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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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01 Octubre 2017 04:03:00
El desmantelamiento constitucional
Cien años y 743 artículos reformados lleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ellos, 154 han sido modificados durante el régimen actual, lo que representa casi el 20% del total de las reformas efectuadas anteriormente.

La última –¿ominosamente?– se publicó el día mismo en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el 15 de septiembre pasado.

La mayoría de esas reformas han tenido por motivo central ampliar las facultades de los órganos del gobierno de la Unión, en detrimento de las atribuciones de las correspondientes a los gobiernos estatales.

El vehículo de concentración, primero, fueron la leyes “generales”, una clasificación que, en rigor, sólo merecen aquellas disposiciones que, en desarrollo de una disposición constitucional, regulan el ejercicio de las facultades concurrentes, es decir, aquellas que la propia constitución otorga a los órdenes federal y estatales como excepción a la regla general de facultades exclusivas.

Después, de plano y ya sin rubor alguno, se dio en la práctica de emitir leyes y códigos “nacionales”, que desplazan a las legislaciones locales en materias que, según el equilibrado diseño original, les correspondían.

Un par de datos interesantes y que usualmente pasan desapercibidos: durante el largo periodo de estabilidad económica y social, pocas fueron las reformas efectuadas a la ley suprema; en cambio, el frenesí de los cambios empezó en los 70, se agudizó en los 80 –para propiciar el suave aterrizaje en nuestro país del entonces abiertamente pujante “neoliberalismo, que aún sigue vivo, pero casi soterradamente– y ha tenido un verdaderamente grande apogeo en los dos últimos sexenios.

¿No es de llamar la atención que a la inestabilidad constitucional correspondan los tiempos de mayor inestabilidad política y social? ¿Es mera coincidencia?

Incluso en materia económica, respecto de la que se pregonan condiciones de prosperidad y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza son mayúsculos y la brecha entre los muy pocos ricos y el resto de la población cada vez más pronunciada, lo que es en sí mismo injusto y, además, propicio para la inconformidad creciente que, ya con visos de acre rebeldía, es perfectamente perceptible entre la gente de nuestro país.

Lo grave del asunto es que, a pesar de esa crispación social, los argumentos desplegados por los centros de poder impulsores del retroceso estructural, a pesar de su retórica retorcida y gastada, no son rebatidos; al contrario, frecuentemente se aplauden, incluso desde sectores ordinariamente críticos, quizás porque la inmediatez de los problemas que se dice pretenden ser resueltos con las reformas, impide ver el panorama que ofrece el horizonte profundo de las intenciones de control que ellas conllevan, pues es evidente que mientras más disperso y limitado se encuentre el poder, más difícil será ejercerlo en favor de intereses particulares.

Hay que recordar que nuestra Constitución es, en el papel, rígida, precisamente para evitar que a voluntad de los poderosos se modifique sin ton ni son, en favor de ellos y perjuicio de los seres humanos cuyos intereses y derechos está destinada a proteger.

En los hechos, esa característica se ha esfumado. Los órganos que deberían protegerla, los partidos políticos incluidos, se han sumado al pequeño grupo rector de la política –¿recuerda usted el llamado Pacto por México?– para decidir, incluso al margen de los órganos legislativos, sobre los asuntos que atañen a todo el país y afectan a todos sus habitantes. Eso rompe el orden institucional y opera contra la democracia.

Ferdinand La Salle, ese jurista alemán marxista decimonónico que habló desde entonces sobre el tema, sostuvo que, a pesar de la generalizada creencia de que la Constitución es una ley suprema, protectora del interés general, en realidad no es sino una expresión de la voluntad de los poderosos, que en la cúspide se dan la mano y coinciden en la adopción de medidas para cuidar sus intereses, “legalizando” las vías para conseguirlo desde la fuente misma de la supremacía jurídica.

¿Acaso La Salle tenía razón?
20 Octubre 2019 04:04:00
Culiacán, la síntesis del fracaso
El jueves anterior, poco después del mediodía, se desató en Culiacán una verdadera hecatombe, que puso las cosas de cabeza ahí, y a todo el país en grave riesgo.

David Lunhow, editor de la sección de Latinoamérica del Wall Street Journal, que ha cubierto la escena del “narco mexicano”, como él lo llama, desde 1995, dijo en Twitter: “nunca pensé que vería escenas como las de ayer en Culiacán, donde los traficantes lanzaron una pelea total, y ganaron”.

Dijo eso, en medio de tanto desatino, porque después de cumplir su cometido la operación con la captura pretendida, se dejó en libertad al detenido. Después de una confusa versión oficial, desmentida por el presidente AMLO al día siguiente, quedó en claro que el operativo se debió a la ejecución de una orden de aprehensión, con fines de extradición, de un presunto delincuente, que fue expedida en septiembre de 2018 por un juez federal. El objetivo del operativo no era otro que capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del mismísimo “Chapo” Guzmán.

Eso no solo explica la virulenta reacción, sino que pone en evidencia algunos hechos muy graves: se procedió irresponsablemente, sin que se hubiera planeado, preparado y respaldado el operativo como hubiera debido hacerse; denota negligencia al ejecutar la orden del juez, lo que resulta imperdonable en quienes deberían saber que no hay operativo fácil, especialmente cuando el objetivo involucraba al personaje mencionado; es una falta de respeto a la población pretender engañarla con tan ingenua explicación como la que inicialmente se produjo.

Quedó en evidencia, además, la incapacidad institucional para enfrentar a un adversario que era superior en número, pero también en organización y entrenamiento táctico. Por eso consiguió doblegar al Gobierno y su fuerza pública, consiguiendo su propósito de rescatar al detenido, que fue dejado en libertad, según el propio Presidente explicó, porque se tornó muy difícil la situación y entonces se decidió suspender la operación porque, dijo, “es preferible salvar vidas que la captura de un delincuente”. Añadió, y esto es muy importante, “no debe haber masacres, eso ya se terminó; ya lo he dicho antes: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Destaco la última frase porque, si de verdad se quieren evitar las masacres, no hay que estimularlas con incentivos como es permitir su éxito; si se quiere obrar conforme a la razón, hay que ordenar el pensamiento y desterrar las falacias; si se aspira a actuar conforme al derecho, hay que respetarlo y aplicarlo, no evadirlo.

Permitir que los verdaderos adversarios, no solo del Presidente, sino de México entero se salgan con la suya por medio de la violencia y se restrinjan las capacidades de la fuerza legítima para evitarlo y proteger a la población, la violencia se hará señora de la situación e imperará sobre cualquier estructura civilizada.

Acudir a la retórica vacía y pretender transferir responsabilidades, crear distracciones, falsos dilemas y otras falacias, no conduce a conclusiones correctas en el diseño, ejecución y evaluación de acciones y políticas públicas. Tampoco la opacidad y la imprecisión en la información.

El derecho impone la obligación de enfrentar a la delincuencia, no consentirla; el deber de velar porque se cumpla con los propósitos de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, según dice el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Que los acontecimientos son de tal naturaleza graves que en circunstancias ordinarias no pueden ser enfrentados? La propia constitución precisa, en su Artículo 29, los casos y condiciones necesarios para hacerle frente “rápida y fácilmente” a la situación.

Cumplir con eso y garantizar la seguridad es obrar conforme a la razón y el derecho; eludir las responsabilidades bajo el pretexto de respetar las vidas de quienes están poniendo en peligro las de los demás y la viabilidad del país, es precisamente lo contrario.
13 Octubre 2019 04:06:00
Entre el control y la oposición
Es lamentable y hasta ridículo que, en pleno siglo 21, el debate político en México se gire en torno a la función del tribunal constitucional por excelencia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es evidente que ella no tiene por atribución oponerse por sistema a órgano otro gubernamental alguno, pero también lo es que anular las acciones contrarias a la constitución que cualquiera de ellos pretenda efectuar es imprescindible para garantizar la estabilidad jurídica y, con ello, contribuir a dar vida en los hechos al desarrollo civilizado de la comunidad. Esa es, en última instancia, su misión.

Pero eso que parecía tan claro y que es realidad perceptible en otras latitudes y desde tiempos secularmente lejanos, en México se enreda en juegos retóricos que no aportan sino confusión y perplejidad frente al frenesí de desatinos que han sentado sus reales entre nosotros.

Para empezar, la noción misma de “oposición” demanda, a mi juicio, mayor reflexión, porque ella se emplea habitualmente en el contexto del sistema de partidos y la posición de estos frente al Gobierno, particularmente en los regímenes parlamentarios, donde “formar Gobierno” quiere decir integrar la rama ejecutiva. En ellos es natural que un partido mayoritario en el órgano colectivo encuentre, en ese trance, oposición de los partidos minoritarios. En ese caso es posible entender que se les designe, colectivamente, como “oposición”.

En los regímenes presidenciales, donde el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, electa además democráticamente, difícilmente pudiera usarse en el mismo sentido ¿Oposición de quién a qué? ¿A los designios presidenciales, a las decisiones del órgano parlamentario? La precisión no es un lujo en esta materia, sino una necesidad soslayada, lamentablemente. Creo que no estaría de más profundizar en el tema.

En todo caso, es un despropósito querer comparar a la oposición con el control que, como garantía de la efectividad de las normas constitucionales, corresponde llevar a cabo a los jueces respecto de los actos de las autoridades, incluidas las judiciales mismas.

La necesidad de establecer mecanismos que propicien el equilibrio en el ejercicio del poder es un elemento indispensable para la existencia del tan traído y llevado “estado de derecho”. De suyo, la propia división de poderes es, en sí misma, un elemento de ese sistema de control y equilibrio, no una mera división de tareas que obedezca a criterios de eficiencia administrativa.

El ejercicio del control jurisdiccional de la constitucionalidad conlleva, necesariamente, la posibilidad de contrariar la voluntad de quien ejerce el poder público. Ningún sentido tendría hablar de control si no existiera la capacidad de anular los efectos de los actos y decisiones contrarios a la ley, especialmente cuando esa ley es la misma ley suprema del país.

En el momento que vive la cuestión entre nosotros, hay un catalizador innegable: el protagonismo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no para mientes en considerar que sus opiniones periodísticas, su intensa comunicación a través de Twitter, sus apariciones en los medios electrónicos y escritos y su posición misma en las cuestiones que corresponden a los órganos colegiados que preside y aún frente a otros del poder judicial, comprometen no solo sus propios criterios, sino que pueden influir en los comportamientos que un día, convertidos en conflicto, pueden llegar a su conocimiento oficial.

Debería, también, considerar que sus expresiones de coincidencia ideológica con cualquier corriente política, en boga o no, dominante o minoritaria, y la reiterada manifestación del auto impuesto proyecto de “airear” el poder judicial –sea lo que sea que eso signifique– pueden configurar prejuicios respecto de temas que puedan ser sometidos a su conocimiento, lo que comprometería su imparcialidad.

El viejo proverbio que dice “los jueces hablan por sus sentencias” no es gratuito ni debe perderlo de vista un juez prudente, como se espera que sean quienes ejerzan tan delicada función. Las cuestiones jurisdiccionales se debaten en la sede judicial, no se ventilan en los medios.
13 Octubre 2019 04:00:00
Entre el control y la oposición
Es lamentable y hasta ridículo que, en pleno siglo 21, el debate político en México se gire en torno a la función del tribunal constitucional por excelencia: La Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es evidente que ella no tiene por atribución oponerse por sistema a órgano otro gubernamental alguno, pero también lo es que anular las acciones contrarias a la constitución que cualquiera de ellos pretenda efectuar es imprescindible para garantizar la estabilidad jurídica y, con ello, contribuir a dar vida en los hechos al desarrollo civilizado de la comunidad. Esa es, en última instancia, su misión.

Pero eso que parecía tan claro y que es realidad perceptible en otras latitudes y desde tiempos secularmente lejanos, en México se enreda en juegos retóricos que no aportan sino confusión y perplejidad frente al frenesí de desatinos que han sentado sus reales entre nosotros.

Para empezar, la noción misma de “oposición” demanda, a mi juicio, mayor reflexión, porque ella se emplea habitualmente en el contexto del sistema de partidos y la posición de estos frente al Gobierno, particularmente en los regímenes parlamentarios, donde “formar gobierno” quiere decir integrar la rama ejecutiva. En ellos es natural que un partido mayoritario en el órgano colectivo encuentre, en ese trance, oposición de los partidos minoritarios. En ese caso es posible entender que se les designe, colectivamente, como “oposición”.

En los regímenes presidenciales, donde el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, electa además democráticamente, difícilmente pudiera usarse en el mismo sentido ¿Oposición de quién a qué? ¿A los designios presidenciales, a las decisiones del órgano parlamentario? La precisión no es un lujo en esta materia, sino una necesidad soslayada, lamentablemente. Creo que no estaría de más profundizar en el tema.

En todo caso, es un despropósito querer comparar a la oposición con el control que, como garantía de la efectividad de las normas constitucionales, corresponde llevar a cabo a los jueces respecto de los actos de las autoridades, incluidas las judiciales mismas.

La necesidad de establecer mecanismos que propicien el equilibrio en el ejercicio del poder es un elemento indispensable para la existencia del tan traído y llevado “estado de derecho”. De suyo, la propia división de poderes es, en sí misma, un elemento de ese sistema de control y equilibrio, no una mera división de tareas que obedezca a criterios de eficiencia administrativa.

El ejercicio del control jurisdiccional de la constitucionalidad conlleva, necesariamente, la posibilidad de contrariar la voluntad de quien ejerce el poder público. Ningún sentido tendría hablar de control si no existiera la capacidad de anular los efectos de los actos y decisiones contrarios a la ley, especialmente cuando esa ley es la misma ley suprema del país.

En el momento que vive la cuestión entre nosotros, hay un catalizador innegable: El protagonismo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no para mientes en considerar que sus opiniones periodísticas, su intensa comunicación a través de Twitter, sus apariciones en los medios electrónicos y escritos y su posición misma en las cuestiones que corresponden a los órganos colegiados que preside y aún frente a otros del poder judicial, comprometen no sólo sus propios criterios, sino que pueden influir en los comportamientos que un día, convertidos en conflicto, pueden llegar a su conocimiento oficial.

Debería, también, considerar que sus expresiones de coincidencia ideológica con cualquier corriente política, en boga o no, dominante o minoritaria, y la reiterada manifestación del auto impuesto proyecto de “airear” el poder judicial -sea lo que sea que eso signifique- pueden configurar prejuicios respecto de temas que puedan ser sometidos a su conocimiento, lo que comprometería su imparcialidad.

El viejo proverbio que dice “los jueces hablan por sus sentencias” no es gratuito ni debe perderlo de vista un juez prudente, como se espera que sean quienes ejerzan tan delicada función. Las cuestiones jurisdiccionales se debaten en la sede judicial, no se ventilan en los medios.
06 Octubre 2019 04:05:00
La independencia judicial
¿Está el sistema judicial en México plagado de vicios, deficiencias profesionales que lo afectan generalizadamente; conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?

Con esas preguntas y la promesa de continuar con la reflexión sobre el tema concluyó la entrega de la semana anterior.

Despertó atención y hubo muchos comentarios, de entre los cuales destaca uno que sintetiza contundentemente a la mayoría de ellos: a cada una de las preguntas, dijo, respondo “sí”. Esa es, infortunadamente, la percepción generalizada, lo que hace que el tema merezca más atención que la que se ha visto hasta ahora.

Es verdad que, en mucho, tal desprestigio –que no es otra cosa frente a lo que estamos– se debe en mucho al desconocimiento y la confusión entre las funciones policiacas y las propiamente jurisdiccionales, pero es imposible negar que los males percibidos se dan con mucho mayor frecuencia que la correspondiente a márgenes excepcionales y es, en realidad, muy grave.

También es cierto que existe una campaña evidente de desprestigio proveniente de otros actores políticos que se verían favorecidos con el debilitamiento de los poderes judiciales, especialmente del federal. A pesar de todo, hay que reconocer que es precisamente el deterioro de la imagen judicial la mejor fuente instrumental para nutrir esos ataques.

En todo caso, es innegable que esa percepción obedece a la existencia de los males y que es necesario combatir, desde el fondo, su causa. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ha dicho:

“La reforma judicial que se emprenda debe partir de la base de no modificar la composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano; debe tender al fortalecimiento de la carrera judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas; debe apostar por la agilidad de los procedimientos, por la transparencia y por el reforzamiento de la justicia local; debe centrarse, ante todo, en dar mayor acceso a la justicia a todas las personas y no solo a las élites, debe ser una reforma orientada hacia una mayor igualdad y justicia social”. (
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial).

Tiene razón, pero pasa por alto algunas cuestiones torales: primero, que la función jurisdiccional ha de ser independiente para poder cumplir con su cometido; sin ello, no será sino paliativo de los males sociales y, lo que es peor, encubrimiento cómplice de los abusos de poder y las injusticias.

En segundo lugar, que en esa reforma no hay intocables, por lo que condicionarla a no tocar a la Corte que preside es impropio. En fin, que no se puede hacer una reforma que pierda de vista la interdependencia de todos los factores sociales, porque siempre quedaría trunca.

Hay que considerar la coyuntura política, como él lo hace, pero es necesario despojarla de toda ideología, porque se inocularía, desde la concepción, un germen de parcialidad y exclusión contrarias a la naturaleza misma de la función jurisdiccional.

Lograr todo eso no es fácil y habrá cosas que depurar antes de reconstruir, pero hay elementos legislativos suficientes ya dados. Hay que aplicarlos. En cambio, para alcanzar el grado de excelencia que ha de buscarse se necesita enfatizar, como ya se dijo, la independencia de los jueces, desde su misma designación.

Ayudará tener en cuenta aquello que, en su Elogio de los Jueces, dijo hace décadas el insigne Piero Calamandrei: “En régimen de tiranía el juez, si está dispuesto a ceder, lo hace en una sola dirección. La elección es simple: servilismo o consciencia. Pero en tiempos de libertad, cuando distintas corrientes políticas soplan de todos los lados, el juez se encuentra expuesto como el árbol en la cumbre de la montaña. Si el tallo no es sólido, corre el riesgo de inclinarse al soplo de cada uno de los vientos”.
06 Octubre 2019 04:00:00
La independencia judicial
¿Está el sistema judicial en México plagado de vicios, deficiencias profesionales y lo afectan generalizadamente conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?

Con esas preguntas y la promesa de continuar con la reflexión sobre el tema, concluyó la entrega de la semana anterior.

Despertó atención y hubo muchos comentarios, de entre los cuales destaca uno que sintetiza contundentemente a la mayoría de ellos: A cada una de las preguntas, dijo, respondo “sí”.

Esa es, infortunadamente, la percepción generalizada, lo que hace que el tema merezca más atención que la que se ha visto hasta ahora.

Es verdad que, en mucho, tal desprestigio -que no es otra cosa frente a lo que estamos- se debe en mucho al desconocimiento y la confusión entre las funciones policiacas y las propiamente jurisdiccionales, pero es imposible negar que los males percibidos se dan con mucho mayor frecuencia que la correspondiente a márgenes excepcionales y es, en realidad, muy grave.

También es cierto que existe una campaña evidente de desprestigio proveniente de otros actores políticos que se verían favorecidos con el debilitamiento de los poderes judiciales, especialmente del federal. A pesar de todo, hay que reconocer que es precisamente el deterioro de la imagen judicial la mejor fuente instrumental para nutrir esos ataques.

En todo caso, es innegable que esa percepción obedece a la existencia de los males y que es necesario combatir, desde el fondo, su causa.

El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ha dicho: “La reforma judicial que se emprenda debe partir de la base de no modificar la composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano; debe tender al fortalecimiento de la carrera judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas; debe apostar por la agilidad de los procedimientos, por la transparencia y por el reforzamiento de la justicia local; debe centrarse, ante todo, en dar mayor acceso a la justicia a todas las personas y no solo a las élites, debe ser una reforma orientada hacia una mayor igualdad y justicia social” (
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial).

Tiene razón, pero pasa por alto algunas cuestiones torales: primero, que la función jurisdiccional ha de ser independiente para poder cumplir con su cometido; sin ello, no será sino paliativo de los males sociales y, lo que es peor, encubrimiento cómplice de los abusos de poder y las injusticias. En segundo lugar, que en esa reforma no hay intocables, por lo que condicionarla a no tocar a la corte que preside es impropio. En fin, que no se puede hacer una reforma que pierda de vista la interdependencia de todos los factores sociales, porque siempre quedaría trunca.

Hay que considerar la coyuntura política, como él lo hace, pero es necesario despojarla de toda ideología, porque se inocularía, desde la concepción, un germen de parcialidad y exclusión contrarias a la naturaleza misma de la función jurisdiccional.

Lograr todo eso no es fácil y habrá cosas que depurar antes de reconstruir, pero hay elementos legislativos suficientes ya dados. Hay que aplicarlos.

En cambio, para alcanzar el grado de excelencia que ha de buscarse se necesita enfatizar, como ya se dijo, la independencia de los jueces, desde su misma designación.

Ayudará tener en cuenta aquello que, en su “Elogio de los Jueces”, dijo hace décadas el insigne Piero Calamandrei: “En régimen de tiranía el juez, si está dispuesto a ceder, lo hace en una sola dirección. La elección es simple: servilismo o conciencia. Pero en tiempos de libertad, cuando distintas corrientes políticas soplan de todos los lados, el juez se encuentra expuesto como el árbol en la cumbre de la montaña. Si el tallo no es sólido, corre el riesgo de inclinarse al soplo de cada uno de los vientos”.
29 Septiembre 2019 04:08:00
La ‘reforma judicial’
El ejercicio de cualquier función pública exige una impecable probidad, pero la de impartir justicia lo requiere más enfáticamente. De ella dependen, en última instancia, las garantías mismas de la legitimidad de toda acción de la autoridad y los equilibrios internos del sistema social.

Por eso, cuando alguien se encuentra en la necesidad de acudir al aparato de justicia y se adentra en un terreno que, lejos de ofrecerle abrigo, resulta incierto y plagado de vicios, engaños, deficiencias profesionales y hasta con conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza, los focos rojos se encienden y la aplicación de medidas que remedien ese estado de cosas se vuelve una prioridad absoluta.

Según una opinión muy generalizada, México atraviesa por una situación muy parecida a la descrita, lo que hace necesario revisar las cuestiones vinculadas con la impartición de justicia y recomponerlas en lo necesario. Las piezas del ajedrez político que en días recientes se ha visto mover, aducen justificarse en ello.

Así la iniciativa presentada por los senadores Ricardo Monreal y Joel Molina Ramírez para reformar la ley de amparo en lo que toca a la “ética profesional” de los abogados, que en el fondo no tiene por motivo, aunque lo invoque en la exposición correspondiente, combatir esa corrupción, sino que, como bien lo ha señalado la Barra Mexicana de Abogados, pretende obstruir la defensa de los derechos fundamentales cuando incomode al poder, sin considerar medidas para combatir el ejercicio de los litigantes y operadores corruptos, respecto de los cuales la iniciativa es omisa.

Ella, además, es cuestionable respecto de su constitucionalidad y presenta algunos errores técnicos e incongruencias argumentativas de las que ya se han ocupado destacados juristas, como Elisur Arteaga, y seguramente lo harán otros.

Hay un punto, sin embargo, que se ha pasado por alto, a pesar de la relevancia que le confieren sus implicaciones funcionales. Tiene que ver con una visión distorsionada de la estructura judicial y las responsabilidades de sus depositarios, lo que en mucho se debe al hecho de que la rama judicial del poder no tiene lugar en un ambiente aislado del resto de la vida nacional, de la que en buena medida es reflejo.

Esta última circunstancia hace olvidar que no hay un depositario único de la potestad judicial, sino que lo es, en plenitud de jurisdicción, cada uno de los jueces magistrados y ministros que integran los diferentes poderes judiciales del país.

A pesar de ello, el patrón mental que refleja comúnmente el discurso político y el de los analistas y comentaristas es el correspondiente a la estratificación fuertemente jerárquica de las estructuras que dependen del depositario –ese sí, único– del Poder Ejecutivo, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Traslapar ese esquema al Poder Judicial conduce a considerar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, como “titular” del “Poder Judicial”, cuando no lo es ni puede serlo porque una configuración jerárquica así vulneraría el principio de la autonomía judicial al someter a los jueces a una dependencia contraria a la ley.

Considerar esa autonomía como fundamental es un requisito indispensable para cualquier acción que se pretenda emprender para el perfeccionamiento de la impartición de justicia, so pena de fracasar si no lo hace y hasta resultar contraproducente.

Al mejor interés de la administración de justicia interesa que a los jueces y magistrados se les mantenga libres de la doble ligadura de la dependencia que descansa, por una parte, en la expectativa de la recompensa que el “superior” pudiera otorgarle si desempeña bien su papel, tanto como en el temor al castigo por desagradarlo.

¿Es eso lo que ocurre en México? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?
Las limitaciones de espacio obligan a posponer las respuestas a esas preguntas y otras consideraciones para subsecuentes entregas. Aquí nos encontraremos.
29 Septiembre 2019 04:00:00
La ‘reforma judicial’
El ejercicio de cualquier función pública exige una impecable probidad, pero la de impartir justicia lo requiere más enfáticamente. De ella dependen, en última instancia, las garantías mismas de la legitimidad de toda acción de la autoridad y los equilibrios internos del sistema social.

Por eso, cuando alguien se encuentra en la necesidad de acudir al aparato de justicia y se adentra en un terreno que, lejos de ofrecerle abrigo, resulta incierto y plagado de vicios, engaños, deficiencias profesionales y hasta con conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza, los focos rojos se encienden y la aplicación de medidas que remedien ese estado de cosas se vuelve una prioridad absoluta.

Según una opinión muy generalizada, México atraviesa por una situación muy parecida a la descrita, lo que hace necesario revisar las cuestiones vinculadas con la impartición de justicia y recomponerlas en lo necesario. Las piezas del ajedrez político que en días recientes se ha visto mover, aducen justificarse en ello.

Así la iniciativa presentada por los senadores Ricardo Monreal y Joel Molina Ramírez para reformar la ley de amparo en lo que toca a la “ética profesional” de los abogados, que en el fondo no tiene por motivo, aunque lo invoque en la exposición correspondiente, combatir esa corrupción, sino que, como bien lo ha señalado la Barra Mexicana de Abogados, pretende obstruir la defensa de los derechos fundamentales cuando incomode al poder, sin considerar medidas para combatir el ejercicio de los litigantes y operadores corruptos, respecto de los cuales la iniciativa es omisa.

Ella, además, es cuestionable respecto de su constitucionalidad y presenta algunos errores técnicos e incongruencias argumentativas de las que ya se han ocupado destacados juristas, como Elisur Arteaga, y seguramente lo harán otros.

Hay un punto, sin embargo, que se ha pasado por alto, a pesar de la relevancia que le confieren sus implicaciones funcionales. Tiene que ver con una visión distorsionada de la estructura judicial y las responsabilidades de sus depositarios, lo que en mucho se debe al hecho de que la rama judicial del poder no tiene lugar en un ambiente aislado del resto de la vida nacional, de la que en buena medida es reflejo.

Esta última circunstancia hace olvidar que no hay un depositario único de la potestad judicial, sino que lo es, en plenitud de jurisdicción, cada uno de los jueces magistrados y ministros que integran los diferentes poderes judiciales del país.

A pesar de ello, el patrón mental que refleja comúnmente el discurso político y el de los analistas y comentaristas es el correspondiente a la estratificación fuertemente jerárquica de las estructuras que dependen del depositario -ese sí, único- del poder ejecutivo, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Traslapar ese esquema al poder judicial conduce a considerar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, como “titular” del “Poder Judicial” cuando no lo es, ni puede serlo porque una configuración jerárquica así vulneraría el principio de la autonomía judicial al someter a los jueces a una dependencia contraria a la ley.

Considerar esa autonomía como fundamental es un requisito indispensable para cualquier acción que se pretenda emprender para el perfeccionamiento de la impartición de justicia, so pena de fracasar si no lo hace y hasta resultar contraproducente.

Al mejor interés de la administración de justicia interesa que a los jueces y magistrados se les mantenga libres de la doble ligadura de la dependencia que descansa, por una parte, en la expectativa de la recompensa que el “superior” pudiera otorgarle si desempeña bien su papel, tanto como en el temor al castigo por desagradarlo.

¿Es eso lo que ocurre en México? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?

Las limitaciones de espacio obligan a posponer las respuestas a esas preguntas y otras consideraciones para subsecuentes entregas. Aquí nos encontraremos.
22 Septiembre 2019 04:08:00
¿Contra los jueces?
Una aparente aversión añeja del depositario del Poder Ejecutivo y su grupo de apoyo contra los jueces se ha visto recrudecida recientemente.

El detonador inmediato hay que buscarlo en las suspensiones concedidas en diversos juicios de amparo interpuestos contra la destrucción del avance de obra en lo que estaba destinado a ser el NAIM y la continuación de las labores en la base aérea militar de Santa Lucía.

Paralelamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en un acto sin mayor relevancia, pronunció un discurso en el que, pareciera que haciéndose eco de la autoproclamada cuarta transformación, dijo que se vive en México “un momento social y político especialmente propicio para una reforma judicial más profunda y de mayor calado” (
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial).

La cereza que coronó este pastel fue, por si faltara poco, la resolución del juez primero de Distrito en Materia Penal, con sede en Matamoros, Tamaulipas, que, por no encontrar elementos suficientes para decretar la prisión preventiva, se atuvo a la presunción de inocencia y decretó la libertad de los detenidos a causa del llamado “caso Ayotzinapa”, hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva, si es que esta dispone lo contrario.

Según todo indica, el motivo de la resolución radica en una integración del expediente, por el Ministerio Público, que pudo ser defectuosa. A pesar de ello, la andanada ha sido contra los jueces, porque existe en nuestro país una desafortunada confusión sobre lo que es la función de impartir justicia, y en ella se incluye el quehacer de las fiscalías: cuando fallan éstas, se condena a los jueces.

En ese contexto, hay que decir que es común que el poder reaccione con aversión y energía ante los obstáculos que dificultan sus pretensiones. No es extraño, entonces, que considerando opositor en esa ruta al poder judicial se le quiera desprestigiar para conseguir, según la máxima oriental, debilitar al enemigo antes que buscar fortalecerse ante él.

Por natural que sea esa reacción, no es la más conveniente al buen gobierno. Lo procedente, en una democracia republicana, especialmente donde los derechos fundamentales se han erigido en brújula para orientar toda acción de gobierno, sería el apego a las normas y la prudencia en la conducción de las cuestiones que atañen a la comunidad.

El acceso a la justicia es un derecho garantizado a todos los seres humanos, y eso conlleva un paquete infranqueable de derechos fundamentales.

México no es Shangri-La ni aspira a ser Utopía. Muchas vicisitudes hubo de pasar antes de encontrar cierta estabilidad normativa para proteger la esfera de sus habitantes frente a las tentaciones del sempiterno poder para actuar sin límites (como el “mercado”, en el extremo “neoliberal”, por cierto).

Siempre hará falta un valladar que vea por la efectividad de las disposiciones garantes de las libertades y derechos, y en México la institución protectora más valiosa, arraigada, e influyente en el derecho comparado es, sin duda, el juicio de amparo, que desde la mitad del siglo 19 ha sido el medio de defensa por excelencia contra los excesos de la autoridad.

Cualquier persona que ocupe un puesto de autoridad debe tener en cuenta que los poderes y facultades que ostenta no le pertenecen, sino que son derivados y solo tienen un carácter instrumental: valen nada más en lo necesario para cumplir la encomienda que, conforme a la ley han recibido. Todo exceso no solamente deberá ser privado de efectos, sino que dará lugar a responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales.

Si de verdad se profesa algún respeto por el tan manido “estado de derecho”, hay que tener presente que su esencia descansa en que, en él, Gobierna el derecho, no los seres humanos.

Bueno será considerarlo así al ejercer las funciones propias del gobierno y la gestión pública en las democracias, porque “dondequiera que termine la ley, comenzará la tiranía”, según dijo John Locke, que mucha razón tenía al afirmarlo.
22 Septiembre 2019 04:00:00
¿Contra los jueces?
Una aparente aversión añeja del depositario del Poder Ejecutivo y su grupo de apoyo contra los jueces se ha visto recrudecida recientemente.

El detonador inmediato hay que buscarlo en las suspensiones concedidas en diversos juicios de amparo interpuestos contra la destrucción del avance de obra en lo que estaba destinado a ser el NAIM y la continuación de las labores en lavase aérea militar de Santa Lucía.

Paralelamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en un acto sin mayor relevancia, pronunció un discurso en el que, pareciera que haciéndose eco de la autoproclamada “cuarta transformación, dijo que se vive en México “un momento social y político especialmente propicio para una reforma judicial más profunda y de mayor calado” (
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial)

La cereza que coronó este pastel fue, por si faltara poco, la resolución del juez primero de distrito en materia penal, con sede en Matamoros, Tamaulipas, que, por no encontrar elementos suficientes para decretar la prisión preventiva, se atuvo a la presunción de inocencia y decretó la libertad de los detenidos a causa del llamado “caso Ayotzinapa”, hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva, si es que ésta dispone lo contrario.

Según todo indica, el motivo de la resolución radica en una integración del expediente, por el ministerio público, que pudo ser defectuosa. A pesar de ello, la andanada ha sido contra los jueces, porque existe en nuestro país una desafortunada confusión sobre lo que es la función de impartir justicia, y en ella se incluye el quehacer de las fiscalías: cuando fallan éstas, se condena a los jueces.

En ese contexto, hay que decir que es común que el poder reaccione con aversión y energía ante los obstáculos que dificultan sus pretensiones. No es extraño, entonces, que considerando opositor en esa ruta al poder judicial se le quiera desprestigiar para conseguir, según la máxima oriental, debilitar al enemigo antes que buscar fortalecerse ante él.

