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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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20 Octubre 2019 04:08:00
Los fantasmas bajo la sotana de la magistrada que se va
Con anterioridad se han detectado fantasmas en el Gobierno de Coahuila. Fantasmas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Fantasmas en los ayuntamientos de Coahuila. Y ahora, también, fantasmas en el Poder Judicial del Estado de Coahuila.

El pasado 9 de octubre, mediante una solicitud de información, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) informó que han adquirido a la sociedad mercantil Procurador de Insumos, S.A. de C.V., materiales que van desde unas pinzas de corte hasta cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial.

Cuáles otras sino las del proveedor favorito: la empresa china Dahua, como consta en el oficio STT/2331/2019 firmado por las directoras de Recursos Materiales y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, así como la titular de la Unidad Jurídica en la misma dependencia. Cargos de confianza que, justo es decirlo, dependen directamente de la Presidencia. De Miriam Cárdenas Cantú desde 2016, pues.

Y aquí viene lo interesante. El TSJE menciona en el documento en poder de quien esto escribe que Procurador de Insumos, S.A. de C.V. se ubica fiscal y comercialmente en la localidad Tlacotepec del municipio General Heliodoro Castillo, en el estado de Guerrero.

Dicha población, cabe señalar, tiene 6 mil 848 habitantes, de los cuales 86.7% vive en pobreza y 50.7% de estos en pobreza extrema, de acuerdo con el Inegi. Utilizando un programa de geolocalización, en la vista satelital que arroja la dirección aparece un predio ubicado en el Cerro de la Bandera.

Sin embargo, en el acta constitutiva de la supuesta empresa, con fecha 10 de noviembre de 2014, aparecen dos socios; ambos con domicilio en Apodaca, Nuevo León: Aurelio Hernández Ramírez y Raúl Campos Acevedo.

El documento –obtenido por separado por quien esto escribe– fue protocolizado en la Notaría 10 de Saltillo, cuyo titular es Guillermo H. González González. Posteriormente la persona moral otorgó poderes el 22 de febrero de 2015, cambiándose de Notaría con el ya fallecido Francisco Javier Almaguer Valdés, también en la capital, y finalmente inició su proceso de disolución y liquidación ante Sergio Antonio Almaguer Beltrán, notario 83 de Saltillo, el 23 de abril de 2019.

Lo curioso es que, pese a ello, el Tribunal continúa transfiriendo recursos a una sociedad en vías de ser liquidada y disuelta, como consta en la asamblea general extraordinaria inscrita en el instrumento 54, libro I, del protocolo 2019. Si bien en abril del presente año comenzó su extinción, hay constancias de un pago en julio, dos en agosto y uno más en octubre, pese a que no aparece siquiera en el padrón.

De proveedores y contratistas
Se trata de una “todóloga” con objetos genéricos que no especifica su campo de actividades pero deja la puerta abierta para cualquier cosa que se ofrezca facturar. El TSJE no ha firmado contratos con ella pues la cuantía mínima de los insumos
no lo requiere.

Tampoco ha formalizado adquisiciones a través de procesos licitatorios por la misma razón. Emite, simplemente, facturas periódicas por adjudicación directa. Lo mismo conceptos como “cables eléctricos y accesorios” que “sistemas y asesoría computacional”. Así ha desembolsado un millón 716 mil 929 pesos a razón de 12 pagos realizados entre mayo de 2018 y el último en octubre de 2019.

La cantidad económica no es relevante si se toma como punto de referencia el presupuesto anual ejercido por el Poder Judicial, pero el hecho es importantísimo por sí mismo ya que no estamos hablando de cualquier funcionario; son los juzgadores de la entidad. Quienes imparten justicia. Aquellos que deberían ser moralmente intachables debido al encargo que les fue asignado.

Pero aquí no acaba el asunto. Luego está la razón social Obras KWX, S.A. de C.V. quien ha facturado 3 millones 711 mil 12 pesos con idéntico modus operandi en un lapso casi idéntico, y fue constituida, casualmente, en la extinta Notaría 81.

Al respecto existe un registro de 11 facturas pagadas por el Tribunal entre marzo de 2018 y septiembre de 2019. En total 3 millones 711 mil 12 pesos a razón de “servicios temporales de construcción, inspección de instalación, cableado eléctrico”, “cableado estructurado UTP”, “servicios profesionales de mantenimiento”, “mantenimiento eléctrico” y “mantenimiento y adecuación de inmuebles”. Inclusive facturó tres veces un presunto “mantenimiento de transformador”.

En Obras KWX, S.A. de C.V. el accionista mayoritario y administrador único es Jesús Salvador Retta Lara, de 35 años, quien a su vez aparece registrado como “intendente” del Aula Magna “José María Fraustro Siller”, adscrito a la Coordinación General de Vinculación de la UAdeC.

Dicho individuo es socio de otras dos empresas: SLW Asesorías, S.A. de C.V. y Abastecedora SLW, S.A. de C.V., ambas constituidas el mismo día: 15 de marzo de 2012 ante Francisco Javier Almaguer, notario público ya fallecido, como se ha mencionado líneas atrás.

En Abastecedora SLW, S.A. de C.V. figura como socio Efraín Dagoberto Elizondo Martínez, quien a su vez funge como encargado del órgano de vigilancia en Procurador de Insumos, S.A. de C.V. Otra empresa también fue constituida el 15 de marzo de 2012 en la misma notaría: Obras RLS, S.A. de C.V., donde casualmente Jesús Salvador Retta Lara fue registrado como comisario.

Así se vincula entre sí la red de factureras: usando las mismas identificaciones para crear sociedades. Así se cierra el círculo.

Cortita y al pie
El próximo 31 de octubre Miriam Cárdenas abandonará el Poder Judicial del Estado a cambio del beneficio que representa la jubilación anticipada con 100% del salario actual. Tras de sí dejará pendientes judiciales y un sui generis caso administrativo aquí expuesto: entre ambas factureras identificadas, suman 5 millones 427 mil 941 pesos en un periodo de año y medio.

La última y nos vamos
Actualmente hay cinco plazas disponibles de magistrado y la silla de la Presidencia por desocupar. En manos del Gobernador y del Congreso está designar esas vacantes con perfiles idóneos. ¿Lo harán?
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