrían ser tranquilizadoras, pero no lo son.

El patrón de insultos y calumnias contra Krauze es idéntico al que han estimulado cercanos al Presidente, francotiradores digitales a sueldo y simpatizantes. Nadie que cuestione al Presidente, aun cuando apoye a López Obrador, se ha escapado de los epítetos y las difamaciones, regadas en las mañaneras y las redes sociales.

En un texto que publicó en el portal Sin Embargo, Sanjuana Martínez –cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador– y nueva directora de Notimex, se refirió al hostigamiento a los periodistas que acuden todos los días a Palacio Nacional por parte de los youtubers, “la guardia pretoriana” del Presidente.

La presión, el acoso, la violencia verbal y el discurso de odio no es patrimonio de ellos, como se vio en el caso de Krauze. Se ha socializado contra quien disienta del Ejecutivo. El texto de Martínez refleja preocupación por el desbordamiento. Las libertades sí están en riesgo, la de pensamiento y la de expresión.

López Obrador es producto puro de la lucha por ampliarlas. Muchos de los que ahora atacan sus fieles, contribuyeron, aún estando en desacuerdo con sus ideas como Krauze, a que estas se ensancharan. No puede, ahora que está en el poder, traicionarlas.
19 Marzo 2019 04:05:00
La candidata presidencial
Claudia Sheinbaum ganó el Gobierno de la Ciudad de México porque era inevitable. La ola morena que provocó Andrés Manuel López Obrador y su cruzada contra la corrupción y todo el pasado, habría llevado a la Gubernatura a cualquier persona, como parte de un fenómeno que se apreció en Cuernavaca, donde aquél 1 de julio ganó Morena la alcaldía sin haber presentado candidato alguno. Sin embargo, Claudia Sheinbaum no era cualquier candidata.

Desde la campaña para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las instrucciones de López Obrador, candidato a la Presidencia, habían sido muy precisas: hay que cuidarla y eliminar cualquier obstáculo que pusiera en riesgo su victoria. López Obrador encargó a su hijo Andrés, su principal operador político, para que se hiciera cargo de la campaña, y la doctora Sheinbaum no hacía nada que no autorizara el influyente vástago. Una vez en el Gobierno capitalino, siguió haciendo lo mismo. El director de Pemex le dio la gasolina necesaria para evitar una mayor crisis de desabasto en enero, y el Ejército entregó a la ecología, como ella deseaba, no al sector inmobiliario, su enorme predio en la salida a Toluca. 

Si el presidente López Obrador rendía cuentas públicas, ella también lo haría. Si la narrativa central era contra la corrupción, ella lo replicaría. Si él tenía juntas diarias con su gabinete de seguridad, lo mismo haría. Si había que rendir un informe a los 100 días de gobierno, ella no se quedaría atrás. Así fue el domingo, donde replicó en forma y fondo el primer tercio de gobierno presidencial, y utilizó los mismos recursos retóricos en el tema de mayor sensibilidad para el electorado, la seguridad. Vamos avanzando y reduciendo la inseguridad, pero estamos insatisfechas, dijo Sheinbaum, en eco de las palabras de López Obrador.

La forma mimetizada como se ha comportado Sheinbaum le ha provocado críticas en la prensa donde la han señalado de ser un “clon” de López Obrador, o una “regenta” que sólo administra un gobierno local. Su imitación de las formas y acciones del Presidente ha servido para desautorizarla y hacerla ver como una política cuya existencia y fuerza dependen del respaldo presidencial. Analizarla de esa manera puede conducir a un error monumental.

Lo que estamos viendo es la construcción de una candidata presidencial para 2024, como parte de un proyecto de largo aliento. Nunca hay que olvidar que López Obrador tiene una visión electoral estratégica, de la cual dio muestra cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mientras declaraba que “nadaba de muertito” y descartaba la candidatura presidencial, colocaba las bases para ella a través de sus conferencias mañaneras donde gradualmente fue modificando la temática y su alcance, hasta convertirse en la caja contestataria del gobierno de Vicente Fox.

Sheinbaum no puede hacer eso, por definición, y tampoco tiene el empaque o carisma de López Obrador. Pero lo tiene detrás. La jefa de gobierno es una de las personas que pertenecen al ámbito familiar del Presidente, y que se encuentra en el centro de su proyecto transexenal. Lo que hizo con su propia candidatura en 2006, lo está haciendo con Sheinbaum, con los ajustes necesarios ante la personalidad de la jefa de Gobierno, su poca empatía popular, y sobre todo, que a diferencia de aquellos años, hoy son el partido en el poder.

Con López Obrador tampoco hay obviedades. En esto se cae al ver a Sheinbaum como el “clon” del Presidente, o la “regenta”. Las jugadas político-electorales de López Obrador, no son secretas, pero las baña tanta luz que muchas veces no se ven. Si se acepta para efectos de argumentación que Sheinbaum no tiene los atributos ni virtudes de arrastre de masas de López Obrador, que su vida pública ha sido más parte de la nomenclatura de partido que de las calles y las carreteras, de las secciones y los municipios, y que carece de las habilidades políticas y retóricas del Presidente, lo que para la República de las Opiniones es una estigmatización, para el proyecto transexenal, esta misma apreciación subjetiva comprueba que el camino escogido es el correcto.

Hacer de Sheinbaum una copia fiel de López Obrador, es ir sembrando en el imaginario del electorado que cuando termine el mandato constitucional del presidente, la persona que mejor lo representará y seguirá el proyecto es la actual jefa de Gobierno. Si López Obrador logra colocar las bases de su cuarta transformación y elude una crisis económica que repercuta en lo político y social, su reelección será a través de Sheinbaum, que dará continuidad al proyecto de nación que tiene en mente.

Es la misma racional del presidente Miguel de la Madrid cuando se inclinó por Carlos Salinas sobre Manuel Bartlett para sucederlo.

No necesitaba un político en su visión de país, sino quien consolidara el modelo económico neoliberal que inició en 1985. Es igual a la idea de Salinas cuando escogió a Luis Donaldo Colosio como su sucesor, a quien necesitaba para que hiciera la apertura política, porque sólo había podido profundizar la apertura económica.

La diferencia con ellos es que la continuidad se dio desde la cima; con López Obrador, la apuesta es que le traslade su arrastre popular, que le permita ganar la elección presidencial en 2024.

Este escenario puede cambiar, por supuesto, porque el factor humano, que cruza estas variables, siempre es volátil. Pero si López Obrador mantiene el rumbo que lleva dentro de márgenes de estabilidad, Sheinbaum, se podrá convertir en la primera presidenta de México. Para lopezobradoristas y para opositores, ella es la figura a derrotar en los años venideros. No se equivoquen.

18 Marzo 2019 04:00:00
Campañas de odio
En una plática que dio el 28 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó tener listas de 15 columnistas que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibieron alrededor del total del presupuesto de comunicación, por lo que cada uno de ellos habría recibido mil millones de pesos. Ninguno de ellos entraría en las lista de los multimillonarios de Forbes, pero no estaría nada mal. Cada uno de ellos habría generado al día 2.7 millones de pesos. Con ese dinero en la bolsa, todos o la gran mayoría de ellos, habrían estado en condiciones de comprar el medio para el cual trabajan, o garantizar la vida de generaciones de su familia.

En una entrevista posterior con la revista Contralínea, Ramírez Cuevas añadió que esos pagos no sólo fueron por publicidad, sino por asesorías de imagen y “menciones” favorables al gobierno de Peña Nieto en columnas y noticieros. Dijo tener contratos de ello, aunque dejó ver que están incompletos, porque “muchos pagos se hicieron sin que mediara documento alguno”. Lo que revelan sus palabras es que tiene una miscelánea de cosas, como convenios de publicidad que son regulados por normas y por los que se pagan impuestos, contratos adicionales por otros rubros, con sus correspondientes cantidades y los impuestos que hay que pagar, así como un alto volumen de pagos que no tienen manera de documentarse, de los que tiene pruebas.

Ramírez Cuevas declinó dar los nombres de las personas aludidas, pero Contralínea publicó su propia lista, que viene de una relación imprecisa y tendenciosa publicada previamente en la misma revista, donde los enumera –quien esto escribe aparece en el primer lugar de la clasificación– y adjudica a cada uno de ellos la inverosímil cifra de ingresos individuales por mil millones de pesos. Algunos periodistas están convencidos de que se la dio Ramírez Cuevas, quien ha dado muestras de temeridad acusatoria, que cuando menos pareció avalar lo dicho en la publicación porque no sintió necesidad de una corrección contextual a lo difundido, o un deslinde siquiera.

Hasta ahora, no se ha dado, o no se sabe de que algún periodista de los aludidos haya sido víctima de robo o secuestro, al ser mil millones de pesos una cifra bastante atractiva para jugar el riesgo de un crimen. Lo que sí provocó fue una renovada campaña de difamación en las redes sociales, con nuevos memes circulando en Twitter y Facebook con las fotografías de cada uno de los millonarios de Ramírez Cuevas, acusándolos de corrupción. No es nuevo. 

Personas asociadas a Morena o cercanas a él llevan meses difundiendo mensajes de odio calumniando y difamando columnistas. En cerca de seis meses de campaña ininterrumpida, según una empresa que hizo un somero análisis de Twitter, más de 5 millones y medio de retuits fueron hechos sobre la primera lista, denominada de “chayoteros” –la palabra que en el argot periodístico mexicano es equivalente a corrupto–, y sobre una segunda lista fabricada donde los llamaron “huachicoleros”, palabra convertida hoy en eufemismo de criminal.

La imputación que acompañó esas listas era que como estaban “vendidos” al gobierno de Peña Nieto, ocultaron críticas y callaron ante la corrupción o el robo de combustible. Son palabras que casi textualmente ha repetido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que con diferente fraseo usó Ramírez Cuevas en Contralínea. En las hemerotecas y videotecas, o en las búsquedas simples en la red, se podría corroborar que los señalamientos son falsos. Puede haber diferencias en los niveles de crítica a Peña Nieto y a su gobierno, y ellas también pueden compararse en los trabajos de los periodistas, pero de lo que a simple memoria uno puede alegar, es que todos, sin excepción, llevan años refiriéndose al robo de combustible.

Las difamaciones y las calumnias no tienen sustento en el trabajo periodístico, sino en la construcción de la idea de que ese grupo, donde la coincidencia es que nadie es incondicional del Presidente o está al servicio del vocero, es corrupto. Esta idea ha sido sembrada de manera sistemática por años, pero se intensificó en 2018 y se profundizó en 2019, que corresponde al patrón de demolición de instituciones que ha seguido el presidente López Obrador.

El trabajo de convertir todo en cenizas para de ahí reconstruir “el nuevo régimen”, tiene como motor las campañas de odio en las redes sociales. La semana pasada el Laboratorio Interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dio a conocer un estudio sobre tendencias y tipologías en Twitter durante los dos primeros meses de este año, y entre otros hallazgos encontró la permanencia de “una narrativa de la prensa como enemiga”, a través de 16 comunidades en esa plataforma y un centro generador de discusiones, desde donde salen las campañas de mensajes virales que buscan la estigmatización a medios de prensa convencionales y periodistas de larga trayectoria (curioso, de carreras profesionales no habla nadie). El ITESO identificó a varios de quienes magnifican estas campañas de odio –que en la víspera de la agresión a los periodistas se tomaron fotos con Ramírez Cuevas en Palacio Nacional–, y alertó que ese tipo de ataque podrían hace que “las voces críticas, necesarias en una democracia, se replieguen dada la virulencia de los ataques”. El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ya tiene solicitudes de intervención, pero no ha hecho nada aún. 

El tema del acoso a la prensa empezó a saltar las fronteras, pero a Ramírez Cuevas no parece preocuparle. Él aprieta el acelerador, como se ve aprecia en las comparecencias matutinas del Presidente, donde plantea preguntas sustentadas en calumnias que presuntos periodistas hacen a López Obrador. El Presidente evade la respuesta directa, pero avala el fondo. Dice que respeta la libertad de expresión, pero las señales van en camino opuesto. Esta confrontación apenas comienza.

15 Marzo 2019 03:22:00
¿Es falso el combate al huachicol?
Los datos hacen mucho ruido. A finales de diciembre se anunció que iniciaba una guerra contra el huachicol. En escasas tres semanas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se diseñó la estrategia para frenar el multimillonario robo de combustible. Como partes de guerra, diariamente se fue informando durante enero el avance de las fuerzas federales, que era utilizado para neutralizar la creciente queja por desabasto de combustible. Todo era para impedir el saqueo y luchar contra la corrupción, justificó el Presidente. Se cerraron ductos y compraron pipas, sin licitación ni control técnico, por lo que se adquirieron decenas de vehículos fuera de norma. 

Dos meses después, los partes de guerra desaparecieron, y de manera inesperada se dio a conocer lo que ha sucedido con esa cruzada. Un informe de Pemex, publicado esta semana en Excélsior, que pasó sin pena ni gloria en la opinión pública, cuenta una historia de derrota. Durante los dos primeros meses del año se incrementaron 50% las tomas clandestinas en comparación con el mismo periodo de 2018. Aunque Pemex dijo que en enero se recuperaron 442 mil litros de combustible, el total de tomas clandestinas se elevó de mil 46 durante los dos primeros meses del año pasado, a mil 565 en 2019. Hidalgo, donde se cerraron ductos y se reforzó la seguridad, el incremento de tomas se elevó 265%.

La cruzada contra el huachicol empieza a oler a gas, como distractor sobre un problema que se veía venir desde el inicio del Gobierno en diciembre: el desabasto de gasolina. El Wall Street Journal reportó el 11 de enero que Clipper Data, la empresa que monitorea los buques petroleros en el mundo, registró que desde que asumió López Obrador, se habían reducido significativamente las importaciones de gasolina de Estados Unidos, al bajar 25% en el periodo diciembre-enero de 2018-2019, comparado con el mismo lapso en 2017-2018. López Obrador dijo que el diario mentía, pero ante la crisis, tuvo que revertir su orden y en enero se compraron volúmenes de gasolina superiores a 93% con respecto a lo adquirido en enero de 2018.

La suspensión de las importaciones se dio antes de que comenzaran a hablar dentro del gabinete, según los tiempos que identificó el presidente López Obrador, sobre el huachicol. Para cuando se anunció la estrategia de combate al robo de combustibles, había buques cargados con gasolina haciendo fila en el Golfo de México porque no podían descargar. La falta de personal y de mano de obra calificada y con experiencia, habían sido detonadores de ese retraso. La decisión de cerrar los ductos para evitar el robo, contribuyó al desabasto. No supieron cómo hacerlo y no tuvieron una estrategia adecuada para compensar el combustible que dejarían de suministrar. En el pasado, cuando se decidía cerrar un ducto, la planeación se llevaba al menos dos meses para evitar el desabasto.

El último reporte sobre lo logrado lo dio López Obrador al dar a conocer los resultados en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, las cifras que dio son totalmente diferentes a las que 20 días antes hizo públicas el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. López Obrador dijo que la incidencia de ese delito pasó de el hurto de 81 mil barriles diarios que se sustraían en noviembre, a 15 mil barriles. Sin embargo, Romero Oropeza mencionó que el hurto era de 56 mil barriles, y que se había disminuido a 8 mil. Nadie ha explicado la inconsistencia. Tampoco se han dado informes adicionales a lo publicado en Excélsior sobre el creciente número de tomas clandestinas. La feria de cifras es compleja para ser absorbida y procesada por la opinión pública. El discurso plano que es un sacrificio para combatir la corrupción, es lo que prende.

Las cosas no van a marchar bien. La estrategia no sólo está equivocada, sino que, además, lo único que se ha hecho es estimular el huachicoleo al adquirir pipas para transportar combustible. Quien sugirió esa estrategia realmente no comprende cómo funcionan los mercados delictivos. De acuerdo con la consultora GLAC, los mercados se paran sobre tres patas: incidencia delictiva, logística y debilidad institucional. La estrategia gubernamental las fortalece.

El incremento en el robo de combustible y el fracaso hasta el momento de atrapar a los mandos del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la impunidad con la que se mueven hasta ahora las bandas criminales que operan en Guanajuato y Veracruz, habla de que el combate contra ellos no ha sido eficiente o es inexistente. El argumento de que la compra de pipas resolverá el desabasto, lejos de resolver el problema estimula el delito. Si no hay capturas de los jefes del huachicol, que es la racional del Gobierno para evitar la violencia, la incidencia delictiva se mantiene intacta, al tiempo que se incrementa la debilidad institucional por no combatirlos. Cerrar ductos no ataca la logística criminal; comprar pipas facilita el robo de combustible transportado en vehículos robados.

GLAC señaló que la tendencia en mediano plazo ubica a Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato como los estados más vulnerables, al figurar entre las 10 entidades con mayor cantidad de vehículos robados, que “son incorporadas como parte de la logística necesaria para llevar a cabo la comercialización del combustible robado”. Vista la correlación, o la estrategia está totalmente equivocada, o es una que de antemano, al no combatir el problema de fondo, se sabe fracasará. En todo caso, la narrativa de la guerra contra el huachicol esconde la incompetencia del gabinete en el abasto de combustible y la nueva estrategia del régimen contra el crimen organizado, dejar hacer, dejar pasar.
14 Marzo 2019 03:35:00
El estilo de gobernar
En cualquier país con sistema abierto, una descalificación tan pública y dura como la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, tendría que haber ido acompañada de su renuncia. Herrera declaró al Financial Times que la refinería de Dos Bocas no se construiría –este año–, y que una parte del dinero presupuestado se invertiría en Pemex. No, dijo López Obrador, la refinería se trata de un malentendido. El caso está cerrado, pero el episodio arroja luz sobre la forma como funciona el Gobierno. Si alguien pretende entender a López Obrador, tire los referentes que conoce y parta del hecho que todo nace y muere entre 7 y 8 y media de la mañana, cuando comparece ante la nación y ofrece una conferencia de prensa.

El Salón de la Tesorería, donde se hace el evento diario, es el escenario. En público o en privado, López Obrador ejerce de manera unipersonal. Ordena a su gabinete en función de ideas u ocurrencias surgidas del encuentro con periodistas, y los obliga a rendir cuentas. “La mañanera”, como se conoce al momento en el que se presenta ante el público, es el eje articulador de su Administración, y su equipo, particularmente aquellos que no conocían su estilo de gobernar, lo ha ido aprendiendo para capitalizar del desorden que el propio Presidente provoca.

El gabinete carece de líneas de mando claras y establecidas. Por ejemplo, la política, que lleva la Secretaría de Gobernación, se maneja predominantemente desde otras oficinas en Palacio Nacional, como la Conserjería Jurídica, la Coordinación de Delegados o la Dirección de Comunicación Social. La economía, orienta la Secretaria de Hacienda, la determina el Presidente, y en función de sus temas y prioridades, asigna eventualmente poderes superiores a otras dependencias, como en el caso de Dos Bocas, donde la secretaria de Energía, Rocío Nahle, corrigió al subsecretario Herrera, que no habló sobre la refinería sin el conocimiento y aprobación del secretario, Carlos Urzúa, por lo que a quien finalmente enmendó fue a él.

Urzúa no siempre es escuchado, y comparte responsabilidad para hablar con inversionistas con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el primer gran lastimado del gabinete, antes incluso de iniciar el Gobierno, cuando les garantizó que se concluiría el nuevo aeropuerto, al ser aplastado por el actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y por el ministro sin cartera, el constructor José María Riobóo. Comparten lamentos con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, a quien le quitaron la responsabilidad del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, para entregárselo al de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que también se mete en el tema de los inversionistas.

Cada quien actúa no dentro del ámbito de su responsabilidad, sino de las tareas que les encarga el Presidente, para quien las líneas de mando son un estorbo y busca la funcionalidad sobre la organización. No necesariamente eso resulta, como se ha visto con discrepancias tan fuertes como la de este martes, o con aclaraciones que ha tenido que dar porque sus secretarios declararon algo que no iba en línea con su pensamiento. El problema que han visto varios de sus colaboradores es que la línea de su pensamiento es cambiante y contradictoria en cuestión de días. Por ejemplo en el aeropuerto, donde además de Romo, secretarios estaban convencidos de que continuaría Texcoco, o Urzúa y Herrera, quienes probablemente escucharon las dudas que tenía López Obrador sobre Dos Bocas la semana pasada, pensando en la reacción de los mercados, y que el martes se despertaron con la sorpresa de la descalificación al subsecretario.

Un gran número de miembros del gabinete no saben lo que les depara cada mañana, por lo que están siempre atentos al mensaje del presidente y procuran ir a las reuniones previas a “la mañanera”. Normalmente López Obrador llega a Palacio Nacional poco antes de las 6 de la mañana para presidir la reunión con el gabinete de seguridad. En esa misma junta, secretarios de otras áreas llevan temas sus asuntos para planteárselos al Presidente. Esto se resolvía en el pasado con acuerdos, pero el estilo de López Obrador los tiene cancelados. Salvo excepciones o casos de emergencia, no existen tales acuerdos, por lo que esa es la única oportunidad que tienen para hablar con él. “Si no lo hiciera, jamás lo vería”, confió un miembro del gabinete.

Este modelo hiperpresidencialista, hipercentralizado, tiene el beneficio, para él, de tener un control vertical y rígido sobre su gabinete, al cual no deja que haga nada o diga nada que no autorice y avale. Tiene también la vulnerabilidad de que al no tener contacto con prácticamente nadie del gabinete, su falta de información sobre temas en general, así como su desconocimiento, son grandes y profundas. El martes no sabía, por ejemplo, de la entrevista de Herrera en el Financial Times. Tampoco conocía con detalle la privación de libertad de 22 migrantes. El riesgo es que no tiene contención alguna para hablar de todo, sin importar que no tenga todos los elementos para ello.