Por natural que sea esa reacción, no es la más conveniente al buen gobierno. Lo procedente, en una democracia republicana, especialmente donde los derechos fundamentales se han erigido en brújula para orientar toda acción de gobierno, sería el apego a las normas y la prudencia en la conducción de las cuestiones que atañen a la comunidad.

El acceso a la justicia es un derecho garantizado a todos los seres humanos, y eso conlleva un paquete infranqueable de derechos fundamentales.

México no es Shangri-La ni aspira a ser Utopía. Muchas vicisitudes hubo de pasar antes de encontrar cierta estabilidad normativa para proteger la esfera de sus habitantes frente a las tentaciones del sempiterno poder para actuar sin límites (como el “mercado”, en el extremo “neoliberal”, por cierto).

Siempre hará falta un valladar que vea por la efectividad de las disposiciones garantes de las libertades y derechos, y en México la institución protectora más valiosa, arraigada, e influyente en el derecho comparado es, sin duda, el juicio de amparo, que desde la mitad del siglo 19 ha sido el medio de defensa por excelencia contra los excesos de la autoridad.

Cualquier persona que ocupe un puesto de autoridad debe tener en cuenta que los poderes y facultades que ostenta no le pertenecen, sino que son derivados y solo tienen un carácter instrumental: valen nada más en lo necesario para cumplir la encomienda que, conforme a la ley han recibido. Todo exceso no solamente deberá ser privado de efectos, sino que dará lugar a responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales.

Si de verdad se profesa algún respeto por el tan manido “estado de derecho”, hay que tener presente que su esencia descansa en que, en él, gobierna el derecho, no los seres humanos.

Bueno será considerarlo así al ejercer las funciones propias del gobierno y la gestión pública en las democracias, porque “dondequiera que termine la ley, comenzará la tiranía”, según dijo John Locke, que mucha razón tenía al afirmarlo.
15 Septiembre 2019 04:06:00
¿Fuchi, guácala?
Si las cosas estaban ya complicadas en materia de inseguridad, la semana que concluyó se agudizaron en varios puntos del país, especialmente en Nuevo Laredo. Ahí se impidió el abasto de gasolina a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad pública, mediante amenazas de la delincuencia organizada proferidas a los expendedores.

Fue entonces que el Presidente exhortó a los grupos involucrados a “que le bajen” y a “portarse bien”. A sus “madrecitas”, les pidió que les digan que ya se dejen de andar delinquiendo. “Al carajo la delincuencia… ¡Fuchi, guácala!”, dijo literalmente.

Después de tan considerado exhorto, circularon en las redes sociales diversos comunicados según los cuales los dirigentes de las organizaciones destinatarias del llamado presidencial, daban permiso de robar farmacias, tiendas Oxxo y restaurantes o taquerías, además de violar mujeres “siempre y cuando se les regrese con vida”.

Ya previamente habían advertido a los habitantes de Nuevo Laredo que nada de lo que estaba pasando ahí era contra ellos, sino “guerra con los wachos y la furia prieta”, al tiempo en que alguno de tales grupos prohibía a los comercios (centros comerciales, tiendas Oxxo, City Club, carnicerías, fruterías, bodegas, restauranteros taqueros, vendedores de hot dogs, etc.) la venta de comida para las fuerzas del orden destacamentadas en esa plaza.

Frente a la gravedad de esa circunstancia y la magnitud del problema, la reacción presidencial causó azoro, por decir lo menos. Francamente, exhortar a las “madrecitas” para que les digan “que ya se porten bien” y le hagan “fuchi, guácala” a los delitos, denota, en el mejor de los casos, una ingenuidad de proporciones inusitadas, absolutamente inadmisible y sin justificación alguna. Hay quienes piensan, incluso, en complacencia reprobable.

La responsabilidad que conlleva el deber de velar por la exacta observancia de la ley, la calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas y, en general la obligación de ver en todo y por todo que la ley se cumpla, serían ya bastantes para obligar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a ir más allá de llamar, como lo hizo, a “portarse bien” a quienes han demostrado que cosas más graves que eso son ineficaces para disuadirlos de persistir en su desafiante
beligerancia.

Para más clara y contundente precisión, por si eso fuera poco, están las fracciones VI y VII del Artículo 89 de nuestra maltrecha Constitución que, a pesar de todo el asedio de que ha sido objeto, sigue siendo la norma fundamental en México.

Ese precepto, en lo conducente, dice: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”, y “VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley”.

Razón sobrada tuvo el Gobernador de Tamaulipas cuando manifestó que, si la Guardia Nacional había surgido a la vida pública precisamente con motivo de fortalecer la capacidad gubernamental ante el reto de enfrentar a las fuerzas organizadas que no solo actúan fuera de la ley, sino contra las instituciones estructurales del Estado mexicano, no estaba cumpliendo ese cuerpo con su función primordial, puesto que se le había encomendado, en cambio, el control de las personas en estado de migración que, desde la frontera sur del país, intentan cruzar el territorio de México para llegar a los Estados Unidos.

Si en el contexto inmediato causa pasmo la reacción presidencial, cuando se amplía el obturador la cosa se confunde más, porque la tersa suavidad mostrada frente a la delincuencia organizada se vuelve mano dura cuando se trata de velar por los derechos fundamentales a la salud, el acceso a guarderías, etc., y no se diga en las cuestiones
fiscales.

¿Por qué tan dispar actitud? ¿Es tal el grado de ingenuidad? ¿“Fuchi, guácala”? ¿De qué se trata?
15 Septiembre 2019 04:00:00
¿Fuchi, guácala?
Si las cosas estaban ya complicadas en materia de inseguridad, la semana que concluyó se agudizaron en varios puntos del país, especialmente en Nuevo Laredo. Ahí se impidió el abasto de gasolina a las Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad Pública, mediante amenazas de la delincuencia organizada proferidas a los expendedores.

Fue entonces que el presidente exhortó a los grupos involucrados a “que le bajen” y a “portarse bien”. A sus “madrecitas”, les pidió que les digan que ya se dejen de andar delinquiendo. “Al carajo la delincuencia… ¡Fuchi, guácala!”, dijo literalmente.

Después de tan considerado exhorto, circularon en las redes sociales diversos comunicados según los cuales los dirigentes de las organizaciones destinatarias del llamado presidencial, daban permiso de robar farmacias, tiendas Oxxo y restaurantes o taquerías, además de violar mujeres “siempre y cuando se les regrese con vida”.

Ya previamente habían advertido a los habitantes de Nuevo Laredo que nada de lo que estaba pasando ahí era contra ellos, sino “guerra con los wachos y la furia prieta”, al tiempo en que alguno de tales grupos prohibía a los comercios (centros comerciales, tiendas Oxxo, City Club, carnicerías, fruterías, bodegas, restauranteros taqueros, vendedores de hot dogs, etc.), la venta de comida para las fuerzas el orden destacamentadas en esa plaza.

Frente a la gravedad de esa circunstancia y la magnitud del problema, la reacción presidencial causó azoro, por decir lo menos. Francamente, exhortar a las “madrecitas” para que les digan “que ya se porten bien” y le hagan “fuchi, guácala” a los delitos, denota, en el mejor de los casos, una ingenuidad de proporciones inusitadas, absolutamente inadmisible y sin justificación alguna. Hay quienes piensan, incluso, incluso, en complacencia reprobable.

La responsabilidad que conlleva el deber de velar por la exacta observancia de la ley, la calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y, en general la obligación de ver en todo y por todo que la ley se cumpla, serían ya bastantes para obligar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a ir más allá de llamar, como lo hizo, a “portarse bien” a quienes han demostrado que cosas más graves que eso son ineficaces para disuadirlos de persistir en su desafiante beligerancia.

Para más clara y contundente precisión, por si eso fuera poco, están las fracciones VI y VII del artículo 89 de nuestra maltrecha constitución que, a pesar de todo el asedio de que ha sido objeto, sigue siendo la norma fundamental en México.

Ese precepto, en lo conducente, dice: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”, y “VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley”.

Razón sobrada tuvo el gobernador de Tamaulipas cuando manifestó que, si la Guardia Nacional había surgido a la vida pública precisamente con motivo de fortalecer la capacidad gubernamental ante el reto de enfrentar a las fuerzas organizadas que no solo actúan fuera de la ley, sino contra las instituciones estructurales del estado mexicano, no estaba cumpliendo ese cuerpo con su función primordial, puesto que se le había encomendado, en cambio, el control de las personas en estado de migración que, desde la frontera sur del país, intentan cruzar el territorio de México para llegar a los Estados Unidos.

Si en el contexto inmediato causa pasmo la reacción presidencial, cuando se amplía el obturador la cosa se confunde más, porque la tersa suavidad mostrada frente a la delincuencia organizada se vuelve mano dura cuando se trata de velar por los derechos fundamentales a la salud, el acceso a guarderías, etc., y no se diga en las cuestiones fiscales.

¿Por qué tan dispar actitud? ¿Es tal el grado de ingenuidad? ¿“Fuchi, guácala”? ¿De qué se trata?
08 Septiembre 2019 04:00:00
La imprescindible autonomía
En estos tiempos convulsos, de cambio de época, la vestimenta que había costumbre de usar va quedando chica, desajustada, incómoda.

La gente, que se percata de la nueva circunstancia, está consciente de la necesidad de cambiar, pero no suele saber cómo, por eso se ven los vaivenes políticos en toda latitud y longitud, sin que importen la cultura, el desarrollo económico y otras características por el estilo.

Lo que importa es recuperar lo perdido, y lo perdido bien puede ser la consciencia de la dignidad elemental, que es sinónimo de pertenencia y fuente de beneficios, pero también de responsabilidades.

La ruptura de los cánones tradicionales, obsoletos y caducos, que por tantos siglos -casi cuatro- trazaron las estructuras sociopolíticas del mundo, reventó los paradigmas modernos y dio salida a una gran diversidad de corrientes que buscan los referentes aptos para encauzar las energías sociales de todo tipo por rumbos ordenados, justos y estables.

Eso, y no otra cosa, permite entender el resurgimiento del viejo empeño por encontrar los fundamentos que verdaderamente justifiquen la organización sociopolítica de las comunidades, tanto como la convergencia de esas corrientes que, antes de entrar en el desarrollo detallado de sus propuestas, muestran una clara coincidencia en el afán de rescatar la dignidad de la gente a partir de los derechos humanos, ese grupo de prerrogativas iguales y universales que resulta indispensable proteger, promover, garantizar.

Eso, que es justicia, tiene también un sentido práctico, porque todo crecimiento, todo desarrollo, requiere de la estabilidad, la predictibilidad y la seguridad equitativa que solo un orden basado en ellos puede proveer.

Por eso, los gobiernos, la “clase política” en cada rincón del mundo, han adoptado como bandera su defensa, aunque con pesar hay que reconocer que no son pocos, ni extraños, los casos en que eso sea sólo un recurso retórico, vacío de contenido. Es difícil que el poder vaya a limitarse a sí mismo, sin obtener ventajas considerables a cambio. Pensar lo contrario sería ingenuo.

Debido a ello, el sistema de frenos y contrapesos provistos por la división de los poderes públicos ha cumplido bien, pero insuficientemente, con su cometido. Enriquecerlo con la institución de organismos públicos defensores de los derechos humanos se generalizó en el mundo para reforzar la protección de los seres humanos, en condiciones de igualdad, frente a los abusos de autoridad que los vulneraran.

Hace poco más de 26 años, en París, y precisamente con ese fin, la ONU estableció una serie de principio encaminados a establecer estándares mínimos para enmarcar y garantizar la regularidad en el funcionamiento de los organismos públicos instituidos para la defensa, protección y garantía de los derechos humanos.

Uno de esos principios es, precisamente, el que proclama la autonomía de que deberán estar dotados, con la consiguiente independencia de criterio y los recursos financieros y materiales suficientes para no depender de nadie que, por ser objeto de su vigilancia, podría tener interés en someterla, restringiendo y hasta anulando su capacidad de acción.

Esa autonomía es una propiedad de los organismos públicos de derechos humanos que requiere de ser construida en los hechos, palmo a palmo, y defendida a pulso, aunque los costos, como frecuentemente sucede, sean altos.

Hacer esto último es un deber derivado de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, pero también de la ética del servicio público, que debe verse reflejada en la conducta de quienes asumen esa responsabilidad, porque ellos y ellas asumen también el indeclinable compromiso de velar, precisamente en aras de los “estándares internacionales” tan frecuentemente invocados, de proteger y promover los derechos humanos, según su mandato, a pesar y aun en contra de toda injerencia externa, por poderosa o tentadora que sea.

El medio se presta para que gente sin escrúpulos medre, con él y desde él, en términos de conveniencias políticas y económicas. Eso es inadmisible.

Todo intento de sometimiento desde el poder es reprobable; la entrega y la sumisión voluntarias de un organismo al poder son execrables.
01 Septiembre 2019 04:00:00
El honor militar
Han circulado en las redes y en los noticieros numerosos eventos en los que aparecen turbamultas rodeando y hostigando a contingentes de las fuerzas armadas que patrullan o acuden a una comisión del servicio.

Recientemente se vieron escenas de algo que ocurrió en algún lugar del sur, en las que, a soldados entrenados y debidamente apertrechados, se les agrede y golpea hasta con escobas.

A uno de ellos, arteramente y con gala de cobardía, por la espalda, algún malhadado sujeto le pego un empellón que lo hizo perder la figura y literalmente volar varios metros, mientras que su unidad era objeto de insultos y vejaciones sin límite por la enardecida multitud que impunemente la acosaba.

Las cosas no paran ahí, porque también se han escalado los riesgos que corren los militares y su gravedad. En esta misma semana han sido asesinados diversos mandos militares y personal de tropa por gente de agrupaciones criminales, mientras se incrementaban las agresiones de los carteles en diversos territorios.

También fue prolija la difusión de un incidente ocurrido durante una gira presidencial por el sur del país, en la que fue abordado por un grupo de víctimas de actividades delincuenciales, pidiéndole que dispusiera de las fuerzas armadas y las enviara en su auxilio. La respuesta causó polémica, porque en ella el presidente quiso refrendar su postura e insistió en que las fuerzas armadas no estaban para reprimir al pueblo.

Tuve oportunidad de comentar los acontecimientos con una persona cercana a la vida militar, patriota y ciudadano preocupado por las cosas de la gran comunidad nacional, a quien expresé mi inquietud por el decaimiento en el ánimo de la tropa en esas condiciones, y mi preocupación por los límites de la paciencia de sus miembros frente a tan indignante acoso ¿Hasta cuándo estarán dispuestos a resistir?

Me respondió: “Les tienen atadas las manos”, y frente a ello fue ineludible pensar en que la lealtad de las fuerzas armadas, su disciplina y el sometimiento que han mostrado inveteradamente al poder institucional, son producto del honor militar. Sin él, será inexplicable la paciencia de que han hecho gala sus elementos en los tiempos recientes.

Se entiende el afán de no alimentar el fuego arrojándole gasolina, pero no se puede pasar por alto que ese mismo honor que mantiene a las armas institucionales en una actitud de resistencia pasiva y contención apenas eficaz contra las agresiones de los cada vez más amplios y extendidos sectores inmersos en la marginalidad ilícita, tiene sus propios límites y no es sano empujar contra ellos.

El periodista Juan Ibarrola, de íntima conexión con las fuerzas armadas, también aludió en los días recientes al malestar que aqueja, precisamente por esas condiciones, a la tropa, y me hizo recordar algo que es bien sabido y ha sido largamente comprobado: La moral de la tropa puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier estrategia, incluso las de mayor excelsitud, y por consiguiente un factor decisivo para el triunfo o la derrota de cualquier ejercicio militar.

Ya Sun Tzu decía que la mejor batalla es la que se gana sin pelearla, lo que supone una presencia militar que imponga respeto y amedrente al opositor, al grado de provocar su defección sin necesidad de disparar un solo tiro.

Eso requiere del respeto y el ascendiente que, sin que se pueda dar por perdido del todo, es claro que se ve mellado por esos episodios.

Debe ser muy difícil para los soldados de cielo, mar y tierra prepararse para proteger a los demás y tener que renunciar a protegerse a sí mismos, por obediencia y contra los propios instintos, en virtud de una lealtad que quizá no perciban debidamente correspondida desde los mandos supremos, en cuya cúspide, por disposición constitucional, se encuentra el depositario único y unipersonal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Unión, jefe de estado y de Gobierno, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
01 Septiembre 2019 03:50:00
El honor militar
Han circulado en las redes y en los noticieros numerosos eventos en los que aparecen turbamultas rodeando y hostigando a contingentes de las Fuerzas Armadas que patrullan o acuden a una comisión del servicio.

Recientemente se vieron escenas de algo que ocurrió en algún lugar del sur, en las que, a soldados entrenados y debidamente apertrechados, se les agrede y golpea hasta con escobas.

A uno de ellos, arteramente y con gala de cobardía, por la espalda, algún malhadado sujeto le pegó un empellón que lo hizo perder la figura y literalmente volar varios metros, mientras que su unidad era objeto de insultos y vejaciones sin límite por la enardecida multitud que impunemente le acosaba.

Las cosas no paran ahí, porque también se han escalado los riesgos que corren los militares y su gravedad. En esta misma semana han sido asesinados diversos mandos militares y personal de tropa por gente de agrupaciones criminales, mientras se incrementaban las agresiones de los cárteles en diversos territorios.

También fue prolija la difusión de un incidente ocurrido durante una gira presidencial por el sur del país, en la que fue abordado por un grupo de víctimas de actividades delincuenciales, pidiéndole que dispusiera de las Fuerzas Armadas y las enviara en su auxilio. La respuesta causó polémica, porque en ella el Presidente quiso refrendar su postura e insistió en que las Fuerzas Armadas no estaban para reprimir al pueblo.

Tuve oportunidad de comentar los acontecimientos con una persona cercana a la vida militar, patriota y ciudadano preocupado por las cosas de la gran comunidad nacional, a quien expresé mi inquietud por el decaimiento en el ánimo de la tropa en esas condiciones, y mi preocupación por los límites de la paciencia de sus miembros frente a tan indignante acoso. ¿Hasta cuándo estarán dispuestos a resistir?

Me respondió: “Les tienen atadas las manos”, y frente a ello fue ineludible pensar en que la lealtad de las Fuerzas Armadas, su disciplina y el sometimiento que han mostrado inveteradamente al poder institucional, son producto del honor militar. Sin él, sería inexplicable la paciencia de que han hecho gala sus elementos en los tiempos recientes.

Se entiende el afán de no alimentar el fuego arrojándole gasolina, pero no se puede pasar por alto que ese mismo honor que mantiene a las armas institucionales en una actitud de resistencia pasiva y contención apenas eficaz contra las agresiones de los cada vez más amplios y extendidos sectores inmersos en la marginalidad ilícita, tiene sus propios límites y no es sano empujar contra ellos.

El periodista Juan Ibarrola, de íntima conexión con las Fuerzas Armadas, también aludió en los días recientes al malestar que aqueja, precisamente por esas condiciones, a la tropa, y me hizo recordar algo que es bien sabido y ha sido largamente comprobado: la moral de la tropa puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier estrategia, incluso las de mayor excelsitud, y por consiguiente un factor decisivo para el triunfo o la derrota de cualquier ejercicio militar.

Ya Sun Tzu decía que la mejor batalla es la que se gana sin pelearla, lo que supone una presencia militar que imponga respeto y amedrente al opositor, al grado de provocar su defección sin necesidad de disparar un solo tiro.

Eso requiere del respeto y el ascendiente que, sin que se pueda dar por perdido del todo, es claro que se ve mellado por esos episodios.

Debe ser muy difícil para los soldados de cielo, mar y tierra prepararse para proteger a los demás y tener que renunciar a protegerse a sí mismos, por obediencia y contra los propios instintos, en virtud de una lealtad que quizá no perciban debidamente correspondida desde los mandos supremos, en cuya cúspide, por disposición constitucional, se encuentra el depositario único y unipersonal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Unión, jefe de Estado y de Gobierno, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
25 Agosto 2019 04:00:00
¿Una ‘constitución moral’?
En estos días ha resurgido un tema viejo en los planteamientos del Presidente que, desde los tiempos de su campaña, anunció que promovería la expedición de una “Constitución moral” que complementaría, no sustituiría, la “Constitución Política”.

A pesar de la insistencia en el hecho de que no se tratará de un instrumento de carácter jurídico, o quizá precisamente por eso, la sola denominación del documento y el contexto en el que se menciona, inducen a poner atención cuidadosa al tema.

Desde que se lanzó la convocatoria para efectuar propuestas e ideas qué incorporar al documento, se expresaron sus propósitos, inseparables de los enunciados en la “cartilla moral” de Alfonso Reyes, que fue adaptada para quedar en la que ha circulado recientemente. El plazo para presentar las aportaciones inició el 3 de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2019.

Los rubros a los que se convoca –enunciativa, no limitativamente– son: a) respeto a nuestra persona; b) respeto a la familia; c) respeto a la sociedad; d) respeto a la patria; e) respeto a la especie humana, y f) respeto a la naturaleza. A ellos podrán agregarse nuevos “respetos” –según literalmente dice la convocatoria– para así “ampliar el catálogo ético”. El ejercicio culminará con una convención en 2019, en la que se aprobará el texto final.

Nadie puede negar las bondades de respetar a los demás y sus derechos, a las instituciones –como la familia y la patria– y al género humano, la dignidad de la personas en última instancia, pero hay un texto en la cartilla modificada que ha sido distribuida que, como una cortinilla que quedó doblada y no cubrió bien el trasfondo, deja ver una intención en él que no deja de ser inquietante: En el margen de la página 12, al referirse al “respeto a la persona”, la cartilla dice: “los respetos que hemos considerado como mandamientos de la moral pueden enumerarse de muchos modos”.

Hablar de “mandamientos de la moral” es algo que no solo tiene aires de dogma, sino que se antoja también que apunta a la juridicidad desde que alguien –¿investido de qué autoridad? ¿por quién? ¿con qué legitimidad?– pretende emitir una regla de conducta obligatoria cuyo nombre mismo corresponde, en el lenguaje llano tanto como en el específicamente técnico, a la naturaleza del derecho, y en el rango superior, nada más y nada menos, porque una constitución no es otra cosa que el sistema básico de normas jurídicas sobre el que descansa todo el sistema que estructura, imperativa y objetivamente, a la comunidad total que llamamos “Estado”. Por eso se llama “Constitución Política”, en tanto que encauza y dirige la dinámica de la “polis”, que desde la raíz griega del vocablo significa lo mismo que “civitas” según la etimología latina.

Es bueno, sí, que la conducta de toda persona integrada en esa comunidad –gobernantes y gobernados– esté impregnada de un claro sentido de lo que es correcto e incorrecto, para procurar, necesariamente, lo primero y evitar lo segundo, pero esa es precisamente la naturaleza del orden jurídico, heterónomo, objetivo y coercible en su cumplimiento como ha de ser, mientras que la moral se distingue por ser autónoma, subjetiva y sin la posibilidad de ser exigida su observancia por fuerza social alguna.

La sustancia que nutre al derecho está conformada, precisamente, por los valores comunitarios más preciados, los ineludibles para garantizar imperativamente la igualdad, la libertad y la solidaridad necesarios para que florezcan la justicia social y la conmutativa, descansando en los cimientos fincados en la ley suprema que se conoce como “Constitución”, que no necesita de la expedición de una constitución moral que la complemente.

Si el género normativo se expresa en las especies jurídica, moral y religiosa, mucho me temo que pretender yuxtaponer los dos primeros sistemas –el tercero no cabría en un Estado laico– produciría confusiones inconvenientes, o lo que es peor, abriría la puerta a la imposición de inadmisibles dogmatismos autoritarios.

Mucho cuidado.
25 Agosto 2019 04:00:00
¿Una “constitución moral”?
En estos días ha resurgido un tema viejo en los planteamientos del presidente que, desde los tiempos de su campaña, anunció que promovería la expedición de una “constitución moral” que complementaría, no sustituiría, la “constitución política”.

A pesar de la insistencia en el hecho de que no se tratará de un instrumento de carácter jurídico, o quizá precisamente por eso, la sola denominación del documento y el contexto en el que se menciona, inducen a poner atención cuidadosa al tema.

Desde que se lanzó la convocatoria para efectuar propuestas e ideas que incorporar al documento, se expresaron sus propósitos, inseparables de los enunciados en la “cartilla moral” de Alfonso Reyes, que fue adaptada para quedar en la que ha circulado recientemente. El plazo para presentar las aportaciones inició el 3 de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2019.

Los rubros a los que se convoca -enunciativa, no limitativamente- son: a) Respeto a nuestra persona; b) respeto a la familia; c) respeto a la sociedad; d) respeto a la patria; e) respeto a la especie humana, y f) respeto a la naturaleza. A ellos podrán agregarse nuevos “respetos” -según literalmente dice la convocatoria- para así “ampliar el catálogo ético”. El ejercicio culminará con una convención en 2019, en la que se aprobará el texto final.

Nadie puede negar las bondades de respetar a los demás y sus derechos, a las instituciones -como la familia y la patria- y al género humano, la dignidad de la personas en última instancia, pero hay un texto en la cartilla modificada que ha sido distribuida que, como una cortinilla que quedó doblada y no cubrió bien el trasfondo, deja ver una intención en él que no deja de ser inquietante: En el margen de la página 12, al referirse al “respeto a la persona”, la cartilla dice: “Los respetos que hemos considerado como mandamientos de la moral pueden enumerarse de muchos modos”.

Hablar de “mandamientos de la moral” es algo que no solo tiene aires de dogma, sino que se antoja también que apunta a la juridicidad desde que alguien -¿investido de que autoridad? ¿Por quién? ¿Con qué legitimidad?- pretende emitir una regla de conducta obligatoria cuyo nombre mismo corresponde, en el lenguaje llano tanto como en el específicamente técnico, a la naturaleza del derecho, y en el rango superior, nada más y nada menos, porque una constitución no es otra cosa que el sistema básico de normas jurídicas sobre el que descansa todo el sistema que estructura, imperativa y objetivamente, a la comunidad total que llamamos “estado”. Por eso se llama “constitución política”, en tanto que encauza y dirige la dinámica de la “polis”, que desde la raíz griega del vocablo significa lo mismo que “civitas” según la etimología latina.

Es bueno, sí, que la conducta de toda persona integrada en esa comunidad -gobernantes y gobernados- esté impregnada de un claro sentido de lo que es correcto e incorrecto, para procurar, necesariamente, lo primero y evitar lo segundo, pero esa es precisamente la naturaleza del orden jurídico, heterónomo, objetivo y coercible en su cumplimiento como ha de ser, mientras que la moral se distingue por ser autónoma, subjetiva y sin la posibilidad de ser exigida su observancia por fuerza social alguna.

La sustancia que nutre al derecho está conformada, precisamente, por los valores comunitarios más preciados, los ineludibles para garantizar imperativamente la igualdad, la libertad y la solidaridad necesarios para que florezcan la justicia social y la conmutativa, descansando en los cimientos fincados en la ley suprema que se conoce como “constitución”, que no necesita de la expedición de una constitución moral que la complemente.

Si el género normativo se expresa en las especies jurídica, moral y religiosa, mucho me temo que pretender yuxtaponer los dos primeros sistemas -el tercero no cabría en un estado laico- produciría confusiones inconvenientes, o lo que es peor, abriría la puerta a la imposición de inadmisibles dogmatismos autoritarios.

Mucho cuidado.
18 Agosto 2019 04:00:00
La estrategia educativa de la “cuarta transformación”
Heinz Dietrich opina que la educación, especialmente la superior, es el lugar por excelencia para ubicar al elemento de “vanguardia sistémica” que en su opinión está faltando para dotar de eficacia al empeño transformador de AMLO (“El Talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador”, https://aristeguinoticias.com/1208/mexico/el-talon-de-aquiles-de-andres-manuel-lopez-obrador-articulo/).

En su acérrima crítica al “establishment” académico, Dietrich dice algo que, aunque suene exagerado, no carece de algún fundamento: “Hoy día, las áreas sociales de las academias públicas son, esencialmente, burocracias inertes, donde impera la mediocridad, el influyentísimo y el oportunismo transversal. En términos económicos, se trata de mercados oligopólicos y monopólicos, cuyas relaciones de producción, apropiación y distribución son disfuncionales para la productividad científica”.

Por eso concede la razón al presidente cuando éste critica a los cacicazgos y “grupos de poder” en el mundo de la investigación, como son las universidades, diciendo incluso que los académicos “no salen de los cubículos”.

Vale la pena detenerse en esta cuestión, porque es verdad que, especialmente en el ámbito de las genéricamente clasificadas como “ciencias sociales”, la que bien podría llamarse “nomenklatura académica” ha constreñido los espacios de participación y los han reservado para personas afines a quienes ejercen el control de los sistemas y organismos a cargo de la promoción y el estímulo de la investigación como actividad productora de conocimiento, y todavía más cuando de su divulgación se trata.

Es un hecho que, en este ámbito como en otros sectores sociales, hay causas suficientes para explicar el descontento, la irritación y el hartazgo de la gente que llevó a una mayoría en los comicios a votar por un cambio en las cosas.

Pero a Dietrich, promotor del “socialismo del siglo XXI”, no le preocupa eso, sino el hecho de verlo como un obstáculo para la transformación que tanto se pregona.

Para removerlo propone una serie de acciones tendientes a lograr la convicción de las “masas y clases sociales” respecto de las bondades de la transformación que promete el régimen, porque, según afirma, solo eso “hará triunfar esta última gran oportunidad de desarrollo para México”.

¿Cómo lograr esa convicción? Aunque Dietrich no lo revela en su artículo y en él enfatiza la educación superior como ámbito “orgánico” de la “vanguardia sistémica” que echa de menos, es evidente que las tácticas propagandísticas, meticulosamente pensadas y elaboradas por la administración pública federal, incluyen a todo el espectro educativo, incluido el extraescolar.

Los primeros instrumentos quedaron a la vista en la semana que concluyó, precisamente en los prolegómenos de un nuevo ciclo escolar y en vísperas del primer informe del presidente.

En primer lugar, la distribución de nuevos libros de texto, que no solo son gratuitos, sino también de uso obligatorio.

En segundo, una profusa distribución de la “cartilla moral” elaborada originalmente por Alfonso Reyes, pero adaptada por José Luis Martínez, para incitar “una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad”, según el propio presidente apunta en la “Presentación” del documento.

En tercero, el anuncio de una “constitución moral”, que se promete como “un documento que recoja e inspire lo mejor del pensamiento y de la diversidad cultural de las mexicanas y los mexicanos”, advirtiendo que no se tratará de un documento jurídico, “sino de un material que recoja lo mejor del pensamiento de hombres y mujeres libres y conscientes” de nuestro país.

Largo sería examinar, aquí y ahora, todo el complejo entramado de significados e implicaciones que ese conjunto de acciones contiene, pero resulta evidente su intención propagandística y, a pesar de las bondades de los planteamientos genéricos que se expresan oficialmente, sobre todo respecto de los dos documentos citados al final, existirá siempre el riesgo de que tales vías puedan emplearse como instrumentos de adoctrinamiento ideológico, lo que en cualquier caso sería pernicioso.

Habrá que mantener la atención para evitar que eso pase.
11 Agosto 2019 04:00:00
Apología del Amparo
Hace unos días, el Presidente se dolía de los amparos presentados en contra de su decisión de interrumpir la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y la transformación de la base aérea militar de Santa Lucía para dedicarla a ese fin.

En su conferencia mañanera mencionó, incluso, que había 80 demandas de amparo, y subrayó la cifra para destacar su demasía.

Preguntó, además, por qué no se habían presentado tales demandas durante las administraciones anteriores y manifestó su convicción de que la única finalidad de la medida se cifraba en el afán de obstruir los programas de su gestión y no en interés otro alguno.

Varias cuestiones hay en el planteamiento presidencial que, a mi parecer, es imprescindible aclarar. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que no se hayan presentado demandas de amparo en contra de la decisión durante los regímenes anteriores. Eso es así, como resulta evidente a poco que se reflexione, porque la resolución impugnada fue expedida en el que está a su cargo y no en los otros, por lo que no pudo ser impugnada durante el desempeño de alguno de ellos.

SI en cambio, la referencia fue hecha de manera genérica, pensando que 80 amparos son muchos y su cuantía hace evidente que se ha empleado la institución para obstruir su gestión, valdría la pena revisar la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, cuya página web (
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/resources/resoluciones/10_sentrestcar.pdf) da cuenta de que, nada más en 2010, los tribunales colegiados de circuito conocieron, en revisión, de 80,435 amparos, mil veces más que la cifra citada por él.

Por lo que se refiere a la intención de esos amparos, hasta hace no mucho algunos autores clasificaban el juicio de amparo, en vista de su propósito específico, en “amparo contra leyes”, “amparo-garantías”, “amparo-casación” y “amparo-soberanía” (v. gr.: Juventino V. Castro, en Garantías y Amparo, Porrúa, 2000) ¿Debieron haber agregado una clasificación adicional, el “amparo-obstrucción”?

Es inevitable que el juicio de amparo sea una figura que puede resultar muy incómoda para la autoridad, porque se trata de un instrumento al alcance de toda persona, para controlar los actos de ella que, en contra de su interés, violen los derechos humanos.

Uno de los elementos que el juicio de amparo garantiza es el de la seguridad jurídica, porque solo en ella se puede dar la previsibilidad de los actos de cada uno y todos los de la colectividad. Eso incluye la necesidad de que se respeten los procedimientos para tomar y ejecutar las decisiones que, siempre dentro del ámbito limitado por las normas, tome y efectúe la autoridad.

