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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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21 Enero 2021 04:09:00
Cambian las reglas
El día que el presidente Andrés Manuel López Obrador esperaba nunca llegara, llegó. Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos, y las reglas del juego en la relación bilateral cambiarán. En los últimos días López Obrador ha buscado reescribir cómo será esa relación, pero no como un aliado, sino como si fuera un adversario.

No se parece al canadiense Justin Trudeau, que busca una mejor relación que la que tenía con Trump, a partir de los intereses comunes de las naciones, sino como Nicolás Maduro, que buscan enemigos externos para cohesionarse internamente, con discursos estruendosos que apelan al nacionalismo. Las agendas de López Obrador y Biden son diferentes, incluso antagónicas, y provocarán fricciones inevitables y, en varios casos, irreversibles.

López Obrador sintetizó las nuevas reglas del juego mexicanas en la relación bilateral durante su aparición matutina en Palacio Nacional, horas antes de la toma de posesión de Biden, donde estableció que lo que permitió a Trump,
no lo será más.

Sin embargo, el horizonte que esbozó se enfoca en el tema de la seguridad, el punto más débil de su Gobierno, el más controvertido, y el que más dudas genera sobre la integridad de su Administración. Lo detonó la captura del general Salvador Cienfuegos, acusado de vinculación con el narcotráfico por el Departamento de Justicia de EU, tras la cual López Obrador tomó acciones que vulneran la cooperación bilateral en el tema de la seguridad y violentan acuerdos entre los dos países.

La cooperación, que gira en torno a la Iniciativa Mérida, es insignificante para las necesidades mexicanas, si la política fuera combatir, neutralizar o eliminar al crimen organizado, y en los últimos años se ha enfocado al fortalecimiento del sistema de administración de justicia, y no al envío de pertrechos militares o capacitación policial.

El énfasis sobre la Iniciativa Mérida, de la que se queja constantemente, llama la atención por los golpes preventivos a las agencias policiales y de inteligencia de EU que ha dado, en lo retórico y en la ley, porque López Obrador no quiere claramente ojos y oídos sobre su Gobierno, que mantiene un arreglo tácito con el crimen organizado al haber decidido dejarlos en paz.

El nuevo discurso de López Obrador parece un control de daños ante lo que espera una difícil relación con Biden. Algo que lo sugiere es su afirmación ayer que ya no se permitiría que el embajador de EU hablara de asuntos internos, refiriéndose sin mencionarlo al locuaz Christopher Landau, el diplomático estadunidense que más se entrometió en política interna desde John Gavin, el enviado de Ronald Reagan en los 80. Landau ha sido muy crítico de la estrategia de seguridad y por la violación a los acuerdos en materia de inversión extranjeras, pero lo habían tolerado sin llamarle la atención.

Frenarle la boca al representante de la Casa Blanca sobre asuntos internos es una buena decisión, porque su vocación injerencista siempre ha tenido que ser acotada. Pero el cambio de línea es radical. Todavía el miércoles, en el final de su cuatrienio, tuvo palabras amables para Trump y lamentó no haber podido despedirse de él por el apoyo que le dio.

Uno de esos respaldos, no exigirle trabajar en serio para frenar el trasiego de drogas a Estados Unidos, ni luchar contra los cárteles de las drogas. Ni siquiera aceptó la ayuda de Washington para controlar el tráfico de armas, como denunció Landau.

El no enfrentar al crimen organizado ni colocar barreras al acceso a armas de alto calibre, allana el camino para más sospechas sobre cuál es la esencia de la relación de López Obrador con los cárteles. Desacreditar a la DEA y restarle credibilidad parece la verdadera estrategia detrás de sus acusaciones por la investigación contra Cienfuegos.

En las nuevas reglas del juego planteadas por López Obrador, no hay nada que le preocupe, fuera de la seguridad, aunque debería. La displicencia con la que Trump vio ese fenómeno no será lo mismo con Biden, quien no es un megalómano, sino un político profesional.

El narcicismo recíproco que se vivió durante los dos años de relación Trump-López Obrador se acabó, y uno de los primeros puntos en conflicto será el cambio climático, contra el que ambos estaban. Biden regresó a Estados Unidos al acuerdo de París, mientras López Obrador ha ordenado su retirada. Biden apuesta a las energías limpias; López Obrador a los residuos fósiles.

El Presidente se quiso colgar una medalla al afirmar ayer que la reforma migratoria que plantea Biden para regularizar a millones de “dreamers” migrantes, era una demanda que había hecho al Gobierno de Trump. No es cierto. López Obrador fue actor pasivo en la materia.

El plan de Biden no retoma sus ideas, sino recupera el programa que se creó durante el Gobierno de Barack Obama y que Trump quería sepultar. En cambio, Biden enterrará el plan aceptado por López Obrador de crear en territorio mexicano una estación de espera de decenas de centroamericanos mientras se decidía su asilo en EU.

Los diferendos se extenderán al acuerdo comercial con EU y Canadá, por el interés de López Obrador de liquidar organismos creados por ese tratado, y violentar reglas en materia de inversión extranjera. El propio acuerdo que lo constriñe será materia de conflicto en el tema laboral, por la presencia de delegados laborales de EU en empresas para que revisen contratos colectivos y reporten sobre los estándares salariales y las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, nada de eso parece importarle.

El nuevo discurso de López Obrador levanta un muro contra quien investigue a los cárteles de la droga y su protección institucional. Soslayar la determinación de Biden en otros temas donde tienen posiciones antagónicas, no evitará los choques futuros. Las agendas de ambos tienen diferentes prioridades y causarán fricciones inevitables. En algunos casos, ciertamente irreversibles. Y la seguridad, quizás, la primera de ellas.
20 Enero 2021 04:00:00
Los puñetazos de López Obrador 
México no podría llegar al día en que inicia un nuevo Gobierno en Estados Unidos de peor forma que como este miércoles. Nunca antes la asunción de un nuevo jefe de la Casa Blanca se había dado en un contexto de confrontación y de tanta incertidumbre por las acciones de un Presidente, como lo es Andrés Manuel López Obrador, que puede hacer cualquier cosa inimaginable en un par de horas en Palacio Nacional, en función de qué humor amaneció, cómo entendió la realidad o cómo la ajusta a su interés personal, cómo conectó puntos que no tienen relación entre ellas y qué se le metió en su cabeza, que ese día va a estallar un cohetón o destruirá puentes. Lo más preciado en un político es la certidumbre de sus actos; lo que caracteriza a López Obrador es la incertidumbre y la sorpresa permanente.

Algunas veces asombra por su desconocimiento de temas, lo que no le impide abrir la boca. Otras, por su ignorancia sobre los asuntos de interés público. Unas más por sus fijaciones y obsesiones ideológicas. En cualquier caso, en las mañaneras siempre se sube a un trapecio y da triples saltos mortales, donde quien sale lastimado, si le fallan, no es él, que siempre encuentra justificación en otros, sino el país. En vísperas de la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, hemos vivido uno de esos momentos inéditos a los que nos ha acostumbrado a experimentar, en donde apretó la marcha destructiva de la relación a partir de las ruinas de Donald Trump, con el propósito de modificar los términos de la relación con el Presidente entrante.

No se puede decir que tenga bien calculado el giro de la sumisión a la confrontación, por lo racional de sus declaraciones sobre la investigación de la DEA en contra del general Salvador Cienfuegos, y su control de daños, como poner ante los micrófonos de la radio al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en momentos en que está siendo apaleado, por lo que, no extraño, escaló los vituperios. Gertz Manero, de temperamento mercurial, le dijo a Ciro Gómez Leyva en una entrevista en Radio Fórmula que en el Caso Cienfuegos, el Departamento de Justicia “estaba loco”, lo que es una afirmación interesante para quien en su último encuentro con el procurador estadunidense, William Barr, lo recibió en su casa en bata de seda, para una reunión que solo duró tres minutos, porque sus interlocutores pensaron que no era serio. 

El fiscal general estaba furioso por las críticas que ha recibido por la exoneración a Cienfuegos, y en otra entrevista, con Carmen Aristegui, se aventó la puntada de afirmar que consideraba llevar al Departamento de Justicia a una corte internacional para medir sus actos con los del Gobierno estadunidense. “Este asunto no se va a quedar así, ni se va a quedar en un linchamiento”, agregó. “¿El chiste es darme en la madre? No me voy a dejar”. Gertz Manero podría haber tenido un poco de memoria y cuidar su retórica, sin necesariamente cambiar el fondo de su posición. 

Pero escalar rabiosamente -por el uso de las palabras- la confrontación con el Gobierno de Estados Unidos y llamar “loco” al Departamento de Justicia, puede tener consecuencias para él, si decide la CIA, por ejemplo, como un asunto de cohesión de Estado, hacer público un expediente que tienen sobre el fiscal general en Langley, sobre un incidente en Nueva York cuando era secretario de Seguridad Pública del presidente Vicente Fox. López Obrador, tampoco ha medido de lo que son capaces si se deciden a actuar las agencias policiales y de inteligencia en aquella nación en su contra. Solo en el Caso Cienfuegos, Gertz Manero reconoció que solo les entregaron una parte de las evidencias contra el general, por lo que no saben qué más puedan tener que lo incrimine. 

El Presidente debería saber -si tiene información de calidad-, que la DEA tiene testimonios de testigos protegidos desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que imputan a cuando menos dos altos funcionarios de su gabinete, a un exsecretario, a un alto mando en Seguridad Pública, y a personas cercanas por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico y de los hermanos Beltrán Leyva. López Obrador está sentado sobre un barril atascado con dinamita, donde él mismo prendió la mecha la semana pasada. 

No significa que el nuevo Gobierno de Biden vaya a actuar públicamente en su contra. No siempre recurren a las filtraciones de prensa para minar credibilidad. Tampoco que pronto haya represalias de esas agencias. Pero tiene un ejemplo en su alter ego, Trump, quien comenzó su Administración peleándose con las agencias policiales y de inteligencia, que tres años después le respondieron. La información sobre la colaboración rusa en su campaña presidencial, que lo llevó a su primer juicio político, salió de ellas, que de esa forma le cobraron los agravios. 

El comportamiento de López Obrador en los últimos días lo hace ver, ante ojos de un Gobierno extranjero, como alguien inestable con quien mantener una relación estable es difícil. Ya comprobaron que no respeta acuerdos bilaterales y en lugar de mostrar su molestia por los canales diplomáticos, como procede, insulta a un Gobierno del cual México depende en más de dos terceras partes de su economía, con la ligereza con la que difama diariamente a quienes lo critican.

Su actuación en los últimos días lo mostró como alguien que no es de fiar. Después de más de dos años de entrega al presidente Trump, que no lo presionó en el tema de la seguridad, se distanció de su Gobierno pateando las puertas que le dieron estabilidad para ir demoliendo la democracia en México, sin tocar y abrir la puerta del Gobierno entrante con cuidado. Está tirando puñetazos, y si quiere pleito, seguramente, pleito tendrá.
19 Enero 2021 04:08:00
El engaño del usuario 12 (y II)
El 17 de noviembre del año pasado, el fiscal interino en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Seth DuCharme, le notificó a la jueza Carol Amon que el Gobierno de Estados Unidos se desistía de las acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos, por recibir sobornos del cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección por razones políticas, pero insistió que era “un caso fuerte” por lo bien documentado de la investigación de la DEA.

A la luz de las pruebas que envió el Gobierno estadunidense a México, esas pruebas resultaron pólvora mojada, y podrían ser uno de los fiascos públicos más sonados de esa agencia. La revisión de decenas de mensajes de BlackBerry que envió el Departamento de Justicia de EU a la Fiscalía General para que investigara y procesara al exsecretario de la Defensa, muestran deficiencias e inconsistencias que se describieron ayer en este espacio, y también la forma como la DEA creyó lo que Daniel Isaac Silva Gárate, apodado “El H-9”, le dijo a su jefe Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, que tomaron como verdaderos los mensajes enviados desde el móvil de “Zepeda”, presuntamente el que usaba el general Cienfuegos para comunicarse con ese narcotraficante de tercer nivel en el cártel.

De acuerdo con el expediente dado a conocer por el Gobierno mexicano, el método de comunicación que tenían “El H-2” y “El H-9” consistía en 11 celulares cada uno, cuyos usuarios eran entre los más utilizados en el periodo referido: “Superman”, “Batman”, “Spartacus”, “Samantha” y “Thor”. Hay otros mensajes de subalternos de ellos, que aportaban información de apoyo.

En ese sistema creado para esconder su identidad, aparece un tercer usuario cuyos mensajes servían para apoyar lo que decía Silva Gárate a Patrón Sánchez, que supuestamente probaban que tenían comunicación con el general Cienfuegos, cuyo apellido materno es Zepeda. Ese tercer usuario, “Zepeda”, solo enviaba mensajes al celular del “H-9”, quien de esa forma lo convirtió en el móvil de su usuario 12.

A través del usuario 12, Silva Gárate endulzó el oído de Patrón Sánchez, quien se percibe a través de los mensajes como una persona acomplejada y aspiracional. En un mensaje, cuando se supone que “El H-9” está con el general Cienfuegos el 9 de diciembre de 2015 (página 78), le pidió: “DÁgalA que traigo un gusto que nunca había sentido que me siento tranquilo y vamos a seguir asiendo las cosas bien”. Poco después (página 89), añadió: “Q primero dios sueña con ser grande, pero también quiero cambiar la historia de la mafia que no me anden buscando para matarme quiero hacer todo lo mejor para que me quieran”.

Aunque esta parte es subjetiva, permite ver la necesidad de Patrón Sánchez de tener un respaldo como el del secretario de la Defensa, pero no provocó que la DEA profundizara y aclarara las contradicciones en su investigación. Parecería que estaba tan deseosa de que fuera cierta, como la del “H-2” que su protector fuera el general Cienfuegos.

Por ejemplo, el mismo 9 de diciembre, cuando se dio el supuesto primer encuentro entre “El H-9” y el general, le envía otro mensaje al “H-2”, “‘El padrino’ me dio el nombre de Salbador Sinfuego Sepeda”, que genera una duda seria que, cuando menos como hipótesis, debió haber sido planteada.

¿No sabía Silva Gárate que iba a hablar con el secretario de la Defensa Cienfuegos? Aunque no se precisa eso en el expediente, que empieza ese mismo día lo que entregó el Departamento de Justicia al Gobierno mexicano, tampoco se explica –porque lo compartido fue información de inteligencia en nivel de materia prima– cómo procesaron mensajes futuros donde las dudas del “H-2” no se reflejaron en cómo resolvió las suyas, si las llegó a tener, la DEA.

Mensajes clave sobre la duda de si el “Padrino” era el “Padrino”, y si “Zepeda” era realmente Cienfuegos, aparecieron en la última semana de noviembre de 2016. El día 24 (página 521), después de hablar con personas de su confianza, Patrón Sánchez le escribió a Silva Gárate: “La sra le dice a la Cinthya que ‘El Padrino’ que creo no es real”. Inmediatamente le responde “El H-9”: “Q si es el que digo yo”. La información que le habían dado al “H-2” ese día era que el “Padrino” era un “militar retirado” que “era amigo del secretario de la Defensa”.

“El H-2” le decía “al H-9” que se iba a “volver loco” por esta información contradictoria, y le decía que si era en realidad Cienfuegos, no habría problema, pero que si no, como lo expresó casi una hora y media después de los intercambios con sus dudas (página 470), “voy a venir matando gente”.
“El H-9” le respondió, presuntamente citando al general: “Que por favor le tenga confianza”. “El H-2” se tranquilizó, de acuerdo con los mensajes difundidos, y concluyó que si no era el general Cienfuegos quien los estaba apoyando, sí había un militar que los está “cuidando”.

Los mensajes enviados por el Departamento de Justicia muestran a un general cursi, afeminado, mendigando por dinero ante un narcotraficante menor, deseoso de ayudar a un cártel desmoronándose, que se contrapone con la personalidad del exsecretario de la Defensa. No hay, en la información divulgada, referencias a perfiles del general o del “H-2” y “El H-9” que ayudaran a contrastar su carácter con los mensajes.

La DEA no se cuestionó nunca la posibilidad que “Zepeda” no fuera Cienfuegos, como reflejó DuCharme en la presentación del caso, donde afirmó que la investigación incluía “numerosas comunicaciones entre el acusado y un líder del cártel del H-2”, donde “el acusado discutía su ayuda histórica con otras organizaciones de narcotráfico, así como comunicaciones en las cuales el acusado es identificado por nombre, título y fotografía”. El usuario 12 parece que también les tomó la medida, incluso sin habérselo propuesto.
18 Enero 2021 04:08:00
La patraña de la DEA (I)
El enorme desaseo con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la exoneración del general Salvador Cienfuegos, provocó que la litis jurídica fuera arrollada por la tormenta política y el enfrentamiento con el Gobierno de Estados Unidos que causaron sus declaraciones de fuego, por lo que se ignoró el análisis de la acción de la Fiscalía General en sus méritos para concluir que el exsecretario de la Defensa era inocente y, sobre todo, impidió ver con claridad la enorme patraña que construyó la DEA contra el jefe militar.

López Obrador pudo haber demostrado perfectamente la inocencia del general Cienfuegos y probar la debilidad del caso, con las notables inconsistencias de la investigación de la DEA, incluidas en la notificación de exoneración, pero no lo hizo. Cuando ante las presiones el fiscal Alejandro Gertz Manero lo hizo, publicó un expediente casi en su totalidad testado, incluso documentos del Departamento de Justicia que López Obrador hizo públicos en violación a convenios bilaterales con Estados Unidos. A nadie debiera extrañar que este manejo primitivo del caso, desencadenara señalamientos de impunidad y sorna contra el exsecretario de la Defensa.

Es injusto para el general

Cienfuegos y las Fuerzas Armadas –incluso para el Gobierno mismo– porque los mensajes de BlackBerry que enviaron desde Washington, lo único que realmente prueban es una deficiente, por ingenua o tonta, investigación de la DEA, donde todo indica que fueron timados por un narcotraficante de tercer nivel apodado el “H-9”, Daniel Isaac Silva Gárate, quien también engañó a su jefe el “H-2”, Juan Francisco Patrón Sánchez, en ese momento jefe del disminuido cártel de los Beltrán Leyva, aparentemente para robarle dinero.

El periodo de investigación que envió el Departamento de Justicia comprende 401 días, entre 2015 y 2017, consta de 58 intercambios efectivos entre Silva Gárate y Patrón Sánchez, que fueron analizados por la defensa del general, quien fue desmontando las imputaciones durante su declaración ministerial el fin de semana previo a su exoneración en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al documentar las inconsistencias y errores en la investigación de la DEA con las que lo procesaron en Estados Unidos.

Por ejemplo, hay varios mensajes de BlackBerry enviados por Silva Gárate, con el seudónimo “Samantha” a “Spartacus”, el nombre clave de Patrón Sánchez, el 9 de diciembre de 2015, que figuran en las páginas 8, 9, 10 y 11 del expediente dado a conocer el viernes, donde el “H-9” le informa a su jefe que va a viajar a la Ciudad de México para entrevistarse con el “Padrino”, como identifican al presunto general Cienfuegos, y le dice cuántas personas lo recogen, en qué vehículos, y le va narrando en tiempo real la supuesta conversación con el exsecretario de la Defensa.

En su declaración ministerial, el general Cienfuegos demostró que ese día no se encontraba en la Ciudad de México, sino en Acapulco, en un evento público del Ejército. En otra ocasión donde menciona Silva Gárate un nuevo encuentro con el exsecretario, Cienfuegos probó que ese día se encontraba en Hermosillo, en un evento de la Marina. La DEA no hizo este cruce de información, pues de haberlo hecho habría comprobado que las aseveraciones del “H-9” no se sostenían en los hechos. Adicionalmente, el general entregó su agenda a la Fiscalía General, que es un documento con validez jurídica.

Otras aseveraciones de Silva Gárate que no fueron pasadas por la verificación en la DEA, ni por sus superiores en el Departamento de Justicia, con quienes de acuerdo con la información oficial del Gobierno estadunidense fueron consolidando lo obtenido, tienen que ver con aspectos personales. Hay algunos de fácil verificación, como la descripción que hace el “H-9” del general Cienfuegos el mismo 9 de diciembre de 2015, una vez que supuestamente está con él, donde afirma que es una persona “güera, güera” (páginas 18 y 20), “blanco” (página 468), “medio llenito” (página 469), y que tiene vv “los cachetes siempre rojos” (página 23). Cienfuegos no es güero ni blanco, sino moreno; no está pasado de peso sino es delgado, y no se le ponen súbitamente los cachetes rojos, porque no tiene esa afección médica. La DEA iba a confirmar estas descripciones, pero claramente no lo hicieron.

Hay otras menos obvias, pero fácilmente verificables. En las páginas 524 y 525 aparecen comunicaciones del 24 de noviembre donde los narcotraficantes afirman que la esposa del “Padrino” es hermana del Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, cuyo nombre escriben “Kirino”. Es falso. No hay ninguna relación entre sus esposas, y la única vinculación indirecta es que la esposa del gobernador es hija de militar. Los mensajes de Black-

Berry incluyen en la página 35 otra de esas increíbles fallas en la investigación de la DEA y de los fiscales que las dieron por buenas, donde “Samantha” le dice a “Spartacus”, en una conversación en tiempo real, cuando se supone está frente al general Cienfuegos, que le comenta el exsecretario “que estoy joven y dice que tiene un hijo de mi edad”. Cienfuegos tiene cuatro hijas; ningún hijo.

Los errores de la DEA y los fiscales brotan en el expediente, pero quedaron sepultadas por el también increíble, por torpe, manejo del Presidente al comentar sobre la exoneración. No la explicó el fiscal, desde un punto de vista jurídico, sino él, desde un punto de vista político. La deficiente gestión que tiene en el manejo del Gobierno permitió que Gertz Manero se durmiera en el expediente sin concluirlo, hasta que lo apretaron en Palacio Nacional y apuró la declaración Cienfuegos, quien se enteró de su exoneración por los medios.

El ruido político provocado por López Obrador se materializará en problemas bilaterales con Estados Unidos. Sin embargo, eso no debe impedir ver la investigación de la DEA y sin escarbar mucho, corroborar, con la documentación disponible, la farsa de su acusación. Si el Departamento de Justicia quiere reabrir el proceso, tendrá que considerar que lo que llevó ante la Corte, realmente no sirve.
15 Enero 2021 04:07:00
La derrota de la estrategia
La estrategia contra la pandemia de Covid-19 fracasó. Pueden decir las autoridades lo que deseen, seria o frívolamente, pero lo que no pueden es ocultar la realidad. La pregunta sobre cómo había funcionado el plan diseñado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue planteada el miércoles pasado en el programa Tercer Grado por Leopoldo Gómez, conductor-moderador, donde respondieron los panelistas con diferentes enfoques y razones, que no había funcionado. La prueba de ello: 430% más fallecimientos de los estimados por el Gobierno, y más de dos veces el escenario catastrófico que había establecido el zar del coronavirus.

La pandemia ha sido un virus difícil de entender y contener. No hay país que no haya sufrido reveses, sorpresas y desilusiones. Estrategias varias han naufragado, como la inmunidad de rebaño en el Reino Unido o en Suecia, e incluso acciones radicales como el confinamiento en China de 11 millones de personas, han tenido que retomarse por el miedo al nuevo ataque del Covid-19. La diferencia, como bien apuntó Denise Mearker en Tercer Grado, es que el doctor López-Gatell nunca rectificó, ni tampoco lo hizo, como añadió René Delgado, quien realmente manda, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador le tiene enorme confianza a López-Gatell. Trabajando de la mano de Raquel Buenrostro, en ese entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, diseñó la estrategia para la compra consolidada de medicinas y la política para aniquilar a los laboratorios químico-farmacéuticos y distribuidores de medicinas mexicanos. Consecuencia de ello fue el desabasto de medicamentos –un tema que con frecuencia saca López Obrador en las reuniones de Gabinete como el gran déficit de su administración-, y que ha provocado, de acuerdo con evidencia empírica, varias muertes de niños.

La estrategia de López-Gatell tuvo fallas importantes. Como botones de muestra, sin orden jerárquico, se pueden mencionar las siguientes:

1.- El mensaje. López-Gatell ganó rápidamente la confianza de la gente por sus explicaciones claras y precisas. Sin embargo, por presiones de López Obrador o futurismo personal, incorporó posiciones políticas, algunas de ellas ridículas y acientíficas, que lo fueron desacreditando. El desgaste fue acompañado por su oposición al cubrebocas, permitiendo que López Obrador no se lo colocara, enviando un mensaje negativo a la población, que inspirada una parte en el Presidente, no colocó esa barrera que como en otros países, habría disminuido el número de contagios y muertes.

2.- Instrucciones equivocadas. Ser un epidemiólogo con credenciales académicas sobresalientes no hacen a López-Gatell un experto para enfrentar pandemias, que requiere de entrenamiento adicional. Por esa falta de adiestramiento -que no tiene que ver con su conocimiento clínico-, fracasó durante la pandemia del A1H1 en 2009 y fue despedido. López Obrador no tomó en cuenta ese pasado y lo hizo zar del coronavirus. Uno de los errores que probablemente provocaron muertes, fue su recomendación inicial que quienes se sintieran mal, no fueran a los hospitales y se quedaran en su casa, que provocó que en la primera ola, siete de cada 10 personas que fallecían por Covid, lo hicieron en sus domicilios. El resto, cuando sentían que su salud empeoraba, iban finalmente al hospital, pero muy tarde; también morían. López-Gatell corrigió meses después y pidió que fueran al hospital tan pronto como tuvieran síntomas.

3.- Diagnósticos mentirosos. Durante meses, su argumento para justificar que las proyecciones sobreestimadas de contagios y fallecimientos no resultaran como lo había dicho, era el “desastre” que le habían dejado gobiernos anteriores y que no habían atendido casos como el de la diabetes y la hipertensión, que, aseguraba, eran las comorbilidades que aceleraban la pandemia en México. Aprovechó ese contexto para impulsar su vieja agenda del etiquetado en los alimentos para mejorar la alimentación. Su afirmación absolutista sobre las comorbilidades era exagerado. De acuerdo con los científicos de la UNAM, el 27% de los pacientes muertos por Covid no tenían ningún padecimiento, contra el 37% que padecían diabetes y 43% que tenían hipertensión.

4.- La estrategia. López-Gatell puso en práctica el plan Centinela de detección temprana del virus, que de acuerdo con los expertos, fue muy acertado. Pero lejos de prepararse para la siguiente fase, al agotarse ese programa, combatió todo lo que aquí y en el mundo planteaban los expertos como paso necesario: pruebas masivas para encontrar el virus, ver su movilidad y velocidad de aceleramiento de contagio, para ir adecuado la estrategia de contención con la información obtenida. Cuando recibió críticas internacionales, López-Gatell no hizo un alto ni rectificó, sino aseguró que no servían las pruebas. “(Son) bastantes ineficientes como estrategia de evaluación”, le dijo a la CNN en mayo. Era una mentira, pero como consecuencia, México tuvo la tasa más baja de pruebas y el índice de letalidad más alto dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

5.- Una centralización descentralizada. Las recomendaciones internacionales siempre fueron que para que la estrategia fuera adecuada, tendría que ser centralizada y con el líder del país encabezando los esfuerzos. López Obrador no lo hizo y dejó que el subsecretario fuera la voz y el fusible. El semáforo epidemiológico diseñado por el Gobierno federal no fue consensuado, por lo que hubo choques con los gobernadores que politizaron la lucha contra el coronavirus. También fue discrecional, como en el caso de la Ciudad de México, donde cuando la orden política fue no regresar a semáforo rojo, le permitieron a la Jefa de Gobierno inventar múltiples matices del naranja.

Fueron demasiadas causas las que hicieron fracasar la estrategia. Incluso hoy sigue sin haber un mapa de navegación, y la estrategia está enfocada a pedirle a la gente que se quede en casa -aunque López-Gatell incumpla su propio llamado, hablando de mensajes cruzados-, transfiriéndole a la sociedad la responsabilidad sobre el aceleramiento de contagios y muertes.

Nuestro Gobierno no gobierna, y en ello radican los tristes números de la pandemia.
14 Enero 2021 04:07:00
El silencio del caballero
Ni una palabra directa más sobre Donald Trump, el Presidente de Estados Unidos que está saliendo a patadas de la Casa Blanca, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trump se deshizo en elogios para él durante una visita al muro fronterizo en Texas, por una política indigna del mexicano: haber puesto a la Guardia Nacional al servicio de la defensa de su frontera sur. Qué vergüenza que Trump, quien nos insultó a todos los mexicanos y nos trató como basura, haya reconocido en López Obrador como un político que trabajó para que las fronteras de su país quedaran bloqueadas a inmigrantes. Un “gran caballero”, describió al mexicano, “un amigo”, que ama tanto a su país como al suyo. Qué lamentable.

La falta de respuesta de López Obrador no ocultará, ni para el Gobierno de Joe Biden ni para la historia, la subordinación más infame de un Presidente de México a su contraparte estadunidense. Las afirmaciones de Trump cayeron en el silencio, en un momento que podría haber aprovechado el tabasqueño para dar una explicación del porqué entregó la política migratoria y de asilo, al interés político de Trump. No lo hará, porque no hay cómo explicar que accedió a que mientras recibían la respuesta a sus peticiones de asilo, los centroamericanos no esperaran en Estados Unidos sino en México, violando leyes y derechos humanos. Jugar ahora a la avestruz no borra lo que hizo López Obrador. Haber apostado por la reelección de Trump, tampoco pasará desapercibido.

La división dentro del equipo de colaboradores de López Obrador en política exterior, generó una crisis que no se ha visto en su magnitud, pero provocó que el apoyo del Presidente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde ambos pensaron que la relación con Trump sería mejor durante otros cuatro años más que con Biden, provocó la renuncia de la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, tía política de López Obrador, y que durante años platicó y asesoró a López Obrador en asuntos internacionales.

Bárcena le aseguró antes de la elección presidencial que Biden ganaría, pero las intrigas en la Cancillería la derrotaron. Bárcena le recomendó que reconociera la victoria del demócrata el día de la elección, pero López Obrador, atrapado en su experiencia -no análoga- de la elección presidencial de 2006, los ignoró. Bárcena insistió; Ebrard, que originalmente estaba en la línea de Bárcena, encontró una justificación retórica para salvaguardar al Presidente y mitigar las críticas, algo que finalmente no pudo. Tras la posición de López Obrador en la elección presidencial, los medios internacionales comenzaron a definirlo de manera regular como un populista, vinculándolo indirectamente con Trump.

La próxima semana empezará su nueva realidad, aunque ya tuvieron una primera señal de lo que viene. Hace alrededor de dos semanas, Ebrard habló por teléfono con Jake Sullivan, quien será el consejero de Seguridad Nacional de Biden, donde solo hubo un tema, el migratorio. Los detalles de la conversación no han sido revelados, pero no deja de ser importante el alto nivel del próximo funcionario estadunidense que llamó, y el tema, porque entre las prioridades para los primeros 100 días de Biden, está la cancelación del Programa de Protocolos de Migrantes, conocido como Remain in Mexico, uno de los dos puntos principales a los que se refirió Trump el martes, y que el equipo del Presidente electo considera una violación de los derechos humanos, que es una prioridad para el futuro jefe de la Casa Blanca.

El tema de los derechos humanos no se limita a la migración. También existe en otros ámbitos, como en el caso de la ruptura democrática en Venezuela, donde López Obrador se ha alineado al Gobierno de Nicolás Maduro y retirado a México del Grupo de Lima, al que quiere revigorizar el equipo de Biden en busca de una solución política en esa nación. Pero sobre todo, lo relacionado con el papel de las Fuerzas Armadas. En una entrevista con Pablo Hiriart publicada este miércoles en El Financiero, Shannon O’Neil, directora para América Latina del influyente Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, habló de la preocupación en el equipo del Presidente electo con el creciente papel de los militares en México, cuyo poder va creciendo de manera asombrosa.

Hay otros puntos donde el choque entre los gobiernos de Biden y López Obrador está cantado. En política ambiental, por ejemplo, no podían estar más separados. Biden y su equipo en la Casa Blanca y el Departamento de Estado están abocados a las energías limpias, mientras López Obrador y su equipo, están ideológicamente comprometidos con las energías sucias. Este tema se cruzará con el de las inversiones y el Estado de derecho, que López Obrador ha violado, afectado intereses económicos ligados a los demócratas por la vía de la ilegalidad.

Las relaciones bilaterales van a cambiar. En el ámbito de las personalidades, será irrelevante si López Obrador tiene antipatía con Biden o viceversa. Sin embargo, acciones como el apoyo sostenido a Trump, la negativa de felicitar a Biden en tiempo y forma como lo hicieron más de 180 líderes del mundo, o reiteradamente ofrecer asilo a Julian Assange, considerado por el Presidente electo como un “terrorista tecnológico”, no ayudan a una relación personal.

“López Obrador parece estar haciendo un esfuerzo para dañar la relación con Estados Unidos justo en vísperas de que Biden asuma la Presidencia”, declaró hace dos semanas a la agencia de noticias Reuters, Mark Feierstein, que fue director para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, y es uno de los principales asesores del Presidente electo sobre temas en la región.

El equipo de Biden tiene bien medido a López Obrador y varios conocen México. López Obrador no tiene bien medido a Biden, ni entiende cómo funciona un Gobierno profesional en Estados Unidos, pero progresivamente lo irá descubriendo.
13 Enero 2021 04:07:00
Censuras, abusos y López Obrador
Angela Merkel, la respetada canciller federal de Alemania, encontró “problemático” que Twitter le cerrara la cuenta a Donald Trump, un presidente electo en las urnas, y objetó que sean las empresas de tecnología privadas quienes gobiernen el derecho a la libertad de expresión y no los legisladores, como en su país, donde han regulado las plataformas sobre la difusión de discursos de odio. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, también dijo que el Estado debe ser el responsable de las regulaciones, no “la oligarquía digital”, a la que llamó “una de las amenazas” a la democracia. Twitter y Facebook censuraron a Trump tras años de hipocresías y tolerancia a su discurso de odio.

El primer líder que criticó a las empresas de tecnología fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que, sin embargo, no lo hace estar en la misma liga que Merkel y Le Maire. La razón es simple. Alemania y Francia condenaron la violencia en el Capitolio y criticaron la instigación de Trump de la insurrección que amenazó la democracia, mientras López Obrador solo criticó que le cerraran sus cuentas, pero no censuró la violencia ni defendió la democracia. Se puso del lado de Trump, a contracorriente de los gobiernos demócratas del mundo. No contempló que esas acciones de las empresas, si bien cuestionables, no violaron ningún derecho constitucional.

Entrar al fondo del debate es importante. Twitter y Facebook actuaron correctamente al suspender las cuentas de Trump porque sus mensajes de odio estaban sustentados en falsedades. Trump quería que sus seguidores, mentes manipuladas por él tras años de mensajes en Twitter y Facebook, tomaran por asalto al Capitolio y sabotearan el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. 

La turba, alimentada mediante las redes sociales por los grupos de extrema derecha leales a Trump, llevaba consignas de “ir a la caza” del vicepresidente Mike Pence, que se había negado a violar la Constitución, y a asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por “traidora”. Mantener las cuentas abiertas de Trump significaba que las órdenes del mariscal de la insurrección continuarían el proceso de desestabilización. 

No obstante, Twitter y Facebook son hipócritas. Reaccionaron drásticamente tras años de relajamiento en sus políticas con líderes como Trump, quien desde un principio utilizó un discurso incendiario que polarizaba como mentía, e insultaba como difamaba, sin que hicieran nada por contenerlo. “Las redes sociales entre la laxitud y la censura”, tituló el diario Le Monde en su editorial del lunes, al señalar que esas decisiones sin precedente abrían una vertiginosa discusión sobre la libertad de expresión, pero era “lamentable que hasta que se dio ese contexto explosivo, las plataformas resolvieran un debate inquietante desde hace varios años”. 

Trump llegó a la Presidencia con la estrategia dual de los servicios de inteligencia rusos y de spots segmentados en Facebook, que a través de desinformación, falsedades y campañas sistemáticas de desprestigio contra su adversaria Hillary Clinton, manipuló a un electorado hambriento de ese tipo de contenidos de ficción. “Para ser honesto”, le dijo Trump a María Bartiromo, que lo entrevistó en la cadena Fox seis meses después de llegar a la Casa Blanca, “dudo que estaría aquí de no ser por las redes sociales”. Son las mismas redes que ahora lo censuraron ante el riesgo de que se volvieran cómplices abiertas del delito de sedición.

Las redes sociales han sido una herramienta toral en la democratización de la información y el debate público, pero como sucede en sociedades asimétricas en conocimiento y recursos, se han convertido en una externalidad ominosa de la democracia, al servir como instrumentos muy eficaces para subvertir la democracia. Trump y las fuerzas oscuras detrás de él, se apoderaron del poder en la democracia más vieja del mundo y sistemáticamente trataron de minarla. Afortunadamente para quienes creen en la democracia, las instituciones en Estados Unidos fueron más fuertes que él, y derrotaron a quienes querían destruirlas.

El debate se socializó. López Obrador, aunque por la puerta del autoritarismo, la abrió. Debería haber alternativas, dijo la semana pasada, donde el Estado creara sus propias plataformas. Su pensamiento lo muestra. Quiere que el Estado autoritario, como China, que ya creó su propia plataforma para contrarrestar a las estadounidenses en la guerra de imperios, en lugar de proponer, como lo hizo Alemania –quizás porque sabe que el Poder Legislativo solo lo obedece a él-, que los mecanismos de regulación se creen mediante leyes en un orden democrático. 

No se le puede pedir a López Obrador estar al tanto de lo que sucede en Europa, donde hay un genuino interés por impedir que gigantes como Twitter y Facebook definan el discurso, establezcan los parámetros del debate, y decidan qué es la libertad de expresión. López Obrador se vio en el espejo de Trump, con el reduccionismo intelectual característico de él, que no le permite pensar en términos públicos y estratégicos, sino personal y coyuntural. Tampoco se puede esperar que el Poder Legislativo, bananero en el sentido más peyorativo de la expresión, que se utiliza como eufemismo de subdesarrollo, haga algo a menos que se los ordene el Presidente, y en los términos que les indique.

No debemos permitir que se siga construyendo un Estado autócrata. El debate público debe estar más allá de quienes defienden el autoritarismo y con quienes creen en la democracia, para analizar las formas que impidan la voracidad de los gigantes tecnológicos creadores de “las benditas redes sociales” a las que tanto elogia López Obrador y de las que se vale permanente para difamar y lanzar campañas de odio contra quienes piensan distinto a él, se apoderen de nuestro pensamiento. 

Hay que denunciar a las neocolonizadoras tecnológicas, y esperar que un nuevo Congreso en México entre seriamente, con responsabilidad y profesionalismo, a la discusión de quién decide nuestras libertades. 
12 Enero 2021 04:07:00
La crisis de la regenta
Claudia Sheinbaum llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mediante un proceso de elección popular. Goza de legitimidad plena, lo cual ha ido despilfarrando porque no se quita la cadena de plata que la tiene atada a las ideas, ocurrencias, caprichos y órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum no ha actuado como gobernante autónoma, sino como una subordinada donde ha antepuesto a los residentes de la Ciudad de México a las decisiones políticas que le dictan desde Palacio Nacional. Ello, antes de la pandemia, ya le había provocado problemas a la economía de la capital. Hoy se le multiplicaron las crisis por sumisa.

Sheinbaum está enfrentando varias a la vez. La del coronavirus, donde los contagios se han acelerado, con lo cual se saturó el sistema hospitalario de la capital -donde quedan menos de 200 camas disponibles-, actualmente empatada con la de los restauranteros, centenares de quienes este lunes, en desafío a su autoridad discrecional -las fondas y los mercados no fueron tasados con la misma norma de cerrar para evitar la propagación del Covid-19-, abrieron sus locales ante la disyuntiva de desobedecer o desaparecer. Y finalmente, el colapso del Metro, que tarde o temprano iba a suceder, por falta de mantenimiento.

La Jefa de Gobierno capitalina se ganó a pulso las crisis. Los contagios se dispararon porque sucumbió a las presiones de Palacio Nacional para no llevar la ciudad a semáforo epidemiológico rojo durante casi un mes, porque el Presidente lo prohibía para no afectar aún más la actividad económica. Se tuvo que hacer, ante el agravamiento de la situación que se les salió de las manos a las autoridades, y volvieron a bajar la cortina de los establecimientos comerciales. El desafío de los restauranteros y la molestia de quienes tienen negocios es porque, como señalaron el lunes, de no hacerlo morirían al cerrarlos -ya lo han hecho decenas de miles en la capital- y tener que despedir a su personal -que ha sucedido con más de 100 mil personas-.

Esta crisis económica es más profunda porque, como lo hizo su jefe López Obrador, no hubo apoyos o estímulos serios. El deseo del Presidente es que los negocios se sostengan por sí mismos, a cuyo pensamiento se alineó Sheinbaum, con apoyos marginales e insuficientes, incurriendo en lo que su jefe López Obrador hizo: no gobernar. Programas extraordinarios, como aplazar el pago de impuestos como pedían los empresarios en un principio para sortear la crisis, mantener el empleo y evitar la muerte de sus negocios, con lo cual terminarían de perderse los trabajos, fueron desoídos, tildando esas propuestas López Obrador de búsqueda de privilegios.

Nada más lejano a esa apreciación ramplona. El Gobierno de México es el peor calificado entre las grandes economías del mundo en materia de apoyo a las empresas, que se deriva del reduccionismo del Presidente, seguido ciegamente por Sheinbaum, de que los estímulos beneficiaban solo a los dueños de los negocios y no a los trabajadores. Esa incapacidad para ver el bosque fue acompañada por acciones inhibitorias, como utilizar al fisco como instrumento de presión extralegal -hay empresarios que se inconformaron porque les cobraban impuestos que no debían, a quienes les dijeron que pagaban lo que les exigían, o les abrirían procesos penales-, o linchamientos públicos en las mañaneras. El resultado es la crisis económica que se vive sin un claro plan para salir de ella.

López Obrador se comporta como un señor feudal al cual sus súbditos tienen que pagar tributo para que no los aplaste. Todo ese dinero, más lo generado por el achicamiento de su Gobierno y los más de 300 mil millones de pesos que le dejó la Administración de Enrique Peña Nieto, se los ha gastado en sus proyectos estrella, programas socioelectorales, o extravagancias irresponsables como estímulos para su deporte favorito, el beisbol, y en algunos cuyo destino final no alcanzamos a ver, como toda la inyección de recursos para ganar la elección federal este año. El dinero no lo ha utilizado para mejorar al Gobierno, sino para mantener su imagen y fortalecer las posibilidades de Morena en las urnas.

Al Gobierno y a todos los gobiernos locales, los ha apretado, secado sus finanzas el año pasado, y provocándoles probablemente una anemia en este 2021. Uno de los apretujones que dio fue a los recursos que pidió Sheinbaum para el mantenimiento del Metro, pero fue bateada por la Secretaría de Hacienda por instrucciones de López Obrador, quienes no vieron que la desatención a ese sistema de transporte colectivo podría causar un colapso en la capital. Si Sheinbaum lo tenía entre sus escenarios, no peleó por los recursos y autorizó que desapareciera el área de mantenimiento del Metro y que la directora del sistema asumiera esas funciones. Pensar en tener tranquilo y contento a su jefe López Obrador, hizo caminar a Sheinbaum en el terreno del absurdo.

La jefa de Gobierno se alarma, se desespera, quiere hacer cosas diferentes, pero no la dejan. Patalea y se indigna, pero obedece. La realidad y el desbordamiento de los problemas es lo que ha persuadido a López Obrador a rectificar gradual y ligeramente, como en el caso del semáforo rojo, no a sus necesidades como gobernante. Sheinbaum ha traicionado a quienes votaron por ella porque no actúa de manera independiente del Ejecutivo federal, sino como comparsa de López Obrador, quien ejerce sobre ella una presión moral que supera la responsabilidad que tiene con sus gobernados.

Ese sometimiento no la hace ser una jefa de Gobierno real, sino una regenta que administra la capital federal de acuerdo con los deseos y las órdenes de López Obrador. Será ella, no su jefe el Presidente, quien pagará los costos de esta crisis múltiple que enfrenta, que le dejará también una marca de peón indeleble que cargará hasta 2024, en la definición de la sucesión presidencial.
11 Enero 2021 04:07:00
La saña y la infamia, nuestra realidad
Félix Salgado Macedonio nunca debió haber sido candidato de Morena ni de nadie a ningún cargo de elección popular. Pero el político difamador, violento, arbitrario y prepotente, fue protegido por Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró coordinador de su campaña presidencial pese a que en su haber había más de 20 amenazas de muertes de cárteles de las drogas durante su mandato como Alcalde de Acapulco. Como siempre ha sucedido en este país, vivió en la impunidad durante los gobiernos del PAN y del PRI, y abrigada en ello, la negación del propio López Obrador que lo llevó al Senado y ahora lo quiere imponer como Gobernador de Guerrero.

Para refrescar un poco la memoria negra sobre Salgado Macedonio, en este espacio se escribió en febrero de 2007: “¿Qué tanto se metió el Alcalde de Acapulco con los cárteles de las drogas? No hay acusaciones contra él a nivel federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tienen indicios en el Gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, de los dos cárteles que se disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan los hermanos Beltrán Leyva y su socio Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas”. ¿Qué sucedió después de todas esas evidencias?

No le importó a nadie el pasado de Salgado Macedonio, ni lo cuestionaron.

Lo dejaron seguir avanzando en su carrera política hasta ungirlo candidato en Guerrero por instrucciones de López Obrador, en un proceso que se caracterizó por ser una lucha salvaje dentro de Morena por la candidatura, donde los grupos confrontados se han convertido en falanges altamente peligrosas y descontroladas.

La oposición más clara, por vociferante, es el que conforma la familia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que apoyó abiertamente a su hermano Amílcar y cuyo esposo, John Ackerman, enloqueció porque la candidatura no se la entregaron a su cuñado, quien responde a los intereses de Gabriel García Hernández, el coordinador de los superdelegados y responsable presidencial de la estrategia electoral. Menos visible está el canciller Marcelo Ebrard, con su apoyo a Luis Walton, confrontado también con el candidato presidencial.

Pero nadie, hasta ahora, ha podido minar la unción del candidato de López Obrador, que hoy, sin embargo, se está tambaleando por otras razones. Salgado Macedonio fue acusado por el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, de haber violado a una señora, a la que amenazó y chantajeó. La Fiscalía de Guerrero reinició una investigación a partir de los dichos de Olea –quien señaló que ya existía una carpeta de investigación– aunque se quejó que en su momento, cuando estuvo en sus manos proceder contra el hoy senador con licencia, no lo hizo. La denuncia extemporánea, que se sustenta en dos denuncias –con la probabilidad de que se presenten más– huele a político por todos lados.

Olea, que no se sabe si actuó por conciencia tardía o está asociado a otros intereses, publicó en los albores del nuevo año en Facebook una crítica a Salgado Macedonio en donde mencionaba los hechos. Como consecuencia, el periodista Misael Habana, cercano a Amílcar Sandoval, lo entrevistó el 4 de enero sobre el tema, con lo que estalló el escándalo a nivel nacional al encontrar los altoparlantes adecuados para ello.

El candidato no ha respondido a las acusaciones, pero López Obrador, en su defensa, hizo otra declaración desafortunada al afirmar que obedecían a “la temporada electoral”, con lo cual minimizó el presunto delito, y revictimizó a la víctima. Pero en cualquier caso, más allá del pasado negro de Salgado Macedonio, en este caso, que debe investigarse a fondo, le asiste el principio de la presunción de inocencia, y no debe declarársele culpable hasta que se le pruebe la responsabilidad.

Esto no ha sucedido porque en este país la justicia para las víctimas es un valor inferior al “justicierismo político”. Lo que vemos en tiempo real es una violación obscena del estado de derecho. Olea, como observó Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, al asumir “posturas quijotescas a destiempo que pretenden justificar una omisión grave que se traduce en una obstrucción de la justicia”, probablemente incurrió en delitos.

En la entrevista con Habana le ofreció una copia de la carpeta de investigación contra Salgado Macedonio –es ilegal que la tenga y peor aún que la circule– tras lo cual, sin haberse rastreado aún su origen, se comenzaron a hacer públicas la identidad y fotografías de la víctima.

En términos de derecho, como señala Blanco, debe hablarse con la verdad, sin hacer valer posturas sesgadas e interpretaciones, parciales a modo y a conveniencia de quien las emite, con la clara pretensión de confundir a la opinión pública y a la sociedad en su conjunto que es lo que está pasando. Políticamente hay saña contra Salgado Macedonio al hacerlo ver a priori como culpable. Para ello, en una infamia mayor y miserable, están usando a una víctima que lo acusa de violación, manipulando el caso y llevándolo al terreno de una conspiración contra el candidato, con lo cual se daña al sistema de impartición de justicia al descalificar de antemano lo que va a hacer.

Por cualquier lado que se le vea, esto no tendría que suceder. La víctima tiene derecho, aún en este contexto contaminado por la política mezquina e indigna, a que se le haga justicia y se investigue a fondo la presunta culpabilidad de Salgado Macedonio. Al mismo tiempo, el candidato tiene derecho a un juicio justo y a defenderse de las acusaciones. No hay motivación alguna, hay que insistir, que justifique un proceder que coloque a la parte afectada en una situación de riesgo o vulnerabilidad, como dice Blanco. Tampoco impedir que Salgado Macedonio se defienda. Lamentablemente todo está contaminado por la pobreza sociopolítica en lo que vivimos nuestra realidad.
08 Enero 2021 04:08:00
López Obrador al desnudo
Ya sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre sorprende a propios y extraños. Pero la posición que asumió ayer, para utilizar su propio lenguaje, fue un batazo de home run en la pizarra de lo inverosímil, al salir en defensa, no de la democracia en Estados Unidos tras la turba que asaltó el Capitolio para impedir la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden, sino a favor de Donald Trump, acusando a Twitter, Facebook e Instagram de censurar al jefe de la Casa Blanca. Nadie en el mundo hizo lo que López Obrador, que se volvió único en este momento de la historia. Sin embargo, con todo respeto señor Presidente, ¿qué es lo que no entiende? O, quizá, entiende muy bien.