Su escapatoria es la corrupción. Cualquier obstáculo lo salta con el caballo de los males del neoliberalismo con antifaz que ya acabó. Frente a la opinión pública, eso le podrá seguir funcionando, pero estructuralmente irá aflojando los amarres de su andamiaje hasta que se colapse, entendido esto como contradicciones que no podrán ser resueltas sin impactos perniciosos para su gobierno, como es el caso de Dos Bocas, o que sus secretarios, ante la humillación continua y la imposibilidad de trabajar para dar resultados, abandonen el gobierno derrotados por este asfixiante estilo de gobernar.
13 Marzo 2019 03:20:00
El newspeak de la 4T
La selección de palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar lo que no existe y construir una realidad en el imaginario colectivo es un prodigio. No porque mentir lo sea, sino porque refuerza su narrativa de cómo la Cuarta Transformación avanza pese a las adversidades, desafía los molinos de viento que esparcen la corrupción y pretenden impedir la metamorfosis del régimen a través del newspeak, la neolengua que inventó George Orwell en su novela 1984 para el control de la masas. Su palabra no ha perdido poder, está aumentada, por lo que la explicación de su realidad se incuba, al menos por ahora, en la realidad de la mayoría.

Los mensajes relacionados con la evaluación de los primeros 100 días de su gobierno aportan pruebas. El lunes en Palacio Nacional, dijo: “La economía afortunadamente está en marcha, aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican de mala fe sus analistas”. La frase contiene dos ideas fuerza. “Conservadores”, que es como identifica a todos, en la derecha, la izquierda y el centro que sean críticos o discrepen de lo que plantea, que es parte del discurso ideológico que ha utilizado desde la campaña presidencial, recreando la lucha de los conservadores contra liberales en el siglo 19, y “recesión”, sobre lo cual ningún analista o institución ha hablado.

La recesión es diagnosticada una vez que se dieran tres periodos (trimestres) consecutivos con una crecimiento negativo. Lo que han señalado analistas e instituciones es una desaceleración económica en México que, por cierto, están experimentando prácticamente todos los países en el mundo. Esta desaceleración tiene preocupados a todos, e incluso en Estados Unidos hay voces que están anticipando el arribo de una recesión, con diferentes impactos: ligera, dicen unos, o fuerte, con el estallido de una crisis mundial similar o peor a la que se vivió en 2009.

La forma como lo plantea López Obrador es conspiracionista. Hay razones internas, producidas por su Administración, que ayudan a explicar la desaceleración que existe: la inexperiencia de su equipo, que provocó un subejercicio de 24% en el gasto programado durante los primeros 30 días de gobierno, y que no parece haber sido subsanado; acciones como la cancelación del nuevo aeropuerto y la suspensión de las rondas energéticas, que frenaron las inversiones y por tanto las posibilidades de crecimiento; la purga burocrática y la política de austeridad que tiraron el empleo y el consumo, que se vio afectado también por el desabasto de combustible, y por un factor externo, las condiciones climatológicas que afectaron las cosechas. Por su visión de que todo el pasado fue peor y el futuro será mejor, que es el motor para impulsar el cambio, él litiga permanentemente con todo aquello que no les es incondicional y lo enmarca en la lucha política. De ahí el remate desafiante a la frase sobre la recesión: “Se van a quedar con las ganas”.

En otro campo, el martes en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional respondió a una pregunta sobre la inseguridad y la violencia, y dijo que aún no la vencen, pero que la estaban conteniendo. “Contención” fue la palabra que utilizó para explicar que la violencia se ha detenido o frenado, agregando que los índices delictivos se mantienen similares a los que les dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto. La idea de que si bien aún no hay éxito en la búsqueda por la pacificación del país que prometió tampoco hay retroceso, queda sembrada en el 80% de los mexicanos que lo apoyan en prácticamente todo, pese a que esta afirmación no se sostiene.

Pero según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva se incrementó 9.03% en los 32 estados del país en enero, un mes después de asumir la Presidencia López Obrador. En cuanto a homicidios dolosos, se abrieron 11.5% más carpetas de investigación que un año antes, y el número de víctimas se elevó 10%. En la Ciudad de México, su bastión, donde controla absolutamente todo a través de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el homicidio doloso se elevó 80% en enero, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los secuestros, que venían a la baja, se dispararon. De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, de diciembre pasado a enero de este año, se elevaron 50%, y el número de víctimas se incrementó 51%. Estos datos no reflejan contención, sino desbordamiento.

El discurso de López Obrador esconde en la retórica la realidad, y fabrica la suya para consumo del alto número de mexicanos que lo escucha y sin mayor proceso analítico, le cree. Newspeakes como le llamó Orwell a la construcción de ese lenguaje que en su novela suprimía el libre pensamiento y el individualismo. El lenguaje de Orwell es un estudio de cómo coinciden la lingüística y la sicología, de acuerdo con los expertos. Teóricamente se podría argumentar el mismo efecto en el caso de López Obrador, aunque su enfoque es completamente político.

El presidente gana tiempo y hace un control de daños. La contención de la delincuencia es para abrir el espacio para que empiece a funcionar la Guardia Nacional, de la que está aparentemente convencido que será la solución al fenómeno, mientras que hablar de recesión le permite clamar victoria a finales de año cuando, ante el altamente probable crecimiento mediocre, afirme que lo que evitó fue el decrecimiento. Él no pierde. Hasta ahora, y mientras millones de mexicanos sigan atrapados en su newspeak.
12 Marzo 2019 03:56:00
Los gringos no son sus amigos
En la primera evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus primeros 100 días de Gobierno, hay que detenerse en un punto que ante el cúmulo de anuncios sobre lo que hizo, pasará desapercibido: la relación con el Gobierno de Estados Unidos. López Obrador dijo que está bien, que va bien, y que es cordial. Punto. No se metió en matices ni en problemas.

Esta relación, sin embargo, parece que va bien, pero no está bien; parece que es cordial, pero crecientemente es todo lo contrario. No está caminando sobre fuego, sino que, visto por altos funcionarios, políticos y estrategas en Washington, se metió al fuego al optar por aliarse con enemigos de Estados Unidos.

No está claro qué tanto entiende López Obrador que dos decisiones políticas lo confrontan con el presidente Donald Trump, con quien no quiere pelearse porque está consciente de que el único que puede descarrilar su proyecto es el jefe de la Casa Blanca. Por eso, instruyó a que nadie fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve la relación con Estados Unidos, marginando a la Secretaría de Gobernación en temas migratorios, o a la Secretaría de Economía, en asuntos comerciales. El canciller Marcelo Ebrard es quien se encarga de ello. La unificación de un mando, en el contexto del desordenado y desequilibrado gabinete de López Obrador, parece un acierto. Pero por otras razones, no lo es.

Ebrard carece de una relación de alto nivel en la Casa Blanca, y su ventanilla es la del secretario de Estado, Mike Pompeo. En términos de política real, la relación con México fue degradada con López Obrador. La relación con México e Israel, ordenó Trump al iniciar su administración, la llevaría personalmente su yerno y consejero, Jared Kushner, que es como se llevó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya no. Kushner no está interesado en tener una relación con Ebrard. El acceso a la Casa Blanca está cancelada para el canciller mexicano, quien sólo lo tiene, de manera ajustada a los tiempos de Pompeo, a Foggy Bottom, la sede de la cancillería estadunidense.

La falta de acceso a la Casa Blanca no le ha permitido a Ebrard la posibilidad siquiera de explicar algunas de las decisiones de López Obrador que tienen muy molesto a Washington. La principal, el respaldo al presidente Nicolás Maduro, que es interpretado de esa manera ante la incomprensión y falta de razonamientos convincentes de lo que significa para México, en este momento, la política de neutralidad y no intervención.

En Washington no creen el discurso del Gobierno mexicano, donde ven símbolos adicionales a los diplomáticos de no reconocer como interlocutor válido, siquiera, al proclamado presidente interino, Juan Guaidó, a quien han respaldado la mayoría de las democracias. Una de esas señales es la continua presencia en México –con visitas a colaboradores cercanos de López Obrador– de Juan Carlos Monedero, exasesor del presidente Hugo Chávez, y uno de los fundadores de Podemos, partido de izquierda radical en España, que durante varios años recibió financiamiento de Maduro.

El respaldo al régimen de Maduro por la vía de la autodeterminación de los pueblos, ha unido a republicanos y demócratas en Estados Unidos contra México. El 8 de febrero se dio la primera gran señal de que las relaciones bilaterales dejaron de ser lo que fueron. El senador republicano Marco Rubio afirmó a través de su cuenta de Twitter que las relaciones habían cambiado. “Esperaba que pudiéramos redefinir la relación entre México y Estados Unidos, para que la transformáramos en una asociación estratégica. Una alianza para afrontar nuestros desafíos comunes”, escribió.

“Pero el inexplicable apoyo del nuevo gobierno a Maduro pone todo eso en duda”. Dos semanas después, en una reunión del Grupo de Lima en Bogotá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le hizo un llamado directo a México a rectificar su posición –cada vez más aislada en el mundo.

La relación con Trump se ha modificado radicalmente por el caso Venezuela, que es de muy alto interés para Estados Unidos. Haberse entregado a Estados Unidos como tercer país, para mantener a los inmigrantes centroamericanos en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo en esa nación, no ha servido para nada. Este lunes que López Obrador hablaba de cordialidad en la relación con Trump, este pedía fondos para construir el muro en la frontera con México, un tema del cual el Presidente mexicano no ha querido hablar. Les dieron a Estados Unidos lo que buscaron por años, y no le redituó en nada a López Obrador.

No ha sido el único error importante. Dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay interés de invitar a una empresa paraestatal china al proyecto del tren bala México-Querétaro, que se canceló en el gobierno de Peña Nieto ante las presiones de Estados Unidos. Todavía más grave, sigue adelante con la instalación de un cable de fibra óptica submarina para telecomunicaciones, que conectará a Topolobampo con La Paz, con la participación de Huawei, el gigante chino vetado en Estados Unidos por razones de seguridad nacional, y por lo que está enfrentado con la Union Europea porque no quieren cancelarle contratos.

Venezuela y Huawei son temas geopolíticos que no entiende el presidente López Obrador, quien por la manera como actúa, debe pensar que hincarse ante Estados Unidos en el tema migratorio, que es el más sonoro de todos, es suficiente para tener una buena relación bilateral. Está equivocado. Su reduccionismo internacionalista lo lleva por la ruta indeseable, pelearse con Trump. El choque no va a venir pronto. Ya se dio.
11 Marzo 2019 03:55:00
Los siguientes 100 días
Todos los análisis críticos sobre Andrés Manuel López Obrador están chocando con una coraza que se fortalece diariamente. No ha habido acción ni decisión que haya afectado su consenso para gobernar. Frente a la narrativa de López Obrador no hay nada que se le anteponga con éxito o, siquiera, como elemento de equilibrio. Tiene sentido, aunque no lo parezca. Su consigna permanente contra la corrupción es un recordatorio de lo que se ha vivido, frente a lo cual no hay absolutamente nada que justifique lo galopante que fue y la impunidad de la que gozó. Su llamado a más dinero y más trabajo para los que menos tienen, en un país donde 63 millones de personas viven debajo de los niveles de pobreza, es compartido incluso por sus adversarios más claros. Sus reivindicaciones son concretas y han encontrado la tierra fértil que promete cosechas. Pero no lo es todo.

Existe frustración en varios sectores sobre lo refractario de López Obrador, pero surge de un análisis a partir de categorías equivocadas, que pretender entenderlo en el marco de un Jefe de Estado tradicional. El Presidente es todo lo contrario. Buscar explicaciones al comportamiento de López Obrador bajo esos referentes, siempre choca en incomprensiones y en críticas que, si uno empata su frecuencia y creciente beligerancia con sus muy altos índices de aprobación, puede encontrar las razones de muchos para su desilusión.

López Obrador nunca fue un político convencional, ni en su esencia ni en su actuar. Su liderazgo fue aquilatado por el PRI cuando lo hicieron presidente estatal en Tabasco en los 80, que le dieron prominencia nacional a mediados de los 90, cuando realizó marchas a la Ciudad de México. Político de tierra, jamás de aire como fue la tendencia en los últimos 20 años, se convirtió en la cabeza de la izquierda social. Su discurso era simple y consistente: primero los pobres, y contra la corrupción que los hace pobres. El enemigo principal del pueblo era la clase dominante –a la que llamó “la mafia del poder”– y la forma de enfrentarla tenía que ser desde abajo, con la movilización del pueblo.

Esta codificación no la entendieron en su momento el Gobierno de Vicente Fox, que al perseguirlo lo blindó, el PRD donde militaba, y el PAN y el PRI, que fueron incapaces de ver que el discurso teológico y binario que tenía, iba a ser imposible de vulnerar con el viejo discurso de la clase política. La clase gobernante lo soslayó cuando se construyó el Pacto por México mediante acuerdos cupulares, para producir reformas económicas profundas.

Antes que la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD se rompiera, se le preguntó a uno de los principales colaboradores de Peña Nieto si no pensaban que forzar los acuerdos de élites, sometiendo a las militancias partidistas, podría tener un impacto negativo en el largo plazo al estar desdibujando los liderazgos de la oposición y anulándolos. El colaborador volteó a ver al periodista con ojos de perdonavidas y respondió: “¿Está mal?”. El 1 de julio del año pasado tuvo su respuesta. Todos ellos construyeron el ascenso de López Obrador al poder.

Nunca entendieron a López Obrador y no lo entienden. Ven su actuar como el de un iluminado. Se equivocan en parte. López Obrador sí se siente un iluminado y ha llegado a decir en privado que la derrota en las elecciones de 2006, que fue muy dolorosa para él, fue una prueba que le impuso Dios para probarlo. Tras su protesta postelectoral, López Obrador se fue a Oaxaca a caminar las comunidades y recuperar energía. Después de varios meses regresó fortalecido para las nuevas batallas. Para él, la Presidencia es el vehículo para cumplir su misión, auténticamente, transformar a México. Palacio Nacional no es el fin, sino el medio.

La transformación no es sólo una reformista, como algunos la perciben por mantener lo que observan como una contradicción: políticas populistas y disciplina macroeconómica. Menosprecian, quizás porque les parecen disparatadas como muchas de las cosas que ha dicho López Obrador, que él prefiere que toda la nación camine hacia la pobreza, revirtiendo décadas de desarrollo, si es la única opción para acabar con la corrupción. Si alguien que tiene un infante y sabe lo que significa su cuidado a padres que trabajan, es intransigente en acabar las estancias infantiles, hay que escucharlo con atención.

La destrucción de todo no es sólo discurso político. La transferencia directa de recursos a los grupos sociales desfavorecidos, el control político-electoral a través de su Coordinación de Delegados, la cruzada contra las instituciones y el pasado mediante la acusación de son producto de la corrupción, a la que combate porque su Gobierno emana del pueblo y para el pueblo, plantea un cambio social que sólo puede ser realizado por las masas. Esta es la categoría de análisis que debe utilizarse con él.

Su Gobierno no se está construyendo a partir de la Presidencia convencional, sino mediante un gran frente de masas donde las minorías, a las que combate todas las mañanas, deben ser erradicadas para dar pie al nuevo régimen. Las cámaras, los fiscales, los sindicatos y los medios alternativos son la cabeza de playa. El frente de masas es una concepción de poder vieja –Lenin pidió “todo el poder a los soviets”– que se llega a interpretar como autoritarismo. Para quien defiende esta ideología, quien lidera este cambio es un “vanguardista”, que entiende lo que está en juego y para dónde va. Las masas no entienden de estas abstracciones, pero marchan detrás de su líder. López Obrador, hoy, es eso, indiscutiblemente.
08 Marzo 2019 03:21:00
Amlolandia
Dueño del sofisma y la metáfora, del lenguaje coloquial y el sentir popular, Andrés Manuel López Obrador llega a sus primeros 100 días como un presidente sin parangón en la historia mexicana, en apoyo y consenso para gobernar, y una prisa por instalar lo nuevo y demoler lo viejo, como ninguno de sus antecesores lo habían hecho. Pero su contexto también es diferente. Por decisión unilateral, su revolución pacífica, que es lo que está en marcha, carece de aliados, porque todos son adversarios y enemigos. La destrucción de lo establecido es tan profundo y amplio, que las resistencias son enormes, y debe conciliarlas con sus debilidades y necesidades. Su salud no es frágil, pero una cirugía a corazón abierto en diciembre de 2013 lo obliga a medicarse todos los días, por lo que siempre ronda su mente que no tendrá tiempo para colocar los cimientos de su Cuarta Transformación, si no se apura. Hoy tiene el respaldo para hacer lo que quiera, pero está consciente que la fuerza de hoy, mañana se evaporará.

López Obrador no ve la 4T como una figura retórica, sino como un concepto de país. Construir todo, sobre las ruinas de todo. No ha sido fácil el cambio de régimen propuesto, reconoce en privado, lo que evoca a Alexis de Tocqueville en La Democracia en América (1840), al describir la tensión dentro del naciente Estados Unidos, donde había una sociedad que quería nacer y otra que se negaba a morir. Recuerda también El Antiguo Régimen y la Revolución que escribió 16 años después sobre Francia y la crisis de la centralización del poder, con su magro crecimiento y la decadencia de la aristocracia, que levantaron al pueblo e impulsó una transformación revolucionaria.

Tocqueville no está en el lenguaje de López Obrador, pero está en su contexto y en la definición del poder. Las palabras las utiliza con cuidado, aunque parece desenfadado. A veces suenan con una beligerancia incendiaria, pero no lo son. Dice que el cambio será radical, pero no como un extremista, sino en la acepción del latín que significa raíz. No es un talibán ni un arquitecto del califato islámico, pero para que tenga éxito su proyecto transformista, necesita destruir. Él lo sabe, aunque no lo admita públicamente. Aquí se le llamó polpotismo de terciopelo por la forma como quiere arrancar todo lo pasado, el cáncer que amenaza con infectar su futuro. De ahí, de su incansable lucha, la frase coloquial “me canso ganso”, que habla de su obstinación sin márgenes de maniobra.

El cambio obligó la purga de la nomenclatura y la burocracia; el sacrificio de la clase media, para la que no hay presente ni futuro. No es nuevo. Desde el cierre de campaña en el estadio Azteca, definió un gobierno para ricos y pobres, pero no para los de en medio. Esa marcha desplaza y destruye al viejo régimen, que antes fue “fifí”, previamente “mafia del poder” y antaño “pirruris”. Su voz está cargada de municiones, con una claridad religiosa que penetra el alma mexicana, y una fuerza moral de quien nunca se rindió ante las adversidades. Su legitimidad ha crecido desde asumir la Presidencia, facilitándole el consenso para gobernar.

Los primeros 100 días de gobierno, que se cumplen el domingo, han sido un periodo de confrontación con un pasado que creó involuntariamente las condiciones para que finalmente conquistara la Presidencia. Dos veces antes lo intentó, pero no convenció a suficientes electores. La argumentación de que le cometieron fraude en las elecciones de 2006 nunca se pudo probar, ni la reacción popular fue tan masiva para desestabilizar a Felipe Calderón, que asumió la Presidencia y se consolidó en la silla. En 2018, la realidad del elector duro y del insatisfecho, del indignado y desposeído, alcanzó la que predicaba López Obrador. Aquella fruta de 35 años, estaba podrida.

La globalización y la desigualdad como externalidad, fue uno de los factores, como describió Dani Rodrik, profesor de la escuela de gobierno John F. Kennedy de Harvard, en un ensayo publicado en 2018. Pero no menos importantes fueron los cambios en las tecnologías, el surgimiento de los mercados donde el ganador se llevaba todo, la erosión en las protecciones del mercado laboral y el declive de las normas que restringían el pago de los diferenciales. Todo ello, en México y en el mundo, provocaron la rebelión en las calles y en las clases medias –qué paradoja en México, donde son las que no tienen cupo en el proyecto–, que echaron en las urnas al status quo que los había gobernado.

A todo ello se ha referido intuitiva o empíricamente López Obrador, capaz de traducir tecnicismos en eufemismos populares. Le da combustible para alimentar su campaña electoral permanente, pero no será para siempre o, si alguien lee con cuidado los indicadores económicos, no por mucho tiempo.

Sus primeros 100 días han sido una fiesta para él y un carnaval para la mayoría de sus apoyadores, pero requiere empezar a gobernar. Convertir promesas en realidades como regalos de dinero, cancelación de proyectos del viejo régimen, confrontación y amenazas a quienes piensan diferente a él, ayuda a la fundación de Amlolandia. Pero el proyecto de la Cuarta Transformación necesita más que el voluntarismo presidencial. Requiere responsabilidad y seriedad, orden y trabajo, creatividad y equilibrio. Gobierno, no propaganda. Ejercicio del poder, no abuso de poder. Cien días para sentarse y juguetear deben bastar. No debe perder el tiempo si, como dice, quiere ser el mejor presidente que haya tenido México. No hacer las cosas bien, que tenga presente, lo puede arrastrar a las antípodas de lo que desea.
07 Marzo 2019 03:48:00
Déjà vu en Santa Rosa
La rebelión de los criminales está en curso en Guanajuato. Esta semana, en respuesta a un operativo militar en Santa Rosa de Lima, movilizaron gente para bloquear carreteras y quemar vehículos en la zona de El Bajío, que se conoce como “el triángulo rojo del huachicol”, igual a como se denominan los siete municipios poblanos donde se da el mayor robo de combustible del país. El operativo militar debió haber comenzado hace una semana, pero los soldados no pudieron entrar a esa comunidad que ha sido el epicentro de una lucha entre dos lideres de bandas delincuenciales.

Las unidades militares entraron finalmente a una zona de guerra entre el llamado cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez, apodado “El Marro”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere arrebatarles el negocio del huachicol en la región. Decenas de muertes ha causado este enfrentamiento, que desestabiliza una zona que en los últimos años se había caracterizado por su creciente desarrollo en un corredor industrial detonado por inversiones extranjeras. El episodio es un déjà vu de lo que sucedía hace 15 años, cuando los criminales tenían control territorial en varias partes del país. Sin embargo, hoy se ha agravado.

