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Gerardo Aguado
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Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. @GerardoAguado

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19 Octubre 2019 04:06:00
Camino al infierno
La noticia de lo ocurrido ayer en Culiacán, Sinaloa, la vivimos todo México en tiempo real; fue una noticia con corresponsales de todo tipo, desde el reportero de oficio, hasta la madre y padre de familia, que, valientemente resguardaba a sus niños detrás de las llantas de sus automóviles en plena calle, y que a su vez nos compartían su realidad, su triste realidad, qué digo, nuestra triste realidad.

Las declaraciones oficiales del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fueron que a las 15:30 horas una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán; y que desde una casa en dicho fraccionamiento comenzaron a disparar contra las patrullas, pero estos repelieron la agresión y tomaron control de la vivienda. En su interior había cuatro personas, entre ellas Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien fue capturado.

Al ser trasladado a la Fiscalía, integrantes del cártel de Sinaloa dispararon contra los elementos de las Fuerzas Armadas, provocando balaceras principalmente afuera del inmueble de seguridad estatal.

En los “planes improvisados” (y digo improvisados como burla, porque tienen mejor planeación que nuestras autoridades con toda la información, tecnología e inteligencia) de los miembros del cártel, también estuvo el ir a tumbar un muro de la prisión, dejando así en libertad a 51 reos (cifra oficial hasta el momento) dándoles armas para pelear contra los uniformados.

Cuál fue nuestra sorpresa que horas después se informó a todo México que se tomó la decisión de liberar al detenido para restablecer la paz.

Preservar la seguridad nacional no se interpreta como elegir liberar a un criminal, para preservar la paz. La Constitución faculta al Presidente de la República herramientas para preservar la seguridad nacional y donde puede disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas. No le dice que puede disponer de su criterio para detener o liberar criminales.

Desgraciadamente, ayer nos dimos cuenta de que el Gobierno federal no tiene un plan de seguridad ni estrategia, ni personas calificadas en el Gabinete, ni valor como estado de derecho. Que es una realidad –que no da risa– que AMLO al decir “Fuchi, Guácala”, es literalmente como da la importancia al problema de la delincuencia organizada, y sobre todo al problema del narcoterrorismo.

López Obrador le acaba de dar una nueva arma a los cárteles: las personas como moneda de cambio.

La lucha duró varias horas, tiempo suficiente para que el Gobierno reaccionara y movilizara todas las Fuerzas Armadas para reforzar Culiacán. Me parece que lo ocurrido ayer fue una humillación y un precedente terrible de rendición ante los criminales que puede cambiar el rumbo del país en materia de seguridad.

La humillación no es de cara al mundo, la humillación tampoco fue del narco al Presidente, la verdadera humillación, fíjense bien, fue del Presidente a la nación.


Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.


12 Octubre 2019 04:06:00
Probable cacería
Respecto a las reformas que se plantean para agravar el delito de defraudación fiscal, se integran reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal y en esencia, se enfoca en equiparar el uso de facturas falsas o la operación de empresas fantasma a una amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada.

Serán considerados miembros de la delincuencia organizada quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

En este mismo rubro entrarían las personas que consignen en las declaraciones que presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.

Se impondrán sanciones de 3 a 5 años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además se impondrían sanciones de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La propuesta también apunta a que habría prisión preventiva oficiosa a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, así como para quien introduzca al país o extraiga mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

¿Cuáles son las principales modificaciones? Antes de aprobarse en el Senado, se integraron modificaciones al dictamen con el objetivo de evitar que las medidas afecten a empresarios o contribuyentes honestos.

En ese sentido, se estableció que se considerará delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño al erario sea superior a 7 millones 804 mil 230 pesos; en tanto que la prisión preventiva oficiosa aplicará para quienes expidan comprobantes fiscales por operaciones que rebasen la misma cantidad.

Otra modificación integrada de último momento es que estas medidas serán aplicables a partir del 1 de enero de 2020 y únicamente su aplicación será retroactiva en los delitos que ya se están investigando.

En caso de que se apruebe esta medida tal y como se estableció en el Senado de la República, la vigilancia de las autoridades fiscales será más estricta y las empresas tendrán que establecer una serie de medidas para evitar ser objeto de alguna acusación, advierte Guillermo Mendieta, presidente de la comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos en México.

“La cuestión aquí es que eso va a implicar el tener mayores controles, más carga administrativa, más cuidado y eso se va a ver mermado al empresariado y va a tener que abrir un área nueva de controles que se dedique exclusivamente a revisar facturas, ver que los proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales”, afirma el contador.

Estas medidas, señala el especialista, implicarán cargos administrativos y económicos para los empresarios; sin embargo, serán efectivos para dar cumplimiento cabal con estas nuevas medidas.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
05 Octubre 2019 04:05:00
Demanda ciudadana
Hace unos días me reuní con un grupo de empresarios preocupados porque como nueva modalidad de robo de vehículos, también privan de manera ilegal la libertad de la víctima, para que esta no pueda denunciar en el momento y liberada hasta 3 o 4 horas después. Desde luego que el tema preocupa y se debe hacer algo al respecto para que no crezca la incidencia de este modus operandi. Lo que hay que comentar, para partir a realizar un análisis, es que el “secuestro” como tal es materia federal, es por ello que hace tiempo se expidió una Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Sin embargo, a los estados se les dejó la “privación ilegal de la libertad”, que es una versión atenuada del secuestro. Me explico, la privación de la libertad es aquel delito en donde como su nombre lo dice, se priva de la libertad a un individuo pero no se puede tipificar dentro de la modalidad de secuestro, un ejemplo de esto, puede ser el hecho que no te dejen salir de una tienda comercial porque hiciste algo indebido o que un policía te retenga por 30 minutos sin explicación o hasta te mantengan en un hospital por no pagar la cuenta.

En este sentido, el Código Penal de Coahuila, establece en su Artículo 127, que se impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa al particular que prive a otro de su libertad ambulatoria (para desplazarse por donde desee) y/o que lo mantenga privado de dicha libertad, sin tener alguno de los fines previstos en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

¿Y qué dice la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro? Muy simple, que al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: Obtener rescate o cualquier beneficio. Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida, o de causarle daño y obligar a familiares a realizar cualquier tipo de acto o dejar de realizarlo.

Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por este, el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conformen esta ley. Sin embargo a pesar de que por definición y acción, la privación está dentro del código local y el secuestro dentro de una ley general, en la persecución del delito deberá haber coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno, y esto está regulado a través del ordenamiento que habla de la organización de la Federación y entidades federativas, que establece que las instituciones de seguridad pública y procuradurías de las entidades federativas en el ámbito de su competencia deberán coordinarse para diseñar, proponer e impulsar políticas de apoyo, protección y respaldo a las Víctimas y sus familiares.
En resumen, los delitos de secuestro y sus modalidades es materia federal en cuanto a legislación pero concurrente en ejecución, los estados deben combatirlo en base a la ley general, no hay ley propia. Los estados deben combatirlo y crear unidades especializadas antisecuestros y procesarlos en base a la ley general.

Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que resulta incuestionable que a partir de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que las autoridades del fuero común son competentes para componer y resolver respecto de los delitos de secuestro, pero no para legislar, y en ese sentido en el estado de Colima, incluso invalidaron reformas al código penal de esa entidad por incluir el secuestro y secuestro exprés porque ya están previstos en la ley general y declararon la invalidez dado que se invadía la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al ser incompetente el legislador local para legislar en materia de trata de personas y secuestro, ya que estas materias se reservaron exclusivamente para el indicado órgano federal. Lo que pudiera venir en un momento determinado es agravar en el Código de Coahuila el delito de privación ilegal, y reforzar la condena.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
02 Octubre 2019 04:00:00
Gimme tha power
Hace unos días se dio a conocer que la fracción de Morena en el Senado propondría ante el Pleno la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, ambos bastiones de Acción Nacional. El argumento: “No pueden con la delincuencia en sus estados”; como sacada de un mal chiste esta declaración, y por supuesto generó reacciones.

En lo personal, considero todo lo contrario, y es que en Tamaulipas, entidad donde pasé algunos meses hace tres años, y a la que le tengo enorme cariño, el tema del crimen organizado prácticamente ha sido un quiste con el que ha vivido aquel estado toda su vida, en la que además el Gobierno se acostumbró a transitar con ellos; gobiernos, por cierto, todos de extracción priista hasta que en 2016 soplaron vientos de cambio y llegó la alternancia en manos de Francisco García Cabeza de Vaca.

Si algo ha destacado en Tamaulipas es el esfuerzo y trabajo en materia de seguridad, al grado de ocupar hoy sexto lugar nacional en generación de nuevos policías y segundo con mejores salarios para ellos, solo por debajo de Nuevo León.

Incluso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas hoy es semáforo verde en delitos de alto impacto, algo que hace apenas cuatro años sonaba imposible. Entonces, ¿por qué, a sabiendas de la historia violenta de Tamaulipas y el esfuerzo que ha significado pacificarlo y transfórmalo, hoy Morena, “mordiéndose la lengua” –porque no me digan que Sheinbaum lo está haciendo bien en la CDMX o Cuitláhuac García en Veracruz– amaga con la solicitud de desaparición de poderes en esta entidad y en Guanajuato? Muy sencillo: estrategia electoral, “desvío de atención” por lo que sucede en las entidades gobernadas por ellos y la fallida estrategia en materia de seguridad del Gobierno de México.

Todas –como estrategia–, igual de importantes para los “morenos”, sin embargo, la teoría de la estrategia electoral cobra mayor sentido; el movimiento de “degeneración” de Lopez Obrador comienza ya a calentar para la renovación del Gobierno Estatal en Tamaulipas, y hoy por increíble que parezca, el partido que figura después de Acción Nacional es Morena, el PRI, que duró 80 años en el poder, ya no pinta en Tamaulipas (ni en muchas entidades), y se ha convertido en un partido testimonial, poniendo la carrera prácticamente entre dos.

Lejos de funcionar, la estrategia de los senadores de Morena fue fallida y les pudiera hasta salir “el tiro por la culata” –como con la intentona en Baja California para aumentar el periodo de Bonilla–, generando repudio entre los tamaulipecos y guanajuatenses, quienes se han manifestado en contra de esta solicitud.

Por su parte, en el caso de Guanajuato, estado de avanzada en el que los gobiernos de Acción Nacional –y ahí están las cifras– han dado grandes dividendos a la entidad, ocurrió lo mismo, justo después de que el Gobernador panista, Diego Sinhue, diera a conocer que había desigualdad en la distribución de los recursos federales. A manera de revancha política, y buscando generar mal ambiente social, lucrando con la seguridad y por supuesto en la búsqueda de desgastar el bastión más azul del país, amagaron los legisladores de Morena con el mismo absurdo.

Hoy pareciera que legisladores federales, locales, gobernadores y hasta alcaldes de extracción morenista se han empachado de poder. No pueden ser la agenda de nuestro México las grillas y amagues constantes, que amenazan por sobre todas las cosas: la democracia, la sociedad, la autonomía de los poderes en los estados y el federalismo. Hoy Morena –ya no sé si con la venia de su líder Andrés Manuel, porque flaco favor le hacen– pide a gritos tener “todo, todo el power”, porque ya lo probaron y tengo la ligera sospecha que les gustó. A ver cuánto les dura.
01 Octubre 2019 04:05:00
Gimme tha power
Hace unos días se dio a conocer que la fracción de Morena en el Senado propondría ante el Pleno la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, ambos bastiones de Acción Nacional. El argumento: “No pueden con la delincuencia en sus estados”; como sacada de un mal chiste esta declaración, y por supuesto generó reacciones.

En lo personal, considero todo lo contrario, y es que en Tamaulipas, entidad donde pasé algunos meses hace tres años, y a la que le tengo enorme cariño, el tema del crimen organizado prácticamente ha sido un quiste con el que ha vivido aquel estado toda su vida, en la que además el Gobierno se acostumbró a transitar con ellos; gobiernos, por cierto, todos de extracción priista hasta que en 2016 soplaron vientos de cambio y llegó la alternancia en manos de Francisco García Cabeza de Vaca.

Si algo ha destacado en Tamaulipas es el esfuerzo y trabajo en materia de seguridad, al grado de ocupar hoy el sexto lugar nacional en generación de nuevos policías y segundo con mejores salarios para ellos, solo por debajo de Nuevo León.