De la nada, López Obrador criticó en la mañanera de ayer que las plataformas digitales suspendieran las cuentas de Trump, luego de que consideraran que había incitado a la sedición. “No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”, dijo. “Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?”.

Señor Presidente, lo que hizo Trump, no fue un ejercicio de su libertad de expresión. El Presidente de Estados Unidos juró respetar y salvaguardar la Constitución, y la violó. Desde la Casa Blanca llamó a la insurrección, convocó a quienes convenció con propaganda y mensajes falsos en las redes sociales que le habían robado la elección, y alentó el asalto al Capitolio, el principal asiento de la democracia de esa nación, donde las turbas irrumpieron, alentadas por los llamados a la acción de Trump, con lo que incurrieron en el delito de “terrorismo doméstico”. Eso no es, como lo explica López Obrador, sino lo contrario, al atentar contra las libertades, el orden y la ley.

Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, publicó en su plataforma que las cuentas de Trump se habían suspendido indefinidamente porque los contenidos que había posteado incitaban “una violenta insurrección contra un Gobierno democráticamente electo”. Trump no ejerció sus libertades constitucionales como señaló López Obrador, que está solo en esa línea, pues los líderes del mundo condenaron las acciones violentas del miércoles, y varios dirigentes democráticos responsabilizaron a Trump directamente de haber alentado la insurrección. 

En Estados Unidos, ante la increíble actitud del jefe de la Casa Blanca, se empezaron a dar renuncias en cascada dentro de su Administración en protesta por lo que hizo, mientras que surgían los llamados desde el Capitolio para que el gabinete invocara la Enmienda 25 y lo destituyeran. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que si el vicepresidente Mike Pence -que rompió con Trump, que lo presionó para que violara la ley- no lo hacía, el Congreso debería de iniciar un juicio político contra el Presidente.

¿A este personaje defiende, señor Presidente de México? Es cierto lo que alega López Obrador de que la revolución en el debate público fue gracias a las redes sociales, que han sido una herramienta central en la democratización de la información y la discusión pública, pero que como siempre sucede en sociedades asimétricas en conocimiento y recursos, se han convertido en muchos casos en una externalidad ominosa de la democracia, al servir como instrumentos muy eficaces para subvertir la democracia. Trump y las fuerzas oscuras detrás de él, se apoderaron del poder en la democracia más vieja del mundo y sistemáticamente trataron de minarla. 

Señor Presidente, no se desnude ante el país y el mundo. Se entiende la rabia que tiene por la derrota de Trump, con quien mantuvo un amasiato político de conveniencia -no lo toca y obedece sus instrucciones, a cambio de que lo deje consolidar su proyecto de cambio-, que lo llevó a no poder ocultar su incomodidad y molestia por la victoria de Biden. Se entiende también que haga esa defensa de Trump frente a la sanción que impusieron las redes sociales para apagarle su vehículo de comunicación incendiario, donde la polarización que ha generado llevó al punto de quiebre del sistema democrático el miércoles, porque es igual que él.

¿Se proyectó López Obrador? ¿Piensa que en algún momento las plataformas digitales actuarán igualmente en su contra por estar alimentando un discurso de odio a la sociedad? Ayer pareció dar muestras de su preocupación mediata, al afirmar que los mexicanos no están divididos, y que la polarización de la que se habla, es un discurso único de las élites que se sienten afectadas. Es otra más de sus mentiras, por cierto, similares a las que dice Trump. Su discurso sí es radical, anima a sus simpatizantes más primarios al insulto y la difamación, y es una llamada a la acción para que sus granjas de robots y troles, ataquen.

Desde el miércoles, cuando se comenzó a debatir en Estados Unidos el tema de las realidades alternas de Trump, sus mensajes de odio y la polarización, las huestes lopezobradoristas en las redes sociales rompieron una tregua de unas dos semanas contra quienes piensan distinto al Presidente, y renovaron su guerra digital. De acuerdo con analistas de redes sociales, comenzaron con furibundos ataques a Ciro Gómez Leyva, el conductor de radio más influyente en las mañanas, y siguieron con Héctor de Mauleón, columnista de El Universal. Tras el ataque a medios y periodistas de López Obrador ayer, se ampliaron las agresiones digitales, inspiradas en las mentiras y los argumentos falsos esgrimidos por el Presidente.

López Obrador está enojado y le está subiendo una vez más la temperatura a la cabeza, pero sobre todo, la impresión que deja es que está preocupado por lo que le sucedió a Trump, su alma gemela en cómo destruir sociedades mediante la división y el encono.
07 Enero 2021 04:08:00
Trump y su golpe de Estado
Desde el 23 de febrero de 1981 en Madrid, se puede argumentar, el mundo democrático no había visto una situación similar a la que se vivió ayer en Washington: un golpe de Estado estimulado desde el poder. Parece una contradicción, pero no lo es. La anatomía de las dos intentonas es compleja, pero tienen que ver con el intento, desde la cima del poder, de apelar a la rebelión para impedir el funcionamiento de la democracia porque afecta intereses particulares. La diferencia que hay que subrayar es que España era una democracia incipiente, mientras que Estados Unidos llevaba 220 años de vida.

Aquel 23 de febrero, el oscuro teniente coronel Antonio Tejero, vestido con el uniforme de la Guardia Civil, irrumpió en Las Cortes a tiros, donde se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno español, respaldado por militares con subametralladoras automáticas. Mientras eso sucedía, el jefe de la conspiración, que había sido maestro del rey Juan Carlos en el Ejército, el teniente general Jaime Milans del Bosch, sacó las unidades de combate en Valencia, amagó las instalaciones de las autoridades y decretó el estado de excepción. 

El rey Juan Carlos mantuvo silencio, avalando implícitamente la asonada militar, hasta que, de acuerdo con diplomáticos y fuentes de inteligencia en aquellos años, el presidente de Francia, Valery Giscard d’Estaing, le habló por teléfono y le dijo que si no frenaba el golpe, jamás entraría España a la Comunidad Económica Europea -actualmente la Unión Europea-. Hasta ese momento, 18 horas después del asalto de Tejero, Juan Carlos le dio instrucciones a Milans del Bosch, argumentando que no lo apoyaría, frenar el golpe. El caso del presidente Donald Trump es diferente por lo violento, irresponsable e increíble para un país como el suyo.

Trump no escondió la cabeza como Juan Carlos; fue abiertamente golpista. No utilizó al Ejército, porque los jefes militares ya habían rechazado sus intentos por descarrilar el proceso electoral, pero aparentemente, con el respaldo de sus aliados republicanos en el Capitolio, retrasó la petición de la alcaldesa de Washington de enviar a la Guardia Nacional en previsión de las protestas que se convirtieron en una insurrección. Lo más grave es que fue promovida y alentada por Trump, quien además de convocar a sus simpatizantes, los animó. “Nunca nos rendiremos, nunca concederemos”, dijo Trump en un mitin afuera de la Casa Blanca. “Nuestro país ya ha tenido suficiente. No aguantaremos más”. Era un llamado a la acción.

Centenares de personas se dirigieron entonces al Capitolio sobre la avenida Constitución -una caprichosa ironía- a poco más de 4 kilómetros, y de ahí en adelante hubo escenas nunca vistas. Es cierto que los manifestantes llegaron a las escaleras del Capitolio para buscar que audiencias sobre la Guerra de Vietnam se suspendieran, pero no tomaron por asalto el edificio central que alberga los plenos del Senado y la Cámara de Representantes, así como las oficinas de los líderes y el museo, ni tampoco tomaron los seis edificios adyacentes que albergan las oficinas de diputados y senadores. Menos aún se apoderaron del pleno del Senado y provocaron tiroteos en el interior.

Es una vergüenza y una irresponsabilidad histórica de Trump y sus secuaces, como el senador Ted Cruz y un centenar de republicanos, que se prestaron a sus intereses particulares, y que después de ver lo que habían provocado, comenzaron a pedir calma y a no utilizar la violencia. Tarde. Cuando se ha contaminado a una sociedad con mentiras y propaganda, generando polarización y animando a la confrontación, esto es lo que sucede. Una institución como la Presidencia de Estados Unidos, con un desesperado titular dispuesto a romper con toda la institucionalidad, convirtiéndose en una caricatura que arrastra con el prestigio de una nación y el respeto del mundo.

Trump es una caricatura, pero en su posición, es altamente peligroso. Todavía ayer, tras incitar a la rebelión armada en el epicentro de Washington, que es donde está el Capitolio, tras aliados y opositores que lo urgieron a dar la cara y pedir a sus turbas que se retiraran del Capitolio, insistió en un video que difundió en su cuenta de Twitter, en la falacia que les habían robado la elección presidencial. Eso no fue el llamado a la paz que le exigían, sino a mantener la rebelión contra las instituciones, en particular contra el Capitolio, corazón de la democracia estadunidense, que no había sido tomado por nadie desde 1814, cuando lo quemaron los invasores ingleses.

También es el legado de Trump, un hombre rabioso y rencoroso que fracasó como destructor de la democracia y demoledor de instituciones. No fue por su falta de fuerza, empeño y obsesión, sino porque las instituciones mostraron ser más fuertes que él, y porque sus propios correligionarios en el Capitolio y en los gobiernos estatales, actuaron con responsabilidad y lo apoyaron hasta que hacerlo habría sido un crimen. Son importantes las instituciones, pero más las personas que las habitan. Sin ellas, son colonizadas. Con ellas, se evitan los excesos, los abusos y las arbitrariedades. Es una gran lección para otras naciones, sobre lo que significan los contrapesos y la independencia ética y responsable en las instituciones.

El día no ha terminado, y lo que sucedió ayer en Washington no es un epílogo, sino un preámbulo. Trump dejará la Casa Blanca en dos semanas -si no actúa su gabinete e invocar la Enmienda 25 para destituirlo antes de que cause más daño-, pero deja tras de sí un país confrontado y polarizado, con un segmento de la sociedad que creyó sus mentiras de fraude electoral -39% a nivel nacional, 17% de los demócratas y 31% de los apartidistas piensan que es verdad-, que no sanará ni se reconciliará. Biden habló de unidad en los momentos aciagos de ayer, pero como sabemos en México, esa división será irreversible.
06 Enero 2021 04:08:00
López Obrador se divorcia de Biden
Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador modificó la política de asilo para hacerle el trabajo sucio al Gobierno de Estados Unidos y complacer al presidente Donald Trump, a costa de miles de centroamericanos. Ahora, López Obrador retoma la maltrecha y alterada política de asilo mexicana para ofrecerle santuario a Julian Assange, el australiano acusado de espionaje por el Gobierno de Barack Obama, con lo cual confronta a quien era su vicepresidente y hoy es presidente electo, Joe Biden. 

El ofrecimiento de asilo que hizo López Obrador a Assange este lunes, luego que una jueza británica bloqueó su extradición a Estados Unidos, tuvo una amplia repercusión en los medios internacionales. Pero no en un buen sentido, porque haberlo hecho entorpece y tensa el inicio de la relación con Biden. “López Obrador parece estar haciendo un esfuerzo para dañar la relación con Estados Unidos justo en vísperas que Biden asuma la Presidencia”, declaró a la agencia Reuters, Mark Feierstein, consejero de Obama en la Casa Blanca y director para los asuntos de América Latina, sintetizando la percepción generada. 

El Presidente le encargó al canciller Marcelo Ebrard pedir al Reino Unido, donde la embajada de México, por cierto, está acéfala desde diciembre de 2018, que lo libere para darle el asilo. La iniciativa terminará probablemente como otra idea malograda del Presidente, aunque al mismo tiempo, haber ofrecido refugio a una persona que dañó profundamente las relaciones de Estados Unidos con el mundo, no será algo que se observe como otra ocurrencia de un líder neófito en geopolítica.

Assange fue acusado por Estados Unidos en 2019 de violar el Acta de Espionaje y conspirar para hackear las computadoras del Gobierno en 2010 y 2011, por lo que podría pasar 175 años en prisión. La jueza británica negó la extradición a Estados Unidos ante el riesgo de que pudiera suicidarse, y los estadunidenses apelarán el fallo. Aunque el Gobierno de Obama decidió no juzgarlo porque se cruzaba con un proceso de extradición solicitado por el Gobierno sueco por una presunta violación, la diplomacia y los servicios de inteligencia estadunidenses, civiles y militares, no han cejado en buscar cómo hacer que pague la afrenta contra ellos. 

Javier Treviño, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores y conoce a la perfección los salones de poder en Washington, trajo a cuenta que el 10 de diciembre de 2010, un “irritado” Biden hizo una de las más fuertes declaraciones sobre WikiLeaks y su fundador Assange en el programa Meet the Press de la cadena NBC, sobre las filtraciones de miles de documentos secretos, que a decir del entonces vicepresidente, puso en riesgo la vida de muchos estadunidenses. “Es un hi-tech terrorist, un terrorista de alta tecnología”, recordó Treviño.

La discusión sobre la lucha entre David y Goliat, como metáfora aplicable al caso de Assange, no entra en el marco de referencia de López Obrador, quien desde un principio consideró que los documentos que difundió WikiLeaks habían sido útiles para mostrar cómo operaban los gobiernos. Ofrecer asilo a Assange es el equivalente de darle a Biden una cachetada. Su apresuramiento para hacer el ofrecimiento, que no pareció haber platicado antes con Ebrard, fue arropado por la cancillería mexicana. “Su oferta de asilo”, le dijo un funcionario a Reuters, “envía el mensaje de que México seguiría una política exterior independiente con el próximo Gobierno de Estados Unidos”.

Está implícitamente aclarado. Con el Gobierno de Trump no hubo política independiente; con el de Biden sí la desean. Con el actual jefe de la Casa Blanca, a partir de las presiones directas de Trump y amenazar de que si no frenaba México la inmigración centroamericana a Estados Unidos impondría aranceles a productos mexicanos, López Obrador modificó la política de asilo y firmó el programa “Remain in Mexico” para servir de antesala de quienes solicitaban refugio en esa nación, convirtiendo sus ciudades fronterizas en dormitorios de centroamericanos, sin otorgarles ningún beneficio y muy poco apoyo. 

La política de asilo que presumió el Presidente en el caso de Assange, solo ha funcionado para Evo Morales, el expresidente boliviano, y para un número desconocido de venezolanos y ecuatorianos vinculados a esos gobiernos a quienes se les han abierto discretamente las puertas del asilo. Suramericanos no afines a esos gobiernos populistas, en cambio, han sido puestos en espera. Es el doble rasero de la política de asilo mexicana, que ocupa el nada distinguido lugar 52 entre los países que abren sus fronteras a perseguidos, con una Comisión de Ayuda para Refugiados deshidratada presupuestalmente, mientras desde Palacio Nacional se atienden los casos extraordinarios de asilo, donde el Presidente, que tiene entre sus asesores a excolaboradores de gobiernos suramericanos, palomea quién entra por la vía rápida.

El caso de Assange es otro de esos casos excepcionales, aunque sus implicaciones de mediano y largo plazo son distintas a otros, porque involucra a quien el Gobierno de Estados Unidos considera un enemigo. Si lo que el funcionario mexicano le dijo a Reuters es cierto y existe la convicción de una política exterior independiente, significa que López Obrador no se dejará amedrentar por Biden ni responderá sumiso como ante Trump, para que no le impongan aranceles. Igualmente debe estar tranquilo de que las sospechas de dinero sacado subrepticiamente del país a Estados Unidos no tienen fundamento, porque los servicios de inteligencia no los exhibirán, ni sus agencias de seguridad detendrán a nadie de su Gobierno por tener cuentas pendientes con la justicia de esa nación por presuntos vínculos con el narcotráfico. 

Si López Obrador quiere tener una política independiente sin subordinación a Estados Unidos, apoyémoslo todos y dejemos atrás la humillación sistemática de Trump al Presidente de México. Pero que no nos vuelva a traicionar López Obrador, y que cuando eventualmente le muestren los colmillos en Washington, no corra a ponerse a su servicio incondicional, como hasta ahora.
05 Enero 2021 04:08:00
Las dos caras del Presidente
Parecía una ocurrencia a bote pronto. Pocas horas después de que una jueza británica bloqueó la extradición de Julián Assange, fundador de WikiLeaks, a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones de espionaje y hackeo de computadoras gubernamentales porque el aislamiento podría llevarlo al suicidio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pediría al Reino Unido su libertad -que más allá de lo que anticipó, podría darse esta misma semana por la deteriorada salud mental del preso- para ofrecerle asilo político en México. Su extravagante iniciativa causó sorpresa, y los portales de los principales medios mexicanos dieron la noticia con tanta sonoridad, que ocultó la sentencia de muerte al Instituto de la Transparencia, el INAI.

En un mismo evento, la mañanera, López Obrador mostró la enorme contradicción de su pensamiento, y sus obsesiones por destruir todo lo que recuerde el pasado mexicano, aun si algo fue positivo. Este es el caso de Transparencia, un instituto creado gracias a una reforma de segunda generación democrática impulsada por medios y universidades durante el gobierno de Vicente Fox, quien a regañadientes tuvo que aceptar ese órgano autónomo. El INAI es el instrumento que enfrenta la opacidad, la que a su vez es caldo de cultivo para la corrupción. Pero se entiende el trato obsceno de López Obrador a ese órgano. Veamos. 

Ayer, al sugerir un nuevo recorte en el gasto del Gobierno, se lanzó contra el INAI, que afirmó tiene mil millones de pesos de presupuesto anual. “Se quiere un organismo independiente, un organismo autónomo. Qué, ¿no está para eso la Cámara de Diputados? ¿la Auditoría Superior de la Federación?”, dijo, mezclando la gimnasia con la magnesia. Pero no fue un error, sino el preámbulo de una perorata: “Esos aparatos administrativos los crearon para simular que se combatía a la corrupción, para simular que había transparencia, para simular que no había impunidad. Todo fue una farsa y al mismo tiempo era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos”.

El INAI ha sido un instrumento de contrapeso de gobiernos, que aunque a varios no les han gustado sus acciones y han litigado para evitar dar información a quien lo solicite, no buscaron su desaparición. López Obrador sí ha sido consistente en querer destruirlo. No le gustaba antes, ni ahora. Siempre le han incomodado los órganos autónomos porque no puede controlarlos -por eso los amedrenta y coloniza-, y porque son contrapesos del poder. Él quiere que todo lo que hace se oculte aunque afirma lo contrario. 

Este lunes dijo que promoverá que se dejen de reservar acciones de gobierno, cuando esa práctica la ha utilizado sistemáticamente para ocultar información desde que gobernaba la Ciudad de México -la secrecía sobre los segundos pisos es un ejemplo-, o en la actualidad la bitácora de viaje del avión en el que se transportó al expresidente boliviano Evo Morales, que será secreta durante cinco años, tiempo suficiente para que los mexicanos no sepan, por ejemplo, que la nave de la Fuerza Aérea Mexicana hizo escala en La Habana, donde un cercano a López Obrador fue por él. En otros casos se actúa con cinismo, como cuando la Presidencia asegura que no existe información que ha hecho pública el mandatario, o sobre estructuras del Ejecutivo. 

La otra cara del Presidente es Assange. Consistente en su posición sobre el súbdito australiano al que el Gobierno de Estados Unidos acusó en 2019 de 17 violaciones al Acta de Espionaje y conspirar para hackear las computadoras del Gobierno en 2010 y 2011, que resultó en miles de páginas de secretos divulgados a través de WikiLeaks, López Obrador ha elogiado reiteradamente la divulgación de esos documentos. “No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político”, dijo hace un año en la mañanera a propósito de informes diplomáticos sobre México, “pero en su momento, estos cables mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación”.

En sus palabras, Assange hizo un gran servicio al mostrar cómo funciona un sistema, pero el INAI, en cambio, es un órgano que debe desaparecer porque solo sirvió como simulación para ocultar la corrupción. No tiene pruebas de ello, que ya las habría exhibido, pero detrás de la acusación se puede argumentar que el INAI, como el periodismo de investigación -que elogió en el caso de Assange- es un peligro para él y para la imagen de honestidad e incorruptibilidad que ha construido. La transparencia es una amenaza para el régimen de la llamada cuarta transformación, porque lo obliga a mostrar qué hace con el dinero público, para dónde va y cómo y a quién se le reparte.

La caja del Gobierno federal no es opaca, es negra. Solo en su primer año de Gobierno, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, se dieron 184 mil 702 contratos, de los cuales, 8 de cada 10 fueron adjudicaciones directas. De esa forma se canalizaron 126 mil millones de pesos, la cifra más alta desde 2013, y 35% más alto del monto de adjudicaciones directas del último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Entre las adjudicaciones directas se encuentran las que obtuvo la prima de López Obrador de Pemex por 365 millones de pesos, y siete contratos por 162 millones de pesos al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad. Qué
casualidad.

Assange no representa ningún riesgo a su persona o a su gobierno; el INAI sí. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, la percepción de corrupción durante el primer año de la administración de López Obrador creció 7.5 por ciento. Un órgano como Transparencia es claramente un riesgo, y un riesgo, hay que aniquilarlo. En eso está.
04 Enero 2021 04:10:00
2021
Prepárense quienes creen en un orden democrático y plural, porque lo peor está por venir. El presidente Andrés Manuel López Obrador no dará tregua a quien no se alinee incondicional e irracionalmente con él, lo que no tiene nada de novedoso, salvo la existencia de dos nuevos ingredientes en el contexto: las elecciones federales el 6 de junio que definirán el futuro de su proyecto, y una campaña masiva de vacunación contra el Covid-19, que determinará, quiérase o no, si catapulta hacia la victoria al partido en el poder de ser exitosa, o impacta negativamente los resultados en las urnas, de fracasar el plan. En cualquier caso, hay que amarrarse los cinturones, porque gane o pierda, López Obrador seguirá siendo justiciero.

López Obrador forma parte de esa generación de líderes que llegaron al poder montados en la cólera de la gente contra lo establecido, con la convicción de que todo estaba tan corrompido que había que destruirlo completamente. Lo ha venido haciendo sistemáticamente a una velocidad sorprendente, empleando los recursos que han utilizado otros dirigentes déspotas como él, neutralizar a las elites, a las que llamó originalmente “la mafia del poder” y ha transformado en “los conservadores” y “adversarios”, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los órganos autónomos, a la sociedad civil y a la prensa. Narra, como sus pares, lo maravilloso que fue el pasado –sin evidencia alguna-, y recrea un mundo alterno –sin bases sólidas-, a partir de un recurso retórico que caracterizó al régimen soviético durante la era de José Stalin.

Ese recurso se denomina “whataboutism”, que no tiene traducción al español, pero se utiliza para acusar a quien lo acusa de lo mismo de lo que lo han acusado, en lugar de que, como explican varias definiciones del término, argumente su verdad y refute las imputaciones. Lo vimos en los últimos días del año, cuando al salir en defensa de director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por su evidente manipulación de hechos e incompetencia en el apagón que afectó a más de 10 millones de personas, lo minimizó y dijo que era un escándalo promovido por sus “adversarios” en campaña contra su Gobierno. A la pérdida de empleos hacia finales de año, responsabilizó al outsourcing, al que quiere desaparecer, cuando el desempleo fue provocado por él desde 2019 con sus antipolíticas económicas, y se profundizó el año pasado con la falta de una política que ayudara a la economía. Omitió también que su Gobierno también despidió trabajadores o ilegalmente redujo salarios y canceló aguinaldos.

López Obrador no es un producto original mexicano. Más de 60 líderes en otras partes del mundo surgieron con la misma agenda, las mismas tácticas, la misma estrategia de polarización y magnificación del encono antes que él. Ahí está nuestro vecino Donald Trump o Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Jair Bolsonaro en Brasil. Han desarrollado narrativas de realidad alterna, como explicó Anne Applebaum en Twilight of Democracy, The Seductive Lure of Authotitarianism (Doubleday, 2020), que son orgánicas, pero que de manera más frecuente, son formuladas de manera cuidadosa, con la ayuda de modernas técnicas de mercadotecnia, segmentación de audiencias y campañas en las redes sociales.

A través de ellas penetran en una sociedad que estaba harta muchos años antes que llegaran al poder, como consecuencia de una creciente insatisfacción con las democracias liberales, y una creciente fascinación por el poder autoritario. El mundo, como lo describe Applebaum, ha dejado de lado el debate plural y la confrontación de ideas, convirtiéndose en uno donde la discusión pretende, sobre todo, callar al otro. La Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk dijo en la ceremonia de la premiación en 2019 –recordado también por la escritora-: “En lugar de oír la armonía del mundo, hemos oído la cacofonía de sonidos, una estática insorportable en la cual tratamos, en la desesperanza, de recoger alguna melodía más silenciosa, incluso con un ritmo más débil”.

Lamentablemente estamos en otra frecuencia, aquí y en muchos lados. Los sonidos gritan disparates -¿vio el spot de Mario Delgado y Morena sobre las vacunas y la salud?-; el Presidente afirma que su estrategia de seguridad va funcionando, al cerrar el año más violento de la historia, y presume que enfrentó las crisis sin endeudarse, aunque la deuda pública se elevó a sus máximos históricos. Las autoridades detienen a implicados en los asesinatos del exgobernador de Jalisco y del restaurantero francés, pero van a la cárcel acusados de delitos que no tienen nada que ver con esos homicidios. Seis de cada 10 mexicanos aplauden la gestión de López Obrador, y con la información disponible, no son pocos los que no entienden que le den altas calificaciones con las peores crisis que se han vivido.

Applebaum tiene una explicación: “La gente sempre tuvo opiniones diferentes. Hoy tienen hechos diferentes. Al mismo tiempo, en una esfera de información sin autoridades –políticas, culturales y morales-, y ninguna fuente confiable, no hay camino fácil para distinguir entre las teorías de la conspiración y las informaciones ciertas. Narrativas falsas, partidistas y frecuentemente engañosas se han extendido por los incendios digitales, donde las cascadas de falsedades se mueven demasiado rápido para dar tiempo a ser verificadas”.

Esto ayuda a entender un poco la nueva realidad que se vive, pero no aclara un futuro común. Los parámetros aceptados por todos dentro de un sistema democrático, desaparecieron al evaporase sus reglas de juego. La mano dura de los autócratas empoderados por la ira, es la que tiene su turno. Este 2021 tendremos más de lo mismo, pero galvanizado por los grandes eventos, las elecciones programadas y la campaña de vacunación contra el coronavirus. Ambos serán momentos definitorios para López Obrador, quien nunca pierde, aunque pierda. Así que para este año, amarrémonos los cinturones y ajustemos ópticas y análisis. Es lo único cierto que podemos hacer de saque.
18 Diciembre 2020 04:07:00
La alcaldesa de Troya
En las próximas semanas correrán a registrarse candidatas y candidatos de todos los partidos para la elección histórica del próximo año, por el número de cargos de elección popular que se pondrán en juego el 6 de junio. Los partidos, que ahora tienen la obligatoriedad de incluir el principio de género para el 50% de sus nominadas, estan en el mercado de candidatas que tengan la fuerza necesaria para sumar votos. La ideología no importa, ni los programas. Se trata de ganar a como de lugar. Este punto es de gran relevancia, sobre todo en estados donde haya candidatos en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no querrá sufrir la vergüenza de su derrota. Por ejemplo, digamos, en Sonora.

Esta semana Alfonso Durazo, a quien el Presidente le pidió hasta el último momento renunciar a la gubernatura de Sonora y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registró como el candidato de Morena. Es una vieja ambición del priista-panista-morenista, y piensa que va seguro a la victoria, montado en el caballo de la popularidad de López Obrador. Durazo llegó a Hermosillo para arrancar su campaña semanas antes de dejar el Gobierno federal, bañado en lisonjas de la presidenta municipal de la capital Célida López Cárdenas, quien aspiraba la candidatura para gobernadora, pero entendió que su tiempo sería después y buscará la reelección, mientras siblinamente lo apuñala.

López Cárdenas ha sido cuidadosa en lo público, pero descuidada en lo privado. Un alto funcionario de Palacio Nacional que impulsó a Durazo, dijo que no la necesitaban para ganar la gubernatura, aunque tenían claro que la alcaldesa no era una política fácil, ni leal. Ella ha estado vinculada al equipo del perseguido exgobernador Guillermo Padrés desde 2008, cuando la nombró coordinadora del trabajo con las mujeres en su campaña para gobernador. De ahí brincó al PAN estatal, que fue puente para que entrara al gobierno de Padrés como subsecretaria en Desarrollo Social, desde donde la hicieron diputada local del PAN. Como tantos oportunistas, rompió con el PAN en 2017 y se lanzó para la Presidencia Municipal de Hermosillo en 2018 bajo los colores de Morena.

La alcaldesa ha sido polémica hasta el absurdo. En su segundo informe de gobierno a mediados de septiembre, pidió que el Ejército habilitara un pelotón de fusilamiento para matar “a los narcotraficantes” por envenenar a la juventud. Sus propuestas contradicen la politica de López Obrador y del propio Durazo, quien siguió las instrucciones presidenciales de que con los narcotraficantes, abrazos, pero nunca balazos. López Cárdenas está en lo suyo, que no es lo del candidato a gobernador, ni lo de Palacio Nacional, ni lo del Presidente. De hecho, está con sus adversarios.

Los estrategas detrás de la alcaldesa no se encuentran en Hermosillo, sino en la Ciudad de México. No están en Morena, sino en la vieja cantera del PAN. El despacho que le lleva la estrategia es el que encabeza Roberto Gil, el exsecretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, que es una de las mentes pensantes de varios gobernadores panistas enfrentados con López Obrador, y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, que fue apoderado legal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cuando Germán Martínez era presidente nacional del partido. En ese despacho participan como socios los panistas Jorge Luis Lavalle y Salvador Casillas, a quienes el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ha señalado como beneficiaros de millones de pesos en sobornos por su apoyo para la aprobación de la reforma energética.

Otro socio, el último  de ellos, pero el princiopal operador en varios estados, como en Sonora, es el abogado Fernando Salmerón, vinculado a Gil desde los tiempos del PAN y el Senado, que es el enlace de López Torres con el despacho que le maneja la estrategia, y que tiene una fuerte ascendencia sobre de ella, que le ha delegado poderes extraordinarios para manejar y ordenar acciones a su equipo municipal. Salmeron es señalado como responsable de que haya cancelado concesiones –ella se defiende al afirmar, sin probar aún, que son fraudulentas-, haya dejado de pagar adeudos, o se haya enfrentado directamente con las políticas públicas del Gobierno estatal en la estrategia para contener la pandemia del coronavirus, que quería realizar a su discreción y tener, incluso, su propio semáforo epidemiológico. 

La Alcaldesa ha estado utilizando los recursos del Municipio de una forma que ha generado sospechas sobre el destino al cual llegan, porque al mismo tiempo que ha afectado las obras locales y los proyectos de inversión, su gasto es galopante, al extremo de tener un nivel de endeudamiento que las autoridades hacendarias lo han colocado en la categoría de “en observación”, al haber llegado casi a su tope de 133 millones de pesos este año. 

López Cárdenas engaña a Durazo y al Gobierno federal, al ser una pieza que manejan desde la Ciudad de México a través del despacho cuya cabeza más visible es Gil. No son los únicos panistas adversarios de López Obrador los que se encuentran detrás de ella. Exfuncionarios del Gobierno de Padrés, algunos de ellos que fueron a la cárcel por acusciones de corrupción en ese sexenio, están haciendo trabajo de tierra en Sonora para construir vínculos con sectores empresariales a los cuales también se les ha acercado Durazo para encontrar apoyos y financiamientos para su campaña.

La alcaldesa López Cárdenas se ha manejado muchas veces con soberbia y desprecio a quienes ve políticamente inferiores. Un botón que demuestra su personalidad fue la entrevista que dio a Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente, en febrero de este año, donde con un lenguaje soez, se defendió del no pago a una empresa concesionaria de la recolección de basura señalando que “me frustro mucho porque de veras ha habido mucha gente pendeja que ha estado gobernando esta ciudad”. Un político al que ve hacia abajo es precisamente Durazo, al que elogia en la cara y traiciona por la espalda. 
17 Diciembre 2020 04:07:00
Qué le importa a López Obrador
Así o más claro. La designación de Esteban Moctezuma como sustituto de Martha Bárcena en la Embajada de México en Estados Unidos, es una demostración de que una relación bilateral de gran calado, no está en las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador. También es la ratificación del fraseo de la carta de felicitación que envió a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales, que como reflejó la prensa, escurría malhumor y producía más distanciamiento que acercamiento.  Como mencionó un veterano observador en las redes sociales, era mejor no felicitar a Biden que haberlo felicitado de esa manera. 

Sin esperar el curso de sus rituales matutinos, que tienen un ritmo para enfatizar la propaganda por encima de todas las cosas, López Obrador se apresuró ayer en la mañanera para anunciar al nuevo embajador de México ante el Gobierno de Estados Unidos. La sorpresa fue enorme para muchos. López Obrador dejó ir a Martha Bárcena, una diplomática experimentada y muy profesional, y optó por un bisoño en política exterior sin conexiones en Washington. López Obrador, una vez más improvisando, aunque en esta ocasión, es tan nítido el mensaje que ha dado, que probablemente no fue resultado de una ocurrencia más. 

Se deshizo de Moctezuma, a quien nunca dejó de mencionar que era un “aristócrata”, pero en lugar de jubilarlo o buscar un lugar más ad hoc –si quería sacarlo de México, ¿por qué no lo nombró en la UNICEF?- lo enviará a Washington, con lo que le dice al Gobierno entrante de Estados Unidos: la relación bilateral no es prioritaria. Ido Trump, a quien se le entregó y cedió soberanía mexicana, se aleja de Biden a quien le advierte –correctamente, aunque cuestionable por la discrecionalidad-, y sin diplomacia de por medio, que ahora sí no cruzará la línea. 

A bravuconadas y rabietas por la derrota de Trump, hay que decirle al Presidente, no se construye una relación bilateral. Tampoco se hacía con la sumisión, como hizo con el todavía inquilino de la Casa Blanca. López Obrador tenía opciones para sustituir a Bárcena, pero las pasó de alto. La mejor, por mucho, la de Lázaro Cárdenas Batel, su coordinador de asesores, quien conoce Washington, donde pasó largo tiempo, y además, producto de sus viejas relaciones, tiene amigos muy cercanos a Biden. Pero el análisis de fortalezas no es la fortaleza de López Obrador, un gran disparador con escopeta por ocurrencias o fobias.

Eso es lo que hizo con el nombramiento de Moctezuma, que levantó cejas en la Ciudad de México, incluido el mismo secretario de Educación, que se enteró de su nueva asignación en la víspera. Moctezuma tendrá que sanar las heridas que ha dejado López Obrador con los demócratas, y quizás, probarles que su designación, un desdén a la relación bilateral más importante de México, no obedece al enojo del Presidente con Biden porque, cuando menos hasta el momento del nombramiento, no le haya tomado la llamada. Ebrard sigue trabajando para que se dé pronto, como lo reveló el martes.

En cualquier caso, será un difícil aterrizaje para Moctezuma. El plácet, por lo pronto, no será procesado probablemente hasta después del 20 de enero, cuando Biden asuma la Presidencia, y en las semanas que le siguen vendrá toda la ola de nombramientos en su administración una vez que sus secretarias y secretarios vayan siendo ratificados en el Capitolio, por lo que se ve difícil que se procese el nombramiento. Tendrá tiempo el nuevo embajador para prepararse, no solo en los temas de la agenda bilateral, sino en cómo sanar las heridas infligidas por López Obrador a la relación bilateral.

La primera, la más evidente, es su nombramiento. Se deshicieron de él nombrándolo a la embajada más importante que tiene México, por lo que la señal es que el edificio en el 1911 de Pennsylvania Avenue, la sede de la Embajada, muy cerca de la Casa Blanca, lo usó de basurero el Presidente para deshacerse de un funcionario. En Washington solo hay representantes de gobiernos que son de alta confianza de sus jefes de Estado, y que tienen acceso directo y tan continuo como sea necesario. Moctezuma no tenía la confianza del Presidente, ni acceso continuo ni relación fluida.

El informe que debió haber hecho la Embajada de Estados en México sobre Moctezuma seguramente subraya el papel que juega el secretario en el gabinete, y su poca capacidad de influencia e incidencia en el Presidente. En nada lo ayuda el poco respaldo que siempre encontró en López Obrador para hacer su trabajo diplomático, en una ciudad donde el valor del embajador o embajadora está directamente relacionado con la certeza de que lo que le digan llegará directo a su jefe, y lo que diga es lo que su jefe le instruya que comunique.

Sin esa certidumbre, quien encabeza la misión en Washington es disfuncional. Lo tratarán bien, pero no resolverá nada importante. La Secretaría de Relaciones Exteriores manejará desde La Alameda la política bilateral, ya sin las fricciones que siempre tuvieron con Bárcena. De cualquier forma, no será cómodo para Ebrard tener a Moctezuma, a quien él no promovió. Está en mucha desventaja. La ventanilla del nuevo embajador no estará en el despacho presidencial, sino en la dirección para América del Norte que encabeza Roberto Velasco, que sí conoce cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, tiene relación con los demócratas y se mueve con facilidad en Washington.

Moctezuma ocupará la Embajada casi como un trámite, pues su designación, dado el perfil de él y su lejanía del Presidente en un momento tan delicado de la relación bilateral, en particular por la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, lo único que demuestra, hasta que se pruebe lo contrario, es que al presidente López Obrador, una relación intensa y de fondo con el presidente Biden, poco le importa.
16 Diciembre 2020 04:27:00
Ya se peleó con los gringos
Pelearse con el Gobierno de Estados Unidos, siempre pensó el presidente Andrés Manuel López Obrador, era un mal negocio, porque podría desbarrancar su proyecto. Las cosas, obviamente, han cambiado. Decidió enfrentarse con el Gobierno de Donald Trump al mismo tiempo de desdeñar al presidente electo Joe Biden.

El Presidente mexicano debe sentirse muy seguro en la silla, y con el control de todas las variables, para que haya decidido quitarse la máscara y pelearse con los gringos, que en acciones, no en declaraciones, es lo que ha hecho.

Su afinidad con Trump había obedecido al interés estratégico que no fuera a cruzarse en su proyecto de cambio, que para López Obrador resultó menos costoso que entregarle la soberanía en materia de migración y política de asilo, que cambió –sepultando décadas de principios– por una bolsa de aranceles acotados.

No obstante, fue bastante extraño que después de todo lo cedido y el bono que le pagó al no reconocer la victoria electoral de Biden durante 41 días, apoyando la falsa acusación de fraude electoral –argumentando un símil con su propia experiencia en 2006–, se peleara con su Gobierno en el epílogo de su mandato.

No puede ser tan torpe, disparatado e ignorante el Presidente de México para pelearse puerilmente con el Gobierno de Estados Unidos, sabiendo que su servicio civil de carrera continuará en la siguiente Administración –es decir, los agravios seguirán después del 20 de enero–, al tiempo de haber maltratado a Biden al negarse a reconocer su victoria hasta ayer, donde en la carta de felicitación que le envió el lunes por la noche, ratifica la línea que marcó desde la semana pasada. Quieren buenas relaciones, respeten la soberanía mexicana. Lo que no hizo durante casi dos años con Trump, ahora se lo señala como premisa básica de amistad y colaboración, a Biden.

Perfecto. Cuando menos en los últimos días, hay consistencia en su actuar. Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional fueron la primera estación.

Pese a las protestas de Estados Unidos y la vergüenza del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de la embajadora en Washington, Martha Bárcena, al tratar de explicar a los diplomáticos de ese país la lógica de López Obrador con esa ley, que ajusta cuentas con la DEA, dinamitando el puente de las amplias y complejas relaciones bilaterales en materia de seguridad, sus mayorías en el Congreso de la Unión, junto con sus aliados y miembros de la oposición, la aprobaron.

La consecuencia será la pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad mexicanas, y ratificar que López Obrador y su Gobierno optaron por la defensa de los cárteles de la droga. Por omisión o comisión, pero así es. Si las agencias de Inteligencia han grabado las conversaciones del Presidente y el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general retirado, Audomaro Martínez, quizás ya sepan cuáles son las razones de los abrazos a los narcotraficantes y nada de balazos.

Pero, para efectos de argumentación, si el Presidente de México no fuera laxo con los narcotraficantes, criminalizar la acción de las agencias de seguridad y de inteligencia extranjeras, y obligarlas a que informen de lo que obtengan al Gobierno mexicano coloca la cooperación de seguridad en un nivel que nunca había estado en su historia. De hecho, esto no pasa en el mundo. A ningún país se le ocurre siquiera intentar lo que en tiempos de paz, convirtió en ley López Obrador. Las consecuencias vendrán.

Esta ley no puede ir separada de las reformas a la Ley del Banco de México, que corrieron los diputados a aprobarla en comisiones –irá al Pleno en 2021–, y que lo empuja a lavar dinero. Círculo ideal, como se detalló aquí el viernes pasado, al proteger a los cárteles para que no los persigan, y que sus ingresos y utilidades, que pasan por el sistema financiero estadunidense, se limpien aquí.
Si alguien no entiende porqué están tan enojados en Washington con López Obrador, pueden ver que no es un asunto de defensa de soberanía, sino de tomar partido. Sus aliados, con estas reformas, aún involuntariamente, son los criminales.

Es tan monumental el error de pasar reformas controvertidas en fast track y sin matices, que no puede ser consecuencia de una visión reduccionista. No hay tontos en el Gobierno lópezobradorista, por lo que esto que sucede con las relaciones bilaterales con Trump y perfiladas ya con Biden, es producto de una decisión clara del Presidente de México. Sus motivos debe tener.

Lo que no va a aceptar el nuevo Gobierno de Biden, lo tiene que saber de antemano, es que su propuesta en la carta de “esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías”, se materialicen con esas dos leyes. Ni Estados Unidos, ni una gran parte del mundo, está a gusto con un Gobierno que sea santuario de delincuentes y proteja el crimen trasnacional.

Las reacciones de Washington no serán las clásicas del pasado. Desde hace tiempo son menos primitivos y más eficientes. Por la vía de la ley, por ejemplo, llevaron a la cárcel a un Presidente guatemalteco, y envolvieron en acusaciones, por terceras vía, al Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Ya vimos cómo capturaron al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, acusado de recibir sobornos del narcotráfico. No necesita Washington tocar a López Obrador, pero otra cosa es su entorno.

Alrededor de él hiede a corrupción, uno de los motores del Gobierno estadunidense que explota para confrontar a un enemigo o a un aliado disfuncional. Los arquitectos de las leyes en cuestión, son también blanco natural de operaciones tipo Cienfuegos. López Obrador y su equipo están marcados. Tiene que saberlo. Está bien si así quiere que sea la relación bilateral de ahora en adelante, solo que se prepare para lo que viene delante.
15 Diciembre 2020 04:07:00
López Obrador, tras Calderón
La molestia del Gobierno de Estados Unidos por la reforma a la Ley de Seguridad sigue creciendo y generando tensiones en las relaciones bilaterales. Deben sentirse traicionados en Washington por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, para salvarlo de una rebelión en el Ejército con consecuencias para los dos países, le enviaron de regreso al general Salvador Cienfuegos, a quien detuvieron por presuntos vínculos con el narcotráfico, para que en México lo juzgaran. A esa indignación se le va a sumar otra, recientemente ordenada por el Presidente: judicializar en México la operación Rápido y Furioso.

López Obrador tiene una fijación con la operación Rápido y Furioso, y le ha servido para denostar sistemáticamente al expresidente Felipe Calderón. Este ha negado las imputaciones y afirmado que esa operación fue secreta, y que su Gobierno tuvo conocimiento de ella hasta que se hicieron públicos los detalles de la operación, que dio origen a una exigencia al Gobierno de Estados Unidos para que frenara el flujo de armas a México. Una nota diplomática que se envió a Washington por instrucciones de López Obrador en busca de explicaciones sobre el operativo fue respondida hace meses con un simple “es un asunto cerrado”.

El Presidente no se quedó con ello. Instruyó a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica de la Presidencia para que judicialicen el caso y procedan a acusar a Calderón, al entonces procurador general, Eduardo Medina Mora, y a varios funcionarios de la extinta PGR, de homicidio, por haber dejado pasar las armas. Esta acusación tendrá implicaciones naturales y necesarias en la Agencia de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que fue la responsable de esa operación, no la DEA, como cree equivocadamente López Obrador.

La operación Rápido y Furioso comenzó a finales del 2009, cuando la oficina de ATF en Arizona recibió información sobre compras de armas en efectivo. Detectaron que el mexicano Jaime Ávila había comprado dos rifles de asalto AK-47, pero en lugar de detenerlo, lo siguió. Esa iniciativa se convirtió en un operativo audaz, pero se les salió de las manos y los asesinatos con armas que se suponía rastreaban, aumentaron. Un correo electrónico interno de ATF reportó que en marzo de 2010 hubo 958 asesinatos, el mes más violento desde 2005, y que personas que vigilaban compraron ese mismo mes 359 armas de alto calibre, incluidos “numerosos” rifles Barrett calibre .50. Rápido y Furioso fue autorizada por el Departamento de Justicia y colapsó el 14 de diciembre de 2010, cuando en una ruta de contrabando de drogas en Arizona, cerca de la frontera con México, un escuadrón táctico especial de la Patrulla Fronteriza se enfrentó con narcotraficantes y murió el agente Brian Terry, con la bala de una arma que habían dejado que compraran criminales mexicanos.

El asesinato de Terry reveló uno de los más grandes fiascos de las agencias estadunidenses, la operación Rápido y Furioso, que tuvo como precursor el Proyecto Gunrunner, implementado entre 2005 y 2008 para frenar el flujo de armas a los cárteles de la droga mexicanos desde Estados Unidos. Su predecesor, la operación Wide Receiver, en 2006 y 2007, vigilaba las compras de armas rumbo a México y detenía a los contrabandistas antes de cruzar la frontera. Rápido y Furioso fue un escándalo para el Gobierno de Barack Obama. El entonces procurador Eric Holden se negó a entregar los documentos de la operación a un panel que la investigó en la Cámara de Represetantes, por lo cual lo acusaron de desacato. Finalmente, tras seis años de negociación del Departamento de Justicia con el Capitolio, se publicaron los documentos.

López Obrador va a revivir todo el caso. Originalmente quería conocer si Calderón había violado la Constitución y si el Gobierno de Estados Unidos había realizado operaciones ilegales en México. En cualquier caso, no le alcanzaba para procesar al expresidente. Ahora, con la acusación de homicidio, ha visto una posibilidad real de ponerlo ante un juez.

La Fiscalía y la Conserjería Jurídica van a tener dificultades para ligar a Calderón con la operación, pero tiene posibilidades para encauzar a Medina Mora, no solo por el presunto delito de homicidio, sino por el presunto delito de traición a la Patria, aunque tendrá que excarbar la documentación de Estados Unidos. La ATF hizo una revisión de la operación Rápido y Furioso en noviembre de 2012, donde Bill Newell, agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, dijo que la oficina de la agencia en México y la policía mexicana –no la PGR-, se mantuvieron “en la oscuridad” sobre esa operación que estuvo a su cargo. Uno de sus agentes, John Dodson, le reveló a la cadena de televisión CBS que todo fue mantenido en secreto para que no se enterara el Gobierno de México.

Medina Mora también ha negado siempre haber conocido de Rápido y Furioso, pero Dolia Estévez, una veterana periodista en Washington, encontró el memorando de una reunión en Washington en noviembre de 2007 entre los procuradores Michael Mukasey y Medina Mora, donde hablaron de investigaciones conjuntas de “entregas controladas” en las que participaban agentes mexicanos. No se sabe si aquello se concretó, pero esa es la prueba que el exprocurador mexicano sí fue enterado de lo que iban a hacer. Lo único es que cuando comenzó Rápido y Furioso, Medina Mora ya había sido sustituido, el año previo, por Arturo Chávez y Chávez, y en las operaciones previas, el procurador involucrado era Daniel Cabeza de Vaca, cercano hoy a Palacio Nacional.

Así que la obsesión de López contra Calderón tiene que estar muy bien armada judicialmente y documentada, para que se sustente la acusación de homicidio. De otra forma quedará todo en lo que hasta ahora parece, la persecusión política de quien le ganó la Presidencia en 2006.
14 Diciembre 2020 04:07:00
México, ¿terrorista y criminal?
Las reformas a la Ley del Banco de México iniciaron un tsunami en Estados Unidos que ya tocó los litorales mexicanos. El miércoles pasado, el subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro, que dirige la Política Estratégica en la oficina de Financiamiento al Terrorismo y Crímenes Financieros, Scott Rembrandt, junto con un equipo de expertos, tuvieron una conferencia telefónica con el director general Jurídico del Banco de México y el jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, para expresar su insatisfacción con la reforma aprobada por el Senado y plantearles las consecuencias que tendría en la relación bilateral, y en el contexto internacional, que el pleno de la Cámara de Diputados la pasara en los términos como les llegó la minuta. El viernes vino la segunda llamada.

El Banco de México, ignorado por el Senado cuando manifestó sus objeciones a la reforma, insiste que violenta la soberanía de la institución y la coloca en el umbral del lavado de dinero, un delito de cuello blanco que, paradójicamente, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador promovió que fuera elevado de un crimen del fuero común, a delincuencia organizada. El banco central es víctima de esta ley, pero no se entiende el papel de la Secretaría de Hacienda, si se opuso a lo que hizo el Senado o avaló la medida.