En el Gobierno del presidente Vicente Fox los cárteles de Sinaloa, Milenio y el Golfo tenían control territorial enanzar casi 100 municipios. Pocos en el comparativo municipal en el país, pero demasiado. El control era absoluto. Tenían en sus nóminas o amenazados a los alcaldes, a sus secretarios de Financias y de Obras, el de Seguridad Pública y a los jefes de policía. Pagaban protección en los estados y a jefes militares, y daban igualas a periodistas –algunos corresponsales de importantes publicaciones en la Ciudad de México–. En esos años, ninguna fuerza federal entró durante mucho tiempo a los municipios en el norte de Tamaulipas, hasta que las presiones del Gobierno de Estados Unidos que querían al jefe del cártel, Osiel Cárdenas, obligaron a ir por él a sus guaridas.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya muy criticada guerra contra las drogas elevó las tasas de homicidios dolosos, se logró arrebatar a los cárteles el control territorial en el país, que tuvo un retroceso en el de Enrique Peña Nieto, cuando dejaron de combatir a los cárteles, en su primer año de gobierno. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede en los campos de guerra del narco, es lo que pasaba en la frontera tamaulipeca: ninguna fuerza federal entra hasta que es insostenible su pasividad o evidente su complicidad.

Actualmente se ha agravado el estado de cosas porque López Obrador ofreció primero una amnistía a los narcotraficantes, lo que les permitió operar con mayor libertad, y luego proclamó el final de la guerra contra el narcotráfico porque, aseguró, no sirvió para nada, salvo para incrementar la violencia. Lo que desató aún no alcanzamos a medir en su total consecuencia. Santa Rosa de Lima no es un síntoma de lo que está pasando, sino una realidad. Una de las externalidades que ha provocado el robo de combustible en El Bajío es la cascada delincuencial provocada.

Un ejemplo es la carretera México-Querétaro, que se ha vuelto un peligro a todas horas. Son varios los casos de privación de libertad y robo. Uno de ellos reciente sucedió a las cinco de la tarde, cuando por unas llantas la autopista, el vehículo donde viajaba una familia se detuvo. Cuando retiraba las llantas llegó un convoy con 17 personas armadas y los privaron de su libertad. Nunca dejaron de tener la pistola en la cabeza del hijo menor, y obligaron al padre a darles todas sus tarjetas de crédito y darles su dirección para que recogieran los tokens y le vaciaran las cuentas. Cuando lo hicieron, los amenazaron: si cancelaban las cuentas, matarían al chofer, a quien habían golpeado fuertemente. Si los denunciaba, sabían dónde vivían y los matarían a todos. 

No hay sorpresas. Enero fue el mes más violento en la historia, y la tendencia de homicidios dolosos sugieren que 2019 será más rojo que 2018, cuando se rompieron todos los récords. Esto no va a cambiar porque la estrategia del Gobierno lopezobradorista contempla sólo el combate a la delincuencia del fuero común. Ni los cárteles ni el narcotráfico serán enfrentados porque en el análisis del Gobierno el problema no son ellos, sino quienes roban, extorsionan, secuestran o cobran protección.

Es el mismo error que cometió Peña Nieto, quien soslayó que la delincuencia organizada tiene ramificaciones indivisibles con la delincuencia del fuero común. Si no los capos, sus subalternos y sus legiones de matones, mutan de delito o participan en los del fuero común y los del fuero federal. La estrategia de seguridad del Gobierno federal toca únicamente a los delitos del fuero común. Para esto, identificó 259 puntos en donde actuarán militares y policías como fuerza de reacción rápida. Es decir, una especie de sistema de emergencias 911.

La estrategia tendrá resultado positivos sólo en esas zonas en el corto plazo, pero será funesto para el resto del país y, en esas mismas regiones, en el mediano y largo plazo. Esto ya lo hemos visto. Esta estrategia elevará los índices delictivos cada mes, y llevará al Presidente a un fracaso en el tema de la seguridad. Cuando se dé cuenta del error, ya será demasiado tarde, como sucedió con Peña Nieto. López Obrador está a tiempo de corregirlo, pero necesita quién se lo explique correctamente, lo persuada de cambiar la estrategia y que la lleve a cabo. Le conviene finalmente, pero tiene que entenderlo.
06 Marzo 2019 03:33:00
Suicidio por una injusticia
René era un niño el 19 de junio de 2016, cuando la Policía Federal, según la recomendación de la CNDH dada a conocer al año siguiente, utilizó excesiva y letalmente la fuerza en Nochixtlán, y cometió graves violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados, como consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces responsable de ese cuerpo, Enrique Galindo, para disolver un bloqueo carretero en protesta por la Reforma Educativa.

Los policías federales entraron en Nochixtlán en domingo, día de plaza, y el repiqueteo de las campanas alertó de la incursión. El padre de René, como muchas otras personas que no participaban en la movilización de los maestros, vio amenazada su comunidad y salieron a defenderla. La policía arremetió sin discriminación, y dispararon sus armas de alto calibre. Una bala impactó en la pierna del padre de René, que fue rescatado por su hijo y sus dos hermanos. Los federales los embistieron y jalaron por las calles a René, para coronar estrellándole sus escudos en la pierna, rompiéndosela.

El padre de René era cabeza de familia y se ganaba la vida realizando varios oficios en Nochixtlán. Pero tras el disparo nunca volvió a quedar bien. El trabajo que requería de la fuerza de sus piernas y brazos, se vio mermado por sus incapacidades físicas y la familia entró en una crisis profunda. La economía familiar se descompuso, y la crisis económica se volvió profunda. René y sus hermanos sintieron esa presión y contra el deseo de sus padres llegaron a la Ciudad de México hace no mucho tiempo, para trabajar y enviar el dinero de regreso a Oaxaca.

De los tres, René, el mayor, era quien más golpes recibió de los federales. Le aplicaron el Protocolo de Estambul y en prácticamente todas las pruebas salió positivo. Lo habían torturado. Fue uno de los sobrevivientes de Nochixtlán que fue incorporado al Registro Nacional de Víctimas, pero nunca recibió, como sus hermanos, ningún apoyo de contención, que es un apoyo emocional al cual tenían derecho. En ese contexto se mudó con sus hermanos a la Ciudad de México y encontraron un cuarto en dónde vivir en la colonia Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El sábado pasado, al mediodía, encontraron a René, colgado en su cuarto. El hijo mayor de la familia agredida en Nochixtlán, se había suicidado. No dejó ninguna nota que explicara su muerte. El domingo fue trasladado a su tierra oaxaqueña, donde recibió sepelio. El suicidio de René no fue un caso aislado. Al menos tres intentos de suicidio se han registrado desde la masacre de Nochixtlán entre los sobrevivientes. No hay estudios aún sobre las razones por las que han llegado al extremo de quitarse la vida algunos de quienes fueron reprimidos hace ya casi tres años, pero ni ellos ni nadie de los agredidos por la Policía Federal, sin que la investigación de los hechos les hubiera hecho justicia legal, han visto resultados.

La investigación sobre lo que sucedió en Nochixtlán está detenida. “¿Qué sucedió el domingo 19 de junio donde murieron cuando menos 11 civiles y a policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con pies heridos por las bombas caseras que les explotaron?”, se preguntó en este espacio en octubre de 2017. “Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos, y lo que estaba informando el Gobierno federal en voz del entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tenía sentido. Decía que la Policía Federal había recuperado la vialidad en Nochixtlán ‘sin ningún tipo de incidente’, en una reconstrucción de hechos que insultaba la inteligencia de los mexicanos”.

En aquél entonces, Galindo refutó en privado que era falso lo escrito y que habían actuado correctamente. Quince meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la hipótesis, descalificando a Galindo y al gobierno federal. Pero no hubo mucho más. Las autoridades federales interrogaron a unos dos mil policías y a más de 600 funcionarios. De las más de 50 víctimas en Nochixtlán, sólo se entrevistó a 30.

El abuso y la impunidad han acompañado lo que sucedió aquél domingo. Un policía que mató a un joven de 18 años fue detenido y menos de 48 horas después fue liberado, sin que haya una sola orden de aprehensión por ese crimen. Un anciano en Huitzo, a unos 40 kilómetros de Nochixtlán, que no tuvo nada que ver con los bloqueos ni estuvo en la refriega, fue detenido por policías federales que, además, le deshicieron los testículos a patadas. Tampoco se castigó a los responsables de este abuso.

La documentación que hay sobre lo que sucedió en Nochixtlán es abundante. Hay informes del Cisen que muestran el nivel de infiltración del movimiento magisterial y de las mesas de tomas de decisiones, que habrían permitido, con un trabajo de inteligencia, evitar la masacre que cometieron los federales. Existen los oficios en los hospitales que narran cómo los federales pidieron que no se atendiera ni a civiles ni a maestros en las clínicas. Existen videos donde se muestra el uso y abuso de fuerza policial que fueron incoporados a la denuncia de las víctimas de Nochixtlán, que no ha tenido seguimiento. Las peticiones para que fueran ingterrogados Galindo y el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, jamás fueron atendidas.

Nochixtlán es un caso de represión que dejó abierto el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por tanto, es una oportunidd para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer justicia para aquellos que ha prometido defender.
05 Marzo 2019 03:50:00
El dilema de Iris
Iris nació en 1998 y ha crecido y envejecido enormemente en todos estos años. Pese a ser muy importante en la vida cotidiana de todos los mexicanos, casi nadie sabe de lo que se trata. Es la Red Nacional de Radiocomunicación de Misión Crítica (RNR), cuyo estrambótico nombre esconde su relevancia, que es la comunicación de las fuerzas de seguridad pública en el país. Hace 10 días, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió un acuerdo donde junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana van a implementar la estrategia “que garantice en el corto, mediano y largo plazo la operación y vigencia” de esa red. Para ello, estableció como criterio dos puntos clave que han generado una polémica sorda y lejos del escrutinio público:

1) La libre competencia en la provisión de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y transferencia de conocimiento.

2) Actualización completa al Protocolo IP.

3) Integración confiable entre las redes de seguridad Tetra, Tetrapol y P25, así como del sistema satelital MEXSAT MORELOS III y las redes de banda ancha vigentes en el territorio nacional a través de interoperabilidad de al menos voz y señalización, en los tres órdenes de Gobierno.

En castellano, esto quiere decir que es urgente la modernización de la RNR y trasladarla a la plataforma digital para que sea compatible con la llamada Red Compartida, el proyecto de telecomunicaciones, en palabras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “más grande en la historia de México”, y que es el primero a gran escala en el mundo a través de dispositivos móviles. El acuerdo plantea que sin importar el proveedor de los dispositivos, tienen que ser interoperables y, sobre todo, pueden entrar como proveedores todas las empresas que obtengan las licitaciones. O sea, libre mercado absoluto para las telecomunicaciones de seguridad pública, continuidad de lo que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Desde su creación, la RNR brinda servicios de banda angosta a 200 mil policías y elementos de Protección Civil, con 110 mil dispositivos móviles y una cobertura en el 50% del país, de acuerdo con los datos que surgieron del primer encuentro entre el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y la Conago, en diciembre pasado, donde se habló de la urgente necesidad de actualización de esa Red. No era un tema nuevo. Desde agosto de 2017 se planteó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y se pidió un diagnóstico al Instituto Politécnico Nacional, que lo entregó en noviembre del año pasado. El acuerdo tomado hace unos días, soslayó las conclusiones del amplio diagnóstico del Politécnico y de acuerdo con los expertos, presenta recomendaciones opuestas a sus conclusiones. Por ejemplo:

1) Que se actualizara la red de Tetrapol, que la aporta la empresa europea Airbus, a la tecnología IP, por ser la opción técnica y económicamente más rentable. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Airbus, la actualización de la red costaría 3 mil 200 millones de pesos, mientras que crear una nueva red, como la que pide el acuerdo, elevaría el costo a 15 mil millones de pesos.

2) El Politécnico recomendó la integración gradual de redes alternas de tecnología diferente desarrollando la interoperabilidad, preservando la seguridad de las comunicaciones, que es un planteamiento estratégico que los expertos no vieron reflejado en el acuerdo.

3) Se abre el camino a la fragmentación de la RNR al permitirle a cada entidad a optar por diferentes tecnologías, que experimentó sus problemas en el pasado, cuando las policías estatales tenían equipos Matra o Motorola que no eran compatibles entre sí. Con la creación de la Guardia Nacional y la prominencia del Ejército en el equipamiento y capacitación, no está claro cómo se van a conciliar las plataformas, al utilizar la Secretaría de la Defensa Nacional un sistema Harris.

Pese al primer gran avance en materia de telecomunicaciones con la Red Compartida, México se ha ido quedando rezagado. El director corporativo de Innovación de Airbus, Antonio Fernández, expuso en mayo del año pasado en el marco de Expo Seguridad, que hasta esa fecha solo seis de las 32 entidades habían logrado el 100% de actualización de sus plataformas al protocolo IP, con 15 utilizando una tecnología mixta y 11 operando en banda angosta.

Otro de los competidores, Vicente Roqueñí, director de Desarrollo de Negocios y Ventas de Motorola, declaró a la prensa el año pasado, que la tecnología Tetrapol se había quedado obsoleta, por lo que algunos estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, así como las secretarías de la Defensa y la Marina, estaban utilizando la llamada P25, que fabricaban ellos, al igual que Harris y las empresas chinas Huawei y Tat, que han enfrentado embates de Estados Unidos por cuestionamientos sobre seguridad nacional, aunque han tenido el apoyo de la Unión Europea.

El dilema de Iris se cruza por la lucha entre corporaciones multinacionales por participar en la RNR y por las necesidades para integrar una red de comunicación policial a nivel nacional.
04 Marzo 2019 03:11:00
La cena en El Paraguas
En el barrio de Salamanca en Madrid se encuentra el restaurante de moda El Paraguas, de excelente comida asturiana. Hace dos martes llegó un comensal mexicano que nadie conocía, aunque una de las personas en su mesa, Baltazar Garzón, un rock star de la justicia global, no pasaba desapercibido. El encuentro fue sugerente, en estos tiempos donde su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, habla un día sí y el otro también de lo corrupto que fue el gobierno que lo precedió y del “tiradero” que le dejaron.

¿De qué hablaron? De acuerdo con uno de los presentes, fue un encuentro casual. Garzón participaba en el Congreso Mundial Jurídico y esa noche cenaba con varios de los asistentes. Otro asistente en el Congreso fue Juan Collado, que estaba con Peña Nieto. Nada trascendental salió de esa plática, dijo uno de los presentes. El expresidente había estado en Madrid de paseo con una modelo hace poco más de tres semanas. Unos siete días después regresó y lo único que se conoce de esa nueva visita fue el encuentro con Garzón.

Garzón llevó en la Audiencia Nacional española varios casos controversiales de violación a los derechos humanos durante la dictadura franquista. Su fama, sin embargo, detonó cuando logró una orden de arresto contra el general chileno Augusto Pinochet por la muerte de súbditos españoles y crímenes de lesa humanidad durante su dictadura. Este tipo de delitos es lo que abogados en México y Estados Unidos buscan imputarle a Peña Nieto y llevarlo a juicio por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Desde que era presidente Peña Nieto, un grupo de abogados trabajó la eventual defensa cuando acabara el sexenio. Una de las conclusiones a las que llegaron era que no habría forma que una acusación por la desaparición de los normalistas lo alcanzara legalmente, y concluyeron que la línea de responsabilidad llegaría máximo a Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en ese momento.

La idea de que pudiera juzgarse a Peña Nieto por delitos de lesa humanidad está en la mente de los abogados, aunque López Obrador, pese a acusar diariamente de corrupto a su gobierno, se ha comprometido con no perseguirlo. Eso no significa que metería las manos por él en otros casos, como el de Ayotzinapa, por el que varios miembros de su equipo sí quieren juzgarlo. Esto no es algo que haya estado ausente de la discusión pública en México. En agosto de 2016, se publicó en este espacio “¿Terminará Peña en La Haya?”, donde se apuntó:

“Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al Poder Judicial en ese país, declaró en una entrevista con la agencia rusa Novosti que al concebirla, ‘siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay estado de derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras’. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceptó la propuesta para que una comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en México es un tema del que no habla el Gobierno.

“En el mundo, no sólo es una conversación recurrente, sino hay acciones encaminadas a llevar a Peña Nieto, antes o después de que termine su administración, a una corte internacional para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos. El consenso se está construyendo con organismos internacionales y varias cancillerías.

“Quien frasea con precisión lo que se piensa del gobierno de Peña Nieto en el mundo es José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, quien a propósito del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Tanhuato, declaró: ‘Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del Gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose’”.

Varios de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto le han insistido que se vaya del país, pero él ha respondido reiteradamente que no lo hará, y que se quedará a vivir en Ixtapan de la Sal, donde tiene su vieja casa de fin de semana en el campo de golf. Peña Nieto tiene plena confianza de que López Obrador no va a proceder en su contra, que es lo que también piensan algunas de las personas que estuvieron cerca de él en el final del sexenio. 

López Obrador ha dicho que no lo hará, pero las expectativas creadas por él en el combate a la corrupción le van a ir cerrando espacios de maniobra y le hará más costoso no proceder contra representantes del gobierno anterior. Peña Nieto, jurídicamente hablando, no es una pieza fácil para llevar a juicio, pero como manjar sobre una mesa que puede llegar a necesitar distractores, el expresidente es un platillo delicioso.
01 Marzo 2019 04:18:00
La caída del helicóptero
El Gobierno ya estableció, de manera preliminar, lo que aún no resuelven los peritos internacionales. El helicóptero en el cual perdieron la vida el 24 de diciembre pasado la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, su esposo, el senador Moreno Valle, un asistente y los dos pilotos, no fue consecuencia de un atentado o un incidente exterior a la nave, ni por condiciones climatológicas adversas, o por un error humano. Su caída fue por una falla en el helicóptero. O al menos, esto es lo que deja de manifiesto el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, al dar a conocer este jueves la grabación entre el piloto Roberto Coppe, y la torre de control del aeropuerto Hermanos Serdán. Su explicación, sin embargo, genera más dudas que certidumbres, que se añaden a las suspicacias de haber intentado reservar por el resto del sexenio el contenido de las grabaciones.

Vayamos por partes:

1.- La grabación comienza a las 14 horas con 34 minutos y 17 segundos, y el último contacto es a las 14 horas con 35 minutos y 40 segundos. “Treinta veintisiete sin tráfico”, reportó Coppe. “Te llamamos cruzando la estación el Bravo Oscar Noviembre”. Estas palabras pertenecen al alfabeto fonético de la Organización de Aviación Civil Internacional, la HYPERLINK “https://www.icao.int/about-icao/pages/es/default_es.aspx”OACI, que corresponden a la matrícula XABON del helicóptero siniestrado. La clave XA identifica a las aeronaves que se utilizan con fines comerciales. La XB corresponde a aeronaves particulares sin fines de lucro, y las XC a gobiernos.

Coppe reportó a las 14 horas con 35 minutos y 20 segundos, que estaba a seis millas del aeropuerto (10.8 kilómetros). Había salido de la casa del empresario José Chedraui, que no tiene permiso para operaciones de ese tipo, pero que por su ubicación es utilizado de manera regular por políticos.

El piloto, que se formó en Mexicana de Aviación y de ahí saltó a manejar helicópteros, tenía mucha experiencia y era cercano a Moreno Valle. Tenía todos sus permisos en regla, como también estaba el helicóptero, de manufactura italiana, que recién había estado en mantenimiento.

2.- El total de tiempo en el que mantuvo la comunicación Coppe con la torre de control fue de un minuto y 23 segundos. Los expertos señalan que no hay nada inusual porque los helicópteros mantienen poca comunicación con los controladores aéreos. Durante ese tiempo, la grabación no muestra ningunas alteraciones del piloto con el helicóptero, un AgustaWestland AW109SP que utilizaba el senador Moreno Valle, quien ese día viajaba con su esposa a la Ciudad de México para comer con sus padres en su casa de las Lomas de Chapultepec. Tenían programado regresar para la cena navideña con la madre de la gobernadora Alonso.

El helicóptero es una de las naves más reconocidas en el mundo. “Los operadores, los pilotos y los mecánicos generalmente dicen que les gusta la velocidad, el poder y el comportamiento de los varios modelos A109”, escribieron en 2008 los críticos de la publicación estadunidense especializada HYPERLINK “https://www.rotorandwing.com/2008/05/01/operators-report-fast-beautiful-flier/”Rotor&Wing International. “Elogian la calidad en el manejo de la nave y sus controles, así como la confiabilidad de sus motores y el apoyo de sus fabricantes”. El helicóptero es usado por una treintena de gobiernos y particulares en más de una decena de países.

El mismo tipo de helicóptero siniestrado en Puebla tuvo dos accidentes mortales previos, en 2012, donde murió Juan Armando Hinojosa García, íntimo amigo del expresidente Enrique Peña Nieto, quien realizó un viaje de Metepec a la Ciudad de México en una noche de malas condiciones climatológicas, donde lo urgieron a no utilizarlo, y en 2016, donde tres militares murieron en una nave de la Fuerza Aérea Mexicana, por razones que no se revelaron.

Morán dijo ayer que no habían hablado nada sobre el siniestro porque “no había nueva información”. Al contrario. Dio mucha información nueva y generó más dudas. Como botones de muestra:

Pese a saber que el helicóptero no había despegado del aeropuerto Hermanos Serdán, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, escondió el sitio original de despegue.
Morán no mencionó nada sobre las condiciones climatológicas, que de acuerdo con la Asociación de Pilotos, eran

“óptimas”.

Morán dijo que la investigación de este tipo de siniestros, “dependiendo del tipo de accidente, puede tardar entre seis y hasta más tardar dos años”. El dictamen de los peritos canadienses y estadunidenses no está concluido, y sin embargo, el subsecretario adelantó resultados sin aclarar en qué sustentaba sus afirmaciones.

La investigación en tierra de las autoridades federales, que comenzó con horas de retraso por la tardanza en comenzar a cerrar la zona y recoger evidencia –una pieza, reveló Morán, nunca fue encontrada–, incluye declaraciones ministeriales de testigos en la zona del accidente, donde hay una coincidencia en muchos de ellos que señalan que el helicóptero cayó en llamas.

Entre la última comunicación entre el piloto y la torre de control, y la primera llamada de los controladores aéreos que ya no obtienen respuesta de Coppe, pasaron cuatro minutos con 29 segundos, que no se sabe qué sucedió, pero que Morán adelantó que fue accidente.