Incluso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas hoy es semáforo verde en delitos de alto impacto, algo que hace apenas cuatro años sonaba imposible. Entonces, ¿por qué, a sabiendas de la historia violenta de Tamaulipas y el esfuerzo que ha significado pacificarlo y transfórmalo, hoy Morena, “mordiéndose la lengua” –porque no me digan que Sheinbaum lo está haciendo bien en la CDMX o Cuitláhuac García en Veracruz– amaga con la solicitud de desaparición de poderes en esta entidad y en Guanajuato? Muy sencillo: estrategia electoral, “desvío de atención” por lo que sucede en las entidades gobernadas por ellos y la fallida estrategia en materia de seguridad del Gobierno de México.

Todas –como estrategia–, igual de importantes para los “morenos”, sin embargo, la teoría de la estrategia electoral cobra mayor sentido; el movimiento de “degeneración” de Lopez Obrador comienza ya a calentar para la renovación del Gobierno estatal en Tamaulipas, y hoy por increíble que parezca, el partido que figura después de Acción Nacional es Morena, el PRI, que duró 80 años en el poder, ya no pinta en Tamaulipas (ni en muchas entidades), y se ha convertido en un partido testimonial, poniendo la carrera prácticamente entre dos.

Lejos de funcionar, la estrategia de los senadores de Morena fue fallida y les pudiera hasta salir “el tiro por la culata” –como con la intentona en Baja California para aumentar el periodo de Bonilla–, generando repudio entre los tamaulipecos y guanajuatenses, quienes se han manifestado en contra de esta solicitud.

Por su parte, en el caso de Guanajuato, estado de avanzada en el que los gobiernos de Acción Nacional –y ahí están las cifras– han dado grandes dividendos a la entidad, ocurrió lo mismo, justo después de que el Gobernador panista, Diego Sinhue, diera a conocer que había desigualdad en la distribución de los recursos federales. A manera de revancha política, y buscando generar mal ambiente social, lucrando con la seguridad y por supuesto en la búsqueda de desgastar el bastión más azul del país, amagaron los legisladores de Morena con el mismo absurdo.

Hoy pareciera que legisladores federales, locales, gobernadores y hasta alcaldes de extracción morenista se han empachado de poder. No pueden ser la agenda de nuestro México las grillas y amagues constantes, que amenazan por sobre todas las cosas: la democracia, la sociedad, la autonomía de los poderes en los estados y el federalismo. Hoy Morena –ya no sé si con la venia de su líder Andrés Manuel, porque flaco favor le hacen– pide a gritos tener “todo, todo el power”, porque ya lo probaron y tengo la ligera sospecha de que les gustó. A ver cuánto les dura.
28 Septiembre 2019 04:05:00
Gimme tha Power
Hace unos días se dio a conocer que la fracción de Morena en el Senado propondría ante el Pleno la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, ambos bastiones de Acción Nacional. El argumento: “No pueden con la delincuencia en sus estados”, como sacada de un mal chiste esta declaración, por supuesto generó reacciones. En lo personal, considero todo lo contrario, y es que en Tamaulipas, entidad donde pasé algunos meses hace tres años y a la que le tengo enorme cariño, el tema del crimen organizado prácticamente ha sido un quiste con el que ha vivido aquel estado toda su vida, en el que además el Gobierno se acostumbró a transitar con ellos, gobiernos por cierto todos, de extracción priista. Hasta que en 2016 soplaron vientos de cambio y llegó la alternancia en manos de Francisco García Cabeza de Vaca y si algo ha destacado, es el esfuerzo y trabajo en materia de seguridad, al grado de ocupar hoy sexto lugar nacional en generación de nuevos policías y segundo con mejores salarios para ellos, solo por debajo de Nuevo León.

Incluso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas hoy es semáforo verde en delitos de alto impacto, algo que hace apenas 4 años sonaba imposible. ¿Entonces por qué a sabiendas de la historia violenta de Tamaulipas y el esfuerzo que ha significado pacificarlo y transformalo, hoy Morena “mordiéndose la lengua” –porque no me digan que Sheinbaum lo está haciendo bien en la CDMX, o Cuitláhuac García en Veracruz– amaga con la solicitud de desaparición de poderes en esta entidad y Guanajuato? Muy sencillo: estrategia electoral, “desvío de atención” por lo que sucede en las entidades gobernadas por ellos y la fallida estrategia en materia de seguridad del Gobierno de México.

Todas –como estrategia– igual de importantes para los “morenos”, sin embargo, la teoría de la estrategia electoral cobra mayor sentido, el movimiento de “degeneración” de Lopez Obrador comienza ya a calentar para la renovación del Gobierno estatal en Tamaulipas, y hoy por increíble que parezca, el partido que figura después de Acción Nacional es Morena, el PRI que duró 80 años en el poder ya no pinta en Tamaulipas (ni en muchas entidades) y se ha convertido en un partido testimonial, poniendo la carrera prácticamente entre dos. Lejos de funcionar, la estrategia de los senadores de Morena fue fallida y les pudiera hasta salir “el tiro por la culata” –como con la intentona en Baja California por aumentar el periodo de Bonilla– generando repudio entre los tamaulipecos y guanajuatenses quienes se han manifestado en contra de esta solicitud.
Por su parte en el caso de Guanajuato, estado de avanzada en el que los gobiernos de Acción Nacional –y ahí están las cifras– han dado grandes dividendos a la entidad, ocurrió lo mismo, justo después de que el Gobernador panista, Diego Sinhue, diera a conocer que había desigualdad en la distribución de los recursos federales.

A manera de revancha política y buscando generar mal ambiente social, lucrando con la seguridad y por supuesto en la búsqueda de desgastar el bastión más azul del país, amagaron los legisladores de Morena con el mismo absurdo. Hoy pareciera que legisladores federales, locales, gobernadores y hasta alcaldes de extracción morenista se han empachado de poder. No puede ser la agenda de nuestro México las grillas y amagues constantes, que amenazan por sobre todas las cosas: la democracia, la sociedad, la autonomía de los poderes en los estados y el federalismo.

Hoy Morena –ya no sé si con la venia de su líder Andrés Manuel, porque flaco favor le hacen– pide a gritos tener “todo, todo el power”, porque ya lo probaron y tengo la ligera sospecha que les gustó. A ver cuánto les dura.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
21 Septiembre 2019 04:05:00
El alcohol, derechos humanos y garantías procesales
¿Cuál es la relación entre estas tres palabras que utilicé para titular la columna de esta semana? ¿Cómo las acciones para mitigar los accidentes automovilísticos por ingesta de alcohol pueden llevar a la violación de los derechos y garantías de los ciudadanos?
Comencemos:

Los llamados “filtros” o retenes antialcohol se han utilizado durante los últimos años cada vez con más frecuencia, para que estados y municipios puedan cumplir con una de sus funciones esenciales: la seguridad pública, en este caso la prevención de accidentes y de daños materiales.

El resultado nadie lo niega, son medidas que si bien han enfrentado una larga batalla legal en los tribunales hasta la fecha presente en relación con su constitucionalidad o legalidad, han permitido reducir los índices de accidentes graves y no graves.

La referencia obligada son los filtros antialcohol de la Ciudad de México, entidad de las pioneras en poner en marcha este tipo de controles, y de iniciar una larga batalla legislativa y jurídica para poder llevar adelante dichos controles por el bien de la ciudadanía.

Para decirlo del modo más abreviado posible, la génesis de los conflictos legales por los retenes antialcohol de la Ciudad de México –antes Distrito Federal– empezó con el tema de la inconstitucionalidad de todo tipo de retén en lo general, ya que se violentaba la libertad de tránsito así como el derecho a no ser molestado sin mandato de autoridad competente, debidamente fundado y motivado.

Luego, la Suprema Corte reconsideró estas bases y, atendiendo al interés de la colectividad, su seguridad y protección, y con base en otros criterios, transitó hacia el razonamiento de que, si bien los retenes por motivos de seguridad pública o para prevenir accidentes viales podían realizarse de parte de las autoridades, estas deberían cumplir con elementos mínimos de respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y el debido proceso.

Es decir, se considera esencial que exista un protocolo específico e integral que permita dotar de certeza, legalidad y seguridad jurídica a este tipo de operativos, tal como se hace en Ciudad de México desde 2007.

La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad.

Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional, es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo una falta y no solo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad.

Sin embargo, no debemos confundir las buenas intenciones y las acciones, quizá hasta urgentes o desesperadas para frenar una determinada conducta, con el abuso de autoridad. La falta de protocolos, permite que las autoridades que participan en los retenes o filtros antialcohol cometan toda clase de atropellos y abusos contra los automovilistas, violando sus derechos humanos y el debido proceso.

Por eso es importante realizar las reformas que sean necesarias para obligar a las autoridades estatales y municipales a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidan los protocolos necesarios para la implementación de los operativos para prevenir accidentes por consumo de alcohol y estupefacientes, garantizando el respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales de los conductores.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
14 Septiembre 2019 04:06:00
El despropósito
Este 12 de septiembre en su mañanera, el presidente López Obrador dijo que sería buena idea eliminar exámenes de admisión en las universidades, para según él, de esta forma garantizar la educación a todos los jóvenes de México.

El Presidente considera que el problema de la cobertura académica en el país se debe a qué hay “rechazo” en la admisión a las universidades y que eliminando los exámenes se garantizaría la posibilidad de que los jóvenes estudien.

En primer lugar me parece que con esto se violentaría la autonomía de las universidades públicas, porque a final de cuentas son las universidades quienes deben elegir que programa académico implementar y por supuesto su metodología de ingreso, por eso advierto, que con la propuesta del Presidente, entrar a una universidad se convertiría no en un mérito académico, si no en un tema de corrupción y palancas. Lo que no me gusta de las declaraciones del Presidente, es nuevamente su eterno afán de establecer políticas populistas disfrazadas de buenas intenciones.

No señor Presidente, los jóvenes de México no necesitan “que les hagan el paro” para ingresar a una universidad, los jóvenes necesitan calidad en la educación, pero principalmente oportunidades de trabajo una vez que terminen la escuela.

Ahora bien, supongamos que bajo la premisa del Presidente, desarrollemos lluvias de ideas, que partan de la desaparición del “filtro de ingreso” como lo es el examen de admisión, para que se cumpla el “objetivo” de que más jóvenes se acerquen a la universidad.

Una supuesta idea podría ser, sí, desaparecer el filtro del examen de admisión, pero creando otro filtro, para mantenerte en la carrera universitaria, y es que mi idea parte del principio de “ganarte las cosas con esfuerzo” y evitar el amiguísimo y corrupción en la etapa de ingreso –porque lo hay, incluso habiendo examen de admisión, imagínense no habiendo– y en ese sentido tomar el ejemplo de universidades en Sudamérica y Europa que si bien eliminaron el examen de admisión, implementaron otro filtro, el de “la preparación”, que alarga un año más la carrera, pero que sirve de etapa de maduración académica. Al que le va bien ese primer año se mantiene, al que le va mal y no se esforzó se va. Entonces, eliminaste el examen de admisión, pero estableciste un filtro que obliga al esfuerzo y dedicación para mantenerte. Es muy fácil, si quieres estudiar te esfuerzas, si no, te vas. Pero bueno, tampoco creo que sea la solución, es solo una idea.

Y entiendo en este sentido, que al estilo lopezobradorista se busque generar polémica con la declaración en sí misma, sin tener fondo ni forma, simplemente como se dice “para medir el agua a los camotes”.

Pero vámonos a ejemplos prácticos. Una preparatoria o universidad inicia su ciclo escolar, mil nuevos alumnos de primer año, para que esos mil alumnos “quedaran” debieron haber sacado ficha de admisión al menos 2 mil jóvenes aspirantes, de los cuales mil se quedaron en el camino y otros mil pudieron iniciar un nuevo ciclo en su vida escolar. Al cabo del primer semestre, por no mantener la media de aprovechamiento, esos mil alumnos se convierten en 700, y para el segundo semestre en 600.