En todo caso, ya se enteraron lo que piensan en Washington que hizo López Obrador y el Senado que tiene a modo. Que haya sido Rembrandt el subsecretario que hizo la llamada, no es algo que deba minimizarse. El subsecretario maneja desde 2013 un grupo de expertos que desarrollan e implementan medidas contra el lavado de dinero y para contrarrestar el financiamiento del terrorismo, mediante iniciativas estratégicas y regulatorias en los bancos, instituciones financieras y negocios e individuos no financieros.

Que el Gobierno del presidente Trump haya puesto a Rembrandt a cuestionar las reformas a la ley, significa que el Departamento del Tesoro, junto con el de Estado y la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, consideraron que lo que hizo el Senado atenta contra la seguridad nacional de ese país y va en contra de los esfuerzos globales para combatir el terrorismo, obligando al Banco de México a que incurra en actos delictivos y eventualmente, sea un apoyo para actos de terrorismo internacional. El terrorismo, bajo la óptica de la mayoría de las naciones, no son únicamente organizaciones radicales islámicas, sino también cárteles de la droga.

Rembrandt les dijo que la iniciativa no bajaría el costo de las remesas, que ha sido el argumento central de López Obrador y repetido por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien presentó la iniciativa a nombre de su jefe. Es cierto, y no tenían que llegar los estadunidenses a recordárselos. La gran mayoría de las remesas, más del 98%, son enviadas desde Estados Unidos mediante transferencias financieras, por lo que el argumento de los morenos que beneficiaría a los familiares de los inmigrantes carece de sustento. La repatriación de dólares en efectivo, otro de los argumentos en la ley, ya se da a través de bancos mexicanos en operaciones con sus corresponsales.

Para el Gobierno de Estados Unidos, como lo presentó Rembrandt, la aplicación de la Ley acarrearía afectaciones importantes al obligar al Banco de México a comprar los excedentes de dólares en efectivo, al llevarlo al terreno de asumir riesgos de lavado de dinero y de combate al financiamiento del terrorismo. Rembrandt afirmó que obligarlo a hacerlo vulneraría la autonomía del Banco de México, incrementando sus riesgos en busca de objetivos que no existen en la práctica. De hecho, planteó a los funcionarios, las reformas son contrarias a lo necesario para manejar el riesgo, con lo que habría un impacto negativo en la confianza internacional sobre la institución.

Los morenistas en el Senado no aceptan que la reforma convierta al Banco de México en una lavadora de dinero. El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, dijo que el Banco de México puede ser un órgano autónomo, pero no está por encima del Estado mexicano. Cierto, aunque peligroso lo que dice. Si la iniciativa está bien, entonces ¿Morena quiere convertir al Estado mexicano en un narcoestado, como se planteó en esta columna el viernes? Armenta mintió también cuando en sus justificaciones, dijo que sería ahora responsabilidad del banco central detectar el lavado de dinero. En realidad, eso hace ahora el banco, y lo que pretende la ley es quitarle la discrecionalidad -donde aplica sus medidas para minimizar los riesgos-, y por mandato obligarlo a comprar los excedentes sin posibilidad de verificar la procedencia del efectivo.

Los señalamientos de Rembrandt no vinieron solo como observaciones. Durante su plática con los funcionarios mexicanos dijo que las negociaciones que han tenido los dos gobiernos de la participación de bancos estadunidenses en el sistema de pagos electrónicos en moneda extranjera que opera el Banco de México para una mejor interconexión entre los dos países, puede caerse. No hay que explicarlo mucho. Si por ley el Banco de México lava dinero, esos recursos enfrentarán una barrera para evitar que penetren en sistema de pagos en aquella nación.

Junto con ello, vienen acompañadas otras medidas que, de manera informal, no en la conversación con Rembrandt, empezaron a surgir. La más importante, por lo inmediato, sería el aviso de la posible cancelación de una línea de crédito de la Reserva Federal a México, que solo les ha otorgado a cinco países. Aunque la reacción inmediata fue de Estados Unidos, la ley empezará a desdoblar preocupaciones en otras naciones, al convertir a México en un potencial paria financiero, primero, y sujeto a aislamiento y eventuales sanciones posteriores si llega a ser considerado como un país promotor del terrorismo, como Corea del Norte, Irán, Siria y Sudán, por la vía del narcotráfico.
11 Diciembre 2020 04:07:00
¿Quiere el Presidente un narcoestado?
El lunes se reunieron a desayunar el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para revisar la agenda legislativa y alinearla con las prioridades de Palacio Nacional.

Varios fueron los temas que desahogó en su nombre el eficiente senador Monreal, quien puso los votos para cimentar, inopinadamente por deseo del Presidente, un narcoestado. Probablemente no sea la intención de López Obrador ni de sus operadores parlamentarios, pero para allá nos llevan. Con una disculpa previa por el lugar común en la insistencia, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.

Esas buenas intenciones las envuelve el senador Monreal con una retórica nacionalista –“pongamos fin a 100 años de violación a nuestra soberanía”– y pendencieramente ignorante –“no volveremos a ser lacayos de la Fed”–, con la que incendió retóricamente su justificación para que se aprobaran las reformas a la Ley Nacional de Seguridad y a la Ley del Banco de México, altamente polémicas, y las dos, por las implicaciones políticas y económicas que conllevan, colocan a México en el umbral de pasarse formal e institucionalmente al lado de la delincuencia organizada. ¿Quiere el Presidente
un narcoestado?

La primera reforma establece una supervisión permanente del cumplimiento por parte de “agentes extranjeros” de las nuevas disposiciones creadas, que los obliga a revelar sus identidades encubiertas al Gobierno mexicano, y que mensualmente reporten a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hicieron, y compartan la información
que recopilaron.

Al mismo tiempo, criminaliza a los gobiernos estatales y municipales por tener contacto con “agentes extranjeros” sin informar por escrito y máximo 72 horas después la reunión, el tipo de encuentro y el intercambio de información que sostuvieron.

Algunos miembros de la oposición dijeron que la Ley violenta la Constitución. La cara oscura, sin embargo, es el control total que quiere el presidente López Obrador sobre quienes combaten al crimen organizado.

En la actualidad hay contactos de agencias policiales y de inteligencia, formales e informales –como existen en todo el mundo–, con funcionarios en distintos niveles de Gobierno. En el caso particular mexicano, hay mucha preocupación en algunos estados y fuera del país, de la penetración del narcotráfico a nivel municipal.

El interés en recopilar información al nivel municipal permite a los gobiernos que estén preocupados por ello, de revisar estrategias y diseñar políticas con el objetivo de contenerlo. Para los extranjeros, no es interferir en los asuntos internos mexicanos –la racional constante en el alegato de López Obrador–, sino para salvaguardar la seguridad nacional de sus países. De eso se tratan los convenios internacionales, de no inmiscuirse en asuntos internos y proteger los suyos.

Claramente se ha visto, a lo largo de los años, que la penetración en esa primera línea de defensa ante el narcotráfico, es inexistente por el andamiaje de protección institucional en niveles de Gobierno más altos, y por el abandono de gobiernos estatales y el federal de los municipios, a los que siempre castigan presupuestalmente porque desvían recursos para sufragar otros gastos municipales ante la falta de recursos, o para actividades políticas, y también, corrupción. Pero al actuar con tabla rasa, como hizo el Gobierno de Enrique Peña Nieto y está haciendo el de López Obrador, lo que hacen es debilitar aún más esa primera defensa municipal.
La Ley de Seguridad Nacional acotará aún más a los municipios copados por el narcotráfico. Por ejemplo, hay un estado, entre los preferidos de López Obrador, donde todos sus municipios están controlados por el narcotráfico, con amenazas a sus gobernantes. No hay posibilidad de apoyarlos, por la falta de recursos y el desinterés del Gobierno federal.

De ahí lo paradójico de la reforma, que acota aún más sus posibilidades para pedir auxilio con recursos y capacitación fuera, y vigilar y exigir que le informen qué están y cómo están haciendo, con respaldo de gobiernos extranjeros, para enfrentar a los criminales.

La inhibición la ejecuta el Senado mediante la amenaza de la criminalización por actos que buscan lo contrario, combatir a los criminales, favoreciendo así las actividades de los cárteles y las bandas, a las que les da un apoyo institucional. Lo mismo sucede con las reformas a la Ley del Banco de México, que lo obliga a adquirir los excedentes de dólares para que no puedan repatriarse a Estados Unidos.

Como el presidente López Obrador sigue necesitando dinero de donde sea –¿qué habrá hecho con todo lo que dice ahorró por corrupción y austeridad?–, puso al Banco de México en el lado de la ilegalidad, al obligarlo a lavar dinero y minar los estándares, como dijo la institución en un comunicado, que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeras que son consideradas de alto riesgo.

La reforma a la Ley del Banco de México podría tener repercusiones con las instituciones extranjeras y limitar sus operaciones y acuerdos con la institución mexicana en el mundo. Monreal, que no sabe de esto, afirmó que es falso y que el Banco de México no lavará dinero. ¿De verdad? La reforma lo obliga a incorporar recursos de procedencia ilícita a sus reservas, y por ende al sistema financiero.

Ahí estarán las remesas y el dinero obtenido por la venta de drogas en Estados Unidos, que los grupos criminales regresan a México de contrabando. Ya no necesitarán crear empresas para lavar dinero; gracias a López Obrador y el Senado, el Banco de México hará ese trabajo.

Así están las reformas. Proveen seguridad a los cárteles, obligan a los “agentes extranjeros” a quemar sus identidades –y ser objetivos potenciales de los criminales– y crean un sistema para que las utilidades del narcotráfico, las legalice el Banco de México. No se deben de preocupar los capos. Por omisión o comisión, la cuarta transformación los ayudó a empoderarse y a quedarse con cachos del territorio nacional.
10 Diciembre 2020 04:09:00
De ocurrencias y quedabienes
Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda aprobaron ayer 10 reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que serán llevadas al Pleno para su aprobación. No incluye nada que refuerce las leyes para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo, y se enfoca en la regulación de la presencia y participación de “agentes extranjeros” en México. Es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las presiones del Ejército tras la detención del general Salvador Cienfuegos, acusado por el Gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con el narcotráfico. El Presidente quiere blindar al Ejército, y por tanto a su Gobierno, de espionaje e interferencia extranjera en los asuntos internos que afecten al Estado Mexicano.

No lleva destinatarios explícitos, pero a decir de sus declaraciones tras la captura de Cienfuegos, está inspirada en la DEA, en la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que siempre confunde con la de antidrogas, responsable de la operación Rápido y Furioso. Los demonios de López Obrador incluyen a la CIA, que intervino en Chile para desestabilizar al presidente Salvador Allende y promovió el golpe de Estado en 1973, y que es el punto de referencia de su terror al presidente Donald Trump, en su lógica que el único que puede desbarrancarlo es el Gobierno de Estados Unidos.

Además de esas agencias policiales y de inteligencia que habitan en su mente, incluye conceptualmente a muchas más, aunque no se haya percatado de ello, como las estadunidenses el FBI, el servicio de inteligencia del Pentágono, los U.S. Marshals o la Agencia Nacional de Seguridad. Y también otras agencias de inteligencia y policiales extranjeras que operan en México, como el Mi5 y Mi6 del Reino Unido, el Mossad y Aman, los servicios de inteligencia civil y militar de Israel, el G2 cubano, el FBS o el GRU, las agencias de inteligencia civil y militar rusas, el BDN alemán o el DRM francés.

Como se aprecia, la iniciativa del Presidente es de gran calado. Lo que buscan las reformas, bajo el argumento de tener una mejor colaboración para enfrentar amenazas como el narcotráfico trasnacional y el terrorismo, es que para que puedan seguir operando en México, tienen que registrarse como lo que son y serán obligados a “informar los hechos de que tengan conocimiento” en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral cada mes -en efecto, cada mes-. Dicho de otra forma, tienen que compartir regularmente la información que recopilen a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad.

La iniciativa muestra el reduccionismo presidencial y de sus asesores. Define como “agentes extranjeros” solo a aquellos que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o supervisión de las leyes, pero al enmarcarla dentro de la Ley de Seguridad Nacional y hablar de amenazas externas, recae de manera natural en los servicios de inteligencia. Más allá del argumento sobre la definición de quiénes son los “agentes extranjeros”, la propia definición del ámbito en el que se encuadra la iniciativa la hace extensiva, a menos de que estén avalando el espionaje y la interferencia extranjera de todos los servicios de inteligencia que operan en México, lo que se puede alegar que no es la intención.

Esta iniciativa está llena de perlas. No solo pasarían los “agentes extranjeros” a pasar lista mensualmente y entregar sus reportes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que además, si alguno de ellos incurre en el cohecho -eufemismo que pretender inhibir que paguen informantes-, puedan anular todos los convenios internacionales, quitarles la inmunidad diplomática y juzgarlos en tribunales mexicanos. Si se pregunta porqué les tendrían que quitar la inmunidad diplomática, es porque todos los miembros de los servicios policiales y de inteligencia extranjeros están en México con la cobertura diplomática.

En la actualidad, los únicos “agentes extranjeros” que tienen que mostrar su filiación en el registro diplomático que se hace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores son la DEA, Aduanas y Protección Fronteriza, los U.S. Marshals, el FBI y el Servicio Secreto. Nadie más, ni de Estados Unidos -todos sus servicios de inteligencia aparecen solo como diplomáticos o en las agregadurías militares, aunque sus contrapartes los conozcan y sepan cuál es su función- ni de otros países, son identificados por razones de seguridad.

Ningún servicio de inteligencia o policial compartirá con el Gobierno mexicano la identificación de todos sus agentes. Tampoco información de calidad. Y ninguno tendrá una relación más allá de la formal con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La razón es sencilla: no creen en el Gobierno mexicano. No es algo contra López Obrador, sino que la desconfianza la arrastran hace lustros. Han documentado cómo el Ejército y las policías federales fueron penetradas por el narcotráfico, provocado asesinatos como el de Camarena Salazar y saboteando los esfuerzos contra el crimen trasnacional, como la protección transexenal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero además, no los harán partícipes de su información porque no están doblemente certificados -vetting-. Es decir, si no pasan por sus controles de confianza en dos niveles, lo único que les darán abiertamente será el saludo.

La iniciativa es inconsistente, llena de lagunas y limitaciones, hecha para quedar bien con los militares, sustento de la gobernabilidad en la Administración de López Obrador. También es ingenua si en verdad creen que las cosas cambiarán con la ley. Al contrario, empeorarán. Por un lado, se reirán del Presidente y su Gobierno, pues al esgrimir la defensa de la soberanía, en realidad la están socavando, ya que dejarán de recibir la limitada información que les dan ahora, sin que dejen de hacer lo que han hecho por décadas, comprar informantes, espiar criminales y detectar amenazas, aunque ahora sí, a espalda total del Gobierno. Para esas naciones, la seguridad nacional es algo serio, no una ocurrencia más del Presidente en turno.
09 Diciembre 2020 04:07:00
La pelea de los egos
Para un soberbio, soberbia y media. Así es como se puede definir el choque entre vanidades y la lucha de poder que escenifican dos subsecretarios, Martha Delgado, de Relaciones Exteriores, y Hugo López-Gatell, de Salud.

La primera es la responsable de ir negociando por el mundo la compra de medicamentos y vacunas contra la Covid-19; el segundo es el zar del coronavirus y responsable de la estrategia federal. Los pleitos entre los dos fueron exteriorizados en una entrevista que le dio Delgado a El Universal este lunes, donde reveló que su jefe, el secretario Marcelo Ebrard, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron que intervenir y persuadir a la Secretaría de Salud –léase López-Gatell porque el secretario Jorge Alcocer es disfuncional–, para que aceptaran las compras de vacunas anticipadas contra el virus.

Estas declaraciones no fueron un escándalo porque en este país las cosas más relevantes son intrascendentes, pero lo que hizo Delgado fue denunciar que la Secretaría de Salud estaba saboteando los esfuerzos para comprar anticipadamente las vacunas contra el coronavirus, con lo que, en acción inversa, quería dejar vulnerable a millones de mexicanos y sentenciándolos prácticamente a una eventual muerte.

La revelación no trajo consecuencias para López-Gatell, porque en Palacio Nacional, sus objeciones a todo lo que no es su iniciativa, a todo lo que le reste protagonismo y lo que se aleje de sus cálculos políticos, es perdonado por el Presidente, a quien complace y da sustento a sus caprichos políticos.

Pero este conflicto alcanza dimensiones diferentes, porque jugó con la vida de los mexicanos y tendría que haber consecuencias, de existir un Gobierno serio y responsable.

La historia de sus sabotajes, no obstante tiene otra cara, no menos grave, la de la subsecretaria Delgado. De acuerdo con funcionarios, no todo es atribuible a López-Gatell, sino también hay una carga de responsabilidad –no presuntamente criminal como en la que incurrió el subsecretario de Salud– de Delgado, que ha chocado con su contraparte en el Gobierno y con su equipo. “Gatell es muy difícil, soberbio y necio”, agregó un funcionario, “y si delante le pones a alguien igual o peor que él, generar acuerdos se convierte en algo imposible”.

A la dificultad de hablar y negociar con López-Gatell, quien como en público y en privado se comporta con soberbia e ironiza lo que plantean sus interlocutores, la forma brusca, atropellada e igualmente arbitraria de Delgado, como describen a la subsecretaria, hace más difícil las cosas.

Ebrard ha tenido que recurrir al Presidente para que se puedan solucionar los problemas palaciegos, y López Obrador lo ha hecho de manera coyuntural, sin resolver de fondo el problema, que es el propio caos que ha propiciado con la caótica administración de su equipo y la tolerancia a sandeces, como la de Delgado y López-Gatell, que anteponen su posición ante cualquier otra cosa, incluso, evitar que mueran más mexicanos.

Es absurdo que se cobren facturas en público, gastando energía en sus pugnas burocráticas y su correlación de fuerzas dentro de Palacio Nacional, antes que enfocarse en contener colectivamente la pandemia. Vamos tarde. “Estamos tres semanas retrasados”, le dijeron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional a las reporteras María Idalia Gómez y Elizabeth Hernández.

El personal de Salud, la primera línea en la batalla contra el coronavirus, está mermado. Por un lado, el alto número de decesos, consecuencia del mal equipamiento que le dio el Gobierno federal, o la mala calidad de los equipos que sin orden ni estrategia compraron desesperadamente, porque López-Gatell, cuando estaban en tiempo y forma, convenció al Presidente de que no era necesario.

Por el otro, el agotamiento por la estrategia del subsecretario de aplanar la curva pensando en camas de hospitales y no en la contención de la pandemia mediante su caza, como hasta ahora lo está haciendo el Gobierno de la Ciudad de México, con la masificación de las pruebas Covid, para determinar el aceleramiento del virus y poder analizar y romper los ciclos del contagio.

La pelea entre Salud y Relaciones Exteriores se agudizó a la par del aceleramiento de contagios en los últimos días de noviembre. Gómez y Hernández reportaron que la segunda ola que se expande por todo el país llevó a que 19 estados cerraran ese mes con aumento en el número de muertes oficiales, mientras que otros 24 registraron incremento en los casos activos en 14%, y de fallecimientos en 19.7 por ciento.

En tan solo cuatro días, agregaron, el número de estados con algún porcentaje de aumento en los pacientes positivos pasó de 15 a 24, mientras que otras dos entidades se sumaron a las 17 con incremento en las defunciones reportadas hasta el 28 de noviembre.

Tanto en contagios como en fallecimientos directos, dijeron, la Ciudad de México ocupa el primer lugar con un total de 152 decesos y 10 mil 356 positivos más que los registrados entre el 1 y el 14 de noviembre, cuando las alzas hospitalarias llevaron a las autoridades locales a añadir un tipo de alerta al color naranja del semáforo epidemiológico.

La situación está en peor momento de lo que estuvo durante el primer pico de la pandemia, y las pugnas personales han superado los esfuerzos colectivos para enfocarse en la lucha contra el virus. Siguen los forcejeos, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores parece pasarle los costos a López-Gatell, y criticándolo en público. Ayer mismo, el canciller Marcelo Ebrard, al término del anuncio del Plan Nacional de Vacunación, proclamó “misión cumplida”, transfiriendo toda la responsabilidad restante al subsecretario.

No se sabe qué cumplió, pues aún ni llegan las vacunas a México, ni está claro cómo cumplirán las metas del Plan, que propone vacunar unas 125 mil personas al día en 2021. El Presidente no da ningún golpe de timón, y ve pasiva e irresponsablemente por su inacción, el conflicto de egos entre subsecretarios y su lucha de poder.
08 Diciembre 2020 04:08:00
Continúa la farsa
Algunos eran necesarios. Otros, aunque naturales, no dejaron de sorprender. Tampoco asombró, dada su personalidad y obsesión, que pese a la incompetencia que ha mostrado como gobernante y administrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistiera en la misma línea al realizar ajustes a su Gobierno, donde la eficiencia no es lo importante, sino la lealtad. Para ello, se valió de aquello a lo que nos tiene bastante acostumbrados, las chapucerías. López Obrador nombró a cinco personas en cargos importantes porque representan “la honestidad” que señala como la marca de su Gobierno, embarcado en “erradicar la corrupción”. La honorabilidad de las mujeres designadas este lunes es impecable. Lo que está manchado con lodo es el argumento presidencial. Pero vayamos por partes.

Todos los nombramientos, salvo el de la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, que al ser nombrada coordinadora general de Puertos y Marinas, confirmó el Presidente que esa área que siempre fue civil pasa a control militar, tienen como común denominador que forman parte de su círculo cercano, lo que le garantiza lealtad. Graciela Márquez, a quien destituyó como secretaria de Economía, es esposa de Gerardo Esquivel, al que nombró subgobernador del Banco de México después de haber sido quien construyó la idea que había 500 mil millones de pesos en el presupuesto que provenían de la corrupción, el alegato que ha sido un eficiente caballo de batalla del Presidente.

No dejó en el limbo a Márquez, y la propuso como miembro de la Junta de Gobierno del Inegi. Como su relevo en Economía designó a Tatiana Clouthier, que le fue de gran utilidad como vocera y enlace con grupos de la sociedad civil durante la campaña presidencial. A Clouthier, a quien había llevado al equipo lópezobradorista el defenestrado Alfonso Romo, le ofrecieron originalmente una subsecretaría de Gobernación, que rechazó al optar por una diputación. Desde ahí buscó la candidatura de Morena para la gubernatura de Nuevo León, pero el Presidente le dijo que no sería posible porque jugarían con la expriista Clara Luz Flores, que tiene –esto no se lo dijo– más posibilidades de ganar. La señora volvió a absorber el golpe y con un puesto en el Gabinete pagaron su subordinación.

Para la silla en la Junta de Gobierno del Banco de México, que dejará libre Javier Guzmán el 31 de diciembre, designó a Galia Borja Gómez, la tesorera de la Federación, sobrina de Pablo Gómez, parlamentario con larga experiencia y uno de los líderes históricos de la verdadera izquierda mexicana. El cargo que dejará será asumido por Elvira Concheiro, hermana de Luciano Concheiro, amigo personal de López Obrador y subsecretario de Educación Superior, que fue esposa hasta hace varios años del diputado Gómez.

No se conocen las capacidades profesionales de la capitana de altura López Bautista, donde no basta el conocimiento técnico que por su perfil tiene, sino habilidades administrativas. Lo que sí se sabe es que Clouthier, que estudió Administración Pública y es empresaria, no sabe nada de lo que implica la Secretaría de Economía. Borja Gómez es matemática y estudió una maestría en Economía y Política Pública, lo que tampoco significa que entienda de política monetaria y regulación financiera. Su sustituta, Concheiro, es socióloga de toda la vida, lo que no tiene que ver con el flujo en efectivo que implica la Tesorería. Su calificación para las nuevas tareas asignadas, no es lo importante, sino fortalecer el núcleo de poder de López Obrador, incluso más allá de su periodo sexenal.

Buscar capacidades y talentos para realizar mejor el ejercicio de Gobierno, ha sido innecesario y secundario con López Obrador, quien siempre ha dicho que prefiere una larga curva de aprendizaje a “la curva del bandidaje”. Y he aquí la contradicción. El tema de la honestidad es precisamente de lo que adolece, no en los nombramientos hechos, hay que subrayarlo, sino en su propio comportamiento, y de forma creciente.

Ayer mismo, después de haber ensalzado ese valor como rector de su Gobierno, se comportó cínicamente al explicar porqué su prima Felipa había obtenido contratos multimillonarios en Pemex. “Le metieron un gol a Pemex”, dijo el Presidente, trivializando la entrega de contratos a su familiar. De esa forma, con una frase, eliminó cualquier inmoralidad por el conflicto de interés que representaba un contrato de 350 millones de pesos. Por mucho menos dilapidó a adversarios cuando era líder social. Ahora justifica. Su prima tenía contratos con Pemex desde años anteriores, reveló, ocultando sus acusaciones pasadas que un Presidente nunca estaba ajeno al conocimiento de actos de corrupción. Es irónica y grotesca la discrecionalidad con la que actúa.

López Obrador remacha todos los días que ahora son diferentes, y tiene mucha razón. Pero no es porque antes fueran más deshonestos, sino porque hoy existen menos vergüenza y costos políticos para chapalear en el pantano de la corrupción, como lo muestran los casos paradigmáticos de sus familiares Pío, su hermano, y Felipa. Pío recibió dinero de procedencia ilícita para campañas electorales, pero navegó sin cuestionamiento institucional sobre la ola de impunidad que permite el Presidente. Un incondicional suyo en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, determinó que lo obvio no era obvio, por lo que Pío no había cometido ningún delito. La Unidad de Inteligencia Financiera, que se ocupa ampliamente de los adversarios del Presidente, lo exoneró de delitos de delincuencia organizada pese a las inconsistencias sobre el origen de sus recursos.

Impunidad para los suyos, castigos y abusos del poder para el resto. Pero la deshonestidad, como hecho y percepción, sigue creciendo en el país. Apenas este lunes el Inegi reportó que la prevalencia de corrupción aumentó entre 2013 y 2019, de 13 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes, a 16. López Obrador sigue soslayando lo que sucede, apoyado en su poderoso discurso. La farsa continúa, pero no será para siempre.
07 Diciembre 2020 04:09:00
Pilatos López Obrador
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le preocupan y ocupan muy pocas cosas. Sabemos que se enfoca muchas horas de su tiempo en revisar cómo puede ganar elecciones y seguir acumulando poder. Sabemos que le preocupa el desabasto de medicinas –porque ha dicho varias veces en las reuniones de Gabinete que es su gran déficit como gobernante– pero no le ocupa –porque las causas que originaron ese desastre se mantienen sin ser tocadas–. Sabemos que le preocupa más su salud que las comunidades anegadas en Tabasco, y que le ocupa mucho seguir consolidándose a partir de un revisionismo maniqueo del pasado.

En los últimos días, sin embargo, dio una nueva muestra de sus alcances, cuando ante la crisis nacional por el aceleramiento de la pandemia ni se ocupó ni se preocupó. ¿No quieren contagios ni muertes?, le dijo a los mexicanos, pues quédense a sus casas. Pero si no quieren, pues no lo hagan, porque el gobierno tampoco los obligará. López Obrador no hará nada más. Si mueren serán su responsabilidad. Atenderá después a sus familias y les regalará dinero para su funeral, lo que al hacerse la suma reflexiva de esas acciones, parece que solo le importan los vivos con credencial de elector.

Viva la libertad, proclama el Presidente, utilizando el concepto lacaniano del mayo parisino del 68, “prohibido prohibir”, para justificar el por qué no toma acciones coercitivas, como él define a toda acción de Gobierno que implique obligar a la población a cumplir con un ordenamiento o una norma. La coerción, en efecto, es un ejercicio de poder mediante el cual se fuerza la voluntad y la conducta de una persona. Pero cuando el no hacerlo abre la posibilidad de que esa persona muera, de ninguna manera es ilegítimo ese ejercicio en función del bien mayor que es la vida.

Ese mismo criterio de la filosofía del utilitarismo da sustento al alcoholímetro, que si bien atenta contra la libertad de movimiento, el número de vidas que ha salvado justifica la acción. Bajo el criterio mañoso de López Obrador, ¿por qué no envía una iniciativa de ley para cancelar el alcoholímetro? ¿Por qué no también obliga a las armadoras de automóviles que retiren los cinturones de seguridad?

Las acciones que han tomado las autoridades mediante esas acciones coercitivas han generado incentivos para no incurrir en actos que pongan vidas en peligro. López Obrador, por el contrario, ha incurrido en actos desde el principio de la pandemia, que ponen en peligro la vida de miles de mexicanos, sin saberse cuántos, por haberle hecho caso a sus absurdos políticas murieron como consecuencia de sus consejos. Son sus incentivos inversos.

¿Se acuerdan? El 4 de marzo, se refirió al coronavirus y dijo: “hay que abrazarse, no pasa nada”. El 18 habló del escudo protector del detente, apoyado en la fuerza moral que le atribuyó el responsable de combatir la pandemia, Hugo López-Gatell, y el 1 de abril señaló que “no es tiempo para las ocurrencias”. Pero el 8 de mayo vio la “luz al final del túnel”, y el 12 de junio anunció que teníamos que prepararnos para salir, recobrar por completo nuestra libertad y asumir nuestra responsabilidad”. Once días después afirmó: “ya domamos la pandemia”. El número de muertos superaba los 45 mil, 30 mil más del cálculo de su Gobierno, pero siguió pronunciando frases desconcertantes. El 24 de octubre dijo “creo que ya pasó lo peor”, y luego, en medio del aceleramiento de los contagios, señaló el 2 de noviembre que el cubrebocas no era “indispensable”. El viernes pasado le pidió al país encerrarse.

Giró el discurso, pero no asumió su papel de gobernante ni tomó la responsabilidad en las manos. En la Guía Ética para la Transformación de México que recién acaba de publicar como una norma de comportamiento individual, señala que “no hay nada mas valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas”. Ordenando racionalmente con sus palabras, si no hay seguridad para las personas, no hay vida, y si no hay vida, ¿para qué sirve la libertad?

La Guía Ética tendría que comenzar aplicándosela él mismo, como individuo y como la persona que tiene el mandato para ser líder de un país. Pero López Obrador no solo está confundido conceptualmente –asumiendo que su deseo más profundo no es estalinista– sino una completa ignorancia de su responsabilidades y obligaciones de jefe de Estado. Qué insensatez de dirigente hemos experimentado en el presidente López Obrador.

Es muy lamentable el papel de López Obrador en estos nueve meses de pandemia, negándose a asumir la responsabilidad nacional de líder que requiere este tipo de emergencias. El viernes pasado hizo una apelación a los mexicanos para que en las fiestas decembrinas reforzaran el distanciamiento social, porque el virus se estaba acelerando y la ocupación de camas estaba creciendo –sigue negando que haya saturación–

Lo que hizo el Presidente fue trasladar la responsabilidad de cortar el ciclo de contagio a la gente, la misma que durante nueve meses recibió mensajes que minimizaban el impacto del virus. Lo siguiente será, en su propia lógica de acción, hacer lo mismo con los gobernadores, echarles la responsabilidad, a quienes al tiempo de aventarles el total de la decisión, amaga con sanciones legales en caso de que hagan lo que creen conveniente para sus gobernados.

Presidente, con todo respeto, déjese de ocurrencias, de sabotear y gobierne. Tome acciones que usted define mañosamente como coercitivas, y ayude a salvar la vida de sus gobernados. Puede aplicarlas sin que, como se ha visto en otros países, tenga que frenar toda la actividad económica. Pero ya no se escabulla. Analice lo que ha costado su frivolidad en número de víctimas y rectifique. Recuerde que sin fuero podría ser sujeto de una denuncia por homicidio culposo, donde su comportamiento hasta ahora, podría constituir una conducta criminal.
04 Diciembre 2020 04:07:00
Lo que se pierde con Romo
Para haber sido un funcionario disfuncional y poco eficaz, la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia, ha tenido una reacción desproporcionada. El sector privado lamentó la renuncia través de sus organismos cúpulas, mientras que en los medios de comunicación fue motivo de amplia cobertura.

El interés público que causó su salida subraya de manera subliminal lo que significa la formalización de una renuncia que se sabía estaba sobre la mesa y era cuestión de tiempo. En dos ocasiones previas Romo la había presentado; la primera, muy joven el Gobierno, que le rechazó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la segunda en julio, donde la aceptó pero con una petición: esperar a diciembre para hacerla efectiva.

La importancia de la renuncia rebasa por completo al cargo y al encargo, que era el ser enlace de la Presidencia con el sector privado. Su salida enfatiza el desprecio que tiene López Obrador con la clase empresarial, con la que nunca ha querido tener una relación institucional y considera como sus enemigos históricos.

Su visión ideológica y anacrónica sobre el capital privado y los prejuicios que lo llevan a equiparar rupestremente a los empresarios en general con la corrupción, lo ha marcado toda su vida, y utilizó a Romo no como un vehículo estratégico de comunicación con los empresarios, sino como un instrumento para hacerles sentir que los oía, sin que realmente le interesaran.

López Obrador se aprovechó de Romo, quien tuvo aspiraciones políticas para que, en forma indirecta, pudiera incidir en la toma de decisiones. Apoyó a Vicente Fox en 2000, pero se decepcionó pronto de él.

Se acercó a Movimiento Ciudadano para hablar de alianzas y candidaturas presidenciales, sin llegar a nada. Se sumó al esfuerzo de López Obrador en las campañas presidenciales en 2006 y en 2012, donde le ayudó a matizar el discurso agresivo contra la clase empresarial, que continuó haciendo en la de 2012, donde además le acercó a varias personas que le resultaron funcionales, como Tatiana Clouthier.

El Presidente le agradeció a Romo ese apoyo, que se vio claramente cuando en la campaña de 2018, en una reunión con el Grupo Monterrey, le dijeron que tendrían diálogo con él, pero que cambiara a su enlace. López Obrador rechazó la sugerencia y les dijo que sería Romo con quien hablarían para mantener la relación con él.

Lo apoyó también en el pleito intramuros con el primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a quien derrotó políticamente en tándem con el consejero jurídico, Julio Scherer, con quien tenía una vieja amistad que nació de un cercano amigo de ambos, Pedro Aspe, secretario de Hacienda en los 90.

Por todos los antecedentes, Romo se veía como muy cercano a López Obrador, y con ascendencia sobre él, pero rápido se dieron cuenta de que no era así. El momento que definió la relación con los empresarios fue la consulta que organizó López Obrador para que la gente –en realidad 70% de chiapanecos– decidiera si se construía o no el aeropuerto de Texcoco, escasos dos meses antes de asumir la Presidencia, donde ante el nerviosismo de los inversionistas le dijo a Romo que iba a salir positiva para su construcción. Así se los comunicó, y ya sabemos lo que sucedió.

Mensajes cruzados que lo fueron desgastando incluyeron la cancelación de la nueva planta de Constellation Brands en Mexicali, la eliminación propuesta del outsourcing, elevar la evasión fiscal al rango de delincuencia organizada, y los continuos cambios de reglas en el sector energético.

Este, quizás, fue el punto de quiebre, por la gravedad de los incumplimientos de López Obrador con los empresarios. Cambiar las reglas sobre la marcha, provocó que en la cena que le organizó el presidente Donald Trump cuando lo visitó en la Casa Blanca, los dos primeros empresarios estadunidenses que tomaron la palabra, fue este el tema que le plantearon si quería seguir teniendo sus inversiones.

López Obrador les dijo que lo vería y ahí mismo le encargó a Romo el seguimiento. Esa muestra de confianza era una simulación, y quienes fueron a la cena lo sabían. Romo acompañó al Presidente, pero en la cena lo sentó en la última mesa del salón, junto a funcionarios de menor rango, lo que para la mayoría de los presentes, que entienden de protocolos, fue la prueba final que Romo era inexistente en términos de capacidad de maniobra en Palacio Nacional.

Lo sabía perfectamente él. Hasta julio pasado, cuando aceptó la petición de López Obrador de formalizar la renuncia hasta diciembre, Romo pagó la nómina de sus colaboradores. Es decir, para efectos prácticos, la oficina ya estaba cerrada.

Que dejara de operar institucionalmente, como se pudo apreciar, no alteró el rumbo del Gobierno ni inquietó al Presidente, que continuó llevando a cabo las políticas y prácticas con las que Romo había discrepado.

Oficialmente seguía funcionando como ventanilla del sector privado con el Presidente, pero era para cubrir meramente las formalidades e intentar en la medida de sus posibilidades, buscar matices en las decisiones de López Obrador. Muy poco se ha logrado, y no necesariamente por su intervención.

Para López Obrador era tan irrelevante el cargo, que ayer anunció que desaparecería la Oficina de la Presidencia. “Ya no hace falta”, dijo, porque lo seguiría ayudando con el sector privado. Tampoco es cierto. Por ejemplo, no tiene participación alguna en el tema del outsourcing.

La desaparición de la Oficina emite una señal ominosa. Si bien jamás tuvo el peso de una oficina de esa naturaleza, envía otra señal ominosa, al terminar el Presidente de cerrar la puerta institucional a los empresarios, a quien irá minando y acotando lo más que pueda para evitar, como lo dice en reuniones privadas con algunos de sus representantes, que el próximo Gobierno les devuelva lo que les quitó.
03 Diciembre 2020 04:07:00
El semáforo rojo
La Ciudad de México se encuentra en crisis sanitaria y en crisis ética. La primera es porque el coronavirus se aceleró y está saturando los hospitales, sin que haya medidas para persuadir con energía a la población que la pandemia está siendo transmitida por su falta de cuidado en la movilidad y en medidas preventivas. La segunda está directamente relacionada con la primera y emana de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador es el primer promotor del desorden. Atrapada en su lealtad subordinada y el número de muertos con los que va a cargar por su debilidad ante su mentor, está la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum no hace nada que no le autorice López Obrador, pero se le ha salido de la subordinación mecánica en el caso de la pandemia. Los datos que tiene desde hace casi un mes la llevaron a estar en la inminencia de regresar a la capital federal al semáforo epidemiológico rojo, por la forma como se habían acelerado los contagios y avanzaba la ocupación de camas. Solo las presiones de Palacio Nacional la frenaron, obligándola a inventar diferentes categorías para el color naranja. No mover de color el semáforo evita temores -como el que se vuelva a apagar la actividad económica-, pero también genera confianza entre la gente, que por lo que se ve en las calles, le perdió el miedo al virus.

Tener que caminar en dos vías ha sido difícil, pero ha ido avanzando. En marzo fue obligada desde Palacio Nacional y por instrucciones de López Obrador, a que no cancelara el festival de música Vive Latino, que le generó muchas críticas por lo que se consideró públicamente como una irresponsabilidad. Lo mismo querían hacerle con el día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, cuando el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, cabildeó directamente con el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, para que mantuvieran abierta la Basílica. Sheinbaum trabajó con Aguiar, quien le dijo a Esquer que no habría festejos presenciales, lo que le permitió a la Jefa de Gobierno a no ser presa de la irresponsabilidad a la que la estaba empujando el Presidente.

Con López Obrador no hay nada qué hacer. Es absolutamente refractario a todo con tal de hacer su voluntad. Si hay más contagios o muertes, para él será un costo menor que el beneficio de tener la economía abierta. Ante la falta de alternativas de política pública para trabajar en paralelo la crisis sanitaria y mantener funcionando la economía a fin de que no afecte sus planes, los muertos de Covid-19 son meramente una estadística.

Todavía ayer, a contra sentido de todo el mundo, dijo que los cubrebocas no eran indispensables. Allá él y quien le crea. El problema es que muchos sí le creen y al ver la forma relajada y descuidada como aborda la pandemia, lo imitan. No saben que López Obrador vive encapsulado, con un equipo de médicos que lo monitorea permanentemente y con pruebas de Covid sistemáticas. Las posibilidades de que se contagie son, por mucho, menores a la que tiene un ciudadano común, que no tiene esas atenciones.

Sheinbaum se ha apartado de las directrices de Palacio Nacional para prepararse este invierno, que funcionarios del Gobierno capitalino ven con gran preocupación. El aceleramiento de contagios superó a finales de noviembre el máximo de ocupación hospitalaria que tres meses antes había mencionado la Jefa de Gobierno como el máximo para tomar acciones restrictivas y regresar al semáforo rojo. Demorarse ya ha ocasionado, de manera indirecta, que el número de muertes por encima del pronosticado para este año, se haya elevado en 38 por ciento. Y según las estimaciones de las autoridades locales, se va a poner peor.

Las autoridades sanitarias de la Ciudad de México están planeando compras de equipo médico para lo que se avecina en estos dos meses, sin esperar el apoyo del Gobierno federal. Igualmente Sheinbaum, más allá de las decisiones que tome el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre las vacunas, acordó con la Universidad Nacional Autónoma de México una red fría y que los institutos que tienen equipos de alta refrigeración, sean los que reciban las vacunas de Pfizer. No está claro si en paralelo está hablando con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que como ella también ha tenido enfrentamientos con López-Gatell, para establecer una logística que le permita trasladar las vacunas del punto de arribo a los súper refrigeradores.

Sheinbaum se ha abocado a la vacuna de Pfizer, que requiere esa red y que fue la primera en solicitar su aprobación en México. Ayer incluso, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó un convenio con ese laboratorio estadunidense para adquirir 34.4 millones de vacunas,. Con ellas, habría dosis para unos 100 millones de mexicanos, muchos de los cuales, según Ebrard, podrían comenzar a recibirlas a finales de este año.

Las acciones que ha emprendido Sheinbaum son las correctas, y políticamente ha salido bien librada con López Obrador porque, al mismo tiempo, ha cedido a la presión de no regresar al semáforo rojo. Sin embargo, no va a poder mantenerse en esa misma posición conciliadora, porque al no levantar la alerta y generar una nueva ola de conciencia entre los capitalinos, la movilidad se mantendrá y no habrá vacuna -si es que realmente comienzan a aplicarse a finales de diciembre-, que impida más contagios y muertes en la capital.

Sheinbaum tiene que reconsiderar el regreso al semáforo rojo lo antes posible, porque se le puede desbordar la ciudad. Los hospitales públicos y privados están regresando a pacientes con Covid. Las medicinas y los insumos ya escasean. López Obrador sigue en la negación total sobre este alto riesgo. La Jefa de Gobierno no está sola. Si actúa en consecuencia salvará muchas vidas, aunque se enoje su mentor el Presidente.
02 Diciembre 2020 04:07:00
El cuentacuentos
El presidente Andrés Manuel López Obrador no es reconocido por su pensamiento innovador y estratégico, sino por sus frases y promesas, tan jocosas como trágicas, así como por sus improvisaciones.

Todas las mañanas, desde su atril de Palacio Nacional, cuenta cuentos. Son historias de lucha entre buenos y malos, de fieles e infieles, de transformadores y traidores. Desde ese patíbulo juega con las mentes de los mexicanos, apoyado por una legión de cibernautas que conforman su ejército digital. Para apoyar que se trasladen sus dichos del mundo virtual al real, esta semana los enviaron al frente de batalla para impulsar el hashtag #AMLOLujoDePresidente, y dispararon alrededor de 57 mil tuits por día.

A López Obrador no se le recordará como un estadista. Ni es, ni lo será, porque carece de una visión de Estado. Hablaremos de él en el futuro como una persona que alardeó de lo que era y no era, muy folclórico, con una pedagogía, como define sus sermones, que serían motivo de carcajada de no ser que ha dañado al país con un retroceso en todos los rubros, y roza los linderos de negligencia criminal.

Esto se puede oír fuerte, pero ¿cómo entender cuando alega que su escudo contra el coronavirus es la honestidad y su antídoto la fuerza moral? ¿Cuántos muertos causó esa declaración? No lo sabemos, pero probablemente estamos pagando la balandronada que se había domado la pandemia.

Esos lances son normales en él. El 2 de abril de 2019, cuando la Secretaría de Hacienda ajustó la estimación de crecimiento, acusó al secretario de conservador y de hacerle el juego al Banco de México. Además, apostó literalmente a que el año pasado se crecería al 2 por ciento.

En noviembre, aseguró que la transformación del país estaría lista a partir de este diciembre, pero lleva una semana llorando que la pandemia –que no causó–, la crisis económica –que sí provocó–, y la crítica en los medios –a los que siempre se refiere como irrelevantes–, le han estorbado en sus planes.

Había unos, claramente fantasiosos, como el dibujado el 16 de enero, al prometer que el sistema de salud mexicano funcionaría con normalidad a finales de este año y sería como el de Dinamarca, Canadá y el Reino Unido.

En ese momento la pandemia del coronavirus ya había comenzado, y en Wuhan se preparaban para confinar a 11 millones de personas. Pero ni cuenta se daba de lo que pasaba; estaba en la construcción de un palacio de aire.

El caos en el sistema de salud no comenzó con la Covid, sino con el desabasto de medicinas, que para cuando hizo esa memorable declaración, ya morían niños con cáncer y enfermos de Sida por falta de medicamentos. Nunca tuvo empatía con enfermos y muertos. Recortó presupuesto al sector Salud y no existe asignación para comprar la vacuna contra el coronavirus.

Un líder tiene que administrar las expectativas del pueblo para hacer cosas no tan complejas, y darse tiempo a realizar los cambios profundos. Este gran abanico de transformaciones lo dibujó el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo, cuando enumeró 100 compromisos para iniciar “una modernidad forjada desde abajo y para todos”. Dos años después, arrastra un déficit y una corrección de compromisos que no ha explicado los porqués.

El portal Serendipia, que realiza un notable periodismo de datos, hace un seguimiento de los compromisos de López Obrador, que denominan AMLÓmetro. Hasta este 1 de diciembre, encontró que sólo 20 de los compromisos fueron cumplidos, contra 21 que ni siquiera han iniciado y 57 que se encuentran en proceso. Dos de los compromisos fueron rotos.

Entre los compromisos satisfechos que halló Serendipia, se encuentran las becas para estudiantes de primaria y nivel medio superior, las de los jóvenes en condiciones de pobreza, el duplicar la pensión de adultos mayores, otorgar pensión a personas discapacitadas de escasos recursos, emplear a 2.3 millones de jóvenes, y fijar precios de garantía para pequeños productores, que tienen como común denominador que son programas clientelares, en donde se localiza una parte del amplio respaldo que tiene López Obrador.

Otros irrelevantes, presupuestalmente hablando, son taquilleros, como la consulta popular contra expresidentes y la creación de una imagen franciscana mediante la cancelación de gastos presidenciales, que cumplió.

Otros que tienen que ver con el crecimiento de una nación, como la promoción de la investigación científica y tecnológica, ni siquiera han comenzado. Algunos, como tener un “auténtico estado de derecho”, no solo no arrancó, sino que va en retroceso.

Ofertas de campaña que se volvieron compromisos, como vender el avión presidencial, sigue en ese proceso pese a que en varias ocasiones planteó como inminente su venta. Ir en contra de la “riqueza mal habida”, tras 731 días, aún no comienza.

El compromiso de “impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternas”, que obviamente no inició nunca, puede incluso ser visto como una burla para todos, ya que es algo en lo que nunca creyó, como tampoco el otro compromiso congelado, la protección de la diversidad biológica y cultural.

Hasta ahora no ha iniciado –probablemente nunca empezará– el compromiso de impedir proyectos económicos, productivos, comercial o turístico que afecten el medio ambiente –porque tendría que suspender la construcción del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía–. Otro más, la utilización del fracking como método de extracción de petróleo, definitivamente lo rompió, probablemente ante la incapacidad de Pemex de evitar el colapso.

La narrativa de López Obrador es antagónica. Lo demostró en su mensaje con el que inició su segundo tramo de Gobierno, donde volvió a pintar el país al que todos los días retoca a brochazos. Al igual que en las mañaneras, la mayoría de lo que asegura es falso, media verdad, o lo frasea maniqueamente. Su visión ayer como hace dos años, fue gloriosa, épica y gallarda, con lo que envolvió otra historia del gran cuentacuentos.
01 Diciembre 2020 04:07:00
Dos años, la clave del éxito
El presidente Andrés Manuel López Obrador provoca mucha división y rencores. Lo insultan en las calles, es criticado (incluido quien esto escribe) de manera frecuente en los medios y en las redes sociales es avasallado. Sin embargo, en la otra parte del mundo real, le va muy bien.

Según la encuesta de encuestas de oraculus.mx, 6 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión de López Obrador, y aunque su nivel de aprobación es similar al de Felipe Calderón al cumplir su segundo año de Gobierno, el contexto en el que se dieron ambas mediciones es diferente. Para el desastre en resultados de López Obrador, el apoyo que tiene es excepcional.

En estos dos años ha tenido una caída en todos los rubros, no consecuencia de la pandemia del coronavirus per se, sino resultado de políticas públicas fallidas y decisiones a partir de sus filias y fobias, y diagnósticos a partir de sus propias limitaciones analíticas y, con todo el respeto que merece, de su ignorancia.

López Obrador, fenomenal político intuitivo, carece de recursos intelectuales para entender su entorno, el país y el mundo. Tampoco tiene un equipo con ética institucional que se le enfrente y le diga lo equivocado que está. El chambismo futurista, la ideologización y la incompetencia, lo acompañan en este naufragio.

Como gran botón de muestra, el crecimiento cayó de más de 2% en 2018 a 0 por ciento. López Obrador deshidrató la economía para engordar sus programas sociales-electorales. Para financiar sus caprichos y obras de su imaginación –la refinería, el tren y el aeropuerto–, redujo salarios en el sector público, recortó presupuestos –en varias secretarías no había ni papel higiénico en los baños–, porque los 500 mil millones de pesos que decía estaban escondidos en la Tesorería producto de la corrupción, aún no los encuentra.

El draconiano recorte produjo una dramática caída en el gasto de salud, donde se redujeron prácticamente todos los servicios médicos de prevención y atención oportuna de enfermedades en un 21%, y provocó que más de 8 millones de menores no recibieran vacunación, cuyas consecuencias en enfermedades y decesos se contabilizarán en poco tiempo.