El 24 de enero su jefe, el secretario Javier Jiménez Espriú, dijo que la caída del helicóptero había sido “inusual”, al haber chocado en tierra en posición invertida y en un ángulo de 60º. Dijo en ese entonces que todas las posibilidades estaban planteadas, pero no enumerarían las hipótesis para evitar especulación. Morán dio ayer la versión oficial de la SCT. ¿Por qué lo hizo? No se sabe, pero sembró más dudas y sospechas sobre lo que sucedió aquél mediodía de Navidad.
28 Febrero 2019 03:58:00
México, país de ilegales
Hace casi 25 años, Larry Summers, un connotado profesor y alto funcionario en el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, decía que el principal problema que tenía México para un desarrollo pleno era su debilidad del estado de derecho. Sin respeto por la ley, argumentaba quien fue secretario del Tesoro, las inversiones no iban a llegar a este país pese al potencial que tenía. Las inversiones son el motor del crecimiento de una nación y todos los regímenes, neoliberales o nacionalistas, keynesianos o abocados al libre mercado, capitalistas, socialistas o comunistas, las cuidan. Si el entorno sociopolítico es desfavorable, el dinero nunca llega.

López Obrador recibió un país con grandes deficiencias en cuanto al respeto de las leyes. Pero las políticas de Gobierno que ha planteado frenaron las inversiones ante la incertidumbre de cómo impactará la economía, y la descomposición social, sindical y la creciente protesta de grupos de interés, van a generar en el corto plazo frenos adicionales que limiten las posibilidades del desarrollo prometido. López Obrador se encuentra atrapado en la contradicción de ser Jefe de Estado y comportarse aún como si estuviera en campaña por la Presidencia.

Desde hace unos 20 años, como reacción a la crítica internacional que sintetizaba Summers, México ha construido una arquitectura institucional llena de normativas y leyes, pero con un Talón de Aquiles del tamaño del sol: su incumplimiento. El gran diseño legal carece de contenido, y como es nuestra cultura, todo ha sido sibilino. No estamos bien y la tendencia medible, cuando menos hasta el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, era que íbamos para atrás. La última prueba de ello está en el informe anual del World Justice Proyect, una organización independiente en Washington que trabaja para fortalecer el estado de derecho en el mundo, que hoy se da a conocer.

Por segundo año consecutivo, México está en la parte baja de respeto a la ley. El índice de 126 países que se divulga hoy lo coloca en el lugar 99, que es una caída de dos posiciones con respecto a la tabla del año pasado, que se amplió con la inclusión de 13 nuevos países en el ranking. Es decir, si se hubiera mantenido el mismo número de naciones estudiadas, México estaría peor de lo que se muestra hoy. No estamos solos en este deterioro, que está asociado con el repunte del autoritarismo en el mundo. Según el índice del WJP, de los ocho factores que se miden, el de “Límites al Poder Gubernamental” fue el de mayor caída, donde más del 50% de las naciones experimentaron retrocesos.

De acuerdo con la tabla de puntajes, las áreas de mayor preocupación en México son corrupción, seguridad y justicia penal, donde se encuentra casi en el sótano del ranking. En los dos primeros factores se ubica en el lugar 117 de 126 países, y en el tercero, ocupa el 115. Sólo en el factor de gobierno abierto México está evaluado moderadamente bien en las tres categorías, global, regional y por nivel de ingreso. A nivel regional, ocupa el lugar 29 de 30 en corrupción, y el último sitio cuando se mide por nivel de ingreso. Es decir, para la escala de su economía, es el país más corrupto de todos. En el factor de orden y seguridad, México es el penúltimo lugar en el ranking regional y el último por nivel de ingreso, que es algo vergonzoso.

Los datos corresponden al gobierno de Peña Nieto, y sólo hasta la siguiente medición anual, se revisará al de López Obrador. Hasta este momento, las evaluaciones sobre México lo han colocado de manera regular en el fondo de los rankings en los temas de corrupción, efectividad del sistema judicial, derechos humanos y debido proceso. Las calificaciones del nuevo gobierno en estos campos son variopinto. López Obrador ha sido muy enfático en trabajar por los derechos humanos y los responsables de ello han estado muy comprometidos con ese tema desde hace varios años, por lo que se podría esperar una mejora en los próximos índices.

En los otros temas, López Obrador y su gobierno dejan mucho que desear. El debido proceso ha sido escandalosamente violado en los últimos días, cuando al hablar de conflictos de interés han establecido casi en forma mecánica actos de corrupción sin establecer líneas causales, y aún si encontraran violaciones a la ley en las investigaciones en curso, señalaron por nombre y apellido a presuntos responsables de los presuntos ilícitos, con lo cual violaron el eventual derecho a un juicio justo.

La corrupción es el tema de batalla de López Obrador, pero no ha avanzado más allá de la retórica. Inclusive ha declarado que él no actuará en contra de funcionarios de Peña Nieto porque no quiere invertir tiempo, que considera como una pérdida, en aspectos que no tienen que ver con su proyecto de nación. La declaración es política, pero legalmente es una aberración.

López Obrador tendría que ser más cuidadoso cuando se encuentre en el campo de lo jurídico, y cuidar la percepción de que es permisivo con violadores de la ley, alegando que no va a criminalizar la protesta social. Esa retórica puede darle réditos en México, pero no pasa las pruebas de ácido en el mundo. Hablar de corrupción sin combatirla a fondo, tampoco. Sustentar todo en lo moral y los principios es éticamente fundamental, pero insuficiente para fortalecer el estado de derecho. Aunque es Presidente con amplio mandato y respaldo popular, no tiene carta blanca para burlar las leyes. Esto no debe olvidarlo: es la línea con la que lo clasificarán como un autócrata o un demócrata.
27 Febrero 2019 03:57:00
Pago por ver
El lunes, las portadas de los periódicos hacían la crónica del calvario económico: “Pemex limita consumo de gas en centro del país” (El Financiero), “Producción de Pemex a su menor nivel en 30 años” (El Economista); “Banca de desarrollo se encuentra paralizada” (El Universal). El martes continuaron: “Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019” (El Financiero); “Mexicanos sacaron mas de 5.27 mil millones de dólares del país en 2018” (El Universal). Es la instantánea de un presagio que tuvo, por cierto, un preámbulo en la edición de ayer de The Wall Street Journal: “El presidente Andrés Manuel López Obrador está atacando a los órganos reguladores independientes, estableciendo un curso de colisión con las instituciones que han servido como un contrapeso del Ejecutivo durante las décadas que el país se volvió una democracia plena”.

El escenario económico está mal y pinta para peor. Pero además, se está contaminado con la política. Las respuestas del Presidente son siempre las mismas. Si todo se ve mal es porque todo lo dejaron mal. El crecimiento es malo porque la economía es un desastre. Las dependencias se vaciaron de funcionarios porque comenzó la limpia contra la corrupción. Descalifica a las calificadoras y los contrapesos son corruptos. El modelo neoliberal fue impuesto para robar y saquear el país. López Obrador es dueño de la narrativa del polpotismo de terciopelo.

Quienes se oponen a su proyecto es porque no entienden el cambio. El cambio irá por encima de todo, y si esto significa que empobrecerá al país, textualmente ha dicho que será mejor que México sea una nación llena de pobres. Parece un contrasentido querer mejorar el nivel de vida de los pobres y luchar por una sociedad igualitaria, al mismo tiempo de estar dispuesto a sacrificarlos y crear más pobres a cambio de llevar hasta el final su proyecto de nación. Pero es retórico.

López Obrador está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y que le dará la vuelta a la economía y al destino del país. Es tan grande la confianza que tiene en él mismo, que cuando el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su expectativa de crecimiento, dijo que estaba mal y no sólo crecería este año al 2%, sino hasta más. Los expertos, dice, están equivocados porque no entienden la magnitud de su cuarta transformación.

Los números lo contradicen por ahora: la desaceleración de la economía en el cuarto trimestre del año pasado tuvo como antecedente la petición al presidente Enrique Peña Nieto que ya no gastara en nada y cancelara las compras, como las de gasolina y medicinas. La contracción se explica también en algunas acciones, como la consulta contra el nuevo aeropuerto en Texcoco, donde un millón de personas encabezadas por él, cancelaron la posibilidad de que la economía tuviera un impacto de 6% al PIB, el doble de lo que aporta Pemex. Ese tipo de decisión, particularmente esa, congeló las inversiones.

Enrique Quintana publicó en El Financiero que la inversión extranjera directa se contrajo 12% con respecto a 2017. Y cuando se revisen los números a finales de año, ese porcentaje probablemente sea mayor. Inversionistas mexicanos y extranjeros suspendieron todas sus inversiones nuevas hasta ver qué sucede con la política económica de López Obrador y cómo resuelven las agencias la calificación de la deuda de Pemex y la soberana de México. La crisis económica no se ha visto porque todavía hay incertidumbre sobre el futuro inmediato de México y no se han ido las inversiones. Existen aproximadamente 200 mil millones de dólares en México que en estos momentos, al no existir un diagnóstico objetivo de que López Obrador lleva al país al desastre, están esperando lo que suceda en los próximos meses. Si bajan la calificación de Pemex, esos 200 mil millones se irán, todos juntos, todos rápido, lo que provocará un colapso.

¿Es un destino manifiesto? De ninguna manera. Es un escenario en el cual, aunque muchos especialistas piensan que será el que se materialice, hay inversionistas que están esperando y pagando por ver. Pero el Presidente debe tener cuidado con lo que hace y lo que hagan en Morena. Por ejemplo, la iniciativa en el Congreso –aparentemente congelada– para limitar la inversión extranjera al 49% y otorgarle a la Secretaría de Economía el derecho a vetar a los inversionistas bajo una categoría de buenos y malos, es un despropósito. Cancelar las subastas energéticas es otro y provocará un desabasto de energía eléctrica si no hacen los ajustes durante la primavera. Invertir en proyectos económicamente inviables, como el aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya, tendrán un costo que obligará a posponer o nunca hacer otros proyectos de infraestructura necesarios en el resto del país.

El presidente López Obrador tendrá suficiente capital político para seguir atribuyendo todos los males al viejo régimen y acusar indistintamente de corrupción. Puede abrir juicios políticos contra expresidentes –que serán un circo espectacular– y ajustar cuentas con sus enemigos históricos, los empresarios. Podrá culpar a los medios y satanizarlos, o modificar cuantas leyes quiera para que todo el país se alinee verticalmente a sus deseos. Pero todo ello no modificará la realidad económica.

Si no hace las cosas bien, el impacto negativo arrollará a su gobierno. Podrá tener respaldo político pero generará inestabilidad que, quizás, detone repudio. Lo puede evitar por supuesto, si el manejo económico es inteligente y responsable. Si así lo hace, podrá cumplir su sueño, ser el mejor presidente que ha tenido México. Si no es así, irá directo al infierno político de la nación.
26 Febrero 2019 04:02:00
Peligros para el Presidente
El próximo sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Hermosillo, Sonora. Como ha sido hasta ahora, viajará con un equipo de seguridad no mayor de 20 personas y se apoyará en las policías locales, más los grupos de voluntarios que se sumarán a la protección del Presidente. Igualmente, carecerá de información de inteligencia –que es parte de las tareas no vistas del desaparecido Estado Mayor Presidencial–, donde se establecían los riesgos que podría enfrentar el jefe del Ejecutivo para tomar la decisión final si iba o no al lugar previsto.

López Obrador no toma en cuenta esas consideraciones, y las únicas ocasiones en las que ha optado por no ir a una ciudad o comunidad, es porque espera reclamos políticos que no quiere enfrentar. El Presidente dice que “el que nada debe nada teme”, y que “quien no hace daño, no es atacado”. Pero lo que sucede en Sonora debería de preocuparlo sobremanera.

De acuerdo con los últimos datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), enero de este año fue el más violento en la historia de México, con un incremento significativo en las cifras de homicidio doloso. Sonora fue el tercer estado que registró el mayor aumento, con 58.3% de homicidios dolosos más que en el mismo periodo en enero de 2018, superado sólo por Quintana Roo y Jalisco.

La violencia en Sonora ha ido en aumento progresivo desde hace más de un año, derivado del choque entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y el del Pacífico, que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada, que durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Brooklyn, quedó claro que es el jefe máximo del narcotráfico, a través del brazo armado de los hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, “Los Salazar”.

Una fractura aparente en “Los Salazar”, propició que un viejo enemigo de “El Chapo” Guzmán en Sonora, inyectara más violencia a la confrontación entre los cárteles. Se trata de Fausto Isidro Meza Flores, apodado “El Chapo Isidro”, que fue aliado del Pacífico pero rompió para vincularse con los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, que desde que se escindieron del cártel del Pacífico, hace casi una década, se asociaron con Los Zetas.

La descomposición en las organizaciones criminales es el contexto de la violencia en esa región que va a visitar López Obrador, y que tiene como preámbulo la aparición de mantas en la vía pública de la capital sonorense, con el mismo mensaje: “COMIENZA LA LIMPIEZA EN EL PAÍS/ VENIMOS CON TODO EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL/ REGRESA LA VIEJA ESCUELA/ BIENVENIDOS AL DIALOGO TODOS LOS CARTELEROS/ O SE ALINEAN O LOS ALINEAMOS. ATTE MAYO ZAMBADA”.

Las mantas fueron secundadas por una hoja volante que se comenzó a distribuir en las casas de Hermosillo el viernes pasado, que decía, entre otras cosas, lo siguiente: “LLEGÓ LA HORA DE LA LIMPIEZA SOCIAL. Llegó el momento de iniciar una nueva limpieza para todos los malparidos, tiradores de droga, focoqueros, mariguaneros y demás consumidores de otras drogas, ladrones callejeros, patinadores de carros, motos, prostitutas, violadores y fanfarrones. LOS TENEMOS EN LA MIRA. Todos aquellos que nos encontremos después de las 10:00 de la noche, no respondemos si caen inocentes. Compartan más tiempo con su familia jóvenes. No los queremos ver en la calle robando, drogándose, con el mofle modificado o fanfarroneando. A TODOS LOS CIUDADANOS HAGAN ALGO PRODUCTIVO. JUICIO Y MUERTE LLEGARÁ A LA HORA DE NUESTRA CACERÍA INICIAL”.

El presidente quedará atrapado en ese ciclo de violencia expresado en los mensajes. Altos funcionarios de su Gabinete de Seguridad desestimaron estos mensajes, pero no parece haber un análisis detrás de su contenido para saber, por ejemplo, qué organización o qué miembros de qué cártel los están colocando, que le permitan determinar el grado de riesgo que implica, o descartarlo como tal. La respuesta de los funcionarios es empírica, sin datos de inteligencia que justifiquen soslayarlo. Nada puede tomarse de manera automática, pero tampoco, puede descartarse mecánicamente en la tierra de los cárteles.

Los mensajes entre delincuentes siempre arrojan información. En este caso, en vísperas del viaje de López Obrador, lo que se debería estar procesando en la Ciudad de México es con qué finalidad se están afirmando algunas cosas, como la manta donde se habla del “apoyo del Gobierno federal” porque “regresa la vieja escuela”, que sugiere el retorno al status quo que se vivió con algunos políticos priistas, donde había acuerdos tácitos con los cárteles de dejarles hacer sus negocios a cambio de la pacificación nacional y dinero para sus bolsillos.

Esas mantas aparecieron después de que el Presidente proclamara desde Palacio Nacional el final de la guerra contra los cárteles y antes de que ofreciera a familiares de “El Chapo” gestionar visas “humanitarias” ante el Gobierno de Estados Unidos para ver su pariente, e instruir a la Cancillería para que estudiara repatriarlo. La sinapsis que está apareciendo entre las acciones del Presidente y el cártel del Pacífico no son positivas para la imagen de López Obrador, como tampoco ser laxo y descuidado con lo que está sucediendo en Sonora. Cuidado con las cosas que no son.

El contexto de violencia y los mensajes de cercanía con Zambada y Guzmán, no lo ayudan en sus esfuerzos por garantizar seguridad. Quizás él no lo vea, pero hay gobiernos, expertos y narcotraficantes que sí observan lo que hace y deja de hacer.
25 Febrero 2019 03:38:00
Una negociación a morir
La forma como se procesó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional en el Senado dibujó la dinámica de un Estado. El Presidente manda una reforma controversial, que enmiendan en el Congreso, por lo que pide que se corrija en el Senado para mantener su propuesta de militarizar la seguridad pública, y que después de que exige que o le dan atribuciones a los militares para dirigir las tareas policiacas o denunciará las razones ocultas de los legisladores. Los senadores rechazan sus amagos y aprueban una ley contraria a sus deseos. Pero el presidente no denuncia nada, sino que felicita al Senado por el gran trabajo que hicieron. Todos se congratulan. Todos satisfechos. Todos cedieron algo para ganar mucho. Así funciona una democracia. Pero fue engañoso.

Las negociaciones de 20 días con los senadores fueron políticamente violentas, con enfrentamientos en la Junta de Coordinación Política, donde su presidente, el morenista Ricardo Monreal, quiso forzar a la oposición para satisfacer el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador: Guardia Nacional con mando militar, sujeta al fuero militar, y atemporal en su tarea en seguridad pública. Desde un principio, la oposición dijo que no, y hubo momentos de confrontación total, como cuando los gobernadores del PAN boicotearon una reunión con el gabinete de seguridad el 15 de febrero, para evitar que presiones.

Ese desaire fue una señal clara del clima que se vivía. Los gobernadores del PRI fueron más sumisos al Gobierno, y presionaron a sus senadores para que aprobaran la ley en los términos como planteaba Monreal, pero no tuvieron eco. Las conversaciones en el Senado, mientras tanto, se volvían más intensas. Hubo un momento, dijeron participantes en la mesa de las negociaciones, que el conflicto llegó al punto de explosión, cuando Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, gritó que él se dejaba las pláticas en la sesión del 18 de febrero. Monreal lo acusó de ser él quien estaba promoviendo la oposición a la reforma y que había manipulado al resto de los coordinadores en el Senado, lo que motivó una intervención de Miguel Ángel Mancera, del PRD, reclamándole con sarcasmo que les diera el beneficio de una oposición real.

Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue uno de los factores que contribuyó a que no reventara la mesa de negociaciones que se había instalado en Bucareli, no sólo por su conocimiento sobre los procesos parlamentarios, sino por su mano suave y conciliadora. En las reuniones estaba el emisario de López Obrador, Julio Scherer, coordinador jurídico de la Presidencia, y participaba el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien se encargó de hablar con los militares para explicarles las posibilidades reales que tenía el proyecto original donde ellos tendrían el mando, y buscar su apoyo.

El Presidente no quería que las cosas salieran como él no deseaba, por lo que jugó rudo con amagos. Al coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, López Obrador lo amenazó en una conferencia de prensa, al decir que iba a informar sobre corrupción en el área de seguridad y en las compras de alimentos para reclusorios y penales, su responsabilidad en el sexenio pasado como secretario de Gobernación. A la panista Xóchitl Gálvez, le reciclaron en la prensa imputaciones de malversación de fondos cuando era delegada en la Miguel Hidalgo.

A Mancera le echó en cara la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que había maquillado las cifras de incidencia delictiva. Ningún senador de la oposición se amilanó y se mantuvo firme. Los enviados del Presidente buscaron entonces persuadir a senadores en lo individual y fueron hablando con ellos por separado para tratar de alcanzar el número de votos que necesitaban para aprobarla, pero descuidaron al Partido Verde, que decidió sumarse a la oposición.

El problema que tenían para el miércoles eran los militares. Insistían en el fuero militar para que sirviera como un incentivo para mantener la disciplina, y estaban totalmente en desacuerdo que prevaleciera el fuero civil. Durazo fue quien más trabajo hizo con ellos, quienes al final se comportaron institucionalmente, pero la molestia persistió. Un análisis al que se tuvo acceso, elaborado por un militar de rango, decía: “La reforma constitucional resultante en mi opinión es muy mala, ya que de las 250 páginas, el 80% es la versión estenográfica de lo que dijeron en los foros, que fueron una serie de denostaciones, dogmas y supuestas reflexiones de cómo y por qué las Fuerzas Armadas son violadoras de los derechos humanos.

“El hecho de que le hayan quitado a la Secretaría de la Defensa Nacional toda injerencia en el manejo y operación de la Guardia Nacional y sólo sea responsable de que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la Fuerza Armada permanente, se puede traducir en que los resultados positivos de su acción se atribuyan a la Secretaría de Seguridad y los negativos, por corrupción, infiltración o excesos del personal, se castiguen a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Los militares quedaron insatisfechos con la reforma constitucional, lo mismo que el Presidente. Pero contrario a lo que muchos pensaron –incluido quien esto escribe–, el consenso interno y externo que tuvo la oposición para oponerse al proyecto de López Obrador les dio la fuerza para no doblarse y mandar una señal al Gobierno: pese a ser una fuerza minoritaria, hay momentos donde si se mantienen unidos pueden frenar la colonización de la Cuarta Transformación.Una negociación a morir
22 Febrero 2019 03:36:00
Kriptonita para los militares (y II)
Durante la LXIII Legislatura, la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nahle, le habló a Andrés Manuel López Obrador, que andaba en precampaña electoral. Le acababa de hablar el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y la había invitado a platicar sobre la Ley de Seguridad Interior que deseaba fuera aprobada en el Congreso. López Obrador le respondió en forma instantánea que declinara la invitación y que, además, votara todo en contra de los militares. No les darían ningún apoyo, pero después, adelantando su convicción de que llegaría a la Presidencia, les darían todo. López Obrador así lo hizo.

Les dio todo, pero a su modo. En su primer encuentro con el entonces secretario de la Defensa en los meses de la transición, el general Cienfuegos le presentó los nombres de los dos militares que a su juicio consideraba eran los más capacitados para encabezar la Secretaría durante su gobierno, el subsecretario, el general Roble Arturo Granados, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Alejandro Saavedra. En vísperas de tomar posesión, lo primero que le dijo López Obrador en su último encuentro fue que su sustituto sería una persona que le encantaría, y que además, hablaba muy bien de él.