En un país cuya incipiente cultura democrática entroniza al depositario de la rama ejecutiva del poder público, lo mismo federal que estatales, la función del amparo como control del poder se realza; lo hace más durante los innumerables periodos de hegemonía presidencial vividos por México, repetida casi fatalmente, desde su independencia.

No es saludable, en modo alguno, para la verdadera democracia, atentar en contra de la licitud de la figura y la legitimidad en su ejercicio, aduciendo intencionalidades que, aún en el supuesto de que existieran, no afectan la objetividad de la función instrumental del medio de protección y control denostado.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen no es algo que quede sujeto al arbitrio del gobernante, sino un deber inexcusable suyo, signo ineludible de civilidad hoy en día.

Cuando la garantía del correcto ejercicio del poder, fundada en la división de su ejercicio, no es suficiente para conseguir un eficiente sistema de “frenos y contrapesos” y, además esa disfuncionalidad afecta derechos fundamentales, solo queda el control constitucional para impedir que la acción violatoria surta efectos y aún sea resarcida la persona afectada por las consecuencias de la indebida actuación de la autoridad responsable.

En ello destaca el juicio de amparo. Hay que enaltecerlo, cuidarlo y acatarlo, no pretender restarle legitimidad.
11 Agosto 2019 04:00:00
Apología del Amparo
Hace unos días, el presidente se dolía de los amparos presentados en contra de su decisión de interrumpir la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco y la transformación de la base aérea militar de Santa Lucía para dedicarla a ese fin.

En su conferencia mañanera mencionó, incluso, que había ochenta demandas de amparo y subrayó la cifra para destacar su demasía.

Preguntó, además, por qué no se habían presentado tales demandas durante las administraciones anteriores y manifestó su convicción de que la única finalidad de la medida se cifraba en el afán de obstruir los programas de su gestión, y no en interés otro alguno.

Varias cuestiones hay en el planteamiento presidencial que, a mi parecer, es imprescindible aclarar. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que no se hayan presentado demandas de amparo en contra de la decisión durante los regímenes anteriores. Eso es así, como resulta evidente a poco que se reflexione, porque la resolución impugnada fue expedida en el que está a su cargo y no en los otros, por lo que no pudo ser impugnada durante el desempeño de alguno de ellos.

Si, en cambio, la referencia fue hecha de manera genérica, pensando que ochenta amparos son muchos y su cuantía hace evidente que se ha empleado la institución para obstruir su gestión, valdría la pena revisar la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, cuya página web (
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/resources/resoluciones/10_sentrestcar.pdf) da cuenta de que, nada más en 2010, los tribunales colegiados de circuito conocieron, en revisión, de 80,435 amparos, mil veces más que la cifra citada por él.

Por lo que se refiere a la intención de esos amparos, hasta hace no mucho algunos autores clasificaban el juicio de amparo, en vista de su propósito específico, en “amparo contra leyes”, “amparo-garantías”, “amparo-casación” y “amparo-soberanía” (v. gr.: Juventino V. Castro, en “Garantías y Amparo”, Porrúa, 2000) ¿Debieron haber agregado una clasificación adicional, el “amparo-obstrucción”?

Es inevitable que el juicio de amparo sea una figura que puede resultar muy incómoda para la autoridad, porque se trata de un instrumento, al alcance de toda persona, para controlar los actos de ella que, en contra de su interés, violen los derechos humanos.

Uno de los elementos que el juicio de amparo garantiza es el de la seguridad jurídica, porque solo en ella se puede dar la previsibilidad de los actos de cada uno y todos los de la colectividad. Eso incluye la necesidad de que se respeten los procedimientos para tomar y ejecutar las decisiones que, siempre dentro del ámbito limitado por las normas, tome y efectúe la autoridad.

En un país cuya incipiente cultura democrática entroniza al depositario de la rama ejecutiva del poder público, lo mismo federal que estatales, la función del amparo como control del poder se realza; lo hace más durante los innumerables periodos de hegemonía presidencial vividos por México, repetida casi fatalmente, desde su independencia.

No es saludable, en modo alguno, para la verdadera democracia, atentar en contra de la licitud de la figura y la legitimidad en su ejercicio, aduciendo intencionalidades que, aún en el supuesto de que existieran, no afectan la objetividad de la función instrumental del medio de protección y control denostado.

Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen no es algo que quede sujeto al arbitrio del gobernante, sino un deber inexcusable suyo, signo ineludible de civilidad hoy en día.

Cuando la garantía del correcto ejercicio del poder, fundada en la división de su ejercicio, no es suficiente para conseguir un eficiente sistema de “frenos y contrapesos” y, además, esa disfuncionalidad afecta derechos fundamentales, solo queda el control constitucional para impedir que la acción violatoria surta efectos y aún sea resarcida la persona afectada por las consecuencias de la indebida actuación de la autoridad responsable.

En ello destaca el juicio de amparo. Hay que enaltecerlo, cuidarlo y acatarlo, no pretender restarle legitimidad.
04 Agosto 2019 04:00:00
Reflexiones de pasillo
Todo cambio de gobierno genera desasosiego y en ocasiones, suspicacia. Es el caso que a muchos nos viene ocurriendo con la forma en que López Obrador lleva las riendas del país. Nos preocupa ese corte populista tendiente a la dádiva, que, con la mejor de las intenciones, apunta a resultar contraproducente. En un sistema todo derecho conlleva un deber correspondiente; cada ciudadano obtiene beneficios, en la medida en que cumpla con sus obligaciones, llámense fiscales o de otro orden. Para recibir debo a la vez dar, es la forma como un gobierno se mantiene funcionando y sale adelante. Cuando los pobladores acogen los provechos, pero no admiten su parte de obligaciones, se genera un desequilibrio social de variadas dimensiones. Tal es el riesgo que se corre en el sistema paternalista y discrecional que actualmente nos rige.

Procuro apoyar a los comercios locales, adquirir los insumos básicos en la miscelánea o en la frutería cuyos propietarios sean oriundos de la población. Sin embargo, tarde que temprano, las grandes cadenas comerciales terminan absorbiendo las transacciones de los ciudadanos. Es más práctico encontrar en un solo sitio la mercancía que se va a utilizar para la semana, y es así como privilegiamos a cadenas comerciales, en ocasiones transnacionales.

Por la razón que acabo de mencionar, acudí hace un par de días al supermercado. En el pasillo donde se expende el café y los edulcorantes, me encontré un niño de aproximadamente cinco años, perforando con el dedo una bolsa de azúcar. Para ese momento se observaban 3 o 4 bolsas con el contenido desparramado alrededor de ellas. No puedo asegurar que haya sido obra de ese niño, pero la que terminó por perforar cuando lo sorprendí, sí. Me detuve a indicarle que no lo hiciera, y fue hasta ese momento cuando me percaté de que a cada lado del pasillo estaban sus padres. Me miraron en silencio, se vieron uno a otro, y en seguida el papá le reclamó a la mamá por las acciones del retoño. La escena transcurrió a gran velocidad, pero algo me queda muy claro: Los padres no se habían percatado de la travesura del niño. Y ahora que rebobino la cinta mental, no alcanzo a entender qué hacían allí, ya que no traían mercancía con ellos. Un hecho evidente, es que no se daban cuenta de lo que hacía el chico.

Sigo adelante y veo dos mujeres con indumentaria sugestiva de pertenecer a alguna de las denominaciones, que obligan a la fémina a vestir de cierto modo, para evidenciar su filiación religiosa. Junto a ellas andaba un pequeñito de unos dos años que se les despegó y fue a estirar un “six” de latas de refresco, el cual cayó estrepitosamente al suelo. La mujer mayor corrió tras él y levantó el “six”, al tiempo que lo regañaba; me alegré suponiendo que el niño sería aleccionado. Poco duró mi alegría: La mujer tomó una de esas latas, la abrió y se la dio a beber, incluso ella le dio un sorbo, pues al abrirla el líquido salió a presión por efecto de la agitación que provocó el golpe contra el suelo. Volví a topármelas algunos pasillos más delante, el niño se había calmado, aparecía sentado en el asiento del carrito con su refresco al lado. Como me les quedara mirando, la mayor le dijo al niño en voz muy alta: “Aquí llévala así mientras la pagamos”. Como hecho adrede, volvimos a coincidir en las cajas. Para ese momento la lata había desaparecido del carrito de compras.

Parecen asuntos insignificantes, pero no lo son. Representan claros ejemplos del problema que se produce en una sociedad acostumbrada a recibir, sin la obligación de corresponder. Para ese futuro ciudadano la desobediencia civil será su estilo de vida; hallará normal actuar por encima de la ley, si desde pequeño ha recibido el mensaje –de padres y abuelos—de que así lo es. Por desgracia tenemos un sistema de justicia que muchas de las veces no hacen ningún favor para validar la ley. Tratándose de delitos del fuero común, aun en caso de víctimas mortales, las acciones para capturar y sancionar a los autores de un crimen son pocas. Los familiares emprenden por dependencias gubernamentales un Vía Crucis doloroso, cansado, y la mayor parte de las veces inútil. En muchas ocasiones terminan siendo ellos mismos quienes llevan a cabo las indagatorias. Aun así, no hay garantías de que se procese a los culpables. Sucede que, o no se les consigna, o se les imputan cargos que pronto desaparecen, y los sentenciados quedan en total libertad. Este modo de actuar llega a ser la burla más cruel, una suerte de charada que se monta para la foto, y se desmonta en cuanto la memoria colectiva descuida el asunto. Como los papás del primer niño, somos ciudadanos distraídos.

El tiempo de enmendar a México, con principios firmes desde casa, se nos está agotando.


https://contraluzcoah.blogspot.com/
04 Agosto 2019 04:00:00
Migración que mata
Otra tragedia, una más que sumar a la larga cadena de las precedentes: el pasado 31 de julio, personal de la Fiscalía General del Estado realizaba un operativo en las inmediaciones de las vías del tren, muy cerca de la “Casa del Migrante” de Saltillo, cuando un integrante de un grupo que había salido de ese albergue fue victimado, aparentemente por elementos de aquella institución, en circunstancias que no han quedado muy claras. El migrante que murió a causa de los disparos recibidos iba en compañía de su hija, una menor que, huelga decirlo, ha quedado en el desamparo, lejos de su familia y su entorno, lo que agrava su situación de orfandad.

El incidente ha tenido repercusiones de gran espectro, pues fue difundido por medios internacionales de gran penetración, y no solo por los locales y nacionales. Esta circunstancia motivó que la CNDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tomaran cartas en el asunto.

La primera solicitó medidas cautelares para que “se salvaguarde la integridad física de las personas en contexto de migración sobrevivientes, se les brinde atención médica, psicológica y asesoría jurídica; se garantice el derecho a la unidad familiar de la niña de 8 años, y se colabore con la representación consular de Honduras, a efecto de que el cuerpo de la persona fallecida sea repatriado”.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó profundamente el incidente, e instó a las autoridades correspondientes “a esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por medio de una investigación exhaustiva e imparcial conforme a los estándares internacionales de debida diligencia”.

El hecho confirma que, en el equívoco contexto de la migración en tránsito hacia los Estados Unidos, lejos de diluirse la violencia en contra de las personas migrantes, se ha recrudecido ¿Hasta dónde llegarán la crueldad y la falta de humanidad en el tratamiento de tan agudo cuanto complejo problema?

Es difícil decirlo porque en él confluyen una serie de factores de cuya interacción surge una sinergía negativa, en la que no es cosa menor el choque entre derechos: el derecho a migrar y las libertades de tránsito y asentamiento domiciliar de unos, por ejemplo, frente a los derechos a contar con condiciones seguras y estables en su entorno, de los habitantes de las poblaciones que están en el camino y aquellas que las autoridades estadounidenses han convertido en receptoras de quienes son expulsados del país o esperan la resolución de solicitudes de asilo.

Imposible pasar por alto los derechos de los primeros, pero también dejar de considerar que no hay recursos ni medios para recibir, de “golpe y porrazo”, a tantas personas que se agolpan en esas poblaciones, con todos los inconvenientes y riesgos para la seguridad, la salud pública y la economía, por mencionar solo algunos.

Una cosa es cierta: no es a balazos como podrá resolverse la situación, sino mediante la aplicación de espacios de políticas públicas racional y humanitariamente diseñadas y ejecutadas, en cuya médula aliente el cumplimiento del deber, a cargo de toda autoridad, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y las libertades y garantías de ellas que en su seno abrigan, sin posturas ingenuas y sin simulaciones que a veces son verdaderas farsas.

Que tengan presente siempre las autoridades ese deber primario, lo entiendan bien -sin confundir libertad con libertinaje- y lo cumplan con diligencia, es algo que toca vigilar y exigir, en última instancia, a la sociedad civil y a los organismos protectores de los derechos humanos. De ahí que tanto importe llevar a cabo la más pundonorosa defensa de su autonomía, tan temida por las autoridades y, en consecuencia, tan acosada por ellas.

En paráfrasis de Karl Popper hay que decir que tenemos que hacer planes para las libertades y los derechos fundamentales, y no solo para la seguridad, porque solo ellas y ellos pueden “hacer segura la seguridad”.
21 Julio 2019 04:00:00
Acoso a la CNDH
Hacia finales de junio, la secretaria de Bienestar del Gobierno federal rechazó la recomendación de la CNDH para que reparara íntegralmente la violación a los derechos fundamentales en que incurrió el Gobierno federal al cancelar el programa de guarderías. No fue una negativa llana, sino un virulento rechazo que, incluso, calificó a la recomendación como “una aberración inaceptable”.

Pero eso no fue todo, porque los comentarios y denuestos con que, además, fue aderezada, son inusitadamente agresivos.

Por si eso fuera poco, tal postura se refrendó por el Presidente mismo, quien rotundamente negó autoridad moral al ombudsman nacional, imputándole, sin fundamento y evidencia algunos, omisión y negligencia en casos anteriores, con el único propósito, dijo él, de encubrir al Gobierno durante la época de los regímenes “conservadores” de la “época neoliberal”.

Esa reacción, en primer lugar, configura una evidente falacia de distracción para eludir el tema central de la cuestión: el agravio, por la violación a los derechos humanos que sufren los usuarios y el personal de las guarderías por la cancelación del programa. No se intenta siquiera desvirtuar los argumentos de la CNDH en que basó su recomendación.
Pero eso no es lo más relevante del caso, porque la autoridad moral y la autonomía son condiciones “sine qua non” de la misión y funciones de todo defensor de los derechos humanos, incluidos, por supuesto, los públicos, y la andanada dirigida contra la CNDH va claramente dirigida a mermar la autoridad moral de la institución pública defensora de los derechos humanos nacional, y con ella, la de todas las del país.

Atacar su prestigio y credibilidad implica, además, una advertencia para presionar a los defensores para que se sometan al poder público.

La reacción internacional no se hizo esperar: el 12 de junio, mientras se celebraba en nuestro país el Día del Abogado y proliferaba la exaltación de los derechos humanos en los discursos y boletines de prensa oficiales, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) manifestó su preocupación frente a las “la-mentables descalificaciones” –así lo expresó el pronunciamiento– con que el Gobierno mexicano respondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso mencionado.

La FIO solicitó a las autoridades mexicanas que actúen de acuerdo con los compromisos internacionales, asumidos a largo plazo, “a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, puesto que con ello se propiciará la protección, no sólo de los grupos en situación de vulnerabilidad, sino de todos los seres humanos, y se previenen fracturas a la vida democrática en México.

Lo propio hizo, unos días después, el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO), una organización mundial que agrupa a 200 instituciones independientes de más de 100 países.

Insistió en el tema del cumplimiento de los compromisos internacionales, pero además subrayó la necesidad de que el “Defensor del Pueblo” no esté “sujeto a ninguna forma de intimidación o amenaza que limite su independencia o restrinja su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas” y por lo tanto hizo expresa “su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y condena enérgicamente cualquier ataque al Defensor del Pueblo o la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” en México.

“Las instituciones de Ombudsman son la esencia de la democracia y forman parte integral de la realidad constitucional. En un estado de derecho, es de interés público el respeto y el apoyo del mandato de independencia del Ombudsman”, afirma en su pronunciamiento el IIO, de donde deriva la esencial importancia de las funciones de las ombudspersons para el estable-cimiento, consolidación y desarrollo de la democracia.

La reacción internacional es muy digna de tomarse en cuenta, porque, en efecto, cuidar de las instituciones defensoras de los derechos humanos y garantizar el respeto a su autonomía e independencia de criterio refuerza la democracia, pero sobre todo apuntala las posibilidades de que, en el “estado de derecho”, el ejercicio del poder sea legítimo.
21 Julio 2019 04:00:00
Acoso a la CNDH
Hacia finales de junio, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal rechazó la recomendación de la CNDH para que reparara integralmente la violación a los derechos fundamentales en que incurrió el Gobierno Federal al cancelar el programa de guarderías. No fue una negativa llana, sino un virulento rechazo que incluso calificó a la recomendación como “una aberración inaceptable”.

Pero eso no fue todo, porque los comentarios y denuestos con que además fue aderezada, son inusitadamente agresivos.

Por si eso fuera poco, tal postura se refrendó por el presidente mismo, quien rotundamente negó autoridad moral al ombudsman nacional, imputándole, sin fundamento y evidencia algunos, omisión y negligencia en casos anteriores, con el único propósito, dijo él, de encubrir al gobierno durante la época de los regímenes “conservadores” de la “época neoliberal”.

Esa reacción, en primer lugar, configura una evidente falacia de distracción para eludir el tema central de la cuestión: El agravio, por la violación a los derechos humanos que sufren los usuarios y el personal de las guarderías por la cancelación del programa. No se intenta siquiera desvirtuar los argumentos de la CNDH en que basó su recomendación.

Pero eso no es lo más relevante del caso, porque la autoridad moral y la autonomía son condiciones “sine qua non” de la misión y funciones de todo defensor de los derechos humanos, incluidos, por supuesto, los públicos, y la andanada dirigida contra la CNDH va claramente dirigida a mermar la autoridad moral de la institución pública defensora de los derechos humanos nacional, y con ella, la de todas las del país.

Atacar su prestigio y credibilidad implica además una advertencia para presionar a los defensores para que se sometan al poder público.

La reacción internacional no se hizo esperar: El 12 de junio, mientras se celebraba en nuestro país el “Día del Abogado” y proliferaba la exaltación de los derechos humanos en los discursos y boletines de prensa oficiales, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) manifestó su preocupación frente a las “lamentables descalificaciones” -así lo expresó el pronunciamiento- con que el Gobierno mexicano respondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso mencionado.

La FIO solicitó a las autoridades mexicanas que actúen de acuerdo con los compromisos internacionales, asumidos a largo plazo, “a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, puesto que con ello se propiciará la protección, no sólo de los grupos en situación de vulnerabilidad, sino de todos los seres humanos, y se previenen fracturas a la vida democrática en México.

Lo propio hizo, unos días después, el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO), una organización mundial que agrupa a 200 instituciones independientes de más de 100 países.

Insistió en el tema del cumplimiento de los compromisos internacionales, pero además subrayó la necesidad de que el “Defensor del Pueblo” no esté “sujeto a ninguna forma de intimidación o amenaza que limite su independencia o restrinja su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas” y por lo tanto hizo expresa “su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y condena enérgicamente cualquier ataque al Defensor del Pueblo o la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” en México.

“Las instituciones de Ombudsman son la esencia de la democracia y forman parte integral de la realidad constitucional. En un estado de derecho, es de interés público el respeto y el apoyo del mandato de independencia del Ombudsman”, afirma en su pronunciamiento el IIO, de donde deriva la esencial importancia de las funciones de las ombudspersons para el establecimiento, consolidación y desarrollo de la democracia.

La reacción internacional es muy digna de tomarse en cuenta, porque, en efecto, cuidar de las instituciones defensoras de los derechos humanos y garantizar el respeto a su autonomía e independencia de criterio refuerza la democracia, pero sobre todo apuntala las posibilidades de que, en el “estado de derecho”, el ejercicio del poder sea legítimo.
14 Julio 2019 03:00:00
El ejercicio de la abogacía
El 12 de julio de 1553 se dictó en México la primera lección de la cátedra de leyes, que corrió a cargo del letrado don Bartolomé de Frías y Albornoz. Por esa razón, y a iniciativa de Federico Bracamontes, director del Diario de México, el presidente López Mateos decretó la instauración del Día del Abogado precisamente en el día correspondiente de cada año.

Acaba de celebrarse y eso invita a reflexionar sobre la abogacía y su ejercicio, especialmente en estos tiempos de tribulación vinculada con, precisamente, el desapego a las estructuras normativas y el desorden corruptor que eso conlleva.

Son días –coincidentemente– en que se conmemora la fundación de la Escuela Libre de Derecho, en 1912, que surge al amparo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la agrupación profesional más antigua de América.

De ese colegio toma la escuela el lema que aparece en los títulos que expide: “ius neque inflecti gratia neque perfringi potencia neque adulterare pecunia debet”, lo que en castellano significa que el derecho no debe ser desviado o degradado por los favores, ni quebrantado por el poder, ni adulterado por el dinero.

Ese es un buen referente para orientar la conducta de quienes, al abrazar el ejercicio de la operación profesional jurídica, asumen también el deber, tanto jurídico como ético, de salvaguardar la justicia que constituye la materia prima del Derecho, garantizada por la seguridad jurídica, entre cuyos extremos no hay contradicciones, aunque no es raro que una u otra sean presentadas como excluyentes, lo que es un falso dilema.

El Ulpiano, ese insigne jurista romano a quien se cita frecuentemente (mal, por cierto) al definir la justicia, dejó sentado que el Derecho es “la ciencia de lo justo y de lo injusto”.

Él mismo, en el “Digesto”, precisa que los preceptos del Derecho descansan en tres principios básicos: vivir honradamente, no dañar a los demás y respetar el derecho de cada uno de los demás.

Poco complicada es esa fórmula, que sin embargo traducir en hechos y acciones requiere voluntad, resolución y disciplina. De otra manera, serán postulados sonoros e inalcanzables, aptos para colmar discursos y escritos de oropeles, pero ideas sin sentido porque nacen muertas desde el momento en que no hay intención de perseguirlas como ideales.

Es claro: se requiere más que buena voluntad, porque la sociedad de nuestros días ofrece complejidades que demandan de una estructura igualmente compleja y, además, sutil. Hace falta por lo tanto estudiar esas realidades para mantener al día los saberes y soluciones jurídicas que a su estructura le hagan falta, para que no pierda firmeza y agilidad.

Es alentador, por lo tanto, que quienes han asumido la dirigencia de la Asociación Abogados de Coahuila, A. C., durante la ceremonia oficial del caso, hayan manifestado, por boca de su presidente, que “…debemos asumir… un liderazgo de conocimiento, un conocimiento técnico-científico, que nos permita comprender a fondo, lo que la sociedad actual requiere de nosotros los abogados”, además de tener presente que “la formación jurídica, no concluye con los años universitarios, es propio de la naturaleza de nuestra profesión, el aprendizaje constante y la mejora continua”.

Es prometedora la idea de que el Derecho es dinámico, y que se debe en consecuencia entender que su estudio “es algo más que conocer la ley”.

De incurrir en ello, sobrada razón existe al afirmar que no puede conformarse ni detenerse la acción del jurista en el estudio del marco normativo o la técnica legislativa, que muchas veces, como es fácil atestiguar, se mantiene y ha mantenido ajena a la ciencia jurídica y, yo diría más, al más elemental sentido de la justicia y lejana a la razón y la lógica.

Es bueno que las nuevas generaciones se despojen de las camisas de fuerza de una tradición desgastada y vacía, para rescatar las esencias del saber jurídico y adaptar su aplicación a los requerimientos contemporáneos.

Auguro para ellas, así, el mayor éxito.
07 Julio 2019 04:00:00
La seguridad y la economía
El presidente López Obrador ha insistido en que la inseguridad se debe a la falta de oferta ocupacional lícita para los jóvenes, a una economía “injusta” que, cuando deje de serlo y crezca de modo que sean accesibles a todos sus beneficios, ya no será atractivo dedicarse a actividades ilícitas para sobrevivir.

Paralelamente, porque la economía de alguna ayuda requerirá, el brazo fuerte del gobierno, ya limpio de corrupción y vicios, encarnaría en la Guardia Nacional que, aunque nutrida principalmente de fuentes militares de reclutamiento, absorbería también a la Policía Federal, cuyas funciones asumiría.

¡Menudo problema! Resulta que, según todos los indicadores serios, la economía no crecerá en suficiencia; antes, al contrario, crecerá a un ritmo y en dimensiones reducidas frente a las primeras previsiones y menos aún de lo que lo hizo en años anteriores.

¿Como conseguir así la bonanza indispensable para darle cabida a los millones de jóvenes que cada año se suman a la demanda de trabajo? Los recortes y ahorros obtenidos de la reducción de varios otros programas no serán suficiente, es claro.

No ayuda el hecho de que el modelo “estado de bienestar”, asistencial y dadivoso, que se ha adoptado, haya demostrado históricamente que lejos de producir bonanza para todos, conduce a lo contrario, porque su pretensión de satisfacer necesidades sin estimular el crecimiento económico, ayudas sin generación de riqueza, conduce irremisiblemente a la insuficiencia, la inflación galopante y el empobrecimiento generalizado, dado que ahuyenta las inversiones y desestimula las iniciativas de emprendimiento e inversión que son necesarias para generar riqueza. Este flanco, por lo que se ve y según indicadores dignos de confianza, no está bien cubierto.

El otro, infortunadamente, tampoco: la Guardia Nacional, tan polémica, tan discutida, de tan accidentado proceso de formación, no acaba todavía de cuajar y ya enfrenta un problema que, aunque sea superado en la coyuntura, muy probablemente dejará cicatrices que pueden resultar en serios daños estructurales en todo el aparato de seguridad y no solo en ella.

Aun suponiendo que, como afirman las autoridades, se trate de un número relativamente pequeño de policías federales inconformes el que se manifiesta inconforme con el tránsito a la Guardia Nacional; aunque así fuera, es insoslayable que se trata de un efecto causado por innumerables muestras de trato indigno y de desaseo en el proceso, que han impactado gravemente en la moral del nuevo cuerpo.

En la encrucijada histórica contemporánea, se corre el riesgo, por si eso fuera poco, de que ese efecto pueda cundir en la moral y la disciplina de otras corporaciones, con el consiguiente agravamiento de una situación que ya, en las condiciones presentes, es grave.

La reacción de la cúpula del mando, que ha tendido a restar importancia al movimiento e incluso a trasladar responsabilidades en él, no contribuye a la solución del conflicto.

Culpar al “neoliberalismo”, los “conservadores” y atribuir las causas a una hipotética conjura de una difusa -y mutante, por lo que se ve- “mafia del poder”, aleja la solución en la medida en que distrae de la búsqueda seria de las causas de la injusta estructura social, que tampoco podrá ver el éxito incrementando la fuerza, que, por definición, nada más cabe cuando falta el poder político, ese que radica en la capacidad de armonizar las energías y tendencias sociales todas, a partir de valores comunes y no de insultos, descalificaciones y violencia verbal, origen indefectible, además, de escalamientos que suelen llegar a episodios irreparables de violencia física.

Sensatez, conciliación y respeto es lo que falta. Diálogo constructivo, no confrontación y elusión se responsabilidades.

En este país cambiarán las cosas cuando exista una actitud generalizada en la que, cada uno y todos, reconozcan y respeten, continua y permanentemente, los derechos de los demás y cumplan con los deberes propios, por convicción y no por miedo. Si no es así, no habrá dádivas o fuerza que sean suficientes para traer la paz y seguridad que se echan de menos.
07 Julio 2019 04:00:00
La seguridad y la economía
El presidente López Obrador ha insistido en que la inseguridad se debe a la falta de oferta ocupacional lícita para los jóvenes, a una economía “injusta” que, cuando deje de serlo y crezca de modo que sus beneficios sean accesibles a todos, ya no será atractivo dedicarse a actividades ilícitas para sobrevivir.

Paralelamente porque la economía de alguna ayuda requerirá, el brazo fuerte del Gobierno, ya limpio de corrupción y vicios, encarnaría en la Guardia Nacional que, aunque nutrida principalmente de fuentes militares de reclutamiento, absorbería también a la Policía Federal, cuyas funciones asumiría.

¡Menudo problema! Resulta que, según todos los indicadores serios, la economía no crecerá en suficiencia; antes, al contrario, crecerá a un ritmo y en dimensiones reducidas frente a las primeras previsiones y menos aún de lo que lo hizo en años anteriores.

¿Cómo conseguir así la bonanza indispensable para darle cabida a los millones de jóvenes que cada año se suman a la demanda de trabajo? Los recortes y ahorros obtenidos de la reducción de varios otros programas no serán suficiente, es claro.

No ayuda el hecho de que el modelo “estado de bienestar”, asistencial y dadivoso que se ha adoptado, haya demostrado históricamente que lejos de producir bonanza para todos, conduce a lo contrario, porque su pretensión de satisfacer necesidades sin estimular el crecimiento económico, ayudas sin generación de riqueza, conduce irremisiblemente a la insuficiencia, la inflación galopante y el empobrecimiento generalizado, dado que ahuyenta las inversiones y desestimula las iniciativas de emprendimiento e inversión que son necesarias para generar riqueza. Este flanco, por lo que se ve y según indicadores dignos de confianza, no está bien cubierto.

El otro, infortunadamente, tampoco: la Guardia Nacional, tan polémica, tan discutida, de tan accidentado proceso de formación, no acaba todavía de cuajar y ya enfrenta un problema que, aunque sea superado en la coyuntura, muy probablemente dejará cicatrices que pueden resultar en serios daños estructurales en todo el aparato de seguridad y no solo en ella.

Aun suponiendo que, como afirman las autoridades, se trate de un número relativamente pequeño de policías federales el que se manifiesta inconforme con el tránsito a la Guardia Nacional; aunque así fuera, es insoslayable que se trata de un efecto causado por innumerables muestras de trato indigno y de desaseo en el proceso, que han impactado gravemente en la moral del nuevo cuerpo.

En la encrucijada histórica contemporánea se corre el riesgo, por si eso fuera poco, de que ese efecto pueda cundir en la moral y la disciplina de otras corporaciones, con el consiguiente agravamiento de una situación que ya, en las condiciones presentes, es grave.

La reacción de la cúpula del mando, que ha tendido a restar importancia al movimiento e incluso a trasladar responsabilidades en él, no contribuye a la solución del conflicto.

Culpar al “neoliberalismo”, los “conservadores” y atribuir las causas a una hipotética conjura de una difusa -y mutante, por lo que se ve- “mafia del poder”, aleja la solución en la medida en que distrae de la búsqueda seria de las causas de la injusta estructura social, que tampoco podrá ver el éxito incrementando la fuerza, que, por definición, nada más cabe cuando falta el poder político, ese que radica en la capacidad de armonizar las energías y tendencias sociales todas, a partir de valores comunes y no de insultos, descalificaciones y violencia verbal, origen indefectible, además, de escalamientos que suelen llegar a episodios irreparables de violencia física.

Sensatez, conciliación y respeto es lo que falta. Diálogo constructivo, no confrontación y elusión de responsabilidades.

En este país cambiarán las cosas cuando exista una actitud generalizada en la que, cada uno y todos, reconozcan y respeten, continua y permanentemente, los derechos de los demás y cumplan con los deberes propios, por convicción y no por miedo. Si no es así, no habrá dádivas o fuerza que sean suficientes para traer la paz y seguridad que se echan de menos.
30 Junio 2019 04:00:00
El valor democrático del juicio de amparo
La emocional reacción del presidente AMLO ante el importante cúmulo de amparos interpuestos contra la cancelación del NAICM y las primeras suspensiones provisionales otorgadas en ellos, mueve a una reflexión sobre el valor enorme de ese paradigmático juicio, que se introdujo por primera vez en la Constitución de Yucatán, pero en 1847 se le da cabida en la constitución general y se conservó en las de
1857 y 1917.

Desde el principio fue claro que no bastaba decir que los derechos humanos serían respetados y protegidos, porque sin medios efectivos de control del poder eso hubiera sido poco menos que letra muerta, aunque se contuviera en la constitución misma.

Por eso fue necesario conservar el juicio de Amparo, cuya relevancia, importancia y trascendencia se deben a su capacidad de alcanzar la protección del Poder Judicial de la Federación –a través de sus jueces y magistrados, principalmente, pero también de la Suprema Corte misma- contra cualquier violación de sus derechos fundamentales, cometida por alguna autoridad.

Así nació el juicio de amparo. Lo malo es que nació con un defecto muy serio: cuando la inconstitucionalidad que debiera combatirse derivara de una ley –general y abstracta por definición- la protección solo alcanzaría a quien pidiera y obtuviera el amparo, no a los demás afectados por la ley, aunque ella fuera contraria a la constitución.

Es el Amparo una institución muy mexicana que ha dado la vuelta al mundo, dando origen al hoy generalizado sistema jurisdiccional de control jurisdiccional, instrumento imprescindible para que las democracias del siglo 21 operen con aceptable eficacia. Aun así, en México la evolución de esta figura ha evolucionado muy poco y a paso muy lento; solo recientemente dio algunos tímidos pasos para acercarse a lo que de ella se espera y es necesario que ofrezca efectivamente.

Si bien se mira, es una institución indispensable para que opere en la práctica el muy pregonado equilibrio de poderes que la democracia requiere.

Es por eso extraña, e inconveniente a mi juicio, la vigorosa reacción del presidente, que incluso advirtió que divulgaría los nombres de quienes acudieran a esa vía para contrarrestar los efectos de la suspensión de las obras en Texcoco y su traslado a Santa Lucía.