¡Ojo! No es un análisis estadístico, es un ejemplo práctico, que al menos en porcentaje se asemeja al comportamiento de ingreso y salida real en preparatorias y universidades que aplican examen de admisión. ¿A qué voy con esto? A que aun estableciendo filtros, los primeros años “desertan” decenas de jóvenes, ahora imagínense en el simulacro que se convertiría la educación en el país si eliminan ese filtro que te permite al menos darte cuenta del conocimiento o hasta la voluntad de un joven por ingresar y estudiar.

Considero que abaratar el ingreso a una institución académica no es la solución para que más jóvenes se acerquen al estudio, hoy los jóvenes no ingresan a la universidad por que la situación económica los obliga a priorizar en buscar empleo o emprender un negocio. Hoy, el estudio en nuestro país no es sinónimo de “trabajo seguro” o “salario digno”.

Señor Presidente, si quiere que los jóvenes estudien, como lo queremos todos, no retire filtros y no elimine los filtros que obligan al esfuerzo, mejor contribuya en generar mayor oferta laboral y las condiciones para que entonces sí, estudiar se convierta en sinónimo de futuro y dignidad laboral. Eliminar los filtros y vulnerar la autonomía universitaria no es un buen propósito, es un despropósito.


Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
31 Agosto 2019 03:55:00
¿Golpe maestro o golpe abusivo?
Muchos me han preguntado acerca de la Ley de Extinción de Dominio, y es que después de leer notas al respecto, me doy cuenta que hay confusión en muchos casos, pero también he encontrado por ahí análisis de algunos columnistas y expertos abogados, de quien tomé parte de sus análisis para esta columna (Manuel Villarreal - honor a quien honor merece-). Esta, sin lugar a dudas puede convertirse en una ley que fracase y pase al olvido, o bien, se convierta en una amenaza que viole el principio de presunción de inocencia y además que tenga otros fines, como los recaudatorios, que si el Gobierno de la 4T decide usarla para tal propósito, le va a quedar como anillo al dedo. Cabe señalar que en teoría es una “ley necesaria” para combatir la corrupción, pero además deja abierta una peligrosa puerta para ser utilizada de manera facciosa a favor o en contra de alguien. Incluso existe el riesgo de que su aplicación favorezca a los delincuentes, ya que se podría llegar a considerar que va en contra de sus derechos de legítima propiedad.

¿De qué trata la ley? La Ley de Extinción de Dominio es una ley que servirá para despojar a los delincuentes de bienes muebles, inmuebles y “dinero sucio”, provenientes de delitos como delincuencia organizada, corrupción, secuestro, lavado de dinero, etc. Se entiende que lo obtenido pasaría a ser propiedad del Gobierno una vez que se desahogue todo el proceso en forma definitiva. El primer problema de la ley consiste en que la atribución de ejercerla es del Ministerio Público Federal, y de los ministerios públicos locales en sus respectivos ámbitos de competencia, y que estos son los responsables únicos de iniciar el proceso o demandas de extinción de dominio, sin embargo todos sabemos que en México, de acuerdo a estadísticas serias, se resuelve al año solo el 6.4% de los delitos. ¿De qué sirve entonces tener jueces especializados, si estos dependen para impartir justicia de las carpetas de investigación que les consignan los ministerios públicos, muchas veces mal armadas y con serias deficiencias por falta de preparación o por mera voluntad?

La ley contempla también un gabinete social de la Presidencia de la República; como instancia encargada de la confección del destino de los bienes, producto de la extinción de dominio. Esto preocupa, porque deja entrever el siniestro plan del Presidente de la República para recolectar y decidir de forma discrecional el destino del dinero que generen dichos bienes. De ser el caso, existe el peligro de que el Presidente le esté apostando a convertir la extinción de dominio en otra caja chica a su servicio. Además, que si el bien asegurado por medida cautelar, por ejemplo una empresa, su administración pasará al Instituto de Administración de Bienes y Activos, organismo creado en la ley, que reemplazará al SAE, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

La ley además, le permite a la Fiscalía General de la República obtener órdenes de cateo de manera secreta, para “agilizar” y “eficientar” la revisión de los lugares en donde se cometen los delitos. Eso sí, cabe señalar que las personas a las que se les inicie un procedimiento tienen garantizados todos sus medios de defensa. No es verdad que se les despojarán de sus bienes de forma inmediata y sin proceso. Es por lo mencionado que esta nueva herramienta anticorrupción tiene mucho todavía por mejorar, ya que tiene diversas lagunas e inconsistencias, algunas de ellas hasta anticonstitucionales que deberán modificarse en el corto plazo para garantizar su funcionamiento. Por lo pronto la pregunta es ¿Si este es un golpe maestro a la corrupción, o un golpe abusivo que busca llenar las “cajas chicas” para objetivos particulares? El tiempo lo dirá, el objetivo deberá ser modificarla.



10 Agosto 2019 03:02:00
A ‘trumpadas’
Hace algunas semanas, cuando se cerró el “glorioso y sin precedente” Acuerdo Migratorio por parte del Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador y voceado por Marcelo Ebrard, advertí en esta misma columna las probables consecuencias de convertirnos en el “tercer país seguro” y muro de contención del Presidente gringo. Y es que era lógico pensar que firmar este compromiso con el Gobierno estadunidense significaría para nuestro país un despliegue -no planeado- de recursos, tropas, inmuebles y demás para dar asilo, alimento y hasta empleo a los migrantes, no solo a los que van de tránsito y no podrán entrar a Estados Unidos, sino a todos aquellos que aquel país regresó por el endurecimiento de sus políticas migratorias, y para evitar que sigan entrando migrantes a México.

La Guardia Nacional -que no fue creada para este fin- fue enviada cual “border patrol” a la frontera sur para contener y “poner orden” al tránsito migratorio, situación que generaría otros problemas adicionales que ya se veían venir, como el pobre nivel de capacitación en materia de derechos humanos y aplicación de protocolos de actuación con que cuentan los agentes de las policías locales en las distintas entidades -situación que ya cobró vidas- y el proceder de la Guardia Nacional y las corporaciones policiacas federales respecto al respeto de los derechos humanos de los migrantes y los derechos establecidos para ellos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

En esto último nos vamos a detener. En Coahuila, por ejemplo, la semana pasada se dio a conocer el caso del migrante hondureño que falleció a manos de agentes de la Fiscalía General del Estado. En una primera versión se dijo que los agentes realizaban una operación contra narcomenudistas y que un grupo de migrantes habría agredido a los agentes y que estos “simplemente repelieron la agresión”. Las versiones de los testigos, tanto los propios migrantes que acompañaban a la víctima como otras personas, establecieron grandes dudas respecto a la versión de la FGE, al tiempo que diversos organismos se manifestaron en contra del uso de la fuerza letal contra la población migrante y la criminalización de todas estas personas que solo ingresan y atraviesan el país en busca de una vida mejor.

De inmediato, el fiscal general de Coahuila cambió la versión de los hechos y señaló a uno de los agentes como responsable de haber disparado contra la víctima. En conferencia de prensa, el fiscal anunció la detención del agente Juan Carlos “N” como presunto responsable del homicidio de Marco Tulio -el migrante-. Reconoció que el responsable actuó sin razón alguna al disparar, por lo que sería procesado por la probable comisión del delito de homicidio doloso calificado. Es decir, hasta el delito concreto tenían ya definido en cuestión de pocos días: 35 diligencias en 72 horas.

A todos nos queda claro que si esta misma “eficiencia” se aplicara en todos los delitos cometidos contra migrantes y paisanos en Coahuila, seríamos ejemplo a nivel nacional e internacional, pero no es así, todo fue por la presión mediática e institucional de la ONU y el Gobierno federal. Lo primero que se ocupa, por supuesto, es que se haga justicia en este caso concreto. Pero a la vez, lo que preocupa es el latente riesgo de que delitos de esta naturaleza se repitan en nuestro territorio y en el resto del país por lo que mencioné en la introducción de esta columna: el “acuerdo migratorio” del Gobierno federal con Estados Unidos, que solo ha servido para militarizar la frontera sur y establecer un muro virtual con la Guardia Nacional. He dicho.

No podemos -independientemente de que se esté de acuerdo o no en el despliegue de recursos para darle atención y empleo a los migrantes- (en lo personal creo que un país en vías de desarrollo como México no puede darse el lujo de hacerlo), por los acuerdos del Gobierno federal con Estados Unidos en materia migratoria, convertirnos en una nación antimigrantes, que persiga y criminalice a las personas cuyo único pecado es buscar una vida mejor. El foco rojo se encendió y ya diversas organizaciones apuntan a que en un afán de quedar bien con Donald Trump, vayamos a transitar hacia un Estado que persigue y criminaliza a los migrantes. Que no se nos olvide: México es un país de migrantes, millones de los nuestros se han ido a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Creo que es momento oportuno para reflexionar sobre los riesgos de este acuerdo migratorio del Gobierno lopezobradorista con Estados Unidos, en especial en lo que se refiere a la seguridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes y no seguir resolviendo este problema a “trumpadas”.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
03 Agosto 2019 03:16:00
La mentira
Por: Gerardo Abraham Aguado Gómez



Humberto Moreira, hace unas semanas dijo que no había sido fácil gobernar Coahuila con dos presidentes panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón), ya que estos según sus palabras no habían apoyado a la entidad, y por esa razón “fue necesario” contratar deuda pública –falsificando documentos para “transformar” el estado–.

El exgobernador dijo que la obra pública está a la vista, con todos los puentes y vialidades que hizo, pero que también la inversión se ve en las comunidades rurales donde ahora hay caminos para acceder más fácil a ejidos y comunidades, y que además, su Gobierno “realizó acciones para disminuir los rezagos sociales con el programa Cero Marginación”.
¡Ojo! nunca nadie ha comprobado que con los 36 mil millones de pesos se hicieron esas obras y se implementaron esas políticas públicas que señala Moreira.
El exgobernador sigue creyendo sus mentiras, dice que la deuda está justificada y en todo caso se arrepiente de no haber pedido más créditos para haber construido los puentes que están pendientes en la capital del estado. Un verdadero monumento al cinismo.
Es decir el hecho de endeudar al estado fue justificado, el hecho –a palabras del exgobernador– de contraer créditos ilícitamente está justificado, el hecho de que los gobiernos siguientes destinen 3 mil 500 millones de pesos a intereses está justificado, el hecho de que hoy en Coahuila no haya inversión pública productiva, ¿adivinen qué?

En Humbertolandia está justificado.
Y es que a siete años de aquel montaje en donde con un video –bastante malo y montado– trató de justificarse al hacer parecer que no sabía de esos créditos contratados mediante secretos falsos, hoy al exgobernador se le olvidó que “no sabía nada” y sale a justificarse con tal de regresar al ruedo político, al reflector, porque seguramente querrá buscar una curul en el Congreso local.
En donde no anda fino el exgobernador, es en que el ego no le permite ver la realidad, un estado que sigue indignado por los malos manejos financieros y la gran cantidad de actos de corrupción en su sexenio y el de su hermano.
A los coahuilenses no se les olvida la megadeuda, Coahuila ha evolucionado, hoy Coahuila es otro.

Hoy Coahuila no quiere “más Moreira”.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es

diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
27 Julio 2019 04:00:00
El retroceso
Hay dos grandes temas de los que se ha hablado en el transcurso de la semana y que preocupan por lo que pueden significar en un futuro inmediato, es por ello que nuevamente abusaré de este espacio que Zócalo muy amablemente me brinda para abordar no uno, sino dos temas: el caso del Congreso de Baja California y el Coneval.

Al conjunto de estas dos minicolumnas las titulé El retroceso, y es que no es para menos pensar que estos dos ejemplos representan las intenciones totalitarias y dictatoriales de la 4T lopezobradorista, sumergiendo al país en un retroceso constitucional y en materia de políticas públicas. Comencemos.


I. Atropellando la democracia

Durante una sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada, el congreso (con minúscula) de Baja California validó la reforma que pretende ampliar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo del Estado, Jaime Bonilla, emanado de las filas de Morena, ya que fue votado por los baja californianos para un periodo de solo dos años, con la finalidad de empatar la elección de gobernador siguiente con el proceso intermedio federal.