Se trataba del general Luis Cresencio Sandoval, quien era el penúltimo promovido entre 23, de los generales de tres estrellas. El Presidente escogió a quien pensaba un general con experiencia de campo, con menos compromisos internos, que ha sido una de las variables fijas en la selección del gabinete de López Obrador. Lo que le dijo a Nahle meses antes, lo cumplió. Con un incremento de 11% en el presupuesto, la Secretaría de la Defensa fue de las pocas dependencias que tuvieron un aumento, y quiere que se hagan cargo de la Guardia Nacional, lo que, se puede argumentar, será una transformación hacia el empequeñecimiento del Ejército para convertirlo en una policía militarizada. En los altos mandos militares discrepan de esta hipótesis y sostienen que la Guardia Nacional no será sustituto del Ejército sino una fuerza más, con similar despliegue territorial.

Su desaparición, sin embargo, es una idea que rebota hace tiempo en la cabeza del Presidente. Durante la campaña dijo que no había necesidad de tener un Ejército ni una doctrina de seguridad nacional, porque México no tenía enemigos externos ni estaba en guerra. El papel de los militares estaba adentro, en la seguridad pública. Parece una contradicción lo que ha hecho López Obrador por militares, pero como se adelantó en el texto anterior, la Guardia Nacional es más una trampa que un beneficio.

En la creación de la Guardia Nacional en el Senado, hay una división con respecto al fuero. Los mandos civiles serán regidos por procesos civiles, y los militares por la Justicia Militar. Esto es un contrasentido, según explicaron militares de alto rango, ya que aunque toda su estructura, capacitación y doctrina será militar, el elemento central del funcionamiento castrense, la disciplina, se funda en el fuero. La dualidad de ellos traerá problemas con los civiles, presentará distorsiones en las líneas de mando, y habrá disfuncionalidad en sus tareas. Tal asimetría tendrá consecuencias en las operaciones de campo y eventualmente en los resultados.

El fuero era lo que más buscaban en el Ejército, no la temporalidad porque están convencidos de que sus funciones en seguridad pública trascenderán el sexenio de López Obrador, ni el mando militar, porque seguirán operando como lo hicieron en los últimos dos gobiernos, donde las decisiones macro –estrategias y teatros de operaciones– las tomaban los civiles, y la operación de campo los militares. Este elemento vital para los militares, que nunca estuvo bajo la atención de la opinión pública, puede ser definir el éxito o el fracaso en sus tareas futuras.

La Guardia Nacional apunta a un desvanecimiento en la fuerza del Ejército como la institución que protege la seguridad nacional, y el fortalecimiento de una policía militarizada. Dentro de la Secretaría de la Defensa consideran que el proceso que se viviría con la Guardia sería precisamente el gradual retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública para regresar a sus cuarteles. Es cierto ese proceso, pero tiende más hacia su desaparición que al retorno a los cuarteles.

La hipótesis se irá probando cada año con los presupuestos. Un rubro para ver es el equipamiento. El Ejército no puede equipar a la Guardia Nacional porque las armas son de uso reglamentario y bajo los acuerdos internacionales, no pueden ser utilizados para seguridad pública, Nuevas armas y equipo –como cámaras de videograbación para los operativos– serán adquiridas para el nuevo cuerpo policial. Se verá si se mantienen simétricos los presupuestos o si se empieza a disminuir el del Ejército por la Guardia Nacional.

Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional se descarta por completo la desaparición de las Fuerzas Armadas, pero el discurso de López Obrador sobre el futuro del Ejército ante la ausencia de amenaza externa, no debe olvidarse. El Presidente es muy consistente entre lo que dice y lo que hace. El que tenga en la mente desaparecerlas y dejar el país únicamente con una policía militarizada, no hay que soslayarlo. Costa Rica, que abolió su Ejército en 1948 y creó una policía civil, reorientó su presupuesto en política social.

Costa Rica es un espejo pertinente, porque López Obrador necesita recursos para financiar su proyecto de nación por los pobres y no le guarda aprecio a los militares, como muchos en su equipo, desde 1968. La Guardia Nacional se convierte de esta forma en el puente para cumplir un viejo objetivo multifactorial.
21 Febrero 2019 03:36:00
La trampa de la Guardia Nacional (I)
La Guardia Nacional es una trampa para el Ejército, y no se ha dado cuenta de ello. Los gobiernos, los políticos y los ciudadanos reconocen que en el tema de la lucha contra la delincuencia son necesarios para enfrentar a los criminales y alcanzar la seguridad en el país, aunque no se han puesto de acuerdo si la Guardia Nacional sea comandada por un militar, por un civil o por una combinación ecléctica de ambos. Los generales quieren todo y han escuchado el canto de la sirena del presidente Andrés Manuel López Obrador que está invirtiendo un gran capital político para que así suceda, sin darse cuenta del camino por el cual los inducen y conducen.

La Guardia Nacional es el símbolo de la estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno, que así la ha presentado al país. Si no hay Guardia Nacional, ha dicho el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, los militares regresarán a los cuarteles. Es retórica política, porque en realidad, no responde a una estrategia de seguridad en términos reales. Ese nuevo cuerpo no tiene presupuesto asignado. Tampoco le van a dar mayores facultades para poder operar de una forma integral y extensiva. El discurso de que o son los militares a cargo de tareas policiales o es la nada, no se sostiene con ese tipo de apoyos que supondría un modelo que se defiende con tanto ahínco.

De hecho, poco ha cambiado en el último cuarto de siglo, cuando comenzó el involucramiento de los militares de manera regular en la seguridad pública. El presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal apoyada con el Tercer Batallón de Infantería, que nunca dejó de ser militar y que para sus operaciones se requería permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el de Vicente Fox, el procurador general Rafael Macedo de la Concha era un general en activo cuyo jefe inmediato era el secretario de la Defensa, el general Clemente Vega. En el de Felipe Calderón, el despliegue militar en el país se amplió a 47 mil efectivos, que continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El cambio que ahora pretende el presidente López Obrador y que se consumirá, es que eleva la militarización de la seguridad pública a rango constitucional.

La oposición política y los organismos de derechos humanos han rechazado este proceso de militarización, pero los militares han visto en ello el blindaje legal por el que cabildearon los secretarios de la Defensa Clemente Vega, Guillermo Galván, Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval para evitar las lagunas legales que los tienen en la frontera con la ilegalidad. El Ejército ve hoy una oportunidad adicional para ampliar sus recursos y extenderse a empresas colaterales.

En gobiernos anteriores tenían inyección de recursos, como recibieron de Calderón presupuesto para las Bases de Operaciones Mixtas, y durante el de Peña Nieto los gobernadores les pagaban servicios como si fueran Policía Bancaria Industrial. También les financiaban cuarteles y bases con tal de que permanecieran en sus estados enfrentando criminales. En la administración de López Obrador, los negocios serán asignados directamente, pero mantendrán la misma arquitectura de los sexenios previos en sus posibilidades para atacar la inseguridad. Es decir, más allá de cómo resulte el mando, no habrá diferencia con el pasado en las facultades de combate a los delincuentes, ni en cuanto a aspectos operativos. El gran cambio con el nuevo gobierno, es el político.

En esto radica la trampa de la Guardia Nacional. Hasta antes de la ley que creará ese nuevo cuerpo policial militarizado, la responsabilidad por resultados y las violaciones a los derechos humanos recaían en el poder civil. Incluso el Presidente, en su defensa de los militares-policías, ha reiterado que el fracaso de la estrategia no se debió al Ejército, sino a los políticos que la diseñaron. No eran malos los soldados sino los políticos. La condena no debía ser para la Sedena, sino para la Presidencia y el gabinete de seguridad. Las palabras son música para los oídos de los militares, pero en el largo plazo serán veneno.

El consenso para que los militares encabecen la lucha contra la delincuencia significa que el poder civil está transfiriendo la responsabilidad al Ejército. La reacción de los gobernadores es clara: sí a los militares pero, ¿dónde están sus planes para mejorar sus policías, con mejores salarios y recursos para su capacitación y equipamiento? La postura del Presidente y su secretario de Seguridad Ciudadana es igualmente diáfana: si los soldados no están en ese combate, no habrá serenidad en el país. Entonces, quienes rendirán cuentas por los resultados, serán los generales en la Secretaría de la Defensa Nacional, no los civiles en Palacio Nacional o Constituyentes.

Mejor imposible. Los militares pasarán a la primera fila del aparador de la seguridad, y si las cosas no salen bien o violan los derechos humanos, el Gobierno ya no será su cobertura política ni el que responda por ellos. Sólo ellos serán responsables del éxito o del fracaso de la lucha contra la delincuencia.
20 Febrero 2019 03:54:00
Desentrañando al Presidente
El debate sobre la militarización, que está en el corazón de la creación de la Guardia Nacional, volvió a crear un cisma político en Morena. Para que pudiera aprobarse ese nuevo cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que aceptar el mando civil y un límite para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública, como lo hicieron los diputados de Morena para pasarla semanas antes. Pero como protestó con los diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a inconformarse con sus legisladores, exigiendo implícitamente que corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. “Con todo respeto a los legisladores, no acepto como titular del Ejecutivo la simulación”, dijo durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional.

Para el Presidente, de aprobarse una ley en los términos como se está pactando, donde todas las partes ceden algo para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas –que es lo que llevan años pidiendo–, es como reeditar a la Policía Federal, que según López Obrador, no ha funcionado. Las razones que expuso para esa afirmación no mencionaron aspectos como los resultados de la Policía Federal en su lucha contra los delincuentes, sino la temática que baña su gobierno, la honestidad. Por eso subrayó la corrupción en compras de equipos y en suministro de alimentos, que afirma, le heredaron. Si se viera sólo en ese plano, probablemente no se entendería lo que dijo el Presidente, o se podría alegar que está desviando la discusión de fondo.

Sin embargo, no es así. Como describió la semana pasada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hay que desentrañar lo que dice López Obrador. Una vez más, es cierto, el Presidente confunde personas con instituciones, pero no por ello deja de ser altamente relevante lo que esbozó. Las razones que empleó para fustigar a la Policía Federal se refieren a la época de opacidad que vivió ese cuerpo durante los dos primeros tercios del Gobierrno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el comisionado de seguridad era Manuel Mondragón –su asesor en la materia y quien realizó el primer plan que le presentó Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad–, quien dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Mondragón recibió una capacidad de fuerza de 36 mil 940 policías federales, todos con control de confianza, y rápidamente comenzó su desmantelamiento. Apagó Plataforma México, la mayor base de datos de inteligencia criminal de América Latina, corrió a los expertos en telemática –que manejaban los drones y decodificaban su información–, y desmanteló las operaciones de largo aliento que se llevaban a cabo contra los cárteles –recuperadas por la Marina–. Cuando entregó cuentas el gobierno de Peña Nieto al de López Obrador, le dieron una capacidad de fuerza prácticamente idéntica, con mayores gastos de operación, sin controles de confianza, y con una inteligencia mermada.

El colapso del sistema policial no es atribuible exclusivamente a Mondragón, sino a lo que hizo la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Osorio Chong, que absorbió todo lo que era la Secretaría de Seguridad Pública y escondió el destino de los recursos. La persona que por sus acciones y decisiones, está detrás de las imputaciones de López Obrador, es Frida Martínez Zamora, muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y que había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN, de donde la trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejo un creciente presupuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen porque fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.

Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín “El Chapo” Guzmán para fugarse en 2015, se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir a la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales.

Las explicaciones de López Obrador del porqué quiere acabar con la Policía Federal y desea una Guardia Nacional manejada y controlada por militares tiene nombre y apellido, aunque el Presidente no los haya mencionado. La percepción que tiene de aquellos años cuando la Policía Federal estaba bajo el mando superior de Osorio Chong, es de una gran corrupción. Pero como ya se planteó, el Presidente confunde personas con instituciones. No va a cambiar, ni modificará su postura de querer entregar a los militares la seguridad pública del país. Tampoco se sabe aún cómo quedará finalmente la ley que crea la Guardia Nacional.

Pero López Obrador abrió sutilmente una vena de lucha contra la corrupción en la Policía Federal. Hasta ahora no ha sido claro en este tema en esa área, pese a que en diversas ocasiones ha deslizado la punta de lo que conoce. No puede seguir en el campo de las ambigüedades, acusaciones incompletas, o de las  simulaciones, como él mismo dice. Qué sucedió con los recursos para la seguridad pública durante el gobierno de Peña Nieto, es un túnel que necesita luz. El Presidente haría bien en alumbrarlo.
19 Febrero 2019 03:59:00
La mentira de la Guardia Nacional
El parlamento abierto es una práctica democrática que en México sirve para la propaganda y la justificación política para que los legisladores de Morena acaten las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de violación al equilibrio de poderes, por citar un ejemplo actual, está generando demandas y controversias constitucionales contra el presidente Donald Trump por querer construir un muro en la frontera con México dándole la vuelta a demócratas y republicanos que no le quisieron dar presupuesto suficiente para ello. En Washington, los legisladores son independientes del Ejecutivo, pero en México, los senadores de Morena son un brazo de López Obrador y actúan sin prurito, vergüenza o decoro. La creación de la Guardia Nacional es el ejemplo vivo de las falacias e indignidad que se viven en estos tiempos de regresión democrática.

Durante las sesiones públicas para escuchar el abanico de voces sobre la creación de la Guardia Nacional, todos los partidos y gobernadores de oposición, así como los expertos, argumentaron en contra del control militar en la seguridad pública. Hay consenso para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales mientras se reconstruye a las policías, pero bajo el criterio que tendrían que estar subordinados a un mando civil. El proyecto del dictamen de 250 páginas que está circulando desde el domingo es una burla, con una redacción que ni siquiera pretende ser sofisticada o ambigua que permita diferentes interpretaciones jurídicas.


El artículo Quinto Transitorio, por ejemplo, establece que en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, la Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad, además de la elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública. No viene en el proyecto del dictamen, pero sí en el organigrama que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus comparecencias públicas, que en el centro del modelo aparece el mando militar sobre la autoridad civil.

El dictamen hace maromas: “El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado por su dependencia de la secretaría del ramo de la Seguridad Ciudadana, así como por su dirección civil”. Es falso, como se aprecia en el Quinto Transitorio previamente citado, donde se establece que el nuevo cuerpo paramilitar responderá a Lomas de Sotelo, no a Constituyentes. Las contradicciones van acompañadas de galimatías a lo largo de la ley de marras. “Si el régimen propio de las fuerzas militares regulares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles, el régimen especial de las policías con un diseño de disciplina militar como el pretendido, sí logra esa conciliación”, señala. “Consideramos que ello reduce significativamente el riesgo para los derechos humanos que puede implicar la incursión de tropas regulares de defensa nacional en tareas de seguridad pública”.

Considerar es una reflexión que en ninguna parte del texto del dictamen está sustentada. ¿Qué hace pensar al Presidente y a Morena que por ser un nuevo gobierno cambiará la doctrina, entrenamiento y visión de las Fuerzas Armadas? El texto es tramposo. Cuando se refieren a “tropas regulares”, parecería que fueron sólo estas las que se utilizaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ciertamente emplearon cuerpos de élite para operaciones quirúrgicas, pero sobre todo Policía Militar, que es lo que se volverá a emplear.

De hecho, la Guardia Nacional, sin tener ese nombre y con los uniformes actuales, está operando de facto con tres brigadas de infantería de la Policía Militar desde el inicio del sexenio. La Primera Brigada está seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. Y la Tercera en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que sin ser la más violenta, su cercanía con la Ciudad de México, donde se concentran los poderes económico y político, y los medios de comunicación nacionales, hace que su impacto se multiplique.

Falta por desplegar a militares en el resto de las 265 regiones de alta incidencia delictiva, como fuerzas de tarea de reacción rápida para combatir la delincuencia del fueron común. O sea, nada preventivo, ni nada que se enfoque al combate de los cárteles de la droga. El proyecto del dictamen sólo habla de seguridad pública y delitos del fueron común, que representan alrededor del 92% del total de los delitos, pero a diferencia de anteriores gobiernos, los cárteles de las droga tendrán una vacación sexenal.

Ni los perseguirán físicamente, ni hay nada previsto para erradicar sus plantíos de drogas, ni canales de distribución y comercialización, ni sus ingresos y finanzas. La regresión es a los años previos a 1985, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, forzó al presidente Miguel de la Madrid a pedir resultados a su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.

El avasallamiento de López Obrador con sus altos índices de popularidad y la abyección de los legisladores de Morena, apuntan a la aprobación de la Guardia Nacional como la desea el Presidente, al mando de militares. Este modelo forma parte de un viejo proyecto de López Obrador, no necesariamente como el cuerpo policial que se está planteando, sino para co-optar a las Fuerzas Armadas, de cuyo propósito se hablará en un próximo texto.
18 Febrero 2019 04:00:00
El mundo bizarro de Andrés Manuel
La palabra bizarro tiene dos acepciones. Una que proviene de su origen francés, usada también en inglés, que se refiere a una persona extraña, peculiar o extravagante. Otra en español, donde suele confundirse el término, que es positivo y quiere decir valiente. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, los dos sentidos de la palabra se ajustan perfectamente. Tiene un enorme valor para enfrentar todo y a todos todo el tiempo para alcanzar el cambio prometido en la campaña. Al mismo tiempo, utiliza sus enormes recursos políticos para forzarlos sin importarle que el país que dirige no está aislado del mundo y que algunas de las decisiones que están tomando podrán afectar a su gobierno, su proyecto y al país de una manera inimaginable. Este sábado se dio el último paso al territorio de los problemas.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados distribuyó el proyecto de dictamen de 84 páginas donde cambia el esquema de gobierno corporativo de Pemex. Hace casi un mes lo había anticipado la exsíndica de Texcoco, Karla Yuritzi Almazán, miembro de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero no hubo muchas voces que expresaran su preocupación. Este sábado se concretó su iniciativa en donde se descabeza el Gobierno corporativo de Pemex y se le otorgan facultades plenas al titular de Pemex, que para efectos reales y prácticos es el presidente López Obrador, para hacer lo que plazca con la empresa productiva del Estado mexicano sin rendirle cuentas a nadie.

El proyecto señala: “La presente iniciativa pretende establecer un marco jurídico que garantice y permita al director general dirigir, ejecutar, administrar y operar Petróleos Mexicanos y las diversas empresas que la componen, de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación”. En la actualidad, agrega el proyecto, la ley “diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no opera”. Por lo tanto, los consejeros independientes dejarán de ser realmente independientes y serán funcionarios públicos que le den “certeza” a la buena marcha de Pemex, y se sacuden a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que el titular pueda contratar lo que desee sin un órgano regulador.

Lo que pretende el Presidente es regresar el esquema que había venido construyendo Pemex en los últimos años para adecuarlo a las reglas del mundo, y retroceder más de tres lustros, cuando la arquitectura de las empresas cambió tras los escándalos corporativos en Estados Unidos entra 2000 y 2002. Corporaciones como Enron Corporation, la empresa petrolera y energía de Houston con fuertes vínculos con el gobierno de George W. Bush, Tyco International y WorldCom, encabezaron una serie de escándalos de malas prácticas que rompieron la confianza de los inversionistas en las contabilidades que les presentaban al declararse en bancarrota, pese a la solidez financiera de algunas de ellas. Esa crisis originó demandas urgentes para reestablecer los estándares regulatorios que habían sido desmantelados siete años antes, lo que les había facilitado actuar fraudulentamente.

Con el fin de establecer nuevos estándares contables, el senador Paul Sarbanes y el diputado Michael Oxley prepararon una iniciativa de ley que restablecía un marco regulatorio al que incorporaban una administración corporativa y un consejo de administración corporativo, a fin de que nunca más las empresas públicas se manejaran sin pesos ni contrapesos, o sin rendir cuentas a nadie. Esta ley es lo que se conoce como el Acta Sarbanes-Oxley, que fue aprobada en 2002 para proteger a los inversionistas de posibles actividades contables fraudulentas por parte de las empresas.

Esa Acta creó un sistema de reglas, prácticas y procesos que se le llama gobierno corporativo, que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Como explica Deloitte, una empresa multinacional con operaciones en México, “establece las relaciones entre la junta directiva y el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas oír las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para generar valor”. La aplicación de un código de buen gobierno, agrega, es la garantía para el crecimiento sostenible, restablece la confianza de los inversionistas y aumenta el acceso al crédito.

El proyecto que distribuyó la diputada Almazán el sábado, camina en sentido contrario. Opacidad contra transparencia, sin contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas, con manejo unipersonal de Pemex para tomar decisiones verticales. El gobierno corporativo desaparece por completo y la empresa se manejará de acuerdo a los intereses del presidente en turno a través del titular en turno. De concretarse en Ley la iniciativa de Morena, chocará con el Acta Sarbanes-Oxley que busca proteger a los invervionistas con lo que se abre la posibilidad de que en el futuro, todo lo que quiera hacerf Pemex en el mundo sea revisado por la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos.

No se puede decir que de aprobarse la ley se le cerrará el crédito a Pemex en el mundo y se parará la inversión extranjera en la empresa, pero sí se puede argumentar que la colocación de bonos para financiamientos, la búsqueda de líneas de crédito o de inversionistas, será cada vez más difícil de conseguir. Es cierto que el presidente López Obrador ya dijo que Pemex no emitirá bonos de deuda ni se endeudará, y que se revisarán los contratos con inversionistas extranjeros porque no le gustan los resultados. También ha dicho que no quiere tratos petroleros con el mundo sino mirar solamente hacia adentro. Eso también es un proyecto de nación. Inexistente, por cierto, hasta en Corea del Norte.
15 Febrero 2019 03:45:00
Un consejo para las mañaneras 
Salir todas las mañanas a sostener sobre sus hombros el peso del Gobierno mexicano, controlar el mensaje, manejar los ciclos informativos e imponer la agenda pública del día, no debe ser nada fácil para Andrés Manuel López Obrador, quien en una combinación de comparecencia pública a través de un town hall con medios y una conferencia de prensa matutina que suele extenderse por más de 70 minutos, desarrolla un tema que quiere enfatizar ese día y entra a la dimensión desconocida.