A partir de la vigencia de la nueva ley, cualquiera que tenga interés, aunque no se vea directamente afectado por un acto de autoridad, podrá interponer el amparo, que ya podrá, cuando corresponda, tener efectos generales y no solo salvaguardar los derechos de quien lo pidió.

Hace ya más de dos siglos, en un país que no cuenta con un juicio de amparo –los Estados Unidos de América- se sentó la jurisprudencia de la “revisión judicial” a partir de una sentencia promovida por John Marshall, que puede sintetizarse en esta frase suya: “Ciertamente, cuantos han establecido constituciones escritas las consideran como formando la Ley Suprema de la nación y, en consecuencia, la teoría de un gobierno así establecido debe ser que un acto de la legislatura contrario a la Constitución es nulo”.

Ese párrafo no tiene desperdicio y es muy digno de tomarse en cuenta, porque solo podrá decirse que existe un “Estado de Derecho” cuando se instaure el mando de orden jurídico por sobre el arbitrio de las personas que toman y ejecutan las decisiones del gobierno y la gestión pública, que solo podrán ser legítimas en la medida que garanticen el interés general.

El Amparo es un instrumento vital para la garantía de que eso sea así, y con el los jueces, magistrados y ministros tienen al alcance de su mano el más eficaz instrumento para hacer valer las funciones que su misión les exige llevar a cabo.

Para eso ha sido concebido el amparo. Para eso sirve, y no para nada menos. Ha de ser respetado como se respetan los fundamentos de una sociedad que se precie de ser civilizada y democrática, so pena de incurrir en anacrónicos e inadmisibles regímenes dictatoriales.
30 Junio 2019 03:00:00
El valor democrático del juicio de amparo
La emocional reacción del presidente AMLO ante el importante cúmulo de amparos interpuestos contra la cancelación del NAICM y las primeras suspensiones provisionales otorgadas en ellos, mueve a una reflexión sobre el valor enorme de ese paradigmático juicio, que se introdujo por primera vez en la Constitución de Yucatán, pero en 1847 se le da cabida en la Constitución general y se conservó en las de 1857 y 1917.

Desde el principio fue claro que no bastaba decir que los derechos humanos serían respetados y protegidos, porque sin medios efectivos de control del poder eso hubiera sido poco menos que letra muerta, aunque se contuviera en la Constitución misma.

Por eso fue necesario conservar el juicio de amparo, cuya relevancia, importancia y trascendencia se deben a su capacidad de alcanzar la protección del Poder Judicial de la Federación –a través de sus jueces y magistrados, principalmente, pero también de la Suprema Corte misma– contra cualquier violación de sus derechos fundamentales, cometida por alguna autoridad.

Así nació el juicio de amparo. Lo malo es que nació con un defecto muy serio: cuando la inconstitucionalidad que debiera combatirse derivara de una ley –general y abstracta por definición– la protección sólo alcanzaría a quien pidiera y obtuviera el amparo, no a los demás afectados por la ley, aunque ella fuera contraria a la Constitución.

Es el Amparo una institución muy mexicana que ha dado la vuelta al mundo, dando origen al hoy generalizado Sistema Jurisdiccional de Control Jurisdiccional, instrumento imprescindible para que las democracias del siglo 21 operen con aceptable eficacia. Aun así, en México la evolución de esta figura ha avanzado muy poco y a paso muy lento; sólo recientemente dio algunos tímidos pasos para acercarse a lo que de ella se espera y es necesario que ofrezca efectivamente.

Si bien se mira, es una institución indispensable para que opere en la práctica el muy pregonado equilibrio de poderes que la democracia requiere.

Es por eso extraña, e inconveniente a mi juicio, la vigorosa reacción del Presidente, que incluso advirtió que divulgaría los nombres de quienes acudieran a esa vía para contrarrestar los efectos de la suspensión de las obras en Texcoco y su traslado a Santa Lucía.

A partir de la vigencia de la nueva ley, cualquiera que tenga interés, aunque no se vea directamente afectado por un acto de autoridad, podrá interponer el amparo, que ya podrá, cuando corresponda, tener efectos generales y no sólo salvaguardar los derechos de quien lo pidió.

Hace ya más de dos siglos, en un país que no cuenta con un juicio de amparo –los Estados Unidos de América– se sentó la jurisprudencia de la “revisión judicial” a partir de una sentencia promovida por John Marshall, que puede sintetizarse en esta frase suya: “Ciertamente, cuantos han establecido constituciones escritas las consideran como formando la Ley Suprema de la nación y, en consecuencia, la teoría de un gobierno así establecido debe ser que un acto de la legislatura contrario a la Constitución es nulo”.

Ese párrafo no tiene desperdicio y es muy digno de tomarse en cuenta, porque solo podrá decirse que existe un “estado de derecho” cuando se instaure el mando de orden jurídico por sobre el arbitrio de las personas que toman y ejecutan las decisiones del gobierno y la gestión pública, que solo podrán ser legítimas en la medida que garanticen el interés general.

El amparo es un instrumento vital para la garantía de que eso sea así, y con el los jueces, magistrados y ministros tienen al alcance de su mano el más eficaz instrumento para hacer valer las funciones que su misión les exige llevar a cabo.

Para eso ha sido concebido el amparo. Para eso sirve, y no para nada menos. Ha de ser respetado como se respetan los fundamentos de una sociedad que se precie de ser civilizada y democrática, so pena de incurrir en anacrónicos e inadmisibles regímenes dictatoriales.
23 Junio 2019 03:00:00
Simulación perniciosa
Sin la relevancia que hubiera tenido un par de décadas antes, un candidato a presidir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se retiró de la contienda en medio de una abierta condena a la simulación presente en ella, y renunció también al partido.

Yo no se qué movió a José Narro Robles –un hombre de bien, comprometido, servidor público con una carrera pulcra y exitosa, profesor y directivo universitario– a emprender ese empeño, especialmente cuando ese partido ha dado muestras de abandono de sus viejas proclamas y, sobre todo, de la permeabilidad social que lo llevó a ser la opción dominante, en términos de popularidad política, en este país.

No lo sé de fijo, pero concuerdo con él en que la simulación, desde hace ya mucho tiempo, se ha hecho dueña del comportamiento social, y no sólo político, de este país.

Es cierto, entre los partidos y aquello que suele llamarse “clase política” la simulación es más evidente, entre otras cosas porque los empeños globales de impulsar la “sociedad abierta” y, consecuentemente, la transparencia gubernamental y el
acceso a la información pública exhiben mejor lo que antes podía ocultarse sin mucho afán.

El crecimiento cívico, aunque relativo e insuficiente, de las personas que habitan este país, también ha contribuido a ese fin, a pesar de los esfuerzos, cada vez mayores pero también ineficaces, que algunas autoridades despliegan por simular que gobiernan en aras del interés general, cuando que son los intereses sectarios y personales los que privan en su ánimo.

Hay muchas muestras de ello, la gente lo sabe, pero en los hechos poco se hace por remediar la situación.

Hay que tener en cuenta que tantos y tantos lustros de simulación han generado vicios y comportamientos que se tienen con frecuencia y generalizadamente como naturales, o cuando menos justificados, mientras cubran las apariencias.

“Vergüenza –se dice, entre veras y bromas– es robar y que te cachen”.

“Primero comer que ser cristiano”, dice otro refrán, y la intuición de quien se hace del poder público ha llevado al descubrimiento de la capacidad que las necesidades básicas de la gente tienen en términos de poder político en extensión y profundidad nada alentadoras. El “clientelismo” se ha sofisticado grandemente como “argumento” de persuasión electoral y, en general, política. “Poderoso caballero es don dinero”, ni quien lo dude.

Entiendo bien, por lo tanto, la actitud de José Narro. Lo que no entiendo es cómo algo tan evidente como los engaños de que se vale tan burda trama de simulaciones no se han percibido por la gente, o si lo han hecho, por qué permanece sumida en la apatía y prestándose al éxito de tal estrategia, que no solo atenta contra su bienestar, sino contra su dignidad misma.

Los pueblos tienen, se dice, a los gobiernos que se merecen ¿Será eso cierto en el caso de México? Me niego a admitirlo, pero no puedo menos que pensar que la transformación que falta es la que solo puede traer consigo la decencia, único antídoto eficaz contra la corrupción, que no podrá ser nunca abatida a punta de castigos, sino desde una formación humana en que el aprecio por la dignidad se finque en el respeto propio, tanto como en el que se tenga por los demás, en justa reciprocidad.
La simulación no se destierra con discursos, sino con conductas genuinas; la corrupción, que es madre y es hija de ella, también. No son castigos, proclamas y burocracias lo que falta, sino actitudes y comportamientos correctos, esos que no se aprenden en los libros y las escuelas o en normas dictadas por organismos internacionales o instituciones globales, sino desde la cuna y en el seno de la familia misma.

Hay que tener presente que el mejor antídoto contra todo vicio –y la simulación lo es– consiste en la virtud que, mucho me temo, en el caso solo podrá generarse desde la verdadera sociedad civil, dado el deterioro de otras instituciones paradigmáticas.
16 Junio 2019 04:07:00
Diplomacia improvisada
Según parece, alguien no ha entendido que no es cuestión de ideologías, tampoco de opciones que puedan elegirse o rechazarse, sino realidades que caracterizan a esta época.

La globalidad de los fenómenos sociales –incluidos los económicos, los políticos y, en general, los culturales– impone circunstancias de las que no puede escapar ninguna comunidad, por más “nacionalista” que sea.

En la actividad política internacional, compleja y complicada como es, siempre se ha requerido un alto grado de sofisticación, que solo puede alcanzarse con una preparación acuciosa y una práctica constante y bien encaminada. No tiene cabida en ella la improvisación.

Para México, además, siempre ha sido de la mayor importancia la bilateralidad que impone la vecindad con los Estados Unidos de América, cuya vis imperial es bien conocida y ha sido fructífera para ellos desde que, a principios del siglo 19, se hizo presente la “doctrina Monroe” que, exacerbada hacia la mitad de ese siglo por lo que se conoce como “destino manifiesto”, ha sido asumida en ese país como una suerte de misión mística, que no deja de tener, las más de las veces, el mero valor instrumental de los pretextos a partir de los cuales se ha querido justificar la intervención en otros países, con el propósito real de proteger los intereses del “guardián de la democracia y las libertades”, como se ufanan de ser.

Hoy, con Donald Trump en la Casa Blanca, esa destreza y el oficio que con ella caracterizó a nuestra diplomacia, se echan de menos.

El presidente estadunidense amenazó, tajantemente, con imponer progresivamente aranceles a los productos mexicanos si nuestro país no protegía las fronteras del vecino norteño contra la “tremenda” amenaza de los “bárbaros del sur”.

La delegación mexicana, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores –¿nadie de Hacienda?–, pudo por fin, y después de una larga y nada enaltecedora antesala, “negociar” que la medida no fuera aplicada de inmediato.

Creo que el gran respiro y las campanas al vuelo con que aquí se hizo el anuncio, no se justifican, porque la medida no se eliminó, sino que fue aplazada y queda sujeta a que aquel país “evalúe” el grado de cumplimiento de los compromisos que nuestras autoridades diplomáticas adquirieron a cambio, y que no son poca cosa, porque, en primer lugar, implican la renuncia a una tradición hospitalaria de México y, en segundo, contradicen en los hechos el discurso del presidente López Obrador, que reiteradamente se ha pronunciado por abrir las puertas a los migrantes y hasta trabajo les ha ofrecido.

Hace falta, es evidente, una política clara en materia de migración, en la que los frágiles equilibrios no se rompan, pero de ahí a ceder como se hizo ante una presión tal legalmente discutible, hay un trecho largo.

Por otra parte, nadie puede llamarse a sorpresa, porque ya Mr. Trump había advertido que, al negociar, siempre presiona intensamente; si ve debilidad en su contraparte, presiona más.

Tampoco hubo sorpresa en su exigencia de que el Gobierno mexicano contuviera desde su frontera sur las oleadas de migrantes centroamericanos –y ahora también africanos– que no quieren otra cosa que llegar a los Estados Unidos y establecerse ahí.

¿Por qué, entonces, no se tomaron medidas diplomáticas para atemperar ese impulso y resguardar los intereses mexicanos?

¿Es laudable echar las campanas al vuelo porque la presión arancelaria se aplazó y quedará sujeta a la evaluación de quien amenazó con aplicarla? ¿Hay compromisos ocultos, como algunos han dicho, en el pacto de la semana que concluyó?

Aunque no los hubiera, se sabe que, adicionalmente a las medidas migratorias, se convino en adquirir productos agrícolas de los granjeros estadunidenses, lo que se añadió “de pilón” a las exigencias originales.

Faltó previsión, destreza y oficio. Hubo, en cambio, como lamentablemente ha ocurrido en otros campos, un exceso de improvisación; rayan en la ingenuidad, que ya no cabe, si alguna vez lo hizo, en la diplomacia.
16 Junio 2019 04:00:00
Diplomacia improvisada
Según parece, alguien no ha entendido que no es cuestión de ideologías, tampoco de opciones que puedan elegirse o rechazarse, sino realidades que caracterizan a esta época.

La globalidad de los fenómenos sociales -incluidos los económicos, los políticos y, en general, los culturales- impone circunstancias de las que no puede escapar ninguna comunidad, por “nacionalista” que sea.

En la actividad política internacional, compleja y complicada como es, siempre se ha requerido un alto grado de sofisticación que solo puede alcanzarse con una preparación acuciosa y una práctica constante y bien encaminada. No tiene cabida en ella la improvisación.

Para México, además, siempre ha sido de la mayor importancia la bilateralidad que impone la vecindad con Estados Unidos de América, cuya vis imperial es bien conocida y ha sido fructífera para ellos desde que, a principios del siglo 19, se hizo presente la “doctrina Monroe” que, exacerbada hacia la mitad de ese siglo por la que se conoce como “destino manifiesto”, ha sido asumida en ese país como una suerte de misión mística, que no deja de tener, las más de las veces, el mero valor instrumental de los pretextos a partir de los cuales se ha querido justificar la intervención en otros países, con el propósito real de proteger los intereses del “guardián de la democracia y las libertades”, como se ufanan de ser.

Hoy, con Donald Trump en la Casa Blanca, esa destreza y el oficio que con ella caracterizó a nuestra diplomacia, se echan de menos.

El presidente estadounidense amenazó, tajantemente, con imponer progresivamente aranceles a los productos mexicanos si nuestro país no protegía las fronteras del vecino norteño contra la “tremenda” amenaza de los “bárbaros del sur”.

La delegación mexicana, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores -¿nadie de Hacienda?- pudo por fin, y después de una larga y nada enaltecedora antesala, “negociar” que la medida no fuera aplicada de inmediato.

Creo que el gran respiro y las campanas a vuelo con que aquí se hizo el anuncio, no se justifican, porque la medida no se eliminó, sino que fue aplazada y queda sujeta a que aquel país “evalúe” el grado de cumplimiento de los compromisos que nuestras autoridades diplomáticas adquirieron a cambio, y que no son poca cosa, porque, en primer lugar, implican la renuncia a una tradición hospitalaria de México y, en segundo, contradicen en los hechos el discurso del presidente López Obrador, que reiteradamente se ha pronunciado por abrir las puertas a los migrantes y hasta trabajo les ha ofrecido.

Hace falta, es evidente, una política clara en materia de migración, en la que los frágiles equilibrios no se rompan, pero de ahí a ceder como se hizo ante una presión tal legalmente discutible, hay un trecho largo.

Por otra parte, nadie puede llamarse a sorpresa, porque ya Mr. Trump había advertido que, al negociar, siempre presiona intensamente; si ve debilidad en su contraparte, presiona más.

Tampoco hubo sorpresa en su exigencia de que el gobierno mexicano contuviera desde su frontera sur las oleadas de migrantes centroamericanos -y ahora también africanos- que no quieren otra cosa que llegar a los Estados Unidos y establecerse ahí.

¿Por qué, entonces, no se tomaron medidas diplomáticas para atemperar ese impulso y resguardar los intereses mexicanos?

¿Es laudable echar las campanas a vuelo porque la presión arancelaria se aplazó y quedará sujeta a la evaluación de quien amenazó con aplicarla? ¿Hay compromisos ocultos, como algunos han dicho, en el pacto de la semana que concluyó?

Aunque no los hubiera, se sabe que, adicionalmente a las medidas migratorias, se convino en adquirir productos agrícolas de los granjeros estadounidenses, lo que se añadió “de pilón” a las exigencias originales.

Faltó previsión, destreza y oficio. Hubo, en cambio, como lamentablemente ha ocurrido en otros campos, un exceso de improvisación, rayando en la ingenuidad, que ya no cabe, si alguna vez lo hizo, en la diplomacia.
09 Junio 2019 04:00:00
La palpable decadencia
Pasan los meses y la esperada mejoría no acaba de vislumbrarse siquiera. Por el contrario, los signos se vuelven cada vez más sombríos.

La indignación, con toques de esperanza, que llevó a Morena al poder, se va volviendo desilusión, desencanto, y eso ha ocurrido en muy poco tiempo; ya no alcanza el manido argumento de que son los fifíes, corruptos y conservadores, los culpables de que la prometida transformación no acabe de cuajar.

¿No será que la transformación prometida solo fue una figura retórica, de alcances superficiales? ¿Será que se aplica la máxima que Tancredi Falconieri expresó a su tío Fabrizio, príncipe de Lampedusa, cuando este le reclamó que, a pesar de su estirpe, se uniera a las fuerzas republicanas de Garibaldi: “Si quieres que todo siga igual, todo tiene que cambiar?”

El pretendido rescate del “estado de derecho” no se ve claro; en cambio, las prácticas que le son contrarias, y por lo tanto lo niegan en los hechos, abundan

La “división de poderes” es tan inexistente como ya era: Ahí donde las fracciones tradicionales suelen votar “en bloque” y conforme a la “línea” -bonito eufemismo para decir “instrucciones”- emanada del Ejecutivo, sigue siendo una práctica común.

No se acaba de entender que en el “estado de derecho” gobierna la ley, no la voluntad caprichosa de los gobernantes, ni se asume que del “estado” la parte que más importa es la base social, en su plena pluralidad, mientras que el gobierno es el elemento que, a nombre de esa sociedad, ejerce el poder público conforme a las atribuciones, procedimientos, límites y principios establecidos en las normas jurídicas.

La administración pública no es cosa de juego ni puede dejarse al acaso. Por el contrario, su complejidad requiere cada vez más de preparación técnica, a la par que de una sólida formación humanística. La falta de alguno de esos elementos será tan grave que por sí misma podría dar al traste con la eficacia de
la gestión.

Ya va siendo hora de que todas y todos los servidores públicos, no importa del ámbito o nivel o la rama del poder en que se desempeñen, se percaten de ello y pongan manos a la obra para aportar eficiencia y eficacia a la función que se les ha encomendado, lo que no siempre ocurre.

Los viejos modelos se volvieron obsoletos, pero eso no quiere decir que haya que desecharlos, sin más; procede que sean sustituidos por otros que respondan a las nuevas circunstancias del mundo, tarea que exige, más que en otros tiempos, el mantenimiento de los contactos de alto nivel que sean necesarios, no rehuirlos por razones desconocidas, que se esconden tras argumentos triviales.

Tampoco los grandes problemas serán resueltos a base de afirmaciones gratuitas de tipo “wishful thinking”, una falacia típica que pretende demostrar que es cierto aquello cuyo único fundamento estriba en los buenos deseos de quien la esgrime como argumento.

La confianza es imprescindible para contar con el sustento popular generalizado que el buen gobierno requiere. Los partidos, en estos tiempos, han dejado al descubierto su incapacidad estructural para mediar entre el gobierno y el pueblo; han perdido la confianza de los electores, que ni siquiera se acercan ya a las urnas en número suficiente para otorgar presunción de legitimidad a los mandos públicos.

Los líderes, por carismáticos que sean, si no acreditan su legitimidad en el ejercicio gubernativo perderán pronto el que se comúnmente se llama “bono democrático”, y es que, como algún día dijera John F. Kennedy, se puede ganar con la mitad de los votos, pero no se puede gobernar con la mitad en contra.

Cuando los partidos y los usufructuarios del poder público se percaten de su pérdida de credibilidad, de confianza, será que puedan darse las condiciones para que la apertura política abra los espacios para la ética, sin la cual el declive que lleva al “gobierno fallido” -no estoy tan seguro de que al “estado fallido”- será incontenible.
09 Junio 2019 03:59:00
La palpable decadencia
Pasan los meses y la esperada mejoría no acaba de vislumbrarse siquiera. Por el contrario, los signos se vuelven cada vez más sombríos.

La indignación, con toques de esperanza, que llevó a Morena al poder, se va volviendo desilusión, desencanto, y eso ha ocurrido en muy poco tiempo; ya no alcanza el manido argumento de que son los “fifís”, corruptos y conservadores, los culpables de que la prometida transformación no acabe de cuajar.

¿No será que la transformación prometida sólo fue una figura retórica, de alcances superficiales? ¿Será que se aplica la máxima que Tancredi Falconieri expresó a su tío Fabrizio, príncipe de Lampedusa, cuando este le reclamó que, a pesar de su estirpe, se uniera a las fuerzas republicanas de Garibaldi: “Si quieres que todo siga igual, todo tiene que cambiar?”

El pretendido rescate del “estado de derecho” no se ve claro; en cambio, las prácticas que le son contrarias, y por lo tanto lo niegan en los hechos, abundan.

La “división de poderes” es tan inexistente como ya era: ahí donde las fracciones tradicionales suelen votar “en bloque” y conforme a la “línea” –bonito eufemismo para decir “instrucciones”– emanada del Ejecutivo, sigue siendo una práctica común.

No se acaba de entender que en el “estado de derecho” gobierna la ley, no la voluntad caprichosa de los gobernantes, ni se asume que del “estado” la parte que más importa es la base social, en su plena pluralidad, mientras que el Gobierno es el elemento que, a nombre de esa sociedad, ejerce el poder público conforme a las atribuciones, procedimientos, límites y principios establecidos en las normas jurídicas.

La administración pública no es cosa de juego ni puede dejarse al acaso. Por el contrario, su complejidad requiere cada vez más de preparación técnica, a la par que de una sólida formación humanística. La falta de alguno de esos elementos será tan grave que por sí misma podría dar al traste con la eficacia de la gestión.

Ya va siendo hora de que todas y todos los servidores públicos, no importa del ámbito o nivel o la rama del poder en que se desempeñen, se percaten de ello y pongan manos a la obra para aportar eficiencia y eficacia a la función que se les ha encomendado, lo que no siempre ocurre.

Los viejos modelos se volvieron obsoletos, pero eso no quiere decir que haya que desecharlos, sin más; procede que sean sustituidos por otros que respondan a las nuevas circunstancias del mundo, tarea que exige, más que en otros tiempos, el mantenimiento de los contactos de alto nivel que sean necesarios, no rehuirlos por razones desconocidas, que se esconden tras argumentos triviales.

Tampoco los grandes problemas serán resueltos con base en afirmaciones gratuitas de tipo “wishful thinking”, una falacia típica que pretende demostrar que es cierto aquello cuyo único fundamento estriba en los buenos deseos de quien la esgrime como argumento.

La confianza es imprescindible para contar con el sustento popular generalizado que el buen gobierno requiere. Los partidos, en estos tiempos, han dejado al descubierto su incapacidad estructural para mediar entre el Gobierno y el pueblo; han perdido la confianza de los electores, que ni siquiera se acercan ya a las urnas en número suficiente para otorgar presunción de legitimidad a los mandos públicos.

Los líderes, por carismáticos que sean, si no acreditan su legitimidad en el ejercicio gubernativo perderán pronto el que comúnmente se llama “bono democrático”, y es que, como algún día dijera John F. Kennedy, se puede ganar con la mitad de los votos, pero no se puede gobernar con la mitad en contra.

Cuando los partidos y los usufructuarios del poder público se percaten de su pérdida de credibilidad, de confianza, será que puedan darse las condiciones para que la apertura política abra los espacios para la ética, sin la cual el declive que lleva al “Gobierno fallido” –no estoy tan seguro de que al “estado fallido”– será incontenible.

02 Junio 2019 04:00:00
¡Hasta siempre!
Se ha cumplido un ciclo más en la vida de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y surge el deber de hacer un balance del desempeño institucional durante los últimos seis años, para cumplir con el deber de rendir cuentas a la comunidad y reconocer el desempeño de quienes sirven a ella a través de la institución.

Con solo revisar las cifras, así sea someramente, podrá constatarse que hubo avances, debidos a la creciente participación social, pero también y sobre todo, al profesionalismo, la entrega, la convicción y el compromiso de su personal, y su Consejo Consultivo, que se esforzaron siempre hasta el extremo por cumplir con la misión institucional, construyendo y defendiendo, palmo a palmo, su autonomía en la promoción y protección de los derechos humanos, así como su respeto y garantía por parte de las autoridades locales, e interviniendo como gestores, en aquellos casos que salían de su competencia, ante las autoridades federales involucradas, integrado los expedientes necesarios cuando fue procedente remitir las quejas a otras comisiones, especialmente
la CNDH.

Esas cifras dicen, por ejemplo, que en los últimos seis años se emitieron 610 conjuntos de recomendaciones, lo que representa casi el 90 % del total de las recomendaciones expedidas durante los anteriores 21 años de vida de la comisión, que ascendieron a 684.

Se hizo también un diagnóstico de las violaciones a los derechos y libertades fundamentales, que refleja aquellos que han sido vulnerados y las autoridades que han incidido en ello, por municipio. Este instrumento, con el que por primera vez se cuenta en el estado, permitirá una mejor planeación y ejecución de acciones para enmendar una situación que, por infortunio, está muy lejos de ser ideal, lo que solo podrá alcanzarse si operan a plenitud los mecanismos previstos por la ley para impeler al cumplimiento de las recomendaciones procedentes, especialmente de aquellas que han sido aceptadas y, sin embargo, no se cumplen, total o parcialmente.
Las recomendaciones emitidas por la comisión son, en realidad, señalamientos puntuales a las autoridades que, más allá de toda duda razonable, se ha comprobado que violaron derechos humanos, incumpliendo deberes impuestos, inexcusablemente, por la constitución general, la particular del estado, las leyes y el personal compromiso que deriva de la protesta de cumplirlas que se rinde al tomar posesión del cargo.

Cuando no se cumple ese deber, la ley encomienda al poder legislativo el muy importante cometido de citar al funcionario involucrado, para que ante ese órgano explique, funde y motive, las razones por las que no ha cumplido con la recomendación aceptada. Conviene dejar sentado que están pendientes de ello más de 250 expedientes que han sido puestos a disposición de Poder Legislativo para tal efecto.

Los anteriores son solo trazos gruesos (que podrán ampliarse accediendo al sitio cdhec.org.mx), apenas una aproximación al estatus real de las condiciones que guarda la protección de los derechos humanos en Coahuila, misma que ha pasado en los últimos tiempos por circunstancias adversas, a veces de manera extrema, a pesar de las cuales se han sentado las bases de una institución comprometida con la comunidad y por lo tanto de verdad autónoma, que merece, en este tiempo de relevo, que el congreso estatal asuma la gran responsabilidad que le atañe y tenga en cuenta esa circunstancia para evitar regresiones, apegándose en ello, escrupulosamente, a los procedimientos que la ley establece.

Solo me resta añadir que ha sido un honor servir al lado de gente tan comprometida y tener la oportunidad de coordinar sus esfuerzos. Por eso, a ellas y ellos, que me han permitido acompañarlos en este camino, pero también a quienes con su sana crítica contribuyeron y hasta a quienes pretendieron entorpecer y aun frustrar el empeño, casi invariablemente sin dar la cara y desde el anonimato, sin parar mientes, incluso, en prácticas difamatorias y hasta calumniosas, digo sin ambages: Porque se dejan las instituciones, pero no se abandonan las causas ¡hasta siempre!
02 Junio 2019 03:59:00
¡Hasta siempre!
Con solo revisar las cifras, así sea someramente, podrá constatarse que hubo avances, debidos a la creciente participación social, pero también y, sobre todo, al profesionalismo, la entrega, la convicción y el compromiso de su personal, y su Consejo Consultivo, que se esforzaron siempre hasta el extremo por cumplir con la misión institucional, construyendo y defendiendo, palmo a palmo, su autonomía en la promoción y protección de los derechos humanos, así como su respeto y garantía por parte de las autoridades locales, e interviniendo como gestores, en aquellos casos que salían de su competencia, ante las autoridades federales involucradas, integrado los expedientes necesarios cuando fue procedente remitir las quejas a otras comisiones, especialmente la CNDH.

Esas cifras dicen, por ejemplo, que en los últimos seis años se emitieron 610 conjuntos de recomendaciones, lo que representa casi 90% del total de las recomendaciones expedidas durante los anteriores 21 años de vida de la comisión, que ascendieron a 684.

Se hizo también un diagnóstico de las violaciones a los derechos y libertades fundamentales, que refleja aquellos que han sido vulnerados y las autoridades que han incidido en ello, por municipio.

Este instrumento, con el que por primera vez se cuenta en el estado, permitirá una mejor planeación y ejecución de acciones para enmendar una situación que, por infortunio, está muy lejos de ser ideal, lo que solo podrá alcanzarse si operan a plenitud los mecanismos previstos por la ley para impeler al cumplimiento de las recomendaciones procedentes, especialmente de aquellas que han sido aceptadas y, sin embargo, no se cumplen, total o parcialmente.

Las recomendaciones emitidas por la comisión son, en realidad, señalamientos puntuales a las autoridades que, más allá de toda duda razonable, se ha comprobado que violaron derechos humanos, incumpliendo deberes impuestos, inexcusablemente, por la constitución general, la particular del estado, las leyes y el personal compromiso que deriva de la protesta de cumplirlas que se rinde al tomar posesión del cargo.

Cuando no se cumple ese deber, la ley encomienda al Poder Legislativo el muy importante cometido de citar al funcionario involucrado, para que ante ese órgano explique, funde y motive, las razones por las que no ha cumplido con la recomendación aceptada. Conviene dejar sentado que están pendientes de ello más de 250 expedientes que han sido puestos a disposición de Poder Legislativo para tal efecto.

Los anteriores son solo trazos gruesos (que podrán ampliarse accediendo al sitio cdhec.org.mx), apenas una aproximación al estatus real de las condiciones que guarda la protección de los derechos humanos en Coahuila, misma que ha pasado en los últimos tiempos por circunstancias adversas, a veces de manera extrema, a pesar de las cuales se han sentado las bases de una institución comprometida con la comunidad y por lo tanto de verdad autónoma, que merece, en este tiempo de relevo, que el congreso estatal asuma la gran responsabilidad que le atañe y tenga en cuenta esa circunstancia para evitar regresiones, apegándose en ello, escrupulosamente, a los procedimientos que la ley establece.

Solo me resta añadir que ha sido un honor servir al lado de gente tan comprometida y tener la oportunidad de coordinar sus esfuerzos. Por eso, a ellas y ellos, que me han permitido acompañarlos en este camino, pero también a quienes con su sana crítica contribuyeron y hasta a quienes pretendieron entorpecer y aun frustrar el empeño, casi invariablemente sin dar la cara y desde el anonimato, sin parar mientes, incluso, en prácticas difamatorias y hasta calumniosas, digo sin ambages: porque se dejan las instituciones, pero no se abandonan las causas, ¡hasta siempre!
26 Mayo 2019 04:07:00
Semana de borrascas
¡Qué semana, la que acaba de concluir!

La renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social fue lo más llamativo quizás, no solo por su sorpresiva presentación, sino por el inusitadamente extenso y virulento texto que le dedicó a un documento que generalmente se presenta escueto y, si mucho me apuran, hasta críptico.

En el caso, quedan al descubierto varios aspectos del momento político que cada vez más dejan al descubierto los verdaderos contornos estratégicos de la llamada “Cuarta Transformación”.

El primero de ellos es la inexistente cohesión en el equipo que aparece en la primera línea, la fragilidad de su vínculo con el Presidente, su jefe, y la prescindibilidad de ellas y ellos.

Pareciera ser que su incorporación inicial obedeció al pago de servicios en campaña, pero sin intención de darles juego efectivo.

De suyo, los verdaderos operadores, en casi cada secretaría, están ubicados en un segundo plano, a buen resguardo de las miradas curiosas y con más amplia libertad de movimiento que los titulares de las dependencias y entidades.

El segundo, de fondo, es mucho más grave y de mayor trascendencia, porque hace evidente que los derechos de los menos favorecidos (los de carne y hueso, no las abstracciones genéricas que suelen usarse como referentes) no están entre las prioridades del Poder Ejecutivo, por más que se diga que “primero los pobres”.

Así lo acreditan los inhumanos recortes presupuestales efectuados a las instituciones de salud, incluido el IMSS, cuyos universos de atención están formados, precisamente, por los menos favorecidos.

Dejó al descubierto, además, la precariedad del compromiso con las y los neomorenistas incorporados a la campaña, especialmente, cuando AMLO dijo, escuetamente, que había mucha gente que podía reemplazarlo, lo que no tardó en hacer, además.

Además, el senador Martínez –cuyo “acto heroico” contaba con la red de protección que le proporciona el Senado, al que sin tardanza se reincorporó– no se salvó de ser amonestado por su jefe, el Presidente, cuando este se refirió a él diciendo que, según la versión de Proceso, “cuando uno está de servidor público y está de por medio la atención a la gente, la justicia, uno lucha y hace valer la justicia, lucha con convicción, o sea, está permitido hasta a hacerle un plantón, un motín emocional al funcionario que sea cuando se trata del bienestar del pueblo, nada más que hay que ser perseverante, no rendirse, hay que ser tercos en las causas que uno defiende”.