Su hostilidad contra inversionistas privados ocasionó la fuga de más de 4 mil millones de dólares, con lo que el costo financiero de la deuda del sector publico se elevó a 1.35 billones de pesos, que pagaremos todos los mexicanos.

La recaudación que tanto presume el Presidente, es la más baja de los últimos cinco gobiernos, y es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que lleva seis trimestres de contracción económica.

Los homicidios dolosos siguen al alza y este año terminará como el más sangriento en la historia del país. La conflictividad social se ha extendido en México. Están los que llevan años protestando, como la disidencia magisterial y los normalistas, a los que se le han sumado grupos afectados por sus políticas, que eran apolíticos, como las madres que protestaron por la cancelación de las estancias infantiles sin proponer una sustitución –al DIF le dieron cero pesos en el presupuesto–, los padres de los niños con cáncer porque no tienen medicinas, o los enfermos de Sida, en la misma situación.

El empleo formal es terrible, 555 mil plazas perdidas en estos dos años, contra 1.5 millones creadas con Peña Nieto y 2.3 millones con Calderón. Los gasolinazos de ellos dos son significativamente menores que los realizados durante el primer bienio de López Obrador.

Ese Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a los cuales se sigue refiriendo el Presidente como un cáncer del neoliberalismo, le han dado a él una tercera parte del IVA y la quinta parte del Impuesto Sobre la Renta. Sin este impuesto, los problemas económicos serían peores.

Si uno ve la realidad de los datos con la aprobación de López Obrador, sus números asombran. ¿Con 10 millones más de pobres este año, cómo está tan bien evaluado? Si ha pauperizado al país, ¿qué ven esos 6 de cada 10 mexicanos que le aplauden?

La encuesta de aprobación presidencial de Buendía&Laredo le da un acuerdo nacional de 64%, que es formidable a dos años de su Gobierno donde todas las variables políticas, sociales y económicas le son adversas o son un desastre.

De su Plan de Desarrollo, solo el 6% de las metas se han cumplido. López Obrador tendría que estar en una picada vertical, pero no lo está. Más aún, recuperó sus niveles de aprobación previos a la pandemia. Lo que muestra la encuesta es que el discurso de contraste con Peña Nieto le da muy buenos resultados.

Hablar generalidades sobre la corrupción sigue teniendo un impacto considerable, a la cual se le alimenta todos los días en la mañanera, un ejercicio propagandístico eficaz. Otra variable que explica la aprobación son los programas sociales. En la encuesta, el 40% afirmó que la entrega de dinero es lo mejor que ha hecho López Obrador, particularmente los adultos mayores.

Mientras siga extrayendo dinero de donde sea para regalarlo, López Obrador mantendrá sólida esa aprobación. Cuando deje de tener recursos para ello, es probable que otras variables que hoy juegan a su favor, como la corrupción del pasado, se conviertan en un búmeran y se le empiece a reclamar sobre la corrupción de su familia y de su Gobierno.

Algo de ello empieza a notarse, como refleja la encuesta de Buendía&Laredo, donde la percepción de que el país va por buen camino se encuentra en el punto más bajo del sexenio, y 1 de cada 5 que antes tenía una buena opinión de López Obrador, ya cambiaron su percepción.

Sin embargo, para que se desplome su aprobación, por lo que sugieren los números en las encuestas, todavía falta un buen tiempo. La inteligencia emocional de los mexicanos le sigue dando carta blanca al no cuestionarlo ni revisar los datos.
30 Noviembre 2020 04:07:00
Sánchez Cordero se tiene que ir
Olga Sánchez Cordero ha vivido largos meses con respiración política artificial. Desde las últimas semanas de la transición, el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se hartó de ella y dejó de responderle sus mensajes en WhatsApp.

La indiferencia continuó en el Gobierno y Sánchez Cordero renunció como secretaria de Gobernación, pero no se la aceptaron. Era el arranque del nuevo Gobierno y, además, López Obrador no cesa a nadie. Pero hubiera sido mejor para su imagen haber salido del Gabinete, porque quedándose alcanzó su Principio de Peter, cometiendo pifias y aceptado el denigrante papel de secretaria de Estado con calidad de florero, por lo disfuncional para el Gobierno.

En las últimas semanas han circulado versiones de su salida de Gobernación. Nada perdería el Gobierno, mucho menos el país, y lo más excitante sería el morbo de quién llegaría. Para efectos prácticos de una renovación en Bucareli, es irrelevante lo que suceda con ella.

Como se ha mencionado en este espacio, los cambios de Gabinete carecen de sentido si no son un golpe de timón y conllevan un cambio de política, lo que en la lógica de López Obrador, nunca sucederá porque dice públicamente que las cosas van de manera inmejorable.

Incluso, parecería un error relevar a Sánchez Cordero porque ella no le genera problemas –salvo por sus intrigas palaciegas– porque no se encarga de prácticamente nada, fuera de la agenda de género, y sus funciones las realizan otros funcionarios.

Una nueva persona al frente de Gobernación podría significar un problema para el Presidente, pues probablemente querría fungir como titular de manera auténtica y funcional. Sin embargo, hay que hacer hoy un replanteamiento sobre su permanencia en Bucareli, ante la posibilidad de que su permanencia en Gobernación se convierta en una potencial desgracia para el país.

Un régimen presidencialista como el mexicano, siempre debe tener escenarios sobre lo que pueda suceder con el jefe del Ejecutivo, en relación con su presencia o falta absoluta. Nadie tiene garantizado el futuro, por más que retóricamente así se afirme, o por más ataques y críticas se hagan con quienes plantean todo el abanico de medidas que tienen que ser consideradas ante una eventualidad, que no por indeseable, deba ser ignorada como razón de Estado.

En algunos sistemas presidenciales, como el estadunidense, sobre el cual se ha moldeado el mexicano, existen provisiones claras en caso de falta absoluta, por lo que es tan importante la decisión sobre la Vicepresidencia, cuyo titular sería el o la relevo del Presidente.

En el caso mexicano se han venido dando adecuaciones al Artículo 84 constitucional, donde en caso de falta absoluta del Presidente de la República, quien encabece la Secretaría de Gobernación asume provisionalmente el cargo, en tanto el Congreso nombra al Presidente interino –si es antes de cumplirse los dos primeros años en el cargo–, o sustituto, si es después de ese periodo.

En ambos casos, las disposiciones legales establecen que con un mínimo de las dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión se constituiría inmediatamente en Colegio Electoral, y nombraría en voto secreto y por mayoría absoluta al Presidente interino o sustituto.

En paralelo, el Congreso de la Unión tendría que expedir dentro de un plazo no mayor a 10 días, la convocatoria para una nueva elección presidencial no antes de siete meses, ni después de nueve. La ley acota al Presidente interino o sustituto de hacer cambios mayores en el Gobierno, lo que no significa, empero, que solo ocuparía el cargo para administrar el país durante ese periodo.

Quien asuma la Primera Magistratura tendría necesariamente que gobernar y tomar decisiones. En esta eventualidad, ante la falta absoluta del Presidente, Sánchez Cordero ocuparía el cargo. Y es aquí donde está la aberración.

La secretaria que ocupa la Secretaría que administra y ejecuta el poder presidencial, es proporcionalmente la secretaria más maltratada, humillada e ignorada por López Obrador. Sánchez Cordero es una especie de token, donde simula que es la responsable de la política interior, a la que, sin embargo, nadie le hace caso. Y cuando se ha metido, se ha equivocado.

Sus funciones las hacen el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, el canciller Marcelo Ebrard, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Ante esta realidad objetiva, es una irresponsabilidad de López Obrador y una falta de visión estratégica, mantenerla en el cargo.

La secretaria ha dado muestras de incompetencia política. Siete o nueve meses con ella al frente del Gobierno no podrían ser, sino seguro serían de anarquía ante sus deficiencias de mando, su inexperiencia y el equipo de incondicionales que la rodea, como su protegido, el ex subsecretario Ricardo Peralta, que salió de Aduanas en medio de sospechas de corrupción, y de Gobernación, por problemas similares en el área de rifas y después de hacer acuerdos con los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, que justificó alegando que con quienes habló, ya no eran narcotraficantes.

López Obrador también le tiene desconfianza tras haberse descubierto que era gestora de empresarios en temas que van en contra de la agenda presidencial, particularmente en el tema de telecomunicaciones.

López Obrador no puede descansar en ella la eventualidad indeseada, pero que necesariamente, por razones de Estado, tiene que plantearse. Sánchez Cordero no tiene el tamaño, demostrado en el despacho de Gobernación, donde llegó al límite de su incompetencia.

El Presidente necesita un o una segunda de abordo, en ese escenario hipotético, que pueda mantener al país y su proyecto de transformación. Cuenta con esas personas en su entorno, con las capacidades que se requieren y la lealtad probada. Lo único que falta es que piense alto y lejos, parafraseando a José Ortega y Gasset, y que vea al país más allá de sí mismo.
27 Noviembre 2020 04:09:00
Cuidado con los chinos
Durante el periodo de transición del poder en 2018, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, se reunió con quien iba a ser su relevo, Javier Jiménez Espriú, quien le mencionó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador quería retomar el proyecto del tren bala entre la Ciudad de México y Querétaro.

Ruiz Esparza, que había tenido que asumir la decisión de cancelar la concesión por presiones de Estados Unidos al expresidente Enrique Peña Nieto –aunque públicamente se manejó como un tema de conflicto de interés–, le comentó que estaba listo, incluido con financiamiento chino. Pero, le advirtió, si quieren esos recursos, tendrían que considerar lo que pensaba el Gobierno de Donald Trump.

El tren bala se va a retomar con inversiones mexicanas, sin dinero chino. Pero la sensibilidad sobre lo que piensan en Washington sobre la participación de esa nación en la economía nacional, no está en la sensibilidad de López Obrador ni en su entorno.

Como botón de muestra, este viernes se adjudicará un contrato de largo plazo (19 años de duración) para la modernización integral de trenes, el sistema de control y las vías de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, donde una de las dos empresas que buscan el contrato es CRRC Zhuzhou Locomotive, que piensa, de acuerdo con un desplegado que publicaron el lunes pasado en El Sol de México, tienen amplias posibilidades de ganar.

CRRC Zhuzhou Locomotive es filial de CRRC Corporation Limited, y lidera un consorcio de compañías mexicanas, francesas y canadienses a través del Grupo Internacional Thales, que está compitiendo contra el consorcio español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), después de un proceso de selección donde se eliminó a 16 interesados.

La empresa china tiene amplia experiencia en el campo, y ha tenido contratos para renovación de líneas de metro en Nueva York, París, Londres y Santiago de Chile. Es una empresa fuerte y con alta capacidad tecnológica, pero tiene un problema serio que en México, quizás, se está soslayando: su empresa madre es enemiga declarada del Gobierno de Estados Unidos porque está infiltrada por el Ejército rojo chino.

El 12 de noviembre pasado, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva prohibiendo las inversiones en una treintena de empresas vinculadas al Ejército de Liberación del Pueblo, por lo que a partir del próximo 11 de enero prohibió que cualquier ciudadano o fondos de inversión estadunidenses realizaran nuevas inversiones en ellas, y tenían hasta noviembre del próximo año para vender todas sus acciones en esas compañías, porque “está explotando de manera creciente el capital de Estados Unidos para facilitar el desarrollo y la modernización de su ejército y de su aparato de inteligencia y de seguridad, amenazando directamente el territorio estadunidense y sus fuerzas en el extranjero”.

Aunque la orden ejecutiva no mencionaba directamente a ninguna compañía, involucra a 20 que fueron incluidas en una lista que dio a conocer el Pentágono el pasado12 de junio, en donde figura la CRRC. La empresa ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de los grupos cabilderos en Washington desde ese entonces.

La Alianza por la Seguridad Ferrocarrilera, dio a conocer un video de 10 minutos, donde asegura que CRRC ha utilizado tácticas anticompetitivas que le permiten participar en contratos con costos más bajos.

Entre las prácticas que les facilitan bajar sus costos, dijo en una audiencia en el Congreso en septiembre pasado el vicepresidente del grupo de cabildeo, Erik Olson, se encuentran violaciones laborales que han permitido la “explotación” de niños y minorías en China.

En el proceso de adjudicación, que se realizará mediante el método de subasta inversa, que comienza a partir del monto menor de lo que presentan los interesados. CRRC presentó una oferta de 32 mil 219 millones de pesos por debajo del presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México, de 38 mil 734 millones, contra la propuesta del CAF de 46 mil 657 millones.

Bajo esa perspectiva, CRRC, que tiene el respaldo de China Railway Construccion Company, vetada por el Gobierno de Estados Unidos, y que fue la empresa que participó en el fallido proyecto del tren bala durante el Gobierno de Peña Nieto, está mejor posicionada.

La geopolítica juega un papel estratégico, y ante la agresividad china para conquistar mercados en América Latina, Estados Unidos los ha enfrentado.

El Gobierno de Barack Obama le puso un freno, no solo en el caso del tren bala, sino en la pretendida vía acuática en Nicaragua, para competir con el Canal de Panamá, que está parado desde 2016 por el financiamiento chino de la obra.

El Gobierno estadunidense ha sido consistente en su guerra comercial con China, por lo que el presidente Donald Trump, en el contexto de la seguridad nacional firmó la orden ejecutiva. El nuevo Gobierno de Joe Biden no será diferente.

Peña Nieto no prestó atención a la geopolítica y se topó con Washington. López Obrador está cayendo en el mismo error y podría tener el mismo destino al haber profundizado la relación con China hoy, a través de su delfín para 2024, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
26 Noviembre 2020 04:09:00
Rosario, la soberbia
De todo el Gabinete de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles era la más altanera y prepotente, y solía reclamar con tonos subidos las críticas que se hacían sobre sus excesos y señalamientos de probables desvíos de recursos. “No hay nada que pueda probarse”, me increpó una vez llena de furia. Las cosas saldrán a la luz pública en su momento, le dije. Ella se sentía protegida por Peña Nieto, quien desoía las quejas del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el mal manejo del presupuesto en Desarrollo Social, apoyada también por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El martes Robles generó la noticia política del día al buscar el criterio de oportunidad en la Fiscalía General para “hablar con toda la verdad”. Varios abogados consideran que al haber hecho un daño al erario, no se aplica ese criterio porque resultaría probablemente en impunidad. Pero mientras eso se discute, generó escándalo el señalamiento que hizo uno de sus abogados de que acusaría a Videgaray de haber desviado recursos para campañas electorales, como la presidencial de 2018. Aunque ella desautorizó los dichos, no negó lo señalado por su abogado.

Robles está en la cárcel por una manipulación del debido proceso por parte de la Fiscalía General y de un juez de control con claro conflicto de interés. Pero el delito por omisión por el que la detuvieron, se agravó con otros dos más que al entrar en el terreno de la delincuencia organizada, no es sujeta a libertad bajo fianza. La prensa señaló ayer que finalmente el Gobierno la quebró, lo que es incorrecto. La razón por la que pidió el criterio de oportunidad se originó en una cadena de errores cometidos por ella y sus abogados, que provocó la declaración de su incondicional hasta hace un mes, Emilio Zebadúa.

Los hablantines abogados de Robles declararon hace unas semanas que llamarían a declarar a su exoficial mayor, para probar que ella era inocente y Zebadúa el responsable de los desvíos. Tampoco ayudó la carta que dio a conocer al cumplir un año en prisión, sugiriendo esa estrategia. Zebadúa, que se había mantenido hermético y escondido del ojo público, debió haber pensado que le iban a transferir la responsabilidad de los desvíos y pidió declarar, aprovechando el criterio de oportunidad. El nido de complicidades que tuvieron durante casi dos décadas se rompió.

Robles dijo que se decidió a declarar ante la Fiscalía porque Zebadúa estaba inculpando a Peña Nieto y a Osorio Chong, a quienes considera impolutos. Eso lo tendrá que probar su excolaborador. Pero lo que ya tiene la Fiscalía, en detrimento del caso de la exsecretaria, son anexos a su declaración donde incluyó oficios elaborados durante casi año y medio antes de que estallara el escándalo de la llamada Estafa Maestra, en donde Zebadúa fue documentando que lo que le pedía Robles era irregular o, eventualmente ilegal, actuando de manera dolosa.

Zebadúa menciona también irregularidades en terrenos donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, que de seguir las autoridades esa línea, podrán llegar a donde no quieren llegar: el expresidente Peña Nieto. Hay documentación de que Robles, desde la Secretaría, cuando fue enviada a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), autorizó mil 500 millones de pesos en terrenos con todo tipo de permisos, a Antorcha Campesina, en prejuicio de los verdaderos propietarios de los predios en esa zona. Antorcha Campesina es un grupo de choque que fue impulsado por el PRI cuando los caciques en los municipios conurbados al oriente de la Ciudad de México se le habían salido de control.

En el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, Antorcha Campesina fue utilizada como grupo de presión por su entonces secretario general de Gobierno, Luis Miranda, que se convirtió en subsecretario de Gobernación, encargado de los asuntos políticos, cuando su compadre llegó a la Presidencia. Se desconoce el destino que tuvieron esos mil 500 millones de pesos, pero tras salir él y el titular Osorio Chong de Gobernación, el nuevo subsecretario, René Juárez, negoció con los verdaderos propietarios el despojo de que habían sido sujetos, y firmaron un documento de reconocimiento de la propiedad y 400 millones de pesos de compensación.

El dinero salió de Hacienda para solventar el acuerdo, pero Sedatu nunca lo entregó. Tampoco Conagua, que participó en la negociación. De hecho, aún se arrastra en la actual Administración ese problema que dejó Robles. ¿Dónde quedaron esos millones de pesos? Es un misterio. Tiempo antes, la Sedatu se apoderó de una gran propiedad privada en Baja California Sur, también sin pagar el despojo, y luego, por instrucciones de Robles, se la revendió a bajo precio a un primo del expresidente Peña Nieto.

Si la Fiscalía General sigue estas pistas podría llegar a Peña Nieto. El fiscal Alejandro Gertz Manero sí está dispuesto a llegar al expresidente, pero su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, no. Gertz Manero y la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, también quieren proceder contra Osorio Chong, pero Rosario Robles ya anticipó su exoneración y en Palacio Nacional tampoco quieren ir sobre él. Zebadúa afirmó que Robles desvió recursos para promover su candidatura presidencial, lo cual también tendrá que probarse.

Robles está enfocando sus acusaciones contra Videgaray, que no era jerárquicamente superior a ella, sino par –su superior era el Presidente-, y que en las elecciones presidenciales de 2018 era secretario de Relaciones Exteriores, sin posición para manejar presupuestos. Sus declaraciones agitan más el río revuelto del imaginario colectivo, estimulado por las evidencias de que en el Gobierno de Peña Nieto hubo actos claros de corrupción, que se fueron señalando en la prensa desde 2013, y que hasta hoy y quizás en el futuro, por el desaseo con el que está actuando la Fiscalía de López Obrador, puedan quedar sin castigo.
25 Noviembre 2020 04:09:00
El mayor engaño de todos
Todas las mañanas a las 6, comienza en Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad. El Presidente siempre se refiere a él, transmitiendo el mensaje de que ese lacerante fenómeno sobre la sociedad mexicana, está siendo diariamente analizado para enfrentarlo, neutralizarlo y acabarlo.

La realidad es muy diferente, y ese “Gabinete de Seguridad”, así, entre comillas, es el peor engaño para los mexicanos, que así como lo señalan entre sus tres principales preocupaciones, guardan esperanza de que López Obrador pueda hacer algo contra la inseguridad.

Por una parte, ese “Gabinete de Seguridad” no existe legalmente, y solo funciona para efectos de comunicación política. Y por la otra, esa sesión de Gabinete es más bien una mesa política, donde se revisan los temas que interesan al Presidente y resuelve cómo abordar aquellos que le pueden costar. Como siempre lo hace, da instrucciones transversales, responsabilizando de temas a quien muchas veces no tiene las atribuciones, violentando la ley, lo que en los tiempos actuales, se ha vuelto aceptable para muchos.

Los temas de seguridad importantes no los tocan ahí los secretarios de la Defensa, ni de la Marina. Tampoco el director del Centro Nacional de Inteligencia. Asiste tanta gente, alguna que muchos de los asiduos no saben quién es, que ninguna de las áreas sensibles del Gobierno expone los asuntos relevantes. Si el general Luis Cresencio Sandoval, o el almirante Rafael Ojeda, o el director de Inteligencia Civil, Audomaro Martínez, tienen cosas urgentes que informar al Presidente, se lo dicen en privado.

La seguridad, en la intimidad de Palacio, no está en las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es solo en el corazón del poder federal, sino que se desdobla por todo el país.

Hace ya varias semanas hubo ajustes en varias de las reuniones de coordinación de seguridad en los estados, donde los responsables de encabezarlas, regularmente el delegado del CNI, fueron presididas por los delegados de la Secretaría del Bienestar. Es decir, la seguridad fue hecha a un lado porque lo importante para el Presidente es el tema electoral.

Convertida en el brazo operativo de la maquinaria de votos que se diseña y maneja desde la oficina contigua de López Obrador, donde está Gabriel García Hernández, el coordinador de los delegados federales que tiene un rango superior en lo formal al titular de Bienestar, esa Secretaría se convierte en el receptáculo de la información no solo de seguridad, sino de los componentes de la turbulencia social que se experimenten en un estado, así como los grupos y las fuerzas políticas que la incitan.

Esto significa que toda la información de inteligencia, que debería estar circunscrita al conocimiento exclusivo de las áreas correspondientes, es capturada y procesada con fines políticos-electorales, lo que es una perversión del instrumento, que afecta invariablemente la tarea de prevención y combate a la delincuencia. Sin embargo, esto llega a ser superado en ocasiones por acciones más graves del Gobierno federal.

Hay estados donde los representantes federales de Seguridad, Defensa, Marina, Gobernación y CNI, ni siquiera dialogan con sus contrapartes estatales para coordinar estrategias de seguridad, y hay otros, donde el delegado de la Secretaría del Bienestar abandonó las reuniones, en un acto de indolencia y negligencia, no del representante en sí mismo, sino de sus jefes.

Hay otros donde la estructura original no ha sufrido demasiadas alteraciones, donde mensualmente se reúnen los más altos responsables en las áreas de seguridad con el Gobernador –aunque nunca acude el representante del Gobierno federal–, y las semanales las encabeza el secretario de Seguridad Pública local. En las reuniones diarias no existe coordinador alguno.

La seguridad, por cuanto a los delitos que más impactan en la sociedad, no va mejorando. Durante octubre, de acuerdo con las cifras del Gobierno que dio a conocer la semana pasada el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, se incrementó el número de víctimas por homicidio doloso y feminicidios.

La disminución de algunos delitos que había presumido antes de renunciar al cargo Alfonso Durazo, estuvo directamente relacionada con el confinamiento por la pandemia del coronavirus. El mes pasado, con el relajamiento de las medidas de confinamiento, se comenzó a recuperar la tendencia, y se registraron 97 homicidios dolosos cada día.

La cifra de homicidios dolosos en octubre, incluido feminicidios, fue de 3 mil 20 víctimas, lo que representó un incremento de 7.39% en comparación con septiembre, cuando se registraron 2 mil 812. Mejía Berdeja explicó que la violencia se concentra en 12 puntos del país, enfatizando que está focalizada. Lo mismo sucedía desde las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero el discurso que enarbolaban quienes ahora gobiernan o sus voceros, es que el país estaba
incendiado.

Aún así, la violencia en el Gobierno de Calderón tuvo un punto de inflexión en mayo de 2011, cuya tendencia se mantuvo durante los dos primeros años de Peña Nieto, que como López Obrador, pactó implícitamente con los criminales.

El escenario de seguridad se le descompuso a Peña Nieto en 2015, y las tasas de homicidio dolosos se fueron incrementando. En el Gobierno de López Obrador, esos totales han sido rebasados ampliamente, convirtiendo los dos primeros años de su Administración, como los más rojos en la historia del país.

La seguridad, que ha competido desde hace varios años con la economía de bolsillo como el tema de mayor preocupación entre los mexicanos, fue la prioridad mayor que estableció López Obrador al llegar a la Presidencia, para devolverle a la Nación “la paz y la reconciliación”.

A la luz de los resultados, ha sido todo lo contrario, sin ejes estructurados y desconfianzas dentro del Gobierno y con gobiernos estatales. Lo que sucede en el “Gabinete de Seguridad” no es mas que la metáfora de un Presidente con la cabeza en las urnas, no en los criminales.
24 Noviembre 2020 04:09:00
López Obrador frente a Biden
El presidente Andrés Manuel López Obrador debe apurarse a subirse en el tren de Joe Biden por su bien, el de su Gobierno y el de México.

Ya pagará el costo por respaldar al presidente Donald Trump en sus denuncias de fraude electoral y sus intentos por revertir una elección violando los principios de la democracia, pero eso se puede mantener a nivel personal, pero su tozudez debe pasar al pragmatismo ante los anuncios que está haciendo el presidente electo de EU en materia de política exterior y de seguridad, y que sus colaboradores establezcan contacto con quienes serán cabezas de esos sectores para empezar a trabajar.

No se necesita que López Obrador felicite a Biden, sino que actúe con inteligencia porque los primeros nombramientos tienen políticas antagónicas a las suyas. El tema de mayor confrontación será el energético.

Durante el Gobierno de Trump las fricciones fueron continuas con el sector privado estadunidense por el cambio de reglas, pero la displicencia del jefe de la Casa Blanca y la falta de energía del embajador Christopher Landau para defender los intereses del sector energético de su país ante las violaciones, cambiará en la Administración Biden.

El próximo secretario de Estado será Antohny Blinken, muy cercano a él desde hace 30 años, y con una amplia experiencia en temas de política exterior. Blinken tendrá entre sus misiones que EU regrese al Acuerdo de Cambio Climático de París, que busca el impulso de las energías limpias.

López Obrador es un enemigo de ellas, y ha optado por las energía sucias. Toda su política ha estado enfocada a la inyección de recursos para la generación de combustibles fósiles, buscando incluso renovar refinerías –como Cadereyta–, pese a los estudios de contaminación ambiental.

Ignorar los estudios de evaluación de ella en proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, van contra las directrices perfiladas por Biden desde la campaña. “O ajustamos nuestras políticas, o las demandas al amparo del acuerdo comercial con Estados Unidos, podrían ser continuas”, admitió una fuente diplomática mexicana.

El tema energético es transversal en el nuevo equipo de Biden. Avril Hines, quien ocupará el cargo de directora de Inteligencia Nacional, un puesto clave dentro de la Casa Blanca, porque bajo su supervisión están todos los servicios de inteligencia, civil y militares, del Gobierno de Estados Unidos, trabajó en los últimos años en responsabilidades energéticas, trabajó durante el Gobierno de Barack Obama como subdirectora de la CIA y directora adjunta del Consejo Nacional de Seguridad.

La Casa Blanca de Obama fue particularmente dura con Peña Nieto por su acercamiento con China, e intervino para que el Tren Bala entre la Ciudad de México y Querétaro se frustrara por el financiamiento de Beijing. El Gobierno abandonó otros planes de fuerte inversión china en Cabo Pulmo en el Mar de Cortés y en el Dragon Mart de Cancún.

Cuando Peña Nieto invitó a Trump durante la campaña presidencial de 2016, la entonces titular del Consejo Nacional de Seguridad, Susan Rice, le exigió a la excanciller Claudia Ruiz Massieu, durante una reunión del G-20 en Asia, que tenía que haber consecuencias por esa afrenta a los demócratas.

Al regresar, Peña Nieto cesó a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda que promovió el encuentro. Actualmente, si bien el canciller Marcelo Ebrard trabajó la relación con Trump igual que Videgaray, fue López Obrador, quien mostró su entrega al jefe de la Casa Blanca, aceptando sus imposiciones.

Una medida que López Obrador hizo para satisfacer a Trump, será revertida en los primeros 100 días de Gobierno de Biden, los Protocolos de Protección de Migrantes, cuando se cedió soberanía para aceptar que los centroamericanos que buscaran asilo en Estados Unidos, esperaran en territorio mexicano el proceso de su solicitud, mediante un memorando con el Gobierno de Trump, firmado por Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería.

El responsable de desmantelar ese infame acuerdo será el nuevo secretario de Seguridad Territorial, Alejandro Mayorkas, un cubano-estadunidense que como fiscal federal en California, llevó los casos contra la llamada Mafia Mexicana, que operaba desde las cárceles, y fue director de Migración en el Gobierno de Obama, cuyo trabajo a favor de los derechos humanos de los inmigrantes fue ampliamente reconocido.

Mayorkas, por otro lado, tiene una madrina desde hace 20 años, la senadora de California Dianne Feinstein, que desde el Gobierno de Obama defendió arbitrariedades en México contra la empresa Sempra, cuya filial Inova fue pintada por López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett, como el enemigo de la Nación.

En el tema de la seguridad, lo que probablemente cambiará radicalmente es la arquitectura de la cooperación bilateral, que se manejaba a través del Grupo de Alto Nivel entre los dos países, donde el embajador Landau se sentaba frente a seis secretarios, en una mesa presidida por el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval. Fue deficiente, y hoy se puede calificar de fracaso ante la pérdida mutua de credibilidad.

La reconstrucción de confianza será muy cuesta arriba, porque la liberación del general Salvador Cienfuegos fue por razones políticas, ante las críticas recientes de la nueva directora de Inteligencia, Haines, a la politización de la justicia por parte de Trump.

Las redes de vínculos de los próximos funcionarios no pintan bien para López Obrador, quien dice que conoce a Biden, cuando en realidad, el entonces vicepresidente lo conoció en México cuando en la campaña presidencial de 2016, vino a palomear a la y los candidatos.

No obstante, la relación bilateral es muy importante para Estados Unidos, que ayudará a López Obrador a matizar su desdén a Biden, si apura la reconstrucción de la relación con los demócratas, discretamente si quiere, pero en forma eficaz, y da luz verde para que oficialmente sus diplomáticos, se acerquen y trabajen con el equipo del presidente electo.
23 Noviembre 2020 04:09:00
El anhelo del general
Teóricamente es correcto lo que dijo el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, de que las Fuerzas Armadas no anhelan el poder. Cierto, porque ya lo tienen. El tamaño de los problemas del país, que no imaginó ni calculó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo obligó a dar un giro de 180 grados, y de querer desaparecerlas, las volvió pilar de su régimen.

El Presidente vive hoy en una jaula de oro protegido por los militares que le han resuelto todo. Pero como nada es gratis, el pago han sido dinero, concesiones, privilegios, encubrimientos y cumplirles una exigencia: defender, a costa incluso de incomodar a su némesis Donald Trump, al general Salvador Cienfuegos, a quien por presiones mexicanas liberaron en Estados Unidos pese a un expediente de “miles de documentos” que probaban, decían, sus nexos con el narcotráfico.

Entonces, tiene razón el general Sandoval. Si el Presidente quería mantener un cuerpo homogéneo para que le diera cobertura y permitiera hacer todo lo que desea, violentando normas y ajustando o ignorando leyes, tenía que hacerles caso. Con los militares mexicanos no se juega.

No es que tengan un espíritu golpista, por lo que cada vez que se habla del tema, como el propio López Obrador lo ha llegado a decir públicamente, se recuerda que el Ejército es el más institucional de América Latina.

Igual se decía del Ejército chileno hasta que el general Augusto Pinochet le dio golpe de Estado al presidente Salvador Allende en 1973 –un evento que tiene fijo el inquilino de Palacio Nacional–. El inhibidor aquí son los 3 mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y las represalias políticas y económicas que habría con una toma de poder de facto.

Ese escenario no existe, porque López Obrador se los dio. Las Fuerzas Armadas desvanecieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Ejército absorbió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dejándole solo la responsabilidad de prisiones y Protección Civil.

Se desistió de pasar legalmente la Guardia Nacional al Ejército cuando se revelaron sus intenciones y generó protestas, pero en los hechos, le pertenece. Tanto es su poder sobre el Presidente, que pasaron sin escándalo ni remociones las violaciones a los derechos humanos que cometió la Guardia Nacional al reprimir la protesta social en Chihuahua, tragándose el régimen décadas de denuncias contra ese tipo de acciones que llamaban autoritarias.

El general Sandoval se siente con autoridad plena y profesa lealtad. La tiene, en efecto con el Presidente, porque López Obrador le permite todo. Incluso temas de índole personal. Como botón de muestra: el general quería que su hijo estudiara un posgrado que da la Secretaría de la Defensa a civiles, donde no se permiten militares.

Para resolverlo, el general retirado, su protector e impulsor, Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, lo inscribió como miembro del aparato de inteligencia civil. Por supuesto, nadie les reclamó.

Tampoco ha habido objeciones para que, en la marca de la casa, ordenara el espionaje de un periodista crítico a las políticas de la militarización policial, que se discutió dentro de las reuniones de Gabinete, donde por cierto, no son inusuales las referencias de molestia contra quienes cuestionan las políticas de Gobierno. Es decir, el uso del aparato de inteligencia militar, que está para la defensa de la seguridad nacional, para saciar el coraje del secretario.
Las Fuerzas Armadas lo tienen todo, en particular el Ejército, cuyos mandos cambiaron en meses su ánimo de molestia con el Presidente, en los tiempos que quería desaparecer las Fuerzas Armadas con el argumento que no había ninguna amenaza externa, a apoyarse plenamente en ellas.

Un ejemplo importante es el Tren Maya, donde se descubrió que en uno de los tramos de la ruta que atraviesa por la selva, había campamentos de entrenamientos de los Zetas que manejaban exkaibiles, los soldados de élite de Guatemala.

El Presidente anunció en octubre que los tramos 6 y 7 del Tren Maya iban a ser construidos por ingenieros militares. Lo que no dijo es que además de ello –era innecesario mencionar los narco campamentos–, el tramo se lo iba a concesionar a la Secretaría de la Defensa.

Es decir, no solo participarán en la planeación y la construcción, sino que además les permitirá manejar el tramo como un negocio, igual que con las constructoras privadas que participan en otra parte de la ruta, para que tengan ingresos. Negocio paralelo a los militares, pero hay que señalarlo, tan legal como ilegítimo.

López Obrador ha hecho cierta la frase de que el amor de un Gobierno se ve en el presupuesto. Para el próximo año, sus recursos se incrementarán 15.7% del presupuesto de este año de 94 mil millones de pesos. La Marina tendrá un aumento de 2.1% en su presupuesto, que actualmente es de 33 mil millones.

En septiembre se autorizó un incremento salarial para todas las Fuerzas Armadas, retroactivo a enero de este año, y un incremento significativo de plazas, cuando en el resto de la Administración solo hay austeridad.

Adicionalmente, como reportó Mexicanos Contra la Corrupción, los fideicomisos del Ejército tuvieron un incremento de mil 48%, mientras López Obrador ordenaba que se cancelaran todos porque eran vehículos de corrupción.

¿Por qué anhelarían las Fuerzas Armadas el poder? Lo tienen ampliamente sin necesidad de desgastarse, sin que les llamen golpistas, sin que les recuerden 1968, ni Tlataya, ni que para los marinos en la lucha contra la delincuencia organizada nunca existieron los prisioneros, ni que se violen los derechos humanos y se permitan acciones de espionaje contra civiles.

El único lunar negro que tienen con el Gobierno es Ayotzinapa, pero ya se verá como se desvanecen las acusaciones contra un militar, o se le sacrifica, para que no digan que el general Sandoval quiere todo.
20 Noviembre 2020 04:07:00
100 mil muertos, el fracaso del otro López
Hugo López-Gatell perdió la batalla. Por más que el zar del coronavirus se burle, de lecciones de periodismo, trate con desprecio a sus maestros y pares, y soberbia al resto, la realidad lo aplastó. Cien mil muertos por el coronavirus, contra 8 mil máximo que era su pronóstico, lo dice todo.

La estrategia del subsecretario de Salud de aplanar la curva de contagios de Covid-19 para no saturar los hospitales, sin medidas que la acompañaran, le estalló en las manos y metió al presidente Andrés Manuel López Obrador en problemas para explicar convincentemente que estuvo bien hecho lo que se hizo.

El índice de letalidad de México –el número de fallecimientos por cada 100 personas contagiadas–, es de 9.8%, el mayor del mundo. El segundo lugar lo ocupa Irán, con 5.4%, mientras que los países europeos más afectados por el coronavirus en sus dos olas tienen, o menos de la mitad, o una tercera parte del radio mexicano: Italia, 3.8%; el Reino Unido, 3.7%; España, 2.8%. Estados Unidos, donde se concentra el 30% de los contagios en la segunda ola de la pandemia, es de 2.2 por ciento.

Entre más pruebas se hacen, más cae la letalidad, según los expertos. Pero México, al 9 de noviembre pasado, según Our World in Data, realizaba 17.24 pruebas por cada 100 mil habitantes, que lo ubica en el lugar 85 de 104 países a los cuales da seguimiento, lo que se explica por la creencia de López-Gatell de que las pruebas no son necesarias para controlar la pandemia, ni evidencia científica que diga lo contrario, cuando en realidad, expertos en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud, señalan lo opuesto.

Las pruebas fueron cruciales para que países como Corea del Sur mantuvieran abierta su economía. La ausencia de ellas en México, como política de Gobierno, provocó la peor crisis económica que ha vivido en el país. En un interesante hilo en Twitter, Eugenio Sánchez mostró que México, junto con Omán, tienen la peor tasa de positividad en el mundo, que es la métrica para saber si la cantidad de pruebas es apropiada con respecto al tamaño del brote epidemiológico.

El porcentaje de positividad de México es de 56%, cuando la OMS recomienda un índice menor a 9 por ciento. Sánchez agregó que pese al tamaño de la economía, aquí se hacen menos pruebas que Guatemala –a quien duplica en PIB–, Chile o Colombia –con menos del 40% del producto mexicano–. También se refiere al tema del equipamiento del personal de salud, recordando que Amnistía Internacional y la publicación especializada The Lancet clasificaron en septiembre a México como el cuarto país con más muertos por Covid-19 en ese sector.

La política sobre pruebas que diseñó López-Gatell es que solo se aplicarían a personas con síntomas y personas en los grupos vulnerables. En países tan disímbolos como Estados Unidos y Venezuela, se realizan pruebas a todos, incluidos los asintomáticos.

La política mexicana es similar a la de la mayoría de los países africanos, aunque ninguno de ellos tiene los grados de mortalidad de este país, que son los decesos por cada 100 mil habitantes, donde ocupa el décimo lugar, con 78.34 fallecimientos, contra 127.96 que tiene Bélgica, y que se encuentra en el primer lugar. En números de muertes absolutas, México está en el undécimo lugar, donde Estados Unidos, India y Brasil ocupan los tres primeros.

Jugar con números para medir en tablas de clasificación si estamos mejor o peor que otras naciones es bastante ocioso en estos momentos. Pero si nos enfocamos al índice de letalidad, podemos observar si la estrategia funcionó o no. Hay estudios científicos que demuestran que la efectividad de las políticas de un Gobierno para enfrentar la pandemia está asociada a la reducción de las tasas de mortalidad, al mostrar su capacidad para formular e implementar políticas sólidas, como reflejo de un buen Gobierno. Entre esas políticas se incluye la rápida instrumentación de una cuarentena efectiva, políticas de muestreo y seguimiento de casos, así como proveer de equipo suficiente y de calidad al personal de salud.

López Obrador afirmó esta semana que el objetivo de su Gobierno es que pese a que haya un mayor número de contagios, se salven vidas. Interpretándolo, el Presidente quiso decir que es más importante que quienes se enfermen se recuperen, lo que es correcto. Lo que es impreciso es cuando señaló que la estrategia de López-Gatell impidió que México fuera rebasado por la pandemia, porque se aplanó la curva y se evitó la saturación de las camas de hospital.

Haber atado la estrategia en ello, con el llamado inicial de López-Gatell a que las personas con síntomas no acudieran al hospital para evitar contagios y que sortearan la enfermedad en su casa, provocó en el arranque de la pandemia que 7 de cada 10 decesos se registraran fuera de las instituciones de salud.

Los números se han invertido, al igual que ese discurso, pero todavía hay instituciones públicas que rechazan a pacientes de Covid-19 para no elevar el porcentaje de camas ocupadas ante las presiones de autoridades, y se está forzando al personal médico que tuvo Covid, a reincorporarse a los 15 días de haber enfermado ante las carencias que se tienen.

Al Presidente le está contando una historia épica López-Gatell, que olvida el pronóstico de su consejero: el 4 de mayo iba a haber máximo 6 mil muertos; una semana después 30 mil, y como escenario “catastrófico”, 60 mil. Esta semana rebasamos los 100 mil muertos y seguirán subiendo.

Es muy tarde para que el Presidente lo despida, pero aún es tiempo para que se allegue de expertos que le ayuden a modular la política contra el coronavirus, sin que un aventurero decida por él, por su Gobierno y por el país. Pruebas de la incompetencia de López-Gatell existen en abundancia.
19 Noviembre 2020 04:07:00
Las cosas no han terminado
Aún no termina de reincorporarse el general Salvador Cienfuegos a su vida cotidiana en México, y ya brincan las dudas y preguntas: ¿qué negoció México en secreto con Estados Unidos para que se desistiera de las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa? ¿Irá a juicio? ¿Tendrá impunidad? ¿Encubrirá el Gobierno lo que en Washington consideraban el caso más importante que mostraría cómo la corrupción estaba enraizada en México? ¿Fue por esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconoció la victoria de Joe Biden? ¿Le hizo Donald Trump un último favor a López Obrador por los servicios prestados?

Todas entran en el terreno de las conjeturas por lo inédito del caso, pero no hubo negociación secreta porque a la jueza Carol Bagley Amon le pareció tan insólita la moción del Departamento de Justicia, que lo obligó a hacer público los acuerdos con México, aunque fuera del escrutinio público quedaron los argumentos mexicanos, más allá de la violación a la soberanía, que ahora sí reclamaron. Los detalles difundidos, sin embargo, son importantes al esbozar, por un lado, la amenaza mexicana de que se modificaría la cooperación en materia de seguridad si seguía el juicio, y por el otro, la posibilidad de que vuelvan a acusar al general Cienfuegos en Estados Unidos. Ello dependerá de que, como se comprometió México, lo investiguen y lo procesen.

La negociación comenzó antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, según fuentes diplomáticas mexicanas, y se fue construyendo hasta concluir, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 11 de noviembre, cuando el Departamento de Justicia envió el expediente del general que contiene 743 páginas –no se sabe si enviarán los anexos con la evidencia que dicen tener de “miles de mensajes” y llamadas telefónicas de narcotraficantes que inculpan a Cienfuegos- a la Fiscalía General que, como consecuencia, abrió una carpeta de investigación al exsecretario.

El acuerdo entre los dos gobiernos molestó en Estados Unidos, como se desprende de las informaciones en los medios de comunicación de ese país. Mike Vigil, que fue jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, le dijo a Los Angeles Times que nunca había visto en su vida una acción de esta naturaleza. “Se tiene a uno de los principales protectores del narcotráfico, la corrupción y la violencia en México, y lo van a patear al otro lado de la frontera, donde las posibilidades de que sea juzgado van de pocas a ninguna”, comentó. “Donald Trump recompensó a López Obrador por hacer las cosas que quería que hiciera”. The Wall Street Journal reflejó el desconcierto de agentes federales en Estados Unidos, que durante años trabajaron en la investigación que, decían, pintaba un retrato de la corrupción profundamente arraigada en las Fuerzas Armadas mexicanas.

Este es el punto delicado de lo que comenzó con la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles el 14 de octubre, y que no va a terminar: la certidumbre, por decenas de kilos de documentación y evidencias, que el Ejército mexicano ha protegido por años a los cárteles de la droga. La desconfianza con los militares es tan grande, que desde hace más de 10 años prefirieron trabajar con la Marina, a la que consideraban no estaba penetrada por el narcotráfico y que sus operaciones secretas podrían realizarlas sin filtraciones. Las principales acciones conjuntas contra el narcotráfico en México en todo este tiempo, donde han participado la DEA, la CIA o el Departamento de Alguaciles, han estado coordinadas con la Marina, como sucedió con la doble captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán o el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, el temido capo que encabezaba el cártel con el apellido de su familia.

Esa desconfianza fue la que llevó al Departamento de Justicia a no informar al Gobierno mexicano de la investigación contra el general Cienfuegos, hasta después de haber sido consumada, por el temor que lo protegieran y nunca lo extraditaran. Como se aprecia a través de la prensa estadunidense, los agentes que combaten al narcotráfico en Estados Unidos dudan que el exsecretario sea sometido a juicio y que sea declarado culpable, como sí sucedió con un Gran Jurado en Brooklyn en agosto del año pasado.

El recurso legal que tiene el Departamento de Justicia para acusarlo nuevamente difícilmente será utilizado con ese fin, pero con sus evidencias pueden ir construyendo otros casos contra militares y funcionarios mexicanos que tengan vínculos con el narcotráfico. En paralelo, como práctica recurrente en ese país durante décadas, existe la posibilidad de que detalles de la investigación vayan siendo filtradas a la prensa estadunidense, arrinconando al Gobierno de México mientras van creando climas de opinión favorables para nuevas acciones punitivas. Sin saberse si utilizarían esos recursos o no, la amenaza de aplicarlos estará viva.

El reto que tiene el Gobierno de México es que no se haga una investigación de pacotilla que sea calificada de encubrimiento, y que se puedan desahogar todas las pruebas. Para darle mayor credibilidad, tienen que participar la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, como ha sido en todas las investigaciones criminales que ha desarrollado el Gobierno lópezobradorista. Hasta este momento, el Gobierno mexicano no quiere investigar por su cuenta al general, y solo inició la investigación como parte del compromiso adquirido con el Departamento de Justicia.

En Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, le extendieron un cheque en blanco al Gobierno, pero tiene fecha de caducidad. Está obligado a hacer una investigación a fondo, como lo ofreció, y estar decidido a llegar, como dice López Obrador, hasta sus máximas consecuencias, aún si esto significara encarcelar a un exsecretario de la Defensa. No hay alternativas para el Presidente ni para las Fuerzas Armadas. Si no procesan en el marco de la ley el caso del general Cienfuegos, desde el norte, una vez más, vendrá el chaparrón.
18 Noviembre 2020 04:07:00
Cienfuegos, un tema de gobernabilidad
De manera inesperada, el proceso del general Salvador Cienfuegos en la Corte Federal de Brooklyn tomó un giro inesperado en la víspera de que, como estaba programado, el exsecretario de la Defensa tuviera este miércoles una nueva audiencia ante la jueza Carol Bagley Amon. El Departamento de Justicia informó a la Corte que se desistía de las acusaciones contra el militar, y que dejaría que la Fiscalía General, que abrió una investigación en México, realizara sus pesquisas por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y, si así fuera el caso, lo procesara. El general Cienfuegos viajará en breve a México escoltado por alguaciles estadunidenses, donde encontrará la libertad, ahora y para siempre.

El gran golpe diplomático mexicano fue alcanzado por la insistente gestión del canciller Marcelo Ebrard, ante el procurador general norteamericano William Barr, al entender lo que estaba sucediendo hacia el interior de las Fuerzas Armadas y el conflicto que estaba creciendo con el Gobierno civil. Desde un principio, el espíritu de cuerpo en la Secretaría de la Defensa salió a arropar al general Cienfuegos, y ante la presión interna que generales en activo y retirados hicieron sobre el secretario, el general Luis Cresencio Sandoval, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, actuar en forma fuerte a favor del Ejército. El general Sandoval tenía en ciernes una rebelión de los altos mandos del Ejército, que a su vez expresaban su molestia con el Presidente por lo que consideraban agresiones sistemáticas en su contra.

López Obrador, que había aceptado sin chistar la detención del general Cienfuegos, justificando incluso el derecho estadunidense de hacerlo sin informarles, escuchó los argumentos del general Sandoval, quien explicó, según funcionarios mexicanos, que más allá si el general Cienfuegos era culpable o no, la acción norteamericana era un insulto a la institución y, sobre todo, una violación de la soberanía. El Presidente entendió el mensaje e instruyó a Ebrard a enviar una nota de protesta al Departamento de Estado, pidiendo explicaciones de la detención sin haberles notificado. Tras la nota, dijeron funcionarios mexicanos, habló varias veces con Barr –con quien también habló el fiscal Alejandro Gertz Manero– y le comunicó que México estaba considerando medidas en represalia sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad, porque habían “destrozado el principio básico de toda cooperación, que es la confianza”.

El Departamento de Justicia cedió, y notificó a la jueza Amon que retiraba todos los cargos por importantes “consideraciones sensibles y de política exterior que rebasaban el interés en seguir el proceso contra el acusado”. La decisión en Washington, sin embargo, no significa que hayan dejado de pensar que el general sea culpable. En la petición a la jueza, el fiscal adjunto Seth DuCharme, y el jefe de la Sección de Narcotráfico Internacional y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, Allen Bode, afirmaron que la evidencia acumulada “es fuerte, y el acusado fue investigado, acusado y procesado, de manera consistente con los principios federales”. Es decir, para el Gobierno del presidente Donald Trump, el general Cienfuegos sí trabajó para el cártel de los Beltrán Leyva y sí recibió sobornos a cambio de protección de otros cárteles de la droga durante una década.

Un Gran Jurado en Brooklyn lo encontró culpable el 14 de agosto del año pasado por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, pero mantuvieron a oscuras al Gobierno mexicano hasta el día en que lo detuvieron el 15 de octubre en Los Angeles. La razón por la cual no informaron al Gobierno mexicano, dijeron funcionarios estadunidenses, era porque si lo comunicaban, temían que el Ejército lo arropara, y que si se pedía su extradición, moriría en el burocratismo deliberado. Es decir, el temor era la impunidad. Ayer decidieron que el costo de procesarlo era mayor que el beneficio, y los intereses estratégicos de largo plazo fueron más importantes que los coyunturales.