El primer momento está controlado, con un mensaje que acompaña con un Power Point y ocasionalmente con miembros del gabinete. El segundo es impredecible, con una miscelánea de preguntas que responden a intereses informativos y políticos diversos, en ocasiones convertido en una especie de corte de los milagros, donde algunos periodistas son utilizados como gestores, o activistas colados plantan su manifiesto. López Obrador batea todo lo que le mandan –por utilizar una metáfora de su deporte favorito–, y a veces abanica strike.

El ritmo es agotador, y aunque mantiene el control de la agenda informativa todos los días, rara vez los temas de relevancia que subsisten en la opinión pública son los que originalmente llevó para plantarlos. La orientación de la agenda, más bien, la ponen los medios. López Obrador responde todo, pero usualmente deja más dudas que certezas. Es natural. Si en el segundo momento se mete a una selva donde aunque hay corderos abundan los lobos, y sin más herramientas que su moral, la utilidad práctica que de ella emane se agota rápidamente cuando lo que se buscan son datos, no sermones. Si el ejercicio empieza a hacer agua, como en los últimos días, el Presidente empieza a exasperarse y se le empieza a notar. Lo peor que podría pasar es que las cámaras de televisión lo vieran descomponerse, enojarse, gritar o dar manotazos.

Algo urgente tiene que hacer con las mañaneras. El ideal para un Presidente, cancelar las comparecencias diarias y hacerlas periódicas, está fuera de discusión; López Obrador no lo hará, cuando menos por ahora. El formato tampoco cambiará, porque considera que sí le funciona para llenar el espacio público, lo que es cierto, pero al mismo tiempo, engañoso: si ocupa el espacio, pero comete errores o se tropieza, los errores se magnifican. Por tanto, el Presidente tiene que reducir sus márgenes de error que, por lo demás, no necesita imaginar la fórmula ni que alguien invente un modelo. Lo que requiere es que su equipo le ayude a mantener el esquema vigente mediante apoyos concretos.

Para hacerlo puede recurrir a viejos recursos. Uno muy útil para el formato que utiliza es que el equipo de prensa hable con los periodistas antes de que comience la conferencia, para averiguar cuáles son los temas que tienen en la mente, sus mayores intereses o incluso comentarios sobre alguna información publicada que les haya causado sorpresa. Cuando terminen de realizar el sondeo pueden identificar los principales temas y quiénes los traen en la cabeza, a fin de que preparen tarjetas específicas con las respuestas y los datos que pueda utilizar el Presidente en caso de que se la pregunten. Importante saber quiénes son los más proclives a preguntarle sobre ese tema, para que así el presidente los identifique y si el tema es uno que quiera resaltar, le concede la palabra, responda lo que quiere y además, inyectar su propio spin.

A López Obrador no le gusta mucho compartir el escenario y sí, en cambio, mostrarse como un actor dominante en toda su extensión. Aún así, debería tener detrás de las mamparas un equipo que esté preparando tarjetas con información que le puedan suministrar inmediatamente después de que le hagan una pregunta comprometedora, como cuando una corresponsal de Bloomberg le pidió el jueves estimaciones sobre la deuda de Pemex y él no supo qué contestar y se tambaleó. El Presidente puede y debe tener la mejor información de todo, pero no necesariamente saber de todo. El equipo del Presidente que le ayuda con la información, también le sirve para verificar que lo que le está informando su equipo es cierto. No basta que diga que lo que él dice en el Salón de la Tesorería está confirmado; tiene que demostrarse que así es.

Este sistema presidencial de verificación le evitaría meterse en problemas por culpa de otros. El caso de los sospechosos de siempre del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, es un ejemplo. Bartlett presentó una lista de destructores de la empresa, hablando de conflictos de interés y corrupción, en donde incluyó nombres de personas que nunca trabajaron en el sector eléctrico o jamás tuvieron relación con nada vinculado a la CFE. Pero al estar parado López Obrador junto a él, lanzando acusaciones a partir de su mensaje, el presidente quedó vulnerable y tuvo que pagar el costo de estar mal informado por la información incorrecta que usó Bartlett, que no fue corroborada por el equipo presidencial.

Mucho ayudaría a López Obrador que tuviera ese respaldo y, sobre todo, que aceptara que lo necesita. Es difícil contradecir al Presidente porque es de ideas muy fijas, pero en juego está toda la acción del Gobierno. Sólo en la conferencia del jueves habló de seis grandes temas divididos en 20 subtemas, reflejando la  enorme atomización informativa. Su equipo tiene que acotar el desorden que el mismo Presidente impone, con tiempos indefinidos para la comparecencia-conferencia, y preguntas múltiples de la misma persona. Todo está improvisado pero tendría que anteponer lo que dice un experto, Raúl Quintanilla: “Cuando mejor sale lo improvisado, es cuando está planeado”.
14 Febrero 2019 03:35:00
‘Se va a acabar la luz’
Desde hace muchos años, Manuel Bartlett tiene profundos diferendos con quien veía primero como sus enemigos y luego como traidores de la patria. Nunca asimiló que Carlos Salinas le arrebatara la candidatura presidencial, y vio a dos de sus cercanos, José Córdoba y Luis Téllez, como las primeras cabezas a cortar. “Se dedicaron a vender el país”, dijo hace mucho tiempo en una conversación abierta. Y en agosto de 2013, le dijo a Proceso: “Pasaron de ser cómplices en el Gobierno para la apertura energética, a socios de las grandes empresas. Hoy pretenden traicionar a la patria abriendo en su totalidad todo el sector (energético) a la iniciativa privada, en especial a las grandes trasnacionales”. Un sexenio después, en el magnífico escenario de Palacio Nacional, cerró un primer ciclo.

Bartlett apareció el lunes junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador paras hacer la denuncia contra quienes, alegaron contribuyeron a la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad que hoy encabeza. El discurso de López Obrador era una calca de lo que siempre sostuvo Bartlett. Las acusaciones, igual. Las insinuaciones, idénticas. Las ideas de Bartlett están bien fijas en la cabeza del Presidente. Se podría decir que años de manipulación le dieron resultados tangibles. O casi. Poco después del evento, Bartlett vio al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su despacho de Palacio Nacional. Le llevó todos los proyectos que presentó en la conferencia mañanera, pero recibió un “no hay dinero” como respuesta. Pues pida prestado, insistió. Imposible. Se va a acabar la luz, replicó. Es su problema, respondió Urzúa, porque el mío es que México no se endeude. Ahí comenzó el segundo ciclo, el de la realidad.

Bartlett debió haber visto los síntomas de lo que le sucede a la CFE, como una de las muchas dependencias que no tienen dinero para hacer todo lo que quiere y planea el presidente López Obrador, por lo menos bajo el esquema ideológico del director de la paraestatal. En algún lugar del siglo pasado se quedó anclado su pensamiento, pues durante la conferencia de prensa, en la explicación del porqué querían relanzar la CFE y meter controles a lo que se había hecho en el pasado, tocó muy bien la música pero al no saber la partitura, probablemente no tenía idea de que estaba bien, pero por las razones contrarias.

En toda su exposición habló de conflictos de interés de funcionarios en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero por razones inexplicables dejó fuera de su retórica a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los contratos que dijo revisarían, que es parte toral de su exploración sobre los presuntos malos manejos del pasado, tendría que haberlos referido a los firmados en 2016, 2017 y 2018, después de acordar las dos grandes agencias de estándares contables en Estados Unidos y Europa una definición común de cuáles debían ser ubicados solamente en el campo financiero y cuáles debían ser incorporados en los balances. Ese nuevo marco de contratos colocó a los conocidos como take or pay, donde el comprador queda obligado a pagar por el producto adquirido, ya sea que lo consuma o no por cualquier razón, como deuda pública.

Bartlett tendría que haber estado enterado de ello, así como también quienes firmaron los contratos de las licitaciones de un gasoducto y las tres primeras subastas eléctricas, que estaban fuera de los estándares internacionales. Tocó el tema de manera incorrecta cuando dijo que EInova había dejado de entregar energía en 2017 mientras la CFE continuó pagando. La empresa respondió en un comunicado que la razón del corte de suministro fueron sabotajes al gasoducto, por lo cual presentó denuncias ante las autoridades judiciales. En el contexto internacional, la empresa no es responsable de lo que sucedió, sino el Gobierno. Si se le inserta en los estándares contables acordados en 2016, ese tipo de contrato debió haber sido incorporado como deuda pública.

Las declaraciones de Bartlett avaladas por el Presidente provocaron una caída en la acción de EInova, que abrió en 75 dólares, se cayó a 70 tras las declaraciones y cerró en 72. Sus afirmaciones ligeras y poco informadas, produjeron un descalabro de una empresa mexicana cuya matriz en Estados Unidos, tiene grandes relaciones históricas con la Casa Blanca. Si quiere encontrar responsables, mejor que busque en la CFE durante la administración peñista, en lugar de saldar viejas deudas políticas con sus adversarios, colocando al presidente López Obrador en una situación vulnerable.

El contexto político-ideológico de la presentación de Bartlett es disonante con la realidad del sector eléctrico hoy en día. Urzúa le dio el primer manotazo para regresarlo a la realidad. Ya lo debería haber entendido. La Secretaría de Hacienda no consideró a la CFE dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y no le va a dar dinero. Bartlett podrá revolcarse en la ira y cabildear con el presidente para que le den dinero. El director de la empresa haría bien en revisar el artículo 20 transitorio de la Reforma Económica, que establece que las empresas productivas del Estado son autónomas a lo que decida su Consejo de Administración, salvo en materia de endeudamiento, donde Hacienda tiene todas las atribuciones y responsabilidades.

Urzúa es el dique de Bartlett y su sueños monopólicos a partir de deuda pública. Pero ante todo, el director de la CFE debe entender que el sector no es lo que conoció en los 80, que el mundo ya cambió, y que por el camino que va, en efecto, se va a quedar el país sin luz.
13 Febrero 2019 03:55:00
El Presidente se enojó
El presidente Andrés Manuel López Obrador está enojado. Lo hizo explícito en su comparecencia pública en Palacio Nacional, al realizar el alegato en contra del pasado más profundo, vehemente y desafiante que ha hecho en su naciente Administración.


López Obrador fustigó a gobiernos y exfuncionarios, a quienes acusó de corrupción, escalando sus imputaciones a órganos autónomos y organizaciones no gubernamentales. El mensaje es que todo el pasado apesta y hay que erradicarlo.

Hay verdades en sus razonamientos, pero su belicosidad generalizada preocupa e intriga. ¿Qué tanto esa retórica es pura y qué tanto es distractor? El dilema no podrá resolverse en el corto plazo, pero la ruptura con todo el pasado comenzó.

López Obrador se presentó en Palacio Nacional ante la expectativa de con qué iba a salir y contra quién se iba a ir. Pese a ello, sorprendió con su narrativa del presente y el futuro que representa él, como símbolo de honestidad, y todo lo que no es él ni responde a él, como íconos de lo oscuro y la corrupción. Reaccionó así a las réplicas que le hicieron exfuncionarios y empresas a las que acusó de corrupción y conflicto
de interés.


Esta comparecencia marca un antes y un después, al haber cambiado López Obrador la rutina de presentar un programa o una idea de lo que quiere hacer su Gobierno. En su intervención mañanera, atacó todos los frentes en 360 grados. Como botones de muestra:


1) “Muchas de estas cosas de abusos, de falta de moralidad, se presentaron por la mescolanza entre poder público y poder privado, o sea no había frontera, no había separación, el Gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios, mujeres y hombres de negocios, más hombres que mujeres, entonces ya hay esta separación que es sana para todos”.


López Obrador volvió a condenar esa puerta giratoria, donde hay circulación recurrente entre el Gobierno y el sector privado y viceversa, tomando como medida a Estados Unidos para enfatizar lo que considera corrupción en México. Su analogía fue incorrecta, y esa puerta giratoria es una práctica normal en el mundo, que apunta precisamente lo contrario, la honestidad del servidor público que tiene que seguir trabajando para vivir. Lo que es extraño es cuando un servidor público no tiene que trabajar al dejar el cargo, o vivir sin ingresos registrados. Pero no está del todo mal lo que sostiene el Presidente. Lo que necesita es apuntar quirúrgicamente.


2) “Hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares y en todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente porque los del Gobierno eran unos corruptos”.

Su ataque busca regresar a principios de los 90, cuando empezó el cambio del diseño institucional del Gobierno y se crearon órganos constitucionales autónomos que sirvieran de contrapeso a los poderes del Estado. Así surgió la autonomía del Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en aquella década, y en la siguiente logró su autonomía el Inegi y se fortaleció lo que hoy es el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

En la segunda década de este siglo nacieron la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Descalificar con generalizaciones no lleva a ningún lado salvo a la polarización. No son las instituciones, sino las personas. Si lo enfoca de esa manera, encontrará a través de lo que descubra, el apoyo de los incrédulos de sus intenciones.

3) “No le hace que se enojen, que no estén a gusto, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación, con el hecho de que las leyes se respetan en la forma pero se violan en el fondo, que se está hablando de derecho cuando es un estado de chueco”.

Toda la narrativa concluye en esto, que justifica su denuncia permanente de corrupción. Si no le gustan las leyes al Presidente, dice que se violan porque no se aplican. Cuando las que existen no le benefician, las cambia. El conflicto de interés no existe en su entorno, sino en el de los otros.

El determinismo que emplea produce confusión y confrontación. Es tan fuerte y tan expansiva su crítica a todos por todo, que queda la duda si no es un distractor para el problema económico que se le avecina.

En las páginas de El Financiero, su director editorial y uno de los mejores analistas económicos del país, Enrique Quintana, ha ido detallando esta semana la desaceleración económica a partir de los indicadores.

“El Gobierno federal debe preparar muy pronto una nueva narrativa para explicar un conjunto de datos que van a ser muy desfavorables”, anticipó Quintana. ¿Es acaso esa nueva narrativa lanzarse contra todo el pasado y responsabilizarlo de todo?

Sólo López Obrador sabe el fondo de sus motivaciones. De cualquier forma, cualquier camino, en estos momentos que necesita cohesión, es de muy alto riesgo. Si hay delitos que perseguir que actúe; si no existen, que no estigmatice. La desunión nacional que tanto promueve no lleva a ningún lado, y puede acabar con él mismo, incluso, tarde o temprano.
12 Febrero 2019 03:59:00
La escopeta del Presidente
Como todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer con su escopeta habitual. Ahora tocó al sector energético, donde se le fue encima a empresas mexicanas e internacionales, y señaló a exfuncionarios federales de haber contribuido a la “destrucción masiva” de la Comisión Federal de Electricidad. Había anticipado el viernes que hoy revelaría casos de corrupción en la CFE, lo que no sucedió. Lo que sí pasó, en voz de su director Manuel Bartlett, fueron viejos señalamientos sobre exfuncionarios que trabajan para empresas de generación eléctrica internacionales, o les dan consultorías.

Lo que explicaron, cuando menos hasta ahora, no acreditaba siquiera conflicto de interés. Se lo hizo ver inmediatamente el expresidente Felipe Calderón, cuando le recordó una vez más que la ley establece plazos durante los cuales no puede trabajar un exfuncionario en un campo que fue de su especialidad. Las críticas al Presidente y a Bartlett siguieron durante el día, por la imprecisión o falsedad de varias imputaciones. Eso ya lo debía haber sabido con seguridad, pero lo importante para él no es la realidad, sino la percepción. El viernes pasado planteó abrir la cloaca en la CFE, que se redujo a una acusación sin pruebas por parte de Bartlett, de que “la influencia de exfuncionarios en empresas privadas deriva en que la capacidad de la CFE se haya reducido a ser una empresa que genera apenas el 50% de la energía del país”.

Echar la culpa al pasado es la justificación que ha utilizado para buscar el apoyo consensuado para sus políticas de Gobierno y colocar los ladrillos para, si no la abrogación de la reforma energética, sí su congelamiento. En su conferencia de prensa, el Presidente mantuvo el mismo patrón que ha seguido desde el arranque de su Gobierno: empaquetar sus acciones en el discurso de que los anteriores gobiernos eran corruptos y saquearon al país. El discurso tiene la técnica de Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi, de repetir una idea hasta que termine incubándose en la mente como una realidad.

“Es un asunto de semiótica”, dice un agudo observador político. “Todo lo que maneja el Presidente son símbolos”. La semiótica, en su definición clásica, es la ciencia que estudia los sistemas de signos que permiten la comunicación entre los individuos. Grandes imágenes que ha logrado sembrar en el imaginario colectivo son las de los “fifís”, para identificar todo aquellos que se opone a los deseos de las mayorías, o “conservadores”, que utiliza para referirse a sus críticos o a los disidentes. López Obrador juega todo el tiempo con la palabra corrupción, pero siempre la asocia con los privilegios. “Los mexicanos responden a los privilegios, que les molestan mucho, no a la corrupción”, agregó el observador.

La forma como presentan verosimilitudes vestidas con verdades es muy eficiente. Por ejemplo, nadie reparó que Bartlett fue miembro de uno de los gobiernos que ahora fustiga (Carlos Salinas) y gobernador priista de Puebla durante otro (Ernesto Zedillo). Tampoco en que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, trabajó muy de cerca con el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, mencionado por el vocero presidencial como otro de los exfuncionarios clave en la “destrucción” de la CFE, ni que trabajó como el hombre fuerte de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

El método utilizado por el Presidente es siempre el mismo. Si modifica la entrega de recursos a estancias infantiles, es porque hubo actos de corrupción de panistas. Si las cosas en Pemex no están saliendo bien, tiene que ver con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Si hay exigencia de transparencia a su Gobierno, la descalificación corre a través de la mentira que antes no se exigía nada y ahora sí acosan a su Gabinete. Si la economía tropieza es porque le dejaron un país en bancarrota.

Si le está costando trabajo que su Gobierno funcione es porque los están saboteando los “conservadores”. Dentro de su propio equipo, cuando hay observaciones sobre algún funcionario y su inexperiencia, responde que “prefiero la larga curva de aprendizaje al bandidaje”. A cada síntoma que pueda causarle daño a su Gobierno, siempre recurre a la misma receta, voltear por el espejo retrovisor para mostrar la podredumbre del pasado.

Los símbolos que permanentemente emplea López Obrador le han permitido ir aumentando su aprobación como Presidente, en niveles muy superiores incluso al total de quienes votaron por él. Se podría argumentar que el discurso que tiene es penetrante y efectivo porque cumple funciones terapéuticas, que ni en la clase política ni en los medios alcanzamos a comprender en toda su cabalidad. La indignación nacional contra la corrupción y los privilegios, registrada en las urnas desde las elecciones intermedias en 2015, es la fortaleza que va acumulando cada día con esos mensajes, y le permite pelearse todos los días con agentes económicos, actores políticos o medios y sociedad civil, sin mella alguna.

El Presidente sale todos los días a la palestra del Salón de la Tesorería en Palacio Nacional para disparar con una escopeta para todos lados. Siempre pega en el centro, porque sus objetivos cotidianos le responden de manera convencional y no contrarrestan los ataques. ¿Cuánto más lo podrá hacer? Por la forma como se le responde y confrontan sus dichos, el combustible que tiene López Obrador es bastante. El desafío, como apuntó el agudo observador, es encontrar un símbolo que se enfrenta a los suyos. Es decir, la batalla de las imágenes por las mentes, herramienta indispensable en estos tiempos de la cuarta transformación.
11 Febrero 2019 03:31:00
Problemas de éxito
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un problema de éxito. Severo y probablemente grave para su gobierno y el país, pero invisible para él y para sus miles de seguidores que crecen cada mes. El problema es el éxito alcanzado en el consenso para gobernar. La última encuesta publicada por El Financiero el lunes pasado, mostró que el apoyo al Presidente subió 10 puntos porcentuales en tres semanas, y lo colocó con una espectacular aprobación de 8.6 mexicanos de cada 10. Con ese respaldo, como sugieren sus leales, ¿qué importa lo que digan sus críticos? O peor aún, ¿quién dice que no está haciendo lo que el pueblo quiere?

El pueblo aplaudió que vendiera el avión presidencial, por el que, aún estacionado en una bodega que cuesta un millón de pesos al mes, se seguirán pagando más de 8 mil millones de pesos anuales por el arrendamiento. Y apoyó el manejo político con los maestros de Michoacán que provocó pérdidas superiores a los 15 mil millones de pesos. Con el voto de 700 mil personas canceló el aeropuerto en Texcoco, y generó deudas por más de 6 mil millones de dólares –que seguirá subiendo-, el quiebre de la confianza de los inversionistas, la elevación de las tasas a largo plazo a 28% y una pérdida de siete meses de utilidades en las Afores. No importó. Más vítores.

Ocultó el desabasto de combustible y el despido de los expertos de logística de Pemex con la cruzada contra el huachicol, que dice permitió ahorros de más de 5 mil millones de pesos, aunque a costa de pérdidas por más de 30 mil millones y una contribución importante a la desaceleración de la economía.

La ovación sigue de pie. Se pueden seguir enumerando costos que no había hace dos meses y que están golpeando a los mexicanos –aunque sus efectos aún no sientan con rigor-, con un Presidente que es la antítesis del Rey Midas. Pero a la mayoría de los mismos mexicanos, le es irrelevante. López Obrador está haciendo aquello por lo que votaron por él.

Esto es lo que debe hacer un gobernante por sus gobernados. Pero si bien esta es una verdad absoluta, un gobernante tiene que relativizar sus acciones. ¿Qué tanto una promesa de campaña puede ser contraproducente para sus propios electores si la lleva a cabo? A López Obrador le gusta un extracto de las últimas líneas que pronunció el presidente Abraham Lincoln en noviembre de 1893 en Gettysburg, sitio de una de las batallas más sangrientas y decisivas de la Guerra Civil, y considerado el discurso político más importante en la historia de Estados Unidos: “Esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y el Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de la Tierra”.