Y no paró ahí, porque además agregó: “Cuando se tienen una profunda convicción en favor de los demás, cuando se le tiene amor al pueblo qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una Secretaría, aunque se trate de Hacienda”, frase esta última que bien merece una reflexión aparte, que ya será hecha en su oportunidad.

Mientras la inesperada renuncia captaba la atención mayoritaria, ocurrieron eventos que, por los destellos de aquélla, pero también porque la violencia se ha introducido en la rutina, tuvieron lugar enfrentamientos muy intensos, con elevados saldos de muertos incluso, en la semana misma en que, paradójicamente, los órganos legislativos de la Unión aprobaban, con amplísimo consenso y rapidez inusitada, las leyes reglamentarias que darán sustento a la operación de la Guardia Nacional prevista en la constitución general.

La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ratificó sus preocupaciones por varias de las disposiciones relativas a este último punto, lo que deja abierta una vía de agua respecto del influyente entorno político internacional, que puede pesar hoy en día mucho más de lo que parece calcularse.

Hay en todo eso síntomas de agudización de los conflictos, en un entorno que ve exacerbarse la sensibilidad de unos, la impertinente simplicidad de otros y hasta el surgimiento de pareceres absurdos frente al momento político y el futuro de México.

A río revuelto, ganancia de pescadores. Póngase cuidado, porque que los hay.
26 Mayo 2019 04:00:00
Semana de borrascas
¡Qué semana, la que acaba de concluir!

La renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social fue lo más llamativo quizás, no solo por su sorpresiva presentación, sino por el inusitadamente extenso y virulento texto que le dedicó a un documento que generalmente se presenta escueto y, si mucho me apuran, hasta críptico.

En el caso, quedan a descubierto varios aspectos del momento político que cada vez más dejan al descubierto los verdaderos contornos estratégicos de la llamada “cuarta transformación”.

El primero de ellos es la inexistente cohesión en el equipo que aparece en la primera línea, la fragilidad de su vínculo con el presidente, su jefe, y la prescindibilidad de ellas y ellos.

Pareciera ser que su incorporación inicial obedeció al pago de servicios en campaña, pero sin intención de darles juego efectivo.

De suyo, los verdaderos operadores, en casi cada secretaría, están ubicados en un segundo plano, a buen resguardo de las miradas curiosas y con más amplia libertad de movimiento que los titulares de las dependencias y entidades.

El segundo, de fondo, es mucho más grave y de mayor trascendencia, porque hace evidente que los derechos de los menos favorecidos (los de carne y hueso, no las abstracciones genéricas que suelen usarse como referentes) no están entre las prioridades del Poder Ejecutivo, por más que se diga que “primero los pobres”.

Así lo acreditan los inhumanos recortes presupuestales efectuados a las instituciones de salud, incluido el IMSS, cuyos universos de atención están formados, precisamente, por los menos favorecidos.

Dejó al descubierto, además, la precariedad del compromiso con las y los neomorenistas incorporados a la campaña, especialmente, cuando AMLO dijo, escuetamente, que había mucha gente que podía reemplazarlo, lo que no tardó en hacer, además.

Además, el senador Martínez -cuyo “acto heroico” contaba con la red de protección que le proporciona el Senado, al que sin tardanza se reincorporó- no se salvó de ser amonestado por su jefe, el presidente, cuando este se refirió a él diciendo que, según la versión de Proceso, “cuando uno está de servidor público y está de por medio la atención a la gente, la justicia, uno lucha y hace valer la justicia, lucha con convicción, o sea, está permitido hasta a hacerle un plantón, un motín emocional al funcionario que sea cuando se trata del bienestar del pueblo, nada más que hay que ser perseverante, no rendirse, hay que ser tercos en las causas que uno defiende”.

Y no paró ahí, porque además agregó: “Cuando se tienen una profunda convicción en favor de los demás, cuando se le tiene amor al pueblo qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una Secretaría, aunque se trate de Hacienda”, frase esta última que bien merece una reflexión aparte, que ya será hecha en su oportunidad.

Mientras la inesperada renuncia captaba la atención mayoritaria, ocurrieron eventos que, por los destellos de aquélla, pero también porque la violencia se ha introducido en la rutina, tuvieron lugar enfrentamientos muy intensos, con elevados saldos de muertos incluso, en la semana mima en que, paradójicamente, los órganos legislativos de la Unión aprobaban, con amplísimo consenso y rapidez inusitada, las leyes reglamentarias que darán sustento a la operación de la Guardia Nacional prevista en la constitución general.

La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ratificó sus preocupaciones por varias de las disposiciones relativas a este último punto, lo que deja abierta una vía de agua respecto del influyente entorno político internacional, que puede pesar hoy en día mucho más de lo que parece calcularse.

Hay en todo eso síntomas de agudización de los conflictos, en un entorno que ve exacerbarse la sensibilidad de unos, la impertinente simplicidad de otros y hasta el surgimiento de pareceres absurdos frente al momento político y el futuro de México.

A río revuelto, ganancia de pescadores. Póngase cuidado, porque que los hay.
19 Mayo 2019 04:00:00
Slim y la planeación de largo plazo
En la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, el ingeniero Carlos Slim afirmó que la sociedad está harta de que hayan pasado ya muchos años sin que pase nada, lo que atribuyó a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Es una pena que ese acontecimiento solo se vea como una nota relevante y se presente sin más análisis referencial de la postura de un hombre tan influyente como es él, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el político.

La sola existencia del foro, muy a tono con los mecanismos de operación del poder en las inéditas condiciones que ofrece la globalidad es ya significativa; paso por alto aquí las significaciones que a mi juicio ofrece, para evitar vías de distracción.

Me concentro en los elementos esenciales de la declaración del señor Slim: la sociedad está harta, porque las cosas no han cambiado, y eso se debe a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Yo creo, respecto de la primera aseveración, que la gente está harta de que las cosas no hayan cambiado para bien, porque para mal ¡vaya que ha habido cambios! A ese hartazgo, me parece, habría que agregar, por eso, la indignación.

La afirmación de que falta de planeación a largo plazo, como causa de que las cosas no mejoren para los más (aunque para unos pocos inmoralmente privilegiados sexenalmente sí haya existido bonanza), es correcta, pero requiere, a mi juicio, de algunas precisiones.

En primer lugar, esa planeación no podrá hacerse mientras se pretenda que es una responsabilidad del “gobierno”, y menos aun cuando a éste se le identifica, en craso error, con el Poder Ejecutivo. En todo caso, la convergencia en la planeación y ejecución de acciones deberá responder a criterios claros y perdurables, no a la arbitrariedad pasajera.

Es imposible acceder a una “visión de estado que trascienda los sexenios presidenciales –ineludible para dar cabida al plazo largo– si se pierde de vista que en el “estado de derecho” el poder público es sólo un elemento y que su actuación está sujeta a la ley –en sentido amplio– y no a la inversa.

En rigor, se trata, como lo han definido tradicionalmente los juristas anglosajones, del “gobierno de la Ley, no de los hombres”.

Es imprescindible, para ello, contar con una constitución que de verdad sea suprema y primera; no inmutable, pero sí rígida, para dotar de una base firme y suficientemente duradera para que todo mundo sepa a que atenerse perdurablemente y pueda verse el horizonte de planeación con la claridad suficiente para poder definir y poner en práctica sus estrategias en el espacio que a cada uno corresponde.

Es un problema de cultura, sí, pero también de razonamiento. En los últimos 20 años, las enmiendas constitucionales se han sucedido vertiginosamente, sin mucha reflexión –me temo– y dando lugar no sólo a contradicciones, frivolidades e inadecuaciones técnicas (leves y graves), sino con un efecto adverso a las mejoras que se requieren, con consecuencias aun más perniciosas para la vida social en general, por la función estructural que el derecho tiene sobre ella y todas las facetas que presenta.

Hablar de “estado de derecho” no es hablar de normas jurídicas, es hablar de estructuras firmes, sólidas, flexibles sin ser laxas, que permitan una previsión de horizonte profundo y doten a la vida social, en suma, de “reglas de juego” que sean claras y en las que se pueda confiar, desterrando la zozobra de la incertidumbre.

Mientras eso no ocurra, este país –y cualquiera en tales condiciones– estará condenado al capricho de las veleidades que dicte la voluntad del “dueño” en turno del poder público y, con ello, al fracaso en la construcción de su identidad y de su propio futuro.
19 Mayo 2019 04:00:00
Slim y la planeación de largo plazo
En la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, el ingeniero Carlos Slim afirmó que la sociedad está harta de que hayan pasado ya muchos años sin que pase nada, lo que atribuyó a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Es una pena que ese acontecimiento solo se vea como una nota relevante y se presente sin más análisis referencial de la postura de un hombre tan influyente como es él, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el político.

La sola existencia del foro, muy a tono con los mecanismos de operación del poder en las inéditas condiciones que ofrece la globalidad, es ya significativa; paso por alto aquí las significaciones que a mi juicio ofrece, para evitar vías de distracción.

Me concentro en los elementos esenciales de la declaración del señor Slim: la sociedad está harta, porque las cosas no han cambiado, y eso de debe a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Yo creo, respecto de la primera aseveración, que la gente está harta de que las cosas no hayan cambiado para bien, porque para mal ¡vaya que ha habido cambios! A ese hartazgo, me parece, habría que agregar, por eso, la indignación.

La afirmación de que falta de planeación a largo plazo, como causa de que las cosas no mejoren para los más (aunque para unos pocos inmoralmente privilegiados sexenalmente sí haya existido bonanza), es correcta, pero requiere, a mi juicio, de algunas precisiones.

En primer lugar, esa planeación no podrá hacerse mientras se pretenda que es una responsabilidad del “gobierno”, y menos aun cuando a este se le identifica, en craso error, con el Poder Ejecutivo. En todo caso, la convergencia en la planeación y ejecución de acciones deberá responder a criterios claros y perdurables, no a la arbitrariedad pasajera.

Es imposible acceder a una “visión de estado que trascienda los sexenios presidenciales -ineludible para dar cabida al plazo largo- si se pierde de vista que en el “estado de derecho” el poder público es solo un elemento y que su actuación está sujeta a la ley -en sentido amplio- y no a la inversa.

En rigor, se trata, como lo han definido tradicionalmente los juristas anglosajones, del “gobierno de la Ley, no de los hombres”.

Es imprescindible, para ello, contar con una constitución que de verdad sea suprema y primera; no inmutable, pero sí rígida, para dotar de una base firme y suficientemente duradera para que todo mundo sepa a que atenerse perdurablemente y pueda verse el horizonte de planeación con la claridad suficiente para poder definir y poner en práctica sus estrategias en el espacio que a cada uno corresponde.

Es un problema de cultura, sí, pero también de razonamiento. En los últimos veinte años, las enmiendas constitucionales se han sucedido vertiginosamente, sin mucha reflexión -me temo- y dando lugar no solo a contradicciones, frivolidades e inadecuaciones técnicas (leves y graves), sino con un efecto adverso a las mejoras que se requieren, con consecuencias aun más perniciosas para la vida social en general, por la función estructural que el derecho tiene sobre ella y todas las facetas que presenta.

Hablar de “estado de derecho” no es hablar de normas jurídicas, es hablar de estructuras firmes, sólidas, flexibles sin ser laxas, que permitan una previsión de horizonte profundo y doten a la vida social, en suma, de “reglas de juego” que sean claras y en las que se pueda confiar, desterrando la zozobra de la incertidumbre.

Mientras eso no ocurra, este país -y cualquiera en tales condiciones- estará condenado al capricho de las veleidades que dicte la voluntad del “dueño” en turno del poder público y, con ello, al fracaso en la construcción de su identidad y de su propio futuro.
12 Mayo 2019 04:01:00
Legitimidad, democracia y gobierno
Hay quien piensa que la legitimidad de un gobierno se identifica con el número y porcentaje de votos obtenidos en la elección y se mide –a través de encuestas, por ejemplo– en el grado de aceptación que mantiene entre la ciudadanía.

Quien así discurre, comúnmente considera que la democracia se agota en los procesos electorales, limitándose en el fondo y en última instancia, a cuestiones de números.

Ambas posiciones son, a mi juicio, incorrectas y no sólo conducen a errar en los análisis y cursos de la vida política, sino que debilitan, hasta el grado de la anulación, al debate político, imprescindible en las democracias.

Se quedan ellas en la superficie o peor, en las apariencias, sin tocar la sustancia misma de la acción de gobierno, que no es otra cosa que ejercer la soberanía, conforme a la estructura jurídica que les proporciona sustento, dirección y cauce.

Esa dirección se nutre de valores extendidamente aceptados, se conoce, desde antes de nuestra era, como “interés general, que en el fondo coincide con lo que la escolástica denomina “bien común”.

Si asumimos que la democracia es, sobre todo, gobierno, ese interés general tendrá que ser siempre el rumbo en la ruta del gobernante, si quiere actualizar esa presunción de legitimidad que proporcionan los comicios.

Por eso, a mi juicio, es que la legitimidad en el acceso al poder y, de manera relevante, en su ejercicio, sólo puede alcanzarse cuando converjan el interés general, la democracia y el derecho, sistemáticamente integrados.

Será imposible, en este breve espacio, profundizar sobre el tema, pero bien puede plantearse una hipótesis a partir de la siguiente cuestión: ¿Existe un elemento en el que coincidan todos los miembros de una comunidad, de tal manera que pueda ser llamado “interés general?

Sostengo que sí porque, independientemente de las convicciones y preferencias ideológicas, nadie en su sano juicio podrá negar que la convergencia en el reclamo de ver garantizados sus derechos y libertades fundamentales es plena.

Esa convicción me lleva a afirmar que en esa “triada” compuesta por la democracia -como gobierno, no solo como proceso electoral- el interés general ha de ser concebido como la necesidad de fincar la convivencia civilizada sobre una base de derechos y libertades iguales y armónicamente coexistentes.

En democracia, como método permanente de gobierno encaminado, ha de ejercerse la autoridad de modo que se pueda llevar a la práctica el mandato constitucional de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y hacerlo conforme a un marco jurídico cuya ordenación tienda congruentemente a esa función, en aras de cuyo equilibrio ha de contemplar también, y respetar, las responsabilidades y obligaciones que les son irremisiblemente correlativas para garantizar su coexistencia armónica.

El estudio de las nociones de poder, democracia y derecho carecería de sentido si no se efectúa desde una perspectiva en la que, estructuralmente, se considere su interacción sistémica indisoluble.

Toda escisión –conceptual y práctica– que entre ellos se pretenda, será inconveniente, porque daría lugar –como en efecto ha ocurrido– a equívocos y errores en el funcionamiento de las instituciones, produciendo graves fallos y consecuencias funestas

En este punto es ineludible decir que, como bien lo percibiera Sartori, hay en estas cuestiones dos niveles de realidad: la “prescriptiva”, que es aquella que recoge el ideal democrático y lo plasma en las normas, y la “descriptiva”, aquella que ofrece la realidad empíricamente.

Es claro que, para que pueda hablarse de “estado de derecho” con propiedad, el ideal democrático deberá coincidir, en términos óptimos, con la realidad democrática y, viceversa; como eso es utópico, bien vale considerar que el acercamiento mayor, constante y consistente, es imprescindible.

Vendría bien, para enriquecer el debate, pero sobre todo para afinar el rumbo, revisar conceptos y conocer bien los paradigmas que se dice querer cambiar, para no seguir inmersos en el remolino de confusión e inconsistencia que parece ir en camino de volverse crónico.
12 Mayo 2019 04:00:00
Legitimidad, democracia y gobierno
Hay quien piensa que la legitimidad de un gobierno se identifica con el número y porcentaje de votos obtenidos en la elección y se mide -a través de encuestas, por ejemplo- en el grado de aceptación que mantiene entre la ciudadanía.

Quien así discurre, comúnmente considera que la democracia se agota en los procesos electorales, limitándose en el fondo y en última instancia, a cuestiones de números.

Ambas posiciones son, a mi juicio, incorrectas y no sólo conducen a errar en los análisis y cursos de la vida política, sino que debilitan, hasta el grado de la anulación, al debate político, imprescindible en las democracias.

Se quedan ellas en la superficie o peor, en las apariencias, sin tocar la sustancia misma de la acción de gobierno, que no es otra cosa que ejercer la soberanía, conforme a la estructura jurídica que les proporciona sustento, dirección y cauce.

Esa dirección se nutre de valores extendidamente aceptados, se conoce, desde antes de nuestra era, como “interés general, que en el fondo coincide con lo que la escolástica denomina “bien común”.

Si asumimos que la democracia es, sobre todo, gobierno, ese interés general tendrá que ser siempre el rumbo en la ruta del gobernante, si quiere actualizar esa presunción de legitimidad que proporcionan los comicios.

Por eso, a mi juicio, es que la legitimidad en el acceso al poder y, de manera relevante, en su ejercicio, sólo puede alcanzarse cuando converjan el interés general, la democracia y el derecho, sistemáticamente integrados.

Será imposible, en este breve espacio, profundizar sobre el tema, pero bien puede plantearse una hipótesis a partir de la siguiente cuestión: ¿Existe un elemento en el que coincidan todos los miembros de una comunidad, de tal manera que pueda ser llamado “interés general?

Sostengo que sí porque, independientemente de las convicciones y preferencias ideológicas, nadie en su sano juicio podrá negar que la convergencia en el reclamo de ver garantizados sus derechos y libertades fundamentales es plena.

Esa convicción me lleva a afirmar que en esa “triada” compuesta por la democracia -como gobierno, no solo como proceso electoral- el interés general ha de ser concebido como la necesidad de fincar la convivencia civilizada sobre una base de derechos y libertades iguales y armónicamente coexistentes.

En democracia, como método permanente de gobierno encaminado, ha de ejercerse la autoridad de modo que se pueda llevar a la práctica el mandato constitucional de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y hacerlo conforme a un marco jurídico cuya ordenación tienda congruentemente a esa función, en aras de cuyo equilibrio ha de contemplar también, y respetar, las responsabilidades y obligaciones que les son irremisiblemente correlativas para garantizar su coexistencia armónica.

El estudio de las nociones de poder, democracia y derecho carecería de sentido si no se efectúa desde una perspectiva en la que, estructuralmente, se considere su interacción sistémica indisoluble.

Toda escisión -conceptual y práctica- que entre ellos se pretenda, será inconveniente, porque daría lugar -como en efecto ha ocurrido- a equívocos y errores en el funcionamiento de las instituciones, produciendo graves fallos y consecuencias funestas

En este punto es ineludible decir que, como bien lo percibiera Sartori, hay en estas cuestiones dos niveles de realidad: la “prescriptiva”, que es aquella que recoge el ideal democrático y lo plasma en las normas, y la “descriptiva”, aquella que ofrece la realidad empíricamente.

Es claro que, para que pueda hablarse de “estado de derecho” con propiedad, el ideal democrático deberá coincidir, en términos óptimos, con la realidad democrática y, viceversa; como eso es utópico, bien vale considerar que el acercamiento mayor, constante y consistente, es imprescindible.

Vendría bien, para enriquecer el debate, pero sobre todo para afinar el rumbo, revisar conceptos y conocer bien los paradigmas que se dice querer cambiar, para no seguir inmersos en el remolino de confusión e inconsistencia que parece ir en camino de volverse crónico.
05 Mayo 2019 04:00:00
La intervención social y los derechos humanos
El sábado 4 de mayo -ayer- tuve la oportunidad honrosa de presenta, durante el LVII Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social “Retos y Perspectivas de los Modelos de Intervención del Trabajo Social en la Construcción de la Realidad Contemporánea”, el libro “Visión Social de los Derechos Humanos”.

Inmejorable oportunidad para destacar que hablar de derechos humanos y trabajo social es tratar temas propios de disciplinas, más que complementarias, casi simbióticas.

Así lo considero porque, en la dicotomía sujeto-objeto del trabajo social, es imposible evitar, a mi juicio, una posición “constructivista” dado que el objeto del trabajador social no consiste en una descripción empírica de las realidades sociales –como podría corresponder al sociólogo- sino en intervenir en una cierta comunidad para desarrollar su propio potencial en condiciones óptimas.

El trabajador social “construye” su objeto, pero al establecer la diferenciación sistémica frente a su ambiente no puede perder de vista el interés general que anima la vida social toda y sus estándares mínimos, esos que resguardan los valores comunitarios junto a los que vinculan con el gran sistema social de que forman parte, que hoy es, a no dudarse, de dimensiones globales.

Creo que ese ejercicio es uno en el que resulta imposible dejar de reconocer que el denominador que vincula a toda comunidad es la integralidad que descansa en el valor supremo de la dignidad humana -universal, innata, e irrenunciable- cuya expresión más genuina son esas prerrogativas que son inherentes a toda persona y se expresan a través de la plataforma mínima que conocemos como “derechos humanos”.

Cuando el trabajador social quien analiza e interviene el objeto y su entorno, no despersonaliza a las personas que lo componen, sino que, al contrario, las considera imprescindibles porque sabe que trata con sujetos capaces de reconocer y analizar su propia realidad y los problemas que ella plantea, tanto como aportar, como protagonistas, a la búsqueda e instrumentación de las soluciones, tiene muchos más visos de encontrar el buen éxito de sus acciones.

El potente renacimiento que, frente a circunstancias inéditas en la historia del mundo, han experimentado las reivindicaciones de los derechos humanos, no solo da cabida a ese tipo de intervenciones, sino que las demanda urgentemente.

¿Cómo pasar por alto la necesidad de intervenir socialmente para inducir, en medio del caos y la confusión que parecen haberse adueñado del entorno, una cultura que promueva las reivindicaciones sociales significadas por los derechos y libertades fundamentales y sus consiguientes obligaciones y responsabilidades?

En los términos de la acción social se comprenden, irremisiblemente, las realidades políticas, económicas y las correspondientes a sus estructuras jurídicas, y solo con una acción socialmente dirigida, específica y objetiva podrán alcanzarse los cambios en la cultura que lleven a mejores condiciones de vida para todos, y en eso, que atañe a la promoción de los derechos humanos como cultura de respeto y participación, consiste precisamente el objetivo primordial de la acción de transformación social que es, hoy por hoy, imprescindible, tanto en términos de consciencia como de participación activa.

De ahí la importancia de analizar el trabajo social desde la perspectiva de los derechos humanos y la complementariedad ineludible del trabajo social con ellos, materia en la que, a mi juicio, el libro que fue presentado, coordinado por Leticia Cano Soriano y Joaquín Narro Lobo, es una aportación de gran valía.

Se ha puesto a disposición de todas y todos los interesados en el tema con el objetivo de estimular la reflexión creativa y crítica de su contenido, y su mejor destino será ser leído, analizado y criticado, para estimular -provocar, si se quiere- nuevas ideas, construir paradigmas que sustituyan a los caducos, generar nuevos instrumentos de trabajo, redefinir métodos y rediseñar proyectos.

Ojalá que, a la postre, cumpla el libro con ese propósito y sirva para “plantar una pica en Flandes” ante los retos y desafíos del futuro que ya nos alcanzó..
05 Mayo 2019 03:55:00
La intervención social y los derechos humanos
El sábado 4 de mayo –ayer– tuve la oportunidad honrosa de presentar, durante el 57 Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social, Retos y Perspectivas de los Modelos de Intervención del Trabajo Social en la Construcción de la Realidad Contemporánea, el libro Visión Social de los Derechos Humanos.

Inmejorable oportunidad para destacar que hablar de derechos humanos y trabajo social es tratar temas propios de disciplinas, más que complementarias, casi simbióticas.

Así lo considero porque, en la dicotomía sujeto-objeto del trabajo social, es imposible evitar, a mi juicio, una posición “constructivista” dado que el objeto del trabajador social no consiste en una descripción empírica de las realidades sociales –como podría corresponder al sociólogo– sino en intervenir en una cierta comunidad para desarrollar su propio potencial en condiciones óptimas.

El trabajador social “construye” su objeto, pero al establecer la diferenciación sistémica frente a su ambiente no puede perder de vista el interés general que anima la vida social toda y sus estándares mínimos, esos que resguardan los valores comunitarios junto a los que vinculan con el gran sistema social de que forman parte, que hoy es, a no dudarse, de dimensiones globales.

Creo que ese ejercicio es uno en el que resulta imposible dejar de reconocer que el denominador que vincula a toda comunidad es la integralidad que descansa en el valor supremo de la dignidad humana –universal, innata, e irrenunciable– cuya expresión más genuina son esas prerrogativas que son inherentes a toda persona y se expresan a través de la plataforma mínima que conocemos como “derechos humanos”.

Cuando el trabajador social quien analiza e interviene el objeto y su entorno, no despersonaliza a las personas que lo componen, sino que, al contrario, las considera imprescindibles porque sabe que trata con sujetos capaces de reconocer y analizar su propia realidad y los problemas que ella plantea, tanto como aportar, como protagonistas, a la búsqueda e instrumentación de las soluciones, tiene muchos más visos de encontrar el buen éxito de sus acciones.

El potente renacimiento que, frente a circunstancias inéditas en la historia del mundo, han experimentado las reivindicaciones de los derechos humanos, no sólo da cabida a ese tipo de intervenciones, sino que las demanda urgentemente.

¿Cómo pasar por alto la necesidad de intervenir socialmente para inducir, en medio del caos y la confusión que parecen haberse adueñado del entorno, una cultura que promueva las reivindicaciones sociales significadas por los derechos y libertades fundamentales y sus consiguientes obligaciones y responsabilidades?

En los términos de la acción social se comprenden, irremisiblemente, las realidades políticas, económicas y las correspondientes a sus estructuras jurídicas, y solo con una acción socialmente dirigida, específica y objetiva podrán alcanzarse los cambios en la cultura que lleven a mejores condiciones de vida para todos, y en eso, que atañe a la promoción de los derechos humanos como cultura de respeto y participación, consiste precisamente el objetivo primordial de la acción de transformación social que es, hoy por hoy, imprescindible, tanto en términos de consciencia como de participación activa.

De ahí la importancia de analizar el trabajo social desde la perspectiva de los derechos humanos y la complementariedad ineludible del trabajo social con ellos, materia en la que, a mi juicio, el libro que fue presentado, coordinado por Leticia Cano Soriano y Joaquín Narro Lobo, es una aportación de gran valía.

Se ha puesto a disposición de todas y todos los interesados en el tema con el objetivo de estimular la reflexión creativa y crítica de su contenido, y su mejor destino será ser leído, analizado y criticado, para estimular –provocar, si se quiere– nuevas ideas, construir paradigmas que sustituyan a los caducos, generar nuevos instrumentos de trabajo, redefinir métodos y rediseñar proyectos.

Ojalá que, a la postre, cumpla el libro con ese propósito y sirva para “plantar una pica en Flandes” ante los retos y desafíos del futuro que ya nos alcanzó...
27 Abril 2019 04:00:00
Una paz duradera
En el marco de los foros de consulta destinada a recabar información, puntos de vista y otras aportaciones que puedan nutrir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se perfila uno sobre el tema de la paz, y tiene lugar en la semana siguiente a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, a quien se suele atribuir el aforismo que dice: “Entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho es la paz”, aunque eso sea solo parcialmente exacto, porque la idea de que la paz entre las naciones solo poder alcanzarse cuando exista respeto al orden jurídico y no sea ya la guerra quien le conceda perpetuidad en los sepulcros (La paz perpetua, 2000, Porrúa, México).


La aportación de don Benito, sin embargo, no es peregrina, porque mientras Kant se refería a la paz mundial, él tradujo el valor de la consigna a términos de vida cotidiana entre los seres humanos.


Pero vale la pena, precisamente por eso y porque se iniciará el análisis del tema en la semana que hoy arranca, profundizar algo más en lo dicho por Kant, que mucho tiene que ver con circunstancias que se viven hoy en día.


Dice Kant que “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.


Sigue: “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.


Aunque la referencia es hecha, en esencia, a las naciones, la correcta transferencia juarista obliga a considerar que solo en una auténtica república, sometida a un orden jurídico justo e igualitario, podrán alcanzarse los ideales de paz pretendidos, no de otra manera ¿Es ese el caso de nuestras aparentes repúblicas?
21 Abril 2019 04:00:00
Derechos Humanos: Lucro y mediatización política
Los que llamamos “derechos humanos” son, en esencia, el reconocimiento universal a la dignidad humana. Su quebrantamiento, porque son ellos el timbre de legitimidad por excelencia para el ejercicio de todo poder político, se ha vuelto “políticamente incorrecto” para la autoridad.

Pero, por desgracia, eso no ha conducido siempre a un efectivo respeto de ellos y a la garantía de su reparación integral para los casos de violación, sino -muchas veces- a un afán evidente de abanderarlos mediante actos de simulación que, si bien nunca serán inocuos, se ven comúnmente agravados por la revictimización que significa esa que atinadamente ha dado en llamarse “administración del sufrimiento”, ya referida en esta columna.

Si el dolor, las penalidades y las penurias fueron aceptadas en un tiempo como sufrimiento expiatorio, aceptables para merecer una recompensa futura, en esta era de reivindicaciones humanísticas frente a los poderes irrefrenables desatados por la debilidad de las estructuras jurídicas y políticas tradicionales, los gobiernos, invocando la representación del estado, se han apropiado de la gestión del dolor individual, diluyéndolo al integrarlo, no sin la participación de algunos actores privados y sociales, en contextos de “dolor colectivo”.

De esa manera se ha dado lugar a procesos interminables de gestión sociopolítica que, lejos de resultar efectivos en términos de sus propósitos expresos, instauran diferimientos indefinidos, que se vuelven eficaces medios de control, mientras se alejan del objetivo central al que dicen tender.

Hay abundantes muestras de ello. Por ejemplo, en el muy doloroso -y penoso- caso de las desapariciones forzadas, se ha dado lugar a múltiples distracciones respecto del que debiera ser el objetivo central de todo empeño vinculado con el tema: Encontrar a los desaparecidos y reparar integralmente el daño causado a las víctimas.

En lugar de eso, hay múltiples distractores que, por más bondadosos que quieran presentarse, no pasan de ser paliativos periféricos frente al que debiera ser objetivo central de la acción gubernamental en el caso.

Es ese un solo ejemplo. Lo peor de todo es que, en general, no solo no hay resultados satisfactorios ni se exigen las responsabilidades procedentes, estimulando la impunidad, sino que, además, se ha generado una gama amplia de organizaciones, institutos y agrupaciones que, sumadas a aquellas que son legítimas y mantienen un verdadero interés en la lucha por la implantación ética -y no solo jurídica- de la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales, se han dedicado a medrar con su promoción y a generar particulares beneficios económicos y políticos, creando espacios de acción más parecidos a los consorcios empresariales que a los ámbitos de la política, sin la licitud de aquellos.

La existencia de redes que agrupen a instancias gubernamentales con algunos de esos verdaderos consorcios tampoco es extraña, porque resulta mutuamente conveniente: Mientras se disminuyen los riesgos y presiones políticas provenientes de los colectivos genuinos que se logra incorporar a esos procesos, favoreciendo su control político, se abren vías nada despreciables de financiamiento, público y privado, para los agentes no gubernamentales -o aparentemente “no gubernamentales”- involucrados en estos procesos de mediatización política y fuente financiera.

Esos contubernios son evidentes despropósitos que con frecuencia empañan -y hasta llegan a ocultar- el quehacer y compromiso de las muchas y muy activas asociaciones que, con verdadero altruismo y entrega, ocupan su tiempo en promover los derechos humanos y buscar su garantía universal efectiva.

Se sabe que el sufrimiento producido socialmente, es “el ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen a la experiencia humana. Los individuos intentan comprender sus experiencias y trabajar para sanar en el marco de la vida colectiva” (Kleinman, Das, y Lock; Introduction; Daedalus, Vol. 125, No.1: pp. XI -XX. 1996).

Es así; por eso, cualquier afán digno de crédito en pro de los derechos humanos pasa por la buena fe y una genuina solidaridad. Lo demás es demagogia y lucro con el dolor, necropolítica pura.
14 Abril 2019 04:00:00
Bachelet en Coahuila
Visitó México y se dio tiempo para un corto viaje a Saltillo. En esta ciudad se reunió, en privado, con familiares de víctimas de desaparición forzada, integrados en, al menos, 35 organizaciones del norte del país. Tuvo, además, una reunión pública con el gobernador del estado, parte de su gabinete, y otros invitados.

De la primera reunión trascendió poco; de la segunda algo más. Aquélla se llevó a cabo en un recinto de la sede episcopal, y fue a puerta cerrada, a pesar de lo cual trascendió, según informaron los medios, lo dicho por algunas de las asistentes a la reunión privada, quienes habrían expresado en ella su pesar frente a la ineficacia de las acciones para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.

De la segunda se dijo que el objetivo habría sido “reflexionar sobre la agenda de derechos humanos en Coahuila”, y según la nota de prensa del portal del gobierno de Coahuila, en esa reunión, la Academia Iberoamericana de Derechos Humanos de la U. A. de C., presentó “la agenda de trabajo para el Programa Estatal de Derechos Humanos (2019-2023), en el que se expusieron los problemas, retos y desafíos que en materia de personas desaparecidas, migrantes, refugiados, periodistas, defensores y víctimas por razón de género y diversidad y orientación sexual”.

Eso está muy bien, porque sin duda son temas álgidos que merecen la mayor atención, aunque la limitación en la referencia podría distorsionar el panorama real que presentan el respeto, la protección, la promoción y la garantía efectiva de los derechos humanos en Coahuila.

Bastaría con asomarse al portal electrónico de la CDHEC para percatarse de que, solamente en los dos años anteriores y lo que va de 2019, se han producido 1496 quejas por ejercicio indebido de la función pública; 928 por detención arbitraria, y 663 por lesiones, entre otras muchas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por servidores públicos del gobierno estatal y los municipales, respecto de los cuales nada se dice en el boletín citado.