Es decir, se convocó al Estado a votar por un funcionario que en teoría duraría en el cargo dos años, pero a las diputadas y diputados en un acto sin precedentes –como sacado de la película La Ley de Herodes– se les hizo buena idea (o alguien les ordenó) concluir que: “la gente votó dos años por Bonilla, pero es muy poco tiempo” “¿Y si mejor violentamos la Constitución, pisoteamos la democracia y nosotros decidimos que no sean dos, sino cinco años?” “¡Qué gran idea, claro! Convoca a sesión y listo”.

El precedente que deja este procedimiento es preocupante y más aún el silencio que ha guardado el Presidente de la República al respecto, que solamente se ha limitado a decir de forma mezquina que se “deslinda de la decisión del congreso estatal” o “también votaron a favor panistas”, como si hoy alguien estuviera reprochando el color de las bancadas.

Esto va más allá, sean del partido que sean, lo ocurrido en aquel congreso es completamente anticonstitucional; ya que los partidos políticos se encargarán de sancionar –que deberá hacerse si o si– a los diputados que se prestaron a esta vergonzosa decisión, de hecho Acción Nacional se pronunció al respecto y anunció que los expulsará, –ojo, no por votar a favor de algo que contradice los principios del partido, sino por haber votado por algo que atropella la decisión del pueblo bajacaliforniano–.

Urge restablecer el orden democrático en aquella entidad que hoy se ve amenazada por los intereses de las y los diputados, y por supuesto del gobernador electo, Jaime Bonilla, que se ha obsesionado por permanecer más tiempo en el poder.

Por supuesto, llama la atención que el presidente López Obrador hace como que no ve e incluso puedo mal pensar que es él quien esté promoviendo esta ampliación de mandato como un ensayo que pudiera impulsar en otras entidades y hasta a nivel federal.

Lo que procede ahora es que se publique el decreto de esta reforma en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, para que la modificación adquiera vigencia y una vez concluido el procedimiento parlamentario, entonces sí presentar las controversias constitucionales correspondientes para que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma. De no ser así, se estaría dejando un terrible precedente en nuestro país que pudiera abrir la puerta de una era dictatorial.



II. Plan siniestro

El Coneval es el Consejo encargado de evaluar las políticas públicas en materia de desarrollo social. Se encarga de medir la pobreza en nuestro país, a través de metodologías serias y profesionales, generando de esta manera certidumbre acerca de las políticas públicas en la materia a implementar por los gobiernos y además ayuda a medir la eficacia de estas políticas.

Para un Gobierno interesado en mandar tiros de precisión que promuevan el desarrollo integral y responsable de las familias para que salgan del estatus de pobreza, el Coneval es un gran aliado; pero para un Gobierno que lo que por objetivo tiene es regalar dinero a diestra y siniestra para convertirse en el Estado benefactor y a su vez fortalecerse electoralmente, Coneval le estorba.

Su hoy exsecretario ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona, ya se había quejado de que no podía mantener la calidad de sus investigaciones porque simplemente el Gobierno de López Obrador incautó los recursos para trabajar.

El pretexto de Obrador es que este organismo es un aparato oneroso, sin beneficio y que incluso no descarta la posibilidad de que desaparezca y que sea el Inegi quien absorba las tareas de medición en estos rubros antes mencionados.

El Presidente, además “grillo” como es, mencionó que de desaparecer el Coneval –y va a desaparecer no nos hagamos tontos– el ahorro se podría traducir en “recursos para regalar”, no, perdón, “para

combatir la pobreza”.

Quien quiera ver al Coneval como una “carga” para el Gobierno se equivoca. Esta institución va más allá de un simple instrumento de medición de la pobreza. Esta institución evalúa el diseño, la operación y el impacto de las políticas sociales. Su independencia técnica y de gestión es fundamental para el desarrollo integral de las familias.

Dicen que en política “la forma es fondo” y las formas del presidente López Obrador lo que dejan entrever es un plan siniestro para que a río revuelto el combate a la pobreza deje de ser una acción estudiada, medida y mejorada, para que se convierta en un ejercicio desordenado, discrecional, más “electorero” aun sin lupas.

No quiero alarmar, pero mi estimado lector estamos en un país en franco retroceso.


Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008, fue Asesor en el Senado de la República LXIII Legislatura. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
20 Julio 2019 04:03:00
El gran golpe
FICREA S. A. de C. V; S.F.P.; era una sociedad financiera popular (sofipo), que contaba con los permisos y autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en los términos de la legislación aplicable; especialmente la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En enero de 2015, se ventiló en medios de comunicación que el Poder Judicial del Estado, a cargo de su entonces presidente, Gregorio Pérez Mata, había invertido cerca de 126 millones de pesos en esta sociedad, violando la ley, ya que las entidades públicas no pueden invertir en fondos especulativos y de carácter privado. Desatada la polémica y a pesar de diversos puntos de acuerdo del Grupo Parlamentario del PAN en la LX Legislatura del Congreso del Estado, tanto el Poder Judicial local como el Ejecutivo hicieron oídos sordos al tema.

Al poco tiempo, se supo que el oficial mayor del Poder Judicial y otros dos funcionarios menores del Tribunal Superior de Justicia renunciaron a sus cargos por motivos personales. Pérez Mata sostuvo que no era por el caso Ficrea, donde en realidad el principal responsable de haber movido los fondos ilegalmente era él. Posteriormente se supo que Ficrea estaba en quiebra total, y que no regresarían los fondos a la mayor parte de sus inversionistas, iniciando así una larga batalla legal de todos ellos contra la empresa privada.

El Poder Judicial reservó de inmediato el expediente interno de Ficrea para que nadie lo pudiera consultar ni pedir información al respecto. Para diciembre de 2015, la ASE, había observado 126 millones de pesos indebidamente invertidos por el Poder Judicial en Ficrea, considerando que debían existir responsables y responsabilidades. Al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura, máximo órgano de justicia del Tribunal local, determinaba que no había responsables, contradiciendo a la ASE, y dando a entender que el fraude se había hecho solo, como “por arte de magia”.

En 2016, el auditor señaló que la ASE había concluido su trabajo, y que ahora los responsables debían ser castigados por las autoridades competentes, aunque ya no trabajaran en el Poder Judicial, refiriéndose desde luego a Gregorio Pérez Mata.

Para el 05 de marzo de 2018 se dio a conocer que en teoría se habían recuperado 21.2 de los 126 millones de pesos del ‘ficreazo’, tras 40 meses finalmente, el 8 de julio de 2019, la ASE manifestó que como parte del seguimiento de las investigaciones en torno al caso del desfalco al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila por parte de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, la Auditoría Superior del Estado (ASE) procederá penalmente en contra del extitular del Tribunal, Gregorio Pérez Mata y otros exfuncionarios involucrados en el caso.

La denuncia levantada señala irregularidades, omisiones y desinterés en el manejo de los ingresos pertenecientes al Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia por parte del entonces Consejo de la Judicatura del Estado y la presidencia del Tribunal, por los riesgos de haber invertido en Ficrea.

Según la Auditoría estatal, existen dos cuentas en Ficrea vinculadas al Tribunal; la primera por 90 millones 56 mil 608.98 pesos, y otra con un saldo de

35 millones 588 mil 961.11 pesos.

La primera fue abierta para el periodo 2010-2014, generando intereses de 25 millones 902 mil 813.85 pesos, mientras que la segunda se abrió en el periodo 2013-2014, generando intereses por 3 millones 965 mil 590.28 pesos. En total y debido a la intervención de la CNBV en Ficrea, al Tribunal se le adeuda en intereses no cubiertos 3 millones 971 mil 888.88 pesos, de los cuales, el 99.8% corresponde al monto total adeudado de la segunda cuenta abierta. Sin embargo, la Auditoría local señala un desfalco total al Tribunal por cerca de 127 millones de pesos.

Posteriormente ya en 2017, la extinta Procuraduría General de Justicia de Coahuila “exoneró” de responsabilidad en el “ficreazo” al expresidente del Tribunal Superior de Justicia local, Gregorio Pérez Mata, lo cual impediría que la Fiscalía Anticorrupción ejerciera acción penal en su contra, como lo pidió la Auditoría Superior del Estado (ASE). Es decir, una exoneración “por debajo de la mesa” para Pérez Mata, que deja sin posibilidades aparentes a la ASE y a la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora por si fuera poco, durante estos cuatro años que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) tuvo relación con Ficrea, se supo que en total se le entregaron a la institución financiera 207 millones de pesos. Sin embargo, nunca realizó un solo depósito en dicha institución, ni recibió directamente de ella los “retiros” que hizo.

Lo anterior se desprende de la denuncia que la ASE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción en agosto de 2018, y en la cual se detallan los “depósitos” y “retiros” realizados por el Poder Judicial, que fueron “triangulados” a través de BBVA Bancomer (hoy BBVA) y otras dos empresas.

El TSJE realizó entre 2010 y 2014, un total de 29 depósitos –que sumaron 207 millones– y 17 retiros –por 81.5 millones– con lo que, al quebrar Ficrea, tenía un saldo a favor de 126 millones de pesos que la ASE considera como el monto del daño patrimonial causado a la institución.

Estamos ante un caso de evidente corrupción, de intereses creados, donde todos, el Poder Judicial local, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía Anticorrupción, hicieron hasta lo imposible para proteger al expresidente del Poder Judicial.
13 Julio 2019 04:00:00
Avalancha
Una avalancha es cuando una masa grande de nieve se desliza por la ladera de una montaña de forma violenta y estrepitosa, arrastrando con ella todo lo que encuentra a su paso.

Paradójicamente, la 4T se parece mucho a una avalancha que en su “intentona por gobernar para desmarcarse de las administraciones que la antecedieron” va arrasando con todo lo que encuentra a su paso: políticas públicas, programas, leyes e incluso servidores públicos que claudicaron en el intento. Una 4T que no ha podido siquiera establecer orden al interior con su burocracia, y que por ende, se antoja difícil que de la noche a la mañana se convierta en una Administración homogénea que ponga orden a lo largo y ancho del país.

Parte de esta avalancha, además de la huelga de la Policía Federal (que abordaremos en otro momento) son las renuncias –sin precedentes–, que en tan poco tiempo ha sufrido el denominado Gobierno de México. Urzúa la más reciente, que sumó una nueva baja para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es que este 9 de julio, a través de una carta reclamó que “le resultó inaceptable” la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública.

Antes de Urzúa, había sido el expanista Germán Martínez Cázares, que en su carta de renuncia como director del IMSS denunció que funcionarios de Hacienda tenían “una injerencia perniciosa” en la operación del Instituto, lo que dijo, ponía en riesgo la prestación de los servicios de salud.

“El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”, señaló en aquel momento.

Poco antes, la salida de Tonatiuh Guillén como comisionado del Instituto Nacional de Migración había cimbrado de manera importante las estructuras del Gobierno federal; no por el cargo que ejercía, sino por la coyuntura política del momento en el que se iba, cuando iniciaba el plan de contención de migrantes en la zona sur, producto del “acuerdo migratorio”.

Por supuesto, no podemos olvidar la salida de la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, que se vio obligada a renunciar por “charolear” en el aeropuerto cuando estaba por perder un vuelo, violando por donde lo vean aquel precaepto de la 4T de que, “quien no aplique las medidas de austeridad y honestidad, no tiene nada que hacer en el Gobierno”.

O que me dicen de la renuncia de Guillermo García Alcocer, quien al dejar de ser presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) puso punto final a una etapa de ese órgano autónomo, que ya había padecido la salida por diversos motivos de buena parte de los comisionados; para opositores y analistas es el ejemplo más claro de que ese tipo de instancias pasarán por una reconversión, no sabemos si para bien o para mal. Al tiempo.

Sea cual sea la renuncia y de la posición jerárquica, no deja de ser un fenómeno de llamar la atención, y es que tanto en la Iniciativa Privada como en el sector público, las renuncias tienen un significado, aunque cada caso es único, regularmente en el ámbito laboral existen razones que se vuelven “comunes” a la hora de dejar un puesto de trabajo.

Por lo que me parece importante saber qué motivos pueden representar una fuga de talentos, y más cuando en este caso se trata de llevar las riendas de un país. Cualquier experto en materia de recursos humanos sabe que la motivación es un elemento primordial a la hora de ejercer un cargo. Cuando el empleado siente que sus aportes no significan nada para la empresa y que su trabajo y sus opiniones no son tomados en cuenta, es probable que renuncie eventualmente. Cuando la empresa o en este caso el Gobierno no tiene un rumbo definido o sus superiores no le muestran hacia dónde está dirigida su labor, frecuentemente el trabajador se va.