Sin embargo, esto no puede, ni debe, considerarse como una victoria del Gobierno mexicano, porque siguen en su poder “miles de mensajes” interceptados por la DEA en donde presuntamente se confirma la relación de militares y altos funcionarios del Gobierno con el narcotráfico. Entre los que tienen está la prueba reina para el Departamento de Justicia, una grabación del general Cienfuegos con quien era el jefe del cártel de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”.

El regreso del general Cienfuegos, que podría ser autorizada hoy mismo por la jueza Amon, le ayuda por un tiempo, al menos, al Ejército Mexicano, que presionando al presidente López Obrador obtuvo que las Fuerzas Armadas no fueran sentadas en el banquillo de los acusados en Brooklyn. El exsecretario no era el único militar bajo proceso, aunque él fuera el único detenido por ahora, sino que había otro número nunca determinado de militares que también iban a ser exhibidos como presuntos colaboradores del narcotráfico. Bajo la lógica de la investigación del Departamento de Justicia, toda una cadena de mandos en la costa del Pacífico, de Guerrero a Nayarit, estaban involucrados con los cárteles de la droga.

La decisión del Departamento de Justicia, provocó una enorme sorpresa no por lo inusual, sino lo insólito de la moción, que incluyó el que las autoridades estadunidenses no exigieran una garantía de que el general Cienfuegos sería procesado. El canciller Ebrard dijo que retomará la Fiscalía la investigación iniciada en Estados Unidos, pero ni en Washington ni en la Ciudad de México cabría la ingenuidad de que eso sucederá. ¿Qué pudo ser tan importante para el Departamento de Justicia para que el principal caso de narcotráfico en la historia de su lucha contra los cárteles y la corrupción en México fuera sobreseído? Fue la estabilidad y la gobernabilidad en México. La molestia era tanta en la Secretaría de la Defensa, que la tensión y la inconformidad con López Obrador iba creciendo. Había que pararlo. Y el Gobierno de Donald Trump entró al rescate.
17 Noviembre 2020 04:07:00
¿Tiene algo el Presidente?
Algo está pasando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se sabe qué es, pero que en algunos funcionarios federales está comenzando a generar preocupación. Lo notan alejado y distraído de los temas fundamentales, no solo en las mañaneras, donde lanza distractores todo el tiempo para evitar hablar de lo importante, sino en las reuniones internas y en los planteamientos que formula a su equipo.

Las reuniones de Gabinete por las mañanas en Palacio Nacional han servido como un termómetro interno de por dónde anda la cabeza del Presidente, y en dónde están sus prioridades. Y la verdad, según se desprende de comentarios de sus colaboradores, no se entiende su lógica ni cómo funciona su mente.

Por ejemplo, en medio de la crisis de violencia, las inundaciones en Tabasco, la violencia, el rebrote de la pandemia del coronavirus y el debate doméstico e internacional por el apoyo implícito al presidente Donald Trump de que hubo fraude en las elecciones en Estados Unidos, López Obrador sorprendió en las reuniones de Gabinete con un tema completamente fuera de agenda: el conflicto por tierras entre las comunidades de los municipios chiapanecos de Chenalhó y Aldama. Lleva semanas el Presidente enfocando su prioridad en ese conflicto, que ciertamente es histórico, y que se agudizó hace cuatro años –dos antes de que llegara a poder–.

Hace casi dos meses le dedicó tiempo en la mañanera, con un exhorto a todas las partes a que se construya un acuerdo de paz y reconciliación, pero no ha dejado de abordarlo en la reunión del Gabinete como el tema número uno entre sus preocupaciones.

No es un tema menor, al haber provocado el desplazamiento de casi 200 personas y la muerte de al menos 24 personas en todo el periodo del agudizamiento del conflicto por 60 hectáreas de tierra, pero en el contexto de las múltiples crisis que enfrenta su Gobierno, es un problema de orden estatal, no federal.

Causa extrañeza la inclinación hacia un tema focalizado y bien diagnosticado por encima de otros de orden e impacto nacional, y su desdén por estos últimos. En este sentido, no dejó de sorprender que entre sus prioridades en Tabasco figurara pasar en familia, en su rancho, su cumpleaños, y no sumergirse completamente en la tragedia de sus paisanos.

La revisión de los trabajos que se estaban haciendo tras el desastre que hizo su Gobierno en la presa Peñitas, en cambio, lo trató el Presidente a distancia. Este fin de semana se pudo apreciar en las imágenes de su recorrido, cómo lo hizo lejos de la gente, blindado por militares y su equipo de seguridad, lejos de las protestas y los insultos de los tabasqueños porque se sienten traicionados.

En el recorrido que hizo en un helicóptero de la Marina, grabó un mensaje que se inscribe en el contexto de lo incierto e inesperado que están resultando para algunos en el Gobierno sus acciones y declaraciones, al reconocer que su Gobierno inundó deliberadamente las comunidades chontales, las más pobres de Tabasco, para no inundar Villahermosa, contradiciéndose a lo dicho el 8 de noviembre, cuando ante una pregunta de la prensa sobre esa disposición, dijo que eran “rumores” y “desinformación”, y a su afirmación de la semana pasada cuando explicó la tragedia como un error de cálculo porque llovió más de lo esperado. Si ahora resulta que fue deliberado, podrían incluso formularse acusaciones de homicidio culposo contra quien resultara responsable dentro del Gobierno federal.

La discordancia que muestra el Presidente de manera frecuente, ayuda a entender algunas declaraciones extraordinarias en el pasado, como que la imprenta se había descubierto en México hace 10 mil años, cuando su inventor fue Johann Gutenberg hace 580 años, o que también, para entonces, había cultura en México –de hecho la más vieja, la Olmeca tiene solo 3 mil 200 años de antigüedad– y universidades –la primera, la Real y Pontificia, se fundó en 1553–.

La semana pasada confundió a Leo Zuckerman, columnista de Excélsior y compañero en Foro TV y Televisa, con John Ackerman, el propagandista más visible del régimen, y esposo de la secretaria de la Función Pública.

Las desviaciones que ha mostrado el Presidente con mayor frecuencia en estas últimas semanas, van más allá de sus filias y fobias. Empiezan a conformar un patrón de conducta que, como no mantiene la boca cerrada, le salen a borbotones las contradicciones.

La más grave, por lo que significa hacia el interior del Estado mexicano, fue sobre la captura del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa. Primero justificó que no le hubiera informado el Gobierno de Estados Unidos porque estaban en su derecho de no hacerlo, y después mandó al canciller Marcelo Ebrard, por presiones del Ejército, a expresar su “profundo descontento” por no compartir información sobre las acciones judiciales en contra del militar.

La extraña mecánica de la mente del Presidente lleva a pensar si esta es la razón por la que incumple compromisos adquiridos formalmente, como se queja el Consejo Coordinador Empresarial que faltó al acuerdo de ir a parlamento abierto para revisar el tema del outsourcing, o de la forma como viola los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá en el sector energético.

O también si por eso engaña, como sucedió con su enlace con el sector privado, Alfonso Romo, cuando le dijo que la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco saldría a favor de su construcción, y resultó que después de comentarlo con inversionistas, fue lo contrario.

La pérdida de contacto que tiene con la realidad, en función de su selección de prioridades, se hace cada vez más patente entre varios de sus colaboradores, lo que tiene necesariamente consecuencias en la vida pública. López Obrador es Presidente de México y lo que haga o deje de hacer, afecta a sus 130 millones de gobernados.
13 Noviembre 2020 04:09:00
La acusación contra Peña Nieto
El fiscal general Alejandro Gertz Manero se está dando un festín. La negociación con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que se inició desde Madrid para que alcanzara el criterio de oportunidad a cambio de denunciar a sus jefes, lo ha venido acomodando a su beneficio.

Quién sabe si podrá judicializar todo lo que acordaron que declaró Lozoya el 11 de agosto pasado, pero políticamente es una mina para mostrar que las imputaciones contra altos funcionarios de la anterior Administración y políticos tienen cuerpo, y que el jurado popular dicte sentencia. En este momento, cae sobre terreno fértil, porque su acusación de cohecho, delito electoral y traición a la patria contra Enrique Peña Nieto, entra suavemente en el imaginario colectivo que ha linchado al expresidente desde hace seis años.

La acusación contra Peña Nieto está explicada por la Fiscalía como una “ayuda” que le dio el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, para que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018 –el periodo completo de su sexenio–, “recibiera indebidamente por interpósitas personas” casi 6 millones de dólares, además de 84 millones de pesos, depositados en una cuenta radicada en el Principado de Liechtenstein –un paraíso fiscal en Europa– o entregados en efectivo por parte de la empresa brasileña Odebrecht y su filial petroquímica Braskem.

La Fiscalía asegura que ese soborno fue para que Odebrecht fuera beneficiada en la adjudicación del contrato para acondicionar y conformar plataformas en la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, y dar continuidad al Proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos.

El primero data del 15 de febrero de 2014, y el segundo del 19 de febrero de 2010. Los dos contratos fueron dados a conocer por Pemex, cuando José Antonio González Anaya, quien sustituyó a Lozoya, ordenó una investigación en diciembre de 2016 realizada conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, tras lo cual presentó un mes después una denuncia de hechos en la entonces Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción.

González Anaya alertó a las autoridades, pero la dupla Gertz Manero-Lozoya reformuló la imputación, cambiando de personajes. Ya no fue Lozoya quien recibió sobornos, sino Peña Nieto, quien también se comprometió, según la Fiscalía, a intervenir para que diputados del PRI y de la oposición en el Pacto por México, aprobaran la Reforma Energética. Para el contexto, la iniciativa del PRI la había propuesto el PAN desde el Gobierno de Felipe Calderón, y el PRD votó
en contra.

La Fiscalía General detalla que los depósitos de Odebrecht se hicieron a través de Lozoya, que enviaba el dinero a una cuenta en Suiza de Latin America Asia Capital Holding (LAACH). La Fiscalía General no pudo probar ese dicho porque, según el exdirector de Pemex, al entrar el nuevo Gobierno desactivaron sus correos.

Es muy conveniente esta justificación, pero los expertos saben que siempre existe una huella y que aunque se desactivaran, incluso borraran, se pueden recuperar. Sin embargo, decir esto, o haber incluso intentado recuperarlos, podría arrojar inconsistencias en la acusación.

Las inconsistencias abundan en la acusación. Según los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht, acusados de corromper a funcionarios en 11 países, los pagos que hizo su Departamento de Operaciones Estructuradas a Lozoya, no fueron a su cuenta directa, sino a la de LAACH, donde su madre, su hermana y su esposa tienen el 90% de las acciones, y Fabiola Tapia, que ya murió, hermana de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia, con quien los brasileños trabajaron en Tula, tenía 10 por ciento.

Como se ha detallado en esta columna, los ejecutivos de Odebrecht han afirmado ante la Fiscalía brasileña que no inyectaron recursos en la campaña presidencial de Peña Nieto, y que a la única persona que le dieron sobornos fue a Lozoya.

Los sobornos que recibió Lozoya, de acuerdo con los brasileños, fueron por 10.5 millones de dólares, cifra equivalente a unos 105 millones de pesos, al tipo de cambio de 2013. Si se revisan los montos que Gertz Manero asegura recibió Peña Nieto de sobornos, suman alrededor de 144 millones de pesos.

Con este monto, Lozoya no solo queda liberado ante los ojos de la Fiscalía General de cualquier soborno, que le transfirió al expresidente, sino que le añadió más dinero a la acusación de corrupción que no se sabe de dónde salió.

Al igual que con el dicho de que la empresa de su familia –de donde hay pruebas que se giraron depósitos desde Suiza a su cuenta personal– solo sirvió para transferir dinero al expresidente, la forma tan simple como arma la ingeniería financiera corrupta, únicamente es superada por la forma inverosímil como el fiscal construye su acusación contra Peña Nieto y Videgaray.

Otra de las inconsistencias es que la Fiscalía General solo menciona a Braskem, pero omite de su acusación a Idesa, con la cual se fusionó para buscar esos dos contratos, con las mismas obligaciones y responsabilidades.

La razón visible es que Idesa es propiedad de la familia política del exsecretario de Comunicaciones lópezobradorista, Javier Jiménez Espriú, que era consejero de Braskem-Idesa cuando obtuvieron los contratos. Nada que toque al régimen actual se incluye en la imputación de Lozoya y menos aún, en la denuncia de Gertz Manero.

La acusación de la Fiscalía, como la declaración de Lozoya, está llena de agujeros, por lo que tendrán que esforzarse más si quieren armar judicialmente un caso sólido. Sin embargo, lo importante no parece ser el apegarse a la ley, sino manejarla políticamente. Pero ganando el régimen acusando a Peña Nieto de corrupto, pierde México. Podría no ser culpable en el caso Odebrecht, pero eso no quiere decir que sea inocente de otros probables delitos que al no investigarlos, acusándolo de uno sin futuro legal hasta ahora, podrían garantizarle impunidad. Bonita justicia de marras la que
tenemos.
12 Noviembre 2020 04:08:00
López Obrador y el rol de los medios
Un día sí y el otro también, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremete contra los medios de comunicación. Algunos son sus clientes, como Reforma y El Universal, a quienes llama “pasquines inmundos”. Tiene clientes frecuentes como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, los historiadores que escriben artículos periodísticos, a quienes denomina “intelectuales orgánicos” y como jefes de una gran conspiración conservadora contra él. López Obrador ha dicho varias veces que ya nadie ve periódicos ni le hace caso a quienes escriben en la prensa, aunque invierte demasiado tiempo en ese gremio que, paradójicamente, le impone en más del 70% de las veces la agenda. Dueño de la conversación, el Presidente no controla la temática de lo más importante y trascendente.

El litigio de López Obrador con medios, periodistas e intelectuales no es nuevo, pero se reaviva cada vez que las cosas se le complican. Hace unos días, como señal de lo que será probablemente una nueva línea en su narrativa, sugirió que las cadenas de televisión en Estados Unidos habían censurado un discurso del presidente Donald Trump. Este tema es de mayor debate en el mundo que en Estados Unidos, lo que podría parecer extraño, aunque se puede argumentar que lo que hicieron las cadenas, en su contexto y en su historia en la relación con Trump, es mucho más normal de lo que nos parece a muchos fuera de ese país.

Precisamente este fue uno de los temas abordados anoche en el programa Tercer Grado, en donde aunque con puntos de vista diferentes sobre los enfoques y las motivaciones de las cadenas de televisión, el consenso fue que, en efecto, Trump dice muchas mentiras. La responsabilidad primaria que tienen los medios –en el caso de Estados Unidos subrayada en el código de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales-, es informar la verdad. Los medios no tienen la verdad absoluta, pero su trabajo es recuperar el mayor número de las verdades que hay sobre un todo, para poder aproximarse a lo que es real. Incluye contrastes, contextos y antecedentes, pero sobre todo, que los dichos y los datos estén sustentados.

Entonces, si la responsabilidad primaria es reportar la verdad, el discurso de Trump que fue cortado por todas las cadenas de televisión salvo CNN y Fox News se debió a que su dicho carecía de sustento –que había existido un fraude electoral- y que lejos de informar, desinformaba. Si violaba el principio de informar verdades y alteraba la responsabilidad social que tienen los medios, no solo en Estados Unidos sino en el mundo, la palabra “censurar” puede que no esté bien aplicada por quien etiqueta de esa forma la acción que tomaron. Pero hay algo adicional que es fundamental: la desinformación es lo que alimenta la polarización.

Es una contradicción cuestionar la decisión de las cadenas de televisión y criticarlas, y al mismo tiempo alarmarse de la polarización. Si las mentiras y la desinformación polarizan, dividen y enfrentan a una sociedad, ¿está bien que se abran los micrófonos, las pantallas y se escriban litros de tinta sobre la desinformación? ¿Cuál es entonces el papel de los medios de comunicación? Los medios filtran y procesan la información, prácticas que no significan censura ni falta de balance en la información. Procuran darle un sentido a los dichos de las figuras públicas, en particular los gobernantes, y establecer mecanismos de rendición de cuentas a partir de la corroboración y del contraste, otorgando de esa forma el peso específico a lo que digan y hagan, y trascendencia a sus actos. Esto requiere de un abordaje crítico a la información y con memoria histórica, que suele confrontarlos con sus interlocutores en los medios.

Esto es lo que pasa constantemente con el presidente López Obrador, a quien le da urticaria la crítica y ataca a quien coloca un espejo frente a él. Como Trump, López Obrador suele mentir. Nunca los medios lo censuraron ni le negaron espacios; durante los últimos 20 años ha sido el político más codiciado para entrevistas, y era él quien los censuraba al igual que a periodistas, por razones personales o ideológicas. Es, con seguridad, el político que más impacto ha tenido en los medios por la simple razón que lleva más de dos décadas de protagonista central, sin nacer y morir sexenalmente. A esto se debe que desde hace más de una década su nivel de conocimiento nacional supere el 90 por ciento.

Tampoco es el más criticado, como asegura. Al contrario, es el Presidente mejor tratado en la joven democracia mexicana, si se analiza el número de horas de exposición ante los medios frente al número de cuestionamientos a su gestión. Es natural que cuantitativamente existan más críticas en los medios, si durante un promedio de dos horas diarias –ayer fueron más de tres- habla de infinidad de cosas donde no es experto e improvisa. 

Sus ataques a medios y periodistas están relacionados con el contrapeso que le hacen. No dejan que haga afirmaciones arbitrarias sin que lo contrasten -¿se acuerdan cuando apostaba públicamente que México crecería al 2% en 2019?-, o lo confronten con datos que desmienten su palabra –como la inseguridad-, o lo critiquen por su irresponsabilidad sanitaria –por más religioso que sea, un detente no aniquila la Covid-19-, y que todos los días se pasen por ácido las acciones y decisiones del Gobierno. 

Ese es el papel de los medios aquí y en todas las sociedades democráticas, combatir la desinformación, alimento de la polarización. Y eso es lo que no le gusta y a lo que se rebela lanzando lengüetazos de fuego contra medios y personas. Como Trump, López Obrador respira mejor en sociedades rotas por su utilidad electoral. Como a Trump, no le importa el país, sino él mismo. Son iguales, y a sus espejos, que son sus enemigos, tratan de romperlos. 
11 Noviembre 2020 04:07:00
¿Censura o responsabilidad?
El presidente Andrés Manuel López Obrador se metió en un terreno donde su interés tiene pies. Sugirió con sorna desafiante, que la televisión en Estados Unidos había censurado al presidente Donald Trump al interrumpir un mensaje tras las elecciones. En efecto, las principales cadenas del país, ABC News, CBS News, CNBC, MSNBC, NBC News y la empresa pública National Public Radio, dejaron de transmitir el viernes el mensaje de Trump, quien afirmaba, sin base alguna, que le habían robado la elección mediante un proceso electoral corrupto. Esta decisión, que subrayó López Obrador poniéndose del lado de Trump, enfrentó a las televisoras con un dilema: censurar al Presidente o no, en un momento en que estaba rompiendo las normas democráticas.

Los diferentes conductores lo explicaron a sus audiencias. Brian Williams, de MSNBC, lo justificó porque “no estaba sustentado en la realidad y, en este momento, para nuestro país, es peligroso”. Shepard Smith, de CNBC, señaló que “estamos interrumpiendo esto porque lo que el Presidente nos está diciendo es en su gran parte absolutamente falso”. El reportero de ABC News, Jon Karl, dijo al aire: “simplemente no hay ninguna evidencia presentada de que existan los votos ilegales que él está diciendo, y su acusación no se sostiene en absoluto”. Al día siguiente, The Washington Post publicó dos análisis en su primera plana bajo los titulares Falsedad tras falsedad y Un discurso de histórica deshonestidad.

López Obrador, que suele estar increíblemente desinformado, dijo que quitarle voz a Trump nunca había sucedido. Pero el 10 de marzo las cadenas habían bloqueado el audio cada vez que Trump, el Presidente más vulgar en la historia de Estados Unidos, decía “mierda” o “coño”, digitalizando su boca cuando decía “fuck”. El 23 de marzo, todas las cadenas de televisión, salvo Fox News, suspendieron la transmisión de una conferencia sobre el coronavirus cuando Trump comenzó a descalificar al equipo de expertos de la Casa Blanca y a pedir que la gente saliera a las calles, contraviniendo la indicación de sus asesores de distanciamiento social. Y en mayo, ABC, CBS, CNN, MSNBC y PBS se negaron a transmitir un spot de Trump, donde la frase “fake news” aparecía sobre las imágenes de varios periodistas.

Los medios en Estados Unidos discutieron previo a las elecciones qué harían en caso de que Trump se proclamara ganador la misma noche de las elecciones, aunque hubiera perdido, y llamara a la movilización para enfrentar el fraude. No tenían claro lo que harían, como tampoco calculaban el clima de polarización que se iba a dar. El dilema periodístico sobre qué hacer con Trump, tiene un sustento, el Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales de Estados Unidos, que en su primer inciso pide que se busque la verdad y que la registren, mediante un trabajo certero y justo, honesto y valiente en la recopilación, reporteo e interpretación de la información. Justamente eso hicieron con las declaraciones de Trump.

No eran verdades ni aportaba pruebas de sus dichos. Eran falsedades que calentaban la cabeza a los millones de votantes que sufragaron por él. Hay un precedente de 1969, cuando la Suprema Corte de Justicia decidió sobre el caso Bradenburg vs. Ohio, un fallo de la Corte de Ohio en contra de Clarence Brandenburg, un líder del Ku Klux Klan que había sido sentenciado por favorecer “el crimen, el sabotaje, la violencia o métodos ilegales de terrorismo como medios de lograr una reforma política”. El juez William J. Brennan dictaminó que la Corte de Ohio había violado la libertad de expresión de Brandenburg, porque solo se podría prohibir ese derecho si “está dirigido a incitar o producir una acción ilegal inminente”. Las acciones de Trump incitaban a sus seguidores a violar la ley, como se probó cuando quisieron irrumpir en los centros de cómputo en Arizona y Michigan, donde la policía los frenó, o en la crisis en el Departamento de Justicia, tras las renuncias de funcionarios electorales, luego de que el procurador William Barr ordenara que investigaran supuestas votaciones fraudulentas.

Las declaraciones de Trump rebasaron todos los límites, y como describió el juez Wendell Oliver Holmes en un dictamen de 1919, “la más poderosa protección de la libertad de expresión no protegería a un hombre que falsamente grita fuego en un cine y causa pánico”. López Obrador no tomó en cuenta estos antecedentes, ni tampoco habló de cómo Trump ha censurado a medios y periodistas y diseminado tantas falsedades en las redes sociales que Twitter y Facebook tuvieron que etiquetar sus mensajes advirtiendo que no eran afirmaciones comprobables.

Políticamente se entiende a López Obrador. Él no ve a Trump, sino a sí mismo. Según Luis Estrada, director de SPIN, ha dicho más mentiras que Trump –siete promedio al día-, y usa las mañaneras para difamar, insultar e incitar linchamientos. Repite que respeta la libertad de expresión, pero lo que comete es previa censura, mediante la intimidación, prohibida por la Constitución de la Ciudad de México. Pero no tiene de qué preocuparse. En Estados Unidos los medios pueden actuar con toda responsabilidad ante un autócrata porque existen instituciones. Aquí no. Se puede manejar con impunidad y abuso del poder, porque tiene todos los recursos del Estado a su servicio para amenazar y reprimir sin contrapesos, porque ni el Congreso ni la Corte están en la defensa de la
democracia.
10 Noviembre 2020 04:09:00
La extrema derecha con AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó solo y nadie en su equipo de asesores en política estadunidense está de acuerdo en no felicitar a Joe Bidan, presidente electo de Estados Unidos. Al final, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cambió su posición y desde el domingo la matizó, anticipando que tendrían una buena relación económica con el presidente electo. El lunes fue más allá, y trató en el gabinete de seguridad en Palacio Nacional que López Obrador rectificara. No fue así. Asumió una posición principista, que abundó en la mañanera, resaltando, para que nadie adentro o afuera de su Gobierno tuviera duda, que es facultad suya, como jefe del Ejecutivo, haber actuado como lo hizo.

López Obrador jugó semánticamente para justificar por qué en el caso de Bolivia se pronunció casi de inmediato a favor de Evo Morales –que terminó fuera del poder y autoexiliado-, al igual que en el caso de Alberto Fernández, a quien saludó antes de que terminara el proceso en Argentina. También omitió que el presidente Donald Trump lo felicitó la misma noche en que ganó la elección, con solo los datos del PREP y el conteo rápido, a 72 horas de iniciar el cómputo de votos. Los malabares del Presidente, por maniqueos y mentirosos, son lamentables.

Su posición fue registrada en el mundo, donde los medios resaltan la contención de López Obrador a la par de los autócratas del mundo, y subrayan el contexto de la forma como desarrolló una relación fraternal con Trump. De todo ese grupo de líderes de mano dura, es al único al que le atribuyeron como una explicación, la cercanía con el jefe de la Casa Blanca. Alinearlo con ese grupo de presidentes despóticos debió haber preocupado a la Cancillería mexicana, que desde el domingo estuvo filtrando a medios que la razón del no reconocimiento fue para evitar que Trump tomara represalias en el tiempo que le queda al frente del Gobierno. Era, quedó claro, una chapuza para controlar los daños.

La mañanera del lunes fue muy reveladora de López Obrador, que suda rencores, quien volvió a contextualizar su negativa al reconocimiento de Biden, con el reconocimiento que tuvo Felipe Calderón desde el mismo domingo, que con el conteo rápido y el PREP, había ganado la elección, sugiriendo que había sido producto de un fraude. El cómputo de los votos ratificó la victoria de Calderón y López Obrador nunca pudo documentar el fraude, pero se fue a la calle para presionar a los órganos electorales. Igual que hoy hace Trump.

López Obrador, por sus pronunciamientos, asume una posición principista sobre la autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en los asuntos internos de otras naciones, pero esa Doctrina Estrada la usa a contentillo, como se vio en el caso de Morales, o su reacción inmediata cuando se ha tratado de defender al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El doble discurso del Presidente es lo que hace vulnerable su posición frente a los hechos en Estados Unidos, donde revela más la hipocresía y la molestia por la derrota de Trump, en términos personales, que allanar los caminos para poder tener una buena relación personal con Biden e institucional para el país. 

Su confusión sobre qué es más importante, él o la nación, revela también algo que quizá él no se ha dado cuenta, que es el tener un perfil muy similar, si no idéntico, al demográfico de las clientelas electorales de Trump: es profundamente religioso, socialmente conservador, con una educación limitada  y habita en la realidad alterna. No se necesita pensar hipotéticamente que si López Obrador hubiera podido votar en Estados Unidos lo habría hecho por Trump, porque en la práctica, desde la campaña presidencial, en la cual irrumpió con su visita a la Casa Blanca –eso no fue intromisión para él en asuntos internos de otra nación-, así lo hizo. 

Toda su indigna genuflexión ante Trump, le permitió al republicano afirmar ante su electorado que había cumplido con sus promesas de campaña –en migración y el muro-, importándole más a López Obrador que no lo maltratara en sus discursos, sin importar que nos pisoteara a los mexicanos. Es su egocentrismo, por encima de su responsabilidad como jefe del Estado mexicano, y la posición que mantiene se acerca a la que está defendiendo la extrema derecha en Estados Unidos, lista para impugnar en tribunales los resultados de la elección –sin existir evidencia alguna de fraude-, y sin importar el daño institucional que está haciendo a esa nación.

Líderes de opinión en ese país están utilizando la posición de López Obrador desde un punto de vista político-electoral, como si fuera el reflejo de lo que se piensa en el mundo. Laura Ingraham, cuya carrera como comentarista en Fox News ha estado vinculada a Trump, señaló en su cuenta de Twitter la indisposición del Presidente de México a felicitar a Biden, citándolo: “esperaré a que el proceso electoral termine”. En otras palabras, es exactamente lo que ha dicho Trump y sus abogados, que al haber sido fraudulenta la elección, impugnarán los resultados. López Obrador se montó en ese vagón del ferrocarril trumpiano y cree que hubo fraude en la elección estadunidense.

No es un tema de principios, dadas las contradicciones y discrecionalidad de cómo los aplica de manera forzada, y en dónde los ignora. Breitbar News, el portal que alimentó la guerra de mentiras durante la elección presidencial de 2016 y fue una plataforma de Trump, también se montó en López Obrador para resaltar su afirmación que era “imprudente felicitar a Biden”. La extrema derecha está utilizando a López Obrador para sus fines sin que el tabasqueño repare en la manipulación que hacen de él. No lo va a hacer. Piensa como ellos y actúa como ellos. Trump resultó no ser solo el monstruo que creía, sino su alter ego.
09 Noviembre 2020 04:09:00
El trumpismo de López Obrador
Quién sí y quién no felicitó a Joe Biden por derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales, se convirtió mundialmente en un juego de espejos entre quienes celebraron el triunfo del demócrata y quienes lo lamentaron, en una división que fue más allá de ideología –como subraya el saludo del presidente Nicolás Maduro al Presidente electo–, y se volvió en un juego geoestratégico.

Los europeos, con quienes Trump se enfrentó, lo celebraron rápidamente, sin olvidar que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien peleó de manera regular, fue el primero en hacerlo. Los autócratas guardaron silencio.

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que jugó con Trump todo el tiempo, tardó 12 horas en reconocer la victoria de Biden, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregado a él, en lugar de entender con el cálculo político del israelí la nueva realidad, salió con una gracejada.

“Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno”, dijo López Obrador. “Queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos”.

El Presidente cometió con esto un error fundamental: en Estados Unidos, a diferencia de México, no hay una autoridad electoral central que dé resultados definitivos. Los medios de comunicación no cantaron la victoria mediante encuestas de salida, sino a partir de la información del cómputo en cada estado.

La información era oficial, y las impugnaciones, por lo que se desprende, no serían suficientes para cambiar el rumbo de la elección. Los medios estadunidenses señalaban desde el sábado por la noche que en la Casa Blanca estaban analizando si había suficiente evidencia para poder ir a tribunales y revertir el resultado del voto, ante el riesgo de que Trump terminara como un perdedor ardido y liquidara el resto de su herencia política. Funcionarios mexicanos revelaron que López Obrador había sido informado en las vísperas que la elección iba a ser cerrada y que, en caso de perder, Trump no reconocería su derrota.

Es decir, su negativa a reconocer la victoria de Biden no fue elaborada el mismo sábado. Los diferentes escenarios sobre los resultados de la elección fueron planteados durante la semana en Palacio Nacional, y la razón por la cual se demoró tanto en darla a conocer, de acuerdo con la información proporcionada por los funcionarios, tendría que ver con el debate interno donde se partieron las opiniones de los principales asesores de López Obrador en política norteamericana.

Por un lado estaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien de acuerdo con lo que ha trascendido de Palacio Nacional, hizo fuertes alegatos a favor de que si ganaba Biden, el Presidente no debía felicitarlo hasta que terminaran todos los procesos judiciales.

Por el otro lado se encontraban el coordinador de asesores de López Obrador, Lázaro Cárdenas, quien vivió una larga temporada en Washington y conoce la forma como funciona la política en ese país, y la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, que opinaban lo contrario. La discusión se prolongó hasta el sábado y perdieron Cárdenas y Bárcena, imponiéndose Ebrard.

López Obrador le hizo caso a quien menos entiende de política estadunidense, quien extrapoló incorrectamente la forma como opera el sistema electoral en esa nación, a México. Adicionalmente, el fraseo de la declaración fue desafortunado.
La manera como se redactó sugiere que hubo irregularidades que podrían hacer de esta elección un proceso fraudulento, que es exactamente lo mismo que alega Trump, y que los líderes que felicitaron a Biden fueron imprudentes, oportunistas e irrespetaron los asuntos internos de Estados Unidos. Nadie en el mundo piensa así.

La declaración no solo rompió un plato, sino toda la vajilla. En su error, Ebrard llevó al Presidente a cometer el suyo, y lo colocó en el lado de los autócratas del mundo. Sin imitar su retórica, López Obrador se puso en la trinchera del Primer Ministro derechista de Eslovenia, Janez Jansa, que dijo que estaba claro que Trump había ganado la elección.

Su posición acompañó a la de los autócratas Vladimir Putin de Rusia, Xi Jingpin de China, Jair Bolsonaro de Brasil y Recip Erdogan de Turquía, difícilmente las mejores compañías para quien se dice demócrata.

El trumpismo de López Obrador, alimentado por Ebrard, nubló la inteligencia. El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dio una muestra de ella, y sin felicitar a Biden, reconoció su victoria y confió en tener una relación “constructiva” con él. Aliados de López Obrador en América Latina actuaron de manera clara, tendiendo puentes para lo que viene, como Alberto Fernández de Argentina, y Luis Lacalle de Uruguay.

No se necesitaba tener un sofisticado pensamiento estratégico; solo sentido común. La Cancillería no procesó correctamente la información que tenía sobre las elecciones, al decir por la posición trumpista de Ebrard en Palacio Nacional, ni realizó un análisis acertado de las consecuencias de que el principal socio comercial de Estados Unidos, optara de manera ignomiosa meterse en la trinchera de un Presidente que está siendo criticado acremente en su país, incluso por republicanos prominentes, por desconocer el resultado de las elecciones que, de acuerdo con todos salvo los trumpistas, se desarrollaron correctamente y dentro de los parámetros de la legalidad.

Se desconoce si este error político-diplomático tendrá consecuencias. Se puede argumentar que en la relación bilateral no, aunque sufrirá cambios –de lo que se hablará en otra columna–, pero no se puede saber si personalmente habrá algún efecto.

En todo caso, López Obrador dejó claro que su corazón y su cabeza está con Trump, un autócrata que dividió a su país, lo polarizó, lo enfrentó y lo sigue tratando de destruir. Esto no será fácil de digerir en Washington.
06 Noviembre 2020 04:07:00
El traidor de la Patria
Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, se fue con toda su furia emocional en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien acusó de “traidor a la Patria” por su presunto uso de dinero de una empresa extranjera para financiar la campaña presidencial.

Ayer se mostraron en este espacio las debilidades y falsedades en la acusación de Gertz Manero, a quien Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, quien le inyecta combustible a su temperamento, le ha ocultado un episodio que muestra quién realmente traicionó a la Nación, donde el fiscal, ignorante de esto, es su cómplice involuntario.

Todo se remonta al 3 de diciembre de 2012, en vísperas de que Lozoya asumiera formalmente la Dirección General de Pemex, y cuatro días después de que apareció en la presentación formal del Gabinete legal y ampliado del presidente Enrique Peña Nieto.

Ese día se firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Suministro de Etano, entre Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Braskem Idesa, una empresa formada por la filial de Odebrecht, y la compañía propiedad de la familia política del primer secretario de Comunicaciones en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier Jiménez Espriú.

Ese día Pemex, con el aval de su director entrante Lozoya, modificó lo que se le llama la “cláusula de inmunidad”, que le daba ventaja jurídica a la petrolera mexicana en cualquier diferendo jurídico con Braskem Idesa, y mediante el cual la podrían mantener de rehén, como ha sucedido desde hace casi seis años, por incumplir con el suministro de gas natural al complejo petroquímico Etileno 21, que hasta 2019, representaba 3 mil millones de pesos en penalizaciones. La cancelación de esa cláusula dejó vulnerable a Pemex y benefició a la empresa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado varias veces de que ese contrato es “leonino”, y ha querido modificar los términos del contrato, sin éxito hasta ahora. López Obrador no trae buena puntería y Gertz Manero no lo ayuda.

No se puede modificar el Convenio por los candados que tiene en el capítulo de Solución de Controversias, que es lo que tendría que estarse desanudando, y que se cambió, muy raramente cuatro años después de haberse firmado el contrato, y muy extrañamente como primer acto autorizado por Lozoya.

El inciso clave del Convenio es el 12.6, “sobre la Inmunidad”, donde Pemex “expresamente renuncia, de manera irrevocable con relación a sí mismo y a sus activos, a cualquier derecho de inmunidad que tenga ahora o en el futuro”.

De esa forma, el Pemex de Lozoya se entregó a Braskem Idesa, que buscó esa modificación ante los problemas que estaba teniendo en los tres años previos con el suministro de gas, y entendiendo que, sin esa modificación, no podía poner de rodillas al Gobierno mexicano. El contrato, en el momento en el que se suscribió el 19 de febrero de 2010, tenía sentido.

La idea original había surgido en el Gobierno de Vicente Fox ante los excedentes de etano. Hasta ese entonces el etano, que sirve para la petroquímica, se incorporaba en las ventas de gas metano, que no sirve para la petroquímica, porque no había tecnología para separarlo del petróleo.

La planta petroquímica Proyecto Etileno 21 fue diseñada para ello, por lo que se construyó una fórmula de precio que establecía el máximo de precio al gas entregado en la petroquímica de Mont Belviu en Texas, menos el costo del transporte.

Era un buen negocio para Pemex en ese entonces, ante los excedentes de etano, que rápidamente fueron siendo chupados por Braskem Idesa. No mucho después de la firma del contrato, el gas, que Pemex se había comprometido a entregar, comenzó a escasear, con lo que la fórmula del precio explotó.

Para que pudiera seguir operando la planta se comenzó a importar etano, con lo cual la arquitectura del contrato orientada hacia la exportación perdió su costo de oportunidad porque se empezó a importar el etano, más lo que costaba el transporte.

El contrato se convirtió en “leonino”, como califica ahora López Obrador, por lo que el sucesor de Lozoya en Pemex, José Antonio González Anaya, al enfrentar el alto consumo del gas etano, que no había más en México, y la caída en los precios de petróleo, comenzó una larga negociación con Braskem Idesa para modificar la fórmula del precio.

La empresa que operaba Etileno 21 se resistió a modificarlo, y después de la elección presidencial de 2018, rompió las negociaciones con Pemex y dijo que ya no hablarían más con la Administración de González Anaya, y esperarían a negociar con el Gobierno entrante.

El nuevo Gobierno de López Obrador tampoco se arregló con la empresa, y han tenido que vender más gas etano a Braskem Idesa de lo que le dio el Gobierno de Peña Nieto para limitar el monto de las penalizaciones. Pero el problema sigue siendo el mismo, la falta del producto, lo que llevó a interrumpir los suministros acordados en el contrato.

El modelo del contrato se le conoce en la industria como “take or pay”, que es normal en los suministros de largo plazo asociados con inversiones en infraestructura, como es Etileno 21, mientras que Pemex tiene que entregar el gas o pagar.

El Gobierno de López Obrador está atrapado por Braskem Idesa, pero no por el contrato en sí mismo, que pudo haber modificado por la llamada “inmunidad soberana”, que le da márgenes en los tribunales, pero que anuló la modificación de la cláusula 12 del Convenio.

En Palacio Nacional ha habido frustración, y han pensado en proceder penalmente contra la empresa, sin haber encontrado aún la forma jurídica correcta. López Obrador está atado de manos, gracias a las decisiones del equipo entrante a Pemex, encabezado por Lozoya, que, por favorecer a Odebrecht, recibió sobornos por más de 10 millones de dólares.
05 Noviembre 2020 04:07:00
Que mejor declare Gertz
Ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda pidiendo que quien nada debe, nada debería de temer y presentarse a declarar ante la Fiscalía General por las imputaciones sobre “traición” a la patria y desvío de recursos millonarios para campañas políticas, valdría la pena que cambiara de destinatario esa recomendación. Y en lugar de que su consejo recaiga en Luis Videgaray, el funcionario más fuerte en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que lo transfiera al fiscal Alejandro Gertz Manero, no para que declare sobre sí mismo, que es un sin sentido, sino para que revise su temeraria acusación judicial contra el exsecretario, porque no sólo está quedando en ridículo, sino que se está metiendo en un pantano cuyo costo político le va a transferir al Presidente.

Gertz Manero sustentó su acusación en la solicitud de una orden de aprehensión contra Videgaray, en las imputaciones hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien señaló actos ilegales o ilegítimos contra 17 personas, sin que hasta ahora haya aportado documentación probatoria. Lozoya podrá timar a Gertz Manero, y el fiscal decidir si acepta que se burlen de él o reacciona, pero lo que no puede soslayar es la documentación de la Fiscalía brasileña que desde 2017 incluye declaraciones que contradicen todo lo que, tres años después, dice su testigo reina en el caso de la corrupción del pasado.

El mismo día que publicó Reforma la petición de captura, El Universal difundió una entrevista con el exdirector de Odebrecht en México, Luis de Meneses Wyell, donde a través de su abogado afirmó que sobornó a Lozoya con 10.5 millones de dólares para que entregara contratos de Pemex a la empresa brasileña, no para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto ni para comprar el voto de legisladores para la Reforma Energética, como aseguró. Además, se ofreció a comparecer ante las autoridades. Gertz Manero debía haber tocado esa puerta para mostrar que su interés sí es combatir la impunidad y no, como parece, quedar bien con su jefe López Obrador.

La declaración en El Universal tiene la relevancia de ser una respuesta actual y oportuna a los señalamientos de Lozoya, donde ratifica lo que dijo De Meneses Weyll bajo juramento a la Fiscalía brasileña que investigaba la corrupción de Odebrecht. El 21 de julio pasado se publicó en este espacio la declaración del exdirectivo en México, donde se señalaba que el caso de Lozoya no iba a ser fácil de construir, porque las afirmaciones del exdirector de Pemex eran falsas. A Gertz Manero, evidentemente, no le importó montar su acusación en un castillo de naipes. El interrogatorio en Brasil era contundente, y sus extractos fueron reproducidos en esta columna:

“En 2010 contribuimos con la campaña del Gobernador de Veracruz a través de un empresario socio nuestro. Yo no puedo indicar si el dinero (llegó) a la campaña. ¡Yo aporté para que (llegara) a la campaña! Fueron 500 mil dólares para la campaña de 2010. En 2012 hicimos ese pago para Emilio en reconocimiento a lo que él nos había contribuido y, con mi intención y apuesta (como se concretó) que él vino a tener la importancia… en una empresa”.

–¿A través de qué fue ese pago?, preguntaron los fiscales brasileños.

“Nuestro empresario/socio Filipe Ruiz, que tenía una empresa de ingeniería llamada Ruso Ingeniería. Nos asociamos con él para conquistar contratos en Veracruz. En 2012, como yo relaté, un monto total de 4 millones. Entre 2013 y 2014, el monto total fue de 6 millones”.

De Meneses Weyll se refería a Juan Felipe Ruiz Ortiz, que ya falleció, quien con su hijo Juan Felipe Ruiz Sosa, dueños de Constructora Ruso, se asociaron con Odebrecht en 2013, cuando el Gobierno de Veracruz de Javier Duarte, les adjudicó directamente el Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa. En las 50 páginas del testimonio de De Meneses Weyll, no hay ninguna otra referencia de financiamiento a campañas políticas.

–Durante el periodo que ejerció el cargo de director general, ¿tuvo conocimiento que un alto funcionario de Pemex, a través de la Dirección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, recibió valores extraordinarios o sobornos para el beneficio de Odebrecht, por ejemplo, la adjudicación de contratos?

La Dirección de Operaciones Estructuradas fue el área de donde salió el dinero para los sobornos trasnacionales.

“Sí, yo conozco los pagos”, respondió De Meneses Weyll. “Yo solicité los pagos a la Dirección de Operaciones Estructuradas y generó, efectivamente, un beneficio”.

–¿Puede especificar?

“Autoricé los pagos como un reconocimiento por una relación que existía y extrapolaba un periodo efectivo de, digamos, la presencia de ese funcionario”.

–¿Puede decir el nombre?

“Emilio Lozoya. Yo conocí a Emilio Lozoya (cuando) llegué a México en 2009. Él ejercía el cargo de director del Foro Económico Mundial y por ser mexicano, tenía un conocimiento que consideré útil para definir mi plan. Así lo hicimos. De 2009 a 2012 tuvimos innumerables encuentros, siempre que él iba a México yo lo consultaba para que él me orientase de qué manera nosotros podríamos desarrollar negocios.

“Las orientaciones resultaron positivas para nuestras pretensiones, al indicarnos qué empresarios podrían complementar nuestras (capacidades). Entre 2009 y 2012, diría que fue un consultor para estructurar los programas. Y en ese periodo nosotros tuvimos con él… una atención… En la medida que en 2012 pasa a tener una relevancia en… la estructura política-administrativa, se sumó esa consideración al interés mío en invertir en una relación que nos podría resultar beneficiosa”.

De no haber entrado a la campaña presidencial, el “reconocimiento” (soborno) para Lozoya hubiera sido “mucho menor”, y “quizás se habría limitado al pago por servicios prestados con antrerioridad, por cuatro millones de dólares. No hay mucho más que añadir. Si el Presidente lee el testimonio de De Meneses Weyll, verá que su fiscal lo está engañando.
04 Noviembre 2020 04:07:00
Mala relación, con Biden o Trump
Las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos se encuentran en un mal momento, y sin importar quién gane la elección presidencial, lo más probable es que empeoren. Pero no hay que confundir relación bilateral con relación personal, porque es distinto. Puede haber buena relación personal y mala en lo bilateral. Aunque ayuda lo primero, no resuelve lo segundo.

Aquí, el dilema no es si Donald Trump se mantiene en la Casa Blanca o la pierde ante Joe Biden, sino si el presidente Andrés Manuel López Obrador deja de jugar a las vencidas con Estados Unidos y querer obligarlos a compartir su visión coyuntural de país, sin importar que viole los acuerdos firmados entre los dos países.

En toda relación lo importante es la certidumbre, que se construye cuando se cumple la palabra empeñada. No se daña si discrepan, como cuando el presidente George H.W. Bush le dijo al presidente Carlos Salinas que iba a invadir Panamá, y como respuesta recibió la advertencia que México condenaría esa acción militar.

Lo que se exige es hablar con claridad, como cuando el presidente Miguel de la Madrid se opuso a la intervención de Estados Unidos en Nicaragua durante el Gobierno de Ronald Reagan. O cuando el presidente Richard Nixon amenazó al presidente Luis Echeverría para que no apoyara el ingreso de China a la ONU, quien al no comprometerse a hacerlo, respaldó su llegada al organismo.

La empatía o antipatía entre los presidentes no impacta la relación bilateral, como sucedió cuando José López Portillo maltrató a James Carter durante su visita a México, pero afecta la personal, como cuando Salinas insistió en reunirse con Bush un mes antes de la elección presidencial, y luego de su derrota, tuvo que soportar el frío que le dio Bill Clinton tras ganar la Presidencia, que no impidió para que, al ver los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fuera el cabildero mayor en el Capitolio, para obtener su ratificación.

López Obrador tiene una inmejorable relación personal con Trump, quien lanza lisonjas al tabasqueño. Nunca se había dado nada parecido, lo que recuerda el dicho que cuando un adversario acaricia tu espalda, algo malo debes estar haciendo. En este caso, todo el trabajo sucio de Trump –sus políticas migratorias racistas y represivas, particularmente– se lo ha hecho el Presidente mexicano, quien tiene cero palabras críticas o reclamos cuando insulta a sus gobernados.

No hay ninguna evidencia concreta que su genuflexión ante Trump le haya dado frutos a México. Ni siquiera cuando le entregó la política migratoria y de asilo para que no impusiera sanciones comerciales, porque en el pasado los presidentes optaron por la negociación, no por la subordinación, y obtuvieron idénticos resultados.

Lo que sí habrá, pese a todo su esfuerzo por no molestarlo, es un deterioro en la relación bilateral, a menos que cambie su visión política y entienda que no puede decir una cosa y hacer otra, ni alcanzar compromisos y luego romperlos pensando que no habrá consecuencias. Eso, ya sabemos sin embargo, no pasará.

Con Trump o Biden, López Obrador va a tener que enfrentar las realidades a las que se ató con el Gobierno de Estados Unidos. Una parte muy importante es el tema laboral dentro del nuevo acuerdo comercial norteamericano, donde aceptó la existencia de delegados laborales que revisen las condiciones de trabajo, salariales e incluso los contratos colectivos de las empresas que exportan sus bienes al mercado regional. Aquí es donde hay énfasis.

Con Trump, la aplicación de ese oscuro inciso en el acuerdo, será más laxo que con Biden, donde los sindicatos son una parte importante de sus bases electorales. Pero en ambos casos es una cesión de soberanía, que será tomada y empleada a costa de empresas y sindicados mexicanos.

Trump o Biden se van a poner siempre a favor de los inversionistas estadunidenses, que han incrementado su presión en Washington para que obliguen a López Obrador a que respete la ley en materia energética.

El matiz negativo sería con Biden, quien tiene en su programa de Gobierno el impulso al cambio climático con energías limpias, las cuales se encuentran en las antípodas del pensamiento de López Obrador, que piensa en los combustibles fósiles como el futuro sucio del desarrollo energético nacional.

Otro tema donde la relación bilateral se está enturbiando es en el tema de la seguridad. Con Trump, las agencias policiales y de seguridad, como se explicó el lunes en este espacio, tienen en la mira a su Gobierno por ineficiente y por su complicidad no escrita con los cárteles de la droga.

Con Biden no cambiará, y en ambos casos, la captura del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, es el anuncio de lo que vendrá en ese campo dentro de las relaciones bilaterales. Otro matiz con Biden será la intervención directa en América Latina en temas de corrupción, a través de la ONU, en donde el Gobierno y entorno de López Obrador parece estar cada vez más sumido. El caso del general Cienfuegos esboza hasta dónde están dispuestos a llegar.

Una lectura fácil es que Trump le conviene más a López Obrador que Biden. A nivel personal, la apreciación es correcta. Los dos son muy parecidos, autoritarios, antisistémicos, populistas y mentirosos.

Biden es distinto, al ser un político profesional, pero en el terreno de la relación bilateral, converge la visión de los intereses por encima de la amistad, y es la maquinaria del Gobierno y los grupos que inciden en él, quienes determinarán cuál será la política a seguir.