Preocupante es, además, que tras la fugaz visita de Michelle Bachelet se haya organizado, no sin precipitación, un evento denominado “Plan de Derechos Humanos para Coahuila de Zaragoza 2019-2023”, que tuvo lugar en la infoteca universitaria de Arteaga, Coahuila, en el que se presentaron los ejes rectores previstos para el plan, y sus líneas estratégicas, entre las que no se cuentan las enumeradas en el párrafo anterior.

Destaca en la propuesta también la extensa participación ofrecida de académicos y expertos, pero no de la sociedad civil, a la que se dedica una sola mención entre la que se hace del sector privado, del sector público, de la “sociedad” (colectivos, sindicatos, partidos), y “líderes de opinión (expertos en el tema)”.

Se dice que la doctora Bachelet reconoció el compromiso de Coahuila en cuanto a política de derechos humanos, lo que no le impidió recalcar “la necesidad de fortalecer la agenda para tener mayores avances (se diría que “verdaderos avances”) de la autoridad, a fin de que las víctimas de violencia grave puedan obtener justicia, verdad y reparación”.

Las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cobran especial relevancia en el contexto de la realidad coahuilense -más allá de las proclamas triunfales y la retórica- porque aun si el marco jurídico y la planeación fueran de verdad encomiables y hasta referencias nacionales, de nada servirán mientras la voluntad política no se traduzca en la verdadera actualización de las aspiraciones de quienes habitan nuestro estado, sean ellas víctimas o no (que siempre pueden serlo) de un ejercicio de autoridad que no responda a las exigencias básicas de la legitimidad que establecen la constitución mexicana y los tratados que, junto a ella, son ley suprema.

Volver la cara a la gente, con sus problemas y agravios reales para resolverlos y prevenirlos, sin revictimización alguna, son una necesidad imperiosa y un deber inexcusable si se quiere ser eficaz en el empeño descrito.
14 Abril 2019 03:54:00
Bachelet en Coahuila
Visitó México y se dio tiempo para un corto viaje a Saltillo. En esta ciudad se reunió, en privado, con familiares de víctimas de desaparición forzada, integrados en, al menos, 35 organizaciones del norte del país. Tuvo, además, una reunión pública con el Gobernador del Estado, parte de su gabinete, y otros invitados.

De la primera reunión trascendió poco; de la segunda algo más. Aquélla se llevó a cabo en un recinto de la sede episcopal y fue a puerta cerrada, a pesar de lo cual trascendió, según informaron los medios, lo dicho por algunas de las asistentes a la reunión privada, quienes habrían expresado en ella su pesar frente a la ineficacia de las acciones para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.

De la segunda se dijo que el objetivo habría sido “reflexionar sobre la agenda de derechos humanos en Coahuila”, y según la nota de prensa del portal del Gobierno de Coahuila, en esa reunión, la Academia Iberoamericana de Derechos Humanos de la U. A. de C., presentó “la agenda de trabajo para el Programa Estatal de Derechos Humanos (2019-2023), en el que se expusieron los problemas, retos y desafíos en materia de personas desaparecidas, migrantes, refugiados, periodistas, defensores y víctimas por razón de género y diversidad y orientación sexual”.

Eso está muy bien, porque sin duda son temas álgidos que merecen la mayor atención, aunque la limitación en la referencia podría distorsionar el panorama real que presentan el respeto, la protección, la promoción y la garantía efectiva de los derechos humanos en Coahuila.

Bastaría con asomarse al portal electrónico de la CDHEC para percatarse de que, solamente en los dos años anteriores y lo que va de 2019, se han producido mil 496 quejas por ejercicio indebido de la función pública; 928 por detención arbitraria, y 663 por lesiones, entre otras muchas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por servidores públicos del gobierno estatal y los municipales, respecto de los cuales nada se dice en el boletín citado.

Preocupante es, además, que tras la fugaz visita de Michelle Bachelet se haya organizado, no sin precipitación, un evento denominado Plan de Derechos Humanos para Coahuila de Zaragoza 2019-2023, que tuvo lugar en la infoteca universitaria de Arteaga, Coahuila, en el que se presentaron los ejes rectores previstos para el plan, y sus líneas estratégicas, entre las que no se cuentan las enumeradas en el párrafo anterior.

Destaca en la propuesta también la extensa participación ofrecida de académicos y expertos, pero no de la sociedad civil, a la que se dedica una sola mención entre la que se hace del sector privado, del sector público, de la “sociedad” (colectivos, sindicatos, partidos), y “líderes de opinión (expertos en el tema)”.

Se dice que la doctora Bachelet reconoció el compromiso de Coahuila en cuanto a política de derechos humanos, lo que no le impidió recalcar “la necesidad de fortalecer la agenda para tener mayores avances (se diría que “verdaderos avances”) de la autoridad, a fin de que las víctimas de violencia grave puedan obtener justicia, verdad y reparación”.

Las palabras de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cobran especial relevancia en el contexto de la realidad coahuilense –más allá de las proclamas triunfales y la retórica– porque aun si el marco jurídico y la planeación fueran de verdad encomiables y hasta referencias nacionales, de nada servirán mientras la voluntad política no se traduzca en la verdadera actualización de las aspiraciones de quienes habitan nuestro estado, sean ellas víctimas o no (que siempre pueden serlo) de un ejercicio de autoridad que no responda a las exigencias básicas de la legitimidad que establecen la Constitución mexicana y los tratados que, junto a ella, son Ley Suprema.

Volver la cara a la gente, con sus problemas y agravios reales para resolverlos y prevenirlos, sin revictimización alguna, son una necesidad imperiosa y un deber inexcusable si se quiere ser eficaz en el empeño descrito.
07 Abril 2019 04:00:00
El desdén hacia los vulnerables
En estos tiempos de “corrección” fingida, el lenguaje de la política se ha llenado de eufemismos para distraer la atención de lo esencial y poder administrar las crisis.

A los afanes, que han sido exitosos a ese propósito, de colectivizar el dolor individual y apropiarse de este para poder gestionarlo mediante las técnicas que algunos, no sin razón, han llamado “necropolíticas públicas”, hay que agregar otro tema que le resulta afín: el rechazo social a las personas vulnerables, una condición que pareciera ser atávica y que solo podrá redirigirse si ese distintivo de la humanidad que es la ética entra en juego, y que es requisito para el ejercicio de la libertad en su mejor acepción.

Adela Cortina, estudiosa del fenómeno, lo llama “aporofobia”, porque insiste -y yo con ella- en que es necesario nombrar con claridad y precisión a las cosas -entre ellas ese rechazo- porque de otra manera resultará imposible percibir en su justa medida la asimetría entre las personas “bien y mal situadas” en los estratos sociales, con toda la trascendencia que tal imprecisión conlleva, como ya se ha constatado sobradamente en este mundo entregado a las vicisitudes del mercado, casualmente favorables, por lo común, al poderoso.

La “aporofobia” se origina -dice Cortina- en la tendencia a desentenderse los seres humanos de todo aquello que les molesta o estorba, lo que es “improductivo” en términos de la creación de satisfactores, perspectiva que, añado, no puede juzgarse sino como franca e injustificadamente discriminatoria, y por lo tanto indigna, merecedora de condena.

Ese rechazo, empero, en realidad no solo es al pobre, sino a toda aquella persona que atraviese por alguna situación que debilite su condición social y la haga presa fácil del desdén. Caben en la categoría los niños, niñas y adolescentes frente a los abusos de sus mayores o compañeros en mejor posición de fuerza, como sucede en el llamado “bullying”, o cualquier otra forma de acoso. También en la violencia de género y en los abusos de autoridad; en la explotación del dolor ajeno, o de la migración, sacando raja político-electoral o beneficio económico.

¿Hay antídoto? Sin duda: la historia ha demostrado que sí, porque frente a la supuestamente atávica tendencia a desechar lo incómodo y competir por los bienes materiales -siempre escasos, sobre todo para las personas codiciosas- está el escrúpulo de la conciencia social, que bien cultivada da en la construcción colectiva del mundo libre, pero justo, que la condición humana reclama para todos porque dignidad significa, precisamente, pertenencia.

Para alcanzar ese propósito, sin embargo, es necesario corregir el vacío ocasionado por el abandono que han sufrido en la educación las humanidades, en aras de formar técnicos aptos para integrarse, “competitivamente”, a las industrias manufactureras, olvidando el cultivo de aquello que es distintivo del género humano y le permite aprender a conducirse con responsabilidad individual y socialmente.

Es claro que, mientras quienes deberían enmendar esa situación no acometan la tarea, nada bueno pasará.

En una entrevista concedida a la revista electrónica “hoy es arte”, Adela Cortina dijo: “A mi juicio los políticos deberían esmerarse por pensar en el bien común y en resolver los problemas de la ciudadanía y no en sus intereses particulares y en ganar votos. Creo que estamos permanentemente en democracias electoralistas. Da la sensación, por cómo actúan muchos políticos, [de] que siempre estamos en campaña y, en consecuencia, las decisiones que se toman dependen más de una campaña electoral que de los ciudadanos y de la resolución de los problemas. Sería muy interesante que los políticos se dieran cuenta de que están al servicio de las personas y no a la inversa, en sus batallas particulares, en sus argucias particulares…” ( HYPERLINK “https://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/adela-cortina-una-parte-de-la-sociedad-actua-como-si-los-mejor-situados-fueran-superiores_261286/”
https://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/adela-cortina-una-parte-de-la-sociedad-actua-como-si-los-mejor-situados-fueran-superiores_261286/).

También creo que esa es una de las causas del vacío en la conciencia de responsabilidad social, y por lo tanto de la explotación indebida del sufrimiento y las asimetrías; no puedo menos, entonces, que adherirme a la opinión y al exhorto transcritos.
07 Abril 2019 03:25:00
El desdén hacia los vulnerables
En estos tiempos de “corrección” fingida, el lenguaje de la política se ha llenado de eufemismos para distraer la atención de lo esencial y poder administrar las crisis.

A los afanes, que han sido exitosos a ese propósito, de colectivizar el dolor individual y apropiarse de este para poder gestionarlo mediante las técnicas que algunos, no sin razón, han llamado “necropolíticas públicas”, hay que agregar otro tema que le resulta afín: el rechazo social a las personas vulnerables, una condición que pareciera ser atávica y que solo podrá redirigirse si ese distintivo de la humanidad que es la ética entra en juego, y que es requisito para el ejercicio de la libertad en su mejor acepción.

Adela Cortina, estudiosa del fenómeno, lo llama “aporofobia”, porque insiste –y yo con ella– en que es necesario nombrar con claridad y precisión a las cosas –entre ellas ese rechazo– porque de otra manera resultará imposible percibir en su justa medida la asimetría entre las personas “bien y mal situadas” en los estratos sociales, con toda la trascendencia que tal imprecisión conlleva, como ya se ha constatado sobradamente en este mundo entregado a las vicisitudes del mercado, casualmente favorables, por lo común, al poderoso.

La “aporofobia” se origina –dice Cortina– en la tendencia a desentenderse los seres humanos de todo aquello que les molesta o estorba, lo que es “improductivo” en términos de la creación de satisfactores, perspectiva que, añado, no puede juzgarse sino como franca e injustificadamente discriminatoria, y por lo tanto indigna, merecedora de condena.

Ese rechazo, empero, en realidad no solo es al pobre, sino a toda aquella persona que atraviese por alguna situación que debilite su condición social y la haga presa fácil del desdén. Caben en la categoría los niños, niñas y adolescentes frente a los abusos de sus mayores o compañeros en mejor posición de fuerza, como sucede en el llamado “bullying”, o cualquier otra forma de acoso. También en la violencia de género y en los abusos de autoridad; en la explotación del dolor ajeno, o de la migración, sacando raja político-electoral o beneficio económico.

¿Hay antídoto? Sin duda: la historia ha demostrado que sí, porque frente a la supuestamente atávica tendencia a desechar lo incómodo y competir por los bienes materiales –siempre escasos, sobre todo para las personas codiciosas- está el escrúpulo de la conciencia social, que bien cultivada da en la construcción colectiva del mundo libre, pero justo, que la condición humana reclama para todos porque dignidad significa, precisamente, pertenencia.

Para alcanzar ese propósito, sin embargo, es necesario corregir el vacío ocasionado por el abandono que han sufrido en la educación las humanidades, en aras de formar técnicos aptos para integrarse, “competitivamente”, a las industrias manufactureras, olvidando el cultivo de aquello que es distintivo del género humano y le permite aprender a conducirse con responsabilidad individual y socialmente. Es claro que, mientras quienes deberían enmendar esa situación no acometan la tarea, nada bueno pasará.

En una entrevista concedida a la revista electrónica Hoy es Arte, Adela Cortina dijo: “A mi juicio los políticos deberían esmerarse por pensar en el bien común y en resolver los problemas de la ciudadanía y no en sus intereses particulares y en ganar votos. Creo que estamos permanentemente en democracias electoralistas. Da la sensación, por cómo actúan muchos políticos, [de] que siempre estamos en campaña y, en consecuencia, las decisiones que se toman dependen más de una campaña electoral que de los ciudadanos y de la resolución de los problemas. Sería muy interesante que los políticos se dieran cuenta de que están al servicio de las personas y no a la inversa, en sus batallas particulares, en sus argucias particulares…” ( HYPERLINK “https://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/adela-cortina-una-parte-de-la-sociedad-actua-como-si-los-mejor-situados-fueran-superiores_261286/”https://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/adela-cortina-una-parte-de-la-sociedad-actua-como-si-los-mejor-situados-fueran-superiores_261286/).

También creo que esa es una de las causas del vacío en la conciencia de responsabilidad social, y por lo tanto de la explotación indebida del sufrimiento y las asimetrías; no puedo menos, entonces, que adherirme a la opinión y al exhorto transcritos.
31 Marzo 2019 04:00:00
Derechos humanos: Lucro y mediatización política
Los que llamamos “derechos humanos” son, en esencia, el reconocimiento universal a la dignidad humana. Su quebrantamiento, porque son ellos el timbre de legitimidad por excelencia para el ejercicio de todo poder político, se ha vuelto “políticamente incorrecto” para la autoridad.

Pero, por desgracia, eso no ha conducido siempre a un efectivo respeto de ellos y a la garantía de su reparación integral para los casos de violación, sino -muchas veces- a un afán evidente de abanderarlos mediante actos de simulación que, si bien nunca serán inocuos, se ven comúnmente agravados por la revictimización que significa esa que atinadamente ha dado en llamarse “administración del sufrimiento”, ya referida en esta columna.

Si el dolor, las penalidades y las penurias fueron aceptadas en un tiempo como sufrimiento expiatorio, aceptables para merecer una recompensa futura, en esta era de reivindicaciones humanísticas frente a los poderes irrefrenables desatados por la debilidad de las estructuras jurídicas y políticas tradicionales, los gobiernos, invocando la representación del estado, se han apropiado de la gestión del dolor individual, diluyéndolo al integrarlo, no sin la participación de algunos actores privados y sociales, en contextos de “dolor colectivo”.

De esa manera se ha dado lugar a procesos interminables de gestión sociopolítica que, lejos de resultar efectivos en términos de sus propósitos expresos, instauran diferimientos indefinidos, que se vuelven eficaces medios de control, mientras se alejan del objetivo central al que dicen tender.

Hay abundantes muestras de ello. Por ejemplo, en el muy doloroso -y penoso- caso de las desapariciones forzadas, se ha dado lugar a múltiples distracciones respecto del que debiera ser el objetivo central de todo empeño vinculado con el tema: encontrar a los desaparecidos y reparar integralmente el daño causado a las víctimas.

En lugar de eso, hay múltiples distractores que, por más bondadosos que quieran presentarse, no pasan de ser paliativos periféricos frente al que debiera ser objetivo central de la acción gubernamental en el caso.

Es ese un solo ejemplo. Lo peor de todo es que, en general, no solo no hay resultados satisfactorios ni se exigen las responsabilidades procedentes, estimulando la impunidad, sino que, además, se ha generado una gama amplia de organizaciones, institutos y agrupaciones que, sumadas a aquellas que son legítimas y mantienen un verdadero interés en la lucha por la implantación ética -y no solo jurídica- de la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales, se han dedicado a medrar con su promoción y a generar particulares beneficios económicos y políticos, creando espacios de acción más parecidos a los consorcios empresariales que a los ámbitos de la política, sin la licitud de aquéllos.

La existencia de redes que agrupen a instancias gubernamentales con algunos de esos verdaderos consorcios tampoco es extraña, porque resulta mutuamente conveniente: mientras se disminuyen los riesgos y presiones políticas provenientes de los colectivos genuinos que se logra incorporar a esos procesos, favoreciendo su control político, se abren vías nada despreciables de financiamiento, público y privado, para los agentes no gubernamentales -o aparentemente “no gubernamentales”- involucrados en estos procesos de mediatización política y fuente financiera.

Esos contubernios son evidentes despropósitos que con frecuencia empañan -y hasta llegan a ocultar- el quehacer y compromiso de las muchas y muy activas asociaciones que, con verdadero altruismo y entrega, ocupan su tiempo en promover los derechos humanos y buscar su garantía universal efectiva.

Se sabe que el sufrimiento producido socialmente, es “el ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen a la experiencia humana. Los individuos intentan comprender sus experiencias y trabajar para sanar en el marco de la vida colectiva” (Kleinman, Das, y Lock; Introduction; Daedalus, Vol. 125, No.1: pp. XI -XX. 1996).

Es así; por eso, cualquier afán digno de crédito en pro de los derechos humanos pasa por la buena fe y una genuina solidaridad. Lo demás es demagogia y lucro con el dolor, necropolítica pura.
31 Marzo 2019 03:44:00
Derechos humanos: Lucros y mediatización política
Los que llamamos “derechos humanos” son, en esencia, el reconocimiento universal a la dignidad humana. Su quebrantamiento, porque son ellos el timbre de legitimidad por excelencia para el ejercicio de todo poder político, se ha vuelto “políticamente incorrecto” para la autoridad.

Pero, por desgracia, eso no ha conducido siempre a un efectivo respeto de ellos y a la garantía de su reparación integral para los casos de violación, sino –muchas veces– a un afán evidente de abanderarlos mediante actos de simulación que, si bien nunca serán inocuos, se ven comúnmente agravados por la revictimización que significa esa que atinadamente ha dado en llamarse “administración del sufrimiento”, ya referida en esta columna.

Si el dolor, las penalidades y las penurias fueron aceptadas en un tiempo como sufrimiento expiatorio, aceptables para merecer una recompensa futura, en esta era de reivindicaciones humanísticas frente a los poderes irrefrenables desatados por la debilidad de las estructuras jurídicas y políticas tradicionales, los gobiernos, invocando la representación del estado, se han apropiado de la gestión del dolor individual, diluyéndolo al integrarlo, no sin la participación de algunos actores privados y sociales, en contextos de “dolor colectivo”.

De esa manera se ha dado lugar a procesos interminables de gestión sociopolítica que, lejos de resultar efectivos en términos de sus propósitos expresos, instauran diferimientos indefinidos, que se vuelven eficaces medios de control, mientras se alejan del objetivo central al que dicen tender.

Hay abundantes muestras de ello. Por ejemplo, en el muy doloroso –y penoso– caso de las desapariciones forzadas, se ha dado lugar a múltiples distracciones respecto del que debiera ser el objetivo central de todo empeño vinculado con el tema: encontrar a los desaparecidos y reparar integralmente el daño causado a las víctimas.

En lugar de eso, hay múltiples distractores que, por más bondadosos que quieran presentarse, no pasan de ser paliativos periféricos frente al que debiera ser objetivo central de la acción gubernamental en el caso.

Es ese un solo ejemplo. Lo peor de todo es que, en general, no solo no hay resultados satisfactorios ni se exigen las responsabilidades procedentes, estimulando la impunidad, sino que, además, se ha generado una gama amplia de organizaciones, institutos y agrupaciones que, sumadas a aquellas que son legítimas y mantienen un verdadero interés en la lucha por la implantación ética -y no solo jurídica- de la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales, se han dedicado a medrar con su promoción y a generar particulares beneficios económicos y políticos, creando espacios de acción más parecidos a los consorcios empresariales que a los ámbitos de la política, sin la licitud de aquéllos.

La existencia de redes que agrupen a instancias gubernamentales con algunos de esos verdaderos consorcios tampoco es extraña, porque resulta mutuamente conveniente: mientras se disminuyen los riesgos y presiones políticas provenientes de los colectivos genuinos que se logra incorporar a esos procesos, favoreciendo su control político, se abren vías nada despreciables de financiamiento, público y privado, para los agentes no gubernamentales –o aparentemente “no gubernamentales”– involucrados en estos procesos de mediatización política y fuente financiera.

Esos contubernios son evidentes despropósitos que con frecuencia empañan –y hasta llegan a ocultar– el quehacer y compromiso de las muchas y muy activas asociaciones que, con verdadero altruismo y entrega, ocupan su tiempo en promover los derechos humanos y buscar su garantía universal efectiva.

Se sabe que el sufrimiento producido socialmente, es “el ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen a la experiencia humana. Los individuos intentan comprender sus experiencias y trabajar para sanar en el marco de la vida colectiva” (Kleinman, Das, y Lock; Introduction; Daedalus, Vol. 125, No.1: pp. XI -XX. 1996).

Es así; por eso, cualquier afán digno de crédito en pro de los derechos humanos pasa por la buena fe y una genuina solidaridad. Lo demás es demagogia y lucro con el dolor, necropolítica pura.
24 Marzo 2019 04:00:00
Una paz duradera
En el marco de los foros de consulta destinada a recabar información, puntos de vista y otras aportaciones que puedan nutrir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se perfila uno sobre el tema de la paz, y tiene lugar en la semana siguiente a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, a quien se suele atribuir el aforismo que dice: “Entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho es la paz”, aunque eso sea solo parcialmente exacto, porque la idea de que la paz entre las naciones solo poder alcanzarse cuando exista respeto al orden jurídico y no sea ya la guerra quien le conceda perpetuidad en los sepulcros (La paz perpetua, 2000, Porrúa, México).

La aportación de don Benito, sin embargo, no es peregrina, porque mientras Kant se refería a la paz mundial, él tradujo el valor de la consigna a términos de vida cotidiana entre los seres humanos.

Pero vale la pena, precisamente por eso y porque se iniciará el análisis del tema en la semana que hoy arranca, profundizar algo más en lo dicho por Kant, que mucho tiene que ver con circunstancias que se viven hoy en día.

Dice Kant que “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.

Sigue: “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.

Aunque la referencia es hecha, en esencia, a las naciones, la correcta transferencia juarista obliga a considerar que solo en una auténtica república, sometida a un orden jurídico justo e igualitario, podrán alcanzarse los ideales de paz pretendidos, no de otra manera ¿Es ese el caso de nuestras aparentes repúblicas?
24 Marzo 2019 03:42:00
Una paz duradera
En el marco de los foros de consulta destinada a recabar información, puntos de vista y otras aportaciones que puedan nutrir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se perfila uno sobre el tema de la paz, y tiene lugar en la semana siguiente a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, a quien se suele atribuir el aforismo que dice: “Entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, aunque eso sea solo parcialmente exacto, porque la idea de que la paz entre las naciones solo podrá alcanzarse cuando exista respeto al orden jurídico y no sea ya la guerra quien le conceda perpetuidad en los sepulcros (La paz perpetua, 2000, Porrúa, México).

La aportación de don Benito, sin embargo, no es peregrina, porque mientras Kant se refería a la paz mundial, él tradujo el valor de la consigna a términos de vida cotidiana entre los seres humanos.

Pero vale la pena, precisamente por eso y porque se iniciará el análisis del tema en la semana que hoy arranca, profundizar algo más en lo dicho por Kant, que mucho tiene que ver con circunstancias que se viven hoy en día.

Dice Kant que “la Constitución Republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la Constitución Republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz–, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.

Sigue: “la constitución Republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello.

En la constitución Republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz–, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto– que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.

Aunque la referencia es hecha, en esencia, a las naciones, la correcta transferencia juarista obliga a considerar que solo en una auténtica república, sometida a un orden jurídico justo e igualitario, podrán alcanzarse los ideales de paz pretendidos, no de otra manera ¿Es ese el caso de nuestras aparentes repúblicas?
17 Marzo 2019 04:00:00
La administración del sufrimiento como política pública
Uno de los efectos negativos del renacimiento más o menos reciente de los derechos humanos como categoría política es, a no dudarlo, el vaciamiento de la noción causado por el abuso de su invocación como recurso retórico, sin que en el fondo se les considere como imperativos políticos.

Esa circunstancia ha conducido, incluso, a la creación de rituales protocolarios no solo innecesarios, sino altamente inconvenientes, porque tienden cortinas de humo ocultan la inacción, aparentando preocupación por la materia. Así, por ejemplo, se firman convenios para establecer compromisos que ya constan en la constitución, los tratados y las leyes, que no requieren de compromisos o declaraciones adicionales para que sus imperativos sean válidos.

Hay todavía un efecto más pernicioso y socialmente corrosivo: “Los poderes de dominación elaboran diversas intervenciones tecnológicas para <> el sufrimiento social, mismas que intensifican este debido a sus efectos morales, económicos y de género, y a que terminan normalizando patologías sociales o patologizando la psicología del terror”, según con tino afirma Ariadna Estévez en su artículo “Los derechos humanos como administración del sufrimiento: el caso del derecho de asilo” (Gaceta “Políticas”, No. 270, “Sin fronteras”, febrero 2019), en referencia a la obra “Social Sufering” (coordinada por los investigadores Arthur Kleinman, Veena Das y Margaret M. Lock (1997, University of California Press).

“Estas políticas transforman las expresiones locales de las víctimas en lenguajes profesionales universales de queja y restitución —como el de derechos humanos, lo cual rehace las representaciones y experiencias de sufrimiento, induciendo a la intensificación del mismo”, y a su juicio, esa “burocratización” del sufrimiento social “tiene el objetivo de manipular el tiempo de las víctimas, pues la espera es una dimensión simbólica de la subordinación política”.

Es así como la vida de aquellos que sufren “acontece en un tiempo orientado por agentes poderosos, en una dominación que se transforma en espera” y anula la acción política adversa de esos colectivos sociales.

En cambio, se construyen sujetos “funcionales” y se conjuntan diversos tipos de lo que los autores citados denominan “necropolítica pública”, como son los “comités y comisiones especiales, reglamentos, unidades de atención a víctimas”, cuya operación se da a través de tecnologías que regulan la agencia política.

La primera de esas tecnologías que identifican es la “complejidad interinstitucional”, por medio de la cual se conjuntan “representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en comités o consejos en los que las organizaciones pueden o no tener representación, pero que sirven de foros de colaboración sin influencia real”.

A partir del andamiaje así construido, se pone en práctica “un complejo juego de trámites burocráticos que dan al sujeto la ilusión de que están avanzando hacia la justicia…aunque la característica fundamental sea la espera”.

La segunda es la “subjetivación”, por medio de la cual, las políticas públicas “construyen” a un “sujeto pasivo”, que es sujeto de intervención para gestionar “positivamente” su sufrimiento; los individuos se convierten en “objetos de intervención gubernamental que sólo esperan, y la espera genera comportamientos sumisos”.

La práctica nos ha enseñado que esa tecnología de las “necropolíticas públicas” ha sido ampliamente empleada, con efectos muy cercanos a la descripción de los que Kleiman, Das y Lock detectaron como conclusión de sus estudios en la materia.

Lo peor del caso es que no solo se han generado complejas tramas burocráticas y rituales de simulación para prolongar el efecto de la ilusión y la capacidad de control de las situaciones políticas derivadas del sufrimiento y el dolor, sino que también han dado lugar a la construcción de verdaderas organizaciones corporativas, con todo y “holding”, para encubrir -al margen de la ley o, cuando menos, con gran riesgo de ello- lucrativas gestiones que favorecen a unos cuantos que no son , precisamente, aquellas personas aquejadas por el sufrimiento.

En conclusión y por lo visto, el nombre de “necropolíticas públicas” que los autores en cita les dan a estas prácticas, por crudo que parezca, podría ser acertado.
17 Marzo 2019 03:13:00
La administración del sufrimiento como política pública
Uno de los efectos negativos del renacimiento más o menos reciente de los derechos humanos como categoría política es, a no dudarlo, el vaciamiento de la noción causado por el abuso de su invocación como recurso retórico, sin que en el fondo se les considere como imperativos políticos.

Esa circunstancia ha conducido, incluso, a la creación de rituales protocolarios no solo innecesarios, sino altamente inconvenientes, porque tienden cortinas de humo que ocultan la inacción, aparentando preocupación por la materia.

Así, por ejemplo, se firman convenios para establecer compromisos que ya constan en la Constitución, los tratados y las leyes, que no requieren de compromisos o declaraciones adicionales para que sus imperativos sean válidos.

Hay todavía un efecto más pernicioso y socialmente corrosivo: “los poderes de dominación elaboran diversas intervenciones tecnológicas para ‘tratar’ el sufrimiento social, mismas que intensifican este debido a sus efectos morales, económicos y de género, y a que terminan normalizando patologías sociales o patologizando la psicología del terror”, según con tino afirma Ariadna Estévez en su artículo Los Derechos Humanos como Administración del Sufrimiento: el Caso del Derecho de Asilo (Gaceta Políticas, No. 270, Sin Fronteras, febrero 2019), en referencia a la obra Social Sufering (coordinada por los investigadores Arthur Kleinman, Veena Das y Margaret M. Lock (1997, University of California Press).

“Estas políticas transforman las expresiones locales de las víctimas en lenguajes profesionales universales de queja y restitución –como el de derechos humanos–, lo cual rehace las representaciones y experiencias de sufrimiento, induciendo a la intensificación del mismo”, y a su juicio, esa “burocratización” del sufrimiento social “tiene el objetivo de manipular el tiempo de las víctimas, pues la espera es una dimensión simbólica de la subordinación política”.

Es así como la vida de aquellos que sufren “acontece en un tiempo orientado por agentes poderosos, en una dominación que se transforma en espera” y anula la acción política adversa de esos colectivos sociales.

En cambio, se construyen sujetos “funcionales” y se conjuntan diversos tipos de lo que los autores citados denominan “necropolítica pública”, como son los “comités y comisiones especiales, reglamentos, unidades de atención a víctimas”, cuya operación se da a través de tecnologías que regulan la agencia política.

La primera de esas tecnologías que identifican es la “complejidad interinstitucional”, por medio de la cual se conjuntan “representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en comités o consejos en los que las organizaciones pueden o no tener representación, pero que sirven de foros de colaboración sin influencia real”.

A partir del andamiaje así construido, se pone en práctica “un complejo juego de trámites burocráticos que dan al sujeto la ilusión de que están avanzando hacia la justicia… aunque la característica fundamental sea la espera”.

La segunda es la “subjetivación” por medio de la cual las políticas públicas “construyen” a un “sujeto pasivo”, que es sujeto de intervención para gestionar “positivamente” su sufrimiento; los individuos se convierten en “objetos de intervención gubernamental que sólo esperan, y la espera genera comportamientos sumisos”.

La práctica nos ha enseñado que esa tecnología de las “necropolíticas públicas” ha sido ampliamente empleada, con efectos muy cercanos a la descripción de los que Kleiman, Das y Lock detectaron como conclusión de sus estudios en la materia.

Lo peor del caso es que no sólo se han generado complejas tramas burocráticas y rituales de simulación para prolongar el efecto de la ilusión y la capacidad de control de las situaciones políticas derivadas del sufrimiento y el dolor, sino que también han dado lugar a la construcción de verdaderas organizaciones corporativas, con todo y “holding”, para encubrir –al margen de la ley o, cuando menos, con gran riesgo de ello– lucrativas gestiones que favorecen a unos cuantos que no son , precisamente, aquellas personas aquejadas por el sufrimiento.

En conclusión y por lo visto, el nombre de “necropolíticas públicas” que los autores en cita les dan a estas prácticas, por crudo que parezca, podría ser acertado.
10 Marzo 2019 04:00:00
Cien días
Cien días es una cifra arbitraria y un periodo muy corto, en general, para evaluar las acciones de política y gestión pública efectuadas, pero se hizo hábito, desde los últimos regímenes presidenciales del PRI, hacer un corte al concluirse ese lapso tras la asunción del poder ejecutivo por el ciudadano electo para ese fin.

Fiel a la tradición, el actual presidente ha dejado saber que hará un balance de su propia centuria inicial, de lo que habrá que estar pendientes. Mientras tanto, no está de más revisar, así sea someramente, algunas líneas de acción que sin duda apuntan al rumbo que él mismo se ha trazado.

Es claro que se ha empeñado en dos direcciones, que son políticamente complementarias: en primer lugar, de manera hasta hoy exitosa, ha puesto énfasis en el debilitamiento de los obstáculos que, a su juicio, enfrenta su perspectiva, sin parar mientes en las instituciones que le resultan incómodas; coincidentemente, sus esfuerzos por concentrar el poder en sus manos, y no compartirlo con nadie, son evidentes.

Ha podido hacerlo gracias al muy amplio margen de maniobra que le concedió el proceso electoral del año pasado cuando configuró las cámaras legislativas del país con correligionarios suyos, dando lugar a la capacidad de construir un orden jurídico, y por lo tanto un “estado de derecho”, a la medida. Eso, que no es promisorio, es, en cambio, enfáticamente riesgoso.

En los primeros tiempos, aún antes de rendir la protesta de ley, tomó decisiones drásticas de negativo impacto económico y muy discutible beneficio político en el largo plazo, lo que quizás no sea para él muy importante, porque es evidente que su mirada está puesta en la consolidación de su poder en la elección intermedia.