Otro de los factores a descascar es el mal ambiente laboral, y es que si un trabajador se encuentra en un ambiente tenso y cargado de diferencias que no llevan a nada, constantes conflictos con los compañeros o frecuentes abusos del jefe o superior, pueden hacer que decida buscar un empleo con un ambiente más agradable.

Generalmente, estimado lector, cuando este tipo de situaciones abundan en una empresa, quiere decir que la dirección de esa empresa no está funcionando y peor aún, esta constante rotación podría advertir para cualquier entidad pública o privada, el posible fracaso.

Es por ello que no debemos hacer menos las renuncias de los funcionarios públicos de la 4T, yo como todo mundo, quiero lo mejor para nuestro país y por supuesto que preocupa que la dirección esté fallando, que los encargados de áreas tan sensibles prefieran hacerse a un lado, que desde la distancia se percibe aquella avalancha, producto de derrumbes de nieve que viene arrasando con todo a su paso. Por el bien de México ojalá y no sea así.


Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
06 Julio 2019 04:00:00
¡Extra, extra! 2 x 1
Hoy decidí hacer dos columnas en una: primero porque son muchos los temas que se acumulan en la semana tanto en el ámbito local como nacional, y segundo porque hay dos temas de relevancia: denuncias por la megadeuda coahuilense y la aprobación de la “Ley Partida Secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Crónica de un tema tabú en Coahuila

En fecha reciente la Auditoría Superior del Estado ganó 12 amparos a la Fiscalía General para que admitiera las denuncias que la Auditoría presentó en 2012 por la megadeuda y que fueron desestimadas con el no ejercicio de la acción penal por la entonces Procuraduría del Estado, hoy convertida en Fiscalía.

Lo que nos preocupa a todos es que las autoridades se han negado a hablar específicamente de la prescripción de los delitos. Por principio legal, se debe aplicar el Código Penal coahuilense vigente en 2010, así como la Ley de Fiscalización Superior de entonces, porque fue en aquella época cuando se perpetraron estos hechos de corrupción. En este sentido, los delitos financieros que pudieran tipificarse, conforme a la ley de entonces, como peculado grave, coalición de servidores públicos, negociación ilícita y enriquecimiento inexplicable, y los delitos derivados de la Ley de Instituciones de Crédito, prescriben en periodos de entre 6 y 9 años. Es decir, en 2019 estamos en el límite, sino es que algunos ya prescribieron.

Veo tres posibles escenarios, el primero es que estos amparos que ganó la ASE interrumpan la prescripción, pero esto se vuelve un tema complejo, en el que entran una serie de supuestos y cálculos para determinar con exactitud la temporalidad de la prescripción, que en su caso es deber del fiscal general, Gerardo Márquez, explicarle al público.

La segunda cuestión son las otras denuncias: no debemos olvidar que el grupo parlamentario del PAN en la 58 Legislatura de Coahuila interpuso una denuncia que, según el entonces procurador en 2015, seguía vigente, junto con una presentada por el entonces senador Federico Doring, aunque no conocemos el estatus de estas ni si se les está corriendo plazo de prescripción.

Por último, las averiguaciones previas abiertas en la Fiscalía General de la República, donde, hasta 2017 -por acceso a la información-, constatamos que seguían vigentes, producto de denuncias presentadas en 2011 por el entonces procurador fiscal de la Federación, Laynez Potiseck, un total de tres de las que no sabemos nada. Se debe recordar que uno de los elementos que interrumpen la prescripción de los delitos es justamente el accionar de las autoridades, que realicen etapas procesales, diligencias, acuerdos, etcétera.

Lo más grave, y que es un hecho, es que al auditor superior le prescribió ya, por lo pronto, la posibilidad de ejercitar el procedimiento de responsabilidades resarcitorias, que no es otra cosa que la obligación de los servidores públicos y particulares de reparar a la hacienda pública los perjuicios cuantificables monetariamente, ocasionados como consecuencia de una conducta que incumpla algún ordenamiento, en este caso, lo relacionado con la megadeuda. De esto se hace mención en la Ley de Fiscalización vigente en 2010, que entonces establecía: Artículo 50. “Las facultades de la Auditoría Superior para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que refiere este capítulo prescribirán en cinco años”. Por lo pronto seguiremos presionando para garantizarle a los coahuilenses que este hecho de corrupción no quede impune, y nos aseguraremos de que los delitos no hayan prescrito. Es por ello que todas las fracciones parlamentarias del Congreso local deberán adoptar la agenda ciudadana, trabajar en conjunto y cuanto antes llamar a comparecer al fiscal general y al fiscal anticorrupción. Espero y esta historia no sea la crónica de un tema tabú.

Ciencia ficción en México 

Cuando veo la rueda de prensa mañanera del presidente AMLO no son pocas las veces que me pregunto si se trata de un montaje de ciencia ficción, en el que nos hace sentir a los mexicanos la nostalgia y tristeza de viajar a los 80 y ver cómo el país hoy es igual al de entonces. Para ser más específico con el comentario, la semana pasada se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, donde el artículo que inundó de polémica fue el 61, que establece: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas de austeridad deberán destinarse a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos... o al destino que por decreto determine el titular”.  Ahora sí que, como dicen por ahí, esa partida secreta no la tuvo ni Salinas de Gortari. 

Austeridad es que los gobiernos no gasten por gastar, que se disminuya el gasto de lo absurdo, de la burocracia, y no generar “ahorro” para gastarlo luego de manera discrecional. Esa es austeridad ficción, estimado lector. Hay que decirlo: todos estamos de acuerdo con gastar menos y hacer eficiente el gasto. El problema es el fin siniestro de lo que establece el artículo que mencioné con anterioridad. Dicho de otro modo, es increíble que el Presidente decida qué hacer con nuestros impuestos, sin ser parte de un proyecto de egresos, como debiera ocurrir dentro de la normalidad, cuando el Ejecutivo presenta ante el Congreso de la Unión su presupuesto y este se somete al análisis y discusión en la Cámara. Es por ello que, a todas luces, lo que se aprobó es para que el Presidente tenga la posibilidad de decidir qué se hace con los “ahorros” y seguramente la chancla apuntará hacia gastarlo con fines electorales.

Grave, pues, lo que ocurre con el Gobierno federal y esta ambición de perpetuarse en el poder y con estas imposiciones garantizar el triunfo del partido oficial. ¿Qué sigue? ¿La desaparición del INE para que las elecciones vuelvan a estar a cargo de la Secretaría de Gobernación? En el mundo del revés y de la ciencia ficción de AMLO, no lo dudo.

Gerardo Abraham Aguado Gómez, es miembro de Acción Nacional desde 2008. Fue asesor en el Senado de la República 63 Legislatura. Actualmente es diputado local en la 61 Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
29 Junio 2019 04:01:00
Leyes corruptas
La ley es una norma jurídica dictada por la figura del legislador, un precepto establecido por una autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana y las normas que rigen nuestra conducta social.

En el Gobierno existen leyes que regulan el funcionamiento de las entidades públicas y que “obligan” a funcionarios a actuar conforme a derecho y con base en los principios de legalidad, honradez e imparcialidad. En teoría estas leyes tienen por objeto evitar casos de corrupción y todas aquellas leyes que rigen el actuar de las instituciones fiscalizadoras y procuradoras de justicia.

el problema radica en esas leyes que hacen como que regulan. Para que una Administración pública de carácter municipal, estatal o federal tenga un buen funcionamiento necesita un contralor, su trabajo consiste en dar seguimiento a las políticas y procedimientos para proporcionar seguridad razonable y lograr objetivos específicos a la entidad pública, a través del manejo transparente de los recursos. Considerando que el objetivo es ese, ¿cree que contralores contratados por el titular del Ejecutivo actuarán con imparcialidad? La respuesta es no. Y no se necesita ser un experto para saber que el procedimiento para elegir a los contralores debiera ser a convocatoria abierta, seleccionados de entre un grupo de ciudadanos y profesionales que sean ese contrapeso del Ejecutivo. La ley no lo contempla así. Por lo que es impostergable legislar al respecto.

Otro ejemplo claro es el del actuar de las auditorías superiores. La Auditoría Superior es aquel órgano que tiene la función de fiscalizar las cuentas públicas de las entidades, apelando a los instrumentos y mecanismos que permiten la detección del incumplimiento a las leyes. Cuando una entidad pública es fiscalizada y se hace acreedora a observaciones, el sujeto obligado debe subsanarlas y si no lo hiciere, la Auditoría podrá presentar las denuncias correspondientes. La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior no establece un plazo límite para que la Auditoría presente las denuncias, ocasionando que la justicia tarde años o que prescriban los delitos.

Otro caso, y que se ha prestado a malos entendidos es cuando, por conducto de una nota periodística, se revela un probable acto de corrupción de las autoridades, como el caso de las empresas fantasma, detectadas por un conocido medio en septiembre de 2016; en el que la sociedad cuestionó, ¿qué harán los diputados? Otros se refieren a todas las autoridades. En cuanto a los diputados, los de oposición suelen presentar denuncias.

Tratan de hacer el trabajo, pero uno realizado con información mínima, a veces sin pruebas mas que los dichos periodísticos, cuando, de acuerdo con la legislación penal y a la administrativa, las denuncias deben tener un soporte probatorio.

¿Y cuál es el problema? Que ese trabajo lo debe y debió hacer la ASE, que debió detectar las empresas fantasma y presentar las denuncias, ya que dicho órgano tiene acceso a evidencias contundentes, y además, es su deber, y no tiene por qué esperar a que ciudadanos o diputados le hagan el trabajo. Volvemos a lo mismo, la ley no permite que se presenten denuncias por investigaciones de particulares o periodísticas. Lo grave es la falta de operatividad de las instituciones de presentar querellas y dar seguimiento a los actos de corrupción que no nos parezca ineficiencia de quienes a lo largo del tiempo han confeccionado estas leyes (desde años atrás), lo que más bien parece es un plan siniestro para crear leyes que parezcan completas, al menos de fachada, pero que en realidad son: leyes corruptas.
22 Junio 2019 04:01:00
Hielo
Suceden tantos acontecimientos tan rápido, que tuve que postergar mi análisis post-electoral del pasado 2 de junio y publicarlo hasta este momento. Y es que no me dejará mentir estimado lector, pero cada elección es distinta y deja duras lecciones.

Para que me entiendan, las elecciones –que dicho sea de paso su protagonista es el electorado, no el candidato– son maestras de vida: tajantes, estrictas y de resultados irreversibles, sus regaños duelen, pero enseñan. Sin embargo, este duro maestro, ¿Qué elementos toma en cuenta para determinar la coyuntura electoral?

Después de una dictadura perfecta, la llegada de la alternancia en manos de Acción Nacional, su fugaz paso (12 años que son muy poco tiempo para cambiar el rumbo del país) y el regreso de la dictadura que llegó a querer gobernar sin darse cuenta que el país había cambiado, lo cual significó un retroceso –y su debacle– que terminó por cansar a un electorado asqueado del “sistema”, harto “de los mismos” y buscando respuestas, aunque fueren de forma y no de fondo.

Entonces llegó el proyecto de la llamada “4T” que ya llevaba algún tiempo posicionando un discurso de odio contra el sistema, que no había logrado el resultado en dos elecciones presidenciales, pero que seguía terco para llegar a su “tercera es la vencida” y lograr un contundente triunfo basado en decir y repetir lo mismo durante años: “hay una mafia del poder”, “todos son corruptos menos yo”, “todo es culpa del PRIAN”, triunfo que cambió para siempre el panorama electoral.

El movimiento encabezado por Andrés Manuel se volvió menos idealista y más pragmático, acogió principalmente a aquellos grupos del PRI que sentían que la nave se hundía y comenzaba a dar forma a una máquina electoral desordenada sí, pero robusta, que haría las veces –en la historia del país– de prácticamente un nuevo PRI.