En las últimas semanas se ha podido apreciar el apretón de esos grupos sobre López Obrador y su Gobierno. No parará después del 20 de enero, sino que se intensificará, cuando asuma el nuevo Presidente de Estados Unidos, ya sea Biden o Trump.
03 Noviembre 2020 04:07:00
La amenaza del populista
Las imágenes de cómo comercios, restaurantes y hoteles están siendo tapiados en Washington y Nueva York por el miedo a la violencia electoral ante el resultado de las elecciones presidenciales de este martes, era absolutamente impensable como colofón de una campaña electoral en Estados Unidos, por más agria que fuera.

Igualmente, que existiera temor que la polarización social llegara al extremo de que, dependiendo de los resultados, la gente pudiera salir a las calles, trastornada por la agenda política ideologizada de un irresponsable en la Casa Blanca.

¿O alguien duda que el clima de violencia y división que vive ese país, sea culpa de Donald Trump? No es fortuito que en la democracia más antigua del mundo, la discusión se centra en que lo que está en juego, precisamente, es la democracia.

Es una paradoja que este sea el debate cuando el sistema electoral en Estados Unidos es realmente antidemocrático. No vale el voto directo, donde no se sufraga por un candidato sino por delegados, que no garantiza tampoco que el delegado respete el mandato popular cuando se erija en el Colegio Electoral –en cuatro ocasiones, el Colegio Electoral se inclinó por el candidato contrario a su mandato–, o que como en las elecciones de George W. Bush en 2000 y de Trump en 2016, aun sin el respaldo popular, conquistaron la Casa Blanca.

Otras impurezas son las restricciones a los votantes, como sucedió al suprimirse hace siete años el Acta de Derechos de Voto de 1965, que volvió a empoderar a los racistas sobre las minorías, o la redistritación, mediante la cual los republicanos modificaron los mapas distritales en 2010 y 2011 para controlar los congresos locales.

Ciertamente, la democracia estadunidense es imperfecta y cuestionable. Pero aún así, es la más robusta en el mundo, por la solidez de sus instituciones, por los contrapesos y los equilibrios que existen dentro de la sociedad, perfectamente claros en su concepto de ciudadanía, pero que ante los embates de Trump, hay dos países con enfoques antagónicos de ella. Esto es lo que está en riesgo hoy.

Como apuntó Tom Gerald Daly, subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Melbourne, la elección no solamente definirá la democracia estadunidense por una generación, sino su resultado podría disminuir la idea de la democracia en sí misma, como una norma global.

“Lo que hemos visto es el desmantelamiento de agencias de Gobierno por completo, subordinación del Departamento de Justicia, de un poder presidencial sin freno, del uso sin precedente de militares contra la protesta, y una pandemia tan mal administrada en Estados Unidos, pese a toda a su capacidad tecnológica y científica, que ha producido más de 190 mil muertes”, agregó Daly. En síntesis, una regresión democrática acelerada e imitada.

Trump ha intentado quebrar las bases del contrato social, inspirando a muchos otros en el mundo. Daly recuerda la centralización del poder en Hungría, la India o Polonia, junto con el asalto a instituciones democráticas, para sepultar a las democracias liberales.

No menciona a México, pero el fenómeno que se vive aquí es similar. Líderes populistas como Trump, Víktor Orban, Narendra Mori, Andrzej Duda o Jair Bolsonaro, se asemejan al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como ellos, buscan restablecer los viejos regímenes autoritarios.

La preocupación en las democracias liberales en el mundo sobre estos pasos gigantes hacia atrás, es profunda. “Trump ha expuesto la vulnerabilidad de la Presidencia al exceso de autoridad y la debilidad de la rendición de cuentas”, comentó recientemente Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, y actualmente presidenta de la Universidad de California.

Esto esconde, como se repite en el mundo, la incompetencia para gobernar de Trump, vocero y líder de los nuevos déspotas, que tiene millones de seguidores, como otros de sus pares los tienen en sus naciones.

No existe en la memoria, de quienes han vivido elecciones presidenciales en Estados Unidos, el sentimiento del miedo que existe hoy. Personas educadas e informadas que se sitúan en diferentes trincheras, temen que estalle la violencia, y dos de ellas fueron más allá, “la guerra civil”. Parece exagerado pero así se sienten.

Dos instituciones de análisis, la Brookins Institution y el Crisis Group, han hecho eco de este escenario, derivado de la polarización, la proliferación del discurso de odio, la disgregación de la información, la desconfianza en las instituciones, y un competidor, Trump, que tiene preocupaciones personales y legales en caso de perder la elección, que ha ido construyendo las condiciones para reclamar fraude y desconocer la victoria, si fuera así, de Biden.

La democracia estadunidense está trastocada y todos lo saben. Por eso se preparan. En Washington hay barricadas en torno a la Casa Blanca, el Capitolio y el Trump Hotel, donde el Presidente promete una fiesta “de la victoria” este martes.

Policías en varios estados se preparan para la violencia en las urnas y en las calles. Las compras de armas se han incrementado en casi un 10% de marzo a la fecha, y el 40% de esas adquisiciones fueron hechas por quienes nunca habían comprado una arma.

Las condiciones están creadas para que estalle la violencia ante la creciente ansiedad y el temor. En una reciente entrevista de la cadena de televisión ABC News, el 50% de los simpatizantes de Trump dijeron que la elección no será justa, que fue lo mismo que declaró el 37% de quienes respaldan a Biden, lo que sugiere que el resultado va a ser cuestionado por cualquiera de los dos bandos.

“Sería un error pensar que las cosas saldrán tersamente el 2 de noviembre y el día siguiente”, enfatizó el reporte del Crisis Group. “Los riesgos son demasiado significativos, los escenarios negativos demasiado realidad y el potencial que daña la confianza en las instituciones democráticas, demasiado grande”. Esperemos pues, y que Casandra se equivoque para el bien de todos.
02 Noviembre 2020 04:07:00
Guerra de baja intensidad vs AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador no parece darse cuenta en dónde está parado, pero en las dos últimas semanas, a partir del 16 de octubre, esto sucedió:

1.- Detuvieron al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de proteger a cárteles de la droga durante una década. No le informaron al Gobierno mexicano porque, explicó el fiscal, temían que lo protegería el Ejército, y si pedían su captura con fines de extradición, nunca se la darían. Moraleja: no les tenemos confianza.

2.- El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, declaró en Estados Unidos, de manera sorprendentemente cándida, que desde el primer día que asumió su cargo, sabía de la investigación y sentencia del general Cienfuegos, pero no lo dijo por la secrecía del caso. Moraleja: no se confundan, no somos amigos.

3.- El periódico The Washington Post dio a conocer un informe confidencial de la CIA donde señala que el 20% del territorio mexicano, está en manos de los cárteles de la droga. Moraleja: los tenemos bien vigilados.

4.- La American Barr Association, el organismo con 140 años de vida que agrupa a los abogados en Estados Unidos, envió una carta al presidente López Obrador donde se queja que su Gobierno no respeta el estado de derecho, y sugieren de tácticas intimidatorias del SAT por fuera de los márgenes de la ley. Moraleja: al Gobierno le importa muy poco la ley.

5.- Treinta y siete diputados y seis senadores enviaron una carta al presidente Donald Trump para quejarse de acciones del Gobierno de México que amenazan inversiones y acceso a los mercados energéticos de las compañías de Estados Unidos, contraviniendo el acuerdo comercial norteamericano. Moraleja: vienen litigios internacionales.

En Washington lo tienen en la mira. No es un complot, sino unificación de intereses. El Departamento de Justicia (Cienfuegos) actúa con su enemigo burocrático (la CIA), alineados con el Departamento de Estado (Landau), y acompañados de las presiones del Capitolio (que responden a las de las corporaciones energéticas), enmarcado en la queja (de los abogados) por la ausencia de estado de derecho.

La respuesta de López Obrador ha sido desarticulada. Justifica que Estados Unidos no le informe de temas delicados como la investigación al general Cienfuegos, mientras el canciller Marcelo Ebrard dice -15 días después de la captura-, que están indignados y pedirán explicaciones. López Obrador defendió la violación de la ley con retórica macuspana, y torció con sofismas los términos del acuerdo comercial con Estados Unidos, amenazando con que si no les gusta, modificará la Constitución. 

El Presidente se movió en su contradicción, la genuflexión ante Trump y su carácter pendenciero trasladado al establishment estadunidense. Es un pleonasmo decir que no comprende cómo funciona Washington, pero parece no escuchar a quienes sí entienden, como Ebrard, quien fue el que le tradujo lo que se negociaba en el acuerdo comercial norteamericano, para que tomara decisiones.

Si piensa, acostumbrado al pleito en México, que el tono que escucha desde Washington es normal, no lo es. Para que los decibeles estén en el nivel actual, es que López Obrador trae un problema de fondo con diversos sectores del establishment estadunidense, un concepto de suma de intereses que no tampoco alcanza a entender. Su racional es básica, como procesa todas las cosas en México, y no extrañaría si piensa que si tiene oposición allá, es porque están asociados a personajes corruptos del pasado mexicano.

Argumentar de una forma tan rupestre como podría interpretarse esta proposición, está directamente asociado con su capacidad para entender muchas cosas. Lo demostró cuando ante el desabasto de medicamentos, afirmó que obedecía a que los laboratorios mexicanos habían influido en la industria farmacéutica mundial para sabotear esas compras. Esa forma de pensar ridícula la reprodujeron senadores de Morena, que pidieron a los mexicanos en Estados Unidos votar por Donald Trump porque Joe Biden “es amigo de expresidentes mexicanos”. 

Las señales que llegan de Washington son vistas aquí en el contexto de la elección presidencial, donde Trump está en riesgo de caer ante el demócrata Biden. López Obrador no está preocupado de ese desenlace, según varios de sus asesores, no porque esté seguro que Trump seguirá en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años, para bloquear cualquier inconveniente que se le atraviese a su proyecto, o barrera que se erija a cambio, de que siga cumpliendo sus deseos. En Palacio Nacional confían que si gana Biden las cosas seguirán como hasta ahora, por las relaciones de Ebrard con algunos sectores demócratas, y sobre todo porque una amiga del consejero presidencial Lázaro Cárdenas, a quien le ayudaron el año pasado a conseguir contratos en Pemex, es muy cercana a la esposa del demócrata.

Sin embargo, más allá de lo que suceda el próximo martes, los mensajes de la última quincena de octubre reflejan que sus espacios de maniobra en Estados Unidos se han reducido de manera significativa y que republicanos y demócratas ya se cansaron de su doble discurso. El más evidente, porque fue público, timar a los empresarios con quienes cenó en la Casa Blanca durante su visita a Trump, que le pidieron respetar leyes y reglas del juego establecidas para la inversión, sin ir cambiándolas a contentillo suyo o de la secretaria de Energía. La molestia implícita son sus acuerdos no escritos con los cárteles de la droga, a quienes se deja trabajar con holgura, porque cree que así puede cohabitar y gobernar sin problema con ellos -aunque no contenga la violencia-, y que el problema del consumo lo tiene Estados Unidos. 

Las señales están presentes, y está en él si las ve, si las ignora, o cómo las procesa. De ello dependerá no el país, sino su futuro personal y político. Así que, señor Presidente, cuidado con lo que haga.
30 Octubre 2020 04:09:00
El Inspector Clouseau
Alfonso Durazo fue sorprendido por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando le dijo que sería secretario de Seguridad Pública. De inmediato buscó como asesores a Alejandro Gertz Manero, que había ocupado ese cargo en el gobierno de Vicente Fox cuando Durazo era su secretario particular, y a Manuel Mondragón, que había encabezado la metamorfosis de esa poderosa dependencia a ser un apéndice de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Mondragón fue quien le preparó un diagnóstico y un plan de seguridad, que le llevó a López Obrador como si fuera el grial sagrado. Ahí empezó la debacle.

Durazo le dio los insumos a López Obrador, quien ya como Presidente aseguró en enero de 2019 que en 100 días, su Gobierno mejoraría la seguridad. Atacarían las raíces del fenómeno, y no combatirían con balazos, sino que darían abrazos a los criminales. Las fallas de esa estrategia, sin embargo, habían comenzado meses antes. En julio de 2018, días después de la elección presidencial, Durazo aseguró que los cambios en la estrategia serían paulatinos, y que se enfocarían a la capacitación de los policías, con lo cual podrían retirar “al Ejército a los cuarteles”. Lo que sucedió fue lo contrario, y lejos de meter a los militares a los cuarteles, se hicieron cargo de la seguridad pública, en admisión implícita del Presidente de que su secretario falló.

La verdad es que todo el Gobierno fracasó. ¿Cómo está hoy la seguridad en el país? Fatal. México vivió en los primeros 20 meses de Gobierno de López Obrador la época más violenta de su historia. El número de homicidios dolosos durante este periodo alcanzó los 59 mil 451, contra 32 mil 576 de Peña Nieto, 18 mil 442 de Felipe Calderón, y 22 mil 890 de Fox. Ante la falta de resultados, hay abundancia de crítica al pasado. Durazo dijo en vísperas de iniciar la Administración, que les habían dejado un desastre los anteriores en materia de seguridad, pero se puede argumentar que dejará un país, al irse del cargo, en peores condiciones.

Un bufón cotidiano, el secretario se convirtió en una especie de Inspector Clouseau, un jefe de policía en París torpe, incompetente y poco dotado para enfrentar el desafío que enfrentaba. La diferencia es que Clouseau era simpático, mientras Durazo fue cosechando enemistades y aumentando el desprecio de muchos por su muy triste papel en la Secretaría de Seguridad. Él no se da cuenta, o al menos aparenta no verlo, pero los datos aplastan sus declaraciones triunfalistas, como cuando afirma que ya logró contener el homicidio doloso: solo en los primeros nueve meses de este año, pese a la pandemia y el confinamiento, la tasa nacional de víctimas por cada 100 mil habitantes fue de 20.5, con lo que rebasó significativamente las de 2015 y 2016, 14.7 y 18.3, respectivamente, que habían sido las más elevadas hasta el momento.

Durazo declaró recientemente, justificando los números de violencia en el país, que “recibimos un país oliendo a pólvora”, que fue refutado rápidamente en las redes sociales donde le dijeron que ahora “olía a sangre”. Un análisis comparativo realizado por Eje Central hace una semana con las estadísticas sobre incidencia delictiva, reveló que durante la gestión de Durazo no hubo ni contención ni disminución de delitos, como presume, y al ampliar la comparación a los últimos cinco años, los resultados revelan el fracaso de su estrategia, particularmente en homicidio, feminicidio, extorsión, secuestros y lesiones. 

La seguridad del país la deja en un tiradero, al haber renunciado como secretario, efectivo el sábado, para buscar la gubernatura de Sonora. No deja de llamar la atención que quiera ir a su estado, en donde ha sido amenazado reiteradamente por Los Salazar, uno de los grupos que pertenecen al Cártel de Sinaloa, que en mensajes que han dejado en las calles de Hermosillo, lo han acusado de no cumplir con sus acuerdos. Nadie sabe públicamente a qué se refieren Los Salazar, pero Durazo reaccionó con miedo cuando aparecieron por primera vez los señalamientos, cancelando la boda de su hija en esa ciudad, y trasladando el festejo a la Ciudad de México.

Los lazos del Cártel de Sinaloa han cruzado la cara de Durazo hace tiempo. Cuando era secretario particular de Fox, a principios de 2005, la Procuraduría General de la República detuvo a Nahúm Acosta, coordinador de giras de la Presidencia, que trabajaba con él, acusado de ser informante de Héctor Beltrán Leyva, el H, financiero de la organización que lleva el nombre de su familia y que en se entonces era responsable de la seguridad de la llamada Federación, que bajo la égida del Cártel de Sinaloa, agrupaba a todos los cárteles de la droga del momento, salvo el Del Golfo y Los Zetas. Acosta fue liberado 73 días después, en buena medida porque la filtración de su detención saboteó la investigación y violó su debido proceso.

El Cártel de Sinaloa lo ha seguido como sombra. La más grande, el 17 de octubre del año pasado, cuando en un operativo con el Ejército, un comando de expolicías federales detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por petición, con fines de extradición, del Gobierno de Estados Unidos. Durazo nunca les envió los Blackhawks artillados para la operación de extracción, y los dejó a su suerte. Cuando López Obrador decidió la liberación de Guzmán López, Durazo no lo persiguió porque, dijo, en México no tenía ninguna acusación. La omisión total, o el encubrimiento, para donde va también su investigación de la matanza de la familia Le Barón en la frontera de Chihuahua con Sonora, en un corredor de trasiego de drogas del mismo cártel.

Qué desgracia para Sonora si un personaje como Durazo llega a gobernarlos. A nivel nacional, lo único bueno es que se va de la Secretaría de Seguridad. 
29 Octubre 2020 04:08:00
Ajustes y cambios en el Gabinete
¿Saldrá Olga Sánchez Cordero de la Secretaria de Gobernación? ¿Llegará Raquel Buenrostro a Hacienda? ¿Sustituirán a Jorge Alcocer en la Secretaría de Salud? ¿Lograrán los duros en el equipo compacto del presidente Andrés Manuel López Obrador que mande al precipicio a Marcelo Ebrard? ¿Se irá a su casa Alfonso Romo, jefe de la Oficina del Presidente? ¿Se decidirá el Presidente por un militar, pese a la captura del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública? O no habrá más movimiento que el provocado por la renuncia de Alfonso Durazo.

Las dudas se desvanecerán pronto –en el Senado y la Cámara de Diputados es otra lógica– al haber establecido López Obrador el próximo sábado como plazo máximo para que decidan quienes aspiran a un cargo de elección popular, para las macroelecciones del próximo año. Sin embargo, fuera de conocer cómo habría redefinido la correlación de fuerzas internas, será irrelevante por dos razones:

1.- López Obrador ha roto con lo establecido, y no juega con las fases y los tiempos convencionales de antaño, que establecían que los compromisos de campaña que se habían pagado con cargos en el Gabinete, caducaban a los dos años. Después de ello, el Presidente integraba a todos los colaboradores con los que pensaba consolidar lo que había hecho y preparaba el terreno para las elecciones intermedias. Un tercer cambio en el Gabinete se daba en la pista de despegue de la siguiente elección presidencial, donde hacía los ajustes para arropar y fortalecer a su candidato.

Asimismo, un cambio en el Gabinete significaba un ajuste en la política que se había llevado a cabo para reorientarlo y resolver las fallas que se hubieran dado por diferentes razones. Era como un relanzamiento del Gobierno, donde el cambio de nombres le daba frescura y le volvía a abrir espacios de maniobra política. Con López Obrador, esta racional es inexistente. Hay secretarias o secretarios de Estado que son absolutamente prescindibles –a veces ni siquiera se acuerda el Presidente de sus nombres– quienes para poder tener un acuerdo con él tienen que ir a las 6 de la mañana a esperarlo tras la reunión del Gabinete de Seguridad y tratar de capturar su atención en los pasillos de Palacio Nacional.

2.- El Gabinete, para López Obrador, es como la Carabina de Ambrosio, ese andaluz del siglo 19 a quien nadie tomaba en serio porque se dedicaba a robar con una carabina sin pólvora. De ahí viene la frase que significa inutilidad y que no sirve para nada. Por diseño, López Obrador no opera bajo la arquitectura y las líneas de mando de un Gabinete formal. No es nuevo. Desde que era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, se apoyaba en dos o tres personas máximo para operar, y durante mucho tiempo, una de ellas, René Bejarano, ni siquiera formaba parte del Gabinete. A él le encargaba los asuntos políticos más delicados, como en la actualidad hace con otro no miembro del Gabinete, Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia.

Scherer tiene bajo su responsabilidad asuntos que le tocan a Gobernación, como las relaciones políticas con gobernadores, legisladores y la Suprema Corte, pero ha resuelto problemas con la disidencia magisterial, en beneficio del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y se ha metido a ver asuntos con empresarios, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, que le correspondían al secretario de Hacienda o a la Secretaría de Economía, cuyas funciones también han sido divididas con Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que es el colaborador presidencial más clandestino que ha existido en la memoria. Otro secretario, el de Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, ha sustituido en los hechos al secretario de Comunicaciones y Transportes como el gran constructor federal, y resuelto problemas logísticos para otras dependencias, como la Secretaría de Salud, o urgentes, como vestir a los soldados de policías.

Si el Presidente decidiera hacer ajustes en su Gabinete, de poco serviría. De hecho, podría resultarle contraproducente en algunos casos. Por ejemplo, si saliera Sánchez Cordero de Gobernación, ¿quién entrara no buscaría ejercer el poder de su despacho y no ser un simple accesorio al que López Obrador hace pasar vergüenzas permanentemente por su desdén y desinterés? O si decidiera elevar a Hugo López-Gatell a la titularidad de la SSa, ¿no distraería a su zar del coronavirus en asuntos burocráticos que puede seguir cumpliendo Alcocer quien, en lo esencial, es chalán del subsecretario?

Toda la semana ha sido de dudas en Palacio Nacional sobre si se hacen o no los movimientos en el primer nivel del Gobierno, en particular porque no muchos tendrían pista en dónde aterrizar, salvo Sánchez Cordero, que es senadora con licencia. Los ajustes, en todo caso, serían tácticos, en función de aspiraciones electorales –donde no hay muchos prospectos realmente en el Gabinete– y tan son irrelevantes, que para el Presidente le ha resultado innecesario hacerlos, pese a haber pensado hace tiempo en algunos, por ejemplo, en sustituir a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, o en aceptarle la renuncia a Romo. Si hubiera relevo en Hacienda, en nada impactaría en la política económica o energética, que es lo mismo que sucedería en todos los casos, salvo en el Gabinete de seguridad y en Relaciones Exteriores.

El Presidente no necesita de un ajuste de Gabinete porque no va a cambiar ninguna de las políticas que él mismo trazó e impuso a sus colaboradores. Tampoco necesita refrescar el Gabinete, que salvo excepciones, es inexistente ante la opinión pública. Mucho menos aún, relanzará su Gobierno. Lo único que mostraría con un ajuste, si lo hay, es cómo redefine él mismo la correlación de fuerzas internas, y a quién castiga y a quién premia. Fuera de eso, nada sustantivo habrá que esperar.
28 Octubre 2020 04:08:00
La salud del Presidente
La manera irresponsable con la que el presidente Donald Trump organizó un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para presentar a su nominada a la Suprema Corte, provocó que casi 15 funcionarios de la Presidencia, incluido él y su esposa Melania, dieran positivo a la Covid-19.

Desde entonces, pese a las medidas para desinfectar la Casa Blanca, los contagios han continuado, y cinco miembros del staff del vicepresidente Mike Pence, dieron positivo al coronavirus. El desdén por la enfermedad, su forma de minimizar su gravedad, la negación ideológica frente a la pandemia y la falta de liderazgo para confrontar el padecimiento global, le ha costado tanto respaldo popular, que lo tienen en el umbral de perder la Presidencia ante su adversario demócrata, Joe Biden.

La actitud de Trump se asemeja enormemente a la forma como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado la pandemia, aunque el contexto ha sido diferente. Trump tiene en el doctor Richard Faucci, el experto en Epidemiología de su Gobierno, una voz que ha sido contrapeso al aventurismo de su jefe. López Obrador tiene un cómplice como zar del coronavirus, al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Los presidentes han expresado que la magnitud del virus ha sido inflada con fines propagandísticos. Los electores han castigado a Trump, mientras que en México, una mayoría importante sigue pensando que López Obrador ha manejado bien la pandemia. Los muertos siguen subiendo en los dos países, pero las sociedades lo procesan diferente. Hay menos incrédulos allende el Bravo, sin lugar a duda.

Trump cayó por la Covid y con un tratamiento de 100 mil dólares diarios, en el mejor hospital de Estados Unidos y con el mejor equipo médico, que le aplicó medicamentos que no están al alcance de nadie, salió rápidamente de la enfermad.

López Obrador, que dice que no se ha contagiado, y a quien le han aplicado más de dos decenas de pruebas –él reconoce ocho–, no dispone de los recursos que tenía a su disposición el Presidente de Estados Unidos, pero es tan irresponsable como él, al no querer utilizar cubrebocas, que es una barrera. Ni tampoco, a diferencia de la Casa Blanca, las medidas sanitarias en Palacio Nacional son tan rigurosas.

Esa irresponsable negligencia surgió ayer en forma de alerta luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informara al Presidente que había dado positiva al virus, y López Obrador lo comunicó al Gabinete antes de la mañanera.

Sheinbaum lo descubrió al hacerse, como cada 15 días, la prueba el lunes pasado. Al ser asintomática, realizó sus actividades cotidianas que incluyó, como cada lunes, participar en el Gabinete de Seguridad federal en Palacio Nacional.

Sheinbaum informó que estuvo a unos cinco metros del Presidente, sugiriendo que con el distanciamiento social sobrado –al menos dos metros–, López Obrador no estuvo cerca de ella y, por tanto, tampoco estuvo expuesto al virus.

Sin embargo, el salón donde se reúne el Gabinete de Seguridad no es un espacio que tenga las medidas sanitarias que una enfermedad como la Covid exige, además de que participan alrededor de una treintena de personas todos los días.
El que la Jefa de Gobierno no haya estado cerca del Presidente, no significa que en su alrededor de esa mesa nutrida y de todos los demás apiñados a sus espaldas, el virus no haya podido ser propagado. El evento de Trump en el Jardín de las Rosas fue al aire libre, y el contagio fue amplio. No se supo ese día, sino posteriormente.

La probabilidad de que Sheinbaum haya esparcido el virus en el salón donde se reúne el Gabinete de Seguridad es una realidad, por lo que a López Obrador se le deberá hacer en cuatro días una prueba de Covid para saber si está contagiado o no.

Por el bien de él y del país, esperemos que el Presidente dé negativo a esa prueba, porque si López Obrador se enferma, causará inestabilidad en México, dada la forma centralizada como maneja el Gobierno que, además, lo realiza de manera altamente visible, por lo público, durante la mañanera.

La carencia de un Gabinete que pueda soportar la ausencia del Presidente, que además por diseño es de manejo vertical, empuja a que todo el peso de la administración pública y la gobernanza recaiga en él y en sus exhibiciones matutinas. Una ausencia de ellas generaría incertidumbre en muchos.

López Obrador tiene un sistema inmunológico que ha sido reforzado durante todos estos meses de pandemia, y las enfermedades por sus abusos y descuidos en la alimentación, así como el cuidado de su espalda y del corazón, han sido monitoreados de manera sistemática. Sin embargo, ante un bicho tan traicionero y latoso, nadie está a salvo.

Personas que estuvieron con mayor distancia a Sheinbaum que los participantes en el Gabinete de Seguridad en su entorno inmediato, como las y los periodistas que hacen la cobertura diaria del Gobierno capitalino, fueron aislados desde que se supo del resultado de la Jefa de Gobierno, y cuando menos cuatro reportaron síntomas de la enfermedad. No hay problema de contagio en su Gabinete local, porque las reuniones que tiene diarias con él a las 9 de la mañana, son virtuales.

La Covid en el cuerpo de Sheinbaum, que de todo el equipo de Gobierno y colaboradores es quien más cerca está de sus afectos –la considera parte de la familia por viejas razones–, debería llevar a López Obrador a tomar con más seriedad la enfermedad, con respecto a él y al país, dejar de hacer propaganda diaria y mentir con medias verdades, y asumir un liderazgo real, no militante y belicoso, que es la forma como han actuado aquellas y aquellos líderes que han enfrentado la pandemia con mejores resultados.
27 Octubre 2020 04:09:00
Sheinbaum contra López-Gatell
Las diferencias por el manejo del coronavirus entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el zar federal del Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se vienen arrastrando por meses, desde que chocaron por la insistencia del doctor en que los cubrebocas no servían para nada, en apoyo a la posición acientífica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En uno de esos enfrentamientos, Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología capitalina, lo encaró. “Hugo”, le dijo frontalmente para desmontar su argumento, “el cubrebocas es una barrera”. López-Gatell no respondió, pero siguió su cruzada contra todos los gobernantes del país que no se ajustaban a las guías que, con su aval, marcaba López Obrador en materia de prevención.

Este nuevo choque tuvo uno de sus momentos más ríspidos, cuando el jueves, en una reunión en Palacio Nacional, la discusión entre Sheinbaum y López-Gatell, alcanzó un punto de quiebre por el deseo de la jefa de Gobierno de prender el semáforo rojo en la Ciudad de México, ante el aceleramiento de contagios y elevación en la ocupación de camas. López-Gatell alegó airadamente en contra de ello, de acuerdo con personas que conocieron del enfrentamiento, sin que hayan trascendido sus argumentos.

López-Gatell mantiene una posición radical a favor de una estrategia parecida al de “la inmunidad de rebaño”, donde se busca que un mayor número de personas sea contagiada por el virus para así desarrollar anticuerpos. La estrategia fue puesta en práctica en Suecia, donde calculaban que al llegar al 50% de contagios, habrían llegado al mínimo óptimo de “la inmunidad de rebaño”. Sin embargo, cuando apenas habían rebasado el 35% de contagios, tuvieron que cancelar esa estrategia y admitir que se habían equivocado. El primer ministro Boris Johnson comenzó con esa estrategia en el Reino Unido, hasta que sus asesores en el Imperial College de Londres, le dijeron que de seguir por ese camino habría 250 mil muertes.

En México, López-Gatell ha podido desarrollar esa estrategia sin importarle las críticas en México y el mundo sobre su necedad, porque cuenta con el apoyo de López Obrador, que piensa, cuando menos durante los primeros meses de la pandemia, que es mentira el alcance de la enfermedad, y que el impacto ha sido magnificado por la propaganda. De ahí que pese a las recomendaciones de que utilice de manera regular el cubrebocas, ha hecho caso omiso a las sugerencias.

De la misma forma ha ignorado el desastre de la estrategia de su zar: de 8 mil muertos que como máximo calculaba habría, la estimación de la propia Secretaría de Salud, de muertes confirmadas y sospechosas por Covid, es de 103 mil 882, hasta este momento. Adicionalmente hay 139 mil decesos que pudieran estar asociados al coronavirus, según la propia dependencia. En el corto y mediano plazo, no sabremos por el Gobierno el total de víctimas de la pandemia.

López-Gatell, se ha convertido en un villano público para muchos sectores por la estrategia que impuso, la cual, en términos de resultados comparados con sus proyecciones, ha sido un desastre. El subsecretario que empujó a López Obrador a comparar el virus con una gripe y descalificar acciones contundentes porque era menos grave que la influenza, tendrá que pagar en tribunales su negligencia, al estarse preparando denuncias en su contra por negligencia criminal. Pero eso será en el mediano plazo. En el corto, sus crecientes choques con gobernantes, que ven el número de fallecidos con nombre y apellido, no como parte de la estadística, tuvo su último pico con Sheinbaum, quien ante su negativa por el apoyo del Presidente, anunció el viernes una serie de medidas que se alejan del semáforo naranja y apuntan al rojo.

Entre las acciones que estableció, fue el reforzamiento de la atención local en colonias y barrios prioritarios mediante la aplicación de pruebas diagnósticas a cualquiera que las necesite –algo a lo que también se opone López-Gatell– que ha contribuido a cortar las cadenas de transmisión del virus y mejorar la detección de zonas de peligro. Asimismo, contrario también a la postura del subsecretario, anunció que incrementará el número de pruebas de detección diaria. El zar del coronavirus sostiene que las pruebas no sirven, contrario a la opinión de los expertos en el mundo.

Sheinbaum, que no quiere antagonizar con López Obrador, no se atrevió a ir a semáforo rojo el viernes pasado, pero toda la semana, antes de su choque con López-Gatell, lo consideró, y al Gobierno del Estado de México, que alinea sus políticas sanitarias con las de la Ciudad de México, planeó cambiar a semáforo rojo este mismo domingo.

La forma como López-Gatell se opone a las peticiones de los gobernantes locales o de-

sestima las evidencias científicas que le presentan, no es nuevo. Lo relevante en el conflicto con Sheinbaum, es que esta explosión por los choques de información y diagnóstico, pega en el corazón de López Obrador, en un momento de profunda contradicción entre su discurso y apoyo al subsecretario, y la realidad sobre la segunda ola de la pandemia que es lo que tiene a Sheinbaum en una situación de emergencia.



Nota 1: El Consejo de la Judicatura afirmó en un comunicado el lunes que es falso que haya solicitado a autoridades investigar al ministro Luis María Aguilar, como se publicó ayer. Esta columna ratifica que sí se solicitó una investigación. Si fue de manera institucional o fue a nivel individual, tendrá que ser motivo de discusión interna. El hecho es que existe una investigación y no fue iniciada de manera unilateral en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Nota 2: En la misma columna se mencionó que al exfuncionario de la Judicatura, Francisco Javier Pérez Maqueda, se le investigaba por la construcción de penales. Para efectos de precisión, supervisó la construcción de los Centros de Justicia Penal, no las cárceles.
26 Octubre 2020 04:09:00
Luis María Aguilar, ¿otro ministro que cae?
Arturo Zaldívar, que hace un año declaró que los dos grandes poderes que enfrentaba la Corte y el Poder Judicial era el nepotismo y los focos de corrupción, fue una pieza instrumental del Gobierno para deshacerse el año pasado de Eduardo Medina Mora, quien envuelto en un escándalo de corrupción, fue forzado a renunciar de la Corte sin que Zaldívar lo defendiera. Ahora, la mirada del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha estado sobre un colega, el ministro Luis María Aguilar, que tiene una larga carrera en el Poder Judicial, a quien ha solicitado a las autoridades federales que lo investiguen.

La denuncia de corrupción en el Poder Judicial que hizo Zaldívar –quien es muy cercano a Palacio Nacional- hace un año, tienen fondo. Una exministra, en uno de los casos más extremos de abuso, llegó a tener a 11 personas que trabajaban en su servicio doméstico, en la nómina de la Suprema Corte. Otros han aprovechado su cargo para promover a familiares dentro del Poder Judicial. Y un número de miembros jueces y magistrados se han visto envueltos en temas de corrupción, que es lo que quiere eliminar el presidente de la Corte.

Sus ojos están volcados en una limpia en el Consejo de la Judicatura y en el ministro Aguilar, por lo que Zaldívar fue recogiendo elementos de presunta corrupción de su colega y los puso a disposición de las autoridades, para solicitarles que determinen sus responsabilidades. Las pesquisas están dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y se está elaborando la red con las presuntas irregularidades y presuntas ilegalidades del ministro.

Las propiedades y las cuentas bancarias del ministro Aguilar están siendo revisadas, pero dentro de la red de vínculos, que es un método siempre utilizado en las investigaciones, aparece de manera prominente y amplia Francisco Javier Pérez Maqueda, a quien el Consejo de la Judicatura Federal inhabilitó por 20 años en agosto pasado, tras una investigación iniciada cuando le encontraron en la cajuela de su automóvil, en 2017, 3.49 millones de pesos. El Consejo, que confirmó la decisión de su Comisión de Disciplina en agosto de 2019, señaló que el hoy exdirector del Consejo de Muebles y Mantenimiento, había recibido dinero que no correspondía a sus prestaciones.

Pérez Maqueda dijo desde el momento en que lo sancionó la Comisión de disciplina, que ese dinero fue “sembrado”, pero nunca se supo más de las investigaciones judiciales. Las sospechas que se han manejado dentro de la Corte sobre este caso, es que Pérez Maqueda pudo haber obtenido ese dinero como comisión por la construcción de 39 penales. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene abierta una averiguación sobre el total de los penales, sino exclusivamente sobre uno en el centro-sur del país.

El exfuncionario del Consejo de la Judicatura es muy cercano al ministro Aguilar, quien lo nombró en ese cargo al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pese a sus antecedentes. En 1997 fue inhabilitado por cinco años, por causas aún desconocidas, pero en 1998 se revocó la destitución por la prescripción de los delitos. A finales del Gobierno de Felipe Calderón se le acusó de asignación discrecional de contratos en materia informática, por lo que fue inhabilitado durante tres meses, sin imputarle responsabilidad penal o administrativa. Entre las alertas que le hicieron llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra una, precisamente vinculada con una adjudicación directa que le hizo la Corte a Cisco por 140 millones de dólares. Hay otra adjudicación directa bajo sospecha, otorgada a Telmex, en vísperas de que terminara su gestión como presidente de la Corte, por 2 mil 400 millones de pesos, por el servicio de red privada virtual.

En la investigación que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, no se ha encontrado, al menos todavía, una relación directa entre el ministro Aguilar y Pérez Maqueda. Sin embargo, se les vinculó a través de un tercero, que tiene acceso a una de las cuentas de Aguilar para hacer depósitos o retiros, que figura como representante legal de una empresa a la que estuvo vinculado en el pasado Pérez Maqueda, y que durante su paso como funcionario del Consejo de la Judicatura, le asignó contratos.

La pesquisa está lejos de estar concluida, de acuerdo con funcionarios federales, y se siguen abriendo líneas de investigación que se desprenden de los datos y los nombres que están apareciendo. Las quejas del ministro Zaldívar no han parado en contra de Aguilar. Entre las imputaciones que se le han hecho en la Corte es que durante su presidencia, de enero de 2015 a enero de 2019, la corrupción en el Poder Judicial se incrementó de una manera notable. Esto no es una acusación formal, porque no hay pruebas que lo relacionen al fenómeno, pero construye la idea en las autoridades de que algo muy podrido sucedió durante ese periodo.

El ministro Aguilar llegó a la Suprema Corte en 2009 y su mandato terminará en 2024. Es decir, tendrá muchos años que enfrentará los embates de Zaldívar y su consecuencia directa, las investigaciones federales que buscarán si incurrió en actos de corrupción.



Nota:
El viernes pasado se publicó en esta columna extorsiones en contra de empresarios a nombre del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que utilizaban información confidencial sobre ellos que solo podrían tener el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. El texto decía que no se sabía el resultado de las investigaciones sobre estos crímenes. Funcionarios federales informaron que ya existe una investigación conjunta con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ha producido el encarcelamiento de un extorsionador y el congelamiento de tres cuentas vinculadas al delito.
23 Octubre 2020 04:07:00
Corrupción en la 4T
El 12 de octubre, la Jefatura de Oficina de la Presidencia publicó un comunicado de prensa que pasó desapercibido, pese a la gravedad del tema que advertía. El jefe de la Oficina, Alfonso Romo, afirmaba que había sido notificado que terceras personas se habían hecho parar por él y por miembros de su equipo de trabajo para pedir dinero a cambio de “diversos fines”. Un mes antes, en respuesta a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la secretaria particular de Romo, Regina Sada, abordó el tema en los mismos términos del comunicado. Es decir, la alerta de lo que estaba sucediendo llegó y debieron tomar acciones. Sin embargo, no fructificaron. Algo que se estaba pudriendo en algún lado de Palacio Nacional, porque continuaron las extorsiones.

Varios empresarios se han quejado de extorsiones por parte de quienes creen funcionarios del Gobierno federal, que motivó la primera comunicación de Salazar a Romo, y que continuaron con un patrón similar. En un caso a cuyos mensajes de WahtsApp se permitió tener acceso, un empresario, a quien se investiga por presuntas irregularidades o ilegalidades en el campo de su negocio, recibió una llamada telefónica a principios de octubre supuestamente de la oficina de Romo, donde le detallaban con precisión información financiera suya y de su empresa, que solo las autoridades hacendarias, el SAT y él podrían tener.

Por lo mismo, cuando le ofrecieron que Romo podría mediar con las autoridades para que hablaran y conciliaran, mediante una contribución de 10 millones de pesos para la campaña de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó la intermediación sin dudar, y como un acto de buena fe, hizo el depósito en una cuenta CLABE que le indicaron, que no era del Gobierno. Posteriormente recibió una carta supuestamente de Romo, que entre otras cosas, decía:

“1. Queda confirmada la reunión el día miércoles 14 de octubre del año en curso a las 10:00 AM en mi despacho privado en Palacio Nacional, se coordinará mi asistente personal el C. Lic. Víctor Ruiz para recibirte personalmente en nuestra reunión privada.

“2. Te informo que hoy me llega por la tarde toda la información que he solicitado en privado, en cuanto a unas investigaciones que se tienen por parte de la UIF y de SHCP. (sobre supuesta evasión o deudas fiscales y pagos pendiente de impuestos). Pero mi promesa personal y política está firme para sacar adelante estos asuntos, haciendo mi compromiso de que todo quedará cerrado en su totalidad y sin problema alguno. Eso déjame a mí, desde mi trinchera lo voy a operar para que quede solucionado de inmediato.

“3. Nuestro amigo y Presidente de México te manda un saludo y fuerte abrazo. Te agradece de antemano el apoyo solicitado y recibido. Nuestro Presidente me ha instruido para solicitante una segunda y última solicitud de aportación por $35.0 (35 millones de pesos) más IVA. Dicha cantidad será para terminar el tema de campaña de salud que nuestro Presidente nos ha solicitado en tiempo y forma. Esperando como siempre recibir tus atenciones al tema”.

Para animarlo, le dijo que a esa reunión estaban ya confirmados el Presidente, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y las cabezas de Hacienda y Economía.

La carta agregaba: “Nuestro objetivo de reunión es claro y preciso, es poner sobre la mesa todos los detalles que estén en contexto para que se cierren todo tipo investigaciones en contra de la empresa y de tu persona, o en su defecto te den todas las explicaciones de los temas a tratar, con el firme compromiso que aquí se trata de sumar esfuerzos en el desarrollo humano, empresarial en apoyo a pequeñas, micro y medianas empresas para el crecimiento del país, con base en los planes que me comentaste vía telefónica, de igual manera te reitero que nuestro Presidente de México, hoy en día requiere de gente exitosa y triunfadora como tú amigo”.

En un siguiente mensaje por WhatsApp, el supuesto Romo le dijo que estaba pendiente de los datos fiscales para hacer los trámites deducibles de impuestos. El empresario no veía que se iba a materializar esa reunión y comenzó a tener dudas sobre las comunicaciones. La reunión que tenían programada se había aplazado, pero recibió otra petición de 20 millones de pesos, ante lo que respondió que en ese momento, por compromisos de nómina y pago a proveedores, no podía depositar. El supuesto jefe de Oficina, le respondió:

“Estimado, tengo un compromiso personal y político con tu persona y está confirmada la reunión, espero me apoyes por lo menos con una parte de lo solicitado por nuestro amigo para cubrir a la brevedad posible el tema que nos ocupa de campaña de salud que nos ha pedido nuestro Presidente. En cuanto a lo expuesto en el informe que te mandé, será así todo el apoyo. En la reunión te comentaré más a detalle, hay algunas cuestiones que solo personalmente te las comentaré. Las investigaciones de la UIF están muy avanzadas pero todo tiene solución; al parecer tiene cuestiones y alegatos de evaluación fiscal, pero reitero, déjamelo a mí y desde mi trinchera todo quedará listo. Le informé a nuestro amigo de todos tus planes de apoyo a micro y pequeñas empresas y está entusiasmado”.

El empresario ya no depositó nada ni tuvo junta alguna con Romo, cuya oficina ya ha solicitado que se investigue a quiénes están utilizando información confidencial para extorsionar. No hay duda que para cometer esos delitos se tienen colaboración de funcionarios, por la calidad de información a la que tienen acceso y el conocimiento de los colaboradores de Romo que figuran en los mensajes apócrifos. Tras el último mensaje, el empresario dejó de recibirlos.

Por los menos, en un caso, se paró la extorsión. No se sabe si se detuvieron con aquellos otros en la misma situación.
22 Octubre 2020 04:07:00
La ilegalidad de Pío López Obrador
Se necesita ser cínico y apellidarse López Obrador para tener los arrestos de Pío López Obrador, para demandar a Carlos Loret el 2 de octubre por la divulgación de videos como “hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia”, por lo cual pide que se le sancione con 12 años de cárcel. El hermano menor del Presidente se ampara en el capítulo sobre revelación de secretos del Código Penal, para castigar a quien dé a conocer “indebidamente” imágenes e información obtenidas en una intervención privada. Ese derecho entra en colisión con otro, el de la libertad de prensa, que en caso de difamación se sanciona administrativamente, porque las penas penales, muy propias de regímenes autoritarios, se anularon hace tiempo.

¿Difamó Loret? ¿Qué fue lo indebido que hizo? A juicio de Pío, exhibirlo cuando recibe casi un millón de pesos en efectivo “para la causa” de un operador político vinculado al Partido Verde, David León, que poco después fue alto funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es un delito electoral. Otro, especificado contenido en el mismo Código Penal, es de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que entra al ámbito de la delincuencia organizada, por lo cual ambos irían a la cárcel, mientras prueban su inocencia.

Magnánimo, el Presidente le dijo a Loret que no se preocupara, porque no pasará nada. Convertido en rector de los deseos de Pío y Ministerio Público, ya desechó la demanda que, dijo, desconocía. Tampoco se sabe que la Fiscalía General haya actuado con la velocidad que un caso de esta magnitud requiere -¿el hermano del Presidente involucrado en un tema que cae en delincuencia organizada?-, porque ni es independiente, ni actúa con equidad, ni sufre sanción social. ¿Recuerdan alguna vez a un familiar de un Presidente cometiendo un delito en flagrancia? Pobre Presidente y su Gobierno. No es el caso actual. El blindaje del Presidente es ciegamente abrumador.

Pío y León ya declararon en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero a diferencia de otros casos menos sólidos de personas que le estorban al Presidente en la marcha de su Gobierno, no se les congelaron sus cuentas ni se realizó un juicio sumario en la mañanera con Power Point, para mostrar todo un entramado financiero de dónde sacó León los recursos –y apoyar la narrativa-, o las vinculaciones de Pío y qué hizo con ese dinero.

De haberse hecho en el caso del hermano del Presidente, la denuncia que hizo Loret habría escalado por la opacidad de las finanzas de Pío López Obrador, quien no tiene ninguna actividad profesional ni tampoco registro en el SAT. Es decir, para asuntos fiscales, no existe. Pero existe en la vida diaria como un ciudadano que sí tiene ingresos y gasta, que viaja y se regala caprichos como administrar un equipo de beisbol, además de disponer de un flujo de recursos estable para enviar dinero a su hijo de manera regular, quien se encuentra estudiando en Canadá.

La información financiera de su familia muestra que su esposa tiene ingresos, nada extraordinarios, derivados de actividades relacionadas con los sectores agropecuarios y forestales, de donde recibe ingresos que no declaró, sin embargo, durante tres años. Es decir, la cuñada del Presidente tiene inconsistencias en sus declaraciones fiscales, que tampoco ha aclarado con el SAT. Las inconsistencias pueden derivarse de múltiples razones que no tienen que ver con la comisión de un delito, y se resuelven mediante conciliación con las autoridades tributarias que, en el peor de los casos para los contribuyentes que no pretenden evadir el fisco, se resuelven cubriendo aquello que no se pagó, junto con los intereses.

Pero si la arquitectura financiera de la cuñada del Presidente no muestra sobresaltos y en términos generales es transparente, la de Pío López Obrador es totalmente opaca. La fotografía de ingresos cero es la de un indigente que sobrevive en las calles. En su caso, expertos en la materia señalan que el grueso de sus operaciones económicas y financieras se encuentran por debajo de la línea mínima en la cual despierta la atención de las autoridades bancarias y fiscales. Es decir, todo su manejo lo realiza con dinero en efectivo de procedencia ilícita, en los términos como lo establece el Código Penal, que debería de tenerlo sujeto a una investigación y un proceso en la Fiscalía General.

Esto no va a pasar, obviamente, lo que no significa que la opacidad de Pío se le transfiere a Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho de la “honestidad valiente” y su cruzada moral contra la corrupción el motor de su carrera política. Se desconoce cómo se mantiene Pío López Obrador, quien vive al margen de los órganos e instituciones que vigilan que no exista delincuentes de cuello blanco o evasores fiscales, una categoría que, solo por su huella de ingresos y egresos, podría aplicarse a él.

Es una pena que el Presidente le haya instruido en una mañanera, de manera indirecta, que se desista de la demanda contra Loret, y ordenado al fiscal Alejandro Gertz Manero que no proceda. Ahí se quedará ese caso, que sería muy interesante ver su desarrollo no por el destino de Loret, que probablemente le ganaría a Pío López Obrador en los tribunales –difícilmente podrían doblegarse ante el Presidente con todos los antecedentes que hay en la Suprema Corte-, sino porque el pueblo mexicano se mantendrá sin ver aún los hoyos que tiene el discurso presidencial de la integridad y fin de la corrupción, reflejado en los manejos financieros de su hermano y la violación de múltiples leyes en las que incurrió. Por mucho menos de lo que hizo, su hermano el Presidente ha quemado en la pira de Palacio Nacional a muchos otros que no piensan como él. Aquí, todo queda en familia.
21 Octubre 2020 04:07:00
El Presidente contra la DEA
El presidente Andrés Manuel López Obrador ve a la DEA según la óptica ideológica del momento. Si se trata de la captura del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es consecuencia de la corrupción en el Gobierno de Felipe Calderón, pero si se trata de la detención del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, es una violación a la soberanía nacional. El doble discurso es notable, pero en medio de las contradicciones permeadas por su agenda política, López Obrador tiene razón en la forma como descaradamente Estados Unidos se entromete regularmente en los asuntos internos de México, y se debe frenar. 

Pero antes se requieren certidumbres. No sabemos si el Presidente habla en serio, o solo grita para sus audiencias domésticas; si está determinado a tomar medidas concretas al respecto, o volverá a agacharse cuando el presidente Donald Trump lo vuelva a ver feo. ¿Está dispuesto finalmente a defender a México, y dejar de entregarse a los deseos estratégicos del jefe de la Casa Blanca? Si el tono de su indignación es real, tendrá el apoyo de muchos; si es una molestia pasajera, pese al machetazo que le propinaron en las piernas que sostienen buena parte de su Gobierno, seguirá acumulando el desprecio de quienes pensamos que hincarse ante Estados Unidos es inaceptable.

López Obrador es el Presidente más entreguista que ha tenido México en la memoria, bajo el argumento de que no quiere pelearse con Trump para que no tome decisiones que afecten su proyecto de reforma. Desconoce que hay otras formas de evitar un conflicto sin tener que ser genuflexo, y aunque es tarde para esconder el polvo de las rodillas, es un buen momento, pertinente, para corregir. 