Aun así, las reacciones de las agencias financieras y la prospectiva económica auguran turbulencias severas si no se le pone la debida atención a la circunstancia económica en que México se desenvuelve inevitablemente.

En lo político, si bien es cierto que su actuación ha discurrido como cuchillo en mantequilla templada, también lo es que entre sus huestes han surgido diferendos que, muy pronto, podrían convertirse en fracturas severas de su aparentemente monolítico soporte.

Para muestra, tres botones: las sucesiones gubernamentales de Baja California y de Puebla -tras el todavía inexplicado suceso en que perdieran la vida la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle- y un tema que parece apuntar más a ser estructural que de coyuntura y que surgió con fuerza el día mismo de la mujer y que tiene que ver con su reclamo al derecho de interrumpir el embarazo, tema que AMLO rehúye cada vez que con él se le confronta y que, independientemente de las creencias y convicciones de cada quien, está y estará presente en el debate político, especialmente desde la izquierda.

Han sido cien días, además, de “conferencias mañaneras” de prensa, cuyo propósito aparente es mantener informado al pueblo, pero que evidentemente tiene el objetivo de señalar la agenda política y llevar el debate hacia terrenos propicios para sus estrategias, con el efecto adicional de que con esa táctica ha conseguido mantener un verdadero “cerco informativo”, porque no existe tema que pueda abordarse mediáticamente si no es de los tratados por él; en términos periodísticos, estaría desfasado del tópico del momento, que no es otro que el elegido por él.

Cien días en los que lo único incontestable es el intenso proceso de concentración de poder, sin que todavía pueda saberse para qué, porque las proclamas reivindicatorias de los derechos “del pueblo” distan de permitir vislumbrar apenas resultados factibles, sobre todo cuando se prenden, como se van ya prendiendo las alarmas económicas.

Tampoco las políticas se antojan convenientes, porque la división y la confrontación no hacen comunidad; la rompen y provocan discriminación.

El poder es instrumento destinado a la cohesión social y la preservación de los valores generales, no a su destrucción. No está de más recordarlo ahora, para tenerlo presente siempre.
10 Marzo 2019 03:59:00
Cien días
Cien días es una cifra arbitraria y un periodo muy corto, en general, para evaluar las acciones de política y gestión pública efectuadas, pero se hizo hábito, desde los últimos regímenes presidenciales del PRI, hacer un corte al concluirse ese lapso tras la asunción del poder Ejecutivo por el ciudadano electo para ese fin.

Fiel a la tradición, el actual Presidente ha dejado saber que hará un balance de su propia centuria inicial, de lo que habrá que estar pendientes. Mientras tanto, no está de más revisar, así sea someramente, algunas líneas de acción que sin duda apuntan al rumbo que él mismo se ha trazado.

Es claro que se ha empeñado en dos direcciones, que son políticamente complementarias: en primer lugar, de manera hasta hoy exitosa, ha puesto énfasis en el debilitamiento de los obstáculos que, a su juicio, enfrenta su perspectiva, sin parar mientes en las instituciones que le resultan incómodas; coincidentemente, sus esfuerzos por concentrar el poder en sus manos, y no compartirlo con nadie, son evidentes.

Ha podido hacerlo gracias al muy amplio margen de maniobra que le concedió el proceso electoral del año pasado cuando configuró las cámaras legislativas del país con correligionarios suyos, dando lugar a la capacidad de construir un orden jurídico, y por lo tanto un “estado de derecho”, a la medida. Eso, que no es promisorio, es, en cambio, enfáticamente riesgoso.

En los primeros tiempos, aún antes de rendir la protesta de ley, tomó decisiones drásticas de negativo impacto económico y muy discutible beneficio político en el largo plazo, lo que quizás no sea para él muy importante, porque es evidente que su mirada está puesta en la consolidación de su poder en la elección intermedia.

Aun así, las reacciones de las agencias financieras y la prospectiva económica auguran turbulencias severas si no se le pone la debida atención a la circunstancia económica en que México se desenvuelve inevitablemente.


En lo político, si bien es cierto que su actuación ha discurrido como cuchillo en mantequilla templada, también lo es que entre sus huestes han surgido diferendos que, muy pronto, podrían convertirse en fracturas severas de su aparentemente monolítico soporte.

Para muestra, tres botones: las sucesiones gubernamentales de Baja California y de Puebla –tras el todavía inexplicado suceso en que perdieran la vida la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle– y un tema que parece apuntar más a ser estructural que de coyuntura y que surgió con fuerza el día mismo de la mujer y que tiene que ver con su reclamo al derecho de interrumpir el embarazo, tema que AMLO rehuye cada vez que con él se le confronta y que, independientemente de las creencias y convicciones de cada quien, está y estará presente en el debate político, especialmente desde la izquierda.

Han sido cien días, además, de “conferencias mañaneras” de prensa, cuyo propósito aparente es mantener informado al pueblo, pero que evidentemente tiene el objetivo de señalar la agenda política y llevar el debate hacia terrenos propicios para sus estrategias, con el efecto adicional de que con esa táctica ha conseguido mantener un verdadero “cerco informativo”, porque no existe tema que pueda abordarse mediáticamente si no es de los tratados por él; en términos periodísticos, estaría desfasado del tópico del momento, que no es otro que el elegido por él.

Cien días en los que lo único incontestable es el intenso proceso de concentración de poder, sin que todavía pueda saberse para qué, porque las proclamas reivindicatorias de los derechos “del pueblo” distan de permitir vislumbrar apenas resultados factibles, sobre todo cuando se prenden, como se van ya prendiendo las alarmas económicas.

Tampoco las políticas se antojan convenientes, porque la división y la confrontación no hacen comunidad; la rompen y provocan discriminación.

El poder es instrumento destinado a la cohesión social y la preservación de los valores generales, no a su destrucción. No está de más recordarlo ahora, para tenerlo presente siempre.
03 Marzo 2019 04:00:00
Las falacias en la política (2)
Si la política es una actividad que pretende convencer a los demás miembros de una comunidad de que aquello que se propone como acción o programa es conveniente y positivo, la destreza en el arte de mover voluntades a partir de planteamientos que descansan en valores generalmente aceptado se convierte en un imperativo inexcusable.

Apelar a la razón con ese fin debería ser, como parece, lo natural. Sin embargo, según se ha comprobado por la moderna sicología social, las decisiones humanas no siempre se rigen por la razón, sino que lo hacen en muy buena medida desde reacciones por o principalmente emocionales, sobre todo cuando ese proceso tiene lugar en el seno de conglomerados masivos.

Los oradores políticos lo saben bien, o lo intuyen, y acuden al recurso de figuras retóricas grandilocuentes como instrumento eficaz para la consecución de tal propósito, no siempre veraces, no siempre bien construidas.

A pesar de eso, hay límites. Cuando el planteamiento falaz se confronta con las realidades y se ve contradicho por ellas, la razón emerge; no se deja engañar y se convierte, idealmente, en el antídoto.

De ahí que, por infortunio, el engaño y la simulación hagan acto de aparición en la escena, disfrazados de verdades incontestables, en argumentos que son sutilmente tramposos por incorrectos en su construcción, o por partir de premisas erróneas o de plano falsas.

Ya en la entrega anterior se ofrecieron algunos ejemplos típicos de construcción falaz, de entre los muchos que componen el universo de aquellos a los que más frecuente acuden quienes anteponen el interés personal a los destinos comunitarios que se les han confiado, los “aduladores del pueblo”, como también se llamaba en la antigüedad clásica a los demagogos.

Hoy se mencionan otras, con ningún otro fin que convocar a la reflexión frente a los argumentos falaces que por desgracia abundan y a los que no poco debe el declive en que los valores humanísticos han caído, corrompiendo el tejido social.

¿Quién no ha enfrentado apelaciones al sentimiento de piedad para justificar una acción o apoyarla? ¿Quién no se ha visto ante el intento de conducirlo a conclusiones determinadas bajo el argumento de autoridad?

De las últimas es frecuente toparse con aquellas que desde la antigüedad se llaman “ad verecundiam”, que quieren fundarse en la autoridad individual; o con las que ya entonces se agrupaban en la categoría denominada “ad populum”, que invocaba la autoridad del pueblo.

De las primeras, la apelación al temor o la amenaza de usar la fuerza, que se conocen como falacias “ad baculum”, en referencia a la contundencia que el báculo o bastón de la autoridad puede aportar a la aceptabilidad de los argumentos de quien lo porta.

También, por desgracia, son frecuentes las llamadas “falacias de transferencia”, aquellas que pretenden predicar de un todo determinado lo que solo cabe decir de una de sus partes, o a la inversa, como ocurre cuando se aduce que, porque una de las partes es disfuncional, lo es también el todo.

O la descalificación “ad hominem”, que tiene lugar cuando se pretende refutar una tesis a partir de la descalificación de la persona que la propone, en lugar de rebatir la propuesta misma.

Cosa similar pasa cuando se aduce que quien propone lo hace porque tiene intereses que se verían beneficiados si su proposición lógica fuera admitida, en lugar de atender al fondo y a la corrección formal del argumento mismo.

La lista puede seguir casi infinitamente, porque casi infinita es la capacidad de los seres humanos para encontrar sofismas capaces de aparecer como argumentos válidos, aunque en el fondo encierren engaños y falsedades; nada más lejos, además, de los propósitos de este artículo.

Valga, pues, cerrar estas reflexiones sobre los riesgos que representan tales argucias para la cotidiana tarea de construir civilidad, no sea que lleguen las horas de asumir desagradables consecuencias si son desestimados, como la historia enseña que ha sido siempre que eso acontece.

03 Marzo 2019 04:00:00
Las falacias en la política (2)
Si la política es una actividad que pretende convencer a los demás miembros de una comunidad de que aquello que se propone como acción o programa es conveniente y positivo, la destreza en el arte de mover voluntades a partir de planteamientos que descansan en valores generalmente aceptado se convierte en un imperativo inexcusable.

Apelar a la razón con ese fin debería ser, como parece, lo natural. Sin embargo, según se comprobado por la moderna sicología social, las decisiones humanas no siempre se rigen por la razón, sino que lo hacen en muy buena medida desde reacciones por o principalmente emocionales, sobre todo cuando ese proceso tiene lugar en el seno de conglomerados masivos. Los oradores políticos lo saben bien, o lo intuyen, y acuden al recurso de figuras retóricas grandilocuentes como instrumento eficaz para la consecución de tal propósito, no siempre veraces, no siempre bien construidas.

A pesar de eso, hay límites. Cuando el planteamiento falaz se confronta con las realidades y se ve contradicho por ellas, la razón emerge; no se deja engañar y se convierte, idealmente, en el antídoto.

De ahí que, por infortunio, el engaño y la simulación hagan acto de aparición en la escena, disfrazados de verdades incontestables, en argumentos que son sutilmente tramposos por incorrectos en su construcción, o por partir de premisas erróneas o de plano falsas.

Ya en la entrega anterior se ofrecieron algunos ejemplos típicos de construcción falaz, de entre los muchos que componen el universo de aquellos a los que más frecuente acuden quienes anteponen el interés personal a los destinos comunitarios que se les han confiado, los “aduladores del pueblo”, como también se llamaba en la antigüedad clásica a los demagogos.

Hoy se mencionan otras, con ningún otro fin que convocar a la reflexión frente a los argumentos falaces que por desgracia abundan y a los que no poco debe el declive en que los valores humanísticos han caído, corrompiendo el tejido social.

¿Quién no ha enfrentado apelaciones al sentimiento de piedad para justificar una acción o apoyarla? ¿Quién no se ha visto ante el intento de conducirlo a conclusiones determinadas bajo el argumento de autoridad?

De las últimas es frecuente toparse con aquellas que desde la antigüedad se llaman “ad verecundiam”, que quieren fundarse en la autoridad individual; o con las que ya entonces se agrupaban en la categoría denominada “ad populum”, que invocaba la autoridad del pueblo. De las primeras, la apelación al temor o la amenaza de usar la fuerza, que se conocen como falacias “ad baculum”, en referencia a la contundencia que el báculo o bastón de la autoridad puede aportar a la aceptabilidad de los argumentos de quien lo porta.

También, por desgracia, son frecuentes las llamadas “falacias de transferencia”, aquellas que pretenden predicar de un todo determinado lo que solo cabe decir de una de sus partes, o a la inversa, como ocurre cuando se aduce que, porque una de las partes es disfuncional, lo es también el todo.

O la descalificación “ad hominem”, que tiene lugar cuando se pretende refutar una tesis a partir de la descalificación de la persona que la propone, en lugar de rebatir la propuesta misma. Cosa similar pasa cuando se aduce que quien propone lo hace porque tiene intereses que se verían beneficiados si su proposición lógica fuera admitida, en lugar de atender al fondo y a la corrección formal del argumento mismo.

La lista puede seguir casi infinitamente, porque casi infinita es la capacidad de los seres humanos para encontrar sofismas capaces de aparecer como argumentos válidos, aunque en el fondo encierren engaños y falsedades; nada más lejos, además, de los propósitos de este artículo.

Valga, pues, cerrar estas reflexiones sobre los riesgos que representan tales argucias para la cotidiana tarea de construir civilidad, no sea que lleguen las horas de asumir desagradables consecuencias si son desestimados, como la historia enseña que ha sido siempre que eso acontece.
24 Febrero 2019 04:00:00
Las falacias en la política
En toda actividad social la comunicación es imprescindible. Compartir los códigos conceptuales es básico para entender los mensajes e ideas destinadas a establecer relaciones claras, que permitan el libre y consciente acceso a los acuerdos necesarios para establecer plataformas comunes.

Eso -que es válido lo mismo para las relaciones jurídicas, que para las transacciones económicas y otros intercambios sociales- es especialmente relevante en el campo de la política, una actividad que gira en torno del ejercicio del poder, es decir, de la capacidad de convencer a los integrantes de una comunidad de que ir juntos hacia un destino determinado es bueno, por justo y conveniente.

Por eso es tan importante que aquello que se comunique por quienes ejercen el liderazgo se exprese a través de propuestas claras y bien fundadas, para que cumplan con su finalidad de comunicar con corrección material y formal. Así, los destinatarios entenderán bien lo que se propone y podrán evaluarlo y optar libre y conscientemente por acceder al acuerdo o rechazarlo.

Aunque no se perciba a golpe de vista, el vehículo para establecer ese diálogo es siempre argumentativo, por lo que no está de más tener en cuenta que un argumento es una “serie de razones articuladas (premisas) que se aportan con el propósito de justificar o sostener otra (llamada conclusión”, como tan clara como concisamente expone Ricardo García Damborenea ( HYPERLINK “http://www.usoderazon.com/”
http://www.usoderazon.com/).

Los argumentos sirven, dice también, “para sostener la verdad (verosimilitud, conveniencia) de una conclusión”. Todo buen argumento ha de partir de premisas verdaderas y transitar hacia la conclusión mediante inferencias que garanticen, por bien justificadas, la corrección en el planteamiento.

Con frecuencia, sin embargo, los argumentos son construidos mal, “con lo que su finalidad no se alcanza”. Por infortunio, no es infrecuente encontrar “argumentos aparentes”, cuya consecuencia es engañar, distraer o descalificar al adversario.

Esas formas de argumentación que encierran errores o persiguen fines ilegítimos, son conocidas como falacias, de las cuales el autor citado incluye, en su diccionario, las que considera más frecuentes. De ellas, a guisa de ejemplo, entresaco un par que aquí, allá y acullá, es fácil distinguir en el quehacer de conducir los destinos de las diferentes “polis” que en el mundo existen y han existido.

Ese par es el que componen las falacias llamadas “ad hominem” y las que se conocen como “muñeco de paja”. Ambas categorías desvían la atención del asunto que se discute hacia la persona del adversario o sus circunstancias. Ambas se basan en el hecho de que el valor persuasivo de una persona descansa, determinantemente, en su prestigio, especialmente en los casos dudosos o cuando se trata de sostener afirmaciones basadas en conjeturas, o son de plano indemostrables.

La primera se refiere a la elusión de la cuestión debatida, enderezando la respuesta contra la persona que lo formuló, con la intención, precisamente, de descalificarla, y no contra los elementos del argumento que habría que refutar.

La segunda, a la creación de un personaje irreal, al cual, sin necesidad de nombrar a nadie particularmente identificado, se le achaquen las culpas, errores y descalificaciones que, en el caso anterior, tenían un objetivo preciso.

“La difamación es tan frecuente en la vida pública -dice García Damborenea- porque los políticos comprenden instintivamente la necesidad de arruinar el crédito moral de sus adversarios. En un dirigente sin prestigio los argumentos parecerán argucias, las emociones farsa, y la sinceridad, hipocresía”.

Muchas categorías más de falacias existen y todas ellas caben -unas más, otras menos- en el ámbito de lo político, pero estas dos son especialmente frecuentes. En la política, no importa dónde ni cuándo tenga lugar, la pugna por ensalzar la imagen propia y desprestigiar la ajena es un ardid muy socorrido.

Lo cierto es que, por inducir al error, vengan de donde vengan, esas y cualesquier otras falacias resquebrajan el pacto social, incluso uno bien fincado; por eso resulta ineludible guardarse de su amenaza y sería imperdonable dejar de hacerlo.
24 Febrero 2019 03:55:00
Las falacias en la política
En toda actividad social la comunicación es imprescindible. Compartir los códigos conceptuales es básico para entender los mensajes e ideas destinadas a establecer relaciones claras, que permitan el libre y consciente acceso a los acuerdos necesarios para establecer plataformas comunes.

Eso -que es válido lo mismo para las relaciones jurídicas, que para las transacciones económicas y otros intercambios sociales- es especialmente relevante en el campo de la política, una actividad que gira en torno del ejercicio del poder, es decir, de la capacidad de convencer a los integrantes de una comunidad de que ir juntos hacia un destino determinado es bueno, por justo y conveniente.

Por eso es tan importante que aquello que se comunique por quienes ejercen el liderazgo se exprese a través de propuestas claras y bien fundadas, para que cumplan con su finalidad de comunicar con corrección material y formal. Así, los destinatarios entenderán bien lo que se propone y podrán evaluarlo y optar libre y conscientemente por acceder al acuerdo o rechazarlo.

Aunque no se perciba a golpe de vista, el vehículo para establecer ese diálogo es siempre argumentativo, por lo que no está de más tener en cuenta que un argumento es una “serie de razones articuladas (premisas) que se aportan con el propósito de justificar o sostener otra (llamada conclusión”, tan clara como concisamente expone Ricardo García Damborenea (
http://www.usoderazon.com/).

Los argumentos sirven, dice también, “para sostener la verdad (verosimilitud, conveniencia) de una conclusión”. Todo buen argumento ha de partir de premisas verdaderas y transitar hacia la conclusión mediante inferencias que garanticen, por bien justificadas, la corrección en el planteamiento.

Con frecuencia, sin embargo, los argumentos son construidos mal, “con lo que su finalidad no se alcanza”. Por infortunio, no es infrecuente encontrar “argumentos aparentes”, cuya consecuencia es engañar, distraer o descalificar al adversario.

Esas formas de argumentación que encierran errores o persiguen fines ilegítimos, son conocidas como falacias, de las cuales el autor citado incluye, en su diccionario, las que considera más frecuentes. De ellas, a guisa de ejemplo, entresaco un par que aquí, allá y acullá, es fácil distinguir en el quehacer de conducir los destinos de las diferentes “polis” que en el mundo existen y han existido.

Ese par es el que componen las falacias llamadas “ad hominem” y las que se conocen como “muñeco de paja”. Ambas categorías desvían la atención del asunto que se discute hacia la persona del adversario o sus circunstancias. Ambas se basan en el hecho de que el valor persuasivo de una persona descansa, determinantemente, en su prestigio, especialmente en los casos dudosos o cuando se trata de sostener afirmaciones basadas en conjeturas, o son de plano indemostrables.

La primera se refiere a la elusión de la cuestión debatida, enderezando la respuesta contra la persona que lo formuló, con la intención, precisamente, de descalificarla, y no contra los elementos del argumento que habría que refutar.

La segunda, a la creación de un personaje irreal, al cual, sin necesidad de nombrar a nadie particularmente identificado, se le achaquen las culpas, errores y descalificaciones que, en el caso anterior, tenían un objetivo preciso.

“La difamación es tan frecuente en la vida pública -dice García Damborenea- porque los políticos comprenden instintivamente la necesidad de arruinar el crédito moral de sus adversarios. En un dirigente sin prestigio los argumentos parecerán argucias, las emociones farsa, y la sinceridad, hipocresía”.

Muchas categorías más de falacias existen y todas ellas caben -unas más, otras menos- en el ámbito de lo político, pero estas dos son especialmente frecuentes. En la política, no importa dónde ni cuándo tenga lugar, la pugna por ensalzar la imagen propia y desprestigiar la ajena es un ardid muy socorrido.

Lo cierto es que, por inducir al error, vengan de donde vengan, esas y cualesquier otras falacias resquebrajan el pacto social, incluso uno bien fincado; por eso resulta ineludible guardarse de su amenaza y sería imperdonable dejar de hacerlo.
17 Febrero 2019 04:00:00
Las buenas intenciones
Las causas pueden ser justas y los propósitos loables; los postulados y reclamos, irrebatibles; las intenciones, buenas. Se pueden compartir y hasta aplaudir muchos objetivos: sanar el cuerpo social de la corrupción, combatir la extendida criminalidad, recuperar la seguridad pública perdida, y un largo etcétera cuya obviedad lacera y obstruye el desarrollo pleno de México y quienes lo componemos.

¿Quién puede negar que las inequidades sociales en nuestro país son execrables y perniciosas, no sólo en el ámbito de la moral, sino también como rémora para el crecimiento del país entero? ¿Quién negaría que la corrupción ha corroído muchas instituciones hasta las bases? ¡Y qué decir de la extendida dimensión del crimen organizado!

Ni en el marco de la ética pragmática más extrema –que sólo buscara la utilidad de unos pocos– podrían encontrarse argumentos para rebatir la condena de tales lacras. Aun así, es imposible dejar de lado el hecho de que el gran peso del subdesarrollo se convertiría en un lastre, insuperable a la postre, y eso en el caso de que el poder destructivo de la delincuencia organizada dejara lugar para que pudiera alentar la vida civilizada en nuestro país.

Por eso es inevitable disentir de la metodología empleada hasta hoy por la autodenominada “cuarta transformación”, que ha hecho gala de ímpetu e intensidad, pero creo que también de insubsistencia estratégica. Tiene además, la debilidad de depender de un liderazgo carismático y no de una clara, sólida y vasta plataforma programática, fundada en algo más que buena fe, que hay que presumir según un viejo principio, salvo prueba en contrario.

Es indudable que las instituciones necesitan de remozamiento, de una “puesta al día” que las haga funcionar en vista de la misión que les corresponde. Ese es un imperativo de auténtica legitimidad, la que se construye día a día ejerciendo el poder del Gobierno en procura del bien de toda la comunidad, y no sólo
parte de ella.

También es cierto que los viejos paradigmas están en crisis, pero no es destruyendo aquéllas y éstos como podrán establecerse los nuevos diseños estructurales y de operatividad que se necesitan. Verdad de Perogrullo es decir que su destrucción indiscriminada no sólo impediría mejorar su desempeño, sino que lo haría imposible.

Tampoco sirven a ese fin las descalificaciones, diatribas y denuestos, ni la retórica que distrae o se funda en los buenos deseos, la imaginación o cualquier otro argumento portador de premisas o inferencias que pudieran ser tachados de falacia.

Mientras no se instrumenten verdaderos diagnósticos –no meras percepciones, por difundidas y cercanas que pudieran ser a la realidad– y se diseñen los planes y programas estratégicos indispensables para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas imprescindibles para erradicar los males y reorientar hacia un rumbo correcto el quehacer del país a través del derecho, los buenos augurios no serán sino ilusiones inconsistentes.

No es cuestión de ideologías, como tampoco de utilitarismo. Es cosa de describir en detalle la circunstancia, definir los propósitos, precisarlos a fondo para volverlos objetivos, que cuantificados se conviertan en metas, y sea así posible no nada más definir la ruta, sino instrumentar las políticas públicas correctamente diseñadas para evaluar su calidad y
evolución permanentemente.

La buena política se sustenta en valores generalizados, pero se concreta a través de una gestión congruente con ellos, técnicamente adecuada. No se puede ir por el mundo a trocha y a mocha, como tumbando caña, a menos que lo que se quiera sea nada más y precisamente eso: la destrucción de las estructuras básicas del país, con fines inconfesados y ocultos, lo que creo que sólo en un ejercicio “ad absurdum” cabría considerar.

Diagnósticos precisos, no apreciaciones vagas y difusas; responsabilidades, y no sólo acusaciones. Planes y programas, estrategias y tácticas, es lo que se echa de menos para que el ejercicio gubernativo sea más que buenas intenciones, porque de ellas, ya lo dice la voz del pueblo sabio, “está sembrado el
camino del infierno”.

17 Febrero 2019 04:00:00
Las buenas intenciones
Las causas pueden ser justas y los propósitos loables; los postulados y reclamos, irrebatibles; las intenciones buenas. Se pueden compartir, y hasta aplaudir, muchos objetivos: Sanar el cuerpo social de la corrupción, combatir la extendida criminalidad, recuperar la seguridad pública perdida, y un largo etcétera cuya obviedad lacera y obstruye el desarrollo pleno de México y quienes lo componemos.

¿Quién puede negar que las inequidades sociales en nuestro país son execrables y perniciosas, no solo en el ámbito de la moral, sino también como rémora para el crecimiento del país entero? ¿Quién que la corrupción ha corroído muchas instituciones hasta las bases? ¡Y qué decir de la extendida dimensión del crimen organizado!

Ni en el marco de la ética pragmática más extrema, que solo buscara la utilidad de unos pocos, podrían encontrarse argumentos para rebatir la condena de tales lacras. Aun así, es imposible dejar de lado el hecho de que el gran peso del subdesarrollo se convertiría en un lastre, insuperable a la postre, y eso en el caso de que el poder destructivo de la delincuencia organizada dejara lugar para que pudiera alentar la vida civilizada en nuestro país.

Por es inevitable disentir de la metodología empleada hasta hoy por la autodenominada “cuarta transformación”, que ha hecho gala de ímpetu e intensidad, pero creo que también de insubsistencia estratégica. Tiene, además, la debilidad de depender de un liderazgo carismático, y no de una clara, sólida y vasta plataforma programática, fundada en algo más que buena fe, que hay que presumir según un viejo principio, salvo prueba en contrario.

Es indudable que las instituciones necesitan de remozamiento, de una “puesta al día” que las haga funcionar en vista de la misión que les corresponde. Ese es un imperativo de auténtica legitimidad, la que se construye día a día ejerciendo el poder del gobierno en procura del bien de toda la comunidad, y no solo parte de ella.

También es cierto que los viejos paradigmas están en crisis, pero no es destruyendo aquéllas y éstos como podrán establecerse los nuevos diseños estructurales y de operatividad que se necesitan. Verdad de Perogrullo es decir que su destrucción indiscriminada no solo impediría mejorar su desempeño, sino que lo haría imposible.

Tampoco sirven a ese fin las descalificaciones, diatribas y denuestos, ni la retórica que distrae o se funda en los buenos deseos, la imaginación o cualquier otro argumento portador de premisas o inferencias que pudieran ser tachados de falacia.

Mientras no se instrumenten verdaderos diagnósticos -no meras percepciones, por difundidas y cercanas que pudieran ser a la realidad- y se diseñen los planes y programas estratégicos indispensables para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas imprescindibles para erradicar los males y reorientar hacia un rumbo correcto el quehacer del país a través del derecho, los buenos augurios no serán sino ilusiones
inconsistentes.

No es cuestión de ideologías, como tampoco de utilitarismo. Es cosa de describir en detalle la circunstancia, definir los propósitos, precisarlos a fondo para volverlos objetivos, que cuantificados se conviertan en metas, y sea así posible no nada más definir la ruta, sino instrumentar las políticas públicas correctamente diseñadas y evaluar su calidad y evolución permanentemente.

La buena política se sustenta en valores generalizados, pero se concreta a través de una gestión congruente con ellos, técnicamente adecuada. No se puede ir por el mundo a trocha y a mocha, como tumbando caña, a menos que lo que se quiera sea nada más y precisamente eso: la destrucción de las estructuras básicas del país, con fines inconfesados y ocultos, lo que creo que solo en un ejercicio “ad absurdum” cabría considerar.

Diagnósticos precisos, no apreciaciones vagas y difusas; responsabilidades, y no solo acusaciones. Planes y programas, estrategias y tácticas, es lo que se echa de menos para que el ejercicio gubernativo sea más que buenas intenciones, porque de ellas, ya lo dice la voz del pueblo sabio, “está sembrado el camino del infierno”.
10 Febrero 2019 04:00:00
Machetazo a caballo de espadas
Concluyó una semana agitada. Dentro del cúmulo de acontecimientos noticias y efemérides importantes, destaco una nota que trasciende el folclore político en que aparentemente podría inscribirse, porque se trata de un acto de taumaturgia retórica que quiso invertir los polos del control social del poder público: AMLO presentó, según el mismo afirmó en su cotidiana conferencia de prensa el 8 de febrero pasado, una queja ante la CNDH, relativa al bloqueo de las vías ferroviarias en Michoacán por personas pertenecientes a la CNTE.

Un reportero preguntó: “Oiga, hoy se cumplen 25 días de este bloqueo que mantiene la CNTE en Michoacán, la verdad es que un día bloquean una vía férrea, al siguiente lo desbloquean, pero vuelven a bloquear de nuevo una vía férrea… ¿Cómo está leyendo el gobierno federal? Pareciera que la CNTE siempre se convierte en un problema para los gobiernos, sí, estatales, pero también para el gobierno federal, ¿cómo lo están leyendo?”

Tras una breve preámbulo para precisar su punto de vista acerca de la necesidad de distinguir entre la CNTE y el “grupo de maestros” de Michoacán, así como para expresar una breve referencia a su noción de democracia, dijo: “Entonces, yo vuelvo a hacerles un exhorto, un llamamiento, de que liberen las vías y también informarles que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos…Le instruí al consejero jurídico que presentara ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por violación a derechos humanos, para que la Comisión de Derechos Humanos recomiende lo que deba de hacerse”.

No solo eso. El reportero interlocutor siguió preguntando: “¿Esta queja se presentó contra los líderes o contra los que están bloqueando?” La respuesta fue: “Contra quien resulte responsable y que la Comisión dé una recomendación, porque hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad. Y ahora lo que se va a hacer en estos casos es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos recomiende, o sea, ¿qué se hace en estos casos?”.

La respuesta no se Hizo esperar. El mismo día, la CNDH publicó un comunicado de prensa en el que asienta: “Ante el anuncio hecho el día de hoy por la Presidencia de la República, en el sentido de que habría instruido al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que presentara una queja ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que la misma recomiende las acciones que se deban tomar en relación con los bloqueos de vías férreas que actualmente se llevan a cabo, este Organismo Nacional buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos”.

La CNDH concluyó diciendo: “El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas”.

Más claro, el agua. El intento de reversión argumentativa anticipada tuvo una respuesta adecuada y oportuna. Las autoridades y los entes públicos solo pueden hacer aquello para lo que han sido creados y dotados de atribuciones. Esa facultad no es potestativa; si es límite, también es impulso; la atribución impele a cumplir con las funciones encomendadas, sin excusa ni pretexto.

Esa es la esencia del “estado de derecho”, no otra.
10 Febrero 2019 03:31:00
Machetazo a caballo de espadas
Concluyó una semana agitada. Dentro del cúmulo de acontecimientos noticias y efemérides importantes, destaco una nota que trasciende el folclor político en que aparentemente podría inscribirse, porque se trata de un acto de taumaturgia retórica que quiso invertir los polos del control social del poder público: AMLO presentó, según él mismo afirmó en su cotidiana conferencia de prensa el 8 de febrero pasado, una queja ante la CNDH, relativa al bloqueo de las vías ferroviarias en Michoacán por personas pertenecientes a la CNTE.

Un reportero preguntó: “Oiga, hoy se cumplen 25 días de este bloqueo que mantiene la CNTE en Michoacán, la verdad es que un día bloquean una vía férrea, al siguiente lo desbloquean, pero vuelven a bloquear de nuevo una vía férrea… ¿Cómo está leyendo el Gobierno federal? Pareciera que la CNTE siempre se convierte en un problema para los gobiernos, sí, estatales, pero también para el Gobierno federal, ¿cómo lo están leyendo?”.

Tras un breve preámbulo para precisar su punto de vista acerca de la necesidad de distinguir entre la CNTE y el “grupo de maestros” de Michoacán, así como para expresar una breve referencia a su noción de democracia, dijo: “Entonces, yo vuelvo a hacerles un exhorto, un llamamiento, de que liberen las vías y también informarles que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos… Le instruí al consejero jurídico que presentara ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por violación a derechos humanos, para que la Comisión de Derechos Humanos recomiende lo que deba de hacerse”.

No sólo eso. El reportero interlocutor siguió preguntando: “¿Esta queja se presentó contra los líderes o contra los que están bloqueando?”. La respuesta fue: “Contra quien resulte responsable y que la Comisión dé una recomendación, porque hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad. Y ahora lo que se va a hacer en estos casos es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos recomiende, o sea, ¿qué se hace en estos casos?”.

La respuesta no se hizo esperar. El mismo día, la CNDH publicó un comunicado de prensa en el que asienta: “Ante el anuncio hecho el día de hoy por la Presidencia de la República, en el sentido de que habría instruido al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para que presentara una queja ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que la misma recomiende las acciones que se deban tomar en relación con los bloqueos de vías férreas que actualmente se llevan a cabo, este organismo nacional buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos”.