El pueblo manda, pero el Presidente guía. El norte de Estados Unidos no estaba muy de acuerdo con el discurso del presidente Lincoln, porque en Gettysburg hizo un homenaje a todos “los hombres bravos, vivos y muertos, que pelearon aquí” por una causa que los estadunidenses debían luchar para que no fuera en vano. Lincoln se levantó entre todos para gobernar para todos y colocó el cemento que impidió la ruptura de esa nación. El poder, aquí, debe ser secular. El Gobierno del pueblo, en un sistema representativo como es México, entrega el mandato al presidente para que tome decisiones colectivas en nombre suyo, no para que le regrese al pueblo las decisiones a mano alzada, y emprenda algunas quizás impopulares o, incluso, contrarias a lo que prometió.

En el caso de López Obrador, sólo la participación de los militares en la lucha contra la inseguridad, es ejemplo de cómo sí puede tomar decisiones por las cuales no votaron por él. Pero esa decisión, como todas las de índole económica y política que ha tomado, generan creciente apoyo acrítico en una población mayoritaria que cree todo en él. Ese respaldo acota a quienes en su entorno le quieren hacer ver lo fallido de algunas de las decisiones que ha tomado o lo invita a estudiar alternativas. ¿Por qué no hacer las cosas como las desea cuando a la gente le gustan y lo apoyan?

El apoyo creciente de su aprobación tiene muy nerviosos a los mercados, al empoderarlo aún más por el consenso en torno suyo. Varios inversionistas reprocharon a su equipo hacendario en enero en Nueva York, que no los entendieran. La consultora Euroasia envió un reporte a sus clientes tras la publicación de la encuesta en El Financiero, advirtiendo que ese apoyo fortalecía la ruta por la que corre el presidente López Obrador. Lo que están viendo no les gusta.

El viernes pasado, el Financial Times, el periódico financiero más influyente del mundo, publicó una encuesta de Credit Suisse elaborada por Buendía&Laredo, donde inversionistas mexicanos y extranjeros decían que la economía se encontraba en una situación peor de como estaba hace un año (75%), y que las decisiones políticas y económicas de López Obrador habían generado incertidumbre (51%).

“La luna de miel de López Obrador puede ser más larga que cualquiera de sus predecesores, pero inevitablemente, al final de este año, declinará”, anticipó Euroasia, “en parte al deterioro natural, pero el crecimiento más bajo y la creciente polarización empezará a lastimarlo. Mantendrá el control del sistema político y probablemente el apoyo de una gran parte del electorado. (Entonces) redoblará sus esfuerzos para incrementar el poder de la Presidencia y la intervención del Estado para manejar las dificultades”.

El éxito lo tiene, pero los presagios son malos. Si antes escuchaba poco, es la lectura entre líneas, ahora menos.
08 Febrero 2019 03:54:00
El inefable ‘Napito’
Los problemas legales para Napoleón Gómez Urrutia se están incrementando. El miércoles, una pequeña manifestación en el Ángel de la Independencia precedió a una acusación formal de fraude en contra de más de 2 mil mineros de Cananea ante la Fiscalía General, y una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que interceda y fuerce al líder minero, apodado Napito, a que aclare qué hizo con esos recursos. La acusación es secuela de un viejo proceso por no haberlos indemnizado con los 55 millones de dólares de la venta de las acciones de la minera Mexicana Cananea. Pero lo más probable es que esta nueva denuncia corra la suerte de las anteriores: será congelada y sobreseída, mientras “Napito” acumula poder bajo la protección presidencial.

“Napito” es el líder sindical más empoderado de la Cuarta Transformación, que están construyendo un renovado polo de poder en el cambio de régimen propuesto por el presidente López Obrador, que podría convertirse en un problema para su proyecto de nación. Pero no es el único. En poco más de dos meses de Gobierno, los sindicatos que apostaron por López Obrador están canjeando rápidamente sus respaldos. En Michoacán y en el territorio CNTE, la disidencia magisterial está respaldándose en el Gobierno para cobrar los adeudos que durante meses les fueron negando. En Tamaulipas se enfrentaron a las maquiladoras y encontraron en sus contratos colectivos la manera de incrementar sustancialmente, dentro de la ley, sus ingresos.

Gómez Urrutia, sin embargo, se maneja en estadio diferente. Acusado por el fraude de 55 millones de dólares en perjuicio de 10 mil mineros en 2005, se fugó de México y adquirió la ciudadanía canadiense en agosto de 2013, arropado por los sindicatos minero de Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, pero encontró la puerta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para su retorno triunfante. “Napito” fue colocado en la lista plurinominal de senadores, luego que el líder laborista del Reino Unido, James Corbyn, se lo recomendara a López Obrador. Con ese apoyo, el Tribunal Electoral desestimó que el líder minero tuviera la nacionalidad canadiense, y contra las disposiciones legales, aprovechando un hueco en la Ley, aprobó su candidatura.

Desde la parte final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ya había resuelto la parte penal de la demanda, al exonerarlo la PGR del fraude a los mineros, quienes no se quedaron quietos. Este miércoles lo volvieron a demandar. De acuerdo con Eje Central, presentaron cuatro documentos que la firma de “Napito”, que se constituye como representante de los miembros del sindicato minero, cuando “no estaba facultado jurídicamente” para representar a quienes ya no eran mineros sindicalizados sino en retiro, según los quejosos. Miembros de la Comisión de Reclamantes han buscado audiencia con López Obrador desde que era presidente electo para que interceda en el esclarecimiento del destino de los recursos que “por justicia” deben recibir los trabajadores, sin éxito hasta ahora.

No se ve tampoco que vayan a fructificar sus recursos legales. Gómez Urrutia ha ido aprovechando las contradicciones y conflictos que viven los sindicatos y el descrédito de muchos de sus líderes para ir tejiendo alianzas que, como lo aprecian quienes observan los movimientos en ese sector, emerja como el gran líder de todos los sindicatos, como se apreció en la huelga de maquiladoras en Matamoros, donde el sector empresarial lo acusó de estar detrás de los sindicatos que se fueron a paro para presionar por aumento de salarios, prestaciones y bonos extraordinarios. “Napito” ha negado esas imputaciones, pese a que varios de quienes encabezaron el movimiento fueron vinculados a él.

La turbulencia en los sindicatos ha abierto los espacios, alimentada por la permisividad del Gobierno que no ha sido intermediario sino verdugo. El caso del dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps es un ejemplo. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le exigió que renunciara, a lo que Romero Deschamps se negó a hacerlo en los términos de capitulación como se le pidió. El resultado fue una operación de pinzas.

Por un lado, la asociación Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, revivió una denuncia penal en la Fiscalía General, que presentó por los mismos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, en 2017. Por el otro, se empezó a circular en redes sociales nombres de posibles sustitutos e insinuaciones de investigaciones, lo que puso muy nervioso al dirigente petrolero al llevarlo a un terreno donde afloran los errores, como pedir un amparo buscador, como definen a aquellos recursos legales para saber si hay procesos en contra de uno, que alimentó la percepción de que delinquió.

El cambio de cabezas en los sindicatos, parte de la política de relevo general de López Obrador, es lo que ha aprovechado Gómez Urrutia. Tiene como alfil a Pedro Haces, quien fue colocado como senador sustituto de Germán Martínez, y tomó su lugar en el Senado al pedir licencia para dirigir el Seguro Social. “Los días de la CTM están contados”, dijo ayer al relevar a Martínez. “Se acabó la era de los cacicazgos. Nunca más la imposición y el dedazo en los sindicatos”. Lo primero que hizo en esa cámara, fue forjar la relación con quien representa lo contrario, “Napito”.

La fortaleza de Gómez Urrutia se incrementa cada vez más. La denuncia presentada en su contra es la continuación de procesos legales que lo han perseguido por cuatro sexenios, sin que lo alcancen. Ahora, con López Obrador en la Presidencia, menos. “Napito” va corriendo a ser el Fidel Velázquez de la Cuarta Transformación.
07 Febrero 2019 03:46:00
La guerrilla frente a Andrés
El domingo se conmemoró el 47 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, que fundó y dirigió la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero, cuyos dirigentes han sido sometidos por décadas a vigilancia, persecución y represión por parte de fuerzas federales. En el acto en la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, su viejo compañero de lucha, Arturo Miranda Ramírez, dirigente actual de la ACNR, hizo una propuesta provocadora al presidente Andrés Manuel López Obrador: crear milicias populares –grupos paramilitares– para defender su proyecto de gobierno porque no cuenta con el Ejército, el poder económico sigue en manos de la oligarquía y en su gabinete, subrayó, hay personas que incluso defienden esa clase.

De aceptarse la propuesta –lo que se antoja remoto–, empataría con el imaginario colectivo que López Obrador quiere seguir el camino de Fidel Castro y Hugo Chávez, mediante la instauración de un Estado subordinado a él y controlado a través de un aparato policial represor. La ACNR tuvo un origen guerrillero que apostaba por la lucha armada para generar cambio. Hoy se le puede ubicar como parte del frente de masas, con conexiones guerrilleras pero sin ser parte orgánica de ella, para que mediante acciones coordinadas se logren objetivos políticos. Al apoyar al Presidente y proponerle tácticas paramilitares, Miranda Ramírez mostró que en Guerrero no hay un enfrentamiento contra López Obrador, a diferencia de otros grupos radicales que rompieron con el Presidente y optan por un cambio fuera de los cauces legales.

Uno es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que recientemente confrontó a López Obrador y estableció su territorio para impedir la construcción del Tren Maya. El EZLN, sin embargo, es una guerrilla que ha utilizado más la pluma que las armas, y desarrollado un sistema de organización social que ha construido ante la complacencia de gobiernos sucesivos, un Estado dentro del Estado en Chiapas, con decenas de comunidades donde los zapatistas son gobierno. El otro es el Ejército Popular Revolucionario, que había guardado un silencio casi total frente a López Obrador –aunque emitió un comunicado crítico al iniciar su gobierno–, y que confrontó al Presidente en el último número de El Insurgente, el órgano de comunicación guerrillero, donde la descalificación de López Obrador, se podría decir, es brutal.

El editorial del periódico cambió de pluma. La actual es menos propagandística, ideológicamente más sólida y marcadamente militarista. No hay concesión a López Obrador, ni reconocimiento de nada. Para el EPR, el Presidente es parte del mismo Estado burgués, que pese a su discurso contra el neoliberalismo de los gobiernos tecnócratas sigue siendo un gobierno capitalista. López Obrador, dijo el EPR con una marcada influencia marxista, no cuestionó las leyes con las que funciona el modo de producción, ni alteró sustancialmente la base económica, ni la superestructura social de la formación socioeconómica. Por tanto, aclaró, el régimen de producción de intercambio y de distribución de carácter capitalista, permanecen intactos.

No cree en que sea un gobierno del pueblo para el pueblo, como ha dicho López Obrador retomando la frase más trascendente de Abraham Lincoln, y de su política de bienestar sostiene que “son paliativos que aparte de otorgar un falso carácter popular a la política de Gobierno, fortalece a la base económica de la política del régimen neoliberal”. Si se analiza el discurso de López Obrador bajo líneas historicistas, se puede argumentar que el EPR tiene mucha razón en esa crítica. El Estado de Bienestar, ideado por el economista inglés John Maynard Keynes, fue definido por el historiador Eric Hobsbawn, como la “edad de oro” del capitalismo, por el desarrollo económico de todos los grupos sociales.

El editorial del EPR diseccionó el proyecto de Nación 2018-2024 que presentó hace más de un año, y minimizó sus propuestas. Ni siquiera le da el nivel de “gobierno” al de López Obrador, sino se refiere a él como una “junta administrativa”, donde lo que busca es sustituir a las élites con sus élites, y mantener un capitalismo a su medida. López Obrador no es un neoliberal ante sus ojos, pero sí un “liberal moderado” que ha propuesto –esta es una de sus más grandes críticas–, una Guardia Nacional que justifica a partir de premisas falsas, como la estigmatización de la pobreza como factor único de la inseguridad, que en realidad pretende dos objetivos: sujetar a la sociedad a su propio imperio, y distorsionar la realidad para “cuadrarla” a su propio gobierno.

El planteamiento del EPR, sin los calificativos despectivos que hizo el EZLN sobre López Obrador, no lo ubica, ni por asomo, como una alternativa positiva para el cambio social por el que han estado luchando, sino como una figura, quizás más peligrosa que los presidentes emanados de la tecnocracia, con un discurso popular y populista totalmente contrario a los objetivos que pretende –empoderar y mejor la vida de los más pobres–, y que le permitiría apuntalar lo que llaman la “dictadura del capitalismo”.

Los señalamientos guerrilleros podrán ser discutidos y debatidos política, ideológica y militarmente, pero lo que dejan ampliamente sentado es que aquellos que lucharon contra regímenes del PRI y del PAN no lo ven como un aliado, sino como un enemigo más peligroso al estar construyendo un régimen autócrata que, según el EPR y sus movimientos sociales, quiere instituir un Estado que sólo responda a sus intereses y desarrollar una estrategia de contrainsurgencia para concretarlos. La propuesta de Miranda Ramírez, en este contexto, confirma la advertencia del EPR y la ruptura de la extrema izquierda, en donde López Obrador quería afianzarse. Las guerrillas han vuelto a la arena pública más radicales que en años previos.
06 Febrero 2019 03:54:00
La moral del Presidente
La moral es un conjunto de normas y costumbres que rigen el comportamiento del individuo. Esas normas y costumbres están empaquetadas en las sociedades en función de diversos factores, como identidad nacional, territorio, idioma, cultura, historia y religión. Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, se puede argumentar, comparten esos parámetros, incluidas sus creencias religiosas al mismo Dios. Sin embargo, parecería que es todo lo contrario, pues lo que es correcto en un caso para el Presidente, es incorrecto cuando se refiere al expresidente, lo que no es corrupción sobre uno, lo es cuando se refiere al otro.

La vara que mide los conflictos de interés y la honestidad difieren en tanto a quién o a quiénes se le aplican. El discurso moral en la política se convierte de esta forma en algo elástico, manipulable, una arma que golpea la fama pública o que inocula de cualquier sospecha.

La moral del presidente López Obrador es un chicle que empieza a ser peligroso. Este lunes acusó a Calderón en su conferencia de prensa matutina de cosas como corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés, por el hecho de haber sido consejero de una empresa de energía que fue proveedora de la Comisión Federal de Electricidad.

La consultoría fue real, y se dio cuatro años después de haber dejado la Presidencia; es decir, superó por tres años el impedimento legal de no poder trabajar en nada que pudiera significar un conflicto de interés durante el primer año tras dejar el cargo público.

Minutos antes, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de un conflicto de interés al haber nominado para la Suprema Corte de Justicia a tres mujeres con vinculaciones directas y profundas con él o con Morena, el partido en el poder, López Obrador dijo que no había ningún impedimento legal en ello.

No se refirió en ningún momento al conflicto de interés al ser, dos de ellas, al menos, esposas de dos personas muy cercanas a él, Loretta Ortiz, esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que trabajó con él en el gobierno de la Ciudad de México y en campañas presidenciales, y Yasmín Esquivel, esposa del empresario constructor y viejo consejero de López Obrador desde que hizo obras públicas en la capital federal, José María Riobóo.

Riobóo es el autor intelectual del asesinato de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y promotor de construirlo en la Base Militar Aérea en Santa Lucía. Su oposición tajante contra la obra en Texcoco tiene como antecedente que perdió la licitación para construir las pistas del nuevo aeropuerto, que marcó su cambio de querer ser parte de aquel proyecto de infraestructura, a evitar que se concretara.

Riobóo logró su objetivo, y logró que López Obrador nombrara a Sergio Samaniego, con quien trabajó largo tiempo como el responsable de la obra en Santa Lucía. Samaniego, además, trabajó con Esquivel en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Cuidad de México.

Entonces, si Calderón tardó cuatro años en servir 24 meses como consejero de una empresa extranjera dedicada al negocio de la energía, incurrió en tráfico de influencias, corrupción y conflicto de interés. Si nomina López Obrador a Esquivel para la Suprema Corte, los conflictos de interés no existen, ni tampoco el tráfico de influencias y eventualmente, se abre la puerta a la corrupción.

Se puede argumentar que en el caso de Esquivel, se aplica correctamente la existencia de cuando menos el conflicto de interés, similar al que incurrió el expresidente Enrique Peña Nieto al permitir que la empresa Higa, de su amigo el constructor Juan Armando Hinojosa, sirviera de intermediario en la operación inmobiliaria de la casa blanca, propiedad de su exesposa Angélica Rivera. Peña Nieto nunca aceptó que en aquel caso hubo un conflicto de interés. López Obrador ni siquiera se detiene a pensar en ello.

Peña Nieto se quedó corto frente al nivel que está alcanzando López Obrador en cuando a conflicto de intereses. Higa no participaba en licitaciones federales –no así en el estado de México cuando Peña Nieto era gobernador–, ni recibió contratos después de ello. En cambio, un empleado de Esquivel es el jefe de obra de Santa Lucía, que sustituyó al proyecto que descarriló Riobóo por motivos personales. En el caso de Calderón, ni siquiera aplica alguna de las acusaciones de López Obrador.

El Presidente no mencionó el lunes, sino hasta el martes, que hubo un precedente, el de Ernesto Zedillo, también dentro de los plazos contemplados por la ley, consejero de una empresa de ferrocarriles que tenía intereses en México.

Su subjetividad original había incurrido en un conflicto de interés por sí mismo, pues como presidente, Zedillo facilitó que por encima de la ley, porque no tenía la residencia, el tabasqueño contendiera por la gubernatura de la Ciudad de México.

López Obrador le ofreció una disculpa a Calderón por acusarlo de corrupto, pero insistió que si no había sido ilegal lo que hizo, sí era inmoral. El Presidente está midiendo los conflictos de interés y el tráfico de influencias en función de sus creencias, y metiéndose en una contradicción.

La puede resolver sin embargo, si le ordena a Morena que rechace su terna para la Suprema Corte, que cae en un conflicto de interés descarnado y descarado. Si el Presidente es serio, no sólo debe barrer la escalera de arriba hacia abajo, como dice que erradicará la corrupción, sino comenzar en su casa.

El discurso no le alcanza para ser una persona íntegra. Su comportamiento y decisiones es lo que lo definirá. Sus propios conflictos de interés son ilegítimos, no ilegales, pero si no los ataja, el camino estará allanado para que entre la corrupción que tanto dice odiar.
05 Febrero 2019 03:51:00
Dos veces ya renunció
El estilo hiperpresidencialista de Andrés Manuel López Obrador le ayuda a controlar el mensaje pero causa tensiones y fatigas dentro y fuera de su Gobierno. Son varios de sus colaboradores más cercanos que expresan en privado el desgaste de estar de madrugada, todos los días en Palacio Nacional, ajustando con el Presidente lo que tienen programado anunciar. Sus conferencias de prensa matutinas las ha convertido también en la comparecencia pública de sus funcionarios, mostrando la mayoría de las veces sus limitaciones, carencias o agotamiento. También los coloca en ridículo, haciendo ver a miembros de su gabinete como personas mal informadas o como floreros.

Ayer precisamente se dio uno de esos momentos, donde López Obrador descalificó a su secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dijo que iban a utilizar el método del fracking en la producción de petróleo. Eso no se hará, aseguró, dejándola una vez más en ridículo. La secretaria de Energía es a quien más ha enmendado las cosas en público, pero no tendrá consecuencias futuras. Nahle tiene una fuerte coraza frente a cualquier descolón o situación embarazosa. Será secretaria hasta que el Presidente lo decida. No era nadie antes de conocerlo; no sería nada sin él.

No es el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una de las colaboradoras del Presidente que más ha resentido su estilo de gobernar y la forma como utiliza canales de comunicación y acción sin apegarse a las líneas de mando. La secretaria es a quien probablemente más han golpeado las desmañanadas, al tener que estar siempre en Palacio Nacional como parte del gabinete de seguridad que sesiona diariamente, que ha llevado a que en más de una ocasión haya estado al punto del colapso por agotamiento físico. La colocación de sillas en el templete de las conferencias se origina en lo duro que estaba pasándola de pie durante más de una hora, pese a que en ocasiones salía del escenario para que pudiera descansar fuera del ojo público.

Poca gente se daba cuenta de sus ausencias porque, casi siempre, es irrelevante si está o no está acompañando al Presidente. La conferencia del lunes, donde el Presidente dio a conocer el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, fue el último ejemplo. Sánchez Cordero estuvo presente en la conferencia, pero prácticamente fue de ornato. Por decisión de López Obrador, quien hizo la exposición y respondió preguntas de periodistas y activistas fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin decir palabra alguna, Sánchez Cordero, cabeza del sector de Gobernación, estaba desempoderada.

Su relación profesional con López Obrador ha sido complicada, no por el trato personal con él, sino por el profesional. Durante la transición, López Obrador dejó de responderle sus mensajes telefónicos porque decía a sus cercanos que no terminaba de concretar lo que le pedía, y en el diseño del nuevo Gobierno, se inclinó por Alfonso Durazo, que desmanteló Gobernación para sumar las tareas de inteligencia y protección civil a la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente dice que esa Gobernación se encarga de la relación con los poderes, pero en la práctica, también ha sido desplazada.

La operación política para la elección del presidente de la Corte así como el relevo de la presidenta en el Tribunal Electoral, que están en su ámbito, la hizo Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia. En la relación política la oposición, tampoco la han avasallado. Por ejemplo, el compromiso de que la gubernatura de Puebla, tras la muerte de la gobernador Martha Érika Alonso el 24 de diciembre, sería para los panistas, ha sido dinamitado por la presidenta de Morena, Yeidkol Polevsky y el ex candidato al gobierno poblano, Miguel Barbosa, que ignoraron el acuerdo político de Sánchez Cordero con el PAN, y están operando en sentido contrario para que la victoria en la elección que se programará, la gane Barbosa.

Sánchez Cordero se dio cuenta hace tiempo del papel que está jugando y en dos ocasiones, según funcionarios federales, le ha presentado su renuncia al Presidente. No se conocen los detalles que le planteó la secretaria a López Obrador, pero los funcionarios dijeron que su molestia está en el campo de lo profesional y la ausencia de poder real como responsable de la Gobernación. El Presidente rechazó en ambas ocasiones la renuncia. Es natural. Una renuncia a dos meses de iniciado el gobierno mostraría rupturas y crisis interna, lastimando también el estilo personal de gobernar de López Obrador.