Lo primero, por ejemplo, instruir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para pedir explicaciones al embajador Christopher Landau, el diplomático más intervencionista que ha representado a Estados Unidos desde John Gavin, en el gobierno de Ronald Reagan, del por qué México fue mantenido en completa oscuridad sobre la investigación y posterior captura del general Cienfuegos. Lo que hizo el Departamento de Justicia fue una cachetada a López Obrador, que presume de tener una buena relación con Washington. Cuando detuvieron a García Luna avisaron con una antelación de 10 minutos antes de que lo aprehendieran, pero les habían comunicado con anterioridad que lo estaban investigando y pedían la colaboración del Gobierno mexicano.

También podría el Presidente, ya que anda pidiendo por todos lados que ofrezcan disculpas a México por lo que hicieron otras naciones intervencionistas en el pasado, que incluya a Estados Unidos, que se quedó con más de 50% de territorio mexicano en el siglo 19, que ha invadido México en dos ocasiones, y que ha realizado al menos, en el recuento del historiador Gastón García Cantú, 156 intervenciones. Simbólicamente, López Obrador parecería justo al reclamar a quien más a golpeado a México como nación, y que hoy en día ignora para evitar que le den de manotazos en la Casa Blanca.

En términos de la real politik, López Obrador puede hacer otras cosas importantes, sin tener que andarlas ventilando en la mañanera, donde se socializan acciones que se quedan en demagogia y propaganda, sin corregir el fondo de las cosas. Una de ellas es quitarle lo hablador a Landau, y que cada vez que se meta en los asuntos internos, sea llamado a la Cancillería para reconvenirlo. Si insiste, elevar el reclamo al Departamento de Estado.  

Con respecto a la DEA, López Obrador debe preguntar sobre el expediente que tiene el Gobierno mexicano, donde verá que después del secuestro del doctor Humberto Álvarez Macháin, relacionado con el asesinato de su agente Enrique Camarena Salazar, el gobierno de Miguel de la Madrid exigió que los agentes de la DEA fueran registrados como tales en la lista diplomática oficial. Relaciones Exteriores y la Fiscalía saben a detalle cuántos, quiénes y dónde se encuentran los agentes de la DEA en México, y una señal de molestia real sería, con discreción, expulsar de este país al jefe de la agencia antinarcóticos, por haber violado los convenios de colaboración bilateral y embarcarse en una clara acción de espionaje.

López Obrador debe cuidar su lenguaje público, si está hablando en serio, porque con esas bravuconadas mañaneras, lejos de resolver las cosas, lo toman como alguien ridículo. México y Estados Unidos tienen hace mucho años, como todas las naciones en sus bloques de intereses comunes, una estrecha relación en temas de inteligencia y seguridad, donde comparten información. Eso no puede frenarse porque va en contra de los intereses mexicanos y en particular de su Gobierno. Sin información de Estados Unidos, una buena parte de su combate a la corrupción se truncaría. Por lo mismo, el fondo no es romper con Estados Unidos, sino evitar los abusos, que se acrecentaron desde el gobierno de Vicente Fox, y que rompen los parámetros de la cooperación bilateral.

El Presidente tiene la autoridad política y moral para ejercer esa presión y poner límites a sus actividades en México. Sin embargo, hay asegunes. La razón por la cual lo mantuvieron en ascuas sobre lo que iba a suceder con el general Cienfuegos y que Estados Unidos intervenga conversaciones telefónicas desde su territorio -para darle la vuelta legalmente al espionaje-, es porque no creen que el Gobierno mexicano, y en particular López Obrador, esté combatiendo al crimen organizado. Como está en los documentos del Caso Cienfuegos, creen que lo que se brinda es protección. 

La percepción no se cambia con gritos en las mañaneras, sino con acciones concretas. Si existe respeto y que esas acciones extralegales de los servicios policiales y de inteligencia cesen, debe probar que se encuentra en la misma línea de combate a la delincuencia organizada transnacional que el mundo, y no del otro lado de la trinchera, como aparentemente lo ha estado hasta ahora.
20 Octubre 2020 04:07:00
Los cabos sueltos del general
El general Salvador Cienfuegos se declarará hoy, de acuerdo con lo programado, inocente o culpable de las acusaciones que le ha formulado el Departamento de Justicia por haber protegido al cártel de los Beltrán Leyva y perseguido a sus narcorrivales, a cambio de dinero. Uno asumiría, casi por definición, que se dirá inocente, pero el caso es tan extraño que es mejor no adelantar vísperas. Las caras oscuras del caso aparecen en la presentación de la acusación a la jueza Carol B. Amon, de la Corte Federal en Brooklyn, donde se desahogará el proceso, que menciona varios datos que brincan.

En la carta de presentación a la jueza, el fiscal interino Seth D. DuCharme, dijo que Cienfuegos fue responsable, al menos indirectamente, del asesinato de un líder de la organización que estaba en la cárcel, que “incorrectamente” pensaron que era informante de la DEA. Según DuCharme, el asesinato fue consecuencia de haber advertido al entonces jefe del cártel, Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado el H-2, que había una investigación en Estados Unidos contra la organización. ¿Quién fue ese líder de los Beltrán Leyva que fue asesinado en la cárcel?

No hay registro público de ningún líder asesinado en el periodo en que el general Cienfuegos fue secretario de la Defensa, pero sí es público que Héctor Beltrán Leyva, quien asumió la jefatura de la organización tras el abatimiento de su hermano Arturo en diciembre de 2009, murió el 19 de noviembre de 2018 dentro de la prisión de máxima seguridad en el Altiplano de un infarto, según el parte de las autoridades. Beltrán Leyva, detenido por el Ejército en octubre de 2014, era el financiero de la organización y quien pagaba los sobornos, de acuerdo con funcionarios federales.

Su muerte, si se siguiera la lógica de la mafia de no dejar cabos sueltos, cerraba los vínculos de la organización con el general Cienfuegos, toda vez que en febrero de 2017, el año en que dice el Departamento de Justicia cesó el apoyo del exsecretario de la Defensa al cártel de los Beltrán Leyva, Patrón Sánchez fue abatido en Nayarit por la Marina. Siguiendo esta hipótesis de trabajo, el general Cienfuegos podría haber pensado que sin ellos dos vivos, su participación con esa organización estaba blindada.

La carta de DuCharme señala a la jueza Amon que el general Cienfuegos ayudó a que salieran de la cárcel miembros de la organización criminal. No fue así con Héctor Beltrán Leyva, el más prominente de ese cártel en prisión. Incluso, de acuerdo con funcionarios federales, pocas semanas antes de que fuera extraditado a Estados Unidos Alfredo Beltrán Leyva, detenido en 2008, buscó hablar con su hermano recientemente capturado, pero el general Cienfuegos se lo impidió. 

Si el infarto de Beltrán Leyva no fue tal, sino un asesinato, como siembra la duda DuCharme, los problemas para el general Cienfuegos con el narcotráfico tomarían otra dimensión -al considerarlo un traidor- tras la afirmación contenida también en su carta a la jueza, de que en las conversaciones telefónicas interceptadas al exsecretario de la Defensa con Patrón Sánchez, hablan de la colaboración que había tenido el militar antes con otras organizaciones criminales. En la suma de incidentes, la lógica criminal llevaría mecánicamente a pensar que lejos de ayudar al cártel, lo habría entregado a sus rivales.

Abatido el entonces líder del cártel a dos semanas de que terminara su gestión, Cienfuegos quedaba sin protección criminal y sin escudo con el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, quien había desoído sus dos recomendaciones para relevarlo al frente de la Secretaría de la Defensa, y se había inclinado por el general Luis Cresencio Sandoval, el vigésimo segundo de los 23 generales de tres estrellas con posibilidades de ser nombrados titulares de la cartera, por ser quien, en esos niveles, tenía menos compromisos adquiridos internamente. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el general Cienfuegos quedaba desprotegido políticamente, con un secretario de la Defensa que tampoco iba a hacer nada por él si comenzaba a romperse el frágil equilibrio entre su tranquilidad y la posibilidad de ser llevado a juicio en México, que comenzó a ventilarse recientemente al anunciar el presidente López Obrador que había militares en retiro que iban a ser procesados por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin sugerir al alto mando, la imputación de López Obrador y el contexto de cómo la Fiscalía General actúa sin filtros, conduciría al exsecretario.

El periodo que señala el Departamento de Justicia de su colaboración con el cártel de los Beltrán Leyva incluye la noche en que desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, uno de los siete municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, de donde sale 49% de la heroína hacia Estados Unidos, y cuyo trasiego es uno de los delitos que le imputan al general. Los normalistas, coinciden los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador, fueron víctimas de un crimen derivado de la confusión de Guerreros Unidos que pensaron que los estaban atacando sus narcorrivales Los Rojos -los dos, escisiones de los Beltrán Leyva.

Analizada la situación política -por la posición de López Obrador- y de seguridad en México -porque de ser cierta la acusación del Departamento de Justicia, sin el poder y debilitado, podría ser objeto de una narcoejecución-, queda la duda de si el general Cienfuegos, de 72 años y con un futuro totalmente incierto, fue detenido en Los Angeles la semana pasada o fue una entrega pactada. No había viajado a Estados Unidos desde marzo del año pasado, y llegó acompañado de su esposa, sus hijas y nietas, que podrían quedarse en ese país, con seguridad y menos intranquilidad política. El proceso apenas comienza y vendrán sorpresas, que es lo único que tenemos de cierto de este nuevo caso.
19 Octubre 2020 04:07:00
A juicio el Ejército Mexicano
Es muy extraño que el general Salvador Cienfuegos haya decidido involucrarse con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuando ya había perdido a sus principales dirigentes y había organizaciones criminales más poderosas, a la mitad de su gestión como secretario de la Defensa, como los acusa el Departamento de Justicia de recibir sobornos a cambio de protección. Sin embargo, a diferencia de la acusación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el general aportaron miles de mensajes y grabaciones como evidencia, que sugiere un largo trabajo de inteligencia, contra las declaraciones de testigos protegidos en juicios anteriores, en el último caso.

Su captura el jueves pasado fue consecuencia de la acusación que le hizo un Gran Jurado en la Corte Federal de Nueva York, en Brooklyn, el 14 de agosto del año pasado, y esperaron a que viajara a Estados Unidos para detenerlo, ante el riesgo de fracaso si pedían a México su captura por el blindaje de la Secretaría de la Defensa, o su extradición, como sucedió con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aquel día se giró la orden de detención, y un mes después empezaron a circular rumores en Washington que venía un golpe contra él y generales mexicanos a quienes vinculaban con el narcotráfico.

Los rumores fueron transmitidos como tales por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, al presidente Andrés Manuel López Obrador, hace poco más de dos semanas, sin tener mayor información. La investigación fue mantenida con total hermetismo del Gobierno mexicano, al igual que su captura. López Obrador se enteró aproximadamente cinco horas después de la detención. Cuando se detuvo a García Luna en Dallas, el Departamento de Estado avisó a la Embajada 10 minutos antes de realizarla; y cuando detuvieron en febrero a la hija de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en Washington, avisaron media hora antes.

La desconfianza de los órganos de inteligencia de Estados Unidos que arrastra el Gobierno desde la Administración de Enrique Peña Nieto por su falta de combate a los cárteles de la droga, quedó de manifiesto. Hace poco más de dos semanas estuvo en México el jefe interino de la DEA, Timothy Shea, para revisar la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico, pero sobre todo, para presionar al Gobierno de López Obrador por la pobre gestión en la erradicación de cultivos de droga, que se encuentran en el peor momento del siglo. Pero de la orden de captura girada 46 días antes, y la inminente detención de Cienfuegos, no dijo una palabra.

La acusación contra el general está llena de incógnitas. El Departamento de Justicia lo señala como protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva para frenar acciones en su contra y, al mismo tiempo, perseguir militarmente a sus rivales, incluida la ubicación de transporte de cargamentos de droga marítimos, como lo hacen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, siendo esta una responsabilidad no del Ejército, sino de la Marina. En el interlineado de la acusación está la posibilidad de que subalternos en Lomas de Sotelo, así como comandantes de regiones y zonas militares en varios estados del pacífico, donde se da el trasiego de heroína y metanfetaminas que incluyen en la acusación, resulten involucrados en este caso.

Si las evidencias contra el general Cienfuegos resultaran ciertas –se probará en el juicio, si se da– será doblemente extraño su actuar, porque mientras desde 2009 el cártel de los Beltrán Leyva fue perdiendo fuerza y control tras el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa continuó mostrando su fortaleza –pese a la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán– y el Jalisco Nueva Generación creció, se fortaleció y se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. ¿Por qué el secretario de la Defensa, en medio de su poderosa gestión, a menos de dos años del retiro, se relacionaría con un cártel en picada?

Nadie está en la cabeza del general Cienfuegos, ni se conocen sus conversaciones más íntimas con sus principales allegados para poder responder a esa pregunta, de ser verdad su relación con la organización de los hermanos Leyva, o existen otras motivaciones. La acusación del Departamento de Justicia, sin embargo, abre todo un mapa de navegación para que sus fiscales se metan hasta el corazón de la Secretaría de la Defensa Nacional y volteen de cabeza todas las oficinas del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Sólida o no la imputación contra el general Cienfuegos, es toda una estructura del Ejército la que va a ser puesta en el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn, porque como secretario de la Defensa, para haber cometido los delitos que se le imputan, tendrían que haber participado toda una cadena de mandos subordinados en estos presuntos actos criminales. Este proceso será el más importante en la historia de México en materia de narcotráfico, por el rango tan elevado y sin precedente del inculpado, y sobre todo por todo el entramado de vinculaciones y consecuencias que pueda traer el solo proceso.

En el caso de las Fuerzas Armadas, a diferencia de los civiles, no hay un antes y después en la existencia de la institución, como el presidente López Obrador ha sembrado en el imaginario colectivo la díada del pasado y el presente político y económico. Lo que mostró el Departamento de Justicia es un cáncer en el pilar que sostiene al Estado mexicano, que irá desvelando en el juicio abierto en Brooklyn. El desangramiento del Ejército será lento, pues un juicio tardaría varios meses en iniciarse, tiempo para que el Presidente y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval analicen el tamaño del monstruo que se les viene encima y la forma cómo enfrentarlo, para evitar que también los devore a ellos.
16 Octubre 2020 04:07:00
A un año del ‘Culiacanazo’
El 17 de octubre de 2019 nunca será olvidado. Fue el día en que el cártel de Sinaloa humilló al Estado Mexicano, subordinó a sus exigencias al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y demostró que su poder es capaz de poner de hinojos al propio Presidente.

Ese día se conoce como “El Culiacanazo”, cuando en respuesta a una petición de extradición de Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas preparó una operación para capturarlo, con un diseño tan deficiente, que dejaron sin apoyo al comando de policías federales que lo capturaron y capitularon.

Recapitulando lo que sucedió, podemos repreguntar, como se hizo 48 horas después de la debacle del Gobierno, ¿qué falló?

1.- Culiacán, como otras ciudades de alta presencia criminal, está llena de halcones, que informan de cualquier movimiento sospechoso. Por tanto, el Gabinete de Seguridad cometió errores que no se habían dado en el pasado al planear la captura de un objetivo de alto impacto, ignorando la experiencia acumulada, como:

a) No incorporar personal de la plaza, con lo cual evitaban filtraciones o ser sometidos a chantajes, como sucedió con la privación de la libertad de familiares de militares que participaban en la operación.

b) En el pasado, los comandos especiales que realizaban la operación, llegaban a la plaza subrepticiamente, uno por uno, o en grupos menores de tres, y en vehículos privados para evitar ser detectados, lo que se conocía como intervención hormiga, y no partían jamás de instalaciones federales que siempre están bajo vigilancia.

c) El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían en dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria, que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió, involuntaria o deliberadamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación.

2.- Ese tipo de operaciones se debe planear bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Para ello se requiere:

d) Elemento de sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende y los halcones dieron cuenta perfecta de él. El operativo se planeó a mediodía, y no arropados por la noche de la madrugada, cuando están menos alertas y, además, se reduce significativamente el riesgo para civiles no involucrados con criminales.

e) Control de las comunicaciones. Por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal, como debía de haberlo hecho el Ejército, que tiene los equipos, para impedir una respuesta rápida del enemigo.

f) Capacidad de fuego. Como admitió el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo. Inaceptable como argumento; imperdonable en la estrategia. Tampoco utilizaron los blackhawks, que dejaron en tierra por temor a que se los derribaran. La falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el Gabinete de Seguridad que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello.

g) No hubo plan de extracción. Esta es una de las pruebas más fehacientes del fallido plan. El objetivo tendría que haber sido extraído de manera rápida y segura, pero la captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo, hizo imposible concluirlo. El cártel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto, para frenar cualquier acción de apoyo. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con el mismo propósito. Los federales habían cumplido con la misión de capturarlo, pero el comando militar los abandonó.

El cártel de Sinaloa también le ganó la narrativa al Gobierno federal. Los secretarios de la Defensa y de Seguridad, Alfonso Durazo, se contradijeron desde el mismo jueves, y el choque de versiones continuó al día siguiente.

El presidente López Obrador desmintió y corrigió a ambos. Nunca hubo un grupo de crisis. El vocero del Presidente, Jesús Ramírez Cuevas, no ordenó el mensaje oficial ni contrarrestó la desinformación criminal. En cambio, el abogado de “El Chapo” Guzmán, orientó desde el mismo jueves 17 la información y en una conferencia de prensa agradeció al Presidente su “humanitarismo”, por liberarlo.

Militar, política y mediáticamente, el cártel de Sinaloa humilló, chantajeó y derrotó al Gobierno federal. Un año después, no hay ninguna evidencia de lo contrario. La liberación de Ovidio Guzmán López la negoció directamente su hermano Iván, quien fijó las condiciones y los términos de la rendición.

El presidente López Obrador justificó en su momento que lo dejó en libertad para evitar un baño de sangre, pero ni siquiera supo lo que confesó, lo que provocó y las consecuencias que tendría su decisión. La más evidente, la percepción mundial que los cárteles de la droga mandan en México.
15 Octubre 2020 04:09:00
Aguas con el búmeran, Presidente
La historia, contada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se resume así: la empresa Nunvav obtuvo entre el último año del Gobierno de Felipe Calderón y los cinco primeros de Enrique Peña Nieto, nueve contratos por 390 millones de dólares, del cual hay un adeudo del 30%, porque la Secretaría de Hacienda asegura que no existe evidencia de los trabajos realizados. Y hay otra parte de esta historia, la política, que se materializó en una tarjeta informativa de Hacienda y la Presidencia, donde señalan que esa empresa es pieza clave en la triangulación de recursos, porque benefició a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón, sujeto a proceso en Nueva York por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

López Obrador, aderezó con picante político al mezclar contratos con fideicomisos y bordar en aspectos circunstanciales, para impulsar su agenda de lucha contra la corrupción. Está en su derecho y puede hacer de la propaganda y la demagogia su brazo estratégico para objetivos ulteriores. A veces, o muchas veces, sin embargo, actúa con ligereza legal y sin tener completamente clara y sólida la información. El tema de Nunvav parece uno de ellos, aunque en su descargo, la confusión emana de la investigación que sobre esa empresa inició el Gobierno de Estados Unidos sobre los Weinberg antes, incluso, que detuviera a García Luna.

Nunvav se ha convertido en un eje de las acusaciones contra García Luna en ambos países, donde prácticamente señalan que es una empresa fachada que utilizó el exsecretario para enriquecerse y lavar dinero. Los fiscales estadunidenses tendrán que probarlo, pero en el Gobierno mexicano, están corriendo a mucho más velocidad que en Nueva York, sobreponiendo a lo legal, lo político. Por lo mismo, los márgenes de riesgo en los que se encuentra López Obrador y su Gobierno por adelantar vísperas, podría toparse con una sorpresa y encontrarse con el búmeran que lanzaron.

Los fiscales en Nueva York han ido entregando al juez en la Corte Federal en Brooklyn recortes periodísticos para probar la relación de negocios entre los dueños de Nunvac y García Luna. Un método similar utilizó en México el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien en mayo afirmó a la cadena de televisión Univisión, que García Luna había lavado más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas de sus “asociados” Samuel Weinberg y su hijo Alexis Weinberg.

La investigación se originó como parte del seguimiento de la compra de una lujosa casa en Golden Beach, a aproximadamente media hora al norte de Miami, valorada en 3 millones de dólares, donde la periodista que realizó el trabajo, Peniley Ramírez, a diferencia de otros colegas que siguieron el tema, aclaró que no había podido establecer, hasta ese momento cuando menos, que esa propiedad, a donde llegó García Luna a vivir temporalmente cuando se fue a Estados Unidos, fuera suya.

Los Weinberg son empresarios mexicanos, y junto con Nathan Wancier son los socios de Nunvav, y tienen la representación del Gobierno de Israel para la venta de tecnología en materia de seguridad. Han trabajado con el Gobierno de México desde 1989, cuando el entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, les compró tecnología para el Cisen y Aduanas. Muy vinculados al sector hacendario por sus equipos con tecnología de punta, también recibieron contratos en el Sistema de Administración Tributaria, cuando el jefe del SAT era Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia.


Hasta donde ha sido posible saber, García Luna sí tiene relación cercana con los Weinberg, e incluso prestó sus servicios en América Latina a su empresa al terminar el sexenio de Calderón. El presidente López Obrador los ha pintado como un mismo ente, como esta semana, cuando así lo contextualizó en uno de los contratos de Nunvac y que el secretario de Gobernación del Gobierno de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, que tenía animadversión contra García Luna, no terminó de pagar.

López Obrador anunció que están investigando los contratos de Nunvav señalados por Hacienda, cuya adjudicación abarca prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto. La investigación podría arrojar datos interesantes e inesperados, probablemente incluso para el propio Presidente, porque tocan una de las venas que alimentan el corazón de su autollamada transformación.

Samuel Weinberg está casado con la señora Silvia, quien a su vez es prima hermana de Julia Abdala, la pareja por más de 20 años de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Los Weinberg tienen otra empresa en México, ICIT Private Security México, que tenía oficinas corporativas en un edificio en Polanco, propiedad de la esposa de Weinberg, que se lo había comprado a su prima Julia. La relación entre las parejas Weinberg y Bartlett-Abdala era tan cercana, que en la boda de Alexis compartieron una de las principales mesas, irónicamente, con García Luna.

Ninguna relación familiar implica delito alguno, pero en el desbordamiento que suele hacer López Obrador de todos los casos para politizarlos, son como un conejo perverso en la chistera. Hacienda tendrá que terminar su investigación y determinar si la irregularidad en una o más obras durante el sexenio de Peña Nieto, se puedan resolver con Nunvav, administrativa o penalmente. Pero será la Unidad de Inteligencia Financiera la que deberá probar que los Weinberg y García Luna actuaron de manera ilegal para enriquecer al exsecretario a cambio de favores contractuales. La otra es navegar pasivamente en espera que los fiscales en Estados Unidos le resuelvan la investigación.

En cualquier caso, como dice López Obrador, hay que esperar a que concluyan las investigaciones y los juicios. Debe decirlo más alto, para que se escuche a sí mismo.

14 Octubre 2020 04:09:00
Se enojó el general
Al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, no le gustó una columna publicada en este espacio el 8 de octubre con el título La Guardia Nacional al Ejército, y por medio de una carta del coronel de Infantería, Francisco Antonio Enríquez Rojas, reclamó que se difunda “información o conjeturas erróneas”.

La carta es interesante no por sus alegatos, donde cuando no miente, tergiversa o desinforma, sino porque el fondo del texto queda sin ser respondido. Por tanto, si tomó el equipo jurídico del secretario casi una semana para rebatir prácticamente cada punto de la columna, resulta notable que la litis del texto fuera soslayada: la Guardia Nacional, creada como una institución civil, será absorbida por el Ejército.

Este es el punto trascendental. La seguridad pública pasará a ser parte de la Secretaría de la Defensa, y se están revisando las reformas constitucionales que tendrán que hacer. En cambio, el coronel detalla la creación de la Guardia Nacional, lo que no era parte de la columna, y se queja de que afirmara que “fuera de toda normatividad, el general Sandoval esté respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal”.

¿Cuál es este? El control y manejo de la Guardia Nacional, que formalmente depende de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando de facto se maneja desde Lomas de Sotelo. Esta es la ilegalidad en la que incurren los militares, apoyando las decisiones ilegales del Presidente.

El Artículo 129 de la Constitución establece sobre las Fuerzas Armadas que “en tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

El presidente Felipe Calderón, en plena guerra contra las drogas, le dio la vuelta mediante la Ley de Seguridad Interior, para blindarlas jurídicamente de la inconstitucionalidad en la que estaban al participar en tareas policiales, y en 2008, como respuesta, el Congreso reformó el Artículo 21 donde ratificó que la seguridad pública debe estar en manos de cuerpos civiles. La militarización de la seguridad pública es claramente inconstitucional.

El coronel cita el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para rodear el tema, aunque en realidad, esa ley ratifica lo aquí planteado. Ese Artículo habla de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, que la excluye de la seguridad pública, que está definida en el Artículo 30 de la misma como responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública.

Menciona también el 89 constitucional sobre las atribuciones del Presidente, en donde, una vez más, se preserva para las Fuerzas Armadas la seguridad interior y defensa exterior de la nación. La seguridad pública es responsabilidad de la Guardia Nacional, supuestamente un órgano civil, pero bajo control militar y próximamente, absorbida por la Defensa.

De que la Guardia Nacional tenga como jefes a militares en activo, que también viola la ley, el coronel no dice ni una palabra. Al refutar la subordinación de su jefe, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, a la Defensa Nacional, afirma que se tergiversa la “coordinación y la cooperación interinstitucional”. El coronel miente. Rodríguez Bucio responde como militar en activo al secretario de la Defensa –incluso lo haría si estuviera en retiro– y no meramente, como dice la carta, a un “apoyo temporal”.

Un ejemplo, citado en la columna pero soslayado en la carta, es la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán hace casi un año, donde el costo del desastre lo asumió el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, planeada por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y dirigido por Rodríguez Bucio.

El coronel precisa en su carta que todas las decisiones en materia de seguridad pública son determinadas en forma colegiada a través de las reuniones del Gabinete de Seguridad. Una vez más, en violación a los artículos 21 y 129 constitucionales, pero hay algo mas que quizás desconozca y el secretario de la Defensa haya pasado por alto: el Gabinete de Seguridad no existe legalmente; no hay ningún documento oficial que se conozca que le dé las facultades para tomar decisiones.

A menos de que produzca el Gobierno la disposición correspondiente, se puede argumentar que todo lo que se ha hecho a partir de sus decisiones, es ilegal.

Al general Sandoval no le gustó tampoco que le dijera que actúa como “cómplice” del Presidente, afirmación que se hizo a partir de lo que señalan dentro del Gabinete de que es el único que a todo lo que dice López Obrador, sin reparar en si es legal o no, entra en su apoyo.
Todo lo que hacen de obra pública viola sus atribuciones constitucionales. Todo lo que están construyendo representa una tercera parte de su presupuesto, como admite el coronel Enríquez, al negar que no han llenado de dinero al Ejército.

Se queja el secretario que se haya afirmado que el resplandor del poder y el dinero lo hayan hecho olvidar a quién responden las Fuerzas Armadas. Sin entrar a la valoración subjetiva de los términos, donde cada parte argumentará sus razones, ¿no es el resplandor del poder y el dinero lo que ha llevado al general a entrarle a todo lo que le pide el Presidente? ¿No también es una desnaturalización de las Fuerzas Armadas, que también objeta el coronel Enríquez?

Las Fuerzas Armadas sí atraviesan un proceso de desnaturalización. López Obrador quería desaparecerlas antes de asumir la Presidencia, y ahora va por el mismo camino mediante una vía que no quiere ver el general Sandoval: quitándole atribuciones de defensa exterior, y llenándolas de trabajo para que ocupen espacios dentro del Gobierno como policías y constructores, recibiendo los presupuestos que eran de otras dependencias, convirtiendo al general Sandoval en el secretario más poderoso del Gabinete hoy en día, hasta que el Presidente considere que dejó de ser funcional.
13 Octubre 2020 04:09:00
El incendiario líder de Frenaa
Gilberto Lozano es la cabeza visible del Frente Nacional Anti-AMLO, que tiene un solo objetivo: que renuncie el Presidente de la República. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que inicialmente no había caído en la provocación, ha empezado a mostrar que ese movimiento compuesto mayoritariamente por clases medias está logrando mellar en su ánimo. La forma como se refiere a ellos, en forma irónica pero forzada, y trastabillando con sus propias contradicciones, hace olear a tiburones como Lozano y a quienes lo apoyan, sangre en Palacio Nacional.

Hace unos días, aparentemente exasperado por el plantón que realizan en el Zócalo, donde se vio obligado a aceptar que acamparan ante el costo en la opinión pública que estaba causando que fueran los únicos que no tuvieran acceso a la Plaza de la Constitución, se refirió al discurso de Frenaa como “no solo incendiario, sino muy destructivo” al llamarlos a la calma y la cordura. Hasta ahí podría haberse quedado, pero continuó: “Podemos tener diferencias, pero como decía Juárez, somos mexicanos. O sea, los reaccionarios también son mexicanos. Y somos humanos, y respetarnos y no agredirnos, porque sí es una especie de fanatismo muy especial, pues está en la historia, es Hitler, es Franco, es Pinochet”.

La epidérmica ira del Presidente motivó que Lozano respondiera inmediatamente a través de un video de YouTube, cuestionando el calificativo de “incendiario”. Lozano, quien no es un improvisado y tiene larga experiencia en la beligerancia contra el sistema, respondió, sin embargo, igualmente valorativo. Llamó a López Obrador un “empleado irrelevante que no responde a lo que le estamos pagando”, y sugirió que el Presidente tiene un problema mental. “Yo te reto a que hagamos un examen de salud. Tú y yo, con un instituto internacional, que vea tu capacidad mental y tu estado físico contra el mío”, agregó.

Lozano ha cuestionado a comentaristas que también han calificado su retórica de “incendiaria”, y ante el señalamiento de que Frenaa es un movimiento de extrema derecha, ha retomado los mismos argumentos de López Obrador para atacar y estigmatizarlos. Los extremos siempre se juntan, aunque objetivamente hablando, todas las difamaciones e infundios que ha realizado López Obrador contra prácticamente todo el mundo que no piensa como él en las mañaneras, se quedan muy lejos de lo vitriólico de las palabras de Lozano y su uso libertino y abuso de la libertad de expresión.La cabeza visible de Frenaa ha justificado que sus palabras son respuesta a las de López Obrador, y si bien hay márgenes racionales para argumentar ese marco de referencia, es absolutamente inaceptable la retórica de Lozano, agresiva, grosera, sin recursos dialécticos, al cuestionar al Presidente, y a fuerza de subirlo al cuadrilátero de los insultos, tan polarizada, tan peligrosa y tan divisiva como la de quien se queja cotidianamente. Muchos de sus discursos están en YouTube y no tienen los millones de vistas que quisiera Lozano, pese a que algunos apologistas de López Obrador, que tienen más suscriptores en sus canales, le dan cabida y lo reproducen para atacarlo. 

Tanto sus aplaudidores como el propio Presidente, caen en el garlito comunicacional de brindarle gran exposición a lo que le perjudica a López Obrador, y dejarlo sembrado en el imaginario colectivo. Pero si escuchar a Lozano es alarmante, leer lo que dice puede mostrar la dimensión de la violencia en la que incurre, como cuando se refirió a las analogías con los dictadores de la Segunda Guerra Mundial, que Lozano explicó como resultado de “tu paranoia y enfermedad sicótica”. Como pequeñas muestras de sus abusos, estas son algunas de sus peroratas:

“Eres un ridículo payaso, Andrés”.

“Eres un vejete, con un infarto, que debería de irse a su rancho ‘La Chingada’”.

“No queremos a una persona que se sienta el reyezuelo, que se sienta el bufón de Palacio Nacional”.

“El señor López no estaba preparado. Fueron años de porro, de un parásito”.

“Cuando la naturaleza es la naturaleza y no puedes ir contra ella. Andrés López, te veo inepto, te veo incapaz, te veo cínico y te veo traidor”.

“¡Qué estás haciendo, lárgate, lárgate, o eres pendejo esclerótico y senil!”.

Esto no es libertad de expresión, ni mucho menos es un alegato político. Lozano y  sus simpatizantes pueden pedir que renuncie y criticar al Presidente en sus términos de gobernante, pero el insulto gratuito y los improperios sostenidos son inaceptables. No puede justificar Lozano su ultraje por la famosa frase de “¡cállate chachalaca!”, que le endilgó López Obrador al presidente Vicente Fox durante la campaña presidencial de 2006. Tampoco pueden trazarse analogías con otras difamaciones del Presidente -quien esto escribe ha sido víctima de ello- que, sin embargo, aunque políticamente dañinas y peligrosas, jamás han llegado a los niveles de Lozano.

Se queja de que le digan extremista, pero su propio discurso lo define. El extremismo determina, según los expertos, un concepto que se usa para describir sistemas de creencias religiosas, sociales o políticas que existen substancialmente fuera de las creencias convencionales, y que buscan cambios radicales en la naturaleza del Gobierno, la religión o la sociedad. Suele utilizarse para referirse a las alas radicales de movimientos más amplios, como en este caso sería la derecha o el conservadurismo, que se encuentran fuera de las corrientes convencionales porque sus puntos de vista y tácticas son cuestionables. 

Teóricamente, Lozano se encuentra en el marco del extremismo político, por fuera del pensamiento liberal-conservador que cree que el cambio que persigue requiere una acción militante fuera del proceso electoral. Se agradece que en el vacío de voces opositores, tenga el valor de hacer uso de su palabra. Se le condenan los términos como lo hace, al provocar su incendiaria retórica, la repulsa de conservadores y liberales, que probablemente considerarán que la lucha política no pasa por la aberración retórica estratégica del jefe de Frenaa.
12 Octubre 2020 04:09:00
Espionaje en la 4T
Tantas veces ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que el espionaje político ya no existe, que hay muchos que se la creen. Pero el fin y al cabo ese es un discurso político que ha mantenido mientras que ha ido reacomodando lo que antes veía como una amenaza y ahora lo ve como un activo. López Obrador confunde información de inteligencia, que es un proceso de recolección de información que permite determinar si hay amenazas a un país a fin de tomar decisiones, y espionaje, que si bien se nutre de la inteligencia, cambia su finalidad al usarse políticamente para chantajear, lastimar o desacreditar a quienes representen una molestia para algún funcionario de un gobierno. En el primero se vigila la seguridad nacional; en el segundo, se emplea en ajustes de cuentas.

López Obrador fue sujeto de ese tipo de trabajo de inteligencia desde sus tiempos de líder en Tabasco, por parte del viejo CISEN, transformado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde se responsabilizó el hoy general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, del seguimiento del entonces líder social. Rodríguez Bucio era el enlace del Ejército en el GAT, un grupo contraterrorista que se formó en el contexto del alzamiento del EZLN en Chiapas. Nunca se utilizó la información de López Obrador para desacreditarlo, aunque los gobiernos tenían claro de dónde obtenía financiamiento. Incluso, el presidente Enrique Peña Nieto se negó a filtrar parte del expediente del entonces candidato presidencial, durante la campaña de 2018.

Lo que sucesivos gobiernos concluyeron, se puede inferir, es que López Obrador no representaba un riesgo para la seguridad nacional, y tampoco cruzaron la raya para usar la información y encasillarla como espionaje político. Al llegar a la Presidencia, López Obrador fue persuadido por su amigo, el general retirado Audomaro Martínez, quien encabeza el CNI, de no desaparecer el servicio de inteligencia civil, al ver la utilidad que podía tener toda la estructura de recopilación de información. Recientemente, púbicamente nos enteramos de uno de sus productos.

López Obrador ordenó al gabinete de seguridad investigar de dónde salía el financiamiento para la movilización de agricultores en la presa de La Boquilla en Chihuahua, y la Secretaría de Seguridad Pública le proporcionó una red de vínculos con políticos, que el mismo Presidente reveló en una mañanera. Esa red de vínculos no demostraba ilegalidad alguna, pero fue utilizada políticamente, no en el marco de la seguridad nacional –cuyas acciones defensivas no se ventilan públicamente-, sino para un ajuste de cuentas porque estaba indignado por la protesta.

El trabajo de investigación sobre los productores en Chihuahua no ha terminado. López Obrador le pidió al CNI que investigue si existe financiamiento de Estados Unidos para el movimiento. En particular, el Presidente tiene entre ojos a los nogaleros –también lo ha deslizado en una mañanera-. Aún no hay resultados sobre si los nogaleros están recibiendo apoyo financiero de Estados Unidos, lo cual sería raro porque son los agricultores texanos quienes se están quejando con su gobierno de que México incumplió con la cuota de agua, pero la Secretaría de Seguridad volvió a la escena con otra red de vínculos que no prueban nada ilegal, por lo menos hasta ahora. Según su informe, quienes acaparan la explotación del agua en ese estado son las familias Urionabarrenecha y Porras Muñiz. A la primera la vinculan con el ex gobernador César Duarte, que pelea desde Estados Unidos la extradición a México, y a la segunda con el diputado local del PAN, Jesús Valenciano.

El Presidente pidió recientemente al gabinete de seguridad toda la información sobre el financiamiento de FRENAA, el Frente Nacional Anti AMLO, que nació durante la pandemia y ha ido creciendo en respaldos. A López Obrador lo descompone todo acto de protesta o crítica contra él, lo que es evidente, pero en el caso de FRENAA ha rebasado su malestar. Quiere saber de dónde viene el dinero para ese movimiento que encabeza Gilberto Lozano, un empresario regiomontano que emplea un lenguaje incendiario característico de la extrema derecha, y si hay empresarios de Monterrey que apoyan al movimiento social.

En eso está el gabinete de seguridad, y muy probablemente, porque esa es la marca de la casa, en el momento que tenga algo para agarrarse, políticamente porque quizás tampoco financiar a un movimiento sea ilegal, lo dará a conocer en la mañanera. Si uno se aventura a que volverá a cruzar la línea de la inteligencia con el espionaje político, es porque ha sido una constante por sus arrebatos. La orden de congelar las cuentas del municipio de Delicias, porque formaban parte de la protesta por el agua en Chihuahua, fue un ejemplo de cómo el Presidente abusa de los recursos del Ejecutivo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es la cabeza de playa del Presidente en este nuevo gusto por el espionaje político. Dos ejemplos: El primero es que algunos miembros del área de inteligencia de la Marina recibieron órdenes de suspender el trabajo contra cárteles de la droga, y enfocarse a investigar las finanzas de los empresarios, para que esa información sea utilizada por el SAT y eventualmente por Nieto. El segundo es que el software Pegasus se sigue utilizando. Pegasus alcanzó notoriedad durante el gobierno de Peña Nieto, al ampliar su función original para combatir el crimen y los secuestros, a recolectar información de activistas y periodistas—que nunca se manejó públicamente.

El manejo de la información de inteligencia como arma política es una distorsión ominosa en un Estado. Pero hablar de ello es inútil si dentro de un gobierno, como el de López Obrador, no existe la conciencia de lo que se está haciendo, y en lugar de frenar los abusos del poder, son cómplices. Frente a eso, no hay defensa ni derecho alguno.


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10 Octubre 2020 04:07:00
El Complejo de Cenicienta
En el mundo ya clasificaron en definitiva al presidente Andrés Manuel López Obrador como populista. El Financial Times le recetó al presidente mexicano, en un editorial el lunes, que se “estaba revelando a sí mismo como un populista autoritario”. Ese mismo día, Anastasia O’Grady, la especialista en asuntos latinoamericanos del The Wall Street Journal, escribió que tras el doblez registrado en la Suprema Corte de Justicia por la consulta popular, López Obrador podría tener éxito en los cuatro años que restan de su sexenio, para gobernar como un autócrata. Y el miércoles, el exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, retomó su tesis de la resurrección del populismo en América Latina, con México, Argentina y Brasil como vanguardia del renacimiento.

López Obrador se ha referido varias ocasiones durante los dos últimos años a la estigmatización que se tiene de él. En su campaña presidencial dijo que sus opositores lo acusaban de populista cuando “ni siquiera saben de lo que se trata”, y posteriormente señaló que si querer bajar sueldos o entregar medicamentos gratis es ser populista, “que me apunten en la lista”. Algunos autores consideran que el populismo es una expresión de la soberanía popular, de la que habla López Obrador con regularidad, como en el contexto de la consulta para enjuiciar a expresidentes, donde antepuso la democracia participativa a la democracia representativa, al que se refieren seis artículos de la Constitución. Otros autores piensan que el populismo es como renació el fascismo tras la caída de Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial.

A favor de López Obrador se podría recordar a Isaías Berlín –un liberal, como los que detesta el Presidente–, quien en una conferencia en la Escuela de Economía de Londres, en 1967, dijo que quien buscara saber lo que es el populismo, sufriría del Complejo de Cenicienta. En una frase multicitada a lo largo de los años, Berlín ironizó: “Existe un zapato, en la forma de populismo, pero ningún, o casi ningún pie lo puede calzar”. Lo que planteaba Berlín era que no se podía ver el populismo como una forma de ideología, y que tampoco debía reducirse a un estilo retórico y demagógico.

En este sentido, López Obrador no es el típico populista como se le llama en México. A los últimos presidentes a los que se etiquetó de populistas fueron Luis Echeverría y José López Portillo, con quienes si bien López Obrador tiene vasos comunicantes, a través de la vieja corriente del PRI del nacionalismo estatizador, también se encuentra en sus antípodas económicas, porque su política no es de incrementar el gasto público sin importar la inflación, como ellos, sino de controlar y reducir el gasto a niveles nunca vistos, y no endeudarse, que es algo que ninguno de los gobiernos que tanto critica como 'neoliberales', llegaron a hacer. Para usar sus mismas categorías de análisis, López Obrador se encuentra a la derecha del Fondo Monetario Internacional.

La incoherencia ideológica del Presidente confunde a muchos y él tampoco ayuda con sus respuestas chabacanas a las críticas de que en lugar de cuestionarlo, tendrían que pedir perdón por haber apoyado, dice, a gobiernos neoliberales. Si sus acciones económicas y sociales son conservadoras, y sus políticas, políticas reaccionarias, su retórica es lo que llena la arena pública en donde lo clasifican como un populista. En un terreno de imágenes y símbolos, como él mismo ha construido su gobierno a través de las mañaneras, que le endilguen la etiqueta de populista no es algo que debe extrañar. Lo que sí tendría que preocuparle es que esos actores políticos y agentes económicos a quienes les exige disculpas –ingenuamente pensando que alguien lo toma en serio–, es a quienes escuchan los inversionistas en este mundo que, como reconoce en otras de sus contradicciones entre lo que dice y lo que hace, es interdependiente.

Esto explicaría lo que dijo hace unos días el jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que ante la estrechez de los márgenes del gasto público, el único motor del desarrollo mexicano será el sector privado y sus inversiones. Sin embargo, no es un mensaje de López Obrador. Lo que diga Romo es irrelevante, dejó de ser la voz del Presidente. Las palabras y decisiones de López Obrador ocupan todo, infligiéndose daño así mismo con los inversionistas. El último termómetro de ello es la encuesta que Buendía y Laredo realizó para Credit Suisse, el banco que regularmente pregunta a inversionistas mexicanos y extranjeros cómo ven la economía mexicana.

La encuesta mostró que 89 por ciento de los entrevistados considera que López Obrador minimizó el impacto del Covid en la economía, por lo que 35 por ciento cree que será hasta 2023 cuando regrese la economía a niveles prepandemia. El 26 por ciento piensa que la recuperación podría darse en 2022, y 23 por ciento, en 2024. Mostrando también la incoherencia entre dichos y hechos del Presidente, 73 por ciento de los extranjeros y 50 por ciento de los mexicanos estimaron que su presupuesto para el próximo año es “abiertamente conservador”.

La percepción que tienen sobre el estado actual de la economía es terrible. El 100 por ciento de los economistas y 95 por ciento de los inversionistas dijeron que la economía está peor que hace un año, pero siete de cada diez piensa que estará mejor dentro de 12 meses. Les preocupa (42 por ciento) la volatilidad financiera en el mundo, la incertidumbre sobre las perspectiva económicas (32 por ciento), y en menor grado (22 por ciento) la incertidumbre política. Estos datos, si los lee correctamente López Obrador, le dan márgenes para recuperar confianza y neutralizar la creciente estigmatización de populista.

Modificarlo depende únicamente de él y de nadie más. Tiene camino ganado con su política económica ultra conservadora, pero despilfarra ese capital con sus arrebatos retóricos. Modulación y filtro es lo que necesitaría el Presidente que, sin embargo, se ufana de no tenerlos.
09 Octubre 2020 04:07:00
La Guardia Nacional al Ejército
La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la gubernatura de Sonora, es el momento para que se concrete el nuevo sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como paquete y distraer lo que hoy es una realidad de facto, que la seguridad pública pase a manos militares.

Hace poco más de dos meses, López Obrador le encargó a la Conserjería Jurídica de la Presidencia que preparara la propuesta, y está prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, pero en Lomas de Sotelo están de plácemes.

Los generales no ocultan su satisfacción por que creen es un cambio de óptica del Presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a las Fuerzas Armadas porque México no enfrentaba ningún riesgo de seguridad.

Una vez en el poder, ha hecho de ellas su pilar, trasladándole responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro en el Gabinete que siempre le dice que sí al Presidente sin importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su cómplice.

Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos. Siempre enfatizaron las simulaciones del Gobierno de tener un cuerpo que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo –otra violación constitucional a la que a nadie parece importarle– como sus comandantes. Lo que no tenían era el mando, que fueron tomando rápidamente a costa de Durazo.

El momento más importante de este golpe al interior del Gabinete fue “El Culiacanazo” el 17 de octubre del año pasado, donde la operación para capturar a Ovidio López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y causó que el Presidente, violando una vez más la ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada, Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, donde le dan instrucciones o reprimendas.

Durazo es un cero a la izquierda con respecto a la Guardia Nacional, y suele ser maltratado en las reuniones del Gabinete de Seguridad tanto por los jefes militares, generales y almirantes como por el general retirado, Audomaro Martínez, director de la Agencia Nacional de Investigación, que de todo ese grupo, es quien peor relación tiene con él.

Durazo lleva meses pensando en Sonora, y en menos de tres semanas estará allá. No se ha decidido aún quién lo releva, pero junto con dos descartes de civiles, hay un militar retirado que ha emergido en la prensa como el potencial sustituto.

El Presidente quiere su policía militar, y policía militar tendrá para la seguridad pública. No hay que confundirse con la Policía Militar, el ente dentro de las Fuerzas Armadas, que hace cumplir con la jurisdicción castrense y aplica orden y disciplina interna.

López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, y que requiere varias reformas constitucionales, como al Artículo 21, que señala que las instituciones de seguridad pública, la tarea de la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen la ley que determinará la estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y que generen y preserven el orden público y la paz social. También implicará que se modifique la Constitución que establece responsabilidades para las Fuerzas Armadas, y se incluya que la seguridad pública será responsabilidad de militares y no de civiles.

El general secretario, con tantos recursos que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo no con el Presidente de la República, sino con López Obrador. Tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el Presidente en otras áreas, quien esté utilizando a militares para fines para los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas.

Una de ellas, lo más importante, por su trascendencia, es la Fiscalía paralela que se ha creado en la Agencia Nacional de Investigación, al incorporarle ministerios públicos que acompañen los casos de Inteligencia.

Esa Fiscalía alterna, que no se llama de esa forma, es paralela a la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero, y es utilizada para judicializar sin necesidad de pasar por las áreas competentes y existentes, los casos políticos que le encarga investigar López Obrador a su amigo, el general retirado Martínez.

Los militares están al servicio de López Obrador, lo cual no es una obviedad. Las Fuerzas Armadas tienen como comandante supremo al Presidente de la República, pero en este caso se ha construido un apéndice con su complicidad. No es solo el compromiso constitucional al que se obligan, sino por fuera de la ley y de la normatividad, están respaldando a López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal.

¿Qué quiere de ellas? No se sabe en el largo plazo, pero podrá utilizarlas para lo que desee, incluso una extensión de mandato, como a veces parece anhelar. Todo por el poder y el dinero son efímeros, pero el resplandor ha hecho olvidar al general Sandoval a quien realmente se deben las Fuerzas Armadas.
08 Octubre 2020 04:09:00
La Guardia Nacional, al Ejército
La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la gubernatura de Sonora, es el momento para que se concrete el nuevo sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como paquete y distraer lo que hoy es una realidad de facto: que la seguridad pública pase a manos militares. 

Hace poco más de dos meses, López Obrador le encargó a la Conserjería Jurídica de la Presidencia que preparara la propuesta, y está prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, pero en Lomas de Sotelo están de plácemes. Los generales no ocultan su satisfacción porque creen es un cambio de óptica del Presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a las Fuerzas Armadas porque México no enfrentaba ningún riesgo de seguridad. 

Una vez en el poder, ha hecho de ellas su pilar, trasladándole responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro en el gabinete que siempre le dice que sí al Presidente sin importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su cómplice.

Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos,. Siempre enfatizaron las simulaciones del Gobierno de tener un cuerpo que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo -otra violación constitucional a la que a nadie parece importarle- como sus comandantes. Lo que no tenían era el mando, que fueron tomando rápidamente a costa de Durazo.

El momento más importante de este golpe al interior del gabinete fue el culiacanazo del 17 de octubre del año pasado, donde la operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y causó que el Presidente, violando una vez más la ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, donde le dan instrucciones o reprimendas.