Sin embargo, una cosa es hacer campaña durante años y otra muy distinta gobernar. Al poco tiempo el Gobierno de la 4T se desdibujó y pasó de la luna de miel donde todo es amor, a vivir las dificultades del día a día y el desgaste de gobernar. Malas decisiones, órdenes y contraórdenes, “dimes y diretes”, renuncias en su Gabinete, consultas anticonstitucionales, la cancelación del aeropuerto de Santa Lucía, el elefante blanco del Tren Maya, la reducción de participaciones federales en las entidades, la disolución del exitoso programa implementado por Felipe Calderón Estancias Infantiles, llegaban al 2 de junio como la carta de presentación del Gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Imagine esta ecuación con la imposición de una “dictadura perfecta” (PRI), más la fugaz alternancia (PAN) y la adición final de la desilusión provocada por un proyecto (4T): el resultado es que se terminó por dilapidar el entusiasmo del electorado, que se manifestó de distintas formas, pero la principal y absoluta en la jornada electoral fue el abstencionismo.

Los comicios estuvieron marcados por la baja participación, el promedio no rebasó el 33% en los seis estados. En Puebla, después de una violenta jornada electoral donde había resultado ganadora la panista Martha Érika Alonso (DEP), y donde quedó demostrada la falta de madurez democrática del lamentable candidato Barbosa, se dio el triunfo para “el moreno” en la reposición del proceso, sin embargo el mal humor social y la confrontación terminó por registrar una participación del 33 por ciento.

Otro de los estados con elecciones fue Baja California, que registró una participación del 29%, en Quintana Roo apenas el 22 %, Tamaulipas el 33%, Aguascalientes el 38% y Durango, que sacó la casta con el casi 45% de su padrón.

Además de la manifestación de rechazo del electorado a través del abstencionismo, otro dato digno de llamar la atención es la inminente desaparición del Revolucionario Institucional, –si no hacen algo extraordinario– creo que su actuar especialmente en la Cámara baja está terminando por entregar a esta institución política, lo que podría hacerla desaparecer. Para muestra un botón, en las entidades sus candidaturas fueron prácticamente testimoniales, comenzando ya los problemas de registro en muchos casos.

Gran responsabilidad resulta para Acción Nacional y quienes lo representamos en alguna de sus formas, ya que se convierte en automático en la única fuerza política viable para frenar las locuras de la 4T –sí, en medio de esta crisis de partidos–, incluso llegando a obtener una mayor cantidad de votos que Morena en este pasado proceso, que si bien no puede celebrarse como un triunfo –y mal haríamos– si es materia de reflexión para ver hacia adelante, asumir el reto y la responsabilidad que la ciudadanía nos otorga, sin dejar de lado que el “mal humor social” sigue vigente.

Así pues los movimientos en el siempre interesante y complejo mapa electoral. En resumen, el principal mensaje de la ciudadanía es el de la poca credibilidad hacia los partidos y los políticos “en su forma actual” como la conocemos, quizás en los siguientes procesos electorales pasemos de un juego de partidos a una partida de movimientos, y lo explico, antes un partido político era como un autobús de pasajeros, con capacidad para muchos, asientos cómodos, aire acondicionado y suficiente ga-
solina para llegar a cualquier lado; hoy los partidos parecen convertirse en ese carro viejo, de máximo dos pasajeros, incómodo y con la bomba de gasolina descompuesta.

Habrá que evolucionar, sin duda, porque posiblemente nos encontramos ante los últimos momentos del sistema partidista como lo conocemos hasta hoy, mientras no cambiemos, el electorado seguirá aplicando a los políticos la fría y solitaria
“ley del hielo”.
15 Junio 2019 03:58:00
No hubo negociación, hubo atropello
“...la soberanía de una nación es la facultad absoluta de determinar por sí mismo su propia competencia”.

“…los gobiernos son soberanos en el ámbito interno de sus respectivos estados, de modo que los representantes gubernamentales de otros países no deben crear normas jurídicas internas en un país distinto al suyo”.

No hubo negociación, hubo un atropello el pasado 8 de junio cuando el Gobierno de Estados Unidos –con la bota en el pescuezo– amenazó al Gobierno de México a cumplir con determinadas condiciones para que no fuese a hacer efectiva su amenaza de aplicar aranceles a diversos productos de exportación. Ante esta situación, el Gobierno de la 4T sucumbió y aceptó términos: tomar medidas sin precedentes para aumentar la aplicación de la ley para frenar la migración irregular. Lo cual significa que en breve México desplegará, si no es que ya lo hizo, a 6 mil elementos de la Guardia Nacional, que significa el 10% de su total de integrantes; Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes y no para convertirse en una Border Patrol.

Además México deberá recibir en breve a más de 12 mil migrantes solicitantes de asilo político provenientes de los Estados Unidos, a quienes deberá proporcionar hospedaje, alimento, atención médica y demás atenciones básicas por el tiempo que sea necesario; sí, con costo al erario mexicano. Pero, por si fuera poco, el “acuerdo” incluye por supuesto que cualquier migrante que ingrese a nuestro país de forma ilegal, deberá ser retenido, atendido y proporcionarle los mismos servicios mencionados. Como diría Diego Fernández de Ceballos: canallada de Trump. Esto obligará al Gobierno de México a estirar la cobija de los recursos públicos, sacrificando las necesidades locales, por la imperante necesidad del Gobierno norteamericano para que México se “haga cargo” de los Migrantes centroamericanos.

El Gobierno de México, acorralado por un Trump que busca posicionar, al igual que en 2016, un discurso de odio y división racial en el marco de las próximas elecciones para renovar el Ejecutivo federal en aquel país y que además aprovechó para presionar la vulnerabilidad actual de nuestro país en materia económica, decidió “por el mal menor”, ganar 45 días, plazo fatal acordado para resolver los problemas migratorios y ceder. Lo que es el colmo es que para anunciar el “acuerdo” el Gobierno mexicano convocó en Tijuana a un “festejo” que lo único que demostró fue el gusto de AMLO por simular y mentir. Pan y circo.

Como dato adicional recordemos que parte del problema que atraviesa México con la avalancha migratoria, se debe a la convocatoria que realizo AMLO el pasado octubre cuando todavía era presidente electo, en ese momento dijo que “aquí (en México) les vamos a dar todo lo que necesiten a los migrantes”. El pez por su boca muere.

No se trata de festejar como triunfo lo que fue la única salida posible, vivimos hoy con la respiración artificial que nos da el Gobierno estadunidense y que nos convierte, por lo pronto, en el “tercer país seguro”, que en términos generales significa que el país que recibe la migración, “se convierte solo en receptor, no en mariscal de campo”. Una negociación de la que no sacamos nada, pues como señalan economistas y expertos en el tema, de haberse aplicado las medidas arancelarias de Trump, la economía de Estados Unidos se vería seriamente afectada, además, México podría haber reaccionado como otras administraciones federales: respondiendo con aranceles en igual o mayor proporción.

Para lo anteriormente expuesto, vale la pena señalar que la migración, cuando se hace ordenadamente es un derecho humano, eso no conlleva a que las avalanchas de los que quieran ingresar puedan hacerlo sin apego a la ley, lo que ocurre es que la migración se salió de control y generó un problema grave, que hoy se convirtió en una amenaza hecha por EU y aceptada por nuestro país, lo que genera una obligación no compartida y leonina. Ya para terminar se me olvidó comentarlo, parte de los “acuerdos” incluyen que México deberá incrementar el consumo/importación de productos estadunidenses en el lapso de 90 días. Así se las dejo; la última palabra la tiene usted estimado lector.
08 Junio 2019 03:58:00
¿Será justo?
El transporte público es el medio de movilización de personas, incluyendo todas sus modalidades y tipos de unidad, más usado por las personas en el mundo. De este dependen todos los días miles de personas en cada ciudad, grande, mediana o pequeña, y en las zonas rurales para transportarse a sus empleos, escuelas y otros destinos menos frecuentes como las citas al médico y las visitas familiares.

De origen, los autobuses o “camiones”, como se les llama de manera coloquial, han sido el medio de transporte colectivo más común en todos los lugares del planeta. En países como el nuestro, se clasifica en municipal e intermunicipal, pudiendo comprender también rutas entre municipios de distintos estados, en cuyo caso es interestatal.

El aumento de tarifas al transporte público, si bien obedece a un derecho lógico, legal y comercial que tienen los concesionarios del transporte, es un proceso que debe consideraciones y análisis de las condiciones establecidas en la ley, así como de un correcto estudio de mercado, costos, inflación, aumento de combustibles y demás. La mejor prueba de que existen aumentos injustos y desproporcionados es que podemos apreciar a lo largo y ancho del país que, para municipios iguales en densidad de población, no existen las mismas tarifas, incluso a veces la diferencia es de dos pesos o más de un municipio a otro, de un estado a otro. Otra prueba es que cobran tarifas iguales con unidades totalmente distintas en condiciones y antigüedad, nuevos y viejos cobrando lo mismo.

Estas discrepancias permiten establecer con facilidad que se arrastran vicios, fallas y acciones que no son del todo apegadas a derecho desde hace años o lustros en los incrementos de tarifas, lo que al final resulta en una disparidad total, como las que ya hemos analizado.

Generalmente, cuando se concede un aumento de tarifas de parte de un municipio, se presentan dos situaciones: los concesionarios aducen o alegan el incremento de los combustibles, de los insumos y la inflación. Y el municipio impone condiciones de modernidad en las unidades y en el servicio. Generalmente ambas partes aceptan una y otra condicionante y se llega a un acuerdo; sin embargo, lo más común, es que transcurrido el tiempo, al llegar el nuevo aumento de tarifas, los transportistas no cumplieron con su parte, y vuelven a prometer lo mismo; el ciclo se repite.

Es una demanda social que los concesionarios cumplan con las promesas que hacen al momento de que se les autorizan las nuevas tarifas. Como lo es el que los municipios realicen verdaderos y profesionales estudios de mercado, y de costo-beneficio, comparando las tarifas incluso con las de otros municipios de la entidad o de otros estados, para entender y valorar las diferencias y sus justificaciones.
01 Junio 2019 03:50:00
El cáncer de la Administración pública
Explicaba hace un par de semanas que nepotismo es cuando un funcionario, utilizando sus atribuciones y poder, favorece indebidamente a un familiar consanguíneo o por afinidad en la asignación de un empleo, cargo o comisión bajo su mando, dirección o responsabilidad. Por otra parte, debemos hablar del conflicto de interés, figura que existe desde hace muchos años en todas las leyes donde las autoridades deben garantizar que no participarán en negocios, asuntos legales o resoluciones administrativas donde se vean involucrados familiares consanguíneos o por afinidad.

Sin embargo, ante los persistentes y cada vez mayores actos de corrupción en la Administración pública federal, estatal y municipal, se optó por establecer un control mayor a través de las leyes en aras de prevenir, contener y combatir dichos actos donde los servidores públicos favorecen con contratos a proveedores y contratistas que son familiares, socios o, en casos más extremos, contratan a sus propias empresas, desplegando un cinismo inaudito. En los hechos algunos municipios, en todo el país, como en Coahuila, siguen, gran porcentaje de todos ellos, practicando sin empacho alguno la contratación de servidores públicos, que en realidad son familiares.

Al tiempo, la práctica de favorecer a familiares y socios con contratos de obras públicas, servicios, insumos y arrendamientos de todo tipo, es tan común que resulta inexplicable, ya que además, es bien sabido que ni siquiera intentan ocultarlo con trucos contables y financieros, sino que lo hacen de modo abierto y descarado. El conflicto de interés, igualmente, es un cáncer que permea a toda la Administración pública, pero es casi intocable en los municipios, donde estos se escudan en cosas como falta de reglamentos, falta de personal capacitado para entender dichas conductas, la creencia de que contratar a familiares como proveedores no tiene nada de malo, la creencia de que el derecho al comercio y al trabajo del proveedor debe privilegiarse por encima del conflicto de interés, entre otros argumentos.

En este sentido, las contralorías municipales deben contar con la atribución expresa de: supervisar y valorar este tipo de conflictos, función que es perfectamente compatible con los alcances y naturaleza de los órganos de control de los municipios. Además, el contralor, como no puede fiscalizarse asimismo, situación que representa un vacío en nuestra legislación, por eso debe responder a manera de informe mensual sobre actos de nepotismo o conflicto de interés detectados dentro de la Administración ante el Cabildo, creo que sería lo más apropiado para darle la mayor certeza, imparcialidad y honestidad a sus funciones. En fin, falta mucho en materia de imparcialidad y honestidad en la Administración pública, pero con mejores leyes, podremos lograr la transición de la opacidad a la transparencia.
25 Mayo 2019 03:55:00
El preocupante PND de AMLO
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del actual Gobierno ha sido publicado, y ha generado dudas, decepción y preocupación por sus contenidos, pero en especial por la ausencia de contenidos.