Las renuncias están siendo un síntoma del crujir del modelo hiperpresidencialista, pero López Obrador no va a cambiar. El argumento en Palacio Nacional es que si como jefe de Gobierno en la Ciudad de México fue un éxito esa forma de gobernar, porqué no lo sería ahora. Esa dialéctica llevó al presidente Enrique Peña Nieto al barranco. Toluca no era México; la capital federal, tampoco. Valdría la pena no caer en silogismos.

Nota:

Lauren Sambrotto, jefa de la Unidad de Relación con Medios de Barclays, envió una clarificación por la columna “Lo que nos costó el road show”, publicada el 31 de enero, donde se mencionó que Barclays había organizado los encuentros con inversionistas en Nueva York para la Secretaría de Hacienda y Pemex, tras lo cual envió un reporte a sus clientes criticando las políticas financieras y energéticas del Gobierno. La señorita Sambrotto, si bien reconoció el papel de Barclays en la organización del encuentro, precisó que es factualmente incorrecto establecer una relación entre su oficina de consultoría y de investigación, que por requerimientos internacionales y locales, operan por separado y en forma independientes.
04 Febrero 2019 04:10:00
Las deudas de ‘Napito’
Si por denuncias fuera, Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero, y Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, hicieron lo mismo, crear empresas fantasma para desviar recursos que no les pertenecían y lavar dinero, utilizando a la misma persona como administrador, Javier Nava Solís, que está acusado de delitos de delincuencia organizada y presunto desvío de 223 millones de pesos como testaferro del veracruzano. Sus destinos, sin embargo, han sido diferentes. Aunque los dos evadieron la justicia cuando fueron denunciados, Duarte fue extraditado de Guatemala para ingresar a una cárcel, mientras Gómez Urrutia dejó su santuario en Canadá para regresar a rendir protesta como senador.

Gómez Urrutia, llamado “Napito”, se escapó a Vancouver y fue protegido por los sindicatos metal metalúrgicos de Canadá y Estados Unidos, y más adelante por el líder laborista inglés, Jeremy Corbyn –quien se lo recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador-. Hace casi 15 años fue acusado de fraude por la Cooperativa Veta de Plata, que representaba a 10 mil mineros de Cananea, por haber violado un fideicomiso creado durante el proceso de privatización de las minas en 1989, donde se acordó que al concluir el pago de la venta del 5% de un total de 55 millones de dólares, sería entregado al sindicato que, a su vez, se había comprometido a entregar la parte correspondiente a los trabajadores.

El caso contra Gómez Urrutia se fue desvaneciendo en la medida que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, colapsado por completo desde el proceso electoral que condujo a la victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales, y la defensa del líder minero fue ganando, finalmente, en los tribunales que antes habían sido más difíciles de roer. Aún así, no todo quedó en el olvido. Una investigación de Eje Central revela que hubo una nueva denuncia de los mineros de Cananea, que se espera que esta semana sea ratificada ante la Fiscalía General. De acuerdo con Sergio Vázquez Villarreal, miembro de la Comisión Especial de reclamantes del 5% de los 55 millones de dólares, ofrecerán pruebas que demostrarán actuaciones irregulares como su representante sindical.

De acuerdo con lo proporcionado a Eje Central, a partir de la creación de empresas fantasma, se realizaron triangulaciones de recursos a través de más de 10 personas y la consumación de las operaciones de lavado de dinero a lo largo de nueve años, presuntamente permitido por Gómez Urrutia, dispersar una parte de los 55 millones de dólares que desde 2005 debieron recibir trabajadores por la privatización de la mina Mexicana de Cananea.

“Expedientes, registros públicos de la propiedad y denuncias que actualmente son investigadas por las autoridades federales, y a las que Eje Central tuvo acceso, muestran el entramado con el que al menos desde 2005 y hasta 2014, Gómez Urrutia presuntamente desvió una gran parte de los 3.2 millones de dólares que en 2005 dispersó de la cuenta 10964526 de Scotiabank Inverlat, a nombre del sindicato minero, a través de diversas transferencias, según constataron indagatorias e información de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional de Valores”, señala la publicación.

La operación que prendió alertas es inusual, pero aparentemente lícita, según consta en las actas, donde el sindicato minero, bajo la representación de Gómez Urrutia “adquirió dos predios de más de 10 mil metros cuadrados en una zona exclusiva del Condominio Horizontal denominado El Santuario, ubicado en la calle Santander, al norte del Fraccionamientos Bosques de San Ángel, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. La vendedora fue María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia, supuesta corredora de arte de Monterrey, quien recibió por parte del sindicato un millón 825 mil dólares, equivalentes a poco más de 19 millones 292 mil pesos en ese entonces, provenientes del Fideicomiso 9645-2”, que debía haber benficiado a los mineros.

La compraventa de esos bienes fue una operación en regla, dice Eje Central, aunque el nombre de María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia aparece desde 2005 en las investigaciones contra Gómez Urrutia, como presunta prestanombres del líder minero, que permitieron a Gómez Urrutia y a Héctor Félix Estrella, entonces tesorero del sindicato, presuntamente desviar alrededor de 3.2 millones de dólares a cuentas bancarias a nombre de esta empresaria regiomontana, casada con el empresario inmobiliario, Alberto de la Garza Evia.

La plusvalía en la zona donde etaba el condominio horizontal se disparó en 700%. Seis días después de que Páez Martínez recibió el dinero por los predios, de acuerdo con la investigación, el sindicato reconoció, de manera inexplicable, porque no existe documento que lo especifique, una deuda por 26 millones de pesos con una empresa en ese momento de muy reciente creación, Inmobiliaria Vajaco. Esta inmobiliaria había sido instaurada para cubrir a los compradores originales del predio, Eugenio Albo Moreno y Eugenio Albo Urías, notarios y empresarios guanajuatenses sobre quienes pesan decenas de denuncias penales por fraudes inmobiliarios en al menos ocho estados del país, vendieron todas sus acciones, relacionados con el ex presidente Vicente Fox.

El administrador de inmobiliaria era Nava Soria, y la operación que motivó sospechas adicionales fue que la venta de los Albo a la inmobiliaria fue por un millón de pesos a dos personas de bajo perfil, que no habían tenido operaciones visibles y que están siendo investigadas por las autoridades por el aparente sin sentido mercantil. Lo que quieren los mineros, aclaró dijo Vázquez Villarreal, es que se aclare con qué dinero ha creado Gómez Urrutia varias empresas, señaladas como “fantasma”, en sociedad con dos de sus hijos, y saber si sigue siendo dinero de ellos.
01 Febrero 2019 03:59:00
Bienvenidos los narcos
El mismo día que concluyó el juicio en Nueva York contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, informó que el cártel de Santa Rosa de Lima era responsable de los bloqueos para sabotear los operativos contra el robo de combustible en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que ese 30 de enero de 2018, a menos de dos meses de iniciar la Cuarta Transformación, acabó la guerra contra el narcotráfico. “Oficialmente, no hay guerra, nosotros queremos paz”, subrayó. Y dijo:

“No se han detenido a capos porque no es nuestra función principal. La función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios. Lo que me importa es bajar el número de homicidios, el número de robos, que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular”.

La declaración, por el hecho mismo de serla, fue insólita, pero no para extrañarse de nada. Desde que se comprometió a dar amnistía a los narcotraficantes antes de iniciar su campaña presidencial, esbozó lo que haría al llegar a la Presidencia. Su objetivo era reducir los índices de criminalidad y restablecer la seguridad y confianza entre los ciudadanos, pero a su manera. No aceptó la estrategia del presidente Felipe Calderón –utilizada en Colombia, Italia y Estados Unidos– de combatir intensamente a toda la estructura criminal, que provocaba como externalidad una alta cuota de muertes en un principio, y que después de varios tropiezos adoptó el expresidente Enrique Peña Nieto. Tampoco tenía tiempo para estrategias de largo plazo. Lo suyo sería administrar el narcotráfico: no se mete con ellos a cambio que los cárteles guarden las armas y pacifiquen el país.

Administrar el narcotráfico en lugar de combatirlo, no es una estrategia que el Presidente va a admitir explícitamente que está haciendo. Lo que hará es lo que hicieron muchos gobiernos priistas en el siglo pasado, permitir que los cárteles de la droga hagan su negocio –producción, distribución, trasiego y comercialización– a cambio que no se peleen entre ellos ni confronten a las fuerzas de seguridad. En el pasado, como era la circulación de las élites en el viejo régimen, uno o dos cárteles eran atacados por el gobierno en turno, y al siguiente eran otros los perseguidos. De esa forma, todos sabían que, como en el sistema político, era una rueda de la fortuna donde los beneficiados hoy, serían afectados mañana.

Calderón modificó el status quo. Confrontó a todos los cárteles al mismo tiempo, con los cuales se modificó el incentivo para no pelear contra el adversario, sino pactar territorios e impuestos criminales para el derecho de paso, con lo cual no obligaban al Estado a actuar con fuerza. El cambio fundamental fue que los cárteles tuvieron que pelear entre ellos para sobrevivir, que fue el detonante de la violencia. Bajo esa estrategia la delincuencia se atomizó y se mudó de delitos federales a delitos del fuero común. Por ejemplo, los matones del cártel de Tijuana, al quedarse sin dinero para sus nóminas por los golpes federales, se mudaron al secuestro exprés, que se incrementó en 200 por ciento. Los Zetas, que se habían quedado sin droga, entraron primero a la piratería, y después a vender protección y contrabando humano. Los hermanos Beltrán Leyva comenzaron a subcontratar asesinos en el Valle de México, y de su desmantelamiento surgieron Guerreros Unidos y Los Rojos, y de ellos, una mayor atomización de bandas criminales, como sucedió también con el cártel de Juárez.

Esta es la parte de la película que ve a medias el presidente López Obrador. Quiere una Guardia Nacional con disciplina, adoctrinamiento y mando militar para enfrentar a las pandillas criminales que no alcanzan a ser consideradas cárteles –al no controlar todo el sistema de producción del narco–, pero que están metidas en el narcomenudeo, asesinatos, secuestros, robos y extorsiones, por mencionar delitos más comunes del fuero común, sin enfrentar a los cárteles, cuyos delitos contra la salud y lavado de dinero son federales. El eslabón débil de esa estrategia es desconocer en la práctica operativa, los vasos comunicantes de la droga entre los criminales.

Por ejemplo, las bandas que ven a la Ciudad de México como botín, tienen alianzas o dependen de mercancía de los cárteles de la droga que, a la vez, les suministran respaldo de fuego. Si el Presidente cree que desmantelando la Unión Tepito, que es la que controla la vida a espaldas de Palacio Nacional y cobra protección a sus habitantes, de-

saparecerá el crimen, está equivocado. Siempre habrá quien remplace a sus líderes para que la cadena productiva criminal que sale de Culiacán o Matamoros, no merme sus utilidades ni afecte su generación de cuadros. Durante todo el sexenio, debe saber, tendrá como vecinos a criminales.

Para que la administración del narcotráfico funcione como en el pasado, este país tendría que dejar de consumir drogas, lo cual es imposible. Desde 1996 México se convirtió en consumidor de drogas, y es un camino sin retorno. Pero López Obrador ya formalizó su decisión: perdón para los capos de la droga y garantías de que no los perseguirá. Entonces, si reducen la violencia, volverán los tiempos de antaño donde el narcotráfico convivía entusiastamente con el Poder. Los Mayos, los Menchos, los Caro Quintero, los Zetas y todos los demás que controlan el crimen organizado podrán estar tranquilos. Sólo tienen que restablecer sus viejos pactos y quitar el dedo del gatillo.
31 Enero 2019 03:59:00
Lo que nos costó el road show
Vaya que resultó costoso el road show que hizo el director corporativo de Pemex, Alberto Velázquez, a Nueva York, hace casi mes y medio. Su presentación fue tan desastrosa, que después de dos horas de explicaciones chabacanas que provocaron cuestionamientos de inversionistas que le dijeron que desconocía la empresa, el costo de la deuda de la paraestatal se elevó 139 millones de dólares. El problema no era de él, dijeron los inversionistas, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber designado a un incompetente.

En México no pasó nada en ese momento. López Obrador dijo que les había ido muy bien, y que habían generado confianza y certidumbre. No era cierto. Fitch Ratings redujo la calificación de la deuda de Pemex este martes a nivel casi de bonos especulativos, y lo colocó en el umbral del abismo financiero. Pero el Presidente optó por una fuga hacia delante. En su conferencia de prensa del miércoles, el Presidente estalló contra Fitch y contra las calificadoras en general, a las que acusó tácitamente de haber sido cómplices de la crisis de Pemex. Su postura fue ideológica, no técnica.

El road show mexicano fue contraproducente para los objetivos que buscaba, tranquilizar a los mercados. Para organizarlo la Secretaría de Hacienda contrató a Barclays, el banco de inversión, un apoyo que es normal cuando un gobierno necesita hablar con inversionistas. Lo que fue inusual es lo que sucedió después. Las presentaciones dejaron tanto que desear, revelaron personas que estuvieron presentes, que Barclays tuvo que hacer un control de daños para evitar afectación en su prestigio. La principal fue sacrificar a quien lo contrató, el Gobierno de México. No muchas horas después de que se fuera la delegación mexicana, Barclays envió un informe de 33 páginas a sus clientes donde la prospectiva era terrible desde el título, “Pemex, un crudo despertar”. 

El documento muestra los análisis negativos de Barclays y recuerda que Pemex tuvo una gestión “extremadamente desfavorable” en 2018. Altamente revelador fue que mencionaran que los mercados comenzaron a tomar posiciones de cautela en México en la medida en que se iba afianzando la candidatura de López Obrador –las amenazas de cancelación de la reforma energética eran el contexto–, cuya incertidumbre pareció disiparse con una mejora en el valor de los activos de riesgo de corto plazo durante la jornada electoral y el siguiente mes. Sin embargo, describe Barclays, la consulta para cancelar el aeropuerto en Texcoco, tuvo como consecuencia una “feroz” venta de bonos de Pemex, que marcó el fin de aquella burbuja de entusiasmo.

Esa reacción de los mercados fue menospreciada por López Obrador y su equipo, que no imaginaron –o entraron en negación– el impacto que tendría en el mundo. En las reuniones que organizó Barclays al nuevo Gobierno mexicano, los inversionistas criticaron a Velázquez y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, porque, dijeron, no entendían los mercados ni conocían bien Pemex. A los dos les dijeron que los números que les habían presentado no cuadraban con sus propias estimaciones, por lo que pensaban que la inversión prevista en Pemex y la recuperación calculada, eran insuficientes. No les hizo caso López Obrador y en las explicaciones de la baja de calificación de Fitch, esas fueron dos de las variables más importantes para su decisión.

Barclays anticipó en su reporte que Fitch reduciría dos grados la calificación de Pemex, ante el deterioro en los fundamentales de la macroeconomía, que refuta la Secretaría de Hacienda, al sostener que el presupuesto está construido de manera sólida. Pero la creencia en los mercados, como se lo dijeron a Urzúa en Nueva York, es que no veían que el lenguaje que utilizaba Hacienda fuera el mismo que tiene el resto del Gobierno y el Congreso. Cuando difundieron el reporte, aún no se daba la crisis del abasto ni mostraba el Gobierno sus enormes limitaciones y habilidades para resolver un problema de logística.

No ha ayudado tampoco la forma como el presidente López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, fueron vehementes en negar que se habían reducido las importaciones de hidrocarburos, y se pelearon con el periódico The Wall Street Journal porque publicó los informes de los expertos en Estados Unidos que así lo señalaban. López Obrador se llegó a mofar del Journal, aunque dos semanas después, con datos de Pemex, el Gobierno tuvo que reconocer que el periódico neoyorquino tenía razón. La sorna contra el Gobierno mexicano se dejó sentir en Manhattan.

Las decisiones de López Obrador, siendo muy generoso, han sido equivocadas y contraproducentes en materia energética. La instrucción para que Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pidieran a sus contrapartes durante la transición que suspendieran las compras de combustible para ir reduciendo la dependencia de Estados Unidos, provocó parte del desabasto al no tener un plan para compensar esas pérdidas. Los montos de inversión en refinerías tampoco gustaron a los mercados y generaron dudas sobre el rigor fiscal presupuestal. 

La baja de calificación de Fitch es una fuerte llamada de atención a México. Pero López Obrador no lo ve así. En su conferencia de prensa llamó “hipócritas” a las calificadoras porque permitieron el “saqueo”, avalaron la reforma energética y “nunca dijeron nada de por qué no se incrementó la inversión en Pemex”. Los datos que usó, sin embargo, están mal. La inversión que llegó como parte de la reforma energética asciende a 185 mil millones de pesos hasta ahora. Pero eso no es lo más grave. Pelearse con las calificadoras es confrontar a los mercados, una lucha que nadie, en cuando menos 30 años, ha ganado.
30 Enero 2019 03:57:00
Corrupción y odio
La legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador está en niveles que soportan, hasta ahora, cualquier cosa. El país presenta focos rojos de todo tipo, en seguridad, economía e insatisfacción social, pero él está sin mancha. Todos los días se para frente a la nación y recuerda, sin importar el tema, que el pasado estuvo infectado por la corrupción, y que todos los males que se arrastran se debe a los ladrones que saquearon las arcas nacionales para su beneficio y el perjuicio de las mayorías. Cada mañana, López Obrador machaca a la sociedad, a su manera, lo que fue la corrupción de anteriores gobiernos. Y la sociedad beligerante responde con virulencia, tomando al de Enrique Peña Nieto como referencia. La furia contra esa administración se corresponde con el respaldo al Presidente, pero a ninguna parte, en el fondo, le falta razón.

La corrupción durante el sexenio del presidente Peña Nieto fue notoria. Están los casos de gobernadores sometidos a proceso por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento.

Los ejemplos de impunidad, conflictos de interés, saqueos y abusos cometidos en esa administración que tocó a la casa presidencial y a secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, a familiares y a sus amigos, en un capitalismo clientelar ante la complacencia y debilidad de Peña Nieto, solapando a cercanos o impotente ante la presión de sus queridos. De corrupción nunca quiso oír nada, la negaba, y aquellos en su entorno menos infectados, tampoco pudieron vencer los obstáculos del cerco presidencial.

El desprestigio de ese gobierno contaminó todo lo que sucedió en el pasado. Es cierto que López Obrador se ha encargado de empaquetarlo para que sea la narrativa del cambio, pero el éxito de la estrategia se asienta invariablemente sobre el enjambre que se tejió durante la administración de Peña Nieto.

La profundización de la percepción sobre la corrupción lo refleja el último índice de Transparencia Internacional, donde México perdió tres lugares en el ranking mundial, convirtiéndose en el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –el Club de los Ricos–, y empatado con Rusia en el sótano, del G-20, que agrupa a las economías más fuertes del mundo. El Índice debiera provocar una vergüenza colectiva y una exigencia para que quienes incurrieron en actos de corrupción, paguen por sus delitos.

La corrupción no es un fenómeno con espacios acotados. El impacto que tiene la corrupción en las sociedades ya rebasó la putrefacción en las instituciones y ha avanzado a su debilitamiento y a la distorsión de los sistemas de organización social.

“La corrupción aleja a la democracia y produce un ciclo vicioso, donde merma las instituciones democráticas y a su vez, las hace más débiles y menos capaces para controlarla”, dice Patricia Moreira, subdirectora de Transparencia Internacional. “Con tantas instituciones democráticas en peligro alrededor del mundo, frecuentemente por parte de líderes con tendencias populistas o autoritarias, necesitamos hacer más para fortalecer los pesos y contrapesos y proteger los derechos ciudadanos”.

Se viven momentos difíciles en todo el mundo y hay líderes, como López Obrador, que o no alcanza a medir el peso e impacto de sus palabras, o es una estrategia deliberada para seguir incendiando a las masas, de sí ya enardecidas, y terminar de voltearlas para ir más allá de la consolidación de su poder. En su conferencia de prensa matutina el martes, dijo que las élites mexicanas son corruptas, pero el pueblo es bueno.

¿Cómo define élites? ¿Qué abarca ese grupo que estereotipa? Para sus seguidores, élites es igual a todo que no está incondicionalmente con él. El Presidente avanza en la polarización del discurso sin dar pasos concretos para solucionar el problema que dice querer desterrar. Habla mucho y acusa más, pero no pasa de la retórica. Cuando se le pregunta si va a hacer algo, dice que no, que borrón y cuenta nueva, porque no va a perder el tiempo en perseguir delincuentes pues agotaría su sexenio en ello. Pero en su lógica de perdón sin olvido, sigue avivando el fuego en la pradera y generando odios. Eso tiene que cambiar, y lo puede hacer.

La cruzada contra el huachicoleo, como dijo Eduardo Bohórquez, quien encabeza el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, es un buen comienzo. Lo que está haciendo, agregó, es atacar la red de corrupción existente en el robo de combustible, perfilando el segundo paso, que es la red política. Falta, abundó, lo que nunca ha habido, que es el regreso de lo robado al erario.

Esta es una de las recomendaciones que hace Transparencia a México para corregir el rumbo seguido por el gobierno de Peña Nieto. También se necesitan enmendar las acciones preventivas que puedan medirse y orientar la política anticorrupción, con sanciones y recuperación de activos, y no cejar el esfuerzo en esa dirección.

La legitimidad de López Obrador se asienta sobre su retórica invariable contra la corrupción, pero el discurso lo ha utilizado con un propósito político estratégico, no para limpiar la casa de arriba hacia abajo, como garantizó en campaña. El Presidente tiene la oportunidad de cumplir lo que ofreció, hasta el fondo como prometió, y no esconder detrás de esa narrativa un cambio de organización social que parece ser lo que está haciendo.

Usar la corrupción clientelarmente para un objetivo político, es tan pernicioso como usarla para enriquecimiento. Cambiar de régimen demoliendo las estructuras corruptas pero manteniendo un modelo democrático, sí. Desmantelarlas bajo la máscara de la corrupción para instalar una autocracia, no. Que dé ejemplo de honestidad, atacando la corrupción y eliminando la impunidad, con menos alegorías y sin evasivas.

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