Durazo es un cero a la izquierda con respecto a la Guardia Nacional, y suele ser maltratado en las reuniones del gabinete de seguridad por los jefes militares, generales y almirantes, y por el general retirado, Audomaro Martínez, director de la Agencia Nacional de Investigación, que de todo ese grupo, es quien peor relación tiene con él. Durazo lleva meses pensando en Sonora, y en menos de tres semanas estará allá. No se ha decidido aún quién lo releva, pero junto con dos descartes de civiles, hay un militar retirado que ha emergido en la prensa como el potencial sustituto.

El Presidente quiere su policía militar, y policía militar tendrá para la seguridad pública. No hay que confundirse con la Policía Militar, el ente dentro de las Fuerzas Armadas, que hace cumplir con la jurisdicción castrense y aplica orden y disciplina interna. López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, y que requiere varias reformas constitucionales, como el 21, que señala que las instituciones de seguridad pública, la tarea de la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen la ley que determinará la estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y que generen y preserven el orden público y la paz social. También implicará que se modifique la Constitución, que establece responsabilidades para las Fuerzas Armadas, y se incluya que la seguridad pública será responsabilidad de militares y no de civiles.

El general secretario, con tantos recursos que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo no con el Presidente de la República, sino con López Obrador. Tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el Presidente en otras áreas, quien está utilizando a militares para fines para los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas. 

Una de ellas, lo más importante, por su trascendencia, es la Fiscalía paralela que se ha creado en la Agencia Nacional de Investigación, al incorporarle ministerios públicos que acompañen los casos de inteligencia. Esa Fiscalía alterna, que no se llama de esa forma, es paralela a la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero, y es utilizada para judicializar sin necesidad de pasar por las áreas competentes y existentes, los casos políticos que le encarga investigar López Obrador a su amigo, el general retirado Martínez.

Los militares están al servicio de López Obrador, lo cual no es una obviedad. Las Fuerzas Armadas tienen como comandante supremo al Presidente de la República, pero en este caso se ha construido un apéndice con su complicidad. No es solo el compromiso constitucional al que se obligan, sino por fuera de la ley y de la normatividad, están respaldando a López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal. 

¿Qué quiere de ellas? No se sabe en el largo plazo, pero podrá utilizarlas para lo que desee, incluso una extensión de mandato, como a veces parece anhelar. Todo el poder y el dinero son efímeros, pero el resplandor ha hecho olvidar al general Sandoval a quién realmente se deben las Fuerzas Armadas.
07 Octubre 2020 04:07:00
Ya llegó la segunda ola
De un día para otro, la Secretaría de Salud informó que había cambiado la metodología para registrar defunciones y contagios por la Covid-19, por lo que en 24 horas subió a 25 mil el número acumulado de casos positivos, y en más de 2 mil el de decesos.

Así seguirá aumentando la estadística, en la medida en que las entidades empiecen a proporcionar sus datos conforme a la nueva metodología. Lo que se prefirió manejar con muy bajo perfil, es que la nueva información no se colocará en la base de datos abiertos, y tampoco será desglosada.

En pocas palabras, se dio un cerrojazo a la información para ocultar que estamos en el umbral de la segunda ola de la pandemia. Lo que quieren esconder en el Gobierno tiene su origen en lo que sucedió hace poco más de una semana en el Gabinete de Seguridad, que se lleva a cabo de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, donde Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y responsable de la lucha contra el coronavirus, le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que los casos positivos se estaban incrementando, por lo cual realizarían un monitoreo detallado porque se podría estar ante el inicio de la segunda ola de la pandemia de la Covid-19, cuyos síntomas ya les habían provocado alertas.

Aunque el número de contagios y decesos, en efecto se ha desacelerado, la positividad de los casos empezó a mostrar una tendencia al alza muy aguda desde el 23 de septiembre, cuando el 36.6% de aquellos donde se aplicaban las pruebas, resultaban positivas, de acuerdo con Our World in Data Covid-19.

Cuando López-Gatell informó al Presidente lo que estaba sucediendo, México se encontraba en 40 puntos. El subsecretario no detalló en el Gabinete de Seguridad el incremento en el porcentaje de casos positivos, pero no es un dato menor. Para el 30 de septiembre, 46.9% de las personas que se aplicaban la prueba, daban positivo.

Desde marzo, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, señaló que entre más casos positivos se estén registrando, la señal que está enviando la enfermedad es que hay “muchos casos más que no se han encontrado”.

Estos porcentajes se elevan de manera exponencial si en los países no se aplican suficientes pruebas, o como en México, las pruebas como método para conocer el avance de la enfermedad, nunca se aplicaron. Ryan dijo que en los países donde se realizaron pruebas masivas, menos del 12% de ellas resultaron positivas.

México es uno de los países que menos pruebas han hecho durante los 10 meses de la pandemia, y el que menos ha aplicado en América Latina. Al 30 de septiembre había suministrado 78 por cada millón, y en lo que va de octubre solamente 34.7 por cada millón.

Hasta el 30 de septiembre se habían aplicado diariamente en México 12.91 pruebas por cada mil habitantes, la cifra más baja en todo el continente, de acuerdo con la información pública disponible por país. Sus niveles son similares a los de algunas naciones africanas y los estados más pobres en el sureste asiático.

El pico de casos positivos confirmados registrado en México fue el 2 de agosto, cuando se contabilizaron 9 mil 556, de acuerdo con Our World in Data Covid-19, y de ahí se dio un desaceleramiento. El 22 de septiembre se llegó a tener casi el mismo número de casos positivos que los que se habían tenido el 9 de junio, cuando comenzó la escalada al pico, pero como en el caso de la positividad, volvió a subir.

El número de casos positivos no es lo mismo que la positividad, cuya variable resulta del número de casos sospechosos que se confirma están contagiados, que es lo que la Secretaría de Salud comenzó a detectar el 23 de septiembre.

El cambio de metodología anunciado por la Secretaría de Salud, fue el segundo cambio metodológico que ha realizado durante la pandemia. Con una enfermedad que todavía no termina de entenderse en toda su dimensión, no es inusual que haya cambios de método para medirla. Lo que no es usual, que es lo que está pasando con el Gobierno mexicano, es que los cambios vayan aparejados con una mayor opacidad.

El primer cambio metodológico fue en la semana epidemiológica 16, cuando dejaron de dar los estimados, para evitar que las proyecciones matemáticas independientes contradijeran la información oficial que se proporcionaba.

El segundo se ha dado durante la semana epidemiológica 40, que está en curso, en donde se incluyó en la estadística a los casos confirmados por diagnóstico. Sin embargo, al no incluir la información en la base de datos, ni la UNAM ni el Conacyt pudieron actualizar hoy su tablero de datos de la Covid-19. Paralelamente, el desglose que proporcionó la Secretaría de Salud tampoco permitía tener información que pudiera corroborarse independientemente.

Lo que está sucediendo, en los hechos, es que la información sobre el coronavirus solo puede provenir de la Secretaría de Salud, pero al no proporcionar las herramientas para poder acceder directamente a ella, prácticamente está pidiendo, sin decirlo, que se le tiene que creer –porque de otra forma, tampoco se puede contrastar lo que difunden y corroborar si están difundiendo información verídica–.

Esta ha sido la dialéctica del Gobierno a lo largo de la pandemia. En un principio, López-Gatell optó por ignorar las críticas o las sugerencias que le hacían expertos en epidemiología –como algunos de sus profesores, incluso–, y en otras dedicarse a atacar a medios de comunicación que lo confrontaban con sus investigaciones.

Hoy, el Gobierno ha ido más allá, al anunciar que la información será ambigua, dejando todo a conjeturas, como el momento en que oficialmente inicie la segunda ola de la Covid-19, que quieren ocultar de la nación.
06 Octubre 2020 04:07:00
La salud del Presidente
El tema más difícil de tratar con un Jefe de Estado es el de su salud. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde hay un debate encendido sobre si el presidente Donald Trump y su equipo de médicos están mintiendo sobre su verdadera condición de salud. En esa sociedad transparente, hay una historia centenaria de mentiras de la Casa Blanca para ocultar la salud del Mandatario. Grover Cleveland, en medio de una crisis financiera, escondió que tenía cáncer a finales del Siglo 19. Woodrow Wilson escondió que había tenido un infarto. Franklin D. Roosevelt nunca mencionó que su salud se deterioraba aceleradamente, ni John F. Kennedy, reveló las terribles dolencias en su espalda. Mentir u ocultar en un dignatario, tiene la misma consecuencia: su pueblo es engañado.

En México, nunca ha habido un tema más secreto que la salud de los presidentes. Vicente Fox permitió que se informara de su operación de espalda, que pareció el fin de esa larga era de jefes de Estado mexicanos inmortales. Pero aquello no marcó un cambio de cultura, sino fue una excepción, quizás porque esa cirugía le permitió escabullirse de las llamadas del presidente George W. Bush para presionarlo a votar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que respaldara la invasión a Irak. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablar de su salud es un tabú y le molesta de sobremanera.

Sin embargo, es un tema que debe ser discutido públicamente, sin complejos ni temores. Ayer sugirió esta columna a López Obrador que observara la crisis que hay en Estados Unidos por los reportes contradictorios sobre la salud de Trump, quien ejerce un poder centralizado en su Gobierno como él, para que ante la imposibilidad que modifique su actitud, construya un segundo piso de poder para que en dado caso que enfermara, no provocara una crisis de gobernabilidad, por su liderazgo vertical que no admite que nadie le dispute el espacio.

La salud de López Obrador, es un tema que debiera preocuparnos a todos para que con su discusión, acepte que no todo es voluntarismo y es mejor que se cuide, que no se exceda y que de esa manera evite un problema monumental con una ausencia en las “mañaneras” para la cual no hay antídoto político. Bufonadas como un “detente” o “la fuerza moral del Presidente”, como vacuna del coronavirus, son ocurrencias de café, pero indignas de un Gobierno.

El tema de su salud fue planteado durante una “mañanera” hace más de un año, luego que varias columnas lo abordaron en ella, y López Obrador prometió que daría a conocer su hoja clínica. Desde entonces, como registra diariamente SPIN Taller de Comunicación Política, al día de hoy van 442 días que incumple la promesa. El Presidente no tiene que abrirse en canal y detallar ante la opinión pública los males que lo aquejan. Lo que debe hacer es cuidarse. Pero López Obrador es increíblemente descuidado en su alimentación y el manejo de su salud.

Algunos observadores habrán notado que en los últimos días se llegó a ver cansado, con enormes bolsas en los ojos y hasta desalineado. Información que ha trascendido de Palacio Nacional es que el Presidente ha estado enfermo –no de corornavirus– por lo que le recomendaron los médicos suspender giras e incluso las “mañaneras”, a fin de que pudiera descansar y tener una recuperación más rápida. El Presidente, congruente con lo que ha sido, desoyó los consejos. Tampoco mejoró su dieta, y mantiene sus viejas costumbres sobre la alimentación, que incluyen las fritangas de manera sobresaliente.

López Obrador es un hombre básicamente sano, pese a haber tenido una operación a corazón abierto en 2013, que lo tuvo al borde de la muerte. Salió bien de la operación y está bajo cuidado médico, consistente en tomar su medicamento todos los días para controlar la hipertensión, y administrar los viajes largos en avión y la estancia de muchos días en ciudades de altura, como la de México. Con ello, su corazón marcha perfecto, como lo ha dicho varias veces. También, el tratamiento para una vieja dolencia en la espalda, resultó muy eficiente y le ha permitido pasarse horas de pie en las “mañaneras” sin mayor problema. Lo único que se alteró es que ya no puede jugar al beisbol como lo hacia en antaño.

Si uno observa con la información disponible el estado de salud del Presidente, puede concluir que es un hombre sano que, no obstante, debe cuidar su salud.

El Presidente es un hombre “terco y necio”, como lo ha dicho en varias ocasiones desde 2018, pero debe entender que ya dejó de ser el líder popular que era y hoy es el Jefe de Estado Mexicano, por lo que sus responsabilidades son para con un país, no meramente con un movimiento, y que lo que le suceda a él o le afecte, tiene un impacto sobre 130 millones de personas. En ese contexto, en la columna de ayer se apuntó que habría un caos si por alguna razón injustificada se ausentara de una “mañanera”, dada la centralización que impone sobre la Administración y la vida pública, con lo cual causaría una crisis de poder en el país que arrastraría la economía.

López Obrador no puede permitírselo. El primer afectado sería él, pues las consecuencias por no existir un andamiaje que pueda sostenerlo y el apoyo popular que se funda mayoritariamente en emociones, como muestra la encuesta de aprobación presidencial de El Financiero, sumaría más problemas políticos, económicos y sociales, y fortalecería las resistencias al cambio radical de régimen. Eso, como es fácil suponer, no es lo que desea. Al mismo tiempo, es una paradoja que su voluntarismo le impida ver hacia delante y analizar los factores para que nada detenga lo que llama la transformación, que incluyen el cuidado de su salud.
05 Octubre 2020 04:23:00
Ante la crisis de Trump, entiende Andrés
Uno de los indicadores para la opinión pública de que el presidente Donald Trump no se encuentra bien de salud es que ha estado alejado de su cuenta de Twitter. Para quien buena parte de sus acciones públicas están relacionadas con sus mensajes de 140 caracteres, la ausencia del mundo digital significa que también está ausente del mundo real. De ahí el debate en Estados Unidos sobre las contradicciones en el cronograma de los síntomas de Trump, y la información cruzada sobre su estado de salud.

En un país cuya economía altera la del mundo y el presidente siempre tiene al lado el maletín con los botones nucleares, esto es muy importante. En el mundo, la geopolítica es cosa seria. Los medios quieren saber exactamente cuándo comenzó a sentir los síntomas de Covid-19 y si se le dio oxigenación –para determinar lo serio de la enfermedad–, lo que no significa un ataque al presidente, sino establecer si está lo suficientemente grave como para invocar la Enmienda 25, que le permitiría al vicepresidente Mike Pence asumir temporalmente el cargo y llenar el vacío de poder.

Desde 1981, cuando un disparo puso a Ronald Reagan al borde de la muerte, no se había presentado una situación similar. Reagan entró a cirugía y no pudo enviar la petición al Congreso, como manda la Enmienda, para que asumiera el poder el vicepresidente George H.W. Bush. La Casa Blanca de Reagan, a diferencia de la de Trump, abrió la información sobre la salud del presidente casi en su totalidad, generando certidumbre y evitando una crisis. Hoy, la Casa Blanca reporta datos antagónicos, con una desorganización que no se aprecia cuando Trump está en Twitter.

Este hecho, por otra parte, nos problematiza la vulnerabilidad de quien hace de la centralización del poder el eje de su gobierno. La paradoja que vive Trump es la que puede suceder con López Obrador, quien ha hecho de las mañaneras su único ejercicio de gobierno. Sin embargo, hay algo que nos hace muy diferentes: en Estados Unidos las instituciones funcionan; aquí, están supeditadas a López Obrador. Si se complica la salud de Trump, allá tienen formas institucionales y democráticas para resolverlo; si algo sucediera aquí, tendríamos una crisis de régimen autocrático.

Adicionalmente, una ausencia temporal de Trump, como no sucedió con Reagan a pesar de que no le dio tiempo para invocar la enmienda 25, no ha frenado la marcha del gobierno ni de las instituciones, como lo demostró el Senado que anunció que, aunque estarán en receso por las elecciones, las audiencias para la nominación de Amy Barrett a la Suprema Corte de Justicia se realizarán conforme a lo programado. El gobierno no se paralizó, y el gabinete continúa operando. Sigue el proceso electoral, y Pence se está preparando para su debate con la demócrata Kamala Harris este martes. Todo esto en México es impensable.

López Obrador sólo centraliza la vocería, las acciones y las decisiones, y aplasta a sus colaboradores. Las mañaneras son un ejercicio de poder concentrado y vertical, donde el gabinete, o quienes llegan a estar en la tarima como acompañantes del Presidente, informan lo que les indicó que hicieran el Presidente o, como sucedió alguna vez con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, le entregan la presentación que deberán hacer minutos antes de iniciarla. El gabinete juega púbicamente en las mañanas como títere del teatro guiñol de López Obrador, donde no informa, sino replica lo que el Presidente quiere que digan. Como Trump desde el hospital, que quiere que las únicas noticias sobre su enfermedad sean las buenas, López Obrador, desde el atril de Palacio Nacional, quiere que las únicas noticias sobre su gobierno sean las buenas.

Esta concentración de poder, junto con su personalidad teológica al estilo de los imanes iraníes, no deja espacios para que nadie, que no permita, crezca, o ejerza autónomamente sus funciones. La mayoría sólo cumple la formalidad, porque el desorden dentro de Palacio Nacional, causado por el Presidente que asigna trabajos y responsabilidades sin importar que tengan legalmente la atribución, ha impedido a casi dos años de gobierno, que exista un gobierno. Él no engaña, y ha dicho en varias ocasiones públicamente que su gobierno se trata de encargos, no de cargos.

Por tanto, ¿qué sucedería si por alguna razón injustificada López Obrador no se presentara en una mañanera? El caos. Si el dueño de la narrativa no está, la especulación se apoderará del discurso popular. ¿Quién puede pararse en el atril de Palacio Nacional y decir, como afirmó el secretario de Estado Alexander Haig, en el salón de conferencias de la Casa Blanca mientras Reagan estaba en el quirófano “aquí mando yo”? Nadie. Además, el Presidente se muestra y se vende como un personaje cuya personalidad arrolladora lo hace inmune de todo.

Por ejemplo, se mantiene como secreto de Estado que le hayan aplicado dos decenas de pruebas de Covid-19. No lo admite porque, ¿transmitiría una señal de debilidad? ¿Perdería su imagen de macho? ¿Porque iría contra su narrativa? ¿Afectaría su imagen? Lo volvería humano, pero no quiere ser humano. López Obrador es el único de los cuatro líderes más criticados por minimizar la pandemia, que no ha estado contagiado –además de Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson–, pero esto no significa que es inmune.

No va a cambiar su actitud ni la forma como se comporta. Pero haría bien en construir un segundo piso de poder y toma de decisiones en caso que pudiera enfermarse, de Covid-19 o de lo que fuera. Tiene que entender que su ausencia en una mañanera, por efímera que sea, causará una crisis de poder en el país, que arrastrará la economía. Su irresponsabilidad política, agudizada por la centralización del poder, debe tener un límite, y pensar en las eventuales consecuencias de la mañana siguiente. Al menos, haga el ejercicio hipotético.
02 Octubre 2020 04:09:00
La (Suprema) Corte de los milagros
Tan digno que hubiera sido para la Suprema Corte de Justicia de la Nación decir al presidente Andrés Manuel López Obrador: no necesita una consulta popular para llevar a juicio a cinco expresidentes, lo que requiere es que la Fiscalía General inicie un proceso judicial y que el Gobierno haga su trabajo. En cambio, decidieron seguir el juego del Presidente y optar por el circo sobre la justicia, alegando varios ministros que era una avance de la democracia, cuando en realidad le pegaron un tiro de gracia a la democracia al convertir el Poder Judicial en la caja que resuelve las necesidades políticas de López Obrador. No lo hicieron de manera letal, pero encontraron una puerta de salida para salvar cara al Presidente y que, conforme a la ley, le permite saciar su deseo: la consulta va, pero con otra pregunta.

La pregunta planteada por López Obrador en su solicitud de consulta fue señalada por varios ministros como inconstitucional, por lo que deberán formular una nueva que no atente contra los derechos humanos de los expresidentes, acorde con el artículo 35, que señala que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”. La pregunta que quería López Obrador para la consulta, en palabras del ministro Alberto Pérez Dayán, era “tendenciosa” y emitía “juicios de valor”, con lo cual se minaba la presunción de inocencia y el debido proceso.

Ahora los ministros le darán la vuelta y reformularían la pregunta, lo que no excluye que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este jueves, sienta el precedente que los derechos humanos pasarán a ser un tema de las mayorías y las minorías, o de qué político o partido moviliza más gente a consultas populares para defender sus intereses y pretensiones. La Corte rodeó el Artículo 35 en una sesión penosa, por el comportamiento de varios de los ministros, y lastimosa, por como actuó la mayoría. La estrella al principal ministro ignominioso se le coloca sin dudar al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Zaldívar, que tomó el primer uso de la palabra, cuando el presidente de la Corte lo hace al final, votó a favor de la consulta con un argumento eminentemente político, no jurídico, y soslayó por completo que la responsabilidad del Gobierno, si considera que hay violaciones a la ley, debe proceder, y no esperar que sea la sociedad la que le exija que cumpla con su trabajo. Peor aún, aclaró que el resultado de la consulta no debería ser obligatorio para que ejecuten los deseos populares las fiscalías o los poderes judiciales. Está clara su posición. Bienvenido el circo, porque la justicia puede esperar.

En su largo alegato justificativo que su postura abona la democracia, en realidad le dio un tiro a la democracia. Los derechos humanos de los expresidentes, para él, valen menos que los derechos humanos de la gente, al interpretar el Artículo 35 constitucional como no violatorio de los derechos humanos, porque no rije la “política criminal”. Su posición fue tramposa al vincular las dos variables, sobre la base de su propio récord. Zaldívar se comió sus palabras de cuando desarrolló la doctrina sobre el efecto corruptor en el caso Cassez, donde dijo que la exposición mediática alteró su debido proceso e influyó en los jueces, minando la presunción de inocencia de la francesa.

En su argumentación, el 23 de mayo de 2013 en la sesión sobre Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada, Zaldívar afirmó: “De nada sirven estos derechos –la presunción de inocencia y el juicio justo-, cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”. A Zaldívar no le pareció que en el caso de los expresidentes, López Obrador los haya sentenciado en el atril mañanero de Palacio Nacional como responsables de todos los males que aquejan a México, tanto por corrupción –porque no los hizo presuntos- como por daños a la nación –las políticas públicas no son motivo de juicios penales como quisiera-, y haya influido previamente en la posición de los ministros.

Ayer dijo lo contrario: la consulta no afectará la decisión de los jueces, porque el Poder Judicial es maduro. Las presiones de López Obrador horas antes de celebrarse la sesión, en el sentido que si el fallo era contrario a sus deseos de cualquier manera haría la consulta y enviaría una iniciativa de ley para modificar el 35 constitucional, tampoco fueron razón para que se pronunciara sobre la independencia de un Poder del Estado, como es el Judicial. No extraña su postura, porque Zaldívar se ha convertido en el instrumento de Palacio Nacional para respaldar las decisiones y acciones del Presidente, quien por esa razón lo impulsó a la presidencia de la Corte.

El hipergarantismo que encabezó Zaldívar durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pasó a ser un entreguismo en el de López Obrador. El sofismo fue la característica en la sesión donde decretaron constitucional la consulta propuesta por el Presidente, pero a la que le enmendarán la pregunta. “Ignorar la ley escrita es la nueva normalidad de la Corte”, comentó un constitucionalista. “Vivimos una crisis de estado de derecho, de igual magnitud a la económica, de seguridad y sanitaria”.

Los ministros le regalaron un lavamanos a Poncio Pilatos, y le permitirá a López Obrador mantener el dicho que él no quería enjuiciar a los expresidentes, al tiempo que abre la puerta a la justificación para que por la vía de la “exigencia” popular concrete su espíritu vengativo disfrazado de mandato popular. En buena hora está nuestra Corte de los milagros, operando no como uno de los tres poderes del Estado, sino como ramificación pusilánime del Ejecutivo.
01 Octubre 2020 04:08:00
El engaño de López-Gatell
Como todos los martes de mañanera en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, repitió su reporte nocturno sobre la Covid-19, donde el énfasis no fue la pandemia, sino el inicio de la vacunación contra la influenza. Sin embargo, escondido entre los acentos de la narrativa, la verborrea, las gráficas de múltiples colores, y la saturación de información, abundó, sin decirlo claramente, lo que había anticipado desde el domingo: que hay una importante cifra negra en los posibles casos positivos que nunca serán contabilizados, porque no tuvieron una muestra para el diagnóstico, por lo que la estadística final sobre el número de contagios del coronavirus, se infiere, jamás los sumará de manera oficial. O sea, ¿cuántos muertos habrá por la pandemia? No lo sabremos.

Para el récord, y para cuando llegue el momento en que sin la protección presidencial rinda cuentas políticas por su manejo, esto fue lo que dijo el martes el zar del coronavirus: “Tenemos un conjunto de muestras que han sido tomadas de estas personas (los casos sospechosos) y están en proceso de resultado de procesamiento en laboratorio, pero también tenemos un conjunto de personas que, teniendo las características clínicas de la enfermedad -y siendo todas ellas consideradas en la estadística necesaria para la vigilancia epidemiológica-, no tuvieron una muestra para el diagnóstico.

“Esto no es inconveniente desde el punto de vista de vigilancia epidemiológico, porque son contabilizadas, son identificadas, el lugar donde fueron atendidas, el lugar donde residen, brinda información sumamente valiosa para las acciones de prevención y control, pero sencillamente no tienen una muestra de laboratorio, o bien la muestra biológica sí se tomó, pero cuando se procesó en el laboratorio no se identificó que fuera viable”.

López-Gatell no lo ventiló públicamente, pero de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, el 7% de las personas que no tuvieron muestra, fueron hospitalizadas ante la gravedad de sus síntomas, y fuera del tiempo máximo de procesamiento de la muestra, el total de decesos suma los 2 mil 25 desde el inicio de la crisis sanitaria, que representa el 2.6% del total de fallecidos. 

La deficiencia en las muestras no había sido admitida por el Gobierno, y tuvo que ventilarse en público ante la reclasificación de los casos sospechosos del Covid-19, empujada por el inicio de la temporada invernal, periodo en el que suben drásticamente los padecimientos por la influenza, con lo que los números del SARS-CoV-2, pariente de ella, tendrían un incremento. La reclasificación y las declaraciones de López-Gatell pasaron desapercibidas, pese a la enorme revelación que nos dijo, que una gran parte de pacientes sospechosos de Covid-19, no tendrán un resultado definitivo sobre la enfermedad por falta de muestra o porque la misma no pudo ser procesada.

La reclasificación que esbozó López-Gatell el martes, divide a los pacientes entre quienes no tuvieron una prueba, pero sí presentaron síntomas, y aquellos que a pesar de realizarse una prueba, no recibirán sus resultados por errores en el procesamiento o transportación de la muestra. Esto significa, de acuerdo con los mismos datos de la Secretaría de Salud, que hasta el domingo pasado, 93 mil 803 personas que se realizaron la prueba de la Covid-19, o sea, el 75.3% de quienes se sometieron a estudio, no conocerán su resultado debido a esos errores. 

De esta forma, como explicó Elizabeth Velázquez el domingo pasado en la edición nocturna de Eje Central, el cambio de definición de sospechosos que no tienen prueba de laboratorio para confirmar, incluyó a los sospechosos sin prueba, por lo que el número total pasó de 82 mil 914, a 310 mil 42, de los cuales la mayoría no tiene muestra, ni esperanza de recibir un resultado. Entre los sospechosos se contabilizan 185 mil 320 personas que no formaban parte de las estadísticas porque son precisamente aquellos casos sin una muestra, admitió José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

López-Gatell estuvo ocultando estos datos durante más de cinco semanas, mientras hacía malabares con las cifras y las estadísticas. El 21 de agosto, Velázquez y otra reportera, Olinka Valdés, adelantaron que habría sospechosos que jamás podrían recibir un resultado por el mal manejo de las muestras, lo que se sumaba a que México era uno de los países que menos pruebas ha hecho para detectar el Covid-19, al haberse planteado desde un principio la estrategia de solo realizarlas en su totalidad en personas con síntomas graves, y en 10% de los pacientes leves.

El retraso en la entrega de resultados de las pruebas de PCR, el acrónimo en inglés para Reacción en Cadena de Polímeras, que diagnostica el patógeno del coronavirus, comenzó en enero, reportaron Velázquez y Valdés, a partir de la base de datos abiertas de la Dirección General de Epidemiología, que fue mostrando los rezagos de manera progresiva hasta su pico en julio, cuando se realizó la prueba de detección del Covid-19 a 23 mil 399 personas, de las cuales 598 fallecieron sin resultado.

Los verdaderos números de la muerte del Covid-19 y sus estimaciones, han sido ocultados por López-Gatell, como en el tema de las muestras, donde Alomía estima pérdidas de 28 millones de pesos -originalmente se calculaban 50 millones- por los estudios que resultaron fallidos. El dinero, en todo caso, es irrelevante frente a las vidas perdidas por el Covid-19, y el número de víctimas está directamente relacionado con la estrategia que se siguió para enfrentar la pandemia.

López-Gatell ha defendido contra todo y todos su estrategia -no podía decir otra cosa-, y públicamente López Obrador lo ha respaldado. Pero apoyo político no significa eficiencia o un diseño certero para la contención y el combate al virus. La pandemia no ha terminado y vendrá la segunda ola. También llegará el momento del juicio final al subsecretario, cuando explique qué hizo y por qué lo hizo.
30 Septiembre 2020 04:08:00
El último ‘Narc’
A principio de los años 80, el presidente Ronald Reagan estaba empeñado en derrocar al Gobierno sandinista en Nicaragua. Su primer instinto fue una invasión, pero luego de consultas con varios países latinoamericanos, donde no encontró el apoyo para hacerlo, decidió hacer su propia guerra como lo había hecho décadas antes en Guatemala.

En el Capitolio lo frenaron, y por iniciativa del diputado de Massachusetts, Edward Boland, se enmendó el presupuesto de 1982, que limitaba la asistencia a los contras en Nicaragua a solo asistencia humanitaria. La llamada Enmienda Boland impedía que Estados Unidos financiara una guerra.

La Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) decidieron, por la vía clandestina, financiar la guerra. La logística incluyó la participación del cártel de Guadalajara y de la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación, y el territorio mexicano sirvió como la ruta de abastecimiento de armas a los contras, a cambio de cerrar los ojos al tráfico de drogas.

Ese manejo ilegal de dos gobiernos con el narcotráfico, causó el asesinato de Manuel Buendía, el principal columnista político en el último medio siglo en 1983, y el de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA en 1985.

Esta historia siniestra y de complicidades criminales volvió a resurgir al estrenarse la serie de cuatro capítulos en Amazon Prime llamada The Last Narc, sobre el asesinato de Camarena Salazar. The Last Narc no se debe traducir como El último Narco.

La palabra “Narc” fue acuñada en la DEA para identificar a los agentes de campo, como era Camarena Salazar, asignado a la oficina de la agencia en Guadalajara, y a quien mandaron matar los entonces jefes del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, aún preso, Ernesto Fonseca, que recuperó su libertad en 2017, y Rafael Caro Quintero, quien por un descuido –por ser lo más generoso– de la vieja PGR, fue liberado en 2013.

“The Last Narc” recuerda la historia contada por varios de sus protagonistas desde hace 20 años, de cómo la CIA, en complicidad con el Gobierno mexicano y el cártel de Guadalajara, tuvo en México un centro de entrenamiento y logística para los contras nicaragüenses, en un rancho en Veracruz. Paradójicamente, cuando preparaba la invasión a Guatemala en 1954, la CIA entrenó mercenarios en un rancho en Los Tuxtlas, también en Veracruz. Las armas para los contras llegaban por México procedentes de Irán y de los depósitos de la OTAN, que transportaba el cártel de Guadalajara de Estados Unidos hasta entregarlos a contratistas de la CIA en Centroamérica, para evitar que hubiera rastros del involucramiento del Gobierno de Reagan en violación de la Enmienda Boland.

Lo hicieron con el apoyo del Gobierno mexicano, en particular del secretario Bartlett y la Dirección Federal de Seguridad, que trabajaba con la CIA. Rogelio Hernández, un periodista de investigación, publicó en aquellos años en Excélsior, algunos detalles que en ese entonces parecían fragmentados, de cómo varios agentes de la DFS introducían droga en pipas del sindicato petrolero por las fronteras de Tamaulipas, donde las aduanas estadunidenses se abrían sin problema, y regresaban con armas.

En pláticas semanas antes de que lo asesinaran, Buendía comentaba la ruta de Tamaulipas a Guadalajara y de la capital tapatía a la frontera con Guatemala, donde el cártel de Guadalajara jugaba de protagonista. Tampoco sabía en ese entonces que todo ello correspondía a lo que pocos años después se conoció como el Irán-Contras.

The Last Narc no revela casi nada, pero refresca la memoria de las imputaciones de que la CIA tuvo un papel central en el asesinato de Camarena Salazar, de quien temían iba a descubrir el entramado clandestino. La CIA, que no suele opinar sobre estos temas, siempre lo ha negado.

La serie no es objetiva ni equilibrada, al apoyarse completamente en las afirmaciones de Héctor Berrellez, quien estuvo a cargo en un principio de la investigación del asesinato, y que gradualmente fue encontrando, para su sorpresa, el involucramiento de la CIA.

Todo fue, sin embargo, de oídas, sin pruebas documentales. Bartlett jugaba un papel central como miembro del crimen organizado, según un testigo de Berrellez, Víctor Lawrence Harrison, que manejaba las comunicaciones del cártel de Guadalajara, que acusó al entonces secretario de Gobernación y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, y a los entonces jefes de la DFS, de vinculaciones con el crimen organizado.

Un juez en Los Angeles censuró el testimonio de Harrison en el juicio de Camarena, luego de que llegara a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para que eliminara su acusación a cambio de inmunidad.

El conflicto entre la DEA y la CIA no era nuevo, y se alimentaba de objetivos distintos. La primera era policía, mientras la segunda atendía los asuntos de interés para la seguridad estadunidense. Chocaron en Colombia y Panamá, donde la DEA ganó la batalla al lograr el asesinato de Pablo Escobar y la captura de Manuel Antonio Noriega, que estaban en la nómina de la CIA.

La perdieron en Honduras, donde la CIA organizó y armó a los contras. Y perdió en México con el asesinato de Camarena Salazar. La dinámica de confrontación se daba en los diferentes campos de batalla donde sus metas eran excluyentes.

The Last Narc nos estrella en la cara que este pasaje siniestro en la historia de la Guerra Fría en nuestra región, no lo hemos discutido debidamente. Bartlett es el mejor ejemplo, y sigue siendo poderoso y arropado por la impunidad. Pero él es solo una pieza.

El Estado mexicano no ha aireado lo que fuimos y lo que somos, donde por años los gobiernos, incluido el actual, no han querido abrir esa puerta. Quizás, porque todos saben que son culpables de algo y no quieren que se sepa. Mejor el olvido, que rendir cuentas.
29 Septiembre 2020 04:08:00
‘Vamos bien’
La vida en el México de hoy se aprecia de una manera rara en Palacio Nacional. Apenas hace 11 días el presidente Andrés Manuel López Obrador embistió a Reforma, cuyo encabezado principal esa mañana mencionaba que durante su Gobierno se habían registrado 45 masacres, en contraste a su afirmación durante su segundo informe, donde dijo que esos asesinatos colectivos ya no existían. López Obrador mostró la portada del diario, exclamó “¡ahí están las masacres!”, como sugiriendo que solo en el papel existían, y soltó una carcajada. ¿De qué se reía?, criticaron varios columnistas, parafraseando un poema de Mario Benedetti.

Los asesinatos colectivos no paran. Este domingo un comando asesinó a 11 personas dentro de un bar en el sur de Guanajuato, que motivó que en la mañanera del lunes, le hicieran una pregunta directa: “¿en serio ya no hay masacres en este país?”. La respuesta se fue para otro lado: “Pues mire, vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo con los compromisos que hice”. 

La reportera insistió: “¿Hay un país más pacífico, con mayor seguridad?”. El Presidente no contestó lo que le preguntaron y se fue con el mismo discurso de siempre, la corrupción, la justicia, su ataque a los medios y, como innovación, la lectura de 96 de los 100 compromisos que ofreció y que, dijo, ya cumplió.

Ya no hubo risas por parte del Presidente, pero tampoco respuestas. No las tiene. El mayor compromiso, que por definición es la razón de ser de los gobiernos, es la seguridad. En noviembre de 2018 presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, donde afirmó que “el nuevo Gobierno federal (garantizaría) la paz y la tranquilidad en el país”. El 3 de enero de 2019, aseguró: “En 100 días vamos a terminar toda la acción transformadora y vamos a mejorar en este tema de la inseguridad”. El 25 de abril del año pasado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, citó como crítica que en “unos cuantos años” la tasa de homicidios nacional pasó de 13 a 23 por cada 100 mil habitantes”.

Los resultados han sido muy lejanos a lo ofrecido, lo prometido y lo declarado. La tasa de homicidios durante 2019 fue de 29 por cada 100 mil habitantes, similar a lo que se dio en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, y superior al registrado en el de Felipe Calderón, según reportó el Inegi, lo que significa un promedio de 99 por día. El México de hoy es más violento que Brasil o Colombia, aunque menos, si sirviera de consuelo, que Honduras, el gran hoyo negro de América Latina, donde los maras dominan amplias franjas de territorio.

En México no hay lucha contra el narcotráfico, donde los cárteles de la droga viven probablemente el sexenio más tranquilo desde el gobierno de Vicente Fox, que como López Obrador, tampoco los combatía. Sin embargo, esto no significa que, como era su diagnóstico inicial, los asesinatos desaparecerían. No se combate la violencia con violencia, justifica reiteradamente el Presidente que no enfrente a los criminales, pero los resultados tampoco le dan la razón.

De acuerdo con el análisis comparativo de la consultora TResearch, en los primeros 21 meses de la Administración de López Obrador, el total de homicidios asciende a 62 mil 765, que duplica el total en el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto, que alcanzó los 30 mil 321, y supera por mucho el total durante los de Felipe Calderón y Fox, que contabilizaban 19 mil 571 y 24 mil 20, respectivamente. En lo que va del Gobierno lópezobradorista, supera en 50% el total de homicidios que se dieron durante todo el sexenio de Calderón, y se encuentra casi a la mitad del total durante el de Peña Nieto, con cuatro años por delante todavía que le quedan al frente del Ejecutivo.

Los números en materia de seguridad son muy malos para el gobierno de López Obrador, como lo son también los de la economía y la pandemia del coronavirus. En el primer caso, como sucedió este lunes, dice que “vamos bien”, aunque los datos dicen todo lo contrario. En el tema económico, con todos los indicadores a la baja, asegura que “ya estamos saliendo del hoyo”, mientras que en el descontrol estratégico de la pandemia, su explicación es que “ya vamos de salida”.

El Presidente miente no porque sea un mentiroso patológico, sino porque políticamente no puede hacer otra cosa. Todo lo fácil que creía era gobernar, como alguna vez lo dijo públicamente, ha resultado más complejo de lo que, por sus palabras, se imaginaba. Su equipo no le funcionó en el tema de la seguridad y en el manejo del coronavirus, pero no lo va a reconocer. La economía caía desde agosto de 2019 como consecuencia de sus políticas económicas personales, lo que tampoco admitirá, y este año se agravó por la pandemia mundial. 

De ahí que todos los días quiera desviar la atención de los asuntos de mayor relevancia, que tiene descontrolados. Es lo que comúnmente se llaman “distractores”, donde plantea temas en las mañaneras o busca pleitos para encauzar el interés general hacia otro lado. La preocupación del Presidente por todo aquello para lo que no tiene solución parece ser proporcional al tiempo que dura la mañanera, que en las últimas semanas se ha incrementado de manera significativa por encima de los 140 minutos, incluso, hasta rozar los 160, cuando solían promediar 90. 

La retórica sigue siendo el sustento del Gobierno de López Obrador, pero por la mayor incidencia en los ataques hacia fuera de su Gobierno y hacia funcionarios de su propia Administración, se puede argumentar que cada vez es más difícil ocultar la realidad que desviarla. “Vamos bien” es una frase que suena hueca, porque está hueca.

28 Septiembre 2020 04:09:00
Ayotzinapa: la verdad histórica sigue
Las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero al cumplirse seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, prometían una inmensidad. Ese crimen “deleznable” no había sido cometido solo por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que era consecuencia de una conducta “delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja(ba) los niveles de corrupción de un régimen”, donde desde lo mas alto a lo más bajo, “encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”. Apenas podía uno respirar con ese arranque, pero al terminar de oír las mil 613 palabras de su discurso el sábado, la “verdad histórica” de ese régimen que marcó con fuego, seguía en pie.

Gertz Manero dejó mucho que desear después de tantas cosas prometidas. Recicló las investigaciones del Gobierno federal y de Guerrero en 2014, y la nueva cronología de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala que prometió, no existió.

No hubo explicación de nada, como la investigación que lo llevó a la Barranca de la Carnicería en Cocula, donde supuestamente se encontraron el 7 de julio los restos de un tercer normalista, Christian Alfonso Rodríguez.

La verdad auténtica de Gertz Manero es igual a la verdad histórica del exprocurador general Jesús Murillo Karam: los jóvenes fueron atacados por una confusión, en el contexto de la lucha entre bandas de criminales. Para este, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula; para el fiscal fue una matanza”, pero no precisó dónde.

Gertz Manero informó que “hay acusaciones” de que no fueron 43, sino 80 personas las asesinadas por “diferentes grupos delictivos”. No se sabe de dónde salió ese número, salvo que haya sumado los 28 cuerpos encontrados en las fosas de Pueblo Viejo por el equipo del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, 10 días después de la desaparición de los normalistas, aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense, que revisó varios de los restos humanos, dijeron que no pertenecían a los normalistas.

Tampoco se tiene conocimiento de que otro grupo delictivo distinto de Guerreros Unidos, que está documentado en grabaciones que tiene la DEA –no solicitadas por la Fiscalía– fue el responsable de la desaparición, participara en el crimen, como afirmó Gerz Manero.

Así de vociferante en sus acusaciones sin pruebas, calló sus nuevas acciones, o dejó los reflectores al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó lo único nuevo, las órdenes de aprehensión contra policías federales –en ese entonces bajo el mando en Guerrero de Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad en la Ciudad de México– y militares que probablemente pertenecían al Batallón 27º de Infantería, que se encuentra en Iguala, y sobre quienes, desde el principio, cercanos al Presidente han querido sentar en el banquillo de los acusados, acusándolos de haber participado en las acciones de la desaparición y del crimen.

El Ejército siempre lo ha negado. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una bitácora de lo que sucedió esa noche, donde una tercera parte de sus elementos estaban en comisión en la zona de Taxco, en un operativo contra criminales, otra tercera parte estaba franca, y el resto, compuesta básicamente por personal administrativo, de cocina y mantenimiento, fue enviada a las calles de Iguala para que reportaran qué estaba sucediendo.

De hecho, gracias a la información de uno de ellos, que abandonó su bicicleta para huir corriendo cuando lo descubrieron los criminales, se supo que un grupo de normalistas había sido entregado a delincuentes en la zona del Palacio de Justicia local.

Gertz Manero nunca explicó el móvil por el cual el Gobierno federal desapareció a los normalistas y encubrió el crimen, pero omitió culpar de nada al Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien apoyó López Obrador para que llegara al cargo, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores y jefes iniciales de Guerreros Unidos, pese a que figuran de manera prominente en las grabaciones de la DEA.

Básicamente todos los hallazgos que informó se encuentran contenidos en el informe especial que realizó el fiscal Blanco cuando entregó la investigación a la entonces PGR, y en la Recomendación y Ampliación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016 y 2018.

El 11 de abril de 2016, se preguntó en este espacio: ¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de lo sucedido?

La noche del 26 de septiembre de 2014, la Secretaría de Gobernación no reaccionó con celeridad. La 35ª Zona Militar en Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27º de Infantería, dijo no tener información.

Murillo Karam dijo el 28 de septiembre en Los Pinos que se trataba de una “depuración” de narcotraficantes, por lo que se decidió que el Gobierno no interviniera, pese a que el delito era desaparición forzada. Ya sabemos cómo quedó, acusado de un “crimen de Estado”. ¿Cómo quedará López Obrador después de este informe?

El Gobierno salió con una narrativa pendenciera, pero sin novedades. Usó el trabajo de quienes denunció de corruptos y criminales. Lo único que cambió radicalmente es el tono acusatorio contra el anterior gobierno, y el reconocimiento del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que la única verdad, es que no hay verdad. Ni la histórica de Murillo Karam, ni la auténtica de Gertz Manero. Seguimos como hace seis años, sin saber dónde están los normalistas, pero hay un cambio importante: hoy son todas las autoridades federales y estatales, quienes están formalmente en el banquillo de acusados, mientras los criminales están libres o son “testigos protegidos”, y Guerreros Unidos obtuvo las indulgencias del lópezobradorismo por este crimen que cometió.
25 Septiembre 2020 04:08:00
Desquiciaron a Andrés Manuel
Desquiciar es una palabra que se escucha fuerte, pero para la argumentación en esta columna es precisa. Desquiciar es cuando una persona pierde su seguridad y la serenidad, se trastorna su ánimo y se enoja de sobremanera.

Y desquiciamiento es lo que provocó Jaime Cárdenas en el presidente Andrés Manuel López Obrador con su carta de renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, donde habló de corrupción en la llamada cuarta transformación y, posteriormente, en una entrevista con René Delgado en Reforma, identificó a la fuente de sus males: Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente.

Con este tema arrancó López Obrador su mañanera el jueves, dedicándole una perorata descalificadora a Cárdenas y quejándose de la normatividad, con ese espíritu expresado varias veces de querer desaparecerla.

Ciertamente, es un instrumento que todos odian en el servicio público, pero fue establecida en el Gobierno de Miguel de la Madrid para frenar los abusos dentro del Gobierno. El autor intelectual fue Samuel del Villar, quien diseñó la cruzada por la Renovación Moral para ir limpiando la corrupción de arriba hacia abajo.

Un país añejamente corrupto como México y tan dado a las triquiñuelas, no es fácil de limpiar, como lo sabemos. Pero la lucha contra la corrupción desde el punto de vista moral no es nuevo, sino idea de Del Villar que, por si alguien no lo sabe, fue procurador general de Justicia del entonces Distrito Federal, bajo el mando de López Obrador.

La normatividad que detesta el Presidente es lo que defendió Cárdenas hasta lo imposible, al punto en que renunció antes de ser cómplice, como sugiere en Reforma, de Esquer. López Obrador, por su reacción, no esperaba que Cárdenas exhibiera la corrupción, antítesis de lo que presume el Presidente.

Esquer fue señalado como el funcionario que, cuando menos, solapó actos de corrupción en ese instituto, cuyos funcionarios robaron patrimonio e hicieron negocios, lo que impactó debajo de la línea de flotación de López Obrador, al surgir ese fenómeno lacerante al que ataca como un mal del pasado, en su despacho. La corrupción que dice aborrecer, cohabita con él en su casa y oficina.

Su secretario particular ya ha sido señalado por actos, al menos, ilegítimos. Su hija Carmelita fue nombrada en agosto del año pasado como directora de Pemex Procurement International, que adquiere insumos para la empresa, que promedian mil 500 millones de pesos al año.

Carmelita, que no tenía experiencia alguna en ese campo, fue nombrada por otro tabasqueño íntimo de López Obrador desde hace más de 30 años, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex. No obstante, nada sobre Esquer había sido tan contundente como lo que señaló Cárdenas.

Un reporte en Eje Central –para efectos de transparencia, soy uno de sus 22 socios– reveló que Esquer y el director de la Lotería Nacional –que será el remplazo de Cárdenas–, Ernesto Piedra, fueron varias veces a un almacén en Toluca donde guardaban objetos que ya habían sido subastados, y se los llevaron sin hacer los registros a los que obliga la ley, con el argumento que se necesitaban para la pandemia, y que le quitaron a la Marina un yate en comodato en Acapulco, con el pretexto que iban a venderlo –lo que no sucedió–.

Sin mencionar a Esquer, el Presidente hizo una apasionada defensa de él, y buscó cubrir con una capa de humo las imputaciones directas de corrupción, señalando como “sublimes” –así calificó– todas las acciones para comprar equipos médicos, subastas o la rifa de premios vendidos como si fuera para jugar por el avión presidencial.

Sin embargo, cada vez más se acumulan pruebas de corrupción no solo en su Gobierno, sino en su entorno más cercano, sin que haya acciones para impedirlo y sí, muchas palabras para acallarlo.

Por ejemplo, a la recepción de dinero ilícito por parte de su hermano Pío, que no ha sido investigada, se sumó otra revelación en Eje Central: José Ramiro y Martín, otros dos de sus hermanos, fueron mencionados en una de las denuncias penales contra el empresario Valdemar Ibarra Cavazos, señalado por haber entregado “millones de pesos” derivados de operaciones ilícitas al abogado Juan Collado.

La denuncia se entregó en la Fiscalía General el 16 de julio del año pasado, una semana después de que fue detenido Collado por presunta triangulación de recursos provenientes de la delincuencia organizada, pero sobre los hermanos del Presidente, la investigación también está congelada.

López Obrador lleva 22 meses en la Presidencia, y los señalamientos de corrupción en su entorno han aparecido de manera prematura, en comparación con otros presidentes. En este espacio se publicó en 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que a su hermano Raúl le decían “Mr. Ten Per Cent”, que era la forma como lo describían empresarios a quienes supuestamente les exigía 10% de comisión para apoyarlos en negocios que querían emprender. Aquí mismo se publicó unos 19 meses después de haber iniciado el Gobierno de Enrique Peña Nieto, las quejas de empresarios por la corrupción en su Administración.

Si uno observa las imputaciones a su primer entorno, se entiende la reacción de López Obrador, porque los señalamientos de Cárdenas pegaron por debajo de la línea de flotación de su pretendida honestidad. Es muy malo que el Presidente, en lugar de apurar a la Fiscalía General que actúe verdaderamente, como siempre pide cuando no le afecta a él, eluda con palabras responder el fondo de las cosas.

Pero es peor, mucho peor, que se haya desquiciado –por el poder autoritario que por diseño ejerce la Presidencia–, y que este jueves haya metido en la misma caja todas sus fobias y odios para ocultar lo que cada vez es más evidente: en su Gobierno, la corrupción corre a mayor velocidad que en anteriores sexenios. Frente a esta realidad, lo único que resta esperar son represalias.

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