La CNDH concluyó diciendo: “El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas”.

Más claro, el agua. El intento de reversión argumentativa anticipada tuvo una respuesta adecuada y oportuna. Las autoridades y los entes públicos sólo pueden hacer aquello para lo que han sido creados y dotados de atribuciones. Esa facultad no es potestativa; si es límite, también es impulso; la atribución impele a cumplir con las funciones encomendadas, sin excusa ni pretexto.

Esa es la esencia del “estado de derecho”, no otra.
03 Febrero 2019 04:00:00
La migración, los derechos y la diplomacia
La migración, un fenómeno tan antiguo como la humanidad, se ha incrementado en proporciones alarmantes durante las últimas décadas y sigue creciendo en todo el mundo.

A Europa llegan oleadas de seres humanos que escapan de África en busca de la vida que no pueden tener en su tierra de
origen.

En América, las personas emigran, sobre todo de Centroamérica hacia Estados Unidos, por razones similares, arriesgando su vida misma, porque dicen que “el perdido va a todas”.

Deslumbrados por el fulgor del “American way of life” y movidos por la esperanza de una vida mejor, se echan a andar la legua sin parar en los peligros y desazones que los acechan.

México ha sido, tradicionalmente, expulsor de migrantes hacia su vecino norteño, donde muchísimos compatriotas han sentado sus reales. Hoy, sin perder ese papel, se ha vuelto también corredor de paso para quienes, por oleadas, huyen de la pobreza, las maras y la desesperanza de sus países.

No todos llegan, y quienes lo logran, lo hacen mermados y con el riesgo inminente de ser rechazados por el país al que se han empeñado en llegar.

Mientras tanto, a su paso por el nuestro, siempre será necesario tener presente que, como seres humanos que son, tienen derechos que demandan el mismo respeto que merecen todas las personas que pisan nuestro suelo.

Las razones humanitarias, además, piden que sean atendidas sus necesidades elementales, tema en el que las comunidades han dado muestras sobradas de hospitalidad solidaria y las autoridades, en general, no han hecho menos.

A pesar del impacto mayúsculo que implica el arribo inesperado de los contingentes que a últimas fechas han llegado a las fronteras del norte y el que representará la llegada de muchos más, se ha hecho lo posible por darles cobijo.

Eso no basta ni servirá para resolver los problemas que han impulsado a esos miles de personas a emprender la riesgosa
travesía.

Tienen derechos, qué duda cabe; en México deben respetarse, pero también en cualquier otro país, incluido Estados Unidos, que tanto se han beneficiado, además, con la contribución de quienes desde este sur suyo han llegado para aportar, no sólo mano de obra, sino también impuestos, ingenio y
emprendimiento.

No ha sido así, lamentablemente. Las fronteras del norte mexicano están comprimidas por ambos lados: de una parte, la oleada migratoria que quiere llegar al destino elegido; de otra, por la inhumana e ilegal reacción del Gobierno estadunidense que ha decidido unilateralmente regresar al territorio mexicano a todos aquellos solicitantes de asilo político, mientras el prolongado trámite de su petición se resuelve.

A ellos hay que sumar numerosos contingentes de congéneres que, “repatriados”, en vez de ser enviados a sus lugares de origen, son puestos en las fronteras con México y dejados a su suerte.

Nada podrá resolverse mientras Estados Unidos persista en esa actitud suya rayana en la xenofobia.

Hace falta más, mucho más que adoptar medidas paliativas para mitigar las penalidades que aquejan a los migrantes y reconocer sus derechos. Se requiere una intensa, inteligente y diestra actividad diplomática, para despresurizar, primero, y abrir vías de solución, desde ya, a las causas profundas de tan intensa
emigración.

Esa es una asignatura pendiente de nuestra política exterior, que bien haría en volver la vista a tal lado para defender con más énfasis lo que es su deber hacerlo, antes que comprometer la autoridad moral buscando argumentos para justificar la “neutralidad” ante situaciones palmariamente opresivas e ilegítimas, como ha ocurrido.

Nuestra cancillería y el Departamento de Estado, en Washington, harían bien en tener presente la frase que Ortega y Gasset inscribió en Meditaciones del Quijote, citada con frecuencia de manera incompleta: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

Esos miles de mujeres, niños y varones migrantes, y sus comunidades de origen, son nuestra circunstancia; si no la salvamos, tampoco nos salvaremos nosotros.

03 Febrero 2019 04:00:00
La migración, los derechos y la diplomacia
La migración, un fenómeno tan antiguo como la humanidad, se ha incrementado en proporciones alarmantes durante las últimas décadas, y sigue creciendo en todo el mundo.

A Europa llegan oleadas de seres humanos que escapan de África en busca de la vida que no pueden tener en su tierra de origen.

En América, las personas emigran, sobre todo de Centroamérica hacia Estados Unidos, por razones similares, arriesgando su vida misma, porque dicen que “el perdido va a todas”.

Deslumbrados por el fulgor del “American way of life” y movidos por la esperanza de una vida mejor, se echan a andar la legua sin parar mientes en los peligros y desazones que los acechan.

México ha sido, tradicionalmente, expulsor de migrantes hacia su vecino norteño, donde muchísimos compatriotas han sentado sus reales. Hoy, sin perder ese papel, se ha vuelto también corredor de paso para quienes, por oleadas, huyen de la pobreza, las maras y la desesperanza de sus países.

No todos llegan, y quienes lo logran, lo hacen mermados y con el riesgo inminente de ser rechazados por el país al que se han empeñado en llegar.

Mientras tanto, a su paso por el nuestro, siempre será necesario tener presente que, como seres humanos que son, tienen derechos que demandan el mismo respeto que merecen todas las personas que pisan nuestro suelo.

Las razones humanitarias, además, piden que sean atendidas sus necesidades elementales, tema en el que las comunidades han dado muestras sobradas de hospitalidad solidaria y las autoridades, en general, no han hecho menos.

A pesar del impacto mayúsculo que implica el arribo inesperado de los contingentes que a últimas fechas han llegado a las fronteras del norte y el que representará la llegada de muchos más, se ha hecho lo posible por darles cobijo.

Eso no basta ni servirá para resolver los problemas que han impulsado a esos miles de personas a emprender la riesgosa travesía.

Tienen derechos, qué duda cabe; en México deben respetarse, pero también en cualquier otro país, incluidos los Estados Unidos, que tanto se han beneficiado, además, con la contribución de quienes desde este sur suyo han llegado para aportar, no solo mano de obra, sino también impuestos, ingenio y emprendimiento.

No ha sido así, lamentablemente. Las fronteras del norte mexicano están comprimidas por ambos lados: De una parte, la oleada migratoria que quiere llegar al destino elegido; de otra, por la inhumana e ilegal reacción del gobierno estadounidense, que ha decidido unilateralmente regresar al territorio mexicano a todos aquellos solicitantes de asilo político, mientras el prolongado trámite de su petición se resuelve.

A ellos hay que sumar numerosos contingentes de congéneres que, “repatriados”, en vez de ser enviados a sus lugares de origen, son puestos en las fronteras con México y dejados a su suerte.

Nada podrá resolverse mientras Estados Unidos persista en esa actitud suya, rayana en la xenofobia.

Hace falta más, mucho más, que adoptar medidas paliativas para mitigar las penalidades que aquejan a los migrantes y reconocer sus derechos. Se requiere una intensa, inteligente y diestra actividad diplomática, para despresurizar, primero, y abrir vías de solución, desde ya, a las causas profundas de tan intensa emigración.

Esa es una asignatura pendiente de nuestra política exterior, que bien haría en volver la vista a tal lado para defender con más énfasis lo que es su deber hacerlo, antes que comprometer la autoridad moral buscando argumentos para justificar la “neutralidad” ante situaciones palmariamente opresivas e ilegítimas, como ha ocurrido.

Nuestra cancillería y el Departamento de Estado, en Washington, harían bien en tener presente la frase que Ortega y Gasset inscribió en “Meditaciones del Quijote”, citada con frecuencia de manera incompleta: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

Esos miles de mujeres, niños y varones migrantes, y sus comunidades de origen, son nuestra circunstancia; si no la salvamos, tampoco nos salvaremos nosotros.
27 Enero 2019 04:00:00
México, Venezuela y la ‘Doctrina Estrada’
México ha sido un país acosado por las grandes potencias; no es extraño, entonces, que haya desarrollado, en su defensa, los principios de “autodeterminación de los pueblos” y “no intervención”, constitutivos propiamente la “doctrina Estrada” y fueron el embrión del conjunto que hoy establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción X de su artículo 89, como “principios normativos” de la política exterior mexicana: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

La noción original se ha visto enriquecida de modo que, sin perder el sentido pacifista que la fundara en el tiempo de su creación, se ha superado la posición pasiva de la abstención, a la muy activa de la “protección y promoción de los derechos humanos”.

En esos extremos se encuentra hoy el desafío que para la política exterior mexicana representa la cuestión venezolana, que tan extensamente tiene agitado al mundo y parece plantear una paradoja irresoluble.

Para salvar ese obstáculo, me parece, habría que formular el planteamiento desde la perspectiva que ofrece el contexto sociopolítico de nuestros días, que dista mucho de aquel imperante en la primera mitad del siglo pasado, cuando la doctrina Estrada fue adoptada y promovida por México.

En aquel entonces el mundo estaba parcelado entre comunidades bien delimitadas por la estructura estatal que a cada una correspondía y la noción de “soberanía” -renacentista, por cierto- era la piedra de toque de una presunción de legitimidad que bastaba como recurso técnico constitucional para conjugar el poder jurídico -la autorización de la ley para actuar de una manera determinada- con el poder político -la capacidad real de mover las decisiones mayoritarias en un sentido determinado- que podían así caminar en paralelo, aunque hubiera tensiones entre ambos.

Cuando se rompen las barreras fronterizas para la comunicación, esas comunidades se transforman en un sistema global, mientras que el poder político real se desplaza a centros fuera del alcance de los contrapesos tradicionales, puesto que no están sujetos al derecho internacional, porque le son ajenas, ni a un régimen estatal determinado, porque su operación es global.

El nuevo poder, que no tiene límites y cuyo fin es primordialmente económico, aduce que solo en el “libre mercado”, sin ataduras, es posible estructurar viablemente todo orden social.

La pugna por recuperar las libertades y derechos conculcados ante tal aberrante falacia no se hizo esperar; la reacción ha tenido tanto vigor que obligó a los gobiernos y a los organismos internacionales a adoptarlos como bandera prioritaria. De ahí su calidad de “idea fuerza” de una auténtica legitimidad hoy en día.

En esas condiciones cabe preguntarse: ¿es lícito mantenerse al margen de situaciones que, a todas luces, implican vulneración grave de los derechos fundamentales, sea donde sea que ellas ocurran?

La sana convivencia y la buena vecindad implican respeto de las cosas ajenas y abstención de intervenir en las decisiones de la casa vecina, pero ¿cabe permanecer pasivo cuando en ella se masacra a sus habitantes o el dueño decide efectuar actividades ilícitas?

Valga esa hipérbole para ilustrar cómo es necesario establecer prioridades basadas en la ponderación justa de los bienes tutelados por los principios y las normas, como ha de hacerse en el caso que ocupa la atención.

¿Acaso el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano no implica abogar por la protección y promoción de sus derechos? ¿El hecho de no intervenir en su libre determinación deja lugar a la pasividad, sobre todo si se atiende al principio, parte del sistema rector de la política exterior mexicana, que manda “asumir la cooperación internacional para el desarrollo”?

Creo primordial el planteamiento de esas cuestiones para romper cualquier paradoja.
20 Enero 2019 04:00:00
Entre el poder y la fuerza
En el centro del debate político de nuestros días, está la tensión que se da entre el poder, especialmente el político, y la fuerza. Esa cuestión, a mi juicio, merece una mayor reflexión. La confusión entre “poder” y “fuerza” es frecuente, tal vez por la fuerte reminiscencia de Weber, que permanece impregnado en las corrientes dominantes del pensamiento en la materia.

Da la impresión de que se pierde de vista que los sistemas sociales siempre se forman a través de la comunicación –solo así pueden establecerse los vínculos– y ella suponen procesos de selección entre opciones diversas, que sólo podrá realizarse si se está en libertad de aceptarlas o rechazarlas.

En ese contexto, el poder tiene que ver con la capacidad de orientar, y con ello distribuir, las preferencias ante las alternativas posibles y, por lo tanto, depende mucho de cómo se planteen las ofertas de ellas. Supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio e implica, si es efectivo, influir en la selección de las acciones u omisiones propuestas, frente a otras posibilidades; por eso es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de otras posibilidades de acción que pudieran ser atractivas y aun podrá aumentarse cuando se amplíe la libertad de elección para quien sea objeto de él.

Si el poder supone libertad de elección, debe diferenciarse de la fuerza, que reduce a cero las opciones para quien por ella se vea limitada. Emplear la coerción implica, por eso, renunciar a las ventajas que proporcionan los símbolos generalizadamente aceptados –es decir, los valores compartidos– que guían la selectividad de cada miembro de la sociedad. Quien ejerce la fuerza asume la carga de seleccionar y decidir; la coerción, por tanto, se da donde y cuando hay carencia de poder.

Por eso, la capacidad de inducir una conducta determinada en otro u otros es específicamente política cuando esa capacidad se inscribe en el orden totalizador de una comunidad determinada –hasta hoy y desde el renacimiento, típicamente el estado– y es suficiente para influir en el curso de las decisiones y acciones propias de sus funciones, sin importar si la fuente de esa capacidad es económica, ideológica, cultural o de cualquier otra naturaleza, y no importa si esa capacidad se expresa –o es expresable– en un ambiente de conflicto o de concordia, aunque comúnmente se reconoce sobre todo en aquel.

Fuerza y poder son cosas diferentes; es más: se excluyen recíprocamente. El poder es siempre capacidad de hacer algo, y en el terreno de las conductas sociales, ese “algo” consiste en conjugar las voluntades individuales, de manera generalizada o cuando menos mayoritaria, para orientarlas articuladamente hacia un propósito o propósitos determinados. Es, si se quiere, poder de convicción.

Así las cosas, el grado poder político se define por la capacidad de mover voluntades hacia el rumbo que señala otra en cuestiones relevantes para la vida comunitaria. Necesita, por tanto, ser ejercido por alguien, pero también acatado por otros que, si son suficientemente numerosos, determinarán el rumbo colectivo o, cuando menos, influirán en él.

En el contexto sociopolítico del tiempo que corre, es claro que las posibilidades de opción se han visto disminuidas, habiendo sufrido un paulatino deterioro desde hace ya mucho tiempo.

Revertir esa tendencia requerirá algo más que discursos y negociaciones de coyuntura; hacen falta adecuaciones estructurales, no sólo ni principalmente en las leyes, sino en la cultura cívica, para recuperar los valores genuinos.

Recuperarlos, es tarea de todos; en el diálogo, no en la diatriba. No estaría mal tener presente, para ello, lo que escribió Hermann Hesse en Narciso y Goldmundo: “No es nuestro objetivo fundirnos los unos en los otros, como tampoco lo hacen el sol y la luna o el mar y la tierra. Nuestro fin es reconocernos mutuamente y aprender a ver y a honrar en el otro lo que es: contraposición y complemento de uno mismo”.
20 Enero 2019 04:00:00
Entre el poder y la fuerza
En el centro del debate político de nuestros días, está la tensión que se da entre el poder, especialmente el político y la fuerza. Esa cuestión, a mi juicio, merece una mayor reflexión.

La confusión entre “poder” y “fuerza” es frecuente, tal vez por la fuerte reminiscencia de Weber, que permanece impregnado en las corrientes dominantes del pensamiento en la materia.

Da la impresión de que se pierde de vista que los sistemas sociales siempre se forman a través de la comunicación -solo así pueden establecerse los vínculos- y ella suponen procesos de selección entre opciones diversas, que solo podrá realizarse si se está en libertad de aceptarlas o rechazarlas.

En ese contexto, el poder tiene que ver con la capacidad de orientar, y con ello distribuir, las preferencias ante las alternativas posibles y, por lo tanto, depende mucho de cómo se planteen las ofertas de ellas. Supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio e implica, si es efectivo, influir en la selección de las acciones u omisiones propuestas, frente a otras posibilidades; por eso es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de otras posibilidades de acción que pudieran ser atractivas y aun podrá aumentarse cuando se aumente la libertad de elección para quien sea objeto de él.

Si el poder supone libertad de elección, debe diferenciarse de la fuerza, que reduce a cero las opciones para quien por ella se vea limitada. Emplear la coerción implica, por eso, renunciar a las ventajas que proporcionan los símbolos generalizadamente aceptados -es decir, los valores compartidos- que guían la selectividad de cada miembro de la sociedad. Quien ejerce la fuerza asume la carga de seleccionar y decidir; la coerción, por tanto, se da donde y cuando hay carencia de poder.

Por eso, la capacidad de inducir una conducta determinada en otro u otros es específicamente política cuando esa capacidad se inscribe en el orden totalizador de una comunidad determinada -hasta hoy y desde el renacimiento, típicamente el estado- y es suficiente para influir en el curso de las decisiones y acciones propias de sus funciones, sin importar si la fuente de esa capacidad es económica, ideológica, cultural o de cualquier otra naturaleza, y no importa si esa capacidad se expresa –o es expresable- en un ambiente de conflicto o de concordia, aunque comúnmente se reconoce sobre todo en aquél.

Fuerza y poder son cosas diferentes; es más: se excluyen recíprocamente. El poder es siempre capacidad de hacer algo, y en el terreno de las conductas sociales, ese “algo” consiste en conjugar las voluntades individuales, de manera generalizada o cuando menos mayoritaria, para orientarlas articuladamente hacia un propósito o propósitos determinados. Es, si se quiere, poder de convicción.

Así las cosas, el grado poder político se define por la capacidad de mover voluntades hacia el rumbo que señala otra en cuestiones relevantes para la vida comunitaria. Necesita, por tanto, ser ejercido por alguien, pero también acatado por otros que, si son suficientemente numerosos, determinarán el rumbo colectivo o, cuando menos, influirán en él.

En el contexto sociopolítico del tiempo que corre, es claro que las posibilidades de opción se han visto disminuidas, habiendo sufrido un paulatino deterioro desde hace ya mucho tiempo.

Revertir esa tendencia requerirá algo más que discursos y negociaciones de coyuntura; hacen falta adecuaciones estructurales, no solo ni principalmente en las leyes, sino en la cultura cívica, para recuperar los valores genuinos.

Recuperarlos, es tarea de todos; en el diálogo, no en la diatriba. No estaría mal tener presente, para ello, lo que escribió Hermann Hesse en “Narciso y Goldmundo”: “No es nuestro objetivo fundirnos los unos en los otros, como tampoco lo hacen el sol y la luna o el mar y la tierra. Nuestro fin es reconocernos mutuamente y aprender a ver y a honrar en el otro lo que es: contraposición y complemento de uno mismo”.
13 Enero 2019 04:00:00
La guardia nacional
Desde sus orígenes, por su misión y funciones, la institución que se conoce como “guardia nacional” es de naturaleza militar. Se llama así al sistema de cuerpos voluntarios -es muy importante destacar esta característica- que con diferentes nombres operan, aun antes de la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, en cada uno de los estados de ese país.

Son milicias estatales que se constituyeron en cada una de las trece colonias británicas en América para contar con fuerzas aptas para su defensa frente a los peligros provenientes del exterior.

Fueron reconocidas por la constitución de Filadelfia y hasta nuestros días se conservan. Se engloban bajo la denominación genérica “guardia nacional”, acuñada por Lafayette para referirse al conjunto y se adoptó, oficialmente, por una ley federal de 1903.

El comandante supremo de cada cuerpo es el gobernador del estado respectivo, quien puede convocarla para hacer frente a desastres naturales o disturbios civiles de gran escala, como sucedió en California durante el llamado “Los Angeles riot” de 1992.

Puede ser convocada por el presidente estadounidense para asignarle misiones en el territorio del país o fuera de él, como en efecto ha ocurrido, en casos de necesidad, casos en los que, si la participación es en el exterior, los cuerpos convocados se integran temporalmente a los ejércitos regulares, de los que, por ley, son reserva.

Es precisamente por esta última función que existe, dentro del Departamento de Defensa, una unidad -la Oficina de la Guardia Nacional- que debe ocuparse de la supervisión del sistema, para asegurar el cumplimiento de las normas y los estándares fijados por el congreso federal, así como de supervisar que se haga un uso debido de los materiales, equipos y demás pertrechos suministrados por el Gobierno federal, a quien por ley le corresponde hacerlo.

A cargo de la mencionada oficina está un militar de carrera, con rango de general, pero los miembros de las diferentes milicias integrantes de la “guardia nacional” no son regulares y solo se reúnen, para ejercicios de entrenamiento, los fines de semana y, esporádicamente, por periodos más largos, usualmente no más de una semana.

Ese modelo plantea un instituto complejo, con profunda raigambre histórica estadounidense, no regular, con una misión precisa y sin funciones policiacas, sino militares, que interviene solo en casos extremos de excepción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, como su antecesora de 1857, lo adoptó, mencionando la institución, sin definirla. Ha sido letra muerta por dos principales razones: Porque en México no existían cuerpos como los descritos, y porque nunca fueron creados, seguramente a raíz del riesgo que hubieran representado para la frágil paz interior debida a la volátil situación política de todo el primer siglo de existencia independiente de México.

Las circunstancias de tiempo y lugar en que nació la figura en cuestión explican su génesis y evolución, tanto como justifican su existencia en los Estados unidos, que no son ni remotamente las imperantes en el México de nuestros días, que demandan creatividad informada e inteligente, para diseñar las estrategias adecuadas a la solución de la maraña cada vez más enredada de problemas delincuenciales, es decir, policiacos, no militares.

Impera en México, hace ya varios lustros, una “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, que en los términos del artículo 29 constitucional, amerita la adopción de las medidas de emergencia ahí previstas, pero en lugar de ello, y sin satisfacer los requisitos que ese artículo establece, se ha militarizado la función policiaca y, en los hechos, se han efectuado acciones ilegales que, para peor, no han conducido al resultado apetecido.

Hoy, que se pretende utilizar aquélla figura para satisfacer objetivos distintos de los que le son propios, cabe preguntarse: ¿Hay razón para suponer que el artificio de crear un nuevo cuerpo policiaco, dentro de las Fuerzas Armadas y bajo su mando, bastará para resolver la crisis estructural presente?
13 Enero 2019 03:30:00
La Guardia Nacional
Desde sus orígenes, por su misión y funciones, la institución que se conoce como “Guardia Nacional” es de naturaleza militar. Se llama así al sistema de cuerpos voluntarios –es muy importante destacar esta característica– que con diferentes nombres operan, aún antes de la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, en cada uno de los estados de ese país.

Son milicias estatales que se constituyeron en cada una de las 13 colonias británicas en América para contar con fuerzas aptas para su defensa frente a los peligros provenientes del exterior.

Fueron reconocidas por la Constitución de Filadelfia y hasta nuestros días se conservan. Se engloban bajo la denominación genérica “Guardia Nacional”, acuñada por Lafayette para referirse al conjunto y se adoptó, oficialmente, por una Ley federal de 1903.

El comandante supremo de cada cuerpo es el gobernador del estado respectivo, quien puede convocarla para hacer frente a desastres naturales o disturbios civiles de gran escala, como sucedió en California durante el llamado “Los Angeles Riot” de 1992.

Puede ser convocada por el Presidente estadunidense para asignarle misiones en el territorio del país o fuera de él, como en efecto ha ocurrido, en casos de necesidad, casos en los que, si la participación es en el exterior, los cuerpos convocados se integran temporalmente a los ejércitos regulares, de los que, por ley, son reserva.

Es precisamente por esta última función que existe, dentro del Departamento de Defensa, una unidad –la Oficina de la Guardia Nacional– que debe ocuparse de la supervisión del sistema, para asegurar el cumplimiento de las normas y los estándares fijados por el congreso federal, así como de supervisar que se haga un uso debido de los materiales, equipos y demás pertrechos suministrados por el Gobierno federal, a quien por ley le corresponde hacerlo.

A cargo de la mencionada oficina está un militar de carrera, con rango de general, pero los miembros de las diferentes milicias integrantes de la “Guardia Nacional” no son regulares y sólo se reúnen, para ejercicios de entrenamiento, los fines de semana y por periodos más largos, usualmente no más de una semana.

Ese modelo plantea un instituto complejo, con profunda raigambre histórica estadunidense, no regular, con una misión precisa y sin funciones policiacas, sino militares, que interviene sólo en casos extremos de excepción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, como su antecesora de 1857, lo adoptó, mencionando la institución, sin definirla. Ha sido letra muerta por dos principales razones: porque en México no existían cuerpos como los descritos, y porque nunca fueron creados, seguramente a raíz del riesgo que hubieran representado para la frágil paz interior debida a la volátil situación política de todo el primer siglo de existencia independiente de México.

Las circunstancias de tiempo y lugar en que nació la figura en cuestión explican su génesis y evolución, tanto como justifican su existencia en los Estados Unidos, que no son ni remotamente las imperantes en el México de nuestros días, que demandan creatividad informada e inteligente, para diseñar las estrategias adecuadas a la solución de la maraña cada vez más enredada de problemas delincuenciales, es decir, policiacos, no militares.

Impera en México, hace ya varios lustros, una “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, que en los términos del Artículo 29 constitucional, amerita la adopción de las medidas de emergencia ahí previstas, pero en lugar de ello, y sin satisfacer los requisitos que ese artículo establece, se ha militarizado la función policiaca y, en los hechos, se han efectuado acciones ilegales que, para peor, no han conducido al resultado apetecido.


Hoy, que se pretende utilizar aquella figura para satisfacer objetivos distintos de los que le son propios, cabe preguntarse: ¿Hay razón para suponer que el artificio de crear un nuevo cuerpo policiaco, dentro de las Fuerzas Armadas y bajo su mando, bastará para resolver la crisis estructural presente?


06 Enero 2019 04:07:00
Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades
Dice un conocido aforismo oriental que toda crisis es, al mismo tiempo, una oportunidad. Es bien sabido, incluso, que el ideograma que representa ambos conceptos, en el idioma mandarín, es el mismo. Recordarlo es pertinente en los tiempos que corren, aunque esta referencia se haya convertido en un lugar común.

En el mundo entero los modelos y esquemas económicos, políticos y jurídicos que habían estructurado a los sistemas sociales desde el renacimiento, se han vuelto obsoletos, inútiles para explicar las realidades nuevas y, por lo tanto, para ordenarlas de manera justa y democrática.

México, que no podía sustraerse a tal fenómeno, ve hoy aguzada la situación a causa del giro que han dado los planteamientos formulados por el nuevo Gobierno, que han puesto al descubierto, y exacerbado, enconos y confrontaciones que no se habían hecho patentes de manera tan obvia, aunque hubieran ya estado presentes en el escenario desde hace ya mucho tiempo, porque es verdad que la entronización desenfrenada de la codicia, acompañada del deterioro de muchas virtudes cívicas, ha desplazado los valores de cohesión comunitaria, dando lugar a inequidades y exclusiones
injustificables.

Había, ya, que tomar medidas para enmendar las cosas, pero para poder arreglarlas hace falta restaurar el tejido social, lo que sólo puede lograrse construyendo comunidad, no desgarrándola.

El hecho es que nuestro país atraviesa una crisis, y que las crisis, a fin de cuentas acaban por resolverse; lo importante es que no se resuelvan solas y al azar, sino que lo hagan favorablemente, y eso sólo puede lograrse actuando sobre ellas de manera inteligente y edificante; si es verdad que hacen tabla rasa de las cosas y cierran procesos, también lo es que abren puertas a nuevas maneras de enfrentar las circunstancias y ofrecen la posibilidad de reorientar los factores sociales de modo civilizado.

No hay que filosofar para percatarse de que las actitudes beligerantes y la violencia que han proliferado en los últimos meses y han arreciado al final del año, conducen precisamente al polo opuesto: la disgregación y el encono.

Lo peor de todo es que los denuestos y descalificaciones irreflexivas en boga, además, distraen la atención respecto de lo
importante.

Lejos de buscarse en el fondo las causas de la inequidad imperante y la indignación que ella ha causado y tan abrumadoramente se expresó en las urnas el verano pasado, el énfasis ha sido puesto en la inmediatez de los acontecimientos y se ha quedado por eso, en general, sobre la agreste superficie de los insultos, las falacias y las agresiones inconducentes.

A las instituciones, que no son otra cosa que redes de relaciones, hay que transformarlas, no mandarlas al diablo, porque con ellas se irían los cimientos del país que se dice querer salvar.

Para conseguir la transformación debida –no una caprichosamente soñada– hay que voltear a la historia, sí, pero también al mundo contemporáneo, y con sensatez y prudencia tener en cuenta que el poder que se ejerce no es propio, sino delegado; que ese poder, que se llama “soberanía”, lo ejercen los tres poderes, no uno solo; además, que hacerlo con responsabilidad implica tener en cuenta una voluntad popular sustentada en valores fundamentales, que se manifiestan y se han manifestado secularmente de manera generalizada y consuetudinaria, no en expresiones parciales y segmentadas de opinión “ad hoc”.

Es cierto: el signo de todo ciclo que inicia es la esperanza, y en el anual que comienza, tanto como en el sexenal que también lo hace, la cosa no es diferente; pero para que la crisis se resuelva con fortuna para todos, es necesario reforzar la trama y la urdimbre del tejido social –solidariamente, buscando las confluencias y tejiendo las congruencias– para ayudarlo a que se regenere, no sea que, aunque las intenciones sean buenas, el camino por el que nos lleven vaya a dar a un infierno no deseado.

El único modo eficaz de esperar un futuro mejor es, sin duda, construyéndolo entre todos.



06 Enero 2019 04:00:00
Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades
Dice un conocido aforismo oriental que toda crisis es, al mismo tiempo, una oportunidad. Es bien sabido, incluso, que el ideograma que representa ambos conceptos, en el idioma mandarín, es el mismo. Recordarlo es pertinente en los tiempos que corren, aunque esta referencia se haya convertido en un lugar común.

En el mundo entero los modelos y esquemas económicos, políticos y jurídicos que habían estructurado a los sistemas sociales desde el renacimiento, se han vuelto obsoletos, inútiles para explicar las realidades nuevas y, por lo tanto, para ordenarlas de manera justa y democrática.

México, que no podía sustraerse a tal fenómeno, ve hoy aguzada la situación a causa del giro que han dado los planteamientos formulados por el nuevo gobierno, que han puesto al descubierto, y exacerbado, enconos y confrontaciones que no se habían hecho patentes de manera tan obvia, aunque hubieran ya estado presentes en el escenario desde hace ya mucho tiempo, porque es verdad que la entronización desenfrenada de la codicia, acompañada del deterioro de muchas virtudes cívicas, ha desplazado los valores de cohesión comunitaria, dando lugar a inequidades y exclusiones injustificables.

Había, ya, que tomar medidas para enmendar las cosas, pero para poder arreglarlas hace falta restaurar el tejido social, lo que solo puede lograrse construyendo comunidad, no desgarrándola.

El hecho es que nuestro país atraviesa una crisis, y que las crisis, a fin de cuentas, acaban por resolverse; lo importante es que no se resuelvan solas y al azar, sino que lo hagan favorablemente, y eso solo puede lograrse actuando sobre ellas de manera inteligente y edificante; si es verdad que hacen tabla rasa de las cosas y cierran procesos, también lo es que abren puertas a nuevas maneras de enfrentar las circunstancias y ofrecen la posibilidad de reorientar los factores sociales de modo civilizado.

No hay que filosofar para percatarse de que las actitudes beligerantes y la violencia que han proliferado en los últimos meses y han arreciado al final del año, conducen precisamente al polo opuesto: la disgregación y el encono.

Lo peor de todo es que los denuestos y descalificaciones irreflexivas en boga, además, distraen la atención respecto de lo importante.

Lejos de buscarse en el fondo las causas de la inequidad imperante y la indignación que ella ha causado y tan abrumadoramente se expresó en las urnas el verano pasado, el énfasis ha sido puesto en la inmediatez de los acontecimientos y se ha quedado por eso, en general, sobre la agreste superficie de los insultos, las falacias y las agresiones inconducentes.

A las instituciones, que no son otra cosa que redes de relaciones, hay que transformarlas, no mandarlas al diablo, porque con ellas se irían los cimientos del país que se dice querer salvar.

Para conseguir la transformación debida -no una caprichosamente soñada- hay que voltear a la historia, sí, pero también al mundo contemporáneo, y con sensatez y prudencia tener en cuenta que el poder que se ejerce no es propio, sino delegado; que ese poder, que se llama “soberanía”, lo ejercen los tres poderes, no uno solo; además, que hacerlo con responsabilidad implica tener en cuenta una voluntad popular sustentada en valores fundamentales, que se manifiestan y se han manifestado secularmente de manera generalizada y consuetudinaria, no en expresiones parciales y segmentadas de opinión “ad hoc”.

Es cierto: el signo de todo ciclo que inicia es la esperanza, y en el anual que comienza, tanto como en el sexenal que también lo hace, la cosa no es diferente; pero para que la crisis se resuelva con fortuna para todos, es necesario reforzar la trama y la urdimbre del tejido social -solidariamente, buscando las confluencias y tejiendo las congruencias- para ayudarlo a que se regenere, no sea que, aunque las intenciones sean buenas, el camino por el que nos lleven vaya a dar a un infierno no deseado.

El único modo eficaz de esperar un futuro mejor es, sin duda, construyéndolo entre todos.

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