Entre otras cosas, destaca por la falta de proyecciones en cifras y calendario de metas para medir su avance y logros.

Su pronóstico de crecimiento no corresponde con el crecimiento que ha observado el país en sus primeros cinco meses de gobierno, que nos tienen a la puerta de eventuales problemas económicos serios en caso de no corregir el rumbo de su política económica en breve plazo.

En ninguna parte menciona la forma en que serán obtenidos los recursos necesarios y las fuentes para cada eje rector y sus programas; pero además nos encontramos con varias inconsistencias, de las cuales resalto algunas. Cabe mencionar que leí y analicé el Plan completo, además de compararlo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del anterior Gobierno.

En el eje Política y Gobierno, sus ideas y planes para recuperar el estado de derecho, pacificar el país y erradicar el consumo de drogas y por ende al narco, son de lectura obligada, y de preocupación aún más obligada, y para evitar incurrir en modificaciones de lo que dice al texto, reproducimos algunas porciones de este eje:

“…Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la ilegalidad en sectores de la población. En el actual Gobierno todos los funcionarios deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, en la inteligencia de que solo una autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por parte de la población.

“Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de constitucionalidad como las que practicaron los gobiernos anteriores…”, fin de la cita.

¡Qué extrañas palabras!, viniendo de un Presidente que se ha dedicado a realizar consultas inconstitucionales, a cancelar obras sin seguir los procedimientos de ley, a adjudicar contratos sin licitación, un hombre que pretendió cancelar la reforma educativa con un memorándum.

En cuanto a Seguridad Nacional y Seguridad Pública, el Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado “populismo penal”, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. En el combate a las drogas, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación.

La “guerra contra las drogas” ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. Pero el Plan Nacional de Desarrollo dice que, “La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU…” fin de la cita.

El chiste se cuenta solo. Sin palabras, máxime cuando el Presidente no tiene la menor idea de tiempo, momento y acciones prioritarias, mientras esperamos la implementación y desarrollo de su “brillante” estrategia, el narco avanza por todo el país, regresa a paso acelerado el sistema de plazas a los estados y las batallas sangrientas por dichas plazas aumentan las ejecuciones y los levantones, las desapariciones, y es solo el principio, no queremos imaginar las consecuencias de su cese unilateral de combate al narco, mismo que ya reconoció de manera pública, cuando dijo, “se terminó la guerra con los narcos, estamos en paz”.

Como se demostró en campaña, ni él ni su equipo, ni Olga Sánchez Cordero, pudieron nunca explicar esta parte de la estrategia de paz, ni establecer las bases mínimas. Al contrario, resulta en extremo preocupante, que admite de forma pública que, a su Gobierno, porque es del de él, le resulta imposible derrotar a la delincuencia.

En lo que respecta a la Política Social, por ejemplo, habla del derecho a la educación, pero las menciones en relación a cómo traducirá en realidad este derecho, son más bien escuetas y vagas, carecen de planeación y proyección. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dice, contará con un apoyo bimestral de 800 pesos por familia, para niñas, niños y jóvenes menores de 18 años que estudien en escuelas públicas. A considerar los costos de la vida, transporte, uniformes, calzado, útiles y demás, será un programa de apoyo en extremo limitado, más en un país donde la prioridad principal es tener algo que comer todos los días. En cambio, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, para jóvenes que cursan estudios superiores, otorgará una beca de 4 mil 800 pesos bimestrales. Esto es, por debajo de la universidad recibirán 800 pesos. Pero en la universidad 4 mil 800, con lo que se establece una desigualdad de apoyo social difícil de comprender. Habla de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, sin aclarar la calidad educativa de estas, la certificación de su personal, ni los presupuestos que serán destinados para infraestructura y personal.

En cuanto al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, asegura que garantizará el acceso a servicios médicos para toda la población… en el año 2024, la pregunta obligada es: ¿Y por mientras? ¿Los años 2019, 20, 21, 22..? Tampoco menciona costos, ni proyecciones anuales o grados de avance.

Y así podemos seguir analizando punto por punto el “Plan”, pero nos basta esta pequeña muestra para evidenciar un Plan Nacional de Desarrollo que no parece hecho por profesionales ni conforme a las bases constitucionales y legales preestablecidas. Al leerlo, parece más bien una de sus conferencias mañaneras, a lo largo del texto vemos como echa culpas de todo a los anteriores gobiernos, utiliza la palabra neoliberalismo en cada oportunidad, dice que todo lo anterior fue un fracaso, pero ofrece, como durante su campaña, soluciones milagrosas y bastante fuera de lugar la mayoría.

Nos preocupa de sobremanera que este sea el Plan Nacional de Desarrollo, un documento cargado de buenas intenciones, muchas de ellas de inviabilidad notoria, o fracaso predecible. Que en lugar de ser un documento científico, técnico, estadístico, jurídico, jerarquizado y producto de verdaderas consultas a los sectores sociales y privados, sea una especie de manifiesto político libre.
18 Mayo 2019 03:59:00
San Manolo
Lisonja: alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace de una persona para ganar su voluntad.

Hace unas semanas presenté un punto de acuerdo en el Congreso del Estado, en el cual solicitaba que el Cabildo de Saltillo iniciara una investigación para dar seguimiento a varios casos de nepotismo detectados dentro de la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas; por mencionar algunos de los casos, en la nómina están primos, esposas de primos del presidente municipal, pasando por amigos, amigas y hasta el nombramiento con conflicto de interés del tesorero del Ayuntamiento.

Desde luego las reacciones no se hicieron esperar, y en un acto de sobreprotección, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso, simpatizantes y hasta troles en redes sociales, mostraron su enojo por exhibir a un alcalde que –hay que decirlo– no respeta lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa sobreprotección hasta hoy brindada por sus simpatizantes le ha hecho un flaco favor y el mensaje que mandan de “cuidar al alcalde por sobre todas las cosas” quizás demuestra dos verdades:

Que no tiene la estatura para poder asumir las culpas o subsanar las faltas administrativas o, que de aquí en adelante, habrá que guiarlo y cuidarlo.

Me refiero a lo siguiente, hace unos días, un periódico publicó una nota que llevaba por título “Saltillo plantea cadena perpetua o pena de muerte a quien agreda a policías”. Lo primero que me recordó fue a Humberto Moreira, que hace ya algunas legislaturas presentó una reforma a la Constitución local para validar la pena de muerte, iniciativa que en su momento fue aprobada por la legislatura coahuilense y luego fue enviada al Congreso de la Unión por tratarse de una reforma de carácter federal y, afortunadamente, fue rechazada por diputados y senadores. Y, lo segundo que se vino a mi mente, es que cómo después de que hace algunos meses el gobernador del Estado, en el marco del arranque de los trabajos del Programa Estatal de Derechos Humanos 2017-2023, declarara que los derechos humanos son agenda de Estado de primer nivel y guía para planear, presupuestar e implementar prácticas y estándares de protección a una sociedad de derechos; y que hace unos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconocía que Saltillo y Coahuila eran ejemplo de respeto a los derechos humanos; venga el alcalde de Saltillo –que lo presumen como un político nuevo y de avanzada– a dejar de lado los derechos humanos y proponer, aunque sea solo una declaración, la pena de muerte.

A raíz de esta declaración, el pasado miércoles en la sesión del Congreso, presenté de nueva cuenta un punto de acuerdo para solicitarle a Manolo Jiménez que cumpla con lo establecido en el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para sorpresa de nadie, el punto de acuerdo fue enviado a Comisión sin ni siquiera ser discutido, como si el tema de derechos humanos no fuera un tema toral en el discurso público actual. Pero lo más interesante, es que en el Poder Legislativo se han impulsado una gran cantidad de reformas en materia de Derechos Humanos, algunas incluso impulsadas por el PRI y que se refieren a los principios de mejora continua en las condiciones existentes bajo los principios de progresividad y no regresividad. Pero hoy no, hoy jugaba un factor más importante que el derecho humano: San Manolo.

Frente al derecho humano, no pueden nunca oponerse conceptos como el de “interés público” o “seguridad nacional”… mucho menos un Alcalde. Ninguno de estos conceptos tienen la fuerza suficiente como para derrotar a un derecho humano. La regla general en todas las situaciones en las que se pretenda enfrentar al derecho humano vs el derecho colectivo, siempre primará el derecho humano. Por eso me llama la atención que se impusiera la lisonja ante tal derecho. Es por este actuar de los fieles seguidores de San Manolo ante ambos puntos de acuerdo presentados por un servidor, que me sirvo de citar una frase de Don Quijote, muy ad hoc a los momentos que hemos vivido las últimas semanas en el Congreso: “yo quiero que sepas, Sancho, que si llegase a oídos de los príncipes la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros tiempos correrían”.

La opacidad en la función pública y la simulación hacen daño y mucho, espero que el alcalde o su contraloría (cualquiera de las 2, la ciudadana o la oficial) puedan darnos razón de los casos de nepotismo lo antes posible y a su vez prender la veladora, para que el fiscal Anticorrupción dé seguimiento. Respecto al tema de seguridad, que quede claro, la seguridad es un tema que nos preocupa a todos, pero nos debe ocupar con seriedad y con el compromiso que la situación amerita, no violentando los derechos de todas y todos. Ya lo dijo el gobernador de Coahuila, el derecho humano es agenda de Estado de primer nivel. Espero y el alcalde pronto pueda enderezar el rumbo, creo que tiene madera, pero el amor incondicional de sus seguidores mal cría y San Manolo puede volverse un niño malcriado. Al tiempo…
04 Mayo 2019 03:56:00
Hacer las cosas bien
Los créditos de corto plazo son préstamos que las entidades federativas pueden solicitar sin autorización de sus respectivos poderes legislativos.
Se entiende que la intención del legislador que creó y aprobó estas reformas en las leyes de deuda locales, y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, era permitir el acceso de los gobiernos locales, municipales y de los organismos (en este último caso, quedaron contemplados solo en las leyes locales de deuda) a créditos de la banca en forma ágil e inmediata para hacer frente a ciertas situaciones de tipo emergente, sobre todo.

El artículo 30, de la mencionada ley, establece que las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, como es que en todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no exceda del 6% de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, y que las obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses.

Sin embargo, en los hechos, tenemos que las entidades federativas, muchas de ellas, abusan de estos créditos a corto plazo, y venden una idea engañosa a la ciudadanía, queriendo hacer creer que no pasa nada, que “solo es un crédito de corto plazo, que prácticamente no genera intereses”, o bien, generalmente definen el objetivo u objetivos del destino del crédito, pero en los hechos nunca transparentan la aplicación del mismo, y suele suceder que se utiliza para cosas distintas a las que fueron anunciadas de manera pública.

En cambio, las realidades son otras: los créditos de corto plazo generan altos intereses en todos los casos, y más para entidades federativas que ya están “mega endeudadas”, y para aquellas que solicitan estos empréstitos en forma frecuente, pues van acumulando un préstamo tras otro, y los intereses de todos deben ser sumados como perjuicio al erario, es decir, al ciudadano quien es el que paga todo.

Algo que decir a favor de las entidades que recurren a estas prácticas, es que, como ocurre en Coahuila, la deuda heredada por Humberto Moreira ha generado, hasta la fecha, varios problemas, como la poca liquidez, obligando al Estado a “echar mano” de esta herramienta para poderle hacer frente a sus problemas financieros, sin afán de defender la práctica, urge encontrar una manera de eficientar y transparentar este método, sin afectar el sentido de urgencia y prontitud que actualmente permite la ley, para contraer crédito de este tipo.

Después de analizar el tema, la conclusión me ha llevado a pensar que lo que se debe buscar es: “Comunicar y avisar”, pero manteniendo la flexibilidad que otorga la ley para que una entidad pueda recurrir a un crédito de este tipo, con prontitud, sin trabas, pero sí con mayor transparencia. ¿Cómo?, muy sencillo, informando al Congreso local lo siguiente:

» Qué generó la falta de liquidez

» En qué se gastará cada peso del crédito

Esta información ayudará a legitimar las acciones financieras del Gobierno y a transparentar el proceso, evitando así, miles de polémicas al respecto.

Es por eso que la semana pasada presenté ante el Pleno una reforma a la citada ley, al Artículo 30 para ser exactos, donde propuse agregar un numeral para que por obligación, al contraer este crédito de corto plazo, el Ejecutivo tenga que dar cuenta a la legislatura de los dos puntos que mencioné.

Yo siempre he pensado que la ley no debe limitar, si no por el contrario, ser una herramienta en donde todas las partes ganen, pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos a través de prácticas transparentes y justas.
27 Abril 2019 03:31:00
Atole con el dedo
Cuando transitamos del modelo de Procuraduría a Fiscalía, dentro de este nuevo modelo se creó una entidad especializada en perseguir delitos por hechos de corrupción y, por supuesto, el Sistema Anticorrupción, que tendría como eje fundamental la integración de la participación ciudadana para monitorear y dar seguimiento a los avances en materia de anticorrupción; pensamos que sin duda cambiaría la manera de combatir este mal y comenzaríamos a ver rendir frutos que ayudarían sanear la vida pública del país y las
entidades.


La ilusión duro poco, pronto comenzamos a ver que las fiscalías especializadas en delitos por hechos de corrupción solo simulaban, fiscales a modo que habían colaborado en anteriores cargos con los artífices de grandes actos de corrupción, y en general una fiscalía llena de cuates y cuotas, un sistema anticorrupción en donde las plazas destinadas a docentes honorables o ciudadanos imparciales fueron aprovechadas para acomodar personal cómodo, que tampoco “hicie-ra demás” (“no vaya a ser que se la crean y comenzarán a cuestionar a los fiscales”, seguramente más de uno comentó al momento de su creación).
Esto dio por resultado un sistema que no ha querido aprovechar los
“dientes”, que le fueron dotados y con ello parece estar destinado a convertirse en un elefante blanco. Desde su concepción, considerando que uno de los principales objetivos del sistema es la medición y evaluación del combate a la corrupción, este solo ha fungido como mero espectador y hoy este sistema creado para pedir cuentas permanentemente a los fiscales, presionar y medir su efectividad, hasta el momento ha brillado por su ausencia. Y en esta crítica no me refiero solo al Sistema Anticorrupción coahuilense, también al nacional y al de la mayoría de las entidades.
Pero no todo es culpa de los fiscales, hay que decirlo, ya que tanto a los consejos de Participación Ciudadana del sistema, a los diputados, senadores y organizaciones les ha faltado ser más severos con los auditores superiores y fiscales para que estos rindan cuentas y proporcionen información. Es decir, pareciera que todos están estáticos, a que algo ocurra para evaluar. Tenemos un problema de parálisis y en esto sí que es responsabilidad de todos hacer mover esta maquinaria.

Ya montados en el tema, por supuesto merece la pena hablar de las particularidades del Sistema coahuilense y su Fiscalía Anticorrupción. Parte de lo que he comentado en pá-rrafos anteriores se ve reflejado en los resultados de la Fiscalía Anticorrupción que a la fecha Homero Flores Mier ha destacado por no avanzar nada en el combate a la corrupción; hecho señalado incluso por el auditor Superior del Estado. En lo personal, como diputado en diversas ocasiones he denunciado la forma en que este servidor público declara y luego se desdice de sus afirmaciones sin empacho alguno; caso concreto las empresas fantasma, donde declaró primero que sí llevaba los procesos correspondientes, para luego decir que no, que los tenía la Fiscalía General, y al final decir que él solo conocía una parte de las denuncias.

Cualquiera que sea el caso, son hechos que se dieron a conocer en septiembre del año 2016, tiempo más que suficiente para haber resuelto las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades, ya que, como lo señalan expertos en la materia, se trata de delitos financieros donde solo debe probarse la situación legal de la empresa, los montos de dinero recibido ilegalmente, y, en su caso, los delitos cometidos en cada una de las etapas, desde la constitución, registro, celebración de contratos, y erogación oficial de pagos. Todo son pruebas documentales en poder de entidades públicas, en este caso, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el Registro Público de la Propiedad y el Registro de Comercio, rastreo, compilación y análisis de documentos, sumados a las declaraciones de los servidores públicos involucrados, declaraciones que debieron ofrecer a la autoridad en cualquier momento que les fuesen solicitadas.

Entrados en materia, el fiscal Flores Mier presentó ante este Poder Legislativo, de forma escrita, el Informe Anual de Actividades 2017- 2018, de acuerdo a la obligación que le impone la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Las cifras son de escándalo, 243 carpetas de investigación, y de éstas, solo siete fueron judicializadas, aunque Flores Mier pretende darnos atole con el dedo en el apartado denominado como “carpetas concluidas”; se trata de conclusiones bastante desafortunadas, toda vez que seis son archivo temporal, es decir, no es una conclusión formal o plena, cinco fueron perdón, y 27 fue-ron remitidas a otras áreas; eso, mis estimadas compañeras y compañeros, tampoco es una “conclusión”, son más bien reasignaciones o turnos.
Esto es el reflejo de una Fiscalía Anticorrupción que está generando resultados en extremo pobres y de un Sistema Anticorrupcion coahuilense estático.

Si extrapolamos cifras y calculamos una mediana básica, tendríamos que decir que esta Fiscalía estará concluyendo en forma definitiva entre 15 y 17 casos cada 16 meses; y mientras, se irán acumulando más y más denuncias por hechos de corrupción, tanto de parte de la ASE, como de los particulares y de otras entidades públicas hasta llegar al colapso total. Por eso es fundamental que diputados, Consejo de Participación Ciudadana y organizaciones civiles, cuestionen al unísono estas lamentables cifras, solo así, a través de la presión, valuaciones constantes y solicitud de cuentas, podremos ir haciendo más efectivo y eficiente el combate a la corrupción, y si ni así reacciona, entonces pedir la llegada de un nuevo fiscal Anticorrupción.
20 Abril 2019 03:14:00
Odebrecht
El “caso de Odebrecht” seguramente lo han escuchado, pero para aquel que no esté familiarizado con el tema, Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en materia de ingeniería, construcción y fabricación de productos químicos y petroquímicos, como pueden ver, una empresa bastante robusta y fuerte con presencia en Sudamérica, Centroamérica, África, Medio Oriente y Europa.

La empresa saltó a la fama cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto a 10 países, comenzó una serie de investigaciones sobre la constructora brasileña, en la que se detalló que esta habría entregado moches a presidentes, expresidentes y funcionarios durante los últimos 20 años (incluido por supuesto México), para de esta manera salir beneficiados en las licitaciones públicas.

Odebrecht creó esta caja alterna a finales del año 2010 con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas” para disi-mular toda la telaraña de moches. Saco este tema a colación porque hace unos días el expresidente de Perú, Alan García acaparó las primeras planas no solo por ser uno de los expresidentes investigados y ordenado arrestar, sino porque prefirió el suicidio a pasar varios años en prisión pagando por sus actos de corrupción, y así de varios altos funcionarios en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Brasil, Perú, República Dominicana, Venezuela ha sido evidenciada su implicación y conectes a esta compleja red de corrupción, por lo que casi en todos los países involucrados hay ya personas encarceladas por estos hechos por corrupción.

Sin embargo, las persecuciones y castigos producto de las investigaciones a dicha empresa brasileña no han llegado a México. Me explico, la investigación en nuestro país inició con el conocimiento de 10.5 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios, aunque la indagación se centró en 17 empleados de Pemex, cuyos nombres no fueron revelados; sí hubo una investigación donde se expuso a Emilio Lozoya –exdirector de la empresa petrolera del Gobierno– como uno de los principales implicados.

Más allá de algunas multas y sanciones económicas impuestas por la Secretaría de la Función Pública a dos filiales de Odebrecht en México, así como a dos representantes legales de la constructora brasileña, ninguna persona ha pisado la cárcel en México por este caso. Por ejemplo, un amparo fue concedido por un juez en la Ciudad de México a Emilio Lozoya y la PGR quedó impedida para determinar, y en su caso consignar, la carpeta de investigación por las supuestas irregularidades en los contratos de Pemex con Odebrecht hasta que el funcionario y su equipo de defensa puedan tener acceso a la carpeta. Finalmente, Pemex informó que se reservará la información de las negociaciones y contratos hasta 2021.

¿Qué pasa con México que nunca, por algún caso de corrupción alguien es perseguido y encarcelado? Este caso es un gran ejemplo, que si bien, en otros países hay presidentes que tampoco han sido formalmente castigados, sí al menos les costó el cargo y tuvieron que renunciar, pero pareciera que nuestro país es el “paraíso de la impunidad”, donde el sistema te permite pasar del reflector a la sombra de manera desapercibida, hecho lamentable, ya que la empresa brasileña es solo una de las muchas que ejercen bajo este modus operandi de los moches, lo que se ha convertido a lo largo del tiempo en un deporte popular en nuestro país.

Mientras nuestro México siga igual y no haya castigos ejemplares, no podremos salir adelante del todo, mientras el combate a la corrupción siga siendo simulación y el sistema proteja “a los suyos” podremos hablar que nuestro país seguirá siendo víctima de este terrible mal.

Al tiempo.
13 Abril 2019 03:30:00
Miedo ¿a qué?
Humberto Moreira, Jorge Torres, Javier Villarreal y hasta Rubén Moreira son personajes que siempre serán recordados por encabezar la era más oscura en el Estado de Coahuila, el fraude financiero más grande de la historia “La Megadeuda”, que a la fecha sigue ocasionando dificultades financieras en la entidad, poca inversión pública productiva, insuficientes recursos destinados a la educación y salud y por supuesto, un enorme problema de liquidez que obliga al Ejecutivo estatal a solicitar créditos a corto plazo y reestructurar la deuda para tener margen de maniobra.

Es por ello que, el grave problema de este fraude no solo es la contratación ilegal de créditos, ni que fuera por la exorbitante cantidad de 36 mil millones de pesos y ni que lo lavaran en España y Texas, sino las consecuencias a larguísimo plazo que todos los coahuilenses pagarán. Sumergiendo al estado en una parálisis de crecimiento.

A pesar de todo lo mencionado, en nuestro país no hay una sola investigación en curso para que estos personajes paguen por sus actos de corrupción, sin embargo en España y Texas sí. En las investigaciones en aquellos países tenemos a dos exgobernadores y a Javier Villarreal involucrados, este último, en su momento a toda costa trató de negar la existencia de la megadeuda durante su gestión como secretario Ejecutivo del Satec.

Pero meses después de ser destapado todo lo referente a la deuda, Javier Villarreal siguió solicitando créditos, y nadie en Coahuila hizo nada para detenerlo; ni el entonces Gobernador (que dijo que ni enterado estaba), ni el secretario de Finanzas, ni el mismísimo Congreso del Estado.

Como Diputados tenemos la obligación y compromiso moral de aportar tiempo y dedicación a solicitar información acerca de las investigaciones en curso. Sabemos que el fiscal Anticorrupción no lo va a hacer, por eso lo pusieron ahí, para cuidar las espaldas de los involucrados. Con razones de sobra entonces, solicité en el Congreso del Estado la creación de una comisión especial que dé seguimiento a todas las investigaciones que involucran a estas personas aunque se estén dando en el extranjero, por supuesto que tenemos facultades para solicitar información directamente en la Corte texana o española o bien a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de esta manera colaborar, ya sea con información o mínimo enterar a los coahuilenses del tema.

Pero para no dejar la costumbre, mi solicitud no pudo ser ni discutida ni votada y fue enviada directo a la Comisión de Gobernación, como si no fuera urgente resolver este tema. Por el contrario, prefieren darle tratamiento de “tema tabú” o como si fuera algo ya superado. Nada más alejado de la realidad, este tema de la megadeuda coahuilense sigue vivo y confío plenamente que los que la hicieron, la van a pagar; el problema es que todavía hay quienes prefieren no abordar el tema y no dejar de cuidar y honrar a personajes que tanto daño le hicieron a nuestro estado. Por eso digo: Miedo ¿A qué?

